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Cuerpos en resistencia: el pueblo se defiende contra el nuevo gobierno de Argentina

Foto: Bettina Muller

Por Duarte Garzón

Argentina ha suscitado variadas señales de alerta respecto a la legitimación colectiva e institucional de discursos ultra neoliberales en pos de  la profundización de un modelo de producción que aqueja a Nuestra América desde hace varias décadas. El triunfo de agentes políticos de orientación neoconservadora, pro-mercado y punitivista en América Latina  pone de frente al campo popular a nuevos desafíos que afrontar tanto para refrenar el avance desbocado de los proyectos económicos de los países centrales así como afianzar un proceso de redignificación y fortalecimiento de los lazos de solidaridad de los sectores postergados y excluidos por el sistema capitalista en su fase actual.

Resulta curioso de esta inédita legitimación colectiva que ha encontrado soporte político en los sectores sociales -pero no sólo en ellos- que más directamente padecen los efectos perniciosos que éstas dinámicas de mercado requieren para la acumulación de ganancias, por medio de la extracción de fuerzas humanas y naturales así como la producción de determinados modalidades de sujetos y negocios funcionales a las demandas del establishment corporativo. Han sido en gran parte las poblaciones desplazadas y excluidas por el sistema capitalista en su fase neoliberal  las que han dado su apoyo electoral a estos agentes políticos conservadores, que se reivindican como representantes de una “nueva política”, que dará solución a las “distorsiones” de mercado que serían el origen, acaso mítico, de las desdichas que los aquejan.

Esta situación resulta tan aparentemente contradictoria como problemática. La productividad extractivista del poder, y los modos de la competencia empresarial que la componen, suscitan en la población situaciones estructurales de riesgo e incertidumbre que se encarnan en las multitudes mediante una variada gama de situaciones psíquicas y materiales, lacerantes del cuerpo popular: patologías mentales de distinta intensidad farmacológicamente amortizadas, angustias transmutadas en fobias a distintos sectores de la sociedad, linchamientos disciplinarios, escraches y expresiones de odio hacia identidades religiosas, étnicas, políticas o sexuales así como los malestares seculares del hambre, la pobreza y la ignominia de la exclusión y marginalización social, entre otros efectos mórbidos incitados por esta dinámica.

Es que el extractivismo se ha posicionado como una de las principales tecnologías de poder que las clases dominantes emplean para ejercer la gobernanza de los pueblos y la modulación subjetiva del proletariado a escala global. En la actual correlación de fuerzas geopolíticas, los corolarios de su aplicación en los territorios resultan evidentes en las últimas décadas: el marcado crecimiento de la flexibilización laboral y el aumento de condiciones pauperizantes del trabajo; la caída del poder adquisitivo real de los salarios y un explosivo crecimiento del usurario endeudamiento de las clases populares; la redistribución negativa de los ingresos desde la población trabajadora hacia las minorías dominantes, con la paradójica emergencia de multimillonarios propietarios de fortunas obscenas; el deterioro de las redes de seguridad social para con los sectores vulnerados y su progresiva expulsión de los beneficios de la riqueza colectivamente producida; en fin, los aumentos exponenciales de la pobreza y la indigencia son algunas de las variadas formas que asume la precarización de la vida.

Así mismo, son visibles los efectos de la acumulación por desposesión sobre el territorio que habitamos: la explotación desmesurada de los bienes comunes (ideológicamente denominados recursos naturales), la producción vertiginosa de contaminación ambiental, el calentamiento global y los eventos extremos que desencadenan así como el aumento de la concentración de la propiedad estratégica de la tierra en manos de los sectores empresarios, manifiestan un conjunto de prácticas de gobernanza empresarial que se articulan con esta tecnología de poder extractivista.

Nada de todo esto debe sorprendernos: estas modalidades son, simplemente, una necesidad lógica del sistema de acumulación de capital actual. El neoliberalismo, en sus múltiples máscaras, demanda, desde sus comienzos, las condiciones necesarias para su reproducción global. Las estructuras e instituciones desarrolladas durante los períodos del bienestar social para contener las contradicciones inherentes entre el capital y el trabajo, se expresan, ahora, como barreras y resistencias a la libre circulación de los cuerpos y las mercancías y, por ello, aparecen como obstáculos a la potencia de su actividad que deben ser desmantelados para, sobre sus escombros, erigir los monumentos de sus circuitos productivos. Todo en el Mercado, nada contra el Mercado, nada fuera del Mercado.

De este modo, lo que se puede observar en esta coyuntura histórica es una agenda de avanzada cuyo objetivo no es, contrario sensu, la eliminación del Estado. La estrategia neoliberal y su tecnología extractiva se proponen la generación de una “destrucción creativa”, que se orienta a la constitución de un Estado guardián de la Libre Empresa. Articulado en torno a la promoción de una cultura de la “libertad”, un significante vacío sin contenido concreto, y la propiedad privada absoluta, la autoridad estatal se propone como lacaya de los intereses de las corporaciones globales, pero ante todo, erigida sobre la ruina material y psíquica de las subjetividades producidas modalidades anteriores de intervención colectiva en la esfera pública y la distribución de la riqueza. Toda solidaridad entre los sujetos y todos los modelos de participación institucional democrática, por su carácter colectivo, son denostados como intrusiones la potencia del individuo emprendedor, y caracterizadas como aberraciones del “sano” derrotero del desarrollo capitalista.

La ideología del emprendedurismo y el management empresarial considera las formas de intervención estatales “colectivistas” una interferencia en la emergencia de un órden espontáneo  que, por su dinámica competitiva, generaría una eficiente provisión de mejores bienes y servicios a los consumidores. No todas las intervenciones sino solo aquellas que consideran perjudiciales a sus intereses. La mascarada de una “democracia de los consumidores” supone formas de relación de despiadada contienda entre la masa trabajadora pauperizada, en una renovada forma de lucha de todos contra todos por la subsistencia, mientras asegura policialmente la reproducción de su órden económico-represivo y la concentración de la riqueza producida por todos en conjuntos cada vez más reducidos del sector privado monopolista.

Así es como el extractivismo se vuelve una de las principales tecnologías de poder que el neoliberalismo emplea para lograr sus objetivos de acumulación a escala global. En la actual correlación de fuerzas geopolíticas, se suma a la estrategia de dominación sobre los cuerpos-territorios que pretende eliminar las potencias de su resistencia a estas tecnologías, eliminando toda protección social -aunque insuficiente y problemática- garantizada por los Estados con vestigios de políticas de bienestar. Los derechos laborales, la libre organización sindical, los sistemas de previsión y asistencia social, la educación y salud públicas, la propiedad estatal de tierras y bienes comunes, entre otras conquistas históricas del campo popular, se caracterizan como prácticas deficitarias, corruptas y/o patológicas que atentan contra el orden “saludable” de las cosas.

Vislumbramos la reiteración de una reformada Campaña del Desierto trasladada a la realidad del siglo XXI con enemigos diferentes. Ya no el poblador originario sino toda expresión popular que se articule en torno a un resistencia rebelde a la modulación de sus fuerzas, a aceptar pasivamente la erosión de sus condiciones de vida y la liberalización plena del territorio, la producción y el intercambio. Al fin y al cabo, tiene como propósito erradicar toda oposición a la gobernanza empresarial, exultante de una maniquea superioridad moral y económica de los países desarrollados y que reivindica a los “emprendedores exitosos” como los nuevos soberanos del mundo, encarnados en figuras públicas como Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates.

Los intereses de la plutocracia corporativa, que se encuentran hoy incorporados en las reformas políticas y económicas impulsadas por el actual gobierno argentino, en su tentativa de reformar arbitrariamente por decreto todo un país, colisionan contra las condiciones materiales y subjetivas de vida adquiridas por los pueblos en sus procesos de resistencia al poder. Una estrategia popular contra-extractivista por excelencia, que compendia una multiplicidad de victorias históricas contra las arremetidas neoliberales en el presente, puede ser empíricamente comprobada a través de la manifestación colectiva en las calles en repudio a comprometerse con las situaciones de precariedad creciente promovidas por la ideología neoliberal. 

La respuesta política del paro del 24 de enero, a poco menos de dos meses de la asunción del nuevo presidente, es una réplica contundente al intento de institución del discurso de capitalismo libertario como narrativa dominante en la sociedad argentina. Ello demuestra que los pueblos perciben nítidamente lo que efectivamente se intenta llevar a cabo en su contra con la suma del poder público: un proceso de acumulación por desposesión -a pesar del relato antiestatal del gobierno de turno- por medio del empleo de los resortes institucionales del Estado. Esta réplica revela que la lucha contra el extractivismo de los cuerpos y los territorios disfruta de una indoblegable vitalidad, a pesar de los triunfos electorales de los partidos que agitan las banderas del libre mercado y ante sus conspicuos asaltos contra las mayorías populares, que se proponen remodelar a su imagen y semejanza.

Alguna vez se dijo que nadie sabe lo que puede hacer un cuerpo. Durante siglos, los adláteres de la dominación han pretendido saberlo en su afán de administrar las fuerzas colectivas y adiestrarlas arbitrariamente en la promoción de sus intereses. Sin embargo, toda forma de opresión genera resistencias en los cuerpos que se propone adoctrinar. Frente a las perseverantes arremetidas de las clases dominantes contra la voluntad y los intereses de los colectivos populares, contra la corrupción de los valores de solidaridad y ayuda mutua que han labrado en todas sus luchas históricas, contra el terrorismo psicológico de la “doctrina del shock” que conmociona los ánimos de la población, contra la vileza rudimentaria del suplicio y la violencia represiva hacia los muchos, contra la humillación ruin del hambre, la pobreza y la indigencia de una vida precarizada, todavía hoy en las calles se celebra un clamor popular con empeñado tesón: la democracia no se vende.

 
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Primera ronda de las Madres desde el triunfo de Milei en Argentina

Foto: Marcos Sierras

Demian Gezeta y Vanessa Dourado 

Más de 2  mil personas llenaron la Plaza de Mayo el 23 de noviembre, apenas 4 días después del triunfo de la extrema derecha en Argentina. El acto en acompañamiento a la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que ya lleva 47 años de existencia y 2 380 jueves, fue convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia  que declaró estado de alerta y movilización. 

El motivo de declaratoria es evidente, estas elecciones fueron marcadas por narrativas negacionistas del terrorismo de estado llevado a cabo durante desde el año 1974 hasta el año 1983, y de discursos de odio en contra de militantes, movimientos sociales y todo el espectro de la izquierda política.  

En las últimas declaraciones de miembros que estarán componiendo el gobierno ya se anticiparon intenciones de recrudecer la represión en contra de las manifestaciones en las calles, y es posible observar que habrá una reedición de lo que fueron las políticas represivas llevadas a cabo por el gobierno de Mauricio Macri, hecho que se evidencia con el anuncio de Patricia Bullrich para el cargo de ministra de seguridad. 

La masiva movilización fue marcada por discursos de solidaridad, contención y un contundente llamado a no bajar los brazos frente a lo que se viene. En una de las declaraciones del nuevo presidente electo con 55% de los votos en el balotaje, se anunció  que “el ajuste va a venir de todas maneras, va a recaer sobre el Estado” y que “se vienen seis meses muy duros” que su función puede generar una hiperinflación que “va a mandar al 90% de la población debajo de la línea de la pobreza”. Además dijo que “se aplicará la ley”, que el gobierno no se dejará presionar, respecto de las posibles resistencias populares hacía el ajuste, y que va a “hacer el ajuste fiscal de shock para pagar la deuda”. 

En este contexto, las madres y representantes sociales presentes en la movilización coincidieron en la necesidad de estar alertas, listxs para proteger los derechos consolidados, así como el repúdio al negacionismo del discurso oficial. 

La presencia de Pina Flores, Mirta Baravalle, Nora Cortiñas, Tota Guedes, Carmen Arias y Elia Espen, así como la de Adolfo Pérez Esquivel, el cura popular Francisco Oliveira y de nietxs recuperadxs marcaron el momento de gran conmoción y reafirmación del compromiso social, que siempre fue consenso en la sociedad argentina: el Nunca Más. Nora Cortiñas -Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora- expresó “tenemos que seguir luchando para transformar el odio en amor, tenemos  que salir a la calle… apoyémonos,  abracémonos, mirémonos a los ojos, escuchémonos” y señaló “qué haya trabajo, sueldos y viviendas dignas”, “todo lo que logramos en las calles, vamos a seguir defendiendo”, y agregó que hay que defender la ley del aborto y el matrimonio igualitario.

 
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28S en Argentina: los feminismos van a las calles para disputar el sentido de libertad 

Foto: Verónica Raffaelli

Por Vanessa Dourado 

Falta muy poco para la definición de las elecciones en Argentina. Durante ese período de sorpresas con el ascenso de la extrema derecha, el candidato que sacó el mayor porcentaje de votos en las PASO amenaza con derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una victoria histórica de los feminismos en protección a la vida de las personas con capacidad de gestar y del derecho —y libertad—  a decidir sobre sus propios cuerpos. 

La Ley también garantiza la autonomía de las personas, de forma que saca el Estado y la Iglesia del lugar de impositores —legales y morales— sobre cuerpos y existencias. Así se evita la muerte de las personas embarazadas debido a procedimientos mal logrados que en su mayoría eran realizados por quienes no tenían condiciones financieras para acceder a métodos más seguros. Es notorio que la criminalización del aborto siempre fue, de hecho la criminalización de la pobreza. 

A pesar de que muchos de los discursos de esa fuerza política han reivindicado la libertad, su postura contraria a la libertad de los cuerpos es una contradicción y una muestra de cómo los movimientos y colectivos feministas serán atacados en el caso de su victoria electoral. 

Frente a la  amenaza, los feminismos han dado debates sobre cómo responder a esa fuerza, pero también al conjunto de la sociedad —patriarcal en su estructura y en parte resentida por la legalización del aborto y la implementación del ESI— que valida y refuerza las narrativas antiderechos y antifeministas. 

Tras varias asambleas abiertas y con la amplia participación de diversos sectores sociales y políticos, el 28 de septiembre, Día por la despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, se convoca a una marcha desde Plaza de Mayo hacía el Congreso en Buenos Aires  contra la extrema derecha y su agenda regresiva, y el ajuste que precariza y vulnera el acceso a los derechos básicos —como a la alimentación y la vivienda—, sobre todo a los sectores más empobrecidos de la sociedad. 

 La expectativa es sensibilizar y alertar por la pérdida de los derechos ya conquistados, pero también marcar una posición firme desde los feminismos en la agenda de propuestas y de políticas públicas. La actual crisis económica y social afecta de forma diferenciada a las personas que se encargan de las tareas de cuidado, que buscan formas de cubrir las necesidades básicas de los hogares. Más allá de esto, la precarización laboral y la feminización de la pobreza evidencian que todavía falta voluntad política para resolver las problemáticas que mantienen la desigualdad de género, raza y clase. 

El llamado colectivo fue construido con mucho esfuerzo y buscó poner en diálogo las diferentes lecturas políticas de los grupos que participaron en su conformación. Reivindica la unidad en la diversidad, marca la necesidad de diálogo y humanización de los discursos, alerta por la tendencia del ascenso de las derechas con rasgos neofacistas y hace un apelo a la ética feminista de la sostenibilidad de la vida y del fortalecimiento de las redes de solidaridad y contención. Porque la libertad no se pide, se ejerce. 

Más informaciones en las redes de Ni Una Menos y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

 
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Todo preso es político…

Por Violeta Peirats

Cristian Diaz se halla en prisión preventiva desde hace más de 100 días, detenido por haber hecho un posteo en sus redes en el marco del evento BA celebra Israel. Su detención resulta llamativa por la falta de fundamentos jurídicos y constituye una violación a los más elementales derechos de las personas.

El día que Cristian Díaz posteó en facebook su indignación, al llevarse a cabo “BA celebra Israel”, mientras esta misma entidad estaba bombardeando niñxs, mujeres, hospitales y escuelas en la Franja de Gaza, no imaginó el infierno que le depararía un meses después.

El 14 de junio, un desproporcionado operativo de la Policía Federal allanaba su casa, incautaba como “pruebas” cuadernos de sus clases de árabe, dibujos con la bandera palestina y comprobantes de donaciones que había realizado a familias palestinas damnificadas y se lo llevaban detenido, condición en la que permanece hasta el día de hoy.

Cristian es un militante de la causa palestina, colabora para visibilizar la ocupación, el despojo y el exterminio que sufre el pueblo palestino, y ayuda a las familias desde su humilde posición de obrero metalúrgico del conurbano bonaerense.

Eso pareciera molestarle a los que poseen el poder, especialmente a los funcionarios de la Embajada de Israel en Argentina; quienes han ordenado su detención y quienes ya tienen un amplio historial en denunciar civil y penalmente a las personas que defienden los derechos humanos de lxs palestinxs,  sean políticxs, diputadxs, periodistas o simplemente personas de a pie.

¿Por qué Cristian sigue detenido si no ha cometido ningún delito?

La permanencia de Cristian en prisión constituye una flagrante violación al Estado de Derecho y al debido proceso. Está procesado por un supuesto delito de odio racial que es excarcelable y, que si fuera  condenado, no pasaría ni un solo día detenido. 

Sin embargo, Cristian Diaz sigue detenido en prisión preventiva desde hace 100 días con la excusa de que aun falta realizar la pericia de su teléfono; pericia que, por otra parte, no es necesaria ni probatoria en el caso del delito que se le imputa. 

Se suma a esto, que Policía Federal ha informado al juzgado que aún no tiene fecha programada para la pericia, ya que tienen más de 200 causas anteriores para peritar. 

Esto implica que Cristian puede estar detenido más de un año esperando la pericia por un delito que, como dijimos, no admite ni un día de prisión porque es excarcelable y porque además Cristian no posee antecedentes penales, lo cual se suma a la inconsistencia de su detención arbitraria.

Por lo tanto, el motivo por el que Cristian Diaz  continúa detenido no es otro que el encarnado lobby sionista que existe en Argentina y la complicidad y los lazos que con él mantienen los poderes de turno.  La cooperación cada vez más estrecha entre estos dos Estados es algo que en Virginia Bolten venimos denunciando desde nuestros inicios. 

Un nítido y reciente ejemplo de un nuevo paso que consolida estos lazos, son los acuerdos, que impulsó el Ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro, entre  nueve provincias argentinas y la empresa de agua israelí Mekorot. Esta firma es responsable de crímenes de Lesa Humanidad, como la expropiación de tierras y agua y el desplazamiento de familias y comunidades palestinas de sus territorios; prácticas que viene a enseñar, fortalecer y replicar aquí, apuntalando el control territorial para  la profundización del régimen capitalista-extractivista en Argentina. 

Como declaró el abogado Eduardo Soares, miembro de la Gremial de Abogadxs y parte del equipo de la defensa, “Cristian es un preso político del estado de Israel en la Argentina y del propio gobierno argentino que lo permite”.

A esta situación debemos agregar el accionar previo de la Embajada de Israel, que ha montado un aparato de espionaje sobre Cristian Diaz,  en sus redes sociales y le ha infiltrado  personas en su lugar de trabajo y en sus espacios de cotidianidad barrial y familiar.

Esta realidad es una muestra  del grado de violación de derechos que estamos padeciendo en Argentina, en un marco en el que gran parte del arco político y de la sociedad defiende posturas que van en contra de las libertades civiles y los derechos sociales y económicos.

La vigilancia hacia lxs actvistas o hacia a aquellxs quienes pretenden manifestar desacuerdos con los poderes y defender el derecho de los pueblos es constante y los peligros que  corren, letales. Sin ir más lejos, asistimos hace muy poco al asesinato de Facundo Molares, militante y fotoperiodista a manos de la Policía de la Ciudad,

La situación que está padeciendo Cristian Diaz es otra muestra sobre de la   justicia discrecional y clasista que existe en Argentina, tal como sucede con la mayor parte de las personas que permanecen detenidas con prisión preventiva y sin ningún tipo de condena (cifra que actualmente asciende a más del 50% de las personas detenidas). Esta problemática que excede al caso puntual, forma parte de un marco estructural de legitimación del punitivismo y de los lugares de encierro como mecanismos de disciplinamiento social, que se ve intensificada en vísperas electorales y es común a todas las posiciones políticas.

En este sentido, es evidente que el accionar que han tomado estos Estados y sus instituciones hacia Cristian Diaz tiene como  objetivo de intentar doblegar su moral, enviando al mismo tiempo un mensaje aleccionador y disciplinador a todas las personas que denuncian las prácticas criminales del Estado de apartheid israelí.

Desde Virginia Bolten nos sumamos  a las  innumerables organizaciones y personas defensoras de Derechos Humanos, así como a movimientos de base y organizaciones sociales que se han pronunciado denunciando la persecución y la violación de los derechos de Cristian Diaz, exigiendo su inmediata liberación.

…ensayo general, para la farsa actual, teatro antidisturbios.

 
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Milei, Bolsonaro y Bullrich: tres caras de una misma fórmula

Por Maia Garzía 

En la actualidad, la angustia y el resentimiento social de las mayorías populares encuentra resonancia en los discursos de algunos líderes políticos que prometen un mundo plenamente neoliberalizado como respuesta y solución milagrosa a los conflictos que complican la vida cotidiana de la población. En el seno de este fenómeno, emerge una especie novedosa de agentes políticos, estas figuras llamadas outsiders, candidatos que no forman parte del escenario político-institucional tradicional y cuyas conductas y proclamas incendiarias y radicalizadas resuenan con su novedad lapidaria en todos los resquicios del cuerpo social. 

Normalmente, sus trayectorias públicas se han desarrollado al margen de las modalidades tradicionales de legitimación política, aquellas que dirimen las demandas populares de representación mediante los resortes de la democracia institucionalizada. Más aún se muestran, en muchas oportunidades, en posiciones antagónicas y críticas a ésta, acusándola en sus diagnósticos de ser el origen y la causa de los supuestos vicios arraigados en el poder y en las dinámicas sociales y económicas. Proponen como respuesta una batería de medidas extremistas en clave de “renovación”, autoafirmándose como único remedio para resolver los malestares que producen los avatares de la “vieja política”.

Ejemplos de estos representantes de una “nueva política” pueden observarse en el candidato libertario Javier Milei en la Argentina, o el conservador liberal Jair Bolsonaro en Brasil que, aunque no necesariamente pueda ser considerado un “outsider”, comparte características similares. Un rasgo esencial observable en estas dos figuras es que, a pesar de renegar posicionarse en algún polo del espectro de la política moderna, sus propuestas pueden ser interpretadas como de ultraderecha, neoconservadurismo e, inclusive, de poseer tintes neofacistas. 

En ambos se puede observar un virulento discurso tendiente a respaldar una libertad individual irrestricta que sólo puede ser realizada en el marco del libre mercado. Los principios y valores de su actuar se encuentran ligados genéticamente con una ideología neoliberal con improntas que pueden ser más o menos autoritarias, dependiendo del contexto. Ese autoritarismo, sin embargo, se presenta bajo una modalidad reactualizada, que no resulta necesariamente conservadora o reivindicadora de un régimen militar, pero que se revela explícitamente punitivista y promueve el endurecimiento de las leyes penales, a través de estrategias represivas de “mano dura”, de fortalecimiento y modernización de las fuerzas de seguridad, de un alto grado de control social y de la liberalización de la portación civil de armas, entre otros elementos. 

Frente a las fallas estructurales del sistema capitalista, —productor de grupos excedentarios, muchas veces empujados a la supervivencia por los medios a su alcance, y ante la notoria ausencia del Estado— estos “outsiders” promueven un ideario del conflicto social, de la justicia por mano propia, donde la “gente de bien” precisa tener la libertad necesaria para responder a la inseguridad individual y a la violencia material de los “malos”, los delincuentes, promoviendo, generalmente, un sesgo estigmatizante a las clases populares. Este elemento —bolsonarista por excelencia— se encuentra presente también en los discursos de Patricia Bullrich, ex ministra de seguridad del gobierno de Mauricio Macri y actual candidata a presidente en la Argentina.

Es importante destacar que gran parte de los electores de estos candidatos no percibe la carga protofascista que arengan sus discursos, y tampoco la correlación política que existe entre estos. La construcción de un líder rupturista, “antisistema” y antipolítica, sin embargo, esconde —así como también ocurrió en la época de la primera campaña de Bolsonaro a la presidencia— un proyecto de quita de derechos, de regresividad social y concentración de poder económico, orquestando la construcción de una fuerza política vinculada a los sectores empresariales y privados, que no puede ser asimilado por la mayoría del electorado. 

Bolsonaro, al contrario de todo aquello que podría ser considerado rupturista y nacionalista, generó el fortalecimiento de grupos de interés del establishment —dentro y fuera del ámbito político-institucional— que son antagónicos a los intereses y a la soberanía nacionales y de las personas trabajadoras. Fortaleció la reprimarización y la desindustrialización de la economía, lo que implicó, entre otras cuestiones, que durante su gobierno se produjese un aumento de la desigualdad de los ingresos y del deterioro del nivel de vida de la población, sobre todo en los sectores más empobrecidos, generado, en gran medida, por el aumento de la inflación. 

En Argentina se abre un nuevo escenario en este sentido a partir de las últimas PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). Por un lado, el principal partido de la derecha electoral de la última década —el rebautizado “Juntos por el Cambio”— definió su interna hacia el ala más dura y extremista de su frente, representado por la ya mencionada Patricia Bullrich. Y, por otro lado, y más sorprendente aún, un tercio de los votos fue para “La Libertad Avanza”, la joven fuerza “ultraliberal” y “anarcocapitalista” encabezada por Javier Milei. Este escenario enrarecido todavía más por la peor elección que el peronismo ha dado en toda su historia —quedando en un tercer puesto—, lleva a las presidenciales de octubre no solo a una extrema derecha con amplias posibilidades de ganar, sino a dos. Estos resultados nos muestran cómo estos discursos represivos que se proponen como una medicina para resolver el malestar social han sido canalizados por esta modalidad política “outsider”. 

Milei y Bullrich, al igual que Bolsonaro, son expresiones de una política que aboga por menos Estado, más mercado y una política necesariamente represiva que ve en el neoliberalismo la salida para todos los problemas económicos. Su desprecio por lo social y lo político dentro de un régimen democrático, donde deben estar garantizados los derechos básicos a la subsistencia por parte del Estado, es una tendencia creciente en las sociedades, a pesar de sus consecuencias catastróficas sobre las mayorías sociales.

El escenario marcado por la incertidumbre y la situación económica que pone al pueblo en continuo riesgo social, sumado a la angustia generada por la propia estructura del capitalismo, son utilizados por la política “outsider” para reafirmar su rol mesiánico de portadora de milagrosas soluciones contra la miseria y la ignominia que las fuerzas políticas tradicionales no han sabido solucionar.

En este estado de cosas, muchas cuestiones han de despertar interrogantes: ¿Es verdaderamente la autodenominada renovación política un cambio en las formas y los modos del capitalismo? ¿Qué de todos estos elementos resultan atractivos para un electorado cansado?

Hay algunas preguntas que estimulan la reflexión cuando atañen al bienestar de los pueblos: ¿Cómo es posible que una población amedrentada y mortificada hasta la pobreza y exclusión considere la opción de sus verdugos como única salida posible para su malestar? ¿Cómo una mayor precarización de la vida y envilecimiento de los valores democráticos puede aparecer como salida a lo que es su producto? ¿Cuán estructurales serán los cambios sociales frente a este nuevo paradigma político? Las respuestas no pueden ser simples, sin embargo se hace urgente pensar y construir salidas colectivas que sirvan para politizar el enojo y dialogar  mejor con la realidad.

 
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Tercer Malón de la Paz: ¡Abajo la Reforma, Arriba la Whipala!

Foto: Miriam Djeordjian

Por Miriam Djeordjian y Vanessa Dourado

El 1° de agosto, día de la Pachamama, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llenó de Wiphalas* recibiendo al 3er Malón de la Paz que recorrió 3300 kilómetros desde La Quiaca, sumando apoyos en Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fé y la provincia de Buenos Aires. Llegan para que su voz en defensa de sus territorios se oiga en el Congreso y ante la Corte Suprema de Justicia.

No es la primera vez que los pueblos originarios de Jujuy salen de su territorio con destino a Buenos Aires. El primer Malón de la Paz marchó hace casi 80 años —durante el gobierno de Juan Domingo Perón—  exigiendo por sus tierras; un segundo Malón en agosto de 2006 también marchó con el mismo reclamo. Y nuevamente, desde el 25 de julio, esta tercera vez bajo la consigna: Arriba los derechos, Abajo la Reforma, Arriba la Whipala.

Foto: Periódico Virginia Bolten

Entre los reclamos de las comunidades indígenas, docentes y habitantes de la región, están el pedido de nulidad a la reforma constitucional llevada a cabo por el gobernador Gerardo Morales, el cese de la violencia por parte de las fuerzas represivas, y de las medidas arbitrarias tomadas por el gobierno provincial respecto del manejo de la protesta social.  

Foto: Periódico Virginia Bolten

Desde que se aprobó la reforma —el 15 de junio— , el pueblo jujeño ha tomado las calles para reclamar el carácter antidemocrático, racista y neocolonial de la decisión. La sanción de la reforma se dio mientras miles de personas protestaban bajo una fuerte represión, detenciones ilegales y uso desproporcionado de la fuerza por parte de los contingentes policiales, que avanzaban en contra de la población con golpes, gases y balas de goma. 

Foto: Periódico Virginia Bolten

La marcha que inició en Plaza Once hizo su primer parada frente al Congreso para pedir la inmediata intervención de la provincia de Jujuy frente a los atropellos del gobernador Morales y para exigir que se cumpla con la deuda y reparación  histórica que manda la Constitución Nacional sobre el reconocimiento de tierras comunales, postergada desde hace más de 12 años, y que deja a las comunidades desamparadas frente a la voracidad del extractivismo. 

Foto: Periódico Virginia Bolten

El texto de la reforma fue aprobado en un plazo récord de 20 días y no contó con la participación de la sociedad civil y tampoco cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, convenio internacional que asegura la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultadas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente. 

Más allá de herir el derecho y la autonomía de los pueblos originarios sobre sus tierras, la reforma tiene un trasfondo que involucra grupos de intereses vinculados a la minería de litio en la región, y que es el motor de la reforma de Morales. En la región donde se pretende extender el negocio de la industria del litio eexisten 33 comunidades indígenas. 

Foto: Periódico Virginia Bolten

Yendo a contramano de todas las alertas socioambientales a nivel mundial, la extracción de litio de forma predatoria es una amenaza al derecho de vivir en un ambiente sano, lo que pone en riesgo las comunidades locales, y  la disponibilidad de agua, ya que las técnicas de extracción necesitan utilizar grandes cantidades de ese bien escaso. 

La marcha llegó a la avenida 9 de Julio y desde el Obelisco sumó columnas para dirigirse hasta el Palacio de Tribunales, donde se presentó ante la Corte Suprema el pedido de inconstitucionalidad a la reforma perpetrada por Morales. “La reforma constitucional está viciada en su plenitud, porque rompió la independencia de poderes y viola los tratados internacionales con rango constitucional”, explica Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya y referente de las Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA).

La ceremonia reunió a quienes llegaron con el Malón en un primer círculo, alrededor del cual sikuris,  organizaciones sociales, culturales, socioambientales y gremiales acompañaron para dar gracias a la Madre Tierra y fortalecerse en una espiritualidad de reencuentro con la ancestralidad. Cavaron un hoyo, la boca de la Madre Tierra, para ofrendarle hojas de coca y todo lo que de ella madura porque dicen, “Ella nos espera con hambre y por eso le damos de comer” al tiempo que los sahúmos de coa, una planta de la puna jujeña, y los cantos llenan de aroma y sonidos los círculos ceremoniales.  

Foto: Miriam Djeordjian

Entre los muchos acompañantes del círculo periférico, la cantante salteña, discípula del Cuchi Leguizamón y militante de derechos humanos, Sara Mamani, se hizo presente para acompañar a los pueblos jujeños.  “La resistencia nace de un convencimiento de que tierra no es solo un lugar de pastoreo —comparte— sino que la sienten  como su casa mayor, el lugar donde viven dentro de un pensamiento colectivo”. Asegura que mientras el sistema multiplica las individualidades del “sálvese quien pueda” estos pueblos nos enseñan todo lo contrario: que “la lucha es entre todos”, y nos dan su ejemplo, “sobre todo las mujeres, que son mayoría y marcan en la resistencia un color diferente”, asegura.

Circuló la palabra de maloneros y maloneras, compartiendo la voz de cada territorio, entre agradecimientos al apoyo recibido desde que partieron, el abrazo simbólico a quienes fueron mutilados durante la represión como Misael y Joél, y el reclamo que ya no sólo pide la nulidad de la reforma,  sino la renuncia del gobernador Gerardo Morales por desoír y reprimir como un dictador a su pueblo: “El pueblo lo votó para que gobierne. Ahora el pueblo le exige que renuncie”.

“En Tribunales, junto al Malón y la lucha de Jujuy, es donde estaría Santiago”, dice Sergio Maldonado, haciendo presente su voz, a seis años de la desaparición forzada de su hermano. Saludó a los que llegaron en el tercer malón, y también a quienes se quedaron en su territorio poniendo el cuerpo todos los días. “La lucha de Jujuy y de Chubut son la misma, atravesadas por la criminalización de la protesta, por  el ataque a los pueblos originarios, y a quienes defienden la tierra”. 

Foto: Miriam Djeordjian

Maldonado instó al Gobierno Nacional a que se digne a intervenir la provincia y que deje de especular, porque Jujuy también es Argentina y hay un silencio preocupante. “Por no reaccionar a lo que pasó con Santiago Maldonado hoy estamos viendo que Morales puede ser vicepresidente o Bullrich presidenta. Eso de no enfrentar a la derecha para que no venga la derecha es un error que hoy se está viendo”.
Una voz serena y firme llegada desde la Cuenca de Salinas Grande sentenció: “No nos iremos de aquí hasta conseguir nuestro objetivo”, y cerró cantando su copla: De arriba vengo / soy de la puna / por mis derechos voy a luchar / con tu reforma quitas derechos / lastimas gentes y mucho más. Y como dijo Sergio Maldonado: ¡Abajo la reforma!, y que el pueblo jujeño vuelva a recuperar la alegría que tenía.

*La Wiphala es un símbolo que representa a la Pachamama, y la vida en armonía. Se representa en la bandera compuesta de 7 colores en diagonal que llevan como estandarte los pueblos andinos.

 
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Por los cerros, por los salares y los ríos. Por la vida. No a la megaminería

El día jueves 6 de julio de 2023 en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis, en el territorio denominado Argentina estuvieron presentes a modo de campaña política frente a las próximas elecciones, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y Claudio Poggi candidato por la provincia de San Luis.

Con un acto en el Solar Histórico dieron rienda, y sin miramientos, a un paquete de medidas respecto a educación donde expresaron:  “La educación será un servicio esencial, las escuelas van a funcionar siempre. El derecho de huelga no puede estar por encima del derecho a aprender. Las clases no se suspenden más”. Y entre otras medidas indicó que habrá “prácticas laborales” en el último año de escuela secundaria, algo que en su momento generó un fuerte debate con el oficialismo, que rechazó la propuesta. Ya que se ha implementado en CABA porque solo favorece el trabajo precario sin remuneración y sin formación alguna.

A su lado al Gobernador Morales, de la provincia de Jujuy, que tiene los salarios docentes más bajos del territorio argentino.

La visita se llevó a cabo en el marco de un descontento y repudio por parte del pueblo de San Francisco por la situación de violencia y represión que continúa por estos días en la provincia de Jujuy.

Aquí es clave poner en evidencia las similitudes y luchas en común en las provincias de Jujuy y San Luis.

Jujuy modelo de exportación

En la provincia norteña de Jujuy el día 15 de junio la Convención Constituyente aprobó una reforma- que dio juramento el día 20- que no respetó los plazos previstos ni permitió la participación de actores sociales. Horas después de su aprobación, en varios puntos de la provincia se produjeron movilizaciones de rechazo, que fueron reprimidas por las fuerzas policiales. Represión que dejó cientos de personas heridas y decenas de detenidas. Una violencia desatada con persecuciones, hostigamientos y con intromisión en los hogares de las fuerzas de seguridad sin identificación, y hasta situaciones de tortura que tienen como antecedente la última dictadura cívico militar.

El rechazo a la reforma constitucional, que hasta hoy se sostiene, se debe a que proponían recortar la libertad de expresión, eliminación de elecciones de medio término, mayoría automática en el Congreso provincial para el Ejecutivo ganador, al tiempo que no reconoce tratados internacionales que legitiman el derecho territorial de las comunidades originarias, y eliminación del derecho a la protesta reconocido por la Constitución Nacional. Con algunas modificaciones a último momento, en secreto y sin participación de los pueblos se aprueba la reforma de manera inmediata. Una reforma que en síntesis favorece el extractivismo minero.

En Jujuy, donde la minería es tradicionalmente importante, con la llegada del actual gobernador se avanzó con las propuestas de extractivismo de litio, situado en territorios ancestrales, sin acuerdo con las comunidades que los habitan.

Gentileza Info blanco sobre negro

La nueva Constitución incorpora “mecanismos que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”. 

Dicha situación se sumó al conflicto docente que viene atravesando hace varios años en una de las provincias que posee el menor nivel salarial docente del país. Bajo la consigna “arriba los salarios, abajo la reforma” se reunieron las luchas docentes y las comunidades originarias para poner en evidencia que las políticas del gobierno provincial no cuentan con licencia social, al tiempo que la sociedad en su conjunto acompaña los reclamos desde distintos lugares del país.

Créditos: Luan Colectiva fotográfica

Por su parte la provincia de San Luis desde el año 2015  viene resistiendo a la instalación de la megaminería.

San Francisco del Monte de Oro es una localidad ubicada en las sierras centrales, con una reserva hídrica conformada por cinco ríos caudalosos que alimentan la región, con flora y fauna autóctona, que generan el equilibrio natural y un estado de conservación del lugar.

Sin embargo esto se vio trastocado cuando comenzaron los rumores de la llegada de una empresa proveniente de Australia con el fin de extraer litio de la antigua mina de litio Géminis, ubicada a 8 km del pueblo.

 La extracción de litio y de otros minerales se rige por el código minero aprobado durante el gobierno menemista, con mínimos pagos de regalías y sin restricciones para la exportación directa de carbonato de litio. Además los inversores extranjeros se reservan su área para una eventual explotación en el futuro.

El litio es un metal que, principalmente, se halla en salmueras naturales: pegmatitas, pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar. Su mercado es creciente, la demanda aumenta año tras año y su principal uso es para baterías, cerámica y vidrios, grasas y lubricantes, en la industria metalúrgica y como psicofármaco. Existen dos formas de extracción básica del mineral, la que ocurre en el triángulo conformado por Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentran las principales reservas, es a través de salinas, y otra modalidad es a partir de rocas duras. Este último caso corresponde a lo que sucede en San Francisco.

En la explotación a cielo abierto se perforan las rocas, se insertan dinamitas y se explotan para transportar el material a un proceso de molienda y poder separar el litio del resto de los componentes residuales.

Ante este contexto la comunidad de San Francisco se encuentra en estado de alerta y en Asamblea permanente bajo el lema “yo amo a mis sierras”.

Asamblea permanente San Francisco del Monte de Oro

Vemos así como ambas provincias se encuentran atravesadas por la misma lucha, ante la misma lógica colonialista que los territorios vienen atravesando y resistiendo desde la época de las invasiones, y cabe recalcar que no existe la tan mentada transición energética, si para ello se arrasa con comunidades, destinando miles de litros de agua , que afectará la disponibilidad para la comunidad, produciendo además contaminación en el aire y en el agua, modificando la naturaleza a su alrededor.

Se habla de una transición energética que es inviable, porque si bien se plantea como una alternativa a disminuir la dependencia de combustibles fósiles, y una vez fabricadas las baterías, las mismas se recargarían con energía renovables, la extracción de litio muy lejos está de ser progresista. Sin olvidar que el litio en nuestro país se exporta sin procesar y está destinado a sostener esta supuesta transición energética en los países centrales.

San Francisco del Monte de Oro

Y es que dicha transición tendría y tiene impactos contundentes en el tejido social y ambiental.

Lo que sucede en Jujuy así como en todo el Altiplano que forma parte del  “triángulo del litio” (Chile, Bolivia y Argentina) es clave para comprender lo contradictorio de la utopía del desarrollo. Desde lo específico estos países se enfrentan a múltiples desafíos como: escasas capacidades técnicas, falta de financiamiento, ausencia de un ordenamiento jurídico que proteja los intereses locales.

Teniendo en cuenta nuestra madre tierra, los salares se convierten en zonas de sacrificio. En el Altiplano, en la zona de Jujuy viven desde hace siglos comunidades de los pueblos Kolla y Atacama, cuya fuente de trabajo está basado en la ganadería y la agricultura a pequeña escala, así como también la explotación de la sal de manera colaborativa. La extracción de litio pondría en riesgo dichas actividades y formas de vivir.

Los salares son ecosistemas frágiles que constituyen cuencas cerradas con poco acceso al agua. Son humedales que conservan una valiosa biodiversidad y dependen de los equilibrios entre los sistemas de agua dulce y de agua salobre (las salmueras). Y la minería de litio pone en peligro dicho equilibrio creando una amenaza a la disponibilidad de agua.

Gentileza LATFEM

Por último el llamado “desarrollo” que generaría a nivel social, y económico, la minería de litio también resulta obsoleto porque las regalías son mínimas, los puestos de trabajo nunca resultan lo prometido, sumado al uso de tecnología que requiere poca mano de obra, y a la destrucción y reemplazo de actividades tradicionales que vienen desarrollando hace años las comunidades.

En Salinas Grandes hay más de treinta comunidades en estado de Asamblea permanente que vienen reclamando su derecho a la participación y la consulta, y que se oponen al litio porque los despoja de sus territorios y pone en riesgo los recursos para su subsistencia.

Si contamina no es desarrollo.

Si arrasa pueblos y ecosistemas biodiversos no es transición energética.

 
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De cuando la comunidad te da la espalda 

Foto: Marcos Sierras

Marcos Sierras

La comunidad educativa del Mariano Acosta, organismos de DD.HH, Sindicatos y legisladoras porteñas, ofrecieron una conferencia de prensa en apoyo y solidaridad con el Vicerrector Julio Pasquarelli a quien, según medios periodísticos, se le estaría sustanciando un “Sumario Administrativo”. Finalizada dicha conferencia, Virgina Bolten realizó la siguiente entrevista. 

VB: Estamos en la puerta del Mariano Acosta con Julio Pasquarelli vicedirector de la institución recientemente sumariado por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y su ministra Soledad Acuña.  Julio,  ¿en qué situación te encuentras hoy, y qué sabes del sumario? 

JP: Hasta el día de hoy yo no tengo noticias del sumario y ni del inicio del sumario. Me entero por las tapas de un diario y por los medios de comunicación. Calculo que deben estar pensándolo para ver qué más pueden encontrar y ubicarlo. Tengo entendido, que lo que le molestó a la señora Ministra fue mi alocución unos días después de la toma, no fue en la toma -esto quiero aclararlo- y creo que le pareció un discurso de adoctrinamiento cuando en realidad lo que sucedió fue que , después de muchos meses de pedidos formales para que pusieran en práctica todo lo que implica tener una escuela como edificio histórico y el mantenimiento no teníamos respuesta.  Entonces hubo una serie de movilizaciones de estudiantes y un abrazo a la escuela (…) creo que le molestó mucho eso, yo lo lamento mucho… y bueno, ojalá, ella pudiera sentir el amor que yo siento y que recibí hoy. 

Foto: Marcos Sierras

VB: Por este mismo medio (Virginia Bolten) te hicimos una  entrevista, hace unas semanas atrás, y dijiste explícitamente que apoyabas a lxs pibis pero que no estabas de acuerdo con la metodología.  Sin embargo,  el argumento que la Ministra Acuña esgrime es que vos apoyás las tomas.

JP: Mira que entre al Instagram mío, al Instagram de Nacho Levy de la “Garganta Poderosa”, y va a  encontrar ese discurso dónde yo  empiezo diciendo a lxs estudiantes que no estoy a favor de una  toma,  porque lo hemos hablado, incluso, de puertas adentro. Lo que ocurre es que se editó ese video y obviamente que era una operación de prensa porque lo que necesitaban era tener un elemento de castigo y bueno ahí hay,  indudablemente, una manipulación de la información. 

Foto: Marcos Sierras

VB: Hablaste hace un rato de la pedagogía del miedo. ¿Cómo está operando en este momento?

JP: Se enseña que las acciones tienen consecuencias. Si bien es cierto, la consecuencia en el mensaje que yo leí de un tweet de la señora Ministra, pareciera ser que cualquier acción es mala, por lo tanto, habría algo del orden de pedido de obediencia. Alguien dijo, parafraseando Foucault, de Vigilar y Castigar… pareciera ser que ella, lo que necesita es que  sean escuelas que no hablen, que no emitan opinión, que estén de acuerdo con sus lineamientos y no haya un acuerdo. Las escuelas tienen un contrato con la comunidad y ese contrato se tiene que encargar de cumplirlo el Ministerio de Educación. 

Foto: Marcos Sierras

VB:  ¿Y cómo están los lazos con la comunidad educativa?

JP: ¡Increibles! 

Docentes, estudiantes, familias, exalumnos… ya no sé…  ya estoy hasta mareado de la cantidad de gente que ha venido a solidarizarse. Calculo que en estos momentos que vienen de mundial, fin de año, quizás es lo que suele hacer el Gobierno de la Ciudad: comunicar cosas desagradables, en momentos donde la gente está prestando atención hacia otro lado. Creo que quizás están esperando algunos de esos momentos para correrme de este lugar o algo más, no lo sé  porque después de que me amenazaron tantas veces y quisieran, como decían de las amenazas, no seguir hablando, no seguir contándola, la verdad que no sé…

Foto: Marcos Sierras
 
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2º Encuentro de la Mujer rural y campesina

Por Marcela González Marcos

En el marco del Día de la Mujer Rural y Campesina, el pasado 15 de octubre de 2022 se realizó el 2do Encuentro consecutivo de Mujeres rurales y campesinas en la localidad de Donovan, provincia de San Luis en el territorio denominado Argentina. Desde Virginia Bolten estuvimos presentes.

Vale destacar la importancia de tal evento, que se realiza de manera autogestiva, colectiva y horizontal. Cada año se incorporan e invitan  a más mujeres campesinas a que se acerquen al encuentro para poder así discutir, problematizar y dejar por escrito las inquietudes y problemáticas que vive cada mujer en su región y localidad.

Estuvieron presentes la Secretaría de la CTA de los trabajadores, Laura Casotti Secretaria de género de la CTA y miembros de Parques Nacionales. Ana Palma y Óscar Loko Campos miembros del pueblo Huarpe, Alicia Lartigue del Observatorio de Derechos y Discapacidad, Integrantes del Ministerio de Campo y Producción con Juan Lavandeira, y por sobre todo las mujeres campesinas y productoras que participaron de la jornada.

Feria de mujeres productoras

“Es importante destacar que nosotras como mujeres campesinas queremos y pedimos ser visibilizadas en nuestro trabajo en el campo. Somos productoras, huerteras que trabajamos la tierra y que además realizamos labores domésticos, es por eso que no queremos un aporte o una jubilación como amas de casa, sino que se nos reconozca como mujeres que trabajamos en el campo, que hacemos agricultura familiar y producimos una variedad de productos orgánicos para luego vender. Pregonamos por ese reconocimiento y porque estos encuentros sean visibilizados, así como nuestras problemáticas en las distintas regiones que habitamos este territorio”. Estas fueron las palabras de la anfitriona y organizadora del Encuentro de Mujeres Campesinas y Rurales Rosa Elizabet Amieva.

Rosa Amieva anfitriona y organizadora del Encuentro

La jornada se llevó a cabo desde las primeras horas de la mañana del sábado 15 de octubre con distintos puestos de feria, donde las mujeres productoras llevaron sus elaboraciones y expusieron de manera escrita, mediante pequeñas comisiones, los reclamos e inquietudes que viven en sus comunidades, para que puedan ser elevadas a quien corresponda.

Estas fueron:

  • El problema de la sequía y el acceso al agua en la región;
  • Acceso a créditos por parte de mujeres;
  • Visibilidad del trabajo rural de las mujeres campesinas;
  • Difusión de información con perspectiva de género y conexión entre las mujeres productoras;
  • Acceso e implementación de la ESI (Educación Sexual Integral) en las escuelas, para jóvenes en edad escolar;
  • Prevención de situaciones de violencia en familias, niñeces y adolescencias;

En diálogo con Virginia Bolten la anfitriona del encuentro Rosa Amieva expresó:

Mi nombre es Rosa Elizabet Amieva, me conocen como Ely,  soy productora agropecuaria hace más de 15 años. Cuando nosotros llegamos acá al paraje, nos encontramos con campo y vivimos 15 días bajo un invernadero. Habíamos empezado con algunos problemas de salud en la ciudad, entonces decidimos venirnos al campo. Y la verdad fue algo muy arriesgado, porque no teníamos luz, ni agua, pero decidimos venir igual.

Allí en esa mora, que tiene sus años, empezaron nuestros sueños. Formamos una asociación y a través de ella pudimos llegar al gobierno y pedir mediante expedientes, luz domiciliaria.

Y así de a poquito en el año 2015 tuvimos los últimos proyectos que salieron y pudimos lograr tener agua, que no son un lujo, son derechos que devuelven la dignidad.

Y ahí empezamos, siempre en pos del trabajo de la agricultura familiar y de devolver un poquito de dignidad a todo el paraje en sí.

Ahora nuestra actividad principal es la cría de ganado menor, cabritos, ovejas, aves de corral, la huerta, que con ella hacemos para la feria, autoconsumo y después lo vendemos en los tradicionales bolsones. Empezamos con los chicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, y es algo que aún lo seguimos manteniendo.

En lo personal me destaco por la elaboración de dulces caseros, este año ha sido un año muy bonito en ese sentido, porque los dulces han participado de la Feria Internacional del Turismo, que eso era algo impensado y hemos logrado llegar.

Doy gracias por todo lo hecho y todo eso que nos queda por hacer, porque estoy segura que es mucho todavía lo que nos queda.

Trabajos en comisiones durante el encuentro.

Inicio de los encuentros

El año pasado con una gran amiga, Moni, decidimos empezar a ser nombradas.

Siempre las discusiones grandes que tenía con ella era porque yo cuestionaba el porqué había que decir el colectivo LGTBQ+ por ejemplo ¿si son seres humanos? Y ella me decía: “lo que no se nombra no existe”

Y así empezamos, y nació el “ser nombradas” y con Mónica empezamos a hacer algo para que la mujer rural y campesina empezara a ser nombrada. Y así nació y se hizo con mucho trabajo, con mucho sacrificio el primer encuentro el año pasado, postergado por la pandemia,  y seguimos bregando, seguimos y este año a pesar de las internas, que no le hacen bien a nadie, porque terminan en esto, que hay productoras que no pudieron venir como hoy, porque pusieron ferias por todos lados, y para quienes viven de la feria, obvio que una va a ir a buscar el manguito allí. Así que volveremos el año que viene, tratando de que en cada paraje se vaya ayudando y promoviendo para que sea cada vez mejor.

Desde Virginia Bolten hicimos nuestro aporte y colaboración

Yo solo dejaría de luchar el día que empecemos a figurar en el calendario, a ser reconocidas, ya sea a nivel provincial o nacional, porque es una materia pendiente y no me voy a ir sin antes lograr eso. Y no ver una mujer, sino 200 mujeres luchando pregonando por sus derechos, que esto sea chico, que no alcance el espacio para tantas y que se replique en todos los rincones del territorio.

Que las mujeres dejemos de tener miedo, que empecemos a pensar por nosotras mismas. Yo siempre les digo a las mujeres de acá que la mujer no tiene que ir adelante o atrás del hombre, tiene que ir a la par. Que la yunta de huelles son de a dos y a la par tiran mejor del carro.

Tenemos que ser compañeras entre nosotras y con el hombre también. Por todos los sueños, porque esto es un sueño y ojalá algún día podamos concretarlo.

Y lo que nosotras reclamamos y pedimos acá, es lo mismo que están viviendo compañeras en el norte, en el sur. Ser visibilizadas, nombradas y con derechos.

Comunidad Huarpe en ceremonia honrando el territorio.

Autogestión

El encuentro es, y empezó, de manera autogestiva y colectiva. Solo este año recibimos ayuda económica de parte de la Secretaría de Agricultura Familiar, para concretar esto, y también nos hizo un aporte la Secretaría de la Mujer.

Teníamos pensado y se habían presentado varios talleres, pero lamentablemente cuando Ayelén Mazzina es nombrada y pasa a Ministerio de Mujeres, género y diversidad en Nación, se desarmó y con ella se fue todo, y no pudimos concretar eso que se había programado, pero bueno seguiremos.

Y con los años iremos mejorando, creciendo y superándonos todos los días.

Por las que cuidan las semillas.

Por las que defienden el agua.

Por las que luchan por su tierra.

Por las que siembran.

Por las que resisten.

Por las que construyen Soberanía Alimentaria todos los días.

Por las Mujeres Rurales y Campesinas.

Para ellas nuestro reconocimiento y feliz día!

 
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A pesar de todo, les hicimos el encuentro

Por Marcela González Marcos

Con el corazón expandido y lleno de emociones este fin de semana se dio el encuentro Nº 35 plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries en la ciudad de San Luis. Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel.

Después de dos años, atravesados por el contexto pandémico y una crisis económica que nos sigue pegando hasta estos días, miles de personas nos acercamos hasta la capital para encontrarnos en el evento transfeminista más importante que se sostiene desde el año 1986.

Evento que es organizado de manera autogestiva, independiente y horizontal gracias al aporte de todas las que de una forma u otra, participamos de dicho encuentro.

Con una ceremonia ancestral y honrando el territorio Huarpe, Comechingón, y Ranquel las hermanas originarias dieron inicio a 3 días de jornadas y enfatizaron en la defensa de los derechos humanos después de la represión al pueblo Mapuche en Villa Mascardi, que tuvo como consecuencia la judicialización de siete mujeres indígenas, además la renuncia de la ministra de la Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta. “¡Libertad a las Machis por luchar!” fue un grito compartido, sentido y repetido enfáticamente durante los 3 días que duró el encuentro.

“Somos plurinacionales quienes habitamos este territorio. Somos indígenas, originarias, marronas, negras y migrantes. Somos mujeres que necesitamos ser nombradas. Somos lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries que siempre participamos de los encuentros en los que nunca fuimos nombrades. A la clandestinidad y la invisibilización no volvemos nunca más”. Manifestaron en el documento de apertura.

Se destacó también la importancia y los saberes de nuestros pueblos. Y se recordó que los Estado-Nación se han construido mediante un genocidio indígena que aún no es reconocido.

Aún hoy hay hermanas que siguen siendo perseguidas, judicializadas y estigmatizadas por denunciar la intervención y la violencia por parte del Estado en sus territorios.

También tuvo la palabra la mamá de Guadalupe Lucero, desaparecida en la provincia de San Luis mientras jugaba con sus primos en la vereda. “Viva se la llevaron, viva la queremos” fueron los gritos y exigencias durante la apertura.

Se sumó el pedido de justicia para Florencia Magali Morales, asesinada en pandemia en una comisaría de Santa Rosa del Conlara en el interior provincial, el 5 de abril de 2020.

“Nadie se suicida en una comisaría, a Magali Morales la mató la policía”, reclamaron las manifestantes.

Ceremonia de apertura.

De Abya Yala a Kurdistán. Desde hace años las mujeres del Kurdistán vienen participando activamente en el encuentro. Esta vez mediante video en pantalla gigante, una de las referentes del “Movimiento de mujeres del Kurdistán” Dilda Roj, se refirió al encuentro como un evento de suma importancia. Denunció los ataques del Estado Turco de la mano de J. Erdogan contra el pueblo Kurdo, y compartió un video de una de las comandantas de las Unidades de Mujeres Libres (YJA Star), que informó sobre el uso por parte de Turquía de armas químicas prohibidas contra las guerrillas. Este año, también el nombre de Mahsa Amini se leyó en varias banderas y el lema “Jin Jiyan Azadi” (Mujer, Vida, Libertad) fue coreado en múltiples oportunidades.

Abrazando el encuentro Dilda Roj expresó:  “Que las mujeres se reúnan y puedan discutir sobre estos problemas tiene una importancia histórica, por eso celebramos este encuentro. En este contexto de crisis, las mujeres son las que enfrentan más problemas, las que son explotadas, desvalorizadas, excluidas de la vida. Y cuando nos preguntamos quiénes son los responsables de esto, sabemos que el actual sistema capitalista y modelo dominado por los hombres, con sus lógicas que funcionan en paralelo, es una realidad que lleva más de 5000 años y la modernidad capitalista y la combinación de esa dominación se expresa en todo tipo de crueldades, violaciones, brutalidades, masacres y guerras sucias. Una realidad que se da en términos de explotación de clases, explotación de mujeres y la destrucción de la naturaleza.

Por eso es que nos preguntamos, qué es lo más importante para nosotras, cómo responderemos ante esto sobre todo como mujeres. Hay una gran lucha por todo esto, y somos muchas las mujeres en todo el mundo que levantamos la voz. Esta es una lucha que salvará la humanidad y al sistema ecológico.

Porque la mentalidad patriarcal afecta a todos los aspectos de la vida, la economía, la política, la educación, el arte. Entonces son respuestas a las que debemos llegar con un enfoque holístico.

Crear un nivel que pueda reunir a todas las organizaciones de mujeres, actuar juntas, tomar posición y reunir políticas públicas, esa es nuestra propuesta. Qué podemos desarrollar desde lo local a lo universal”.

Referente del “Movimiento de mujeres del Kurdistán” Dilda Roj en pantalla.

Durante la multitudinaria Asamblea de Abya Yala, Liliana Daunes leyó el documento: “De pie al hambre, al ajuste patriarcal. No estamos todas, faltan las presas. Hay mujeres Mapuches presas por exigir la liberación de su tierra; se trata del territorio ancestral donde dejó su vida Rafael Nahuel. Entre las presas está una mujer a punto de parir, y niños y niñas que se escondieron en el monte por el terror. El 35 encuentro pedirá la libertad de todos los presos y presas por el modelo extractivista. La Asamblea del Abya Yala cree que es una respuesta a la política genocida del Estado. Abrazamos a las mujeres y al pueblo en Chile que resiste la criminalización del territorio. Los golpes que recibimos no nos derrotan, nos fortalecen. Es el primer encuentro después de la legalización del aborto, es el primer encuentro después que una mujer negra es vicepresidenta de Colombia. Saludamos a las mujeres y disidencias de Colombia. Construir un feminismo plebeyo que recupere las enseñanzas de nuestras mujeres ancestrales. (…). La lucha de los movimientos piqueteros y sindicales en contra del ajuste y del pago de la deuda externa. Que no se siga descargando la responsabilidad del trabajo doméstico en la mujer”.

El gobierno nacional está en contra del pueblo, porque donde estamos nosotras, en nuestras comunidades hay muchos proyectos económicos como el proyecto de la minería, de petróleo, de plantación de pino, y nosotros estamos resguardando el agua, la cordillera. Entonces somos como enemigos para ellos, como la piedrita en el zapato”, agregó.

Las consignas y los reclamos han sido muchas y variadas, desde contaminación ambiental, fumigaciones, quema de humedales, extractivismo, reforma judicial feminista urgente, hasta políticas públicas en defensa de los derechos de las niñeces y adolescencias, cese de la práctica de chineo, fin de persecuciones y estigmatizaciones al pueblo Mapuche.

También se reclamó y enfatizó en la crisis económica actual, y que impacta de manera directa en nuestros pueblos, destacando y exigiendo así el “No pago de la deuda, No al FMI” y recordando que “La deuda es con nosotras”. Exigiendo el acceso al trabajo y la vivienda. También el reconocimiento a la doble o triple jornada laboral de las mujeres. 

Por primera vez el encuentro ha sido totalmente inclusivo, empático y transformador con un cambio de paradigma nombrando y haciendo partícipes a la comunidad trans, travesti en la que todas formaron parte de la organización, logística y apertura poniendo en palabras sus emociones, sus reclamos en un escenario frente a miles de seres que atentamente supieron escuchar y aplaudir abrazando también su causa.

Otro de los momentos esperados fue la multitudinaria marcha que recorrió siete kilómetros desde el Parque de la Cerámica y caminó por diferentes calles e instituciones y edificios públicos, culminando en el mismo predio donde fue la apertura Parque IV Centenario. Cerrando así con una calurosa peña pluridisidente entre lágrimas, cánticos y baile.

“Qué momento, qué momento, a pesar de todo, les hicimos el Encuentro”, se escuchó durante el recorrido y en los 3 días que duró el encuentro.

Con todos los edificios públicos vallados y policías atrincherados al otro lado, la marcha dejó su huella, su reclamo, sus cánticos y sus lágrimas.

Con más de 150 talleres, organizados y extendidos en distintos lugares públicos de la ciudad, se fueron debatiendo y poniendo en agenda las causas, reclamos e inquietudes para poder conocer y trabajar esas temáticas, así como abrazar y difundir las problemáticas en los distintos territorios.

Al finalizar los talleres, cada grupo tomó nota sobre lo planteado para entregar por escrito un documento a la Comisión Organizadora. Y los diferentes grupos intentaron llegar a algunas conclusiones, con los principales reclamos, analizando qué políticas públicas se pueden generar al respecto de todo lo hablado. 

Finalmente el día lunes, día de cierre del acalorado encuentro, en el mismo lugar donde comenzó el evento Parque IV Centenario, se expusieron dichas conclusiones de cada taller y se decidió mediante “aplausómetro” la sede Nº36 que se llevará a cabo en 2023 en la ciudad de Bariloche.

También  tuvo la palabra la mamá de Tehuel de la Torre, el joven trans que desapareció en marzo de 2021: “Sigamos buscando a Tehuel, ayúdenme», pidió Norma. 

A pesar de todo les hicimos el encuentro, colmado de emoción, de lágrimas, de abrazos, de baile, de colores y de silencios. Es difícil explicar con palabras lo que se vive en estos encuentros. Porque no estamos solas, porque el dolor es grande y la lucha es desesperada. Ante un sistema que oprime, que asfixia, que criminaliza, que violenta y que mata. Pero el calor que emanamos juntas se siente, se vive y nos alimenta cada día un poco más el alma.

Los cerros, el viento, la tierra y un sol abrasador fueron testigo de estos 3 días de aquelarre mágico y amoroso que guardaremos en el corazón y la memoria.

La lucha es compartida y el dolor también.

Nos vemos en Bariloche. 

 
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Juventud, divina, tesoro

Foto: Marcos Sierras

Marcos Sierras

En el marco del conflicto  que los centros de estudiantes llevan adelante con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en particular con el Ministerio de Educación y su Ministra, Soledad Acuña, el día miércoles 28 se convocó a un abrazo histórico a la Escuela Normal Mariano Acosta ubicado en las calles Urquiza y Moreno de esta ciudad. 

El abrazo fue propuesto por el propio Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CEMA) debido a la escalada de violencia, por parte del Gobierno, contra estudiantes, familiares y docentes de dicha institución. 

Luego del multitudinario abrazo de la comunidad educativa, Virginia Bolten realizó entrevistas a Isabella, Coordinadora del CEMA,  y a Julio Pasquarelli, Vicedirector del centro de estudios. 

Marcos Sierras

VB: Isabella, ¿desde qué día y bajó qué circunstancias y presiones se está llevando adelante la permanencia (pernoctazo) en el colegio?

Isabella: Estamos desde el viernes a las 18h30′. La toma fue votada en ese momento luego de varias medidas de lucha. Primero lo que tuvimos que bancar fue la persecución política de parte del gobierno cuando nos mandaron a cortar la luz y pusieron en peligro a muchísimos menores de edad que estábamos acá dentro. Tuvimos que pasar una noche muy desgastante durmiendo en el Hall de entrada y en el patiecito que hay afuera. Éramos muchísimos pibes y  lejos de levantar la toma, como se estaba buscando, nosotres juntamos muchísima más fuerza y seguimos acá. La toma duró hasta ayer a las siete de la mañana y obviamente tenemos pensado seguir reclamando por nuestros derechos, que nos escuchen y que la educación sea justa como lo venimos reclamando hace muchísimos años.  

VB: El Gobierno de la Ciudad hizo denuncias contra los padres responsables de los adolescentes y estudiantes del Mariano Acosta. ¿Es verdad que empezaron a ir uniformados con patrulleros a las casa de lxs estudiantes? 

Isabella: Sí, lastimosamente, es verdad. Así es como decidió actuar el Gobierno de la Ciudad, denunciando a nuestros  padres que obviamente no tiene nada que ver. Les estudiantes somos quienes tenemos para tomar los colegios. Quienes estamos acá, que venimos bancando hace muchísimo tiempo,  empezamos a recibir amenazas en relación a esto. En un principio Acuña salió a decirlo por los medios cuando ni siquiera nosotros nos habíamos enterado. Y ayer llamaron a nuestros padres por teléfono diciéndoles que tenían que ir a la comuna 13 a una comisaría a firmar y ellos se negaron, obviamente, entendiendo que no son responsables de que los colegios están tomados. Hoy nos encontramos con que la policía los fue a buscar a sus casas a decirles que bajen a firmar.

Marcos Sierras

VB: ¿Reconcés algún tipo de violencia vinculada a la violencia de género y a que no se lxs respeta como “Sujetos de Derecho”?

 Isabella: Sí, nos está pasando. Las mujeres están representando un Movimiento Político muy fuerte y nos está criticando por un montón de cosas, desde la vestimenta, desde cómo nos manejamos en cuanto a medios, etc., lo que se intenta es descontextualizar. Nosotros no venimos a mostrar nuestras vestimentas ni nada por el estilo nosotros venimos a mostrar los problemas que tenemos en los Colegios públicos que no solamente son de los casos de tomas de hoy en día. 

VB: Luego de la conferencia de prensa, en la puerta del Mariano Acosta, conversamos con su vicedirector y este nos comentaba sobre cómo se vivieron estos días desde el lugar de las autoridades, ¿cómo ha sido el acompañamiento?

JP: Muy intenso, complejo todo, con amenazas, con aprietes, con corte de luz, con cortes de internet, con sugerencias de sumarios, con indicaciones de sumarios. Un aparataje que se fue montando y agravando, a medida que se visibiliza la problemática que estaba sufriendo la escuela .

VB: ¿Concretamente las amenazas hacia el personal docente directivo ha sido con sumarios administrativos? 

JP: La amenaza en lo que a mí respecta, ha sido una amenaza de muerte. Amenazarme en mi domicilio poniendo cerca de mi auto una inscripción. Después sé que hay otros directivos que recibieron llamados intimidatorios. Luego aparece  el disciplinamiento más legal, que tiene que ver con sancionar a las familias, hacerle pagar los días de tomas, que tiene que ver un poco con tratar de que estos movimientos no sé repliquen porque son movimientos que hacen que la gente se vuelva a unir, después de 2 años de pandemia, para pensar qué escuela quiere, qué educación quiere y qué futuro quiere para sus hijos e hijas.

Marcos Sierras

VB:¿Pensaste alguna vez, en tu carrera como docente que ibas a sufrir amenazas de muerte como en este caso?

JP: La verdad que no, nunca  me imaginé que me podía pasar en realidad. Lo que sí siento es que todas las agresiones o todas las acciones para amedrentar nos están fortaleciendo más, porque lo que vos acabás de ver ahora, la cantidad de gente, familiares, vecinos, lo estamos viviendo día a día. No paramos de recibir apoyo y solidaridad a pesar de estar siendo criminalizados y perseguidos. Hay una red muy fuerte.

VB: ¿La comunidad educativa ha contenido tanto a estudiantes como a docentes y autoridades? 

JP: La comunidad educativa está formada por las familias, los docentes, los directivos,   el barrio y gente de distintas partes del país. Nos llegan mensajes por Instagram por WhatsApp, etc. de solidaridad, que comprenden que acá no se está hablando de una “toma” (medida que no acuerdo) sino que acá se está hablando de qué tipo de Educación queremos y qué tipo de perfil de ciudadano queremos: si es alguien que sea dominado, si es  alguien que sea reproductor de un sistema que le imponen o alguien independiente que pueda elegir, porque en realidad no queremos adoctrinar ni que no se note la elección en particular. 

VB: ¿Quieres compartir alguna reflexión final?

JP: Como decía en otra nota,  en cualquier momento puede ser que alguna vez decidan que yo tenga que salir de mi cargo de vicerrector pero mientras esté en mi cargo de vicerrector, voy a seguir peleando por los derechos que considero que debo pelear para mis estudiantes y para la comunidad que  represento. 

Marcos Sierras

Al cierre de esta nota (09:00hs), las declaraciones que hace minutos después en conferencia de prensa el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, junto a la Ministra Soledad Acuña, hacen flaco favor a la solución de este conflicto que está en pleno desarrollo (con más de veinte escuelas tomadas). Muy por el contrario, deslindan responsabilidades en lxs estudiantes y la comunidad educativa, en su conjunto, de ser generadores de violencia y aclaran “No vamos a dialogar con los que anulan el diálogo”.

El 04 de octubre, la Unidad de Estudiantes, Familias y Docentes marchan hasta la Jefatura de Gobierno, y los docentes hacen paro.

 
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La rebelión de las flores: un largo camino para descender al infierno del poder y enfrentarlo

Marcos Sierras 

El 23 de septiembre, se presentó, en la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) La rebelión de las flores. Documental de la directora y documentalista María Laura Vásquez*.

Foto: Marcos Sierras

El largometraje es un grito en sí mismo, un grito de muchas voces de mujeres que asumieron la lucha de sus pueblos, una búsqueda incesante por la memoria colectiva de las distintas naciones indígenas y el reconocimiento al derecho de posesión comunal  sobre los  territorios ancestrales.  

En este camino de resistencia y lucha, más de 23 mujeres indígenas emprendieron el largo viaje, desde distintos puntos del país hasta la ciudad de Buenos Aires  para llevar adelante la ocupación pacífica del Ministerio del Interior en octubre del 2019. 

Foto: Marcos Sierras

El documental,  logra mostrar que ese salir de mujeres, desde los territorios, no es un peregrinar en búsqueda del amparo del Estado.  Sino por el contrario, fue un recorrido, un camino de guerreras que confrontan  al Estado  en sus puntos permanentes de violencia  como   son el terricidio, la desaparición forzada de personas y la vaca sagrada del sistema capitalista: la propiedad privada.

La rebelión de las flores es un documental necesario para vernos en el espejo del despojo y sorprendernos  de aquello que el espejo nos devuelve. 

Sinopsis: En octubre de 2019 mujeres indígenas autoconvocadas de territorios en conflicto ocuparon pacíficamente el Ministerio del Interior argentino durante 11 días, reclamando el cese del Terricidio en sus comunidades. Allí se enfrentaron a la desidia del Estado y a la indiferencia de parte de la sociedad, pero lograron reivindicar la necesidad de recuperar un modo para habitar donde la reciprocidad y la solidaridad entre los pueblos y la naturaleza es una necesidad urgente.

Guión y dirección: María Laura Vásquez
Producción: Valeria Roig y Maria Laura Vasquez

Estreno para público: viernes 30/9 – 19:00 hs

️Entradas desde el 25/09 en www.tuentrada.com o en las boleterías

Funciones en El Cultural San Martín, Sarmiento 1551 

*María Laura Vásquez es directora, guionista y productora.

Nació en La Plata, provincia de Buenos Aires en 1976. Estudió dirección en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. Ha realizado entre Venezuela, Argentina, Bolivia, Nicaragua y Cuba más de 20 documentales de corte cultural y político-social y ha producido programas de televisión dentro de la misma temática documental. Entre los años 2000 al 2011 se radicó en Venezuela, donde trabajó para La Villa del Cine dirigiendo largometrajes documentales.

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Foto: Marcos Sierras

También trabajó junto a Oliver Stone en la investigación y recopilación de material de archivo para el film Al sur de la frontera(2010) y para el film Mi amigo Hugo (2014). Desde mediados de 2011 reside en Buenos Aires. Entre sus documentales más importantes se destacan Cuando la brújula marcó el sur (2008); Proyecto independencia, el espíritu libertario de un pueblo (2011) y Los 120. La Brigada del café (2018). Actualmente está en proceso de edición de su documental En busca de Legeryn.

 
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Trelew, el lugar donde viven los sueños

Por Marcos Sierras

El jueves, 31 de agosto, se llevó adelante en el SiPreBA (Solís 1158)  la presentación de  una nueva edición del libro La Patria Fusilada, de Paco Urondo. Libro que surge de la entrevista realizada por el autor a sobrevivientes de la masacre de Trelew. 

La Patria Fusilada  es una reconstrucción histórica, cuyo origen es una entrevista llevada a cabo por el mismísimo Paco Urondo a lxs tres sobrevivientes de la masacre: Alberto Miguel Camps,  María Antonia Berger y Ricardo René Haidar. La noche del  24 de mayo de 1973  en la cárcel de Devoto. 

Esta reedición suma los aportes de dos textos, uno de  Ángela Urondo Raboy y otro de Raquel Camps —hijas de Paco Urondo y Alberto Camps— como así también las biografías de los entrevistados y entrevistador en un apartado titulado “Los caídos II”, secuestrados y desaparecidos, años más tarde, por la dictadura-eclesiástica-militar. 

La presentación fue acompañada de la  muestra fotográfica “1972-2022 Trelew”. Iniciativa del área de Cultura de ATE Nacional a cargo de la fotoperiodista Paloma Alexandra García. 

La actividad estuvo enmarcada con la música, el canto y la poesía del cantautor Peteco Carabajal quien cantó  “Guerrillero santiagueño” en homenaje a Roby Santucho.

Estuvieron en la mesa de presentación, Vicente Zito Lema, Raquel Camps y Daniel Riera (ambxs hijxs de sobreviviente de la masacre), Tato Dondero (socio fundador y primer Secretario General del SiPreBA). La mesa fue moderada por el Secretario General del SiPreBA, Agustín Lecci.

Luego de las emotivas palabras de lxs familiares de los sobrevivientes, el cierre del Panel, estuvo a cargo de Vicente Zito Lema, quien leyó un fragmento de “Glorias”, poema de Juan Gelman que cierra el libro. 

La muestra, con algunas fotos inéditas, puede ser visitada en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y en la sede de ATE Nacional, Av. Belgrano 2527.

Glorias

(…)

¿acaso no está corriendo la sangre de los 16
fusilados en Trelew?
por las calles de Trelew y demás calles del país
¿no está corriendo la sangre?
¿hay algún sitio del país donde esa sangre no está
corriendo ahora?

¿no están las sábanas pegajosas de sangre
amantes?

¿y llena de sangre la pulpera y sus ojos celestes?
¿ahogados en sangre?
¿y la calandria hundida en sangre y la gloria del
día
con las alas empapadas de sangre sin poder
volar?
¿no hay sangre en la penumbra de tus pechos
amada?

¿y dónde no la hay esa sangre caída de los 16
fusilados en Trelew?
¿y no habría que ir a buscarla?
¿y no se la habría de oír en lo que está diciendo
o cantando?
¿no está esa sangre acaso diciendo o cantando?

¿y quién la va a velar? ¿quién hará el duelo de
esa sangre?
¿quién le retira amor? ¿quién le da olvido?
¿no está ella como astro brillando amurada a la
noche?
¿no suelta acaso resplandores de ejército mudo
bajo la noche del país?

con sangre verdaderamente están regando el país
ahora
oh amores 16 que todavía volarán aromando
la justicia por fin conseguida el trabajo furioso
de la felicidad
oh sangre así caída condúcenos al triunfo

como calandria de sus pechos caía y
como sangre para apagar la muerte y
como sangre para apagar la noche y
como sol como día.

Juan Gelman

Lectura del poema por Zito Lema en link


 
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¿Nuclear? no, gracias

Créditos: Radio Comunitaria La Revuelta.

Como ya bien hemos analizado e investigado acerca de la peligrosidad de la instalación de centrales nucleares en el territorio denominado Argentina, desde el 22 y hasta el 30 de abril de este 2022 se dieron lugar a diferentes manifestaciones con el mismo fin de generar conciencia acerca de los impactos de estas instalaciones.

En el marco de un nuevo aniversario de la catástrofe de Chernóbil (el pasado 26 de abril) y contra la energía nuclear e instalación del HuaLong One —rebautizado ahora como Atucha III—  varios pueblos levantaron su voz bajo el lema “Nuclear? no, gracias”. Algunos de los territorios que adhirieron a la causa fueron: Trelew , Chubut; Valcheta, Rio Negro; La Rioja; San Miguel de Tucumán; Zárate, Buenos Aires; Mar del Plata y Buenos Aires. Y también contó con la presencia de Norita Cortiñas —Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora— siempre con su incondicional apoyo a la lucha de los pueblos.

Si bien en dicho territorio la energía nuclear ha sido promovida e instalada en épocas de dictadura cívico-militar-eclesiástica, es cierto que su crecimiento no ha cesado durante los gobiernos democráticos posteriores. Hablar de energía nuclear es hablar de contaminación, de carrera armamentista y de un sinfín de mentiras y mitos.

“Visibilizar la cuestión nuclear es fundamental y urgente para comprender que tampoco es una alternativa en la transición energética como se plantea. Porque para reemplazar a los combustibles fósiles deberíamos instalar muchas más centrales nucleares de las ya existentes, y las consecuencias serían devastadoras” (Movimiento Antinuclear Zárate-Campana). Además del gasto económico que implican, así como el alto uso de tantos recursos no renovables para su sostenimiento. Como también la falta de un planteo de reducción de consumo energético.

Las centrales nucleares funcionan mediante el uso de reactores en los cuales se da la fisión de Uranio 235, por grandes fuerzas que suceden dentro de su núcleo. El proceso termina por producir otros materiales como plutonio – utilizado para fabricación de misiles – titrio, cesio, entre otros. Esos residuos tóxicos se llevan luego a grandes piletas de refrigeración (debido a su alta temperatura) por años. Convirtiéndose así en un pasivo ambiental eterno.

Es de público conocimiento las consecuencias que ha provocado y provoca la radiación —como por ejemplo las mutaciones genéticas—  y los contaminantes (radionucleidos) despedidos por las centrales nucleares, así como la presencia de basureros nucleares y elementos tóxicos presentes en aguas y napas para uso de los pueblos. Hay que destacar que, como bien explican miembros del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA), no son solo una amenaza en caso de que ocurriese un accidente, sino que aún sin una catástrofe hay peligro de manera constante debido a las emisiones radiactivas al ambiente. Hay estudios en Europa que demuestran el aumento de las tasas de mortalidad infantil y leucemia en cercanías a centrales nucleares.

Créditos: Movimiento Antinuclear Zárate- Campana.

El lobby nuclear

 “El actual proyecto de guerra en Ucrania apoyado por la OTAN ha puesto de rehén al planeta entero con sus misiles nucleares. El cual solo el país de Rusia sostiene su geopolítica con 5000 misiles. El territorio Argentino ha hecho acuerdos nucleares con las dos actuales potencias mundiales —Rusia y China—  éste último ya financió los programas nucleares de Pakistán y Corea del Norte, y en la actualidad financia el de Arabia Saudita. Poniéndolo así en medio de una carrera armamentista entre ambas potencias”. Sostiene el movimiento antinuclear Zárate-Campana.

El MARA advierte que ya desde 2017, “el lobby nuclear intentó implantar el reactor chino Hualong One en Sierra Grande, Río Negro. Pero la gran movilización de decenas de ciudades y localidades de toda la Patagonia logró frenar este proyecto, conquistando finalmente la ley provincial antinuclear. Desde entonces, el mismo reactor continuó siendo negociado para ser instalado en el partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, en el más absoluto de los silencios cómplices de todo el arco político, los medios de comunicación hegemónicos, y a espaldas de la gran mayoría inconsulta de las poblaciones que potencialmente se verían afectadas de manera directa por un accidente.”

Agustín Sainza, llama a la conciencia sobre las implicancias del plan nuclear, tanto como un problema sanitario, como un condicionamiento geopolítico porque “traslada la guerra del capital financiero a nuestro territorio”. Tanto la oposición como el oficialismo pretenden ingenuamente poder sostener al mismo tiempo dos frentes de financiamiento contrapuestos, actualmente en guerra comercial por la hegemonía del planeta. Al actual endeudamiento del Fondo Monetario, se le suma la incorporación de un reactor hasta 3 veces más caro que cualquier otra alternativa de menor impacto. (Movimiento antinuclear Zárate-Campana).

Contaminación y negligencia

Hoy son siete las minas de uranio abandonadas en el país. El lago de Embalse donde opera el reactor en Córdoba está contaminado con tritio radiactivo y el acuífero “El Puelche”, una de las fuentes  de agua dulce más importante de la región, está contaminado con uranio y plutonio, elementos tóxicos que se filtraron al subsuelo desde el basurero nuclear de Ezeiza.

Sostenemos que la energía nuclear, y por ende las centrales nucleares, son otra forma de extractivismo. Transforman a los territorios en zonas de sacrificio para abastecer la carrera armamentista. Y permiten que el empresariado multinacional siga vulnerando las regiones en donde se instalan estos proyectos.  Exponiendo de forma constante y sostenida a los pueblos a radiactividad que afectará también a las generaciones futuras.

Muy lejos está de ser una energía limpia, ya que conocidos estudios dejan en evidencia los altos grados de contaminación y las enfermedades que afectan a los pueblos que habitan zonas aledañas a las centrales nucleares. La contaminación radiactiva es silenciosa y mortal. El aumento de cáncer, leucemia, tiroides, malformaciones genéticas, abortos espontáneos y trastornos psíquicos han sido detectados en poblaciones afectadas por contaminación radiactiva.

Créditos: Movimiento Antinuclear Zárate- Campana.

Chernóbil

Los efectos de la radioactividad, 36 años después del accidente, siguen estando presentes. Según el ministerio de salud de Ucrania, son 2,5 millones los recursos destinados a los tratamientos de salud después de la catástrofe.

Los niños y las niñas que viven en áreas altamente contaminadas por la lluvia radioactiva de Chernóbil sufren de enfermedades crónicas. Entre las más comunes se encuentran la fatiga asociada a alteraciones del sistema cardiovascular, incluyendo hipertensión arterial, murmullo cardíaco sistólico, y alteraciones electrocardiográficas de conducción y alteraciones metabólicas en los casos de medidas elevadas de Cs137 en los organismos de estos niños/niñas.

La mayor fuente de radiación para los seres humanos tras Chernóbil en los días de hoy, es la ingesta de alimentos producidos localmente.

Por todo ello decimos que la energía nuclear es otra forma de ecocidio. Y una de las maneras de frenar dicho ecocidio es derribar los mitos acerca de qué es la energía nuclear y cómo funciona.

Adhiriendo a la lucha, Nora Cortiñas, quien estuvo presente en la manifestación, expresó: “Las madres tenemos un compromiso de recoger la lucha. Estaremos donde haya que estar. Ofrezco mi solidaridad para esto que me parece un peligro para toda la humanidad. Y que hoy me entero acá, que además están usando la plata de ANSES para esto. Así que yo los felicito. Los aplaudo. Estamos juntxs y vamos a seguir trabajando. La lucha de todos los días vale. Hoy recordando a Chernóbil, ese crimen que se cometió,  ese crimen de Lesa Humanidad, porque tocó y sigue tocando a los seres humanos. Donde no hubo justicia, donde no hubo denuncia de ninguna institución. Agradezco a todxs el esfuerzo por salir adelante con algo tan grave, en un pueblo que está pasando hambre y miseria. Y que tengamos que soportar otros peligros mayores, con una política económica desastrosa que está cada día contra el pueblo”.

Cuestionar el modelo establecido y exigir el cese de instalaciones de centrales nucleares en nuestro territorio es en principio, urgente.

Créditos: Movimiento Antinuclear Zárate- Campana.
 
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Te están vigilando y espiando, Mario Montoto detrás de los sistemas de control

Aquí encontrarás lo que no te cuentan los medios de comunicación masiva sobre quien es el dueño de las empresas encargadas de esta vigilancia

Flor Niti

Desde Virginia Bolten venimos informando la instalación de sistemas de control en diversas ciudades del territorio denominado Argentina desde el año 2007.

A partir de una investigación judicial, se hizo pública la información que durante el gobierno de la alianza CAMBIEMOS en la Ciudad de Buenos Aires, se hicieron pedidos de acceder a los datos biométricos de 7 millones de personas con cámaras de reconocimiento facial.

Una investigación a cargo del juez porteño Roberto Gallardo, determinó que el gobierno de Horacio Larreta utilizó como excusa encontrar personas prófugas de la justicia para saber los movimientos de muchas personas. Entre ellas, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.

Solo mencionamos dos dirigentas. Las personas controladas, con cámaras por el gobierno porteño, representan el 17% de la población de este territorio. Si estás leyendo este artículo, seguramente estás en la base de datos.  Si se tiene en cuenta la población del AMBA, la cifra espiada representa el 40% de la población.

Sospechosamente durante el allanamiento al Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de Monitoreo Urbano, se cayó el sistema de la empresa Danaide S.A.

El propietario de esta empresa es Hernan Carzalo socio de Mario Montoto, el presidente de la Cámara de Comercio argentina-israelí. Carzalo está íntimamente ligado a Montoto. Fueron socios en la empresa Tecnoview S. A. Asimismo su hermano, Roberto Carzalo, que es también parte de Danaide S.A., es director de la empresa Surely S. A. de la cual es dueño Montoto.  Roberto Carzalo también fue director de la empresa de construcción de Mario Montoto y su compañera Claudia Spinelli, Consularqui S. A.

Los negocios de Mario Montoto

Montoto tiene diversos negocios, todos asociados con la vigilancia, el control y máquinas de matar. El gobierno de Horacio Larreta está entre sus principales compradores.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una licitación por el servicio de control vehicular. En la misma participaron varias empresas, entre ellas Danaide S.A. La Licitación Pública N°2900, finalmente fue adjudicada por un monto de $1.114.312.896, es decir, una contratación por más de mil millones de pesos a la empresa Danaide S.A. De esta forma, el gobierno de Buenos Aires y la mencionada empresa tendrán el registro de los vehículos que circulan por avenidas y calles de la ciudad.

Esta no ha sido la única contratación del año por parte del gobierno de Larreta. A partir de la resolución N°36/SSGA/21, con fecha de febrero de 2021, Danaide S.A. obtuvo una licitación por análisis de video y gestión de imágenes por otros $300 millones de pesos. En este caso, hubo solo otro oferente que el gobierno desestimó, quedando solo la oferta de la empresa de Montoto.

Montoto también es el beneficiario de negocios en lugares de encierro Fundó hace más de 25 años la empresa Surely S.A., siendo uno de los principales proveedores de sistemas de control y vigilancia para lugares de encierro en la región. Los productos que comercializa son pulseras electrónicas, tobilleras con GPS y botones antipánico. Surely S.A. ha realizado 144 importaciones al territorio sudamericano, de las cuales 79 corresponden a la sede uruguaya de la empresa en Carrasco. En este caso, todas las compras fueron realizadas a empresas de Israel, según informes comercial de la consultora SEAIR.

Como se viene informando desde Virginia Bolten, Mario Montoto es uno de los mayores beneficiados con estos sistemas de control. La empresa líder mundial en este tipo de sistemas es la empresa NEC, instalada en los territorios denominados Argentina y Uruguay a partir de la compra del 85% de la empresa Global View, de Mario Montoto y Daniel Hadad (dueño de Infobae). El 15% restante de Global View quedó en manos del mayor vendedor de armas israelíes a este territorio.

Montoto también realiza negocios en el sector naval. Con CODESUR, otra de sus empresas, realizó el mantenimiento de las baterías del submarino Ara San Juan. De la licitación donde obtuvo el contrato participaron 3 empresas. CODESUR fue la que presentó la oferta de mayor monto. El medio Clarín informó que con la excusa de que las baterías “podían explotar porque producen hidrógeno” se hizo un nuevo llamado a licitación. CODESUR ofertó un valor 50% menor a la primera licitación, pero aun mayor que sus competidoras. Sin embargo, con artilugios legales se dieron de baja las otras dos ofertas y, por consiguiente, a CODESUR le fue adjudicada la compra.

 
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Por un MAR LIBRE de petroleras. Entrevista a la compañera y asambleísta Fernanda Génova

Tal como venimos visibilizando el reclamo social ante la instalación de plataformas petroleras off shore en la costa sur de la provincia de Buenos Aires, estuvimos en la ciudad de Mar del Plata durante el mes de febrero. Y en diálogo con Virginia Bolten la compañera Fernanda Génova, integrante de la Asamblea Por un Mar Libre de petroleras nos comparte su análisis como habitante residente de la ciudad pero también como activista en esta causa.

A partir de la Resolución 436/2021 firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible que autorizó a la empresa noruega Equinor a realizar exploraciones sísmicas en las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo han sido estos meses de movilizaciones desde tu perspectiva tanto política como social? Y cómo surge la Asamblea?

F.G: La asamblea Por un Mar Libre de Petroleras arrancó su actividad en el mes de junio de 2021. En una primera acción de difusión y volanteada que hicimos en la rambla, donde se convocó a la comunidad y luego pudimos hacer una asamblea más grande. A partir de ahí se fue definiendo como continuar. Y si bien en esa primera instancia no se acercaron muchas organizaciones sociales y políticas, sí había cierta participación y se logró que se aglutinara cierta cantidad de gente que venía escuchando sobre el tema.

A partir de allí se fueron haciendo más volanteadas, sobre todo por el desconocimiento que había sobre el tema, convocamos para una audiencia pública virtual que comenzaba el 1º de Julio. La actividad no solo estuvo compuesta por vecines autoconvocades sino también por compañeras y compañeros de otras organizaciones sociales y políticas.

La movilización se mantuvo en estos meses con algunos altibajos y con asamblea permanente, pero donde cobró mayor fuerza y masividad fue ahora con la resolución del ministerio. La comunidad venía escuchando lo que nosotres veníamos denunciando pero sin tener una participación tan activa.  Es decir, sabiendo que ya habíamos opinado sobre el tema y veníamos manifestando nuestra postura, y sin embargo el gobierno no nos escuchó. Eso provocó un aumento de esa participación.

A pesar de la escasa difusión sobre el proyecto de exploración sísmica en el mar argentino, el Gobierno llamó a una audiencia pública para pronunciarse frente a la actividad. ¿Cómo fue esa audiencia? ¿Qué opinión te merece como asambleísta?

F.G: Esa audiencia pública fue un amague de consulta porque en realidad fue en forma virtual y con poca gente, convocada 15 días antes con una información difícil de compartir y entender. Por lo que fue un hecho totalmente antidemocrático donde el Estado reafirmó su vocación de entregar los bienes comunes y avanzó con esto. Sentimos que hubo así una repercusión importante a nivel social, fue un cimbronazo para la ciudad, para todas las comunidades costeras, y para todo el activismo ambiental. Así como ocurrió en Chubut también repercutió en cómo las comunidades podemos alcanzar cierto impacto. El Atlanticazo fue realmente un momento importante donde se acercaron más sectores de todo el país, hubo un marco de solidaridad muy grande. La campaña Mira también abrazó la causa, y organizaciones de otros países se sumaron el 4 de febrero en el Oceanazo. Eso se dio a partir de esa sensación de que vienen por todo, porque ya ni siquiera el mar es algo que van a respetar.

Posterior a la movilización del 1º de enero, dada su masividad, el gobierno lo que hizo fue atacarnos duramente, ningunear nuestros argumentos, ningunear nuestra lucha, tratarnos de “ambientalistas bobos”, de que estamos en contra del “desarrollo del país”, y que no “entendemos” que se necesitan recursos para salir de la emergencia económica. Todos argumentos falaces y que son ataques de un Gobierno que no puede sostener su política de entrega contando con apoyo popular. Porque quedó muy nítido que no hay licencia social para eso.

¿Cómo son los vínculos con otros  movimientos en diferentes territorios?

F.G: Venimos en un proceso de coordinación con otras luchas ambientales, de compañeros que están en otros territorios y que levantan nuestro reclamo, y a su vez nosotres replicamos lo que sucede en esos espacios. La decisión de tomar el 4 de marzo de cada mes como día de lucha tiene que ver con intentar vincular los procesos que se dan contra el extractivismo. Porque desde Chubut ya había una fecha que se venía sosteniendo para la movilización, y nos pareció bien sumar a lo que ya existía, para no solo construir organizaciones entre las comunidades costeras, sino también aunar esfuerzos en la lucha con todos los territorios y pensar en un posible encuentro en algún momento.

Incluso no solamente en nuestro país. El mes pasado viajamos con Víctor Quilaqueo de Observatorio Petrolero Sur y con un compañero que vino de Amigos de la tierra  Holanda, quienes vienen acompañando comunidades de África contra la instalación de petroleras. Eso fue muy bueno porque son los primeros pasos que estamos dando para conectarnos como comunidades costeras y fortalecer ese espacio de coordinación. La idea es lograr un encuentro presencial a futuro.

Siendo Mar del Plata una destacada y popular ciudad turística. ¿Cuál es la respuesta de lxs turistas? ¿Sentís que hubo acompañamiento y toma de conciencia por parte de ellxs?

F.G: Sí, desde el inicio comenzó a haber gente acompañando la causa, y no solo acá en la ciudad de Mar del Plata sino también en otras ciudades costeras. La recepción de las y los turistas es impresionante. Por allí si no se suman a la marcha acompañan igualmente con aplausos, bocinas cuando pasamos. Ha sido muy grande la participación en el reclamo de quienes han visitado estas ciudades.

¿Hay sectores partidarios divergentes que apoyan la exploración?

F.G: Sí. Obviamente el sector afín al Gobierno que lamentablemente no se da el lugar para plantarse desde una posición crítica a la política que lleva adelante este proyecto y que es por supuesto una continuidad de la política de entrega que viene de hace muchos años.  Viene del Macrismo pero también del Kirchnerismo anteriormente. Estos procesos no se dan de un día para otro, entonces lo que denunciamos es que hay una política de entrega que continúa Gobierno tras Gobierno y que este actual la toma en sus manos y la pone como bandera, planteando que a través de esto se va a conseguir sacar el país adelante, que se van a conseguir divisas, se van a generar fuentes de trabajo etc. Pero me parece que la discusión es falsa y que eso no va a suceder, sabiendo que hay territorios impactados por el extractivismo. En donde llegaron con la misma promesa y que no solamente no sucedió, sino que dejaron el territorio totalmente devastado.

Lamentablemente estas organizaciones que son parte del gobierno (Frente de Todos) nos atacan con un discurso muy violento diciendo que hacemos el juego a la derecha, y en verdad sabemos que toda la derecha apoya estos proyectos extractivos. Entonces…

Sectores del sindicalismo también están apoyando la exploración diciendo que es necesaria porque Mar del Plata “va a salir adelante gracias a la instalación de las plataformas petroleras”.

Foto: Asamblea Plaza España

En el año 2017 La Comisión de Límites de la plataforma continental marina de Naciones Unidas creado por la Convención sobre Derecho del Mar aprobó el reclamo presentado por Argentina, convalidando así la anexión de más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados a la plataforma continental nacional. ¿Crees que es una trampa de la ONU la extensión de la plataforma para la exploración off shore?

F.G: Lo que entendemos es que hubo un proceso de reclamo sobre la soberanía de la plataforma continental marina, y que eso tiene que ver justamente con ir armando todo el espacio necesario para luego hacer exploración y explotación de lo que llaman recursos naturales, en este caso hidrocarburo. Esa extensión obviamente tiene que ver con poder instalar en esas áreas estos proyectos de explotación petrolera. No es casual que la ONU  resolvió otorgar esa extensión a la Argentina en el año 2016, y en el año 2018 ya se estaba analizando la exploración.

Por ejemplo en el Caribe cuando hay disputas territoriales, automáticamente se resuelve eso y automáticamente hay un proceso de licitación o de otorgamiento de área.

Los medios hegemónicos hicieron campaña para la exploración offshore. ¿Por qué crees que sucede esto?

F.G: Porque son parte del sistema. Los medios por un lado silenciaron durante mucho tiempo estos proyectos generando desinformación en la comunidad, y eso lo que trae como consecuencia es que al no estar enterades no tenemos poder para resolver, decidir, opinar. Y cuando la población pudo enterarse, opinar e informarse -por decisión propia-, nos atacaron haciendo campaña en contra nuestro; y por otro, hablan a favor de la explotación petrolera. Aunque no siempre de manera directa por supuesto, pero sí lo que hacen es levantar opiniones de algunos personajes locales y nacionales que están hablando a favor de este proyecto extractivista.

El intendente de la ciudad de Mar del Plata Guillermo Montenegro se mantuvo en un principio, en silencio, neutral. Pero luego cambió radicalmente en oposición al proyecto de exploración. ¿Cuál es su postura? ¿A qué se debe ese cambio?

F.G: Lo que sucedió con el intendente es llamativo, él es de Cambiemos, es decir es parte de esa fuerza que entregó las áreas marítimas a las corporaciones petroleras, es parte de esos acuerdos que se hicieron en ese momento. Y cuando nosotres en el mes de julio presentamos la nota al concejo deliberante y al Intendente mismo, ninguno de ellos tuvo la delicadeza de convocarnos una reunión o contestarnos. Pero posterior a las marchas masivas y manifestaciones populares el Intendente (Montenegro) sale a anunciar que no está de acuerdo. Que él en realidad lo que quiere es “tener la certeza de que no va a haber impactos en nuestra ciudad”. Es decir, no dice que está en contra del proyecto petrolero, lo que dice es “bueno, veamos cuáles son los impactos, investiguemos un poco más”. Y por eso el amparo que se presentó es tal vez el más tibio de los 4 que se presentaron en relación a lo que se plantea. Pero bueno como entraron dentro de ese paquete, se tratan de la misma forma. Y todo esto tiene que ver con una actitud oportunista de no quedar “pegado“con la situación. Porque también se juegan las cuestiones electorales, es decir, puede correr riesgo su candidatura y su continuidad como intendente de la ciudad. Entonces se desmarca políticamente de esa decisión y lo deja a manos de la justicia.

Haber logrado la medida cautelar que pone freno a la búsqueda y exploración en el mar es un paso importante.

F.G: Las acciones judiciales nosotres las entendemos como parte de toda la lucha. No hay acción judicial que resuelva por sí sola. Si se hace, es en el marco del proceso de lucha que venimos sosteniendo. Obviamente celebramos cuando el Juez del Juzgado nº 2 dictaminó la medida cautelar, pero entendiendo también que no era el fin. Esto va a llevar un tiempo. Es por eso que seguimos organizándonos, informando a la comunidad y movilizándonos para reclamar al Estado Nacional que anule la resolución del Ministerio de Ambiente. Y que también se anulen todas las adjudicaciones sobre las áreas marítimas. Porque hay otras áreas que están adjudicadas a otras empresas  (no es solamente Equinor) y que también son parte del problema. Porque ponen en riesgo al ecosistema marino y a las comunidades costeras. La lucha es a fondo porque no queremos que se instalen plataformas ni acá, ni en la costa bonaerense, ni en ningún lugar. El mar no es una zona de sacrificio.

¿Cómo sigue todo ahora? ¿Cómo seguirán las campañas en contra de las petroleras hasta lograr finalmente la anulación definitiva de la Resolución 436/21?

F.G: Las manifestaciones siguen, todos los 4 de cada mes. Un poco como el lema utilizado en la lucha contra los agrotóxicos todos los 25 hasta que se vaya Monsanto es en este caso todos los 4 hasta que se vayan las petroleras. Y seguiremos convocando a la comunidad con distintos eventos, distintas actividades culturales, porque necesitamos que toda la población pueda expresarse desde distintos espacios artísticos, ya que esta lucha tiene diversas aristas y nosotres las tomamos todas.

Este es un nuevo Atlanticazo que se va a replicar en distintas ciudades costeras y seguramente en otros lugares del territorio. Y también el próximo 22 de marzo vamos a participar de una acción mundial por el agua que nos unifica con otros territorios en lucha. Por lo que estamos preparades para esta pelea larga. Y convencides que no hay otra alternativa.

 
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Plataformas petroleras offshore y un reclamo social que continúa

El pasado 30 de diciembre de 2021, se dio a conocer la Resolución 436/2021 firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien autorizó a la empresa noruega Equinor a realizar exploraciones sísmicas a 160 millas de las costas del sur de la provincia de Buenos Aires.

Previamente en el año 2018 la Secretaría de Energía llamó a licitación para la exploración de 18 áreas petroleras repartidas en 3 cuencas: Cuenca Argentina Norte (CAN), Cuenca Austral (AUS) y Cuenca Malvinas Oeste (MLO). Adjudicándose estos 18 bloques  —225.000 km2  de superficie marítima— a 13 empresas oferentes.

El Bloque CAN 100, localizado a 200 kilómetros de Mar del Plata, es el más grande de la Cuenca Norte, adjudicado a la empresa noruega Equinor en el año 2019 bajo la gestión del ex presidente Mauricio Macri para avanzar con el proyecto y que continuó durante la actual gestión de Alberto Fernández.

La compañía Equinor  —que opera también en San Juan y Vaca Muerta— había pedido un permiso en el año 2020 para realizar estas acciones de exploración sísmica en búsqueda de petróleo para futuras explotaciones, desarrollada en conjunto con las empresas Shell e YPF. Pese a no contar con licencia social y desoyendo la opinión de la población, fue autorizada el último día hábil del año 2021 en medio de una crisis climática con 11 provincias en llamas, como abordamos desde Virginia Bolten.

Las primeras movilizaciones y asambleas comenzaron en la ciudad de Mar del Plata en Junio de 2021 bajo el lema un mar sin petroleras en la que participaron activistas, sociedad civil y sectores de pesca marítima, expresando su rechazo a la medida. Pocos días antes de la audiencia pública convocada por parte del Gobierno para el día 1º de Julio.

Una asamblea que desde ese entonces no ha parado de crecer, y lleva el nombre de Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, logró no solo apoyo en varias ciudades costeras con su activismo —junto a otras iniciativas como el Atlanticazo y Oceanazo— sino también la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración sísmica en la costa bonaerense que dictó el Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata el pasado 11 de febrero de 2022. Teniendo en cuenta los deficientes mecanismos de participación popular, sin la suficiente difusión; las falencias que hay en el estudio de impacto ambiental, y la falta de consulta al Municipio de General Pueyrredón.

Queda en evidencia la importancia de los movimientos sociales y la lucha que aún continúa.

Exploración sísmica offshore

El procedimiento consiste en una flota de buques con sensores que recopilan información,  lanzando breves ráfagas de aire comprimido (bombardeo sonoro) desde una fuente de sonido hacia el agua, subsuelo y el fondo marino, cada cinco o quince segundos. A continuación, las ondas sonoras emitidas se reflejan hasta la superficie del mar, donde son registradas por los sensores, de esta manera es posible identificar los lugares para realizar perforaciones.

Es de conocimiento que este procedimiento genera efectos en las especies que habitan el mar, y aunque en su justificación aleguen que van a “vigilar” la cercanía para no alterar su hábitat, es sabido que las ondas vibracionales y sonoras impactan de forma contundente el medio marino, generando estrés y problemas auditivos en los animales, desplazamiento de hábitat, entre otras problemáticas.

Eso solo sería el principio, ya que de continuar el proyecto los efectos serían más graves debido a los impactos de la explotación de hidrocarburos. Hay ejemplos de ello, tal es el caso del conocido derrame en el Golfo de México, pero también el reciente en las costas de Perú, considerado como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima. En 2019, en la Bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), hubo un derrame de petróleo en la Plataforma Santa Cruz del Sur.

Hablar de plataformas petroleras es hablar más tarde o más temprano de derrames, en mayor o en menor medida.

Plataforma marítima Argentina

En estas zonas hay un corredor biológico de suma importancia. Es la prolongación natural del territorio que comprende lecho y subsuelo de áreas submarinas culminando en el talud rico en bienes comunes.

En este lugar se pretende instalar una actividad extractiva, trátese de un sitio donde no se desarrolla actividad hidrocarburífera y donde la cercanía a la costa genera alarmas.

Dicha actividad no sorprende, y lo venimos denunciando desde Virginia Bolten. La política de Estado en el territorio denominado Argentina se basa en un extractivismo elocuente y devastador en la que bajo este mecanismo de entrega de bienes comunes se intenta justificar un discurso de “progreso” y “crecimiento económico” que está muy lejos de la realidad.

La explotación dejaría solo un 6% por las regalías y la creación de puestos de trabajo es ficticia, considerando que se emplea un alto porcentaje de mano de obra barata, que muchas veces la trae la misma empresa y genera concentración de riqueza en un pequeño sector de la sociedad.

Prueba de ello es la deforestación con expansión y avance de la frontera agrícola, basada en la producción de soja transgénica, ganadería intensiva mediante feedlot, la extracción minera y la explotación petrolera, como es el caso emblemático de Vaca Muerta.

Todos estos proyectos impactan en territorio aledaño. No se puede dejar de mencionar el desplazamiento de pueblos indígenas, campesinos y otras comunidades; la contaminación de las aguas, aumento de fumigaciones, y eliminación/reemplazo de actividades tradicionales productivas locales y agroecológicas.

Hay que considerar en este caso la pesca, el turismo, el desarrollo socio-cultural, recreativo y deportivo que tiene la ciudad costera y, en consecuencia, cómo eso generará una dependencia económica basada en la explotación de hidrocarburos que afectará a todo el tejido social.

En una próxima nota entrevistamos a Fernanda Génova, referente y asambleísta de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, quien contará en primera persona el proceso de resistencia contra las plataformas offshore (o costa afuera) en la ciudad de Mar del Plata.

 
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Ecocidio y Terricidio como sistema imperante

Créditos: La voz de Misiones.

Ya son 11 las provincias en el territorio denominado Argentina, que se encuentran bajo fuego (Misiones, Formosa, Santa Fé, San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). El Gobierno del mismo territorio con total desidia, permite el avance del lobby agropecuario, inmobiliario y minero en connivencia con los terratenientes y empresarios ligados a multinacionales que siguen acumulando su capital en detrimento de los derechos de los pueblos.

Para que esta alianza siga funcionando fue necesario cajonear la Ley de Humedales, que viene siendo promulgada e impulsada por el activismo en las calles y por la creciente conciencia social acerca de las problemáticas medioambientales. Dicha Ley promueve la protección de ecosistemas sensibles, penaliza los incendios intencionales en estos territorios, regula la aplicación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier origen, fumigaciones incluidas. También crea un Inventario Nacional de Humedales, es decir, un mapa que daría cuenta de dónde están los humedales en Argentina, qué características tienen y qué función cumplen en cada lugar. Una ley que nítidamente va a contramano del empresariado.

Es menester que el gobierno tome medidas urgentes para eliminar los focos de incendio. Las condiciones climáticas no son favorables y con tendencia a empeorar, y el aumento de temperaturas en esta época del año deja la situación aún más grave.

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, consideró que hay “un escenario que puede tender a repetirse de manera recurrente en el tiempo, es decir, un período de sequías prolongadas, de corrimiento de las temporadas secas en cada estación y de temporadas sin lluvias”.

Sin embargo es necesario dejar en evidencia quiénes son los responsables de este ecocidio y terricidio que desde Virginia Bolten venimos denunciando. Somos con la naturaleza y debemos cuidar de ella, algo que bien nos enseñan las comunidades predecesoras. Es fundamental tener conciencia de quiénes tienen el poder, quiénes siguen saqueando y haciendo tratados y acuerdos a espaldas del pueblo, en total clandestinidad.

Además del dramático cuadro de incendios al tiempo que escribimos esta nota, en el día de la fecha mediante Boletín Oficial se comunica que ha sido aprobada la Ley que permite la exploración sísmica y detonaciones de aire comprimido en subsuelo en las costas de la Provincia de Buenos Aires y Río Negro (cuenca Argentina norte). A pesar de las manifestaciones acontecidas durante el año y asambleas en la localidad de Mar del Plata en contra del proyecto.

Se autorizaron cesiones parciales de participación del permiso de exploración otorgado sobre el área CAN_100 a favor de las empresas EQUINOR ARGENTINA BV SUCURSAL ARGENTINA y SHELL ARGENTINA S.A., respectivamente.

Que YPF S.A., EQUINOR ARGENTINA BV SUCURSAL ARGENTINA y SHELL ARGENTINA S.A., en su carácter de permisionarios del área CAN_100, solicitaron a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA una reducción de la alícuota de regalías hidrocarburíferas de hasta el CINCO POR CIENTO (5 %)”.

Lo que sucedió hoy es brindar por parte del Gobierno las condiciones políticas y jurídicas para hacerlo. Es el corrimiento de la frontera extractiva fósil en un momento en que todo el mundo está haciendo esfuerzos para dejar los fósiles en el suelo, yendo así a contramano de los retos esenciales para hacer frente a la situación de emergencia climática.

El Estado es responsable y debe actuar y responder a la altura de la situación y no avanzar con proyectos que a mediano y largo plazo traerán más daños que beneficios.

Hace pocos días se conmemoró el retorno de esta democracia en el territorio, por lo que el Estado debería escuchar y contemplar al pueblo de acuerdo a las “premisas teóricas” de dicho régimen político.

 
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Multitudinaria marcha contra el FMI en Argentina

Foto: Virginia Bolten

Por Marcela González Marcos y Vanessa Dourado 

Miles de personas se movilizaron hacia la Plaza de Mayo este 11 de diciembre en Buenos Aires para rechazar el pago de la deuda Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El préstamo contraído durante la gestión de Cambiemos, cuando presidía el país el empresario Mauricio Macri, es históricamente el mayor monto otorgado por el organismo a un país, 44.500 millones de dólares. 

Esta fue la mayor movilización en contra del acuerdo, destacándose la participación masiva de los sectores populares y de juventud, y dándose un día después del acto en celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia, que tuvo la presencia de íconos del progresismo latinoamericano, como Lula, ex presidente de Brasil, y Mujica, ex presidente de Uruguay. 

Pese a todas las críticas de especialistas respecto de las condiciones en las cuales fue negociado el acuerdo con el FMI  —la operación no tuvo la aprobación en el Congreso—, la actual gestión de Alberto Fernández da señales de que aprobará un plan económico que tiene por objetivo pagar la deuda, sin investigar la fuga de capitales informada por el Banco Central,  que se dio en consecuencia de la toma del préstamo. Eso significará  la vulneración de los Derechos Humanos en un contexto de grave crisis socioeconómica evidenciada por la cantidad de personas bajo la línea de pobreza, más de 50% de la población de Argentina. 

En diálogo con Virginia Bolten el economista y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Julio Gambina expresó que la deuda es ilegítima y odiosa. Además remarcó que desde hace muchos años centros de investigación de diversas áreas producen informes que evidencian el carácter fraudulento de la deuda. Acerca de la importancia de la movilización en contra del Fondo, Gambina dijo: “esta semana Argentina va a pagarle 1900 millones de dólares al FMI que serían fundamentales para muchísimos proyectos que el movimiento popular está demandando y ni hablar de los casi 20 mil millones que vencen el próximo año. Por eso nuestra consigna es la suspensión de pagos ya, e investigación con participación popular.”

Para Claudio Katz, economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires quien sigue de cerca el proceso de endeudamiento del país, la movilización masiva es una respuesta de la población al ajuste y trae a la memoria experiencias de períodos anteriores. 

En diálogo con Virginia Bolten expresó: “cómo han percibido muy bien esta es una gran marcha, probablemente la más grande en el último período, y también hay una gran participación no sólo de los sectores juveniles sino también de los sectores populares. Y creo que hay dos razones: la primera es que se vislumbra la inminencia de algún tipo de cierre del acuerdo y sus consecuencias, entonces se empieza a percibir el ajuste que vendrá, y en segundo lugar, que ya hay una experiencia durante este año del principio de ajuste que significó preparar el acuerdo con el FMI. Todo este año hemos visto un deterioro del salario, las jubilaciones, la inflación que se reflejó en los resultados electorales en un voto castigo al gobierno, y por lo tanto lo que hay, yo creo, es una recuperación de una tradición muy fuerte de oposición popular al FMI porque la Argentina carga con experiencias traumáticas, y la población está empezando a recordar qué pasó en 1989, en 2001, qué pasa cuando el Fondo presiona fuerte con un ajuste y produce un colapso económico y social sin precedentes.”

Foto: Virginia Bolten

Por su parte Eduardo Lucita, miembro de Economistas de Izquierda, nos señaló las contradicciones dentro del gobierno y cómo estas repercuten en la sociedad en su conjunto: “la movilización tiene que ver con una situación material, hay vastos sectores populares de la sociedad Argentina que no ven otro horizonte que no sea una agudización de la crisis y la pobreza. Pero hay otra cuestión también. La vicepresidenta Cristina Fernández ha dicho en más de una oportunidad que esta deuda es impagable y que el FMI  tergiversó sus propios estatutos para dar el crédito más grande que dio en su historia. El presidente de la nación le pidió al Banco Central un informe, que se hizo, y que muestra el carácter fraudulento de esta deuda. El mismo presidente inició una querella criminal frente a quienes firmaron este acuerdo. Después se dijo “estamos haciendo la mejor negociación posible con el Fondo”. La ex presidenta vuelve a decir “queremos pagar”, aunque también es cierto que se dice “no en cualquier condición”.  Entonces, lo que vemos es una contradicción constante, que repercute en las bases de la sociedad. Argentina tiene una tradición de haber firmado 26 acuerdos con el FMI que ninguno resultó. Muy por el contrario después de los acuerdos, la crisis fue mucho peor”. Lucita también comparó la situación Argentina con la de Grecia, salvando las diferencias. “Hay una inteligencia popular que se está dando cuenta de que no se puede pagar, hacemos un acuerdo a 10 años con 4 de gracia, pero ¿qué va a pasar después del quinto? No vamos a poder pagar, vamos a ir a una nueva renegociación y vamos a iniciar el camino de Grecia, que tuvo ayuda tras ayuda, negociación tras negociación y cada vez más pobres. Eso se expresa en lo multitudinario que es esta plaza y más allá de esta plaza también, muchos sectores que están con el gobierno hoy están planteándose estas mismas contradicciones y veremos a futuro qué es lo que pasa.”

El acto tuvo la participación de Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y titular de la cátedra de Poder Económico y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, quién hizo hincapié en la importancia de la resistencia popular: “desde esta Plaza que tiene magia va a salir el repudio al acuerdo con el Fondo monetario Internacional que nos quieren imponer para asfixiarnos. No vamos a pagar una estafa. Las estafas no se pagan. Las estafas se repudian. Que paguen el FMI y los que robaron, los que pidieron y fugaron. No vamos a permitir que nos roben. Que el presidente y los políticos en el Congreso sepan que estamos en resistencia.”

 
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Ley de etiquetado frontal sin quórum y en peligro

Foto: Verónica Raffaelli

Se confirmó finalmente para el día martes 5 de Octubre del año 2021 el debate en cámara de Diputadxs del Congreso Nacional, de la Ley de Etiquetado frontal luego de haber sido tratada y que cuenta con media sanción en cámara de Senadores, en el territorio denominado Argentina.

Sin embargo desde el oficialismo, dieron a conocer que peligraba dicho debate debido a la falta de quórum por parte de la oposición, aludiendo que el temario formaba parte de una agenda que no fue consensuada previamente con la oposición.

Es por esto que se ha convocado a la población a acercarse al congreso en el día de ayer, para demostrar apoyo al tratamiento de la Ley, así como lograr ejercer presión a los diputadxs que podrían sesionar ante un reclamo y preocupación que ha demostrado la sociedad, debido a lo que consumimos y la falta de información al respecto.

Diversas organizaciones sociales y agrupaciones que reivindican el derecho a la información respecto de los comestibles que son comercializados en los supermercados estuvieron presentes en el Congreso de la Nación. El licenciado en nutrición y vocero de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, Juan Esteche, quien estuvo presente en la actividad, expresó: “este rotulado alerta si un alimento tiene exceso de grasas o azúcares refinados, todos estos ingredientes que lo que hacen es aumentar la probabilidad de padecer muchísimas enfermedades que conocemos como enfermedades crónicas no transmisibles: la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes tipo 2 y todas estas enfermedades están relacionadas con complicaciones cardiovasculares que es la principal causa de mortalidad en Argentina y en la mayoría de los países”.

La Ley establece un etiquetado de sellos frontales en productos ultraprocesados, con una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas, dispuestos en las góndolas, advirtiendo y  brindando así información concreta acerca de niveles y excesos de azucares, edulcorantes, sodio y grasas en los alimentos. Además, determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.

La propuesta fue impulsada por la bancada del Frente de Todos mediante una sesión especial, y en acompañamiento de la sociedad civil de FIC Argentina, las cartas fueron firmadas por Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), Consumidores Argentinos, Fundeps, Sanar y Consciente Colectivo. Con el fin de promover los derechos de la población a tener conocimiento de lo que consume, pudiendo de esta forma decidir lo que quiere y desea consumir.

La UCR mantuvo varias reuniones para definir su postura ya que la mayoría de sus diputados respalda el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, pero finalmente se prefirió consensuar con el PRO y la Coalición Cívica —los otros socios de la coalición— la postura común de no dar quórum y abrir una negociación con el oficialismo para acordar un temario para la semana próxima que incluya la emergencia educativa y la ley ovina.

De todas maneras, desde el radicalismo se había ratificado que si el FdT reunía quórum, participaría del debate.

Asimismo se supo que existe una fuerte resistencia por parte de empresas de la alimentación, que temen a que se vea afectado su millonario negocio, así como entre legisladores de las provincias del norte, sin distinción de alineamientos políticos, ya que desde esa región del país, sostienen que el etiquetado frontal perjudicará a la producción azucarera.

Es importante destacar que a esos reclamos se sumó también el pedido de casi 160 mil personas que, con su firma, adhirieron a una petición motorizada a través de la plataforma de Change.org (http://change.org/malcomidos) por la periodista Soledad Barruti, autora de los libros “Mal comidos” y “Mala leche”.

Resaltando entre otros datos, que: “Vivimos en uno de los países con mayor número de muertes atribuibles directamente al consumo de bebidas azucaradas (74 muertes por millón). Alrededor de 10 niños cada 100 mil en nuestro país desarrollarán diabetes y el 80% de los niños tienen caries”.  Desde sus inicios, acompañamos el debate desde Virginia Bolten.

La alimentación saludable es un indiscutible derecho, pero también lo es saber la presencia de ciertos elementos en los productos que consumimos, información que está por demás ocultada, poniendo en riesgo la salud de la población y vulnerando nítidamente ese derecho.

La sesión de ayer fue levantada por falta de quórum, sin embargo una nueva sesión fue consensuada para el miércoles 13 de octubre. Las organizaciones que llevan a cabo una importante campaña de concientización sobre la problemática de los comestibles lesa-salud afirmaron: “no vamos a descansar mientras las personas no tengan acceso a la información sobre lo que están consumiendo, este es un derecho humano”.

Foto: Verónica Raffaelli

 
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Represión a comunidad Mapuche en la Lof Quemquemtrew de Cuesta del Ternero- El Bolsón

Mientras ciertos medios y voces de la política partidaria acusan y siguen estigmatizando a la comunidad mapuche de “usurpación y violencia”, el gobierno argentino y provincial de Rio Negro en connivencia con empresarios, hace sus negocios y reparto de tierras en la Patagonia.

En la mañana del día viernes 24, se realizó un violento operativo policial represivo, que incluyó la tortura de un niño de la comunidad. Esta represión se enmarca en el proceso de levantamiento y  recuperación de tierras de diversas comunidades Mapuche Tehuelche en Puelmapu, La Pampa, Chubut, Río Negro y otros territorios”. 

 La comunidad de la Lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero, cercanías de El Bolsón en el territorio denominado Argentina, comenzó la recuperación territorial el sábado 18 de septiembre, anunciando así en un comunicado de la población Mapuche Tehuelche: “retornamos al territorio con la intención de revincularnos con las fuerzas antiguas de esta mapu y desarrollar una vida acorde al az mapu, al mupiltun (la verdadera conexión con la tierra), y a el itrofilmongen (todas las fuerzas que lo componen). Sabemos que determinadas prácticas espirituales colaboran en restablecer este equilibrio natural”. 

Estas zonas están a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hídricos, denunció la comunidad originaria.

Último bastión de la denominada “conquista del desierto” que con el noreste argentino fueron los últimos territorios en ser incorporados a la constitución del polémico Estado Nacional. A base de: genocidio aborigen, violencia y tortura por parte de los gobiernos.

Y a pesar del tiempo transcurrido y la resistencia inclaudicable del pueblo Mapuche Tehuelche, la persecución y represión violenta, no ha desaparecido en el territorio ancestral. Muy por el contrario, ha ido en aumento y fogoneado por ciertos sectores de la sociedad, logrando desarticular así la lucha contra la posesión y venta de tierras, que viene denunciando hace décadas el pueblo Mapuche.

Es por esto que la comunidad Mapuche pide máxima difusión ya que las autoridades no cumplieron con el acuerdo de dejar ingresar por lo menos a lxs integrantes de la Comitiva que sí ingresó al Lof Quemquemtrew por la mañana.
Fuerzas represivas negaron la entrada primeramente a grupo de hermanas y hermanos que se acercaron a realizar un cordón humanitario para asistir a los pu lamien – hermanxs que están resistiendo este desalojo ilegal y violento, desde el viernes 24 de Septiembre del año 2021.
Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir expresaron un comunicado diciendo:
“Es fundamental que toda la sociedad en su conjunto y en particular los organismos de DDHH y organizaciones sociales se manifiesten repudiando el hecho. Si naturalizamos los mecanismos represivos y coercitivos del Estado, no solamente las comunidades indígenas, sino en particular contra la niñez Indígena estamos admitiendo un genocidio que se extiende a lo largo de todos los territorios”.

La Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) y el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, junto a autoconvocadxs y medios alternativos y populares de la comarca armaron una red de difusión y adhesión al documento acordado por diferentes organizaciones de la comarca andina

Asimismo, fue convocada para el día de hoy, de 17 a 19, a la población frente a la Casa de Río Negro (Tucumán 1916) en la Ciudad de Buenos Aires, contra el racismo, hostigamiento, represión y aislamiento de las fuerzas policiales rionegrinas – que responden a la gobernadora Arabela Carreras – contra la Lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero.

 
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Elección confirma deslegitimación de los partidos políticos en Argentina

Flor Niti

Las elecciones primarias legislativas de medio término en el territorio denominado Argentina han tenido su mínimo histórico de participación, desde la ley electoral de 2011, a pesar de que el voto es obligatorio. En la elección a diputadas el voto a partidos políticos fue solo del 61,1%.

La campaña de los partidos estuvo marcada por la despolitización del electorado. En lugar de propuestas las publicidades estuvieron marcadas por características físicas de candidatas y candidatos. Las discusiones en los debates televisivos giraron mayormente en trivialidades y banalidades. Esto sucedió mientras se vive una desesperante situación económica: según el INDEC (organismo oficial de estadística) el 42% de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y la inflación anual está  próxima al 50%.

Los dos partidos mayoritarios han tenido menos caudal de votos que en elecciones anteriores, es decir, los votaron menos personas. En el caso de la derecha de Juntos (ex CAMBIEMOS), no se refleja en su porcentaje ya que se toma sobre una menor participación de personas en la votación, en un porcentaje del 10% del electorado.

También es destacable los votos a partidos políticos que, más allá del oxímoron, se presentan por fuera del sistema. Esto es muy similar a lo que ocurre con Donald Trump en EE.UU. y Jair Bolsonaro en Brasil. Los candidatos de Avanza Libertad obtuvieron 14,6% y 5% en CABA y provincia de Buenos Aires respectivamente. A nivel nacional, Avanza Libertad logró un 3,2% de los votos emitidos.

Asimismo, hay varios territorios donde la mayoría decidió no elegir partidos políticos.

En el caso de Salta en la elección para diputadas y diputados, en la provincia votó menos del 60% de posibles electoras y electores. Si a este número restamos la cantidad de votos en blanco y nulos, la cantidad de votos a partidos políticos fue de tan solo 48,7%, es decir la mayoría de las personas de Salta decidieron que no están de acuerdo con la actual representación partidaria. El caso más emblemático sucedió en el distrito de Rivadavia, donde solo eligió partidos políticos el 30,7% de la población.

En el caso del territorio de Catamarca, hubo una participación del 58,3% pero con 7,3% de votos en blancos y 1,4% nulos. Lo que da una elección partidaria menor también al 50%, en este caso 49,6%.

Dentro de este territorio hay dos municipios que se destacan por su baja elección partidaria:

Municipio de Santa maría

  
Votos en blanco1.84814,6%
Votos nulos2291,8%
Votantes12.66361,5%

Votos a favor de partidos políticos: 45,1%

Municipio de Santa Rosa

  
Votos en blanco1.62526,0%
Votos válidos6.22599,5%
Votos nulos260,4%
Votantes6.25765,2%

Votos a favor de partidos políticos: 38,8%

En el caso de la provincia de Buenos Aires fueron varios los municipios donde las personas optaron por no elegir partidos políticos. En estos municipios los votos partidarios no superaron el 50%: Necochea 48,6%, Villarino 49,2%, Tornquist 49,3% y Trenque Lauquen con 49,4%.

Resta aún por ver si esta histórica elección contra los partidos políticos se traducirá en nuevas formas de organización política en los territorios.

 
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Los reclamos de las comunidades Wichís de Tartagal

Foto: Verónica Raffaelli

Por Verónica Raffaelli

Miembrxs de comunidades Wichís de Tartagal, Salta, estuvieron acampando desde el 12 al 25 de agosto en la Plaza Congreso.

Les tomó 20 días en llegar a la Ciudad de Buenos Aires, trayecto que fueron haciendo a dedo y con la colaboración y solidaridad de quienes encontraban por el camino, en los pueblos, y que los fueron arrimando hasta la capital.

El 19 de agosto lograron ser recibidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Vivienda de la Nación.

En esa reunión lograron exponer sus reclamos que concretamente consisten en:

-Aprobación de la Ley de propiedad comunitaria

-Prórroga de la Ley 26160 de relevamiento territorial

-Participación en los programas de vivienda

-Derecho al agua

-Derecho al trabajo

Foto: Verónica Raffaelli
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¿En qué situación se encuentran las comunidades?

En la actualidad, la relación de las comunidades y sus territorios es endeble, dada la escasa seguridad jurídica que les brinda el estado. La Ley de propiedad comunitaria lleva muchísimo tiempo cajoneada en el Congreso, siendo la que realmente puede efectivizar y proteger de manera colectiva los territorios de las comunidades.

No existiendo aun, solamente están bajo el amparo de la Ley de relevamiento territorial, que tiene la particularidad de ser provisoria, con una vigencia de 4 años. Por lo que, cumplido ese plazo, se tiene que solicitar la renovación.

Las comunidades Wichís ya van por su tercera renovación y están a punto de que la última se venza en noviembre.

Por lo tanto, el reclamo también implica una nueva renovación para tener una mínima protección de sus tierras. El problema mayor es que a muchas comunidades no les han hecho efectivamente el relevamiento de sus territorios, viviendas, etc., por lo que no poseen la documentación y las carpetas que los amparan y que certifican lo que hace siglos vienen haciendo: vivir allí.

La Ley de relevamiento territorial en ningún caso resuelve el problema, pero hasta tanto no se sancione la Ley de propiedad comunitaria, funciona como un paraguas jurídico ante las amenazas constantes, que sufren las comunidades, de desalojos y expoliación de sus tierras y recursos.

Como las tierras donde se encuentran las comunidades son territorios fiscales es usual que, con los favores y connivencia de los jueces y funcionarios, aparezcan súbitamente empresarios o gente con títulos de “propiedad” pudiendo luego expulsar e ir corriendo a las comunidades de sus propios territorios para instalar nuevos negocios.

Por eso el énfasis en el reclamo de la efectiva implementación y prórroga de la Ley de relevamiento territorial.

Foto: Verónica Raffaelli
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Las amenazas de siempre: colonialismo-capitalismo-extractivismo

El derecho al agua está en el centro de los reclamos de las comunidades Wichís, un recurso que les es negado progresivamente.

Las comunidades ya no pueden extraer prácticamente nada de los pozos, ya que las napas están cada vez más secas. Las grandes culpables son las empresas multinacionales de gaseosas que están instaladas en la zona, especialmente la firma MANAOS.

El otro gran problema son las empresas mineras que se dedican a las perforaciones para la extracción de litio, lo que suma a la escasez del agua la contaminación.

Las comunidades Wichís de Tartagal, dada la geografía de la región, se dedican mayormente a la cría de ganado, con lo cual el problema del agua afecta tanto a su propia subsistencia y su salud, tanto como a su actividad productiva.

En el día de ayer, las comunidades que llevaron adelante el acampe convocaron a una conferencia de prensa donde anunciaron los acuerdos logrados hasta el momento; lo que hizo que decidieran levantar el acampe.

En principio, tuvieron una nueva reunión con el INAI en la cual el organismo se comprometió en algunos de los puntos reclamados.

En principio, integrarán a las comunidades en la mesa de diálogo del INAI, junto a miembros de APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), para poder dialogar directamente con el organismo temas de desalojos, propiedad comunitaria, relevamientos, etc.

El otro punto importante que acordaron es que los programas de vivienda pasarán directamente por la cooperativa de las comunidades y no por la Provincia de Salta (ya que esa intermediación provocaba que el dinero no le llegara nunca a las comunidades).

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Son 7 las comunidades Wichís que estuvieron acampando a la espera de la resolución a todos estos conflictos. Cada una de ellas está conformada aproximadamente por 100 familias.

Miles de personas estaban a la espera de que un estado invasor legalice lo que es suyo desde hace siglos, y asegure sus derechos fundamentales.

 
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Abordajes que desbordan

Ilustración por Luciano D´amico

por Carolina Acevedo

La noche del pasado 25 de julio, Santiago “Chano” Moreno Charpentier recibió un disparo por parte de un integrante de la fuerza policial. Este hecho ocurrió en el intento de abordar un episodio de crisis emocional de Chano, quien se encontraba en su domicilio ubicado en el Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires.

Ante este suceso, desde Virginia Bolten nos encontramos con Vanesa Jeifetz, Psicóloga y Magíster en Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Docente de la Cátedra II Salud Pública/Salud Mental, de la Facultad de Psicología de la misma universidad e integrante de la organización social “RESET – Política de drogas y Derechos Humanos”. Invitamos a Vanesa para que nos comparta su opinión y nos ayude a pensar sobre lo sucedido, dado su conocimiento como profesional especializada en este campo.

Carolina Acevedo: ¿Qué cuestiones visibiliza el caso de Chano en relación a la Ley Nacional de Salud Mental?

Vanesa Jeifetz: Principalmente creo que visibiliza la dificultad en su implementación, haciendo eje en las internaciones involuntarias. En relación a las mismas, hay varias cuestiones a señalar: uno de los cambios más importantes que nos trajo la Ley Nacional de Salud Mental, es haber transferido la potestad, de los jueces a los equipos de salud, para poder internar a una persona en contra de su voluntad, cuando mediare situación de riesgo cierto e inminente. Esto indudablemente implica un enorme cambio en las prácticas cotidianas de lxs profesionales de la salud, que ahora se ven mucho más involucradxs, en dicha decisión terapéutica.

El problema que tenemos es que este cambio, en líneas generales, no sucedió. Lxs profesionales de la salud tienen mucho temor de realizar una internación involuntaria, suponiendo que en ese acto, estarían contraponiéndose al espíritu de la Ley que presenta un fuerte enfoque de derechos. Acá vemos un problema en la interpretación de la misma, que evidentemente, tras 11 años desde su sanción, no pudo ser adecuadamente internalizada por muchxs profesionales. Ese temor lxs lleva a su vez, a vulnerar el Art. 7 de la misma, donde se establecen los derechos de las personas con padecimiento mental, entre los cuales se destaca: “El derecho a recibir atención sanitaria (…) con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de la salud” y “El derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente (…)”.

Esta actitud negligente de muchxs profesionales, se explica en parte, por la falta de consolidación de equipos de trabajo y de una decisión institucional, que pueda respaldar esta decisión terapéutica, que implica un gran esfuerzo de trabajo tanto para efectivizarla como, para luego, sostenerla; una vez que la persona se encuentra internada, ya que como sabemos lxs que trabajamos en esta problemática, las personas que presentan una adicción, requieren de un enorme trabajo terapéutico, en cualquier dispositivo en el que estén realizando tratamiento.

Por otro lado, tenemos aquellxs profesionales que no presentan temor a la hora de realizar una internación involuntaria, sino que lo hacen principalmente al modo de “cubrirse” ante cualquier requerimiento jurídico; esto para acelerar el tiempo que implicaría trabajar con el/la paciente, a fin de que acceda a una internación voluntaria, y/o para que funcione de límite al potencial abandono de la internación y así no tener que vérselas con el trabajo terapéutico de sostener al/a paciente.

Podemos pensar que la Ley Nacional de Salud Mental demanda, para su implementación, un grado de compromiso de lxs profesionales del campo de la salud, que la mayoría no posee. Por lo tanto, si queremos que se implemente, debemos trabajar fuertemente en ello y que tal como establece el Art.31 y su reglamentación, la Autoridad de Aplicación, desarrolle las políticas por ella establecidas.

Otra cuestión a señalar, es la dificultad en el cumplimiento del Art. 21 de la Ley, donde se establecen las obligaciones de los jueces en relación a las internaciones involuntarias. Lo mismo se observa respecto al Órgano de Revisión, institución creada por la propia Ley Nacional en su Art. 38, “(…) con el objeto de proteger los derechos humanos, de los usuarios de los servicios de salud mental”.

Por último, podemos ubicar un grupo minoritario de profesionales que intenta cumplir con los principios establecidos por la Ley, con un alto grado de compromiso y vocación por aliviar el padecimiento mental.

Carolina Acevedo: ¿Por qué pensás que se llamó a la policía?

Vanesa Jeifetz: Un poco por lo que te decía recién, por la falta de compromiso de muchxs profesionales en esta problemática, el rechazo que todavía existe hacia las personas que presentan un consumo problemático y/o una adicción, la dificultad para apropiarse de los contenidos de la Ley Nacional de Salud Mental y también, no menos importante, la falta de formación para intervenir en estas situaciones tan difíciles.

Frente a este escenario, la institución que generalmente termina poniendo un límite a estos desbordes, más allá de que no sea lo esperable, es la policía. En este sentido, creo que tenemos una deuda importante desde el sistema de salud, para poder estar a la altura de las demandas existentes y responder adecuadamente a las mismas. Más allá de que tenemos vigente la Resolución 506/13 del Ministerio de Seguridad de la Nación de 2013, que incluye un protocolo de intervención para las fuerzas de seguridad, en situaciones de personas con padecimiento mental y consumo problemático, para los casos en que exista riesgo para sí o para terceros. La realidad de este caso y de otros, nos muestra que este protocolo no fue implementado de manera sistemática dentro de las fuerzas de seguridad.

Carolina Acevedo: Hablabas del rechazo de estas personas ¿con qué pensás que tiene que ver, este rechazo de lxs profesionales de la salud hacia las personas con consumos problemáticos y/o adicciones?

Vanesa Jeifetz: Creo que tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, podemos pensar que la Ley 23.737 perteneciente al Código Penal, que aún continua vigente, penaliza en su art.14 la tenencia de drogas para consumo personal. La representación social que produjo esta Ley, acerca de las personas con problemas de drogas, caló muy hondo en nuestra sociedad. La idea de un sujeto peligroso, que comete un delito, tiñó en gran medida, la posibilidad de ver a estas personas como padecientes. Esto lo podemos ver reflejado en la escasa accesibilidad que tienen las mismas, al sistema de salud. Según estadísticas de la Sedronar de 2017, sólo el 3,9% de las personas que presentan indicadores de dependencia de consumo o consumo de riesgo, buscan ayuda profesional.

En una investigación reciente sobre la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en personas con adicciones, un profesional nos decía: “yo no medico faloperos”. Esta respuesta, nos hace pensar que muchxs pacientes con adicciones, no son vistxs por lxs profesionales de la salud, como pacientes y esto constituye, una de las más importantes barreras en la accesibilidad a la atención.

Por otro lado, en esa misma investigación, pudimos relevar que no hay una comprensión adecuada de la problemática en muchxs profesionales y esto también suele producir rechazo.

En segundo lugar, estxs pacientes nos suelen interrogar la eficacia de las herramientas con las que contamos lxs profesionales. Nos incomodan, nos obligan a repensar nuestras prácticas, nuestras intervenciones, así como nuestras conceptualizaciones sobre la salud y la enfermedad. “Estos pacientes generan mucha bronca e impotencia y por eso, algunxs se habilitan a decir ‘yo no atiendo adictos’, aunque la Ley dice que tenemos que hacerlo”, me decía una profesional recientemente.

Asimismo, observo una dificultad generalizada, para asumir la complejidad que tienen estxs pacientes y, en consecuencia, el abordaje que necesitan. Nos exigen una gran disponibilidad, en varios sentidos: uno de ellos es el temporal, que se suele contraponer a los acelerados tiempos de atención institucionales. A veces, realizar una internación involuntaria por ejemplo nos puede llevar toda una tarde, o toda una mañana.

Por eso, sostengo la idea de que lxs profesionales que trabajan en esta problemática, tienen que elegir hacerlo, no que les toque porque sí, deben tener deseo de asumir tan grande desafío.

 
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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le entrega a Montoto el negocio de control vehicular

Flor Niti y Guillermo Martínez

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una licitación por el servicio de control vehicular. En la misma participaron varias empresas, entre ellas Danaide S.A., de Mario Montoto. La Licitación Pública N°2900, finalmente fue adjudicada por un monto de $1.114.312.896, es decir, una contratación por más de mil millones de pesos a la empresa Denaide S.A. De esta forma, el gobierno de Buenos Aires y la mencionada empresa tendrán el registro de los vehículos que circulan por avenidas y calles de la ciudad.

Esta no ha sido la única contratación del año por parte del gobierno de Larreta. A partir de la resolución N°36/SSGA/21, con fecha de febrero de 2021, Danaide S.A. obtuvo una licitación por análisis de video y gestión de imágenes por otros $300 millones de pesos. En este caso, hubo solo otro oferente que el gobierno desestimó, quedando solo la oferta de la empresa de Montoto.

Montoto es el Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí y el mayor proveedor de sistemas de vigilancia y control, así como de máquinas de matar, en el territorio denominado Argentina.

Montoto también es el beneficiario de negocios en lugares de encierro Fundó hace más de 25 años la empresa Surely S.A., siendo uno de los principales proveedores de sistemas de control y vigilancia para lugares de encierro en la región. Los productos que comercializa son pulseras electrónicas, tobilleras con GPS y botones antipánico. Surely S.A. ha realizado 144 importaciones al territorio sudamericano, de las cuales 79 corresponden a la sede uruguaya de la empresa en Carrasco. En este caso, todas las compras fueron realizadas a empresas de Israel, según informes comercial de la consultora SEAIR.

Como se viene informando desde Virginia Bolten, Mario Montoto es uno de los mayores beneficiados con estos sistemas de control. La empresa líder mundial en este tipo de sistemas es la empresa NEC, instalada en los territorios denominados Argentina y Uruguay a partir de la compra del 85% de la empresa Global View, de Mario Montoto y Daniel Hadad (dueño de Infobae). El 15% restante de Global View quedó en manos del mayor vendedor de armas israelíes a este territorio.

Montoto también realiza negocios en el sector naval. Con CODESUR, otra de sus empresas, realizó el mantenimiento de las baterías del submarino Ara San Juan. De la licitación donde obtuvo el contrato participaron 3 empresas. CODESUR fue la que presentó la oferta de mayor monto. El medio Clarín informó que con la excusa de que las baterías “podían explotar porque producen hidrógeno” se hizo un nuevo llamado a licitación. CODESUR ofertó un valor 50% menor a la primera licitación pero aun mayor que sus competidoras. Sin embargo, con artilugios legales se dieron de baja las otras dos ofertas y, por consiguiente, a CODESUR le fue adjudicada la compra.

 
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El fuego que envolvió a la locura

Carolina Acevedo

No lo sabía, no lo había escuchado. No solo eso, sino que, hablando con varias personas muy activas y presentes en el mundo de la Salud Mental fue llamativo ver que tampoco estaban al tanto. Esto me generaba más ganas de buscar información. En mi cabeza sonaban “78 muertos”, 78 personas (entre usuarixs y trabajadorxs) que fallecieron como resultado del incendio ocurrido la noche del 26 de abril de 1985 en la Clínica Saint Emilien, un neuropsiquiátrico en el cual se encontraban internadxs en ese momento más de 400 personas. En esta búsqueda de saber más me encontré con Diego, un vecino del barrio que esa noche ayudó a abrir la puerta del frente de la clínica, para que pudieran salir las personas que se encontraban ahí. El fuego se inició en el 3° piso, donde se alojaban la gran mayoría de las personas internadas. Según los registros que encontré en algunas plataformas web, ya habían cenado y estaban dispuestas a dormir. 

Diego recuerda que entre las 20hs. y las 21hs. él y sus amigos, se encontraban a solo una cuadra, charlando y compartiendo un rato la esquina (una escena muy común en los barrios, donde la muchachada de siempre se juntaba a hablar de nada o de todo). De repente, escucharon fuertes explosiones que provenían de la clínica. Al acercarse al edificio, que se encontraba en Republiquetas al 3390 (hoy Av. Crisólogo Larralde), aquella gran estructura imponente de varios pisos se volvió ruidosa debido al estallido de sus vidrios, como resultado del fuego que parecía querer salir de las paredes para avisar que había llegado.

Ante este relato, se me ocurre preguntarle a Diego si recuerda alguna alarma previa que indicase el fuego. Con gesto de seguridad él me respondió: “ninguna alarma”. En ese momento supuse que sería lo más común que esos lugares tuvieran alarmas contraincendio, aunque a la vez recordé que esto sucedió en 1985; habría que ver cómo era la regulación en ese momento, pensé. Buscando información sobre este aspecto, pude ver que en varios medios se mencionan ciertas irregularidades, que ya venían sucediendo en el edificio. Existió un informe, emitido días previos al incendio, en el cual constaba información suficiente para que la ex_Municipalidad (hoy Gobierno de la Ciudad) emitiera contra la clínica algún tipo de sanción, penalidad o hasta clausura. Pero eso no ocurrió. A la vez, hasta el año 1980 existió una normativa que exigía a estos sitios un permiso del Cuerpo de Bomberos, pero esa disposición, para 1985, ya no tenía vigencia.

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Yendo al encuentro de información acerca de la causa descubro que la misma se encuentra cerrada por el paso de tiempo. La causa penal por esta tragedia se cerró sin responsables. Por otro lado, el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal da cuenta de que el incendio se debió a notorias deficiencias edilicias en las instalaciones de la clínica. Se probó que faltaba ventilación en el subsuelo, había poca iluminación y exceso de camas. Además, en 1999, la familia de una de las víctimas fatales del incendio recibió una indemnización por dicha perdida. En este marco, debido a la muerte de Susana Escasany -una paciente internada por un cuadro de depresión y fallecida durante el incendio-, se encontraron culpables a las autoridades de la clínica, así como a la ex_Municipalidad y a la Obra Social para el Personal de los Ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social.

Al escribir esto recuerdo expresiones de Diego que, confundido, mencionaba el recuerdo de una persona que se tiraba por la ventana del tercer piso, como un acto de desesperación ante la presencia del fuego. Luego, pude constatar que seguramente su recuerdo se trataba de una enfermera de la clínica, Beatriz Bustos, de 34 años, que se arrojó por una ventana del tercer piso para escapar de las llamas y falleció por la caída. Es interesante que Diego mencionara que esa imagen le hacía recordar a los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en las emblemáticas torres gemelas de Estados Unidos. Esto me hace pensar, cómo nuestra cabeza conecta episodios que, aunque muy alejados se repiten, se nos instalan, dejan de ser un hecho histórico, para pasar a ser parte de nuestras imágenes.

Foto: Verónica Raffaelli

Caminando con Diego, rodeando la clínica, seguimos charlando sobre lo llamativo de lo abandonado del lugar después de tantos años. Es de conocimiento de todes que, desde hace algunas décadas, la gentrificación (o palermización, como popularmente se le suele llamar en la Ciudad de Buenos Aires, dado que el fenómeno comenzó por aquel barrio porteño) se viene extendiendo más allá del su núcleo de origen, invadiendo barrios de alrededores y más allá. Este fenómeno, ya hace algunos años, ha llegado a Saavedra, junto con la especulación inmobiliaria que implica. Por este motivo, no deja de ser extraño que un terreno con las características de la ex clínica no tenga ya hace tiempo un cartel que anuncie la construcción de un nuevo e imponente edificio de categoría con imperdibles amenities, al que solo podrá acceder un acotado sector social.

La pregunta que más tenía ganas de hacerle a Diego fue si una vez ocurrido el incendio el barrio había realizado algún tipo de ceremonia, o si las familias habían llevado adelante algún encuentro con velas, un ritual o práctica que permitiera despedir a las víctimas fatales. Fueron 78 las personas que perdieron su vida tras el hecho. Diego me cuenta que no recuerda nada de eso, al otro día solo quedaban comentarios en el barrio, pero nada más. Ante esto se me vienen a la mente palabras de la autora Judith Butler, cuando habla de vidas precarias y sostiene: “Algunas vidas valen la pena, otras no; la distribución diferencial del dolor que decide qué clase de sujeto merece un duelo y qué clase de sujeto no, produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de quién es normativamente humano: ¿qué cuenta como vida vivible y muerte lamentable?”.

Según varias fuentes, algunas de las personas internadas murieron calcinadas debido al elevado nivel de calmantes que les habían dado antes de dormir y que les impidieron reaccionar, mientras que otres no estaban dormides pero igualmente no pudieron evadir el fuego debido a que se encontraba atades a sus camas o con las puertas de sus habitaciones bajo llave. En este sentido, es importante recordar que la Ley Nacional de Salud Mental, promulgada en el año 2010, dice en su Art. 7° que las personas con padecimientos mentales deben recibir atención sanitaria y humanizada, a la vez que remarca su derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia. Esta ley no estaba vigente al momento del incendio. Uno de los registros más importantes que dieron fundamentos a la mencionada Ley fue el libro “Vidas Arrasadas”, realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el cual se relata aquello que sucedía en algunos nosocomios con el fin de mostrar la importancia de una normativa que propicie que esas situaciones de abuso, abandono y desidia dejen de ocurrir. Sin embargo, muches sabemos que esto sigue ocurriendo.  

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Me pregunto, qué hubiera pasado si el incendio hubiera sucedido en una clínica no psiquiátrica, es decir, un sitio distinto, que no se encontrara lleno de personas con las etiquetas de sus diagnósticos, que las vuelven lo extraño, lo no normal, lo loco. ¿Hubiera pasado lo mismo? ¿Sería tan desconocido todo esto? ¿Existiría la misma cantidad de personas que en este momento recién se están enterando de este episodio al leer esta sencilla nota? Entonces, ¿será que en realidad fue la locura la que envolvió al fuego?

 
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Medioambiente y negociados: la trama política detrás de las obras de la UNL

Gentileza de @comunidad.por.la.naturaleza

Por Verónica Raffaelli

Un mes atrás, en la Ciudad de Santa Fe, comenzaron las obras de un nuevo edificio de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en la zona de la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria (RECU), que como tal, es un área protegida.

“El Aulario Común Costanera Este” (así se denomina el proyecto) fue presentado a la comunidad santafesina como una “obra de arquitectura sustentable que relaciona la naturaleza, la educación y la cultura con nuevos espacios para el desarrollo escolar, científico y académico”, según palabras del Rector Enrique Mammarella.

Al acto adjudicatario de las obras asistieron el Gobernador Omar Perotti; el Intendente Emilio Jatón; el Secretario Nacional de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación Jaime Perczyk (de manera virtual), autoridades y funcionarixs de la UNL y el Ing. Julio Allaio, Presidente de Coemyc SA (empresa que resultó ganadora).

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Dicho encuentro evidencia que el entramado que está  detrás de la realización de esta obra lo constituyen fuerzas políticas partidarias de todos los colores y por organismos de todos los niveles de poder, tanto nacionales, provinciales como municipales.

De hecho, el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Jaime Perczyk, aseguró que “es (…) trascedente para la política pública, garantizar trabajo a las empresas constructoras, a los trabajadores, (…) es una señal hacia el sistema educativo y hacia el sistema universitario, que en el medio de este desastre que estamos viviendo haya obras de aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres (…), habla de un gobierno que quiere abrazar a las universidades, que cree que son parte del desarrollo nacional, que son parte de la Argentina que está peleando con la pandemia”.

La coincidencia en el discurso de Mamarella y Perczyk forma parte de la estrategia de  los sectores de poder  de mostrar la “cara amable” de este proyecto, intentando presentarlo como respetuoso de las condiciones naturales del entorno. La insistencia en resaltar que  cuenta con todas las certificaciones ambientales provinciales y municipales y que está actualizado bajo los parámetros del “Manual de Arquitectura Sustentable”, va en la misma línea.

DESARMANDO EL RELATO: UN ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

“El Aulario Común Costanera Este”, cuyo edificio contará con un Salón de Usos Múltiples, 22 aulas para educación inicial, primaria, media, grado y posgrado universitario, 3 talleres y una biblioteca, fue categorizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia como una obra de bajo impacto ambiental. En relación a esto, cabe aclarar que no se ha realizado el necesario estudio de impacto ambiental para dicha categorización.

De acuerdo al análisis elaborado por el colectivo “Comunidad por la naturaleza” (integrado por organizaciones sociales y ambientales; profesionales, investigadorxs, docentes y estudiantes -muchos de ellxs pertenecientes a la UNL o que han pasado por la UNL- y  ciudadanxs en general) el impacto de la obra no es bajo, sino que es alto, por varios motivos:

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-Implica el desmonte de, al menos, 3,5 has. de ambiente natural, hogar de lo que representa aproximadamente el 45% de la flora del valle del río Paraná y hogar de más de 200 especies de aves, que representan el 50% de las aves de la provincia de Santa Fe, incluyendo al menos 3 especies amenazadas (tachurí canela, aguilucho alas largas y canastero enano).

– La reducción del hábitat natural implica el desplazamiento de animales en busca de refugios alternativos. Algunos de ellos se establecerán en edificaciones de los sectores más urbanos de la ciudad, como por ejemplo, los murciélagos que buscan refugio en los techos y persianas de edificios. Esta situación aumenta el contacto con posibles reservorios de virus y bacterias aumentando el riesgo de enfermedades zoonóticas.

– El funcionamiento de los diferentes niveles implica que las instalaciones se utilicen todos los días (excepto el domingo) y probablemente de 8 a 22hs. Esto implica la presencia, entrada y salida de miles de personas que transitarán por el lugar.

– Se producirán efluentes cloacales que para ser evacuados requieren de una conexión con la red cloacal. La cañería que brindará los servicios de agua, desagües y cloacas, atravesará 150 metros de la Reserva Ecológica implicando más daño aún al interior de la misma.

– Aumentará el nivel de contaminación sonora y lumínica en el sector perturbando la tranquilidad del lugar para la fauna y las personas.

– Aumentará el número de kioscos, carribares, y restoranes para vender comida a estudiantes y docentes que utilicen esas aulas, incrementando la contaminación de basura, que podría también alterar el equilibrio de la fauna.

– Aumentará la presencia de ratas, perros y gatos en la zona, lo que acrecentará la depredación sobre la fauna de la reserva.

-Se producirá un mayor nivel de tránsito por la costanera, incluyendo transporte público.

Gentileza @comunidad.por.la.naturaleza

UNA ALIANZA EN POS DEL NEGOCIO Y LA CARRERA POLÍTICA

¿Cuál es, entonces, el verdadero interés detrás del aulario? ¿Por qué coinciden en su aprobación y construcción lo que desde el discurso político se enuncia como oficialismo y oposición?

Para empezar debemos tener en cuenta que el edificio a construir conlleva una inversión de $239.778.129,60. El dinero llega por intermedio del Ministerio de Obras Públicas que, en conjunto con el Ministerio de Educación, impulsan el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, a través de un convenio del Gobierno Nacional con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF-Corporación Andina de Fomento). 

En lo que concierne a la UNL podemos decir, que como de casi todas las universidades tradicionales del Centro Argentino  (característica que no escapa a la UBA), que es un histórico bastión del radicalismo, gobierne quien gobierne a nivel nacional o provincial.

La gestión de la UNL, enquistada hace más de 40 años, responde a este espacio político y ya hace tiempo conforma la pata radical de Juntos por el Cambio (en el actual contexto electoral, la gestión de Mamarella apoya a Rodríguez Larreta en la interna de este frente). En este sentido,  la inyección de dinero para el “aulario” está relacionada con la financiación de la campaña para el retorno al poder a nivel nacional de esta fuerza política partidaria.

La UNL, además,  ha sido utilizada históricamente por los cuadros partidarios como trampolín hacia cargos de la política clásica (caso Estorero, Barletta, por ejemplo), como en el senado, intendencia, etc.

Los cargos en la universidad, al mejor estilo feudal, se van heredando y en esto juega un importante rol la presencia muy fuerte, en todos los estamentos, de la Franja Morada que, como brazo estudiantil del radicalismo, opera como apoyo encubierto (y no tanto) de las gestiones de turno.

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La connivencia de fuerzas políticas en teoría “opositoras” en este desguace ambiental está más que a la vista. A este entramado  se suman medios de comunicación que  lavan la cara a este tipo de proyectos -como el diario “El Litoral”[1]-, jueces que lo autorizan y la propia empresa ganadora de la licitación (que ya ha ganado otras obras de la UNL). También cabría mencionar el rol de la “Fundación Hábitat”, que mediante este convenio se asegura una gran suma de dinero para  el “mantenimiento de la reserva”[2].

En cuanto a los intereses económicos, que atañen a todos estos sectores mencionados, es importante resaltar que la UNL, a pesar de su discurso ambientalista[3], es pionera en el desarrollo de transgénicos (el polémico trigo HB4, por ejemplo) y que actualmente el tema de la trasferencia y vinculación tecnológica[4] es lo que más peso político tiene en la institución dado las abultadas sumas de dinero que entran por esa vía.

En conclusión, si bien hay un uso político partidario en cuanto al aulario y al dinero habilitado para la construcción del mismo, esto no reviste motivo para una confrontación entre la gestión de la universidad (radicalismo/Juntos por el Cambio) y los poderes provinciales (peronismo en diálogo con algunos sectores del kirchnerismo y la burocracia sindical) y nacionales (Frente de Todos), dado el acuerdo de todos estos espacios en relación al sistema productivo ( en especial la agroindustria biotecnológica) y las políticas desarrollistas y extractivistas; que precisamente no tienen nada de sustentable, al igual que la obra del aulario.

Aun bajo este panorama desalentador, diversos sectores de la sociedad civil santafesina nucleados en el colectivo “Comunidad por la Naturaleza”, que se resisten al avasallamiento de sus derechos, presentaron el día 6 de julio una nota ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Juan Cabandié,  solicitando que intime a la UNL a cesar con las obras y al homónimo Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia a que revea y recategorice el nivel de impacto ambiental de dicha obra.

Aguilucho de alas largas
Tachurí canela
Canastero enano

[1] https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/306256-rechazo-y-razon-a-la-construccion-de-un-aulario-de-la-unl-en-la-costanera-este-todas-las-voces-area-metropolitana-todas-las-voces.html

[2] La Fundación Habitat recibe financiamiento de corporaciones como Hewlett Packard, Bank Boston o Nestlé, entre otras.

[3] El programa UNL Verde forma parte del greenwashing.

[4] CETRI (Centro para la Transferencia de los Resultados de la Investigación), a partir del cual muchas facultades realizan servicios tecnológicos a terceros (empresas y sector productivo).

 
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Evangelismo y política partidaria

Marcha antiderechos

Camila Gonzalez Iglesias

La presencia del evangelismo se está incrementando en el territorio denominado Argentina. El aumento en la cantidad de personas que se acercan al evangelismo no se da solo en la muy conocida Iglesia Universal (IURD), sino en todo el sector evangelista.

Los brazos políticos de la IURD son importantes en vastos territorios a nivel global, como ya hemos informado desde Virginia Bolten en Negocios, política y medios de comunicación de la iglesia universal. No obstante, en Argentina hay otras organizaciones político-comerciales-religiosas que están siendo seducidas por diversos movimientos políticos o fundan sus propios partidos. Iniciaremos una serie de notas donde informaremos la situación en las diferentes regiones de este territorio.

Hay un denominador común entre estas instituciones religiosas y sus movimientos políticos: El odio a las minorías, la oposición a la educación sexual integral en instituciones educativas y a la posibilidad de decidir de cuerpos gestantes a abortar.

La situación en Cordoba

En esta provincia mediterránea hay dos partidos políticos en pugna por el voto evangélico; el sector del PRO (Propuesta Republicana) alineado con Patricia Bullrich, y el peronismo del actual gobernador Juan Schiaretti. 

En las últimas elecciones de esta democracia, las y los votantes de Córdoba aportaron un 30% de los votos a nivel nacional al partido evangélico NOS (Partido Político), fundado por Juan José Gómez Centurión. De esto se desprende las intenciones de acercamiento partidario, así como el desprecio a la separación Estado-Religión.

La mayor institución evangelista en Córdoba es Cita con la Vida, fundada por Carlos Belart. Sobre sus posiciones políticas en una entrevista dada al periódico La Voz en el año 2018, Belart expresó que Jair Bolsonaro, “Es un fenómeno”. Sobre la consulta de Educación Sexual en colegios respondió con el odio que pregona en sus sermones: “Yo no te puedo obligar a vos, no me vengas a instruir a mis hijos. Esta lucha la vamos a dar hasta la muerte. Esto es vida o muerte. Esto no es una opción, es canallesco, es antinatural, es anticientífico. Ahora, si alguien quiere elegir otra cosa, está bien. Si él nació varón y no siente como varón y se enamora de un hombre, para mi está mal, pero yo no puedo meterlo en cana. Eso no se dice: que nosotros respetamos. Si entra un homosexual, nadie se va a burlar, nadie lo va a discriminar. “Venga, siéntese”, le vamos a decir, lo vamos a saludar con respeto, pero no me digas que yo piense como él”.

Las intenciones del peronismo cordobés y el PRO son buscar alianzas con Encuentro Vecinal Córdoba, socio de NOS en la provincia. Actualmente Encuentro Vecinal tiene un legislador, Gerardo Grosso, quien es pastor de Cita con la Vida. Grosso, además de ser compañero de Belart en Cita con la Vida, es un ferviente seguidor de él. Como se expresa en una entrevista al periódico La nueva Mañana sobre la pregunta de su posición acerca del aborto precisó, “¿A todos los candidatos a la Legislatura le preguntás qué opinan del aborto, que es algo que se discute en el Congreso, o me lo preguntás a mí porque ya sabés que estamos en contra?”.

Asimismo, en diciembre del 2020 también se registró con personaría jurídica el partido evangelista UNO (Una Nueva Oportunidad), quien ya tiene representación en 13 provincias. UNO basa sus ideas políticas en su oposición al Matrimonio Igualitaria y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El partido fue fundado recientemente por el pastor Walter Ghione y otras personas del evangelismo pentecostal.

En Córdoba se estima que ya hay más de un 10% de la población que tiene un acercamiento al evangelismo. La carrera por esos votos en esta democracia en las elecciones del 2021 está en marcha.

 
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Centrales nucleares: una amenaza silenciosa continúa creciendo

Foto: Verónica Raffaelli

Por Marcela González Marcos

En los últimos días, se dio a conocer un avance en las negociaciones para la construcción e instalación de una nueva central nuclear —con fondos e inversión China— donde mediante reunión virtual estuvieron el secretario de Energía, Darío Martínez, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja y el director de Nucleoeléctrica Argentina, Isidro Baschar, con directivos de la Agencia Nacional de Energía de China (NEA) y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC).

Sin embargo, también se supo que Rusia intenta hacer presencia fuerte en argentina, impulsando la construcción de una central flotante con fondos rusos, aprovechando la extensa plataforma marina que posee el territorio, y con el actual respaldo de la vacuna Sputnik V.

Esto ratifica la insistencia de los gobiernos en este territorio de seguir apostándole a lo nuclear como salida a las necesidades energéticas, pero a su vez, a lavar la cara a una industria que amenaza al medioambiente y a la humanidad. A continuación, se explican las amenazas que trae este pronunciamiento.

La ley 25022,  sancionada en el año 1998, aprueba la total prohibición de ensayos nucleares a nivel mundial,  adoptada a partir de la recomendación de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, fue necesario el tratado de prohibición de armas nucleares, cuyo acuerdo internacional se realizó en el año 2017, que prohíbe el desarrollo, producción y almacenamiento de armamento nuclear con miras a su total eliminación.

Para su entrada en vigor, fue ratificado por 50 países en octubre de 2020, lo necesario para convertirlo en ley internacional, que tendría vigencia a partir del 22 de enero del año 2021. Lo preocupante es que dicho acuerdo no ha sido firmado por las potencias atómicas: Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos. Y según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), se calcula que estos cinco países, junto con India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, poseen un arsenal de 13.400 armas nucleares. Así como tampoco fue ratificado por ciertos países miembros de la OTAN.

Para  la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), este tipo de actividades sigue proliferando en países como Bélgica, Alemania, Países Bajos, Italia y Turquía, albergando entre todas, alrededor de 150 armas nucleares estadounidenses. 

Existen actualmente alrededor de 440 centrales nucleares en todo el mundo, y están camino a construcción 50 más, en países como China, India, Pakistán, Bangladesh, Bielorrusia, Turquía y Emiratos Árabes.

Pese a la actual pandemia de covid-19, las nueve naciones nucleares del planeta aumentaron en 2020 el gasto en arsenales de armas atómicas a 1.400 millones de dólares, revela un nuevo informe también de (ICAN). Según el documento, publicado este lunes, las nueve potencias gastaron el año pasado un total de 72.600 millones de dólares en sus armas nucleares.

América Latina, en particular, viene desarrollando un papel importante avalando la prohibición de armas nucleares en toda la región, y varios de esos países han firmado el tratado internacional. Pero en el caso del territorio denominado Argentina, decidió no suscribir al último acuerdo.

El territorio cuenta ya con la Central Nuclear Atucha I que aporta energía desde 1974, situada en la localidad de Lima, partido de Zárate. La Central Nuclear Atucha II es una nucleoeléctrica con una potencia bruta de 745 MW, a base de uranio natural y agua pesada, y está situada en el mismo complejo que Atucha I. Y la Central Nuclear Embalse se encuentra situada en la costa sur del Embalse del Río Tercero, provincia de Córdoba, a 665 msnm., siendo de tipo CANDU (Canadian Uranium Deuterium), y pertenece al tipo de centrales de tubos de presión, que utiliza como combustible el uranio natural y su refrigerante y moderador es el agua pesada.

Repasando, allá por el año 2015, y durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cabe recordar, se aprobó mediante un convenio, la instalación de dos centrales nucleares más: proyecto Atucha III con una tecnología canadiense, y otra con tecnología china.

El acuerdo nuclear está en línea con la “alianza estratégica integral” firmada entre Argentina y China. Durante dicho gobierno, los dos países firmaron más de 20 tratados. El proyecto Atucha III contempla la construcción de una central nuclear de tecnología china, Hualong que se trata de un reactor de 1.200 MW que permitiría sostener la capacidad instalada de origen nuclear en la matriz energética, y se ubicaría en el Complejo Nuclear Atucha situado en la localidad de Lima, Provincia de Buenos Aires.

Más tarde durante el año 2018 —ya con la presidencia de Mauricio Macri— en la cumbre del G20, Argentina y Rusia firmaron un documento estratégico de colaboración en el uso de energía nuclear, el mismo incluyó la posibilidad de construir una central nuclear flotante y otra de alta potencia.

Pero fuera del debate si es con fondos chinos o rusos, existe otro del cual se habla poco, que es acerca de los verdaderos fines de las centrales nucleares, sus impactos socio-ambientales y la amenaza escalofriante que representa.

Existe un discurso, sobre la supuesta importancia de las centrales como proveedoras de energía, así como también por ser consideradas como “seguras y baratas”. Pero, ¿es realmente esto así?

La tecnología pacífica y la tecnología militar son en verdad la misma cosa, es decir, se construyen centrales nucleares que producen electricidad, para luego fabricar bombas, como explica el economista Antonio Brailovsky.

La materia prima para la fabricación de las mismas es el plutonio (utilizado para recubrir todo tipo de munición), elemento que no se encuentra en la naturaleza, y que sólo se genera en las centrales eléctricas nucleares, quemando el combustible de las mismas (reprocesamiento). Y es por ello, que se sustenta con el gran apoyo financiero, por parte de ciertos gobiernos.

Un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA) muestra que en 2008 a nivel mundial, “la fisión y fusión nuclear atrajo el 40% del presupuesto gubernamental destinado a investigación y desarrollo de energías (78% del cual fue destinado a reactores de fisión tradicionales)”. Para el caso de argentina, entre 2003 y 2014, se invirtieron en el país más de U$S 11.000 millones en materia nuclear. Pero, ¿por qué no se invierte eso mismo en energías renovables?

Y lo cierto es que —tal como lo ha expresado la revista francesa ”Mundo Científico”— todos los países que dominan esta tecnología disponen, aunque sea a nivel laboratorio, de los medios para fabricar armamento nuclear. Y la historia nos da ejemplos de ello, países que comenzaron con el mismo discurso “pacífico” pero que, en cuanto tuvieron las condiciones políticas, detonaron las primeras bombas (Antonio Brailovsky).

Entonces, sabiendo que existen otras formas de generar energía, menos peligrosas como las renovables, es evidente porqué se sigue destinando presupuestos irrisorios para tal fin.

Impactos y consecuencias

Además de la amenaza bélica que representa la construcción de centrales nucleares, existen otros riesgos de los que poco se habla. Tal es así los ya conocidos accidentes nucleares con pérdidas de radiactividad al exterior, como fue el caso de: Francia (1969), Estados Unidos (1979), Ucrania, Chernóbil (1986) el mayor accidente conocido, Japón (1999), Estados Unidos (2000).

Las centrales nucleares en funcionamiento normal (como Atucha) descargan radionucleidos al ambiente, el más significativo es el tritio, y se han detectado en algunas muestras de sedimentos y de suelos, trazas de cobalto-60, un producto de activación formado principalmente en el viejo reactor.

Debemos hablar también de impactos por contaminación con uranio de aguas, ríos y napas subterráneas, acumulación de residuos tóxicos, basureros nucleares, enterramiento de plutonio, que conlleva a enfermedades cancerígenas, malformaciones, infertilidad, problemas neurológicos, mutación de especies animales, hacia la población circundante.

Y no olvidemos tampoco que otra pieza aquí fundamental es la minería de uranio, que cumple una función importante para poder armar las barras de combustibles para los reactores y generar así el subproducto de plutonio. Por lo que la fuerte y constante presencia de este tipo de minería en territorio sudamericano tiene su elocuente motivo.

Por último y como dato no menor, una central atómica tiene una vida útil de unos 30 años, la cual luego se convierte en un gran basurero radiactivo. Sumado a la enorme cantidad de agua que se requiere, y por lo tanto a su ubicación en lugares estratégicos, de gran presencia poblacional, generan una verdadera amenaza que parecen no contemplar los gobiernos.

Pero paradójicamente desmantelar una central nuclear es mucho más costoso que instalarla, por lo que destinar presupuesto a ello, tampoco está en la agenda.

Fuentes:

Antonio Brailovsky, Esta, nuestra única tierra (2009). Ed. Maipue

Movimiento Antinuclear Zárate y Campana

 
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Los negocios de Eduardo Elsztain, uno de los mayores dueños de tierras en Argentina

De EzeH - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82011264

Violeta Peirats, Flor Niti y Guillermo Martinez

Eduardo Elsztain es un empresario del territorio denominado Argentina que tiene importantes negocios en diversos sectores a escala global. Posee participación en empresas que operan en territorios palestinos ocupados  y que  instalan misiles en las Islas Malvinas. Asimismo, es parte del negocio de la explotación de la tierra, con su empresa Austral Gold, que opera a ambos lados de la Cordillera de los Andes. También es dueño de empresas de producción agrícola y cárnica, así como del sector de la construcción y centros comerciales.

Como explicamos en una nota del año 2019, , Elsztain es Presidente de varias empresas donde posee una importante participación accionaria: Cresud S.A.C.I.F. y A. –sector agropecuario-, Austral Gold Limited -sector minero- e IRSA Inversiones y Representaciones S.A. -empresa constructora-, desde la que controla Alto Palermo S.A. –poseedora de los más importantes centros comerciales del país[1]– y Banco Hipotecario S.A. –entre otras-.

A partir de una investigación que llevó a cabo el Periódico Virginia Bolten, se pudo encontrar las empresas que Elsztain utiliza a nivel global para la presunta evasión de impuestos. Tiene varias empresas en Uruguay: Consultores Venture Capital Uruguay S.A.; Inversiones Financieras del Sur S.A. y Agroinvestment S.A. así como IFIS Limited en Islas Bermudas y Consultores Venture Capital Limited en Islas Caimán.

El agronegocio

La explotación de tierras con fines de producción agrícola y cárnica, la lleva a cabo mediante la empresa CRESUD. Desde allí controla más de 800 mil hectáreas en territorios sudamericanos, particularmente en Bolivia, Argentina, Brasil y Paraguay. Con la empresa Carnes Pampeanas se posicionó como un importante exportador de carne, como ya se informó en otra publicación . Para el año 2010 Esztain ya controlaba más de 500.000 hectáreas.

El negocio inmobiliario

La empresa constructora IRSA tiene diversos negocios inmobiliarios, uno de ellos es particularmente resistido por diversos sectores de la población: la construcción de torres y un centro comercial en el barrio porteño de Caballito llamado Ciudad Palmera (que se sumaría a la enunciada larga lista de centros comerciales de Alto Palermo S.A.). Hace 20 años  se inició este negocio en terrenos que pertenecían al club Ferrocarril Oeste y en función del impacto ambiental que generará este proyecto, hubo diversas demandas judiciales de ONG´s y de vecinas y vecinos que lograron que el emprendimiento se frene.  No obstante, a pesar de esto, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó una nueva zonificación y la construcción ya se inició.

En el barrio porteño de Palermo existe una situación similar, donde el proyecto Palmeras Cañitas se ha topado con objeciones dado el impacto ambiental, y encontrándose actualmente judicializada su construcción.

El negocio bancario

La construcción no es el único negocio de IRSA. Elsztain adquirió el Banco Hipotecario en el año 1997. Este banco tiene entre sus ingresos, el negocio de los préstamos de la línea PROCREAR. Por decisión de los diferentes gobiernos argentinos, es el único banco que puede otorgarlos. Recientemente, hubo intentos para ampliar la cartera de bancos por el sobre costo que conlleva para las personas que acceden a su primera vivienda una línea de crédito monopolizada, no obstante esta diversificación fracasó. El banco de Ezlstain continúa siendo, al día de hoy, el único prestamista oficial del programa del Estado para créditos a la vivienda. Esto a pesar de un déficit habitacional, según diferentes estimaciones, de más de 3 millones de hogares.

En la próxima publicación se detallarán los negocios de Elsztain en el sector minero, que generan repudio en las poblaciones locales.


[1] Alto Palermo, Abasto, Alto Avellaneda, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, Alto NOA, Buenos Aires Design, Alto Rosario, Mendoza Plaza, Córdoba Shopping – Villa Cabrera, Dot Baires Shopping, Soleil Factory y Patio Olmos.

 
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Hidrovía Paraná-Paraguay: la postergación eterna

Por Marcela González Marcos

El pasado 30 de abril, en un contexto actual de situación pandémica, y con la repentina muerte del ministro de transporte de la nación, Mario Meoni, venció la concesión del servicio de dragado, balizamiento, señalización y cobro de peajes de la Hidrovía Paraguay-Paraná, otorgada y administrada por la empresa belga Jan de Nul, desde los años 90, en la dura etapa neoliberal del menemato. Y se confirmó la prórroga por 90 días de dicha concesión, para avanzar en los pliegos de la nueva licitación.

Por aquellos fatídicos años 90, con el propósito de alentar obras para el desarrollo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el corredor fluvial, pasó a convertirse en el más importante de la región. Dando lugar a un elevado porcentaje de exportaciones agroindustriales (80%).

Pero no todo es tan bonito como parece, porque hablar de la hidrovía es hablar de contrabando, de fuga de capital, de lucha popular, soberanía alimentaria y pérdida de reservas naturales y ecosistemas, que se extienden a lo largo de sus 3400 km de longitud. Temas que siguen siendo ocultados, postergados y con poca importancia en la agenda política partidaria, pero reclamados por los movimientos campesinos y la lucha popular.

La reconocida y recién fallecida socióloga Alcira Argumedo, en una de sus últimas entrevistas, expresa nítidamente los tejes y manejes en los puertos a lo largo de la hidrovía. Argumentando que una de las principales causas de aumento de la pobreza en argentina, es el constante saqueo que viene sucediendo desde la última dictadura cívico-militar hasta ahora.

Bajo un modelo neoliberal imperante, los países de América latina siguen sosteniendo dicho modelo económico, acompañado de privatizaciones y saqueos de bienes comunes. Estamos hablando de la vía con mayores exportaciones agropecuarias, y minerales del Mercosur al mundo, pero que no son declarados en su totalidad. Por lo que gran parte de sus ingresos es a través del contrabando.

Tal es el caso del oro por ejemplo, proveniente de la Barrick Gold, que exporta por tierra y aire gran cantidad de este mineral que desde ya, no declara. Cereales que oportunamente salen por tierra del país, hacia Bolivia y Paraguay evitando puestos de control, al igual que sucede con el harto conocido tema de la pesca ilegal, en la caliente milla 200 hacia el sur.

Tema aparte y de gran importancia también en los últimos años son las denominadas “tierras raras”, que en pocas palabras son 17 minerales no conocidos, pero con extraordinarias propiedades, imprescindibles para la fabricación de tecnología avanzada, y material militar. Estos metales se encuentran principalmente en China, quien es el mayor exportador a nivel mundial, y del cual Estados Unidos depende en un 80% para la fabricación de su industria electrónica.

Pero el papel que juega aquí Argentina es sumamente estratégico, según declaró la ex diputada Argumedo en una de sus últimas investigaciones, geólogos de Tucumán analizaron barro de exportación de la polémica Minera La Alumbrera, quien declara 3 metales, pero de contrabando hay 22 más: son estas llamadas «tierras raras», que por cierto, son más valiosas que el oro. Y determinaron que el monto del contrabando de dichas tierras asciende a 8.267 millones de dólares.

Por último, y como dato no por ello menor, es lo que acontece con el tráfico de cocaína. En febrero se detectó en el puerto de Hamburgo (Alemania), un cargamento de 16 toneladas que iban en tarros de pintura, cuyo origen eran puertos de Argentina. Asimismo Alemania considera que Argentina es el principal emisor de cocaína a Europa de toda América Latina. Apuntaba también la socióloga.

A todo esto, hace pocos días asumió el ahora nuevo ministro de transporte, Alexis Guerrera, quien en una entrevista por un canal de tv, al preguntarle por el vencimiento y el dilema de la hidrovía, respondió que no era factible que el estado se hiciera cargo de la misma, porque Argentina no cuenta con ese presupuesto, así como tampoco con la tecnología necesaria, que sí poseen empresas extranjeras, como la belga en este caso. Y que no sería viable empezar de cero como empresa estatal en este contexto, ni con esta situación económica que atraviesa el país. Y recalcó que el tiempo de prórroga no alcanzaría para semejante decisión. Desestimando el tiempo que han tenido para analizarlo. Pero, y para aliviar tanta negatividad, intentando una especie de contentamiento, sostuvo que sí habrá una “recuperación” del rol estatal, que hoy no tiene en el manejo, como es el calado y señalización.

 Vale aquí reflexionar, por último, que este tipo de argumentos son un discurso repetitivo del modelo neoliberal, desprestigiando siempre lo público y estatal, como si lo extranjero y privado fuera superior sin lugar a dudas. Pero que, sin embargo, nos ha llevado a ser uno de los países con mayor desigualdad y vertiginoso aumento de la pobreza en los últimos 40 años. Y donde tampoco existe una consulta popular ni participación del pueblo al respecto.

Entonces, deberíamos reflexionar sobre estas cuestiones, qué sectores controla el estado, y cómo lo hace, porqué no ha habido mayores inversiones al respecto, qué participación tiene la población en la gestión de los recursos, así como el gobierno dar prioridad a temas de suma importancia, como lo es el contrabando, los alimentos, los bienes comunes, y la soberanía alimentaria. De lo contrario, seguiremos repitiendo modelos económicos que llevan a la pérdida, la pobreza, el hambre y el beneficio para unos pocos.

 
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Las empresas en EE.UU. de Mario Montoto, vendedor de armas en Argentina

Mario Montoto

Flor Niti y Guillermo Martinez

Días atrás, se anunció en el territorio denominado Argentina que las empresas que poseen cuentas en el extranjero no recibirían ayuda oficial del gobierno, esto por los problemas económicos generados por la pandemia. No obstante, esta medida no es llevada adelante en la selección de proveedores que realiza el Estado y particularmente en empresas para la adquisición de sistemas de control, vigilancia y máquinas de matar.

Luego de una intensa investigación de Virginia Bolten, se accedió en exclusiva a la información de las empresas en EE.UU. que posee Mario Montoto. Además de ser el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, Montoto es uno de los mayores vendedores de máquinas de matar y sistemas de vigilancia y control en Argentina. Con su empresa Surely participa del negocio de lugares de encierro. Esta empresa en Argentina tiene contratos con la mayoría de las provincias. A días de la finalización del mandato en la Provincia de Buenos Aires de Maria Eugenia Vidal, el 28 de octubre se publicó en el boletín oficial la contratación de Surely por un monto de $1.470.804.000 durante dos años, pero con la posibilidad que se extienda un tercer año con un incremento del 100% del presupuesto. Este contrato contempla el control de 2000 personas privadas de su libertad. La compra se realizó mediante el decreto 1344-GPBA-19.

Montoto tiene asociadas  tres empresas activas en EE.UU. una de ellas es Frank Carro LLC en la dirección 9100 S Dadeland Boulevard en Miami, Estado de Florida, la misma fue creada en el año 2010, en la misma Montoto se indica como el gerenciador.

Codesur USA, LLC, empresa creada en el año 2015, constituida en la dirección 355 de Alhambra Circle, también en Miami. Montoto nuevamente figura como el gerenciador. En Argentina este empresario posee la empresa CODESUR (Corporación para la Defensa del Sur) quien representa o se encuentra vinculada a empresas israelíes- Aeronautics, Azimut, Saymar, Metax y Soltam. Asimismo; CODESUR es la empresa que se encargó del mantenimiento del submarino ARA San Juan, hundido con 44 personas dentro sin aún conocerse las causas.

La tercera empresa con fines de lucro que posee Montoto es Loderdile II, CORP. Esta fue creada en el año 2004 en la dirección 9100 S Dadeland Boulevard en Miami. En esta empresa tiene participación su compañera, Claudia Spinelli quien figura como Vice Presidenta y Secretaria.

Montoto también es mencionado en la coordinación del control poblacional a partir del miedo, es uno de las personas que estuvo detrás de la ley anti terrorista en Argentina. Asimismo, otra de las formas de generar una subjetividad en la población sobre el temor a hechos punitivos es su participación en la propiedad de medios de comunicación donde regala miedo para vender seguridad.

 
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Fallo histórico: Spoltore v. Argentina, derechos laborales como derechos humanos

Victorio Spoltore


“Pertenezco a mi clase y a algunas ropas,
voy de blanco por las calles sucias.
Melancolías, mercaderías me acechan.
¿Debo seguir hasta la náusea?”
Carlos Drummond de Andrade
*

Por Vanessa Dourado

Victorio Spoltore llegó a Argentina a los 8 años de edad, viniendo de Italia con su familia al inicio del siglo XX, junto a tantos otros inmigrantes que huían de la Guerra. El pequeño Victorio empezó su vida laboral de niño; primero como lustrabotas y luego como sastre. Siempre manteniendo las costumbres de su país de origen, formó familia y desde que llegó al país siempre vivió en Munro.

En el año 1963 Spoltore empezó a trabajar en la fábrica de carpas y camperas Cacique Camping S.A., donde también trabajaba su esposa Rosalinda Campitelli. En esa época, la empresa todavía era un emprendimiento pequeño y familiar, pero de a poco fue conquistando más mercado a través de negocios con las Fuerzas Armadas y otras empresas para las que producían una gran variedad de productos.

A medida que crecía la empresa, Victorio vio su responsabilidad aumentar, llegando a ocupar el cargo de capataz. Con más carga de trabajo, el inmigrante italiano se dedicaba a la empresa con esmero y mucho orgullo. Su familia era casi una extensión de su lugar de trabajo, donde los hijos, Alejandro y Liliana, también solían frecuentar cuando eran chicos.

De izquierda a derecha: Rosalinda Campitelli, Liliana Spoltore, Victorio Spoltore y Alejandro Spoltore

Esta gran familia laboral de fuertes vínculos afectivos, sin embargo, empezó a romperse el 17 de mayo de 1984. Víctima de un infarto de miocardio mientras trabajaba, Victorio perdió 40% de su capacidad laboral y, a pesar de no estar completamente recuperado y aún en fase de rehabilitación, el trabajador fue presionado por sus jefes a retornar a sus actividades laborales antes de tiempo.

A pesar de la visible debilidad de Spoltore, lo obligaron a seguir con las mismas responsabilidades que desarrollaba antes del infarto. Hostigado para forzarlo a renunciar —ya que llevaba 24 años en este mismo trabajo y la empresa no quería pagarle una indemnización— y con una carga de trabajo incompatible con su frágil condición de salud, seis meses después Victorio sufrió un segundo infarto mientras trabajaba, quedando con una incapacidad del 70%.

Tras los dos episodios coronarios, se agregó, además, un cuadro de depresión que acompañó a Spoltore hasta sus últimos días de vida. Dolido por el tratamiento que recibió de la que pensaba era su familia laboral y sin poder trabajar por la enfermedad, Victorio no logró volver a su estado de ánimo habitual.

Al acceder a la justicia para reclamar una indemnización por enfermedad profesional, ya que entendió que había tenido sus derechos laborales violados cuando la empresa lo forzó a trabajar sin que estuviera en condiciones para hacerlo, agravando su estado de salud, la Justicia tardó 12 años para tramitar el proceso.

No comprendiendo la razón de la demora por parte de las autoridades judiciales, Spoltore inició un proceso disciplinario para investigar las autoridades judiciales sobre esta demora. Tras el rechazo de sus recursos que dio por terminado el asunto, Victorio inició una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante 20 años, Spoltore envió 12 cartas a la Comisión Interamericana, con sede en Washington DC, que le dictaba a su hija Liliana para que las pasara primero a máquina y luego a la computadora y enviaba por correo y luego por mail, entendiendo que en Argentina le habían violado sus derechos como persona. Victorio falleció sin ver el resultado de sus demandas.

El 28 de agosto pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez en la historia, condenó a un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la violación al derecho a la salud en el ámbito laboral. Argentina fue responsabilizada por violar los derechos laborales de Victorio Spoltore.

El resultado logrado, fruto de la insaciable sed de justicia de Victorio, luego continuada por su familia y acompañada por el Colectivo de Derechos Humanos Yopoi, compuesto por los abogados Gabriel Fernando Bicinskas, Marcos Ezequiel Filardi y Juan Pablo Vismara, hicieron que la Corte Interamericana se consolide como un foro para hacer valer como derechos humanos los derechos laborales.

De izquierda a derecha: Gabriel Fernando Bicinskas, Liliana Spoltore y Marcos FIlardi

Según el abogado Marcos Filardi —quien afirma que el caso Spoltore es testigo de una situación estructural que siempre juega en perjuicio de las y los trabajadores— este es un precedente para que todos los tribunales laborales del país le impriman especial celeridad a las demandas por enfermedad profesional, porque caso contrario puede el Estado argentino verse expuesto a responder en instancia internacional por la violación a la garantía del plazo razonable.

*Fragmento del poema “La flor y la náusea”, Carlos Drummond de Andrade, Brasil (1945)

 
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La empresa detrás del negocio de lugares de encierro de personas en Argentina

German Romano

El punitivismo tiene consecuencias directas contra las personas privadas de su libertad y sus familias. En este territorio, como informamos previamente, se viene incrementando en forma acelerada la cantidad de personas en lugares de encierro. Regalan miedo para vender seguridad y hay varias empresas que se benefician del padecimiento de este sistema punitivo, utilizando medios de comunicación hegemónicos para generar una opinión pública que apoye más cárceles y más encierro.

Entre quienes ganan dinero con el encierro se destaca un empresario, Mario Montoto, quien tiene una red de empresas que vende máquinas de matar y sistemas de vigilancia y control. Desde su rol como Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, se vincula con empresas denunciadas por sostener el régimen de Apartheid israelí contra el pueblo palestino, comercializando sus productos en la región. Montoto tiene una columna semanal de su editorial DEF en Infobae, periódico que se caracteriza por el temor que insufla en las personas con sus notas. Este empresario inclusive está asociado a la legislación de la ley antiterrorista en el territorio denominado Argentina.

Montoto fundó hace, más de 25 años, la empresa Surely S.A. con la cual es uno de los principales proveedores de sistemas de control y vigilancia para lugares de encierro en la región. Los productos que comercializa son pulseras electrónicas, tobilleras con GPS y botones antipánico. Surely S.A. ha realizado 144 importaciones al territorio sudamericano. De las cuales 79 corresponden a la sede uruguaya de la empresa en Carrasco, en este caso, todas las compras fueron realizadas a empresas de Israel según informes comercial de la consultora SEAIR.

En el caso del territorio denominado Argentina, gracias a la consulta de documentos de la consultora Veritrade, en los últimos 5 años Surely S.A. importó un valor próximo a los U$S5 millones, representando Israel un 97% del origen de las compras. Las compras de máquinas de matar y sistemas de control se incrementaron notablemente durante el gobierno de la alianza CAMBIEMOS, para dar cuenta de esto, en el año 2016 fue el record de importación de la empresa Surely con un valor de U$S3 millones. El 25 de noviembre de 2019, a días de la finalización del mandato del gobierno macrista, se le concedió a Surely S.A. un contrato por casi $4300 millones ($4.298.280.000), según la licitación pública 01/19 por una duración de dos años.

La empresa Surely en Argentina tiene contratos con la mayoría de las provincias. Para dar magnitud de las contrataciones, también a días de la finalización del mandato en la Provincia de Buenos Aires de Maria Eugenia Vidal, el 28 de octubre se publicó en el boletín oficial la contratación de Surely por un monto de $1.470.804.000 durante dos años, pero con la posibilidad que se extienda un tercer año con un incremento del 100% del presupuesto. Este contrato contempla el control de 2000 personas privadas de su libertad. La compra se realizó mediante el decreto 1344-GPBA-19.

En este territorio durante la actual gestión de Horacio Rodriguez Larreta, en la Ciudad de Buenos Aires, también han realizado importantes compras a Surely, en mayo de 2019, mediante la licitación pública N° 2900-1379-LPU18 se adjudicaron sistemas de control por U$S 1.476.000. Fue en esta ciudad donde se realizó la prueba piloto en junio de 2015, durante la gestión de Macri, que dio inicio a este tipo de vigilancia de personas. Surely también tiene importantes contratos en Uruguay. La metodología es similar que en Argentina, se inicia un contrato y en forma posterior el mismo es renovado como la licitación pública 12 del año 2012 por un monto de más de U$S600 mil dólares.

 
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Alberto Fernandez: “No estoy contento por crear cárceles, estoy conforme”

German Romano

Durante una actividad pública donde inauguró 364 nuevos espacios en las cárceles de Florencio Varela, Magdalena y San Martín, Alberto Fernandez anunció la realización de 2 mil plazas de encierro en los próximos meses.

En una actividad similar en mayo, Fernandez  expresó sin dejar dudas su posición respecto de los lugares de encierro, “La pena es la lógica consecuencia del delito. Quien delinque merece una pena, es el modo que tiene la sociedad para recomponer el orden que se altera ante el delito”, continuó también de modo contundente “Necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada”.

Estas declaraciones se dieron en el marco de una aceleración en los últimos años de personas privadas de su libertad en el territorio denominado Argentina. Entre los años 1997 a 2015 se incrementó en un 145% las personas en lugares legales de encierro. Entre los años 2008 a 2016 el crecimiento anual fuel 3% pero a partir del año 2017 el aumento ha sido superior al 10% anual.

En la actualidad en este territorio hay más de 100.000 personas encerradas teniendo en cuenta el sistema punitivo federal, provincial y comisarias. Según el último informe del servicio penitenciario, en el año 2018 murieron en condición de encierro 266 personas, en un contexto de hacinamiento, en deplorables medidas de higiene y sin que se brinden cuidados a la salud; algo que se profundizó durante la actual pandemia.

Respecto de las persecución del sistema punitivo, en su mayoría las personas encerradas tienen menos de 30 años y en los últimos años el segundo lugar  de frecuencia de causas son vinculadas a drogas no legales. Es decir, el Estado que penaliza drogas no persigue a grupos narcos sino a jóvenes que luego condena en promedio a seis años en lugares de encierro.  Asimismo, según las estadísticas oficiales, el 43% no tenía trabajo al momento de la detención y el 39% trabajaba de forma precaria.

A pesar de esta situación y según las declaraciones y la línea del actual gobierno, es de esperar que se agudice el punitivismo en un momento de crisis social frente a la extrema situación que lleva la pandemia de la COVID19.

En el mundo hay más de 11 millones de personas privadas de su libertad, con un incremento del 30% en los últimos 30 años. Esto es una industria que la sociedad aún no se plantea como solucionar, lo que mantiene vigente el abolicionismo penal.

En una próxima entrega, hablaremos sobre los empresarios detrás del negocio del encierro de personas en Argentina y Uruguay. Siendo el mayor beneficiado, Mario Montoto quien es uno de los mayores vendedores de máquinas de matar en este territorio y Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. Un dato para dar cuenta de esto, solo por los sistemas de control electrónico de tobilleras y pulseras, el gobierno argentino le abona a su empresa Surely S.A. 45 millones de pesos mensuales.

 
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Banco israelí Hapoalim facilita la fuga de dinero de empresas de Argentina

Flor Niti y Guillermo Martinez

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) presentó un informe sobre las empresas que operan en territorios palestinos ocupados. Hay varias empresas que operan a nivel global como es el caso de las empresas ligadas al sector del turismo como Airbnb, Expedia y Tripadvisor, pero también hay una fuerte presencia del sector bancario.

El Banco israelí Hapoalim es una de las entidades denunciadas por la ONU. Es el mayor banco israelí, tiene cajeros y financia la construcción de asentamientos en territorios palestinos ocupados.

Hapoalim está asociado a varias causas de corrupción y lavado de dinero a nivel global. En abril de este año, llegó a un acuerdo en EE.UU. donde debe abonar U$S900 millones para que retiren las denuncias por lavado de dinero, tras ocultar más de U$S7000 millones en cuentas secretas en Israel y Suiza. Este banco también acordó abonar U$S30 millones por haber sido parte del pago de sobornos en  la causa llamada FIFAgate.

En la denunciada e investigación desarrollada en EE.UU., el Banco Hapoalim conspiró con ejecutivos de la empresa Full Group S.A. (Full Play) quien se encargó de varias transmisiones del torneo de fútbol masculino llamado Copa América. La asociación del banco y la empresa de medios sirvió para lavar más de U$S20 millones en pagos de sobornos. Entre los clientes de Hapoalim se encuentra Luis Bedoya, ex presidente de la Federación Colombiana de Futbol y Hugo y Mariano Jinkis de Full Play.

En Argentina también ha operado para evadir impuestos. El Consorcio internacional de Periodistas de Investigación difundió la información de cuentas offshore en diversos territorios conocidos como los Panamá Papers y Paradise Papers. En Argentina hay más de 1 200 personas vinculadas a cuentas no declaradas utilizadas para lavar dinero y no pagar impuestos, entre ellas se encontraba el ex presidente Mauricio Macri. Varias de estas cuentas están asociadas al Banco Hapoalim como es el caso de Romina Grosskopf quien pertenece a la familia del Grupo Chateau, esta empresa hizo la construcción de los shoppings Abasto y Alto Palermo controlados por Eduardo Elzstain quien tiene la mayor empresa israelí, IDBD Holding, operando en territorios palestinos ocupados y también denunciada por la ONU.

En el territorio denominado Argentina, Hapoalim fue también conocido ya que el ex fiscal Nisman tenía una cuenta con U$S 200.000 en la sede uruguaya del banco, dinero no declarado en Argentina.

El Boicot Global a Hapoalim

Hapoalim ha tenido varios perjuicios económicos a partir del sostenimiento de la ocupación y el régimen de apartheid contra el pueblo palestino. En el año 2014 el banco más grande de Dinamarca, el Banco Danés, lo incluyó en una lista de empresas vetadas a realizar negocios por financiar la construcción de asentamientos. Ese mismo año el fondo de pensión más importante de Países Bajos, PGGM, decidió retirar todas las inversiones en bancos israelíes que operan en territorios ocupados, Hapoalim fue uno de ellos.

Recientemente, en el año 2018, el banco más grande de Alemania, Deutsche Bank, señaló a Hapoalim como una inversión moralmente dudosa incluyendo al banco en una lista de empresas de cuestionable ética.

 
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Las extremas derechas se preparan para la elecciones del 2023 en Argentina

Twitter Sergio Berni

German Romano

Mientras se incrementan las consecuencias de la pandemia, evitable al igual que el cambio climático, las derechas hacen una utilización política de esta lamentable situación.

En el caso del territorio denominado Argentina hay dos personalidades políticas que vienen haciendo declaraciones extremas para posicionarse partidariamente. Estas dos personas representan las voces alineadas con Mario Montoto, Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí.

Argentina, durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, tenía un embargo militar de compras de armas por violación a los DD.HH. no obstante Israel fue quien proveyó armas para el aparato represivo del Estado. En el retorno de esta democracia, había un consenso implícito entre los partidos políticos de mayor representación de no comprar armas a Israel. Esto fue así hasta los últimos 15 años. El tiempo y la oportunidad partidaria lamentablemente olvida los hechos.

Sergio Berni es el actual Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Durante su gestión a nivel nacional se incrementaron las compras de sistemas de vigilancia y control israelíes. Participó en varias actividades junto a quien fue Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y amigo de Montoto, Daniel Scioli, donde se promocionaron máquinas de matar israelíes.

Patricia Bullrich, fue Ministra de Seguridad durante el gobierno de la Alianza CAMBIEMOS. La militarización durante su gestión se incrementó sustancialmente, mayoritariamente con las compras de máquinas de matar y sistemas de control israelíes y estadounidenses. Su compañero sexo-afectivo, Guillermo Yanco, ha sido uno de los beneficiados como representante de empresas de seguridad de estas compras por parte del gobierno argentino.

Covid-19: el aliado silencioso de las extremas derechas

Bullrich como opositora, sin cargo ejecutivo, es quien enarbola las críticas más duras sobre la actuación del gobierno nacional y porteño respecto de la cuarentena, teniendo constantemente críticas a las medidas de prevención ponderando la situación economía. Tiene un no menor 15% de apoyo de la sociedad Argentina como líder de la oposición. No obstante, otros sectores de la oposición y con responsabilidades de gobernabilidad como es el caso de Horacio Rodriguez Larreta, intentan mostrar formas menos extremas a pesar que también apelan al militarismo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha equipado patrulleros con la excusa de la pandemia con cámaras de control de 360° de filmación durante la cuarentena.

En el caso de Berni, con su histórica reivindicación a la utilización de las fuerzas represivas del Estado, es quien dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires lidera el sector más próximo a las extremas derechas; sobre el manejo de esta situación por parte de algunas personas del gobierno expresó: “Lo que le pasa a la gente en la calle no es lo mismo que se siente a veces en algunas oficinas donde se toman definiciones”. 

Bullrich y Berni se encuentran en campaña presidencial para el 2023, hablan habitualmente sobre esto mientras se prueban el traje de candidatas. Se miran en el espejo de los triunfos de las extremas derechas en la región teniendo a Jair Bolsonaro de Brasil como el máximo exponente. Resta por ver si habrá un mayor corrimiento a las derechas en las elecciones por parte de la población de este territorio.

Berni viene realizando actividades políticas de amplia repercusión en los medios de comunicación. El 9 de julio, fecha de celebración de la Independencia, fue quien encabezó el acto en territorio bonaerense. Como es costumbre en él, enalteció las fuerzas represivas del Estado; en la actividad expresó: “Un policía de esta Provincia no puede conocer lo que es la indiferencia, solamente tiene que conocer la gloria”.

 
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Alberto Fernandez visitó frigorífico de empresario que opera en territorios palestinos ocupados

Flor Niti y Guillermo Martínez

Días atrás Alberto Fernandez visitó la provincia de La Pampa, donde recorrió el frigorífico Carnes Pampeanas  controlado por CRESUD, del cual es presidente el empresario Eduardo Elsztain. Uno de los mayores productores de carne en Argentina, a inicios del 2010 controlaba 17 campos, con total de 450.000 hectáreas propias y otras 53.000 rentadas.

Eduardo Elsztain es un empresario argentino que posee diversas empresas a nivel global. Su experiencia se inició en la empresa familiar dedicada a la  construcción, IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima). La misma en la actualidad, es la mayor corporación inmobiliaria del país. Elsztain asimismo por medio de CRESUD S.A. posee varios centros comerciales de Argentina; Alto Palermo, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Rosario, DOT Baires Shopping, Paseo Alcorta y Patio Bullrich entre otros. Algunas operaciones comerciales de Elsztain, durante las gestiones del menemismo y del macrismo, en la Ciudad de Buenos Aires han estado bajo sospecha de corrupción.

En el año 2013, IRSA adquirió el 81% de la corporación israelí IDBD Holding, empresa que representa el 5% de la economía israelí en función del aporte de diversos rubros que la componen.

IDBD Holding es quien controla la red de supermercados Shufersal. Esta empresa se encuentra dentro del listado, recientemente publicado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), de compañías que operan en territorios palestinos ocupados. Esto es considerado ilegal según la legislación internacional.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en marzo de 2016 la resolución 31/36 que establece la realización de una compilación de empresas que operan en territorios palestinos ocupados. En diciembre de 2017 el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos envió cartas a 150 empresas que operan en Jerusalén Este y Cisjordania, solicitando información sobre sus actuaciones. Ante el silencio como respuesta de las empresas, Michelle Bachelet, Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, decidió hacer público el listado.

Incremento de los vínculos comerciales con Israel

Alberto Fernandez tiene un intenso vínculo con el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien se encuentra denunciado en el territorio denominado Argentina por Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad. Fernandez tuvo un encuentro con Netanyahu en su primera visita al exterior y tuvieron en la última semana una conversación telefónica. Según lo expresado por la Cancillería argentina, Netanyahu le expresó su apoyo contra el COVID-19 y ambos se comprometieron a incrementar el intercambio comercial. Fernandez no realizó mención alguna al régimen de Apartheid contra el pueblo palestino y las nuevas anexiones de territorios que realizará Israel.

En este contexto, no es menor la fecha de la visita de Fernandez al frigorífico pampeano.  La primera semana de junio se autorizó un vuelo desde Israel operado por la empresa aérea Al Israel Airlines. Arribaron al aeropuerto de Ezeiza, varios auditores para certificar empresas productoras de carne kosher para exportar a Israel. Recordemos que los vuelos comerciales están prohibidos hasta el 1 de septiembre a causa de la pandemia del COVID-19.

 
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Pueblo organizado derrota a multinacional y salvaguarda semillas y biodiversidad

Gerardo Segovia*

El siguiente es el relato de como el pueblo organizado en Misiones, provincia de Argentina, derrotó al gobierno provincial y a la multinacional Syngenta, quienes intentaron hacer un convenio para contaminar con semillas transgénicas a su territorio.

Un 5 de Junio diferente…

Desde muy temprano las organizaciones campesinas de Misiones y el país festejaban, por comunicación virtual en este tiempo de cuarentena obligatoria, la decisión del gobierno nacional de reincorporar parte de las compañeras y compañeros de la SAF (Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación), despedidos injusta e ilegítimamente en la era Macri; la organización de Productores Independientes de Piray preparaba los festejos de 7 años de la aprobación de la Ley Provincial XXIV Nº 11, conquista histórica que permitió expropiar a la multinacional Alto Parana, hoy ARAUCO, 600 hectareas. Otros sectores invitaban a charlas virtuales como por ejemplo “La agricultura Familiar en el marco del Plan Argentina contra el hambre”, organizadas por el Ministerio de Agricultura. De repente, una noticia irrumpió cortando toda posibilidad de festejo o conmemoración del Día del Ambiente, como se había planificado.

La noticia que recorrió todas las redes fue: “Syngenta colabora con la producción de alimentos y promueve la biodiversidad en Misiones”, publicada, en la página web de la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar de la provincia. La información rápidamente se compartió y generó en primer lugar indignación ante la inexplicable, polémica e inconsulta decisión. En la Capital Nacional de la Biodiversidad, una corporación multinacional que concentra y controla las semillas en el mundo y su paquete tecnológico anunciaba la donación de semillas y capacitación a la provincia de Misiones.

Hagamos urgente un comunicado de rechazo”, compartían algunos, “totalmente, esto no puede ser”, decían otros. “Este regalo guaú (palabra en guaraní que significa de mentira, engañosa) es bomba de muerte para la biodiversidad y para el pueblo misiones”. “Primero Maizar y ahora Syngenta”. “La verdad es que esto es lamentable. Si, debemos hacer algo como Foro Agrario de Misiones. Siempre quisieron terminar con nosotros los campesinos, es la política de siempre”. Fueron Varias expresiones compartidas entre los agricultores de la provincia. “No sea cosa que los productores podamos abastecer de semillas a los propios productores.” “Ya nos usaron el año pasado y engañaron con el desembarco del Plan maldito de Maizar. Quemaron y talaron montes nativos y se plantaron cientos de hectáreas de maíz transgénico y ahora los productores que plantaron quedaron con las promesas de venta a Brasil y Paraguay. El maíz salió regular o mal pero ahora nadie da la cara y lo peor fue que nos hicieron pelear entre los agricultores de la colonia Eso fue una gran mentira una estafa. Esta vez no nos van a mentir más y nos organizaremos para decir que no”.

6 de junio, la resistencia organizada y esperanzada

La propuesta acordada fue que cada organización nucleada en el Foro Agrario y de otros sectores realizara una comunicación de repudio y rechazo al convenio y se diera un tiempo para la elaboración de un documento conjunto.

En la mañana, empezaron a salir los comunicados. Uno de ellos decía: “Alianzas que demuestran conveniencias, complicidades e incapacidades”.

Más allá de los comunicados

A medida que pasaban las horas, el ambiente era parecido a una caldera. Cada organización armando comunicados, flyer de repudio, otras personas comunicándose con funcionarios. “Nos parece que con los comunicados nos vamos quedar cortos”, expresaba una organización. Decían que se reunían el martes pero que no había nada firmado. Por eso debíamos presionar con todo para que no se firmara, por eso había que enviar el comunicado a todos los medios de comunicación de la provincia y del país. Cada organización debe hacer su difusión con lo que se tenga a disposición.

Mientras crecía la comunicación entre todas las organizaciones y movimientos, más se iba redondeando la propuesta y aparecía más información sobre la historia de Syngenta.

El rol de las corporaciones en tiempo de confinamiento de Pandemia

Una compañera reflexiona y comparte lo siguiente: “Las multinacionales aprovechan la pandemia del COVID-19 para convencer a las personas de obtener producciones rápidas, con esta agricultura verde (engañosa) que ellos instalan, con la alianza con los gobiernos, fomenta el paquete tecnológico con agrotóxicos. Esto es un plan vil y aprovechan el contexto para hacerlo, ya que no podemos salir a manifestarnos en las plazas y rutas. Pero nosotros tenemos que demostrar que no nos vamos a quedar callados o quietos porque los que nos quieren dar las semillas y colaborar con la biodiversidad vienen de sembrar soja transgénica en la zona de amortiguamiento del Parque Iguazú y matar a sangre fría a productores”.

18.00 hs

Hace su aparición el comunicado consensuado por el Foro Agrario y otras organizaciones sociales y ambientales, el que puedes consultar acá.

“NO al convenio entre el gobierno de Misiones y Syngenta en la Capital Nacional de la Biodiversidad. Mantener durante miles de años la biodiversidad silvestre y cultivada ha sido uno de los factores que permitió a los agricultoras/es de todo el mundo y de Misiones asegurar sustentabilidad ambiental, su independencia productiva y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de sus comunidades.”

El comunicado acordado por todas las organizaciones y compartido a todos los medios fue un envión de alegría y fortaleza para seguir pensando otras acciones más directas. Se realizó una plataforma para firmar la petición y en pocas horas recibimos miles de adhesiones de toda la provincia, el país y de otros países de Latinoamérica.

Se realizaron comunicados del Foro Agrario de Misiones, de a Red de Agricultura Orgánica de Misiones RAOM, de las Semillas Autoconvocadas de Montecarlo, Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera, Movimiento Nacional de Salud LAICRIMPO, Movimiento Agrario de Misiones, Asociación de Trabajadores del Estado ATE (CTA-A), de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del Movimiento Nacional Campesina Indígena (MNCI), Oberá Agroecológica, Frente Nacional Campesino (FNC) , Movimiento agroecológico de America Latina (MAELA) entre otros.

Luego surgió la propuesta de realizar otra actividad que uniera la lucha en toda la provincia: Debemos pensar una acción como Provincia. Frenar el convenio es el Objetivo.

7 de junio

Y la resistencia organizada siguió el camino hacia acciones directas de lucha, así fue que se propuso que cada organización de productores salga de su chacra y que las organizaciones salgan de sus casas para el martes 09 de junio, día de reunión del gobierno provincial con Syngenta. Así es que las organizaciones de productores confirmaron que saldrían de distintos lugares de la provincia por las rutas Nacional 12 y 14 con sus pancartas y sus semillas nativas y criollas en las manos, demostrando que hay muchas semillas en manos de sus verdaderos dueños: los agricultores.

La convocatoria central fue propuesta para ser realizada en Posadas, capital de la Provincia en la plaza 9 de Julio, frente a la casa de gobierno, a las 9 de la mañana.

8 de junio

Marcha atrás con el convenio

Mientras seguían las muestras de apoyo a la movilización en todo el territorio Misionero, se fortalecía la convocatoria central a la plaza 9 de Julio; entonces recibimos a las 13:30 la comunicación oficial del gobierno donde, a través de la nota firmada por la Ministra de Agricultura familiar Marta Ferreira, expresaba lo siguiente : “Se desea llevar tranquilidad a toda la comunidad Misionera, señalando que recibió instrucciones precisas del Gobernador Herrera Ahuad de no avalar nada que atente sobre la Soberanía Alimentaria”. “Todo material genético deberá estar avalado por Biofábrica Misiones S.A. por lo mismo vale aclarar que la propuesta con Syngenta queda sin efecto”, afirmó la Funcionaria.

Los diferentes medios de comunicación de la Provincia referían: “Herrera Ahuad frena acuerdo por semillas con Syngenta”.

Festejo de las victorias del pueblo organizado

Logramos que no se firme el acuerdo con Syngenta. Hay que festejar las pequeñas y grandes victorias de los Pueblos en sus luchas por defender la Biodiversidad; está es una de ellas. Agradecemos a las organizaciones y a todas las personas del país y de América Latina, nuestra Abya Yala, que nos apoyaron. INSTAMOS a todas y todos a seguir ALERTA en pos de construir mundos que defiendan a la vida, con semillas nativas y criollas en manos de las agricultoras/es, hacia la soberanía alimentaria y la libertad de los pueblos.

Globo de ensayo en la Provincia de Misiones

Creemos importante compartir nuestras experiencias de unidad en la lucha entre las diversas organizaciones del campo y la ciudad de Misiones, para defender la ya amenazada y saqueada biodiversidad.

Alertamos a todas las organizaciones del país para que estén atentas, que estén alertas porque en este tiempo histórico de pandemia provocada por el Modelo Neoliberal, de esta misma pertenencia, vienen otra vez los espejitos de colores pintados de verde a prometer combatir el hambre con propuestas que ya fracasaron como la famosa Revolución Verde, que dejó como resultado la concentración de la tierra en pocas manos, envenenó nuestras tierras, agua y aire, eliminando la biodiversidad y expulsando a las comunidades campesinas e indígenas a las barriadas urbanas pobres; “Barrios Populares“ de las grandes capitales de provincias que hoy son los que están siendo discriminados nuevamente y poniendo la mayor parte de los muertos por el COVID-19.

*Gerardo Segovia es integrante de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones RAOM , el Movimiento Agroecológico de América Latina MAELA, Movimiento Nacional de la Salud LAICRIMPO y el Foro Agrario Misionero

 
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Mario Montoto, Marteau y Federeci, los nombres detrás de la coordinación del control poblacional a partir del miedo: la elaboración de la Ley Antiterrorista

Montoto Marteau en conferencia

Flor Niti  y Guillermo Martinez 

Como ya hemos publicado en diversas notas en Virginia Bolten, Mario Montoto, quien es Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, tiene participación en muchas empresas que venden sistemas de control y monitoreo para lugares de encierro, cámaras de vigilancia, software de espionaje y diversas máquinas de matar. Asimismo, es Presidente de la Fundación TAEDA y la Editorial DEF, desde donde intenta cambiar la percepción y consecuencias negativas de los productos que vende.

Las ventas las realiza a partir de los vínculos políticos que ha tejido tempranamente en su juventud y que ha podido incrementar a partir de su rol institucional. Los picos de comercialización de los productos represivos israelíes vendidos por Montoto, llegarían durante el gobierno de Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en el territorio denominado Argentina de la mano de la Alianza CAMBIEMOS con Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad.

Montoto por medio de la Fundación TAEDA tiene un importante vínculo con Juan Félix Marteau, quien es presidente de la Fundación FININT (Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera). Ambas organizaciones realizan actividades en forma conjunta y crearon una organización: Hemisphere Security Network, que como explica FININT en su página web “es una iniciativa de las fundaciones FININT y TAEDA que tiene por objeto reunir expertos capaces de analizar y comprender los riesgos que afectan el orden, la paz y la prosperidad de los países del hemisferio occidental”. Su campo de acción lo establecieron para combatir “narcotráfico, tráfico y trata de personas, contrabando y comercio ilícito…lavado de activos y financiación del terrorismo… (y)…Ciberseguridad y ciberterrorismo”.

Marteau insufla miedo y Montoto te vende seguridad

Juan Marteau fue quien elaboró el “Proyecto de Ley sobre Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo”, es decir, la primera Ley Antiterrorista en el territorio denominado Argentina. Tuvo un cargo durante el gobierno de Nestor Kirchner dentro del programa  contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo hasta los primeros meses de la asunción de Cristina Fernandez. A partir de esto comenzó una aproximación con la oposición, inclusive fue mencionado en el  cable 1257 de la embajada de EE.UU. difundido por Wikileaks,  donde se lo nombra como informante junto a Mariano Federici, asesor de FININT.

Federici fue Presidente de la UIF (Unidad de Información Financiera) durante la gestión de la alianza CAMBIEMOS. El detalle de su experiencia aún es posible por medio del CV publicado en páginas oficiales del gobierno. Allí se detalla toda su participación en diferentes organismos como el FMI (Fondo Monetario Internacional) o países en prevención de delitos financieros. El lugar de Marteau en el gobierno de Mauricio Macri fue el de Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

FININT y FAEDA realizan actividades donde las personas y organizaciones que participan no tienen mucha variación y siempre son ligadas a sectores relacionados con el comercio de la seguridad, un ejemplo es Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad del gobierno de Macri y representante del sector más extremo de las derechas. Las actividades no se circunscriben solo a este territorio, en el año 2019 realizaron una actividad donde participó Farah Urrutia, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, quien brindó su visión sobre los desafíos institucionales frente al crimen organizado y la financiación del terrorismo.