Por Vivian Palmbaum 

Entre el 7 y el 11 de abril se realizó en Mar del Plata la 5ta. Asamblea global del Movimiento por la Salud de los Pueblos que reunió a las y los delegados que llegaron desde distintos lugares del planeta. 

La Universidad de Ciencias Médicas de Mar del Plata fue co-anfitriona junto a las delegaciones locales y de la subregión sur del Movimiento, para recibir a quienes llegaron desde lugares tan diversos como Australia, países de África, India, Vietnam, EE.UU., Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, entre otras,  y diferentes zonas de nuestro país.   

La asamblea se inauguró con una ceremonia ancestral pluricultural con delegadas y delegados que representaron a todos los pueblos del mundo, que invocaron a nuestros ancestros y ancestras junto a las semillas de nuestras diversas tierras allí presentes. 

Palestina no está sola. Algunas delegaciones, como la palestina, no lograron obtener la Visa de ingreso a nuestro país, sin embargo no fue un obstáculo para hacer una transmisión por streaming. Lo que permitió que se escuchen las voces de denuncias y resistencias, y la expresión de amplia solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio a manos de Israel. 

Con Palestina se pone en evidencia que es la tierra la que confiere el sentido de identidad a los pueblos, tal como lo muestran las comunidades originarias a lo largo y ancho de nuestro planeta.¿Puede haber salud sin agua, con hambre, sin vivienda, sin servicio sanitario? “No hacen falta bombas para avanzar con el genocidio, eso lo conocemos en nuestra región donde el avance para despojarnos y lastimar a nuestra tierra no cesa”,  expresaron desde el territorio palestino. Sin la solidaridad de todos los pueblos del mundo no habrá humanidad, porque lo que les pasa a los y las palestinas nos pasa. 

El desafío para que la Asamblea se realice en esta región implicó poner en el centro los saberes ancestrales y las prácticas ligadas a la madre tierra, el tata sol y la abuela luna. “Porque es necesario repensarnos como parte de la vida. Las sabidurías ancestrales son las que nos unen con nuestras raíces, porque lo que somos depende de dónde venimos y nos guía hacia el futuro.”, expresó Tata Polo, que trajo los saberes desde Guatemala. Angela, una voz del pueblo diaguita, afirmó: “no ensucies la tierra para que quede para tus hijos”.  

“La salud es un concepto amplio, un paraguas bajo el cual se reúnen diferentes aspectos”, expuso Gianni Tognoni, epidemiólogo y director del Tribunal por la Salud de los Pueblos. ¿Cuál es la posibilidad de sobrevivencia planetaria si se va destruyendo la tierra por el afán de lucro? Nuestra salud no depende de los Estados sino de la lucha de generaciones, donde las mujeres han sido, y son, defensoras de la vida y quienes históricamente han asumido las tareas de cuidado que aun son invisibilizadas. 

En Kenia la palabra soberanía alimentaria no tiene traducción, y para hablar de ella es necesario hablar de la palabra hambre, que sí es una palabra que se puede traducir. “Nos quisieron hacer creer en un paradigma llamado seguridad alimentaria, que impusieron las corporaciones como repertorio, frente al cual el hambre no deja de avanzar”,  expresó un delegado colombiano de FIAN Internacional que,  entre otras cosas, dijo que el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria son dos derechos resultantes de la lucha de generaciones.  Es necesario proteger nuestras prácticas que es la única manera de gozar de buena salud. En muchos países estas prácticas se han colonizado con la imposición de patrones de consumo que están lejos de las tradiciones y modos de alimentación de los pueblos. Vivian Camacho, médica y Directora  de Medicina Ancestral en Bolivia, enfatizó sobre la medicina tradicional como herramienta de resistencia de nuestros pueblos y recordó que para los pueblos quechua “cuidar del otro es cuidar de mí”. 

En la mesa temática sobre Ecofeminismo también se escucharon voces como la de Graciela Almeida del MST Brasil, que mostró cómo el consumo de agrotóxicos se duplicó en el sur de Brasil, donde por cada dólar que se gasta en agrotóxicos el Estado gasta U$ 1,30 en asistencia. En tanto por cada caso notificado, son cinco o más los casos que no se notifican. En Bangladesh hay un movimiento de pequeñas agricultoras que agrupa a unas 300.000 mujeres que cultivan la tierra de manera tradicional. ellas  producen todo lo que consumen, y se ven presionadas por las corporaciones porque las semillas están en el centro de las disputas. 

Como parte de otro de los paneles, el médico Damián Verzeñassi, titular de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, advirtió que -en América Latina y en el resto del mundo-, “en estos tiempos de crisis civilizatoria es necesario advertir que hay una Tierra que hemos enfermado, con una crisis climática que está sostenida por discursos extractivistas, y tenemos que desnudar la falacia de que se puede estar sanos en territorios enfermos”. 

Asimismo, en el taller de género coodinado por Sarojini, investigadora hindu de la organización feminista  SAMA, las participantes coincidieron en afirmar que  hay una avanzada conservadora para disputar los logros de las mujeres, para reconquistar el dominio sobre sus cuerpos y para socavar su derecho a decidir. Las diferentes formas de violencia  están en el centro de los padecimientos que sufren los feminismos, junto al creciente desfinanciamiento de  políticas públicas, como en Argentina, lo que implica el retroceso de derechos conquistados y un avance de los fascismos. 

Por su parte, en otra de las mesas,  Claudia Korol, coordinadora de Feministas de Abya Yala, distinguió a los feminismos populares y revolucionarios con una trama anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial para no reproducir modos de dominación que ejercen violencia sobre los cuerpos de mujeres, lesbianas, travestis,  trans y no binaries que se diferencian de los feminismos eurocéntricos que se insertan en las lógicas capitalistas, que piensan que se pueden aminorar las desigualdades sin ser parte de la lucha de los pueblos y sin enfrentar la idea liberal del cuidado que individualiza.   

En relación a la Justicia de Género, la mamá de Lucía Perez,  afirmó que la violencia sobre el cuerpo de las mujeres ha tomado formas extremas, como la colonización de los cuerpos por la trata y el narcotráfico, y compartió las dificultades y obstáculos frente a una justicia corporativa y patriarcal. 

Vanessa Dourado, miembro de Attac Argentina, y representante por el Ecosocialismo y el Ecofeminismo,  propuso que los diálogos y las luchas por la descolonización  necesitan ser interseccionales e internacionalistas “para cambiarlo todo”, con una posición ética que ponga la vida en el centro. En el mismo panel también María Ines Dávalos, de la organización ANAMURI de Paraguay, relató que las comunidades indígenas tienen tierras comunitarias que son amplias, y están en el foco de las políticas de desalojo, al tiempo que las corporaciones avanzan para colonizar sus prácticas e imponer la semilla transgénica, en lo que llaman una “guerra por las semillas”. Tampoco estuvo ausente la voz de las mujeres que luchan contra el extractivismo y por el agua.  Griselda, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y parte de la Campaña Fuera Mekorot, expuso que esta corporación es el brazo del Estado de Israel contra el pueblo palestino para el despojo hídrico, porque el manejo del agua es la herramienta de expulsión y de apartheid.

Las mesas de diálogo, de testimonio de experiencias y resistencias se multiplicaron a lo largo de cinco días, con traducciones simultáneas e intérpretes para facilitar que las voces sean escuchadas. Aún la salud de los pueblos continúa siendo una utopía mientras la desigualdad continúe avanzando. Con un Llamado a la Acción (https://phmovement.org/now-time-action) y una marcha encabezada por la bandera que bordaron a mano las compañeras, finalizó la Asamblea. Queda pendiente una nueva asamblea global que se realizará en Marruecos en una fecha aún no definida. 

Mujeres de la tierra conforman una red de trabajadoras rurales de crecimiento incipiente. Allpa Warmi, un vivero de plantas nativas,  es parte de un proyecto que busca ampliar y recuperar nuestra flora y fauna autóctonas con agroecología y autogestión

Por Miriam Djeordjian y Vivian Palmbaum 

Cerquita de La Plata, en la localidad de Pereyra, florece un pequeño espacio símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres. Se llama Allpa Warmi (en quechua) o Mujeres de la Tierra, una iniciativa de crecimiento incipiente que se inauguró apenas hace unos meses,  el 26 de septiembre de 2022. Un territorio de producción que incluye al vivero de plantas nativas que crece y florece, casi al lado del Parque Nacional Pereyra Iraola. Enclavado en un lugar silvestre, rodeado de quintas y chacras donde se multiplican las iniciativas para gestionar la vida. 

Ileana, integrante de la organización, nos recibe acompañada de su pequeño Messi que hace rodar la pelota orgulloso con la diez  y sus tres estrellas. Las plantas nativas son las originarias del lugar, que solo han sido alcanzadas por manos humanas para conservarlas y multiplicarlas.  Su función es muy importante porque desarrollan relaciones muy cercanas con la fauna que las acompañan y así estas interacciones son las que componen el equilibrio de un ecosistema sano, donde cada especie cumple un rol. 

Nuestra guía nos invita a recorrer el lugar mientras un chivito nos saluda balando y las gallinas se agolpan con la esperanza de ser liberadas. Más allá otro chivo nos mira en silencio y a un costado el espacio de compostaje de materia orgánica que espera pronto convertirse en bocashi. 

La biodiversidad está garantizada con la presencia de mariposas, abejas, avispas, aves diversas que polinizan y facilitan la reproducción. En los alrededores distintos sectores de plantas-madre para que sus semillas continúen el ciclo de vida. Al fondo, una parcela se halla a la espera de empezar a componer el monte nativo, reservorio para la réplica de las futuras generaciones de especies. 

En el invernáculo, Ileana nos muestra cómo se reproducen por esquejes y semillas, las diferentes especies arbóreas como fumo bravo, ñangapirí, tala, aromos, sen de campo, y otras que atraen mariposas como chilcas y tasi.  Las aromáticas también tienen su lugar: salvias,  ajenjo, romero y las lavandas que se destacan junto a las abejas y otras mariposas que pueblan este otoño primaveral. 

Rosalía Pellegrini, que se suma a nuestro diálogo, nos introduce en el campo de las mujeres rurales, “hay compañeras que hace ocho años que vienen produciendo nativas y participando de la Red de Viveros de Nativas”. 

La Red de Mujeres Trabajadoras de la Tierra surge a partir del desprendimiento de la Unión de Trabajadores de la Tierra, donde Rosalía Pellegrini ocupaba la Secretaría de Géneros. Ella nos cuenta que la Red surge “debido a diferencias en cuanto a cómo la cuestión de género se visibiliza en la estructura política de la organización, por eso  nosotras decidimos dar un paso al costado y construir una organización rural de mujeres que no solo produce nativas sino que sigue la línea de agroecología, de empoderamiento de la situación económica, de las mujeres que están en la ruralidad y las capacitaciones de promotoras rurales de género. 

“Feminismo para liberar. Plantas para curar”

En Allpa warmi, a partir de los dones que da la tierra, las mujeres generan también sahumos, tinturas madres, cremas y ungüentos de manera autogestiva, para sustentar el proyecto y, al mismo tiempo que se sanan la Pachamama, ofrecen productos para cuidar y sanarnos.  

Allpa Warmi no está sola. Forma parte de varias redes y articulaciones, como la Red de Mujeres Productoras de Nativas y es integrante de Mujeres Trabajadoras de la Tierra, que reúne proyectos de mujeres agricultoras en la Provincia de Buenos Aires y otras incipientes iniciativas que se suman en distintas regiones del país. 

Mujeres Trabajadoras de la Tierra, nació del movimiento agroecológico y apunta a garantizar la vida y el cuidado de la tierra al mismo tiempo que procura una vida libre de violencias, con independencia económica, autonomía y respeto a la Madre Tierra. En marzo, participaron del 1° Congreso Nacional Por la Tierra, la Producción y Nuestra Casa Común.

Como una de las impulsoras de las Mujeres Trabajadoras de la Tierra, Rosalía nos cuenta que la organización nació con la intención de poner en evidencia que  “hay una nueva ruralidad protagonizada por las mujeres”, productoras de alimento, flores, plantas y biodiversidad y que hasta hace poco tiempo estaban invisibilizadas. Rosalía advierte que para ellas, un tema central es el acceso a la tierra para producir, pero que este “no es un tema de agenda en las políticas públicas de género”. 

Ampliando la idea de agroecología para la producción de alimentos, nos cuenta también que desde el sector impulsan como propuesta al Estado: el Programa de Forestación Popular y Producción de Nativas para la Biodiversidad, que busca sumar el cultivo de nativas, a las tareas que desarrollan compañeras y compañeros del programa Potenciar Trabajo. 

Con este programa, explica Pellegrini, se busca “incentivar que la agricultura familiar y la economía popular armen sus propios viveros de plantas nativas y reclamarle al Estado que compre las nativas a nuestro sector para poder recuperar lo que el Estado permitió que se desmonte”. De este modo se podrían plantar millones de árboles en territorios populares, tanto rurales como urbanos. Agrega “lo estamos articulando con distintas organizaciones y armando esta red de productoras y productores con distintas organizaciones”.

Hay mucho por sanar y reparar en la historia, en las relaciones, en los cuerpos y en los territorios. Y en muchos rincones, experiencias como estas ya lo están haciendo: la agroecología es la herramienta. 

Por Vanessa Dourado 

El 4 de marzo se presenta el libro Agricultura, ciencia y poder, de la investigadora Carla Poth. La obra será lanzada en la Librería Interminable, a las 18:30 hs., y contará con la presencia de la autora quien brindará una charla sobre su proceso de investigación. 

El libro editado por la EdUNLU, que es resultado de la tesis de doctorado de Poth, trata de una temática que viene tomando cuerpo en los últimos 20 años en Argentina y en el mundo: el Modelo Biotecnológico Agrario (MBA). A pesar de que mucho se habla de la transformación en el proceso de producción agrícola, poco se sabe acerca de cómo esas nuevas tecnologías agrarias llegaron a lograr centralidad en el ámbito político y económico. 

El libro de Poth busca  develar ese proceso a través de un exhaustivo trabajo de investigación desde una perspectiva integral, que analiza las reformas, la reestructuración y la modificación de las dinámicas de producción agrarias y la producción de valor capitalista. 

Recordando a Aldous Huxley en su obra Un mundo feliz (1931), la investigadora pone en perspectiva las preocupaciones del autor sobre lo que vendría a ser un mundo guiado por la ciencia y la tecnología, y concentrado en las manos de una élite con el objetivo de controlar la sociedad. 

La reconstrucción histórica realizada por la autora, evidencia un proceso de producción- expropiación- apropiación de conocimiento que, en un determinado momento, se constituye como valor de mercado y es re-apropiado por el trabajo. Es decir, un momento en que la producción de conocimiento pasa a ser fundamental para el proceso de producción agraria.

A lo largo de la investigación, Carla detalla la conformación del CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) y su vínculo con el Modelo Biotecnológico Agrario argentino, y cómo esa estructura institucionalizada genera las condiciones para el despliegue de políticas que responden a los grupos de interés relacionados a la producción de semillas genéticamente modificadas y el paquete tecnológico necesario para su implementación. Todo eso a través de la construcción de un ideario de ciencia y tecnología supuestamente neutral. 

Mediante entrevista a funcionarios de este organismo estatal y del análisis del proceso de formación de su equipo de trabajo, se observa la intencionalidad de la Comisión en crear una determinada concepción de ciencia, tecnología y biotecnología,de plasmar una percepción sesgada sobre los mercados alimentarios y de actuar políticamente en su favor. 

Remontando la época de la Revolución Verde, el estudio demuestra cómo el mecanismo de institucionalización de las tecnologías agrarias responde a una estrategia política para contener las revoluciones sociales de posguerra con el objetivo de pavimentar el camino para la acumulación de capitales en el mercado de futuros. 

A partir de ese marco, se observa una fuerte inversión en tecnologías, sobre todo en la producción de investigaciones para el mercado. Ese proceso, según la autora, hace que el proceso de investigación  científica genere valor, produciendo un conocimiento plausible de ser comprado y vendido. Esa mercantilización de la ciencia posibilita la consolidación de marcos jurídicos para la propiedad intelectual, que junto al secreto industrial generan las condiciones para la formación de monopolios.  

La construcción de una narrativa que separa la ciencia de los procesos socio-políticos es observada. La afirmación de que los riesgos que implica la producción agraria -a través del uso intensivo de agrotóxicos y de semillas genéticamente modificadas- denunciados por movimientos ambientales no tienen un marco científico que le los avale deslegitima la participación de la sociedad civil en las decisiones, y ésta queda desdeñada por ser considerada una mirada lega, presuntamente ajena la realidad concreta y carente de fundamentación científica.

El rol del Estado también es de alineamiento a la producción de lucro para los mercados sin los debidos estudios de impacto socio-ambiental y sin un análisis acerca de la dependencia que genera esa relación de subordinación a través del libre comercio. Además, a partir de la llegada de los gobiernos progresistas, también se observa la construcción de un discurso conciliador que busca apaciguar los movimientos en resistencia, sobre todo en los territorios afectados por las fumigaciones y por la destrucción de sus formas de vivir. 

Frente a esto, Carla plantea que la ciencia debe ser pensada en relación con la política y la economía desde una perspectiva emancipatoria que recupere la idea de trabajo como un proceso creativo de realización humana. Solo así se puede hacer frente al avance del capital sobre la vida humana y la naturaleza. 

Por Vivian Palmbaum

La crisis hídrica se profundiza en todo el país. En la provincia de Chubut y la región patagónica, están afectadas las cuencas de los ríos Senguer y Chubut. Una situación que se invisibiliza y se omite deliberadamente cuando se consideran los proyectos extractivos que necesitan de ese vital recurso.  

Desde hace más de 15 años la Patagonia padece de una crisis hídrica, fruto de la sequía y de un manejo depredador. Al mismo tiempo, desde los Estados provinciales y nacionales, se impulsan proyectos extractivos para áreas como Chubut y distintos territorios de la Patagonia, sin tener en cuenta a sus poblaciones que se oponen,  porque entienden que sin agua no hay vida.  

Entrevistamos a Silvia Leanza, de la Fundación Ecosur, habitante de la Patagonia, prof. en Geografía y Educación Ambiental, especializada en el análisis de la organización del espacio y el territorio con los problemas socioambientales.

¿En qué situación se encuentran hoy las cuencas de Chubut? 

Todos los ríos patagónicos, como las cuencas del río Chubut y del río Senguer,  tienen sus nacientes en áreas glaciarias. En un gran tramo, cuando entran en la meseta (Chubut), no reciben más agua por varias razones: porque no hay precipitaciones, y porque el alimento básico son el agua de deshielo y las lluvias invernales y esto ha cambiado, además de haber disminuido la cantidad de precipitaciones. 

Como lo  revela el Informe Técnico sobre la situación socio ambiental de las cuencas de los ríos Senguer y Chubut presentado por el Grupo Técnico del Comité de la Cuenca del Río Chubut en diciembre de 2021,  “en el último año se han cuantificado déficits de precipitación mayores al 85% y  55% en las cabeceras de estas cuencas, regiones donde se produce el agua que alimenta los principales cursos superficiales”.

Leanza explica sobre los distintos destinos del agua. “Hay toda una intervención muy importante sobre estos ríos, que son los desvíos de agua, sea para las estancias más grandes y las que tienen cabaña y cultivo de forrajeras bajo riego. Eso está mal regulado y no controlado. Muchos de estos desvíos son clandestinos y el gobierno provincial y los organismos responsables, como el Instituto Provincial del Agua de Chubut, no intervienen. Por otro lado, en la cuenca baja y media del Senguer, donde está el lago Musters y el antiguo lago Colhue

Huapi -que se ha secado- y  hasta la costa, hay actividad petrolera que toma agua en algunos sectores de la cuenca, donde en general no hay control, salvo que declaren el consumo del agua y paguen, aunque el canon es muy bajo también. Después están las intervenciones en los pozos de las napas freáticas, que contribuyen a alimentar los ríos y los lagos,  pero también están intervenidas”. 

A la situación se le suma un negocio actual, el agua de vertientes para vender. “Agua pura de manantial”, dice la propaganda: las aguas envasadas. Hay varios negocios vinculados a la extracción del agua a lo que se suma la situación de crisis hídrica, explica.

¿Qué incidencia tienen los factores climáticos en la crisis hídrica?

El cambio climático no implicasolo factores como la escases de precipitaciones níveas y pluviales, sino también la variación estacional, y en este momento hay una alta variabilidad meteorológica (días de mucho frio que se siguen de calor) y la nieve que puede llegar a caer se derrite a la semana o se evapora rápidamente. En los lagos también se produce una disminución del agua por la falta de alimentación  como por evaporación, debido a los procesos de cambio climático y el aumento generalizado de la temperatura, y por otro lado se produce el viento, que también ha aumentado en frecuencia y velocidad, que también favorece la evaporación. 

El ciclo se retroalimenta por falta de controles a la actividad humana, porque se sigue extrayendo el  mismo volumen de agua, entonces tanto los cauces como  los lagos pierden volumen y caudal de agua.  

Además, el acueducto de 250 km fue una obra que resolvió el problema para las localidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tily y Caleta Olivia que se proveen del lago Musters. Pero, el aumento de la población urbana, hizo que el volumen de agua consumida sea mayor.  

Según la tradición comodorense buscando agua encontraron petróleo, pero es un mito local.

El manejo del recurso hídrico tiene una serie de variables. Leanza suma algunos elementos más a la evaluación, “pretenden concretar proyectos, como un dique o un azud y obras que son extemporáneas. Falta agua, pero el peor factor en esta escasez es el político institucional. Que la gente siga pensando que el agua es un recurso infinito es un tema de educación también. Las empresas hacen lo que les conviene y lo que el Estado y sus instituciones los deja hacer. La política de la corrupción es el peor elemento de la gestión del agua”. 

La crítica situación de las cuencas es seguida por las “asambleas locales por el agua”, que vienen estudiando el tema y tienen información precisa,  porque soportan las consecuencias de la crisis hídrica. El Observatorio por la Cuenca del Rio Senguer está funcionando desde el año pasado en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, que firmó un convenio con la cooperativa que gestiona el agua, Sociedad Cooperativa Popular de Comodoro Rivadavia, para iniciar acciones destinadas a mejorar la situación. Las asambleas por el agua se autoconvocaron para acercar sus voces y visibilizarse como actores necesarios en este proceso y finalmente fueron invitadas a unas jornadas de trabajo que se realizarán en el mes de junio.   Javier, uno de los asambleístas expresó: “Como ciudadanos creemos importante nuestra presencia para traspasar esa barrera que excluye a la ciudadanía del ámbito académico”. 

En un contexto de desidia absoluta, donde al momento de publicar esta entrevista está ardiendo el monte en la provincia de Córdoba, los incendios afectan la zona de Punilla, comprendida entre La Falda y Huerta Grande. ¿Casualidad?

Con una Ley de Humedales cajoneada, una Ley de Bosques desfinanciada y estando el territorio denominado Argentina entre los 10 países que más deforestan, el pueblo cordobés viene sosteniendo hace meses asambleas y una lucha cuerpo a cuerpo para impedir que se termine con los pocos bosques que quedan para realizar una autovía. 

Esta autovía será parte del corredor bioceánico de IRSA (la mayor empresa constructora de Argentina, con inversiones en toda Latinoamérica y en otras empresas que se calcula tienen un millón y medio de hectáreas en todo el país) que iría del puerto de Coquimbo (Chile) hasta Brasil, teniendo como principal objetivo la extracción y exportación de materias primas sin contemplar lo que el proyecto arrasa a su paso.

En esta ocasión entrevistamos a Juan Jacobs, periodista de Radio Panamericana FM 99.3, una radio comunitaria de Huerta Grande, Córdoba.

Virginia Bolten: ¿Cuál es el derrotero por el cual se ha llegado hasta esta situación de conflicto por la autovía entre vecinxs, militantes ambientales y la policía de la Provincia de Córdoba?

Juan Jacobs: El problema central que tiene este proyecto de autovía es que no cumple con la Ley general del ambiente y con otros estatutos y tratados internacionales. La primera plantea que el estudio de impacto ambiental debe ser acumulativo, es decir, que reúna todos los impactos posibles en el tiempo y en la distancia. El estudio de impacto que presenta el gobierno no es acumulativo, es insuficiente, carece de coherencia interna, sus datos son muy flojos. 

Desde el vamos esto fue cuestionado, sin embargo el gobierno nunca tomó en consideración las críticas de base que se hacían, de que no se ajustaba al derecho de estudio de impacto ambiental y se avanzó igual con la obra de la autovía, a pesar de que el rechazo que tuvo en la audiencia pública fue de un 90%, en lo que fue la audiencia más larga de la historia de Córdoba (un mes y medio y más de 750 oradores). Entonces, es una obra que se califica de ilegal desde el primer momento por el tipo de proyecto que se presenta y que a pesar de eso se sostiene y se quiere hacer de todos modos, de manera violenta, porque no se escucha a la audiencia pública, no se da lugar a los amparos, y hay una complicidad judicial y del gobierno nacional al facilitar el préstamo para esta obra con un gasto excesivo. Es brutal para un valle de Punilla tan pobre gastar 100 millones de dólares. 

Esto es lo que empuja a una situación en la que los ciudadanos nos vemos en la necesidad de llevar adelante la medida cautelar ya que no se cumple la justicia. Como hay un daño irreversible inminente y como sabemos de que esto técnicamente es inviable y nadie lo va a arreglar, nos empezamos a volcar a una lucha cuerpo a cuerpo por defender los restos arqueológicos, el territorio de los pueblos originarios – a los que no se consultó oportunamente- y a la espera de una medida cautelar que frene las obras. Los jueces hasta ahora no han leído el estudio de impacto ambiental, no son conscientes del riesgo que hay, y esto es la causal de la conflictividad social. Las leyes ambientales están pensadas para evitar esto. Si el gobierno hubiera respetado dichas leyes, seguramente este problema no existiría entre los defensores ambientales y la policía de Córdoba. El gobierno viendo que incumplió la Ley, viendo que no hay consenso para esto, decide hacer la obra solamente con la fuerza de la policía y de las armas.

VB: ¿Qué recorrido está previsto que tenga dicha autovía?

Juan: La autovía es parte del corredor bioceánico de IRSA que va del puerto de Coquimbo (Chile) a Brasil, algo que merece un debate más en profundidad si es que la Argentina acuerda realmente con la idea de ser la base, la factoría de las exportaciones de materias primas del mundo entero de manera indiscriminada como se está planteando porque es un corredor bioceánico donde no solamente se atraviesa zonas de bosque nativo sino que está pensado para llevarse toda la materia prima a China a través del Pacífico. En este caso, este tramo que se está discutiendo y que ya se inició, va desde la Comuna de San Roque hasta la ciudad de La Cumbre en 42 Km de obra por el oeste, zona de territorio de pueblos originarios, naciente de todos los arroyos que dan agua al río Cosquín y por ende a la ciudad de Córdoba. Es la zona de bosque nativo más valiosa que tenemos en el valle de Punilla y donde tenemos los restos arqueológicos y patrimoniales de Punilla. Esta carretera arranca en el puente De la Sota del lago San Roque y termina en la ciudad de La Cumbre.

VB: Concretamente, ¿Cuál es el impacto ambiental que tendría la autovía? ¿Por qué hablan de ecocidio?

Juan: El impacto ambiental de esta obra es prácticamente incalculable. Son ellos quienes tienen que demostrar cómo se va a aminorar el impacto. Nosotros creemos que el impacto va a ser irreversible, no solamente en las fuentes de agua -no nos olvidemos que el Río Primero lleva agua a Córdoba y que el San Roque es el dique más contaminado del país y que esto va a afectar seriamente a la cuenca del San Roque-, sino que hay otros impactos más graves como el cambio de uso del suelo. El oeste del Valle de Punilla, que es una zona rural, pasaría a ser zona de emprendimientos inmobiliarios (country, barrios privados, etc.) y la obra que es una autovía cerrada, que no tiene bajadas, que no tiene banquina, sino que está cercada por paredes, funcionaría como un muro que encerraría al Valle de Punilla entre la zona pobre del valle y la zona rica al oeste. Es una manera de “ordenar” el territorio como uso del suelo, y eso es muy grave porque no nos permiten opinar sobre el territorio en donde queremos vivir, apuntando a transformar nuestra sociedad en guetos, un gueto de pobres al este y otro de ricos al oeste. Estos impactos serían a mediano plazo. 

Además de esto, un biólogo explicaría el impacto ambiental que tiene el dinamitar las sierras, impacto en el paisaje, en nuestra forma de vida. Tener que asumir que más allá de la juntura del Río Yuspe, más allá de La Muyuna o Piedras Grandes en La Falda, no vamos a poder transitar más, que allí va a haber una pared de cemento. Además, los pueblos de Punilla van a quedar más en el olvido, se va a producir un derroche de dinero en una obra insuficiente e innecesaria. 

Sabemos que el estudio de impacto ambiental no contempla ningún posible impacto, que son innumerables, y eso ya es razón suficiente para no aprobar ese proyecto. Es el estudio de impacto ambiental el que debe dejar nítidos todos estos riesgos ambientales. Yo creo que si unx se pone a analizar los impactos en la vida, en las generaciones futuras, en el ambiente, en el ecosistema, en las especies en peligro de extinción como el puma, como ciertas especies de árboles como el guindillo, no terminaría nunca. Lamentablemente son ellos quienes proponen esta obra y son ellos los que tendrían que sanear estas dudas y no lo han hecho. El problema lo tienen ellos porque la carga de la prueba, los riesgos los tienen que demostrar ellos. No somos nosotrxs quienes tenemos que explicar los impactos de la obra. Lo tendría que decir el Gobierno, y hasta ahora no lo ha dicho. Pero no nos hace falta eso para saber que el impacto sería total, brutal sobre la cuenca del lago San Roque, sobre la forma de vida en el Valle de Punilla y ni hablar como corredor bioceánico en el avance del extractivismo en la Argentina.

VB: Existe una persecución a militantes y vecinxs que se  oponen a la construcción. Eso está más que denunciado. ¿Concretamente, qué hechos puedes mencionar que consideres cómo persecución y hostigamiento? 

Juan: No cabe duda de que existe una persecución a los defensores ambientales. En primer lugar los hechos que marcan esa situación tienen que ver con que la justicia no resuelve los amparos ambientales. Todo eso que estamos mencionando fue oportunamente denunciado ante la justicia de Córdoba, en un derrotero donde se fueron pateando  las competencias. Ya va 5 años de esto, no nos olvidemos que el amparo es el mismo del año 2018, donde se plantea la carencia de un estudio de impacto ambiental acumulativo, la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos originarios, la falta de un plan metodológico de acuerdo al Método de Harris del tema arqueológico. Eso está hoy en la cámara de contención administrativo de la segunda nominación de Córdoba y no se resuelve. Si ellos resolvieran en contra del amparo, nos permitirá a nosotros apelar, ir a la corte suprema, seguir la discusión. Y si se resolviera a favor se frenaría la obra. El tema es que no resuelve la justicia, deja esto en un limbo, esperando que la obra se finalice para a partir de ahí dar un fallo. En ese caso ya va a ser tarde. Que nos den la razón cuando sea tarde sería totalmente abstracto, no tendría sentido. Así que tenemos un hecho donde la justicia es cómplice del avance ilegal de esta obra. Más allá de una justicia cómplice que no resuelve, está un gobierno que utiliza la policía como herramienta para avanzar con la obra, una cuestión absolutamente irregular e ilegal. Una policía ideologizada, eso es muy importante verlo, porque el efectivo policial no actúa de manera racional como servidores públicos, haciendo cumplir la ley, respetando al ciudadano. Lejos de eso, las fuerza policial está totalmente ideologizada, a favor de las empresas, contra los defensores ambientales, de una manera irreflexiva, irracional, carente de toda sensatez por parte de ellos, que actúan de manera violenta porque no tienen argumentos a la hora de chocar con los defensores ambientales. Y a esto le sumamos una fiscalía de Cosquín que no respondió a ninguna de las denuncias presentadas por este tema. 

Sobre el tema arqueológico se presentaron denuncias por daño irreversible al patrimonio arqueológico ancestral y deliberadamente no lo ha resuelto, porque fue presentado oportunamente, con prospecciones que fueron hechas previamente ante escribano público. Algo bastante indiscutible es que al menos la fiscal debería decir algo, pedir que se amplíe. Y sin embargo, actúan de manera muy veloz para imputar a los defensores ambientales. Hubo algunos sucesos puntuales, como por ejemplo el escrache que se hizo al  intendente de Cosquín, al que se lo encontró en la calle casualmente un día de asamblea y se le hicieron algunos planteos, sin faltar el respeto, pero sí reclamando todo esto. Curiosamente comenzaron a llegar imputaciones a algunas de las personas que estuvieron ahí, sin saber porqué ni cómo fueron señaladas. O situaciones en las que la policía ha llegado al lugar de los hechos con cierta credencial, o un papel, preguntando por ciertas personas frente a los defensores ambientales, preguntando si estaba tal o cual. Y nosotros decíamos: si usted es oficial, tiene que notificar a la persona en su domicilio. No venga acá a preguntar  para ver si le imputa o no. Además, el tipo de imputaciones que hubo, más de 20, dirigidas a los defensores ambientales más activos, utilizaban otra clase de acusación, como por ejemplo turbación a la posesión. Es decir, que uno, por haberse manifestado, está turbando la posesión de la empresa. Como si uno se quisiera quedar con los terrenos de la autovía. No es eso, estamos protestando. Además de eso, se suma el atentado a la Radio Panamericana, donde se rompieron los vidrios de la radio en dos oportunidades en un mismo día. También la detención de ciertos militantes de manera violenta, como pasó con el compañero Matias Pérez, que fue detenido en su propio domicilio, sin orden judicial, llevado a la fuerza delante de sus hijos, señalado por ser uno de los militantes activos. Acciones de patota a vecinos que van a ser expropiados y que están en negociación con la empresa Caminos de las Sierras y que por tener elementos bastante sólidos para demorar la expropiación, fueron patoteados por policías en representación de la empresa, señalados. Hay también micro hostigamientos permanentes, pero nosotros consideramos que hay persecusión y terrorismo de Estado porque hay una justicia que no resulve, hay un gobierno corrupto que utiliza las empresas constructoras para financiar la corrupción de la obra pública, y una fiscalía que lejos que fiscalizar todo eso oportunamente denunciado, se dedica a imputar a los defensores ambientales que además estamos protegidos por el Acuerdo de Escazú y por un habeas corpus que fue emitido por la juicia novena de Cordoba Capital hace 20 días atrás, diciendo que debemos ser cuidados en nuestra libertad ambulatoria, nuestra integridad física, moral y pscicológica como defensores ambientales. Nada de eso se respeta y se allana el camino para que la policía ideologizada comience a enfrentarse de manera absolutamente violenta, sin diplomacia, sin medida de diálogo a los defensores ambientales que nos manifestamos. 

Consideramos que eso es persecución política, la fiscalía debería fiscalizar a todos los actores implicados en ese conflicto, que la justicia debería resolver, que no tienen que imputarnos a nosotros por estar defendiendo al ambiente, que nos protege el Acuerdo de Escazú, que además la polícia no debería estar instalada en los obradores de la autovía, que debería estar cuidando a la ciudad que es zona liberada. Acá hay un señalamiento claro de atacar a los defensores ambientales para que la obra se pueda realizar utilizando la policía, molestando y persiguiendo, ya sea penalmente, ya sea con la policía e inclusive absolutamente de manera patoteril como en algunos casos hemos visto. 

VB: Como comunicador de Radio Panamericana fuiste detenido en pleno ejercicio de tus funciones como periodista. También, pocos días después, hubo un atentado a la sede de la emisora. ¿Qué pensás de esto? ¿Consideras que está en riesgo la libertad de expresión en la órbita de la Provincia de Córdoba? 

Juan: Como comunicador he tratado siempre de hacer el trabajo lo más profesionalmente posible, sabiendo que uno está cubriendo un conflicto donde hay actores que se enfrentan y que uno no tiene una posición neutral frente a eso, sino que tenemos una posición tomada en defensa del ambiente. Pero bueno, uno hace el trabajo de forma profesional y yo me he visto en situaciones muy complicadas frente a esto. En primier lugar, denunciar la violación del derecho humano a la información. Que el estudio de impacto ambiental de esa obra es inconsistente, que se omitió mucha información, que no tenemos de hecho esa información, que no la están presentando, que los intendentes locales no dan explicación de las firmas que han otorgado avalando esa obra, que no explican los detalles de la obra, que no dan soluciones a la gente. 

Además de esto, intendentes locales, como el de Huerta Grande, no brindan entrevistas. Sólo da entrevistas a ciertos medios que tienen una pauta del gobierno. El gobernador Schiaretti también sólo habla a los medios oficialistas, jamás responde a los señalamientos que le hacen los defensores ambientales o las comunidades indígenas. Además de esto, vemos la utilización de la pauta oficial como una manera de acallar las voces. Nosotros somos notícia en todo el país. Nos llaman de Buenos Aires, de San Juan, de Chubut, de Rio Negro, de Santa Fé por este tema. Sin embargo, los medios de la ciudad de La Falda no hablan de esto. Y no hablan porque tienen la pauta oficial. Ahí están censurando a los trabajadores de prensa de los medios grandes de la ciudad de La Falda, utilizando la pauta oficial que, si no la tienen, no pueden pagar los sueldos, y se los acalla de esa manera. En el caso nuestro, que somos un medio independiente, que no dependemos de la pauta para existir, nos acallan de otra forma, asfixiándonos, impidiendo nuestro trabajo, no dándonos información. El día que fui detenido estaba en un contexto de protesta, haciendo cobertura para la radio. Ningún efectivo policial me prestó atención, yo presenté mi carnet de prensa. No les importaba nada, no respondían nada. Nosotros les pedíamos precisamente información, le decíamos que si había una orden del fiscal que la muestren, que respondan a las denuncias presentadas. Le preguntábamos si había un arqueólogo trabajando, que se diera información de la prospección que iba a realizar, que informaran qué iban a hacer con las piezas arqueológicas que se encuentren. Nadie brinda esa información y lejos de eso, los policías estaban totalmente -no sé si drogados o sacados- fuera de sí, violentos. No son policías profesionales, actúan bajo una emoción violenta contra ciudadanos que nos estamos manifestando de manera pacífica. Fuimos golpeados, no solamente detenidos. Nos arrastraron, nos golpearon, nos trataron como delincuentes, nos cagaron a palos y nos metieron presos. Y yo estaba haciendo el trabajo de prensa. Y todavía más, a los dos días es atacada la radio en dos oportunidades. A la mañana rompen un ventanal y al mediodía otro. Y eso viene nítidamente del poder político local, que así como censura medios que dependen de la pauta, a nosotros nos quieren amedrentar con la policía, con detención y con la rotura de nuestros vidrios. Nítidamente se está violando la libertad de expresión en Córdoba desde hace mucho tiempo, incumpliendo con los deberes de brindar información pública, por ejemplo,nuestro derecho a filmar o a hacer cobertura de la ejecución de la obra de la autovía frente a los impactos que van ocurriendo. Y por otro lado manipulan la pauta oficial para silenciar a los medios que dependen de ella. Es todo un escenario donde los políticos del oficialismo, alineados con el gobernador, nos tratan a nosotros como “minoría extrema”, pero jamás nos dan entrevistas. Actúan con indiferencia, hacen de cuenta que no existimos. Solamente hablan a una parte de la sociedad y la otra es como si no existiera.

Eso no solamente es censurar y violar la libertad de expresión, sino que es algo absolutamente violento, negacionista, una manera de aplastarnos. Aunque podría ser que piensen que es un pensamiento minoritario, lo cual para mí es dudoso, tampoco les da el derecho a aplastarnos, ningunearnos y a insultarnos en la única vez que se dirigen a nosotros como sector de la sociedad. Nuestra emisora está siendo cada vez más oída. Ese conflicto, como ya se sabe, ha tenido alcance nacional, y estamos teniendo mucha audiencia. Sin embargo, acá hacen de cuenta que no existimos, no tenemos reconocimiento del municipio local. Somos el único medio de Huerta Grande y cuando celebran el día del periodista no nos invitan, no nos llegan noticias oficiales, no nos invitan a las conferencias de prensa, a los actos oficiales. Eso atenta contra la democracia, la libertad de expresión, contra el derecho humano de acceso a la información. Y además nos muestra que estamos en las manos de gobernantes que son bastante ignorantes e incapaces de entender las contradicciones de la política y de dialogar con sectores opositores. No solamente se vulnera el derecho a la libertad de expresión y al trabajador de prensa, sino que también a otros derechos como el derecho a la protesta y otras situaciones que tienen que ver con la participación de la sociedad y con los deberes de los funcionarios públicos de atender a todos los sectores sociales  

VB: ¿Qué propuesta alternativa existe a la de la autovía impuesta desde la Provincia?

Juan: La alternativa que hemos propuesto ha sido clara y pública oportunamente: la solución para el tránsito en el Valle de Punilla es arreglar la ruta 38. Nada de todo esto tiene que ver con arreglar la ruta 38. ¿Qué van a hacer? ¿La van a dejar abandonada cómo está? En este punto hay que denunciar también el lobby de Vialidad Nacional con el Gobierno de Córdoba para realizar esta obra que ha dejado en estado de abandono la ruta 38: no tiene banquinas, es una ruta vieja que fue construida en la década de 1930, cuando no existían autos con las velocidades actuales. Es inminente y absolutamente necesario arreglar la ruta 38, y sería mucho más económico que la locura que están haciendo, tendría menos impacto ambiental, no tendría conflictividad social. La solución del tráfico en Punilla es arreglar la ruta 38, hacer de la 38 una autovía en los tramos que se pueda y generar alternativas junto con el ferrocarril. Deberíamos tener ferrocarril, ya estamos en el siglo XXI y la verdad es que estamos hablando de autovía y tenemos un ferrocarril de la década de 1940, en ese sentido, hay que mejorar el ferrocarril. 

Y para el proyecto de corredor bioceánico del IRSA, si es tan necesario que lo hagan por la ruta 9 hasta Deán Funes, y desde Deán Funes a Cruz del Eje. Que se vaya a la cordillera por la ruta que va de Deán Funes sin pasar por acá. Esa sería la solución para el corredor bioceánico del IRSA. 

Hay muchas alternativas, lo que pasa es que el negocio de las empresas constructoras que manejan esta provincia -Roggio, Sacde, Chediack- es mover tierra. Y si la obra que se propone -ya sea el arreglo de la 38 o hacer el corredor bioceánico por la ruta 9- son obras económicas que no implican  suficiente movimiento de tierras, no es negocio para las empresas constructoras que se dedican a robar con eso. Uno nunca puede medir el movimiento de tierras y eso es un afano total. Este tramo de la autovía, sólo este tramo, estaba presupuestado en 100 millones de dólares y ya sabemos que se sobrefacturó en un 40%. A eso hay que sumarle los intereses que va a tener ese préstamo, más imponderables. Esto va a alcanzar, tal vez, los 200 millones de dólares sólo para el primer tramo. Ese es justamente el negocio. Si pensáramos en arreglar la 38 o hacer el corredor bioceánico por la ruta 9 no es negocio para Roggio, por lo tanto imponen de manera violenta este proyecto de la autovía por la montaña.

VB: ¿Quisieras agregar algo más?

Juan: Me parece importante tener en cuenta que se están sucediendo hechos de una gravedad supina en todo el país y que tienen que ver con el avance del extractivismo. Los condicionantes de la deuda externa, la situación económica en el país, no pueden ser motivo para querer avanzar sobre los recursos naturales de la patria, destruyendo, sacando y saqueando el subsuelo de la patria sin pensar en las generaciones futuras, sin pensar en el equilibrio biológico. Hay una necesidad económica de que esas energías y todos esos recursos y bienes comunes se utilicen de manera inteligente y no para el derroche, como se piensa hacer. Acá estamos frente a un escenario muy grave de extractivismo y de un avance irracional de lo que se quiere hacer. Sin ir más lejos, cuando se le preguntó al gobernador Schiaretti como iba a resolver el problema del agua en Córdoba si destruían las fuentes de agua que llevan al San Roque, el planteó un acueducto Santa Fe-Córdoba. Y esto está aprobado, y está aprobado por el Gobierno Nacional. Entonces, el Gobierno Nacional hoy está abalando quitarle millones de litros de agua al Río Paraná en la situación en la que ya se encuentra. Antes de resolver el problema de los humedales, de los incendios, el Gobierno Nacional ya autorizó hacer un acueducto Santa Fe-Córdoba… ¿Y qué pasa con la quema de los humedales? ¿Y qué pasa con el problema de la minería en Catamarca? …esa minería violenta que ha contaminado poblaciones enteras…¿Y qué pasa con las fumigaciones en la zona de la frontera agropecuaria?…la gente que tanto sufre, que vive cerca de los campos de soja…¿Y qué pasa con la explotación petrolera bestial y la intención de hacer explotación petrolera en Mar del Plata? ¿Y qué pasa con la llegada del litio y los intereses internacionales sobre el litio de Argentina? ¿Y qué pasa con la pelea por el agua? Es decir, acá nos quieren saquear a diestra y siniestra de manera absolutamente, no solo violenta sino veloz, que no podemos ni darnos cuenta. 

Entonces, me parece que hay que empezar a plantear seriamente  un frente nacional antiextractivista, a plantear una cuestión de sensatez económica para el país. Esto nos va a llevar a la pobreza. Nos quieren transformar en un país pobre de África en el corto plazo. A este ritmo en los próximos 20-30 años va a quedar un país saqueado, sin nada. Entendiendo las complicaciones de la economía, de la deuda externa, etc., etc., pero no es el camino utilizar el extractivismo y solamente la exportación de materias primas como salida económica para el país. Todas las gestiones de gobierno utilizan la misma excusa, el cortoplacismo de plantear que hay una necesidad inmediata hasta poder resolver, industrializar, y así seguimos en la misma situación hace 50-60 años. 

Acá lo que hace falta y lo que planteamos claramente, y que tenemos que colaborar en todo el país, es frenar el extractivismo en el país al precio que sea. Que tengamos que perder algunas beneficios de la modernidad, de la tecnología y del confort que nos vende el mercado para ser parte del mundo pero entendiendo que el agua no se puede reemplazar, que no hay máquinas que fabriquen los árboles que se queman, que no hay máquinas que puedan arreglar las montañas que se rompen. Así que acá hay que avanzar a nivel nacional en todos los frentes nacionales, en las ciudades, en el campo, en la montaña, en la costa, en un frente nacional antiextractivista para frenar el saqueo de los recursos naturales. Ese es el mensaje que tengo para dar y esperamos que esto se pueda seguir profundizando en todos los territorios. Así como estamos peleando en Punilla, en todos los territorios está avanzando el saqueo extractivista, y hace falta el esfuerzo que estamos llevando acá de ir a frenar las máquinas. No alcanza con la declamación, no alcanza con los discursos, ni siquiera alcanza con las marchas ni las visibilizaciones. Hay que moverse para frenar las máquinas como hace el pueblo de Choya en Catamarca, como hacen los defensores ambientales de Punilla. Ir a frenar las máquinas y decirles, “hasta acá llegamos muchachos, ¡basta! ¡basta de saqueo!”.

“Tenemos la necesidad de decir la verdad por la valentía de proclamar la verdadera justicia.”

Osvaldo Bayer 

El último 4 de junio se realizó en Santa Fe (Rosario) — también en Mendoza y Catamarca— una audiencia del Juicio Ético Popular a los Ecocidas. La actividad forma parte de un proceso que se viene construyendo desde marzo de 2022 y busca escuchar a las y los actores afectados, directa e indirectamente, por el modelo de producción, distribución y consumo del sistema vigente. La denuncia es no solo hacia la violación de los derechos humanos, sino también a los derechos de la naturaleza y su asimétrico impacto en los territorios y poblaciones del sistema-mundo. 

Los juicios ético-populares en el territorio denominado Argentina remiten a la histórica lucha contra la impunidad en el período de recuperación de la democracia post dictadura cívico-militar-eclesiástica. Es un recurso utilizado desde los sectores no institucionalizados, y/o populares, para producir sentido, unir, argumentar, distinguir y visibilizar lo que se oculta desde los lugares y discursos hegemónicos. 

El cuestionamiento acerca de la justicia —para qué sirve y para quiénes trabaja— trata de poner en tensión el sentido mismo de justicia a través de los testimonios que evidencian las sistemáticas prácticas que deberían ser consideradas ilegales o, por lo menos, dignas de investigación y, en muchos casos, punición a los involucrados en estas prácticas nítidamente violadoras de derechos básicos. 

La potencia está puesta en la polifonía de voces, en la construcción participativa e integradora que abarca distintas cosmovisiones. Hecho que desafía los discursos oficiales y que apela a solidaridad y a la construcción popular frente a un sistema jurídico parcial y funcional a los intereses del capitalismo —que apuesta a un crecimiento económico infinito frente a recursos finitos y no renovables— y a sus distintas formas de representación de poder. 

La audiencia llevada a cabo en Rosario, y que también forma parte de un proceso iniciado el año 2011 a través de un Juicio Ético a las Transnacionales, hace un rescate histórico que pone énfasis en la estructura de la matriz extractivista y su desarrollo en distintos contextos (geo)políticos y económicos. Una forma de nombrar a los y las responsables en todos los niveles, evitando reproducir un discurso binario que tiende al vaciamiento argumentativo (y político) y que termina por dificultar la comprensión de los hechos y el reconocimiento de los culpables, recurso muy utilizado por los medios hegemónicos de comunicación. 

Una sentencia final tendrá lugar en diciembre de 2022. Todo el proceso puede ser acompañado por la página del Tribunal. Abajo compartimos el trabajo de sistematización de la audiencia  en la causa “agronegocios”, elaborado por el comité organizativo del juicio compuesto por la Multisectorial Paren de Fumigarnos. En las próximas semanas, compartiremos otros documentos de las causas de salud, hidrovía, extractivismo urbano e incendios en los humedales. 

JUICIO ÉTICO Y POPULAR A LOS ECOCIDAS – ARGENTINA 

AUDIENCIA EN ROSARIO – sábado 4 de junio del 2022

Ciudad de Rosario. Bv Oroño y el Río Paraná

TRIBUNAL: 

Sandra Gallo, Álvaro Álvarez, Damián Verzeñassi, Beverly Keene, Alicia Massarini

TESTIMONIOS: 

Agronegocios: Daniel Romano de la Multisectorial Paren de Fumigarnos y Martín Montiel de la Asamblea Contra los Agrotóxicos La 18 y de la Red de Comercio Justo del Litoral

Salud: Dra Analía Zamorano, del Instituto de Salud Socioambiental de la UNR

Hidrovía: Juan Pablo Guadagnoli, del Equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía. 

Extractivismo urbano: Lidia Aranda, vecina de Playa Norte, Santa Fe y Antonia Pereyra, de Vecinas de la Sexta en Lucha.

Incendios en los humedales: Cintia Pendino, Lucía Crosetto y Melisa Ceballos, del Colectivo Amaranto – Multisectorial por los Humedales. 

Los pueblos tienen la palabra. En defensa de los cuerpos y territorios.

AGRONEGÓCIOS

Exponemos aquí a personas, entidades o sectores del gobierno/estado, algunos de los que consideramos responsables del ecocidio generado a consecuencia del modelo agroindustrial. Son organismos del estado o de la actividad privada, encargados de generar conocimiento o controlar los procesos para evitar daños a la población. Si bien hay en ellos científicas/os o trabajadores que se diferencian y trabajan correctamente. Estas reparticiones y sus directivos aportan decididamente a la continuidad del modelo genocida.

CARLOS MENEM / FELIPE SOLA: presidente y secretario de agricultura, que habilitaron en marzo de 1996 el paquete tecnológico de la soja RR transgénica, que fue determinante en el crecimiento del uso de agrotóxicos, monocultivos, depredación de la biodiversidad, expulsión de pobladores de los territorios y el crecimiento de enfermedades y muertes producto de exponer a la población a los pesticidas. Este hecho fue determinante para que de los 30 millones de litros de agrotóxicos por el año 1995, arrojados en la zona más poblada del país a nivel nacional, estemos hoy llegando a los casi 600 millones de litros.

TRASNACIONALES – SEMILLERAS – PUERTOS: los grandes responsables y ganadores del modelo agroindustrial vigente. Modificaron nuestras semillas, nuestra comida, destruyen nuestros hábitats con el flujo de millones de camiones. Impusieron los commodities actuales. Amparándose en las ART se han desentendido de la salud, la seguridad laboral y la vida de sus trabajadores. Envenenan los cursos de agua, napas y humedales y el Paraná con sus afluentes tóxicos.

BIOCERES: debemos mencionar a esta empresa argentina que ha desarrollado los últimos eventos transgénicos, el HB4 trigo y el HB4 soja, apoyada en las universidades, en especial la UNL. Hay una tendencia en seguir por este camino, que significa menos seguridad alimentaria y más contaminación.

CONICET: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha permitido la promoción de los eventos transgénicos y las tecnologías que ponen en riesgo la salud de la población por acción o por omisión. Cuando el Dr. Andrés Carrasco, referente de la ciencia digna, denunció las afectaciones a la salud que producía el glifosato, no lo respaldó, lo dejo librado a su suerte y a la persecución de Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina entre 2007 y 2018.

UNL: Universidad Nacional del Litoral: universidad pública donde se realizan estudios sobre eventos transgénicos como el trigo HB4 resistente al glifosinato de amonio, mucho más tóxico que el famoso glifosato. Esto aumentará las fumigaciones sobre los territorios, y pondrá en riesgo nuestro pan y nuestra salud.

RAQUEL CHAN:  profesora titular en la Universidad Nacional del Litoral e investigadora principal de CONICET. En 2008 es elegida directora del recientemente creado Instituto de Agrobiotecnología del Litoral 3 (IAL), un centro conformado por la UNL y CONICET para el estudio de la biotecnología y biología molecular vegetal.             

GROBOCOPATEL: fue miembro del directorio de AAPRESID durante 8 años. Fundador de Bioceres S. A., donde fue Presidente del Directorio durante sus primeros 8 años. Ambos han tenido una destacada tarea en la creación de nuevos eventos transgénicos, como el caso HB4 resistente al glufosinato. Enlazando a la universidad pública con una empresa privada como Bioceres.

FUNDACIÓN LIBERTAD: una entidad creada para el debate de temas sociales, económicos, políticos y empresariales. Es el ámbito donde se legitiman las políticas, que tienden en nombre de la libertad, a concentrar la riqueza y apoyar modelos como el agroindustrial que nos envenena. Algunos de sus disertantes han sido figuras como Mario Vargas Llosa, los Premios Nobel de Economía: Gary Becker, Douglas North, John Harsanyi, Robert Lucas, James Buchanan, James Mirless, el historiador Paul Johnson, o Lech Walessa. Todos exponentes de derecha, de un pensamiento elitista, al servicio de la impunidad de los más ricos y poderosos.

BCR: Bolsa de Comercio de Rosario es una asociación civil fundada en 1884, para garantizar negocios, defender a los inversores y asegurar el avance de los agronegocios. Se realiza ahí, todos los años el simbólico y determinante primer remate de la soja transgénica. Generalmente en el mes de abril. 

ASOCIACION ARGENTINA DE SIEMBRA DIRECTA (Aapresid): es una organización civil, fundada en agosto de 1989 por productores rurales de la zona central del país. Tiene sede en la Ciudad de Rosario. Promueve y defiende la aplicación del modelo actual químico dependiente y de semillas transgénicas. Corresponsable del aumento de las cantidades de venenos arrojados sobre la población.

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: en relación al Senasa  podemos decir entre otras cosas, que no han reclasificado al glifosato  y el 2 4D como debería haberlo hecho en base a la re categorización del IARC/OMS que los considera como probables y posibles agentes cancerígenos y como el SENASA es responsable de categorizar a los plaguicidas y eso significa que el glifo siga siendo banda verde y no amarillo o rojo como correspondería…y tengamos en cuenta que se utilizan más de 300 millones de litros x campaña de formulados en base al glifosato, todos categorizados aun como banda verde, que facilita su aspersión frente a viviendas, escuelas, cursos de agua etc. 

GOBIERNOS PROVINCIALES Y SUS MINISTERIOS de Salud, Medio Ambiente, Producción y Educación. Todas las expresiones políticas han apostado y propagandizado el modelo de producción. Aquí no hay grieta. Ninguno tuvo iniciativa para al menos iniciar una transición hacia otros modos de producir junto a la mayoría de las y los legisladores del último cuarto de siglo que han impedido el avance de legislaciones que, de aprobarse, sin dudas preservarían la salud de las personas y de los territorios.

Debemos destacar, en estos últimos años, a todas/os quienes integran la actual Cámara de Senadoras de la provincia de Santa Fe.  En 2019 el proyecto modificatorio de la vieja ley de agrotóxicos (Nº 11273/95), fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 33 votos a favor y una vez más perdió estado parlamentario en la Cámara Alta.

PROFESIONALES DE LA SALUD: Médicas/os fundamentalmente de pueblos fumigados, han mirado para otro lado. No se ocuparon de conocer el origen de las enfermedades de sus pacientes, o las han ocultado cuando comprobaron las verdaderas causas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: son uno de los pilares fundamentales a la hora de promocionar las “virtudes” del sistema. Habilitan micros radiales y programas para el agronegocio. Una de sus principales fuentes de ingresos son los dineros de la agroindustria. Y paralelamente operan para desautorizar las voces serias, comprometidas y dignas que cuestionan, denuncian y proponen otro camino posible.

MESA DE ENLACE: Integrada por los representantes de grandes, medianos y pequeños productores. Sociedad Rural Argentina, CRA, Coninagro, FAA

Agrupamiento conformado en marzo de 2008, a partir del anuncio por parte del gobierno nacional a cargo de Cristina Fernández, de la resolución 125/08 que establecía un nuevo régimen de retenciones al agro.

Sólo se han preocupado y ocupado de discutir las cuestiones economicistas del modelo de agronegocios. Jamás quisieron debatir en relación con la salud, la pérdida de biodiversidad, la vulneración a los derechos de la naturaleza y la violación a los derechos humanos.

SECTORES MAYORITARIOS DEL INTA: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo de investigación, estatal, descentralizado con autarquía financiera y operativa dependiente del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.

El INTA es un instituto de investigación al servicio de los productores agropecuarios en el desarrollo agro-tecnológico mundial. Su accionar para alertar sobre las consecuencias negativas del modelo es poca, aunque hay sectores que lo han intentado. Su accionar es similar a otras reparticiones, siendo funcional también. Aunque valoramos el esfuerzo de algunos de sus integrantes. El director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Trebino, en mayo de 2017 envió un correo a algunas autoridades de la institución. El asunto-título señalaba “directivas sobre la comunicación institucional”. El correo electrónico aparece con la etiqueta de “Importancia: alta”. En el mismo se les pide que se “abstengan” de utilizar la palabra “agrotóxicos”.

No es de extrañarse, si se tiene en cuenta que el INTA integra la “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”, donde confluyen todas las empresas de agrotóxicos y que funciona como espacio de lobby político y técnico para maquillar las consecuencias del modelo basado en uso de químicos. En la red sobresale la Cámara de Sanidad Animal y Fertilizantes (Casafe, integrada por Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow y todas las empresas de agrotóxicos), Asociación de Semilleros de Argentina (ASA, todas las compañías de semillas transgénicas), Argenbio (académicos con vinculaciones con empresas del agronegocio), Aapresid, CREA, Facultad de Agronomía de la UBA y el Ministerio de Agroindustria.

 FUERZAS DE SEGURIDAD: siempre defienden la propiedad privada, a la Bolsa de Comercio, a los empresarios. Nunca a los asambleístas que defendemos la vida, incluso la de ellos y sus familias. En San Lorenzo en el 2005 liberaron la zona para que la patota mandada por la intendenta y el senador nos golpeara a los vecinos, que cortamos la calle por el paso de los camiones sojeros por el barrio.

JUSTICIA: en casi 3 décadas de modelo transgénico, es muy pobre su actuación en una provincia dónde, por ejemplo, el gremio docente denunciaba 700 escuelas fumigadas. Pero la movilización de los vecinos  lograron  3 fallos a favor, donde se destaca el aval de la Suprema Corte de Justicia a la sentencia de la Cámara de Apelaciones N° 2 que fija un área de resguardo ambiental de 1000m libres de pesticidas que abren una perspectiva diferente para el futuro.

Por Marcela González Marcos

En el día de ayer,  en lo que ya se ha convertido en la jornada 25A, cientos de personas se concentraron en las inmediaciones de la Embajada de la República Popular China para repudiar  el “Acuerdo Porcino”.

Hace pocas semanas, desde Virginia Bolten, desarrollamos una investigación acerca de los fines de las centrales nucleares y el interés de China en financiar la instalación de una cuarta planta en el territorio denominado Argentina.

Pues no es sólo esta la apuesta que pretende hacer el gigante asiático en el territorio. Como ya es de público conocimiento, existe un borrador del memorándum de entendimiento entre ambos países para la futura instalación de granjas porcinas, que exportarían unas 900.000 toneladas de carne por año a Beijing y también a otros países del sudeste asiático.

Se estima que se instalarían en una primera etapa unas 25 granjas, de 12500 cerdos cada una, para satisfacer la creciente demanda de esta carne en China. Cada granja sería una instalación integrada, desde el procesamiento de granos para alimentación animal hasta la cría de cerdos, matadero y envasado.

Vale recordar que dicho país sufrió un brote de Peste Porcina Africana (PPA). Este virus, por cierto contagioso, afecta a los cerdos alterando de muchas formas su vitalidad. Para evitar su propagación en ese país, se estima que se habrían sacrificado aproximadamente entre 180 y 250 millones de cerdos (quemándolos o enterrándolos vivos), lo que disminuyó la producción entre un 20% y 50 %.

La firma del acuerdo estaba pautada para fin del año 2020, pero fue demorada hasta septiembre por un agregado de último momento: cuestionamientos de organizaciones sociales y ambientalistas.

Sin embargo, con o sin memorándum, el proyecto ya fue iniciado en la provincia de Chaco, donde el gobernador Jorge Capitanich firmó un acuerdo con la empresa de capitales chino-argentinos Feng Tian Food, a través del cual se buscarán inversiones chinas para instalar 3 plantas productoras de carne de cerdo.

Argentina es el cuarto país en el que más ha invertido China en América Latina en la última década, luego de Venezuela, Brasil y Ecuador. Y todas estas negociaciones se han dado en el marco de la pandemia y la nítida diplomacia de las vacunas que desplegó el país asiático en el mundo para combatir el Covid.

Por su parte, agrupaciones ambientalistas, defensoras de animales, así como personas investigadoras y científicas, han dado a conocer las consecuencias que generarían estas factorías.

En principio, hablamos de un proyecto que no ha sido consultado a la población, ni del cual se ha brindado información pertinente a la sociedad. Poniendo en duda las formas mediante las que se aprobaría e implementaría, tal como sucedió con la introducción de soja transgénica allá por el año 1996, en combinación con los agrotóxicos necesarios para su crecimiento.

Por otro lado, es importante cuestionar el mito de que estas mega granjas generarían muchos puestos de trabajo, mejorando el déficit laboral y la crisis económica que atraviesa el territorio argentino. Y es mito ya que hablamos de un modelo industrial, con capital intensivo y sus números en puestos de trabajo son exagerados con un motivo elocuente.

Asimismo, el impacto socioambiental también será contundente. Criar este número importante de cerdos requiere de gran cantidad de agua, por lo que la ubicación de las granjas estará en cercanía a lugares habitados, con todo lo que ello implica: contaminación, olor, y consumo de agua.

A esto debemos agregar que estos animales demandarán más soja transgénica como alimento, lo que implica seguir con el circuito de deforestación y siembra con agrotóxicos -que hoy ocupa un 60% de la tierra cultivable- dando lugar a un aumento de enfermedades, despojo de tierras a la población que las habitan, desbordes de ríos y futuras enfermedades generadas en estas granjas de hacinamiento, que a su vez debido al uso de antibióticos, culminará en una resistencia bacteriana, y serán estas nuevos focos de contaminación y pandemias.

Por último, dejar en evidencia y poner en reflexión las formas en las que una y otra vez se argumenta salir de las crisis, sin tener en consideración los impactos ecosistémicos a largo plazo. Ejemplos nos sobran. Vaca Muerta y la introducción de Soja transgénica son dos modelos elocuentes, que además de responder a un sistema económico extractivista con intereses de los grandes capitales, han generado un sinfín de cambios e impactos atroces en la población, como son los numerosos sismos que se han registrado en la región de Vaca Muerta, el aumento de la prostitución, la falta de inversión en fuentes de trabajo, desaparición de pequeños productores, así como los impactos ya conocidos del modelo transgénico: contaminación por Glifosato (Bayer-Monsanto) de aguas, ríos y población aledaña, malformaciones, aumento de cáncer y expulsión de poblaciones originarias para avanzar con la frontera agropecuaria.

Seguir respondiendo al modelo capitalista-extractivista y en este caso agroindustrial, no nos sacará de la crisis, muy por el contrario.

Comprender que estas industrias responden a grandes empresas (extranjeras), que poco o nada dejan en el territorio, y van a contramano de una soberanía alimentaria que garantice una inversión en la producción local, en las economías regionales con alimentos sanos, y agroecológicos, es hoy fundamental.

Ni en septiembre ni nunca. Ni chinas ni de ninguna parte.

¡No a las megagranjas!

Por Verónica Raffaelli

El 19 de agosto la Legislatura Porteña, con los votos del PRO, UCR, Socialismo y Coalición Cívica, aprobó en primera lectura el proyecto inmobiliario impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Grupo IRSA, llamado Costa Urbana.

Como informó el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la votación se realizó violando la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú, por no haber convocado a audiencia pública previa a ese tratamiento legislativo y no haber realizado la evaluación de impacto ambiental correspondiente, sumado a que se votó el proyecto de ley con la mayoría absoluta (la mitad + 1) cuando corresponde que se vote con la mayoría agravada de los ⅔ (40 votos).

El proyecto Costa Urbana surge de la posibilidad que el GCBA le otorgó a IRSA de construir decenas de torres de 145 metros de altura y aproximadamente 900 mil metros cuadrados en la Costanera Sur, que destruirían el humedal costanero. Las torres se destinarán principalmente a viviendas de lujo pero también a comercios, shoppings y hoteles, alcanzando una superficie total construida de 24 hectáreas.

Paradójicamente, esto sucedió en una semana donde se produjeron nuevos incendios en la provincia de Córdoba, una gran movilización hacia el Congreso en reclamo de la sanción de una Ley de Humedales y la mediática “invasión” de carpinchos en Nordelta.

La aprobación también se produjo a pocas semanas de conocerse el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU. En este se advirtió sobre un impacto irreversible, pronosticándose para los próximos años escasez de agua, hambre, enfermedades, extinción de especies, éxodos y ciudades sumergidas por la crecida de los océanos.

Una catástrofe ambiental que no reviste nada de casual sino que es producto de siglos de capitalismo, extractivismo y colonialismo, a costa de la expoliación de nuestras poblaciones, territorios y recursos naturales.

Situación a la que los gobiernos de turno responden con más cemento, destrucción de la flora y la fauna autóctona, mayor contaminación y aumento de la brecha social.

Para entender el entramado de poder entre dirigencia política y empresarial detrás del otorgamiento y aprobación de estos negocios, como hemos investigado en un caso de iguales características en la Provincia de Santa Fe, basta con conocer algunos datos.

El 20 de julio de 2021 se firmó un convenio urbanístico, entre IRSA y el GCBA, por el cual se le otorgó a esta empresa la excepción para poder construir un nuevo Puerto Madero.

Los terrenos, que en la zonificación figuraban como “Villa Soldati”, IRSA los compró a 51 millones de dólares, a sabiendas de que a partir de la firma del convenio urbanístico el valor del suelo se multiplicaría 32 veces como mínimo.

Asistimos nuevamente a otro caso más de especulación inmobiliaria, en un territorio donde miles de familias tienen la calle como hogar y donde otras tantas miles no pueden acceder a una vivienda, teniendo que pagar alquileres que cada vez son más inaccesibles. Costa Urbana es un proyecto que en ningún caso apunta al acceso a la vivienda de las clases populares ni a solucionar el déficit de habitacional, sino que solo aspira a llenar los bolsillos de quienes se enriquecen con las burbujas inmobiliarias.

Para comprender un poco más cómo es que funciona el negocio inmobiliario, nos basta con saber que Eduardo Elsztain, el dueño de IRSA – empresa dedicada a la construcción-, es el mismo dueño del Banco Hipotecario, único banco autorizado a otorgar los créditos del Plan Procrear, que a su vez es la única política pública existente, completamente limitada y sectorizada, que posee hoy el estado argentino para el acceso a la vivienda.

Desde Virginia Bolten, ya hace tiempo venimos investigando e informando acerca de los negociados y empresas de Eduardo Elsztain, que posee participación en empresas que operan en territorios palestinos ocupados  y que  instalan misiles en las Islas Malvinas.

IRSA, y en mayor medida, Euardo Elztain (a través de otras empresas que están a su nombre, como la Austral Gold, el Banco Hipotecario, Cresud, Alto Palermo SA, etc.) viene desarrollando negocios con todos los niveles de poder, nacionales y provinciales, así como con todos los sectores políticos (Juntos por el Cambio, peronismo, kirchnerismo).

A causa del peligro que supone la efectiva realización de este proyecto, dado su impacto socio-ambiental, una multitud se movilizó el pasado domingo 22, en protesta por la aprobación que otorgó la Legislatura Porteña y en reclamo de una Costanera verde y pública para toda la ciudadanía.

La acción, una enorme bicicleteada, se inició en las puertas del Congreso y recorrió varios puntos, como el Obelisco y Plaza de Mayo, para terminar sobre la entrada Sur de la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, que forma parte de los humedales donde se pretende construir.

Vanessa Dourado 

 El debate sobre emergencia climática y ecológica, sumada a la sanitaria, está en la agenda de gobiernos de todo el mundo y, finalmente, se volvió hegemónica. Los nítidos efectos del cambio climático sumado a la pandemia —que también está íntimamente relacionada con la destrucción masiva de los ecosistemas por su carácter reconocidamente zoonótico— interpelan a todos los sectores de la sociedad sobre la necesidad de dar una respuesta urgente. Que la misma sea capaz de reducir los impactos venideros que no solo afectarán a los históricamente perjudicados; los pueblos de los territorios del Sur Global, sino que también significa perjudicar a los grandes negocios que garantizan el funcionamiento del sistema capitalista y su modelo de producción, distribución y consumo. La era pós-fósil llegó y con ella se abren, por otro lado, los debates sobre las transiciones hacia la economía verde. 

Un sinfín de propuestas verdes proliferan y tienen marcadas diferencias de forma y contenido que, sin embargo, repiten una misma fórmula; por un lado están los países del Norte buscando no perder su lugar como protagonistas y detentores de las soluciones para imponerlas al resto del mundo, esto combinado con el poder corporativo, por otro están las mayorías sociales que buscan disputar un proyecto que garantice otro modelo de sistema que ponga la vida en el centro de la discusión. 

La apuesta de los sectores que buscan salir de la crisis reforzando el modelo económico y de mercado es la implementación masiva de tecnologías verdes y digitales. Esa economía moderna, competitiva y eficiente en recursos donde no haya emisiones netas de carbono en 2050 —como lo sugerido por la Comisión Europea—, sin embargo, inaugura un proceso de externalización de los procesos industriales hacia los países que con menor capacidad tecnológica que, y más allá de ser más vulnerables ante los impactos devastadores de la crisis, son los que tienden a la desregulación y a brindar mano de obra barata e/o informal, exacerbando aún más la desigualdad entre el Norte y el Sur. 

El afán por digitalizar todos los procesos productivos, al contrario de lo que se dice, poco tiene que ver con la preservación del medioambiente, sino que busca garantizar el liderazgo de aquellos que detentan el poder sobre esas tecnologías. El consumo de energía de la economía digitalizada es altísimo y tiende a crecer a la medida que se impone como única forma de inclusión al mundo globalizado. Asimismo, estas tecnologías dependen de la extracción de litio, cobalto, cobre, alumínio y otros elementos que transforman, una vez más, los territorios del Sur en zonas de sacrificio y que dan continuidad a una cultura extractivista y colonialista que mira hacia estos territorios como meros proveedores de materias primas.

Las grandes discusiones que se dan en torno de la transición, urgente y necesaria para garantizar la vida en el Planeta, proponen una ayuda a los países vulnerables, pero en ningún momento hablan desde una perspectiva de justicia climática —teniendo en cuenta que los países del Norte son los grandes responsables por el actual estado de cosas— sino que diseñan un futuro donde la deuda verde condenará los dichos subdesarrollados a la entrega de sus territorios en nombre del futuro sustentable. Ese escenario de injusticia se suma a proyectos que buscan cercenar las resistencias y también deslegitimar las alternativas propuestas por las comunidades campesinas, indígenas y los movimientos sociales. 

Cuando el tema es tan sensible como la alimentación —asunto curiosamente poco debatido entre los tomadores de decisión—, lo que se nota es una aceptación acrítica de los modelos contaminantes que son llevados a cabo por las grandes corporaciones productoras de agrotóxicos. Más allá de los conocidos efectos negativos de la agricultura industrial y su contribución a los procesos de desertificación y contaminación y, por ende, de profundización del cambio climático, su uso combinado con procesos de automatización de todos los segmentos de la producción busca reemplazar los saberes históricos de la agricultura, en el sentido original del término. Proyectos como el Ag-Tech y el Ag-One, propuesto por Bill Gates, son nítidos ejemplos de cómo las empresas y organizaciones dichas filantrópicas, además de imponer un modelo de transición 4.0, se esfuerzan en destruir la posibilidad de reproducción, transmisión y propagación de alternativas a los modelos de producción hegemónicos.

Esta batalla desigual se ve concretamente reflejada cuando los Estados compran las soluciones que tienen por objetivo beneficiar a unos pocos en detrimento de las mayorías. En el territorio denominado Argentina, que más consume agrotóxicos por habitante —12 litros cada año— en el mundo, se aprobó el primer caso de trigo transgénico a nivel mundial. El Trigo HB4 es resistente a sequías y su producción está directamente relacionada con su capacidad de aumento de productividad frente a circunstancias de estrés hídrico, cada vez más comunes como consecuencia del cambio climático y del uso irracional de los recursos. Sin embargo, este organismo genéticamente modificado también es tolerante al Glufosinato de Amonio, un poderoso agrotóxico que, según la FAO, es 15 veces más tóxico que el Glifosato. Pese a todas las advertencias de personas expertas acerca de los riesgos involucrados, el Estado argentino busca poner en marcha la producción apenas sea aprobada su importación en Brasil, mayor importador del commodity. 

Tales evidencias demuestran que la transición pensada desde los Estados y corporaciones está lejos de ser la deseable, justa y sana, para garantizar una salida posible a los retos que se imponen para los próximos años y que serán determinantes en la construcción de un mundo habitable. Mientras tanto, las voces de las mayorías siguen gritando por justicia ambiental acompañada de justicia social y económica que sea capaz de romper con las estructuras coloniales, patriarcales y racistas que sostienen este sistema y su máquina necromercantilizadora. 

Fuentes: 

SHIVA, Vandana; ANILKUMAR, Prerna y AHLUWALIA, Urvee.  Ag One: Recolonisation of Agriculture 

PÉREZ, Alfons. Pactos Verdes en Tiempos de Pandemias

De trigo, transgénicos y herbicidas. Un modelo de agricultura que profundiza la inequidad y daña al ambiente.

Por Vanessa Dourado y Mariano Sánchez Toranzo

El pasado 22 de abril, Día de la Tierra, se lanzó la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida. La actividad fue transmitida en línea con casi mil participantes y acompañada por un pequeño grupo de personas reunidas frente al Congreso de la Nación.

La iniciativa, que cuenta con la participación de decenas de organizaciones de varias provincias argentinas, nació con el objetivo de interpelar a los más variados sectores de la sociedad acerca de la importancia de defender el agua como un bien esencial para garantizar la vida en el Planeta, según relata el texto de la convocatoria. La campaña se da en un contexto de elecciones legislativas en el país, donde el 24 de octubre serán elegidos los y las representantes de la cámara baja y la cámara alta.

Con la consigna “La Otra Campaña” el colectivo cree que los partidos que últimamente se alternan en el gobierno tienen el extractivismo como política de Estado y no plantean alternativas ni transiciones hacia la búsqueda de la justicia socio-ambiental. Con lo cual se hace necesaria una consulta popular para proteger el agua como elemento vital para garantizar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.

En la actividad participaron personalidades reconocidas del medio artístico argentino como Katja Alemann, Elena Rogers, Mirta Busnelli, Natalia Juncos y Elvira Onetto. Las actrices forman parte de una colectiva que se organizó a partir de una carta a favor de la legalización del aborto en marzo de 2018, junto a más 400 compañeras de profesión. Desde entonces, la organización ha militado por la igualdad de derechos y contra el abuso sexual y violencia de género junto al acompañamiento de sus víctimas. Entre las muchas comisiones organizativas que integran esta colectiva, se ha creado la comisión ecofeminista

También estuvo presente Nora Cortiñas, quien hizo memoria del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres y remarcó que el agua es una riqueza que tiene que ser defendida día a día. Además, la Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora, hizo una apelación para que se involucren, en la defensa del agua, las personas jóvenes y niñas.

La campaña está organizada en bloques temáticos que se desarrollarán durante todo el año, estos tienen por objeto dar debates colectivos sobre las actividades económicas que generan problemáticas que involucran el agua y su dimensión socio-ambiental. Más allá de la participación de personas expertas y asambleas territoriales para los tópicos propuestos, la campaña tendrá aportes de actores internacionales. Los colectivos esperan finalizar la campaña de concientización e información con un llamado a una consulta popular no vinculante y pretenden, para el año que viene, impulsar la presentación de un proyecto de Ley protector del agua en su más alto espectro, a través de una iniciativa popular para lo cual deberán juntar 500 mil firmas. 

En los últimos meses, se han dado protestas y conflictos por el agua en por lo menos tres provincias argentinas —a resaltar Chubut, Catamarca (Andalgalá) y Mendoza— donde se desea llevar a cabo proyectos corporativos que no tienen licencia social.

Por Carolina Acevedo y Vanessa Dourado 

El último 22 de marzo, Día Mundial del Agua, el pueblo de Andalgalá, de la provincia de Catamarca localizada en el Norte de Argentina, inició bloqueos selectivos en las rutas que dan acceso a la zona del Nevado de Aconquija, región donde hay glaciares y ambientes periglaciares, a fin de impedir que avancen las máquinas, empleados y proveedores de la empresa canadiense Yamana Gold. La empresa logró autorización del Ejecutivo provincial que encabeza Raúl Jali para perforar la cordillera y, por ende, dar seguimiento al proyecto MARA, una integración del proyecto Agua Rica con la planta de la Minera Alumbrera.  

El ejecutivo de Yamana —que tiene operaciones en Cerro Moro (Santa Cruz), Glencore en Aguilar (Jujuy) y Goldcorp en Cerro Negro (Santa Cruz)—, Peter Marrone, afirma que el emprendimento en Catamarca aprovecha la infraestructura existente,  mejora economicamente el proyecto y simplifica la concesión de permisos. 

En el año 2008, en Argentina, la diputada Marta Maffei presentó una ley con el objetivo de proteger los glaciares y el ambiente periglacial. La ley fue aprobada en 2010 y en el año 2011 se dio inicio el inventario de los glaciares del país. Los glaciares contienen casi 70% de la reserva de agua dulce disponible en el mundo.

Los proyectos mineros a cielo abierto, vía de regla, consumen muchos millones de litros de agua, contaminan el agua, el aire y los suelos con una alta concentración de metales pesados y otros compuestos químicos necesarios para la extracción de minerales como Cobre, Oro y Molibdeno, que son explotados por esta empresa norteamericana en Catamarca. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una vasta literatura académica, la minería artesanal e industrial es una amenaza a la preservación de la calidad del agua dulce necesaria para el abastecimiento de agua potable, su uso recreativo y la producción de alimentos. También se relaciona a estas actividades un nivel considerable de exposición humana y graves problemas de salud pública.

El alto costo socioambiental y el impacto directo e indirecto sobre el bienestar y el derecho humano a un ambiente sano, hizo que un grupo de vecinos de Andalgalá, con poco más de 20 mil habitantes y cerca de 300 años de existencia, conformarse una Asamblea para denunciar y resistir a los proyectos mineros en la región. La Asamblea El Algarrobo se formó en 2010 y en ese mismo año, el gobierno de Catamarca reprimió brutalmente al pueblo con palos, bombas de gas lacrimógeno y balas de goma. Más de 150 personas fueron detenidas por el hecho de protestar. 

Ana Gloria Chayle, ciudadana andalgalense y miembro de la Asamblea El Algarrobo, relata que Andalgalá es territorio de resistencias y que las mujeres son las que están en la línea de frente de las distintas movilizaciones que se están dando desde esta primera represión en el año 2010. Ana cuenta que Las Mujeres del Silencio, grupo de mujeres andalgalenses, fueron golpeadas por las fuerzas represivas del municipio. A raiz de esto, se organizaron para salir todos los miércoles con las bocas vendadas y las manos atadas como una forma de denunciar y resistir a la represión y a la violación de los derechos de los pueblos y de la naturaleza. 

Chayle también habla de lo que llama “contaminación social”. Según la asambleísta, esta es una contaminación que atraviesa desde el momento cero a las poblaciones donde los proyectos extractivistas intentan instalarse. La ilusión de lograr un futuro mejor, dice ella, hace que las personas dejen de poner el bien común como prioridad y genera una división social que termina por beneficiar a las empresas y a unos pocos. 

En un contexto de pandemia, Andalgalá está fuertemente militarizada a fin de garantizar el distanciamiento físico, sin embargo, no ha aumentado el contingente de personal de salud e insumos. Asimismo, este refuerzo policial se dio justo después del levantamiento popular, observa Ana Chayle.

La industria minera es una de las más rentables del mundo, sus ganancias han aumentado significativamente en los últimos años. En el año 2017, las 50 empresas más importantes del sector en la bolsa de valores sumaron 896.000 mil millones de dólares. Según el Banco Mundial, la minería es un motor clave para el desarrollo económico de los países dichos del tercer mundo y una oportunidad para el desarrollo territorial y el combate a las desigualdades. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Catamarca —donde los proyectos mineros funcionan desde el año 1997— es una de las provincias más pobres del NOA (Noroeste Argentino).

El 1 de mayo de 2019, el mismo Banco Mundial puso en marcha el Mecanismo para una Minería Climáticamente Inteligente, según el organismo, el primer fondo destinado a lograr una explotación de minerales climáticamente inteligente y sostenible. En abril de 2020, el presidente Alberto Fernández decretó la minería como servicio esencial. El 30 de julio de 2020 se llevó a cabo la primera reunión para la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, en esta ocasión Fernández dijo “vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable”. 

Mientras sale la publicación de la presente nota, activistas de la Asamblea El Algarrobo comunican que las fuerzas represivas de Catamarca, por orden de la fiscalía, están llevando detenidas a varias personas que están luchando por el agua en Andalgalá.

En el Día Internacional del Agua, productorxs de la UTT -Unión de lxs Trabajadorxs de la Tierra– organizaron un VERDURAZO frente al Congreso de la Nación en el marco de la Marcha Plurinacional por el Agua llevada a cabo por varias organizaciones y autocovocadxs.

Con el objetivo de visibilizar la problemática del modelo productivo dominante que contamina el agua, el aire y el suelo y que explota e invisibiliza quienes realmente trabajan y alimentan, los VERDURAZOS son una herramienta de lucha del movimiento que reivindica acceso a la tierra para vivir y producir de forma digna y sana.

Bajo la consigna “El agua es un derecho, no es un negocio, tampoco un privilegio” militantes de la UTT se juntaron a las diversas voces y cuerpos que ocuparon las calles de la Capital Federal este 22 de marzo.

📷 Fotos: Verónica Raffaelli.

#diainternacionaldelagua #soberanialimentaria #utt #agroecologia #verdurazo

Vanessa Dourado

Tras un año de pandemia, las consecuencias económicas que sufre América Latina ya llegan a ser consideradas sin precedentes. Según un informe de la CEPAL (2020b) sobre el Impacto del COVID-19 en los Pueblos Indígenas de América Latina-Abya Yala, el efecto de la pandemia conducirá a la peor contracción económica sufrida en la región desde que se iniciaron los registros en 1900. 

Tal escenario afecta de forma distinta y mucho más severa a los pueblos indígenas y originarios que —más allá del racismo institucional que hace que sus derechos no sean respetados y sus necesidades básicas no sean satisfechas— son los que más padecen a raíz de la profunda desigualdad que caracteriza los territorios latinoamericanos. 

La respuesta a estas condiciones, que debería ser la más responsable posible, teniendo en cuenta la grave crisis ambiental que acompaña la pandemia y que es un agravante a la dramática situación, es la propuesta de negocios que destruyen los ecosistemas, emiten más gases de efecto invernadero y que avanzan sobre los territorios ancestrales de quienes parecen ser los únicos verdaderamente preocupados por defender la vida: los pueblos originarios.

La retórica, que llena los documentos de corporaciones y Gobiernos, sobre la evidente necesidad de preservar el medioambiente y aplicar un plan de mitigación y adaptación cae por tierra cuando en lugar de defender a los defensores de la vida, estos mismos Gobiernos y corporaciones  los matan y vulneran sus derechos.

Queda, sin embargo, a las personas blancas que aún pueden mirar este desastre y sacar una chispa de esperanza, aprender de los pueblos indígenas y ponerse a su lado en defensa de la casa común. La capacidad de resiliencia, comunicación, protección, defensa y autoorganización de los pueblos del bosque para lidiar con la pandemia es una lección que merece ser conocida por todas las personas. De la misma manera, la protección de estos saberes y estas formas de vida deben ser protegidas no solo por los pueblos originarios, sino por todos los habitantes de la Tierra.

En este sentido, siguiendo la organización que empezó el año 2020 en el marco de la Asamblea Mundial por la Amazonía, los pueblos de la Amazonía y sus organizaciones convocan al Grito de la Selva: Voces de la Amazonía. La actividad contará con la participación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, la Red Eclesial Panamazónica – REPAM y el Foro Social Panamazónico – FOSPA; junto a activistas, científicos y aliados del Sur y el Norte Global.  Se llevará a cabo el viernes 26 y sábado 27 de febrero a las 13:00 horas de Ecuador y contará con traducción simultánea al español, portugués e inglés.

Para lograr una recuperación transformadora de esta gran tragedia que atraviesa a toda la humanidad, es esencial la escucha atenta a quienes son las y los guardianes de los únicos bienes capaces de garantizar la vida y, sobre todo, luchar para que ellos y ellas sigan existiendo.

Informaciones:

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https://www.facebook.com/asambleamazonica/

Por Vanessa Dourado

Cerca de dos mil personas tomaron las calles de Buenos Aires el 4 de febrero en apoyo al pueblo de Chubut en contra del proyecto de zonificación minera en aquella provincia. Las protestas también ocurrieron en más 40 localidades de todo el territorio argentino en una de las jornadas conocidas como #ChubutAGUAzo. En la capital porteña, la actividad contó con la participación de más de 200 organizaciones ambientales y sociales, ONGs y colectivos de juventud, sindicatos, agrupaciones político-partidarias y una gran cantidad de personas autoconvocadas. 

La presencia de la juventud es cada día mayor en las movilizaciones de bandera socioambiental y es novedosa una marcha tan masiva en apoyo a un reclamo territorial aparentemente lejano de la realidad vivida en las grandes ciudades. “Realmente nos quedamos sorprendidas con la convocatoria”, dijo una de las manifestantes. “Nosotres no queremos que el agua se convierta en mercancía, el agua es nuestro futuro”, expresó una joven adolescente autoconvocada. 

A pesar de las restricciones por el distanciamiento físico por consecuencia de la pandemia, Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora,  hizo llegar su voz en apoyo a las protestas, manifestando: “Que el gobierno se dé cuenta que el camino que está emprendiendo no es el que quiere el pueblo”. Norita también denunció el falso argumento de la minería sustentable y llamó la atención para el estado de emergencia que vive el país: “Lo que estamos viviendo ya es el gran ajuste y se plantea seguir reduciendo el déficit fiscal en medio de la crisis de la pandemia y desempleo. Como afirma el fallo del juicio popular la deuda y los acuerdos con el FMI son crímenes de lesa humanidad y lesa naturalidad. No a la deuda perpetua. La vida antes que la deuda. La deuda real es con el pueblo y la naturaleza”, protestó. 

La provincia de Chubut viene sufriendo grande interferencia de las corporaciones mineras que, con el apoyo de sectores político-partidários e institucionales, han intentado violar  sistemáticamente el derecho de los pueblos a través de su intervención directa en la redacción de las normas para la implementación de los proyectos mineros y la compra de apoyo político. La insistencia en imponer los megaproyectos sin licencia social, sin tener en cuenta la voluntad colectiva expresada en plebiscito, ha generado una serie de manifestaciones y denuncias. 

Según un informe de la  Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT CONICET – CENPAT, los impactos negativos en la provincia son preocupantes, sobre todo en el escenario de emergencia climática. El informe proyecta la intensificación de eventos extremos generados por el aumento de las temperaturas a nivel global, lo que afectará la provincia de forma dramática, profundizando el proceso de desertificación y comprometiendo la ya escasa disponibilidad de agua apta para el consumo humano en la región. En este sentido, de acuerdo con el documento, el modelo de producción de la megaminería ofrece una amenaza evidente, ya que aumenta la probabilidad de contaminación del agua superficial, subterránea y de los suelos. 

En el documento elaborado por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) leído en el cierre de la actividad que tuvo lugar en Buenos Aires, en frente al Ministerio de Desarrollo Productivo, se expresó: “Denunciamos la farsa de debate sobre el proyecto de zonificación minera promovida por el Gobierno Provincial la última semana y repudiamos el rol del Gobierno Nacional en la figura del presidente Alberto Fernández que, con sus declaraciones públicas y mediáticas, sigue promoviendo la violación de los Derechos Humanos en nuestros territorio”. Desde que inició su mandato, el presidente Alberto Fernández viene trabajando para la implementación de un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, pese al escepticismo de expertas y expertos en temas socioambientales que alertan sobre la imposibilidad de desarrollo sustentable de la actividad minera.

Vanessa Dourado

La pandemia de este siglo, el COVID-19, es una historia que se repite y también es parte de un proceso que nunca ha terminado. Si mencionar al colonialismo como un proceso inacabado molesta a quienes reivindican todos los avances tecnológicos de nuestro espacio-tiempo, para los pueblos originarios esto es una realidad concreta. Han pasado  siglos, sin embargo poco se ha aprendido sobre las consecuencias de este divorcio entre el ser humano y la naturaleza.

¿Podemos nosotras, personas blancas, prever los próximos años? Muchos especialistas han alertado por la amenaza de nuevas infecciones zoonóticas directamente relacionadas con nuestra intromisión en los ecosistemas y hay evidencias de que la forma de producción de la industria cárnica es una gran aliada para el agravamiento de esta situación. Asimismo, no han cesado los ataques a los ecosistemas sensibles que son no solo importantes para garantizar nuestra salud como también para la vida misma en el planeta. Al fin y al cabo, pareciera que es preferible la muerte colectiva al cambio en el modelo de producción y consumo.

Los pueblos originarios, sin embargo, guardan en la memoria las enfermedades traídas por los  “conquistadores” europeos  y, a pesar del sufrimiento guardado dentro de la historia, la resistencia y la capacidad de luchar de sus ancestros les convoca a luchar con coraje contra una amenaza más a  sus existencias. Y si la situación para nosotras, personas blancas, es devastadora, para los indígenas se suma a otras problemáticas como la epidemia de dengue y la carencia de acceso a un sistema de salud adecuado para los indígenas, más allá del envenenamiento de sus aguas y suelos que son sus fuentes de subsistencia y que, para muchos de ellos, significa el envenenamiento de sus propios cuerpos.

Si lo que nos convoca es el retorno a una cierta normalidad que nos de condiciones para seguir luchando  contra  un sistema genocida, que ahora se hace más evidente porque está tocando a los sectores —incluso dentro de las izquierdas y sectores progresistas— que siempre se negaron a reconocer que nuestra sociedad se sostiene desde una estructura racista, entonces lo que tendremos será solo un genocidio más radicalizado, será la consolidación del ecofascismo.

En medio de esta realidad, los próximos días 18 y 19 de julio, se llevará a cabo la Asamblea Mundial por la Amazonia. La autoconvocatoria es un esfuerzo de varias organizaciones y activistas para organizar la resistencia y  pensar salidas a la encrucijada en la cual nos encontramos.  La propuesta está organizada en tres ejes (campañas): COVID-19, Boicot y Movilización.

El COVID-19 consiste  en una campaña mundial para hacer frente a los graves impactos del Covid19 sobre poblaciones indígenas, afrodescendientes y de toda la Amazonía. El Boicot diseña una campaña mundial  para dejar de comprar productos de empresas e inversiones,  al mismo tiempo que luchando contra políticas gubernamentales, acuerdos comerciales y extractivismos que destruyen la Amazonía. Y la Movilización está pensada en forma de jornadas mundiales para detener el etnocidio, el ecocidio y el extractivismo, apuntando a  salvar  la Amazonía que es esencial para hacer frente al cambio climático.

Esta crisis —por supuesto sistémica, pero sobre todo civilizatoria— convoca a repensar el concepto de progreso, crecimiento, desarrollo y sentido de la vida. Juntarnos a los pueblos originarios para proteger a nuestros bienes comunes parece ser una de las salidas más asertivas.

Informaciones:

Website:
https://asambleamundialamazonia.org

Facebook:
https://www.facebook.com/asambleamazonica

Por Vanessa Dourado

En el contexto del COVID-19 los mercados sufrieron una baja contundente y las medidas tomadas por los distintos gobiernos han sido —en mayor o menor medida— contener la propagación del virus, sobre todo porque esto significa una disminución de lo que es llamado “business as usual”.

La pandemia saca a la luz algunos elementos importantes para pensar cómo estos negocios han contribuido a la actual crisis sanitaria. Más allá del colapso de los sistemas de salud, que tienen una relación directa con el proceso de privatización y mercantilización de los servicios esenciales, la cuestión climática y ambiental, de una forma más amplia, no permite esconder los hechos. La destrucción masiva de los ecosistemas —especialmente los sensibles—  y el modelo de producción vigente están intrínsecamente relacionados con la pérdida de control y respuesta ante el surgimiento de nuevas enfermedades.

No obstante, los países del mundo, en el afán de volver rápidamente a la normalidad, siguen negociando acuerdos comerciales que profundizarán los problemas antiguos y no resueltos. Con el fracaso en llevar adelante las consideradas ambiciosas medidas del Acuerdo de París, lo que hacen los países que más se mostraban comprometidos con su cumplimiento es contradecir sus narrativas tras el avance en las negociaciones de acuerdos como el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

El polémico tratado que viene dividiendo opiniones de Estados y de la sociedad civil, contiene clausulas que —en caso de que sea ratificado— profundizarán la deforestación y significará un incremento en la emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). La realidad pronunciada como Estado de Emergencia Climática prende una luz roja que alerta para el riesgo de la imposibilidad de manutención del Sistema Tierra como lo conocemos.

En un reciente estudio sobre las cláusulas y efectos del tratado entre los bloques Mercosur y Unión Europea, realizado por la investigadora Luciana Ghiotto y el abogado de derechos humanos Javier Echaide, se devela que las consecuencias sobre el medioambiente serán devastadoras. A pesar de las discusiones sobre el tema en el parlamento europeo y la postura de congresistas del parlamento holandés rechazando la ratificación del acuerdo comercial debido a los evidentes impactos sobre el medioambiente, Alemania —que estará en la presidencia del consejo de la Unión Europea por los próximos meses— es favorable al acuerdo.

El escenario es particularmente complejo desde el punto de vista político. Brasil, que lleva en la presidencia Jair Bolsonaro (actualmente sin afiliación partidaria) y un equipo ministerial abiertamente alineado con la expansión de los agronegocios y la restricción de los derechos laborales, ha sufrido uno de los mayores impactos a la raíz de la crisis del coronavirus. Según las palabras del Ministro del Medio Ambiente Ricardo Salles, el gobierno brasileño tiene que tomar medidas para relajar las leyes de protección ambiental mientras las personas están distraídas con la pandemia. Las declaraciones del ministro es una evidencia de que no hay preocupación por la preservación del medioambiente.

El manejo de la crisis y la impronta autoritaria del mandatario brasileño, sin embargo, ha atraído a otras partes interesadas. Donald Trump, presidente del país con el mayor número de muertos e infectados por el coronavirus, ha señalado que el libre flujo de comercio entre los dos países es una prioridad económica. Los dos presidentes, entusiastas del uso de la hidroxicloroquina en el tratamiento de la COVID-19, también comparten del negacionismo climático.

Por otro lado, los Demócratas estadounidenses han emitido una carta en desacuerdo con el plan de expandir lazos económicos con Brasil bajo la administración de Bolsonaro dado el historial de, según las palabras de los congresistas, “total indiferencia  con los  derechos humanos básicos”. La carta también cita la vulneración de los derechos laborales y la destrucción de la selva amazónica con el objetivo de liberalización comercial y que el avance de acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Brasil es inapropiado.

Vanessa Dourado  

Los últimos meses fueron, seguramente, de una modificación importante en los debates y diálogos acerca de las problemáticas ambientales —sobre todo el calentamiento global, que es la causa del cambio climático—. A pesar de que las temáticas son las mismas, el método de abordaje es distinto y está llevando a una mayor visibilidad y su consecuente masificación en todo el globo. El hecho se da, como factor determinante, por las intervenciones de Greta Thunberg.

La joven sueca de 16 años, sin embargo, despierta admiradores y críticos con la misma intensidad. Más allá de los históricos negacionistas que son financiados por las grandes empresas petroleras y por los gobiernos del Norte Global, lo que más llama la atención es la desconfianza de ambientalistas que, en lugar de apoyar y celebrar el proceso de involucramiento de sociedad en el debate, son críticos a la figura de Greta, su edad, su poca experiencia política, su supuesto tibio discurso y hasta su nacionalidad.

Es evidente que cada persona habla desde donde puede sentir —aún más cuando esta persona es todavía una adolecente— y, en este caso, si es importante remarcar las diferencias entre una activista que vive en un país cuyo Índice de Desarrollo Humano es uno de los más altos del mundo y que, históricamente, también tiene una responsabilidad mayor en el escenario de tierra arrasada que se dibuja en este espacio-tiempo. Sin embrago, Greta subvierte su propio territorio. Su discurso es radicalizado y su impronta es de no conciliación.

Si por un lado, hay un resentimiento por el proceso de invisibilización de las y los que históricamente dan las peleas y sacrifican sus existencias en defensa de  la Tierra; por otro también hay un movimiento que comprende la importancia de dialogar con “el otro”, para no reproducir lo que fue impuesto a los pueblos del Sur en épocas abiertamente coloniales. Es comprensible que haya un cierto rechazo por el hecho de las lágrimas y los sentimientos de Greta —masivamente difundidos a nivel global y expuestos en las cumbres de la “alta política”— sean tomados como más importantes que las vidas de indígenas y campesinos, niños y niñas, mujeres y afrodescendientes exterminadas por la saña del capitalismo por la práctica generalizada de una necropolítica adoptada por los mismos actores que dicen querer resolver el problema ecológico.

No obstante, el momento histórico impone el desafío de refundar las prácticas políticas y la radicalidad de la empatía. Y esto necesita el involucramiento de los pueblos frente a la amenaza del exterminio de la especie, porque el tema central ya no es la defensa de los bienes comunes —tomado como externo a lo humano— sino del conjunto de condiciones que hace posible la continuidad de la vida desde una lógica integradora, que comprenda el ser humano como parte de la naturaleza.

Seguramente, la realidad de Greta —cuando ella habla sobre los derechos de niñes y adolescentes— no es la misma de les que están en el Sur Global, sin embargo esto no significa que esta  realidad no exista y que sus protagonistas no tengan fuerza para hacerse ver, es notorio que hay matices y que estas están puestas sobre la mesa. El hecho que el movimiento “Viernes por el Futuro” tiene sus representantes en distintos países, permite traer a luz los debates urgentes en cada territorio.

La Historia muestra que la humanidad supo aprender de sus errores, pero superarlos siempre ha sido un proceso complejo de deconstrucción y reconstrucción de un sentido colectivo que inauguró una etapa distinta —no necesariamente justa— que avanzó para una mejora en lo que conocemos como humano. Por ello, en la problemática socio-ambiental, es menester disputar temas centrales como la Justicia Climática y el cambio de la matriz productiva a fin de garantizar que el inevitable cambio por el cual pasará la humanidad no siga repitiendo los errores del pasado que tiene que ver —sobre todo en América Latina— con la reproducción sistemática de violencias y opresiones.

Subestimar la fuerza de pueblos que han resistido a cinco siglos de genocidio es también una actitud que remite al colonialismo. Es admitir que la fuerza del blanco y dominador estará siempre presente en la piel europea y contra el cual es imposible dar las batallas. Desde que se proteja el protagonismo que corresponde a cada pueblo en su lucha y que se garantice el respeto por su historia y sus cosmovisiones, sus saberes, sus sentires y sus sentidos, no hay justificativo plausible para invalidar la lucha de una persona que está activando un debate tan urgente como es lo de crisis climática y su consecuente reto civilizatorio.

Por Vanessa Dourado

Los últimos días, los ojos del mundo están sobre la región latinoamericana. El escenario de guerra contra los pueblos y la naturaleza se hace ver en las quemas, criminales en la región amazónica brasilera, orquestadas por los agentes del agronegocio.  Seguros de la impunidad, terratenientes y sus socios internacionales no pensaron dos veces antes de avanzar sobre la selva amazónica, dejando con ellos un rastro de destrucción que viene siendo rechazado en todo el mundo.

El gobierno autoritario y ecocida de Jair Bolsonaro, sin embargo, parece haber inspirado al presidente argentino Mauricio Macri. Presionado por el apetito de las gigantes semilleras, Macri anunció un decreto que tiene el objetivo de modificar la Ley de Semillas. El texto, que ya había sido rechazado en el Congreso, tiene como objetivo concentrar el control de las semillas en las manos de las corporaciones —además de garantizar la utilización del paquete tecnológico—. Tal decisión, si es llevada adelante, significará la criminalización de los movimientos campesinos y de los/las agricultores/as y sería una fuerte amenaza a la soberanía alimentaria en el país, ya que las semillas determinan como se producen los alimentos.

Argentina se encuentra hoy en una profunda crisis que, en gran medida, tiene sus causas en la administración fallida de Macri y su equipo. Hecho que se evidenció en las urnas en las últimas PASO. El mismo gobierno que fue electo democráticamente y cumplió su mandato —más allá de todos sus problemas de mala administración que llevaron el país a números importantes de desocupación, endeudamiento y pobreza— se olvidó de los valores republicanos que tantas veces  resaltó para garantizar que no fuera desestalibilizado.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que saca el presidente para hacer valer, de forma forzosa, una Ley que no avanzó en las instancias correspondientes, desvela  los intereses involucrados en la gestión del mismo. Frente a este hecho, los movimientos sociales que hacen parte del Foro Agrario han sacado un documento denunciando su carácter autoritario  y calificándolo como “un insulto a la democracia” y se comprometen en “redoblar esfuerzos en los espacios de diálogo y en las calles”.

Tal vez sea demasiado tarde para adoptar la táctica bolsonarista de desprecio a la voluntad popular y el uso de los medios de comunicación hegemónicos para hacer parecer amigable y rentable la entrega de los bienes comunes a las transnacionales. Sin embargo, el intento dice mucho sobre los planes de las corporaciones para América Latina.

Referencias:

Declaración del Foro Agrario: http://foroagrario.org/macri-el-presidente-de-las-corporaciones-se-burla-del-congreso-de-la-nacion-y-del-pueblo-argentino/

Vanessa Dourado

El momento histórico por el cual pasa Argentina está marcado por una profunda voluntad de poner el país a la orden del las transnacionales a través de una mayor liberalización económica, frente al escenario agónico y desastroso en que se enfrenta el sistema capitalista vigente en su fase neoliberal. 

Durante su mandato, Mauricio Macri hizo esfuerzos para auspiciar dos de los más importantes eventos a nivel geopolítico, comercial, económico y diplomático del mundo: la Conferencia Ministerial de la OMC (Organización Mundial del Comercio) en 2017 y la Cumbre del G-20, en 2018. Sobre el resultado de la conferencia, el  Director General de la organización la describió como “decepcionante”. La conferencia no llegó a un consenso entre los Estados miembros. El resultado de la Cumbre del G-20 que tenía como consigna “construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible”; tampoco logró consenso, sobre todo en la temática ambiental, además de apartarse vergonzosamente de uno de los temas más importantes y dramáticos que el mundo se enfrenta que son las personas refugiadas –muchas de ellas refugiadas climáticas–. En 2018, el mismo año de la Cumbre del G-20, el gobierno argentino volvió al FMI (Fondo Monetario Internacional) y hoy es el país más endeudado de América Latina, seguido de Brasil.

Tras más de 20 años de negociación entre la Unión Europea y el Mercosur –que tiene como miembros Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay–, los dos bloques avanzan con el acuerdo comercial que tiene por objetivo aumentar el flujo de negocios entre ellos. El acuerdo prevé que la UE liberalizará 99% de su comercio agrícola con el Mercosur y promete la eliminación de aranceles de importación de productos agrícolas hasta llegar a 0% siendo que  81,7% es solamente de exportaciones, y aunque podría  ser motivo para celebrar, preocupa a las redes ambientalistas a nivel mundial. 

Tomando la profunda crisis climática, que es un hecho concreto y reconocido como uno de los grandes desafíos de este siglo por la comunidad internacional en su conjunto –teniendo como expresión máxima de un compromiso colectivo el Acuerdo de París–,   la expansión de las exportaciones de commodities es un agravante del problema.

El acuerdo prevé  un conjunto de requisitos técnicos-ambientales que deben ser cumplidos,  como la producción en áreas deforestadas anteriormente y el respeto por las áreas de conservación. No obstante, una mayor demanda de producción  agrícola impulsará la deforestación para responder a otros importadores que no imponen las mismas reglas. O sea, el hecho  que la UE no importa productos que advengan de áreas deforestadas directamente, no impide que haya un aumento de la deforestación, sino que contribuye para que otras zonas que no estaban disponibles para la producción pasen a ser utilizadas.

Además de esto, la UE  tiene mayor peso en la decisión de cuáles son los requisitos y las reglas –en cierta medida asimétricas entre los dos bloques y más beneficiosa a la UE–. Esto influye directamente en la formulación de Leyes para el desarrollo de políticas públicas locales, compras gubernamentales, regulación de servicios.

En una perspectiva socio-ambiental internacional, la expansión del agronegocio a través de una mayor exportación por la agricultura industrial y la industria cárnica destruye la agricultura y la producción familiar local de los países europeos. El tener a los países del Mercosur como “supermercado del mundo”  beneficia a unas pocas empresas  gigantes en detrimento del quiebre de  pequeñas, incluso en los países miembros del bloque del Sur Global, ya que las reglas prevén el principio no discriminatorio en la participación de licitaciones públicas. Es decir, las Leyes de fomento a la agricultura o producción de pequeña escala  a nivel local pueden ser cuestionadas o consideradas desleales, posibilitando demandas que pueden resultar en enormes pérdidas para  los países demandados. De hecho, Argentina ya acumula 61 demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), por incumplimiento de normas previstas en sus acuerdos de libre comercio con otros países.

En términos políticos, la impronta brasilera, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, se hace sobre los derechos de los pueblos indígenas por encima de la demarcación de sus tierras ancestrales –incluso en áreas protegidas y consideradas estratégicas para garantizar el equilibrio de las temperaturas en un contexto de calentamiento global, como la selva amazónica–. Esto con el fin de beneficiar a los sectores agroindustriales (como la ganadería y la agricultura industrial) y extractivistas no puede entenderse como un hecho menor: Brasil es el mayor exportador de carne del mundo y, en 200 días, el gobierno autorizó el comercio de 290 nuevos  agrotóxicos, 32 de ellos prohibidos en la UE. Frente a esta expansión del uso de agroquímicos, el acuerdo evidencia un apoyo de los bloques al mercado de químicos y a la agricultura intensiva.

Las actividades agropecuarias tienen fuerte influencia en el calentamiento global, no solo porque son responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también por la cantidad de agua necesaria para sostener la actividad, entre de 20 y 30% de toda el agua potable del mundo, más allá de ser responsable por 70% de la desertificación a nivel mundial. Por todas estas razones, el aumento de la exportación de carne también debería ser una preocupación desde los países miembros de la UE y del Mercosur. Sin embargo, el acuerdo posibilitará un mayor consumo de este producto, yendo a contramano de las recomendaciones de la ONU.

El texto del acuerdo habla de “desarrollar el comercio internacional de forma a contribuir con el objetivo del desarrollo sostenible, para el bienestar de las presentes y futuras generaciones”, sin embargo, no establece ninguna propuesta concreta sobre cómo este objetivo será alcanzado. El bienestar de las futuras generaciones está en constante debate en las instancias de discusión sobre el cambio climático, millones de jóvenes alrededor del mundo –en sus movilizaciones “Viernes por el futuro”–  interpelan a las autoridades para que tomen medidas concretas sobre la problemática que les afecta directamente.

Tratar el acuerdo apenas desde el  punto de vista económico es ignorar las voces de científicos, organizaciones ambientales, la sociedad civil y las propias agencias internacionales en sus recomendaciones frente a la profunda crisis ambiental que está llevando el Planeta al borde del colapso. El  mencionar, diplomáticamente, a las recomendaciones –presentes en varios momentos el texto– no hace del acuerdo un instrumento que respete los límites previstos por los informes oficiales en materia de sustentabilidad, adaptación y mitigación. Mientras se impulsa el desarrollo, las medidas para combatir las causas de la crisis socioambiental siguen en el papel.

Braulio Domínguez y Vanessa Dourado

300 millones de litros de Glifosato consume Argentina por año, superada solo por Brasil –con 1.000 millones–, y Estados Unidos. También en Uruguay, México y Paraguay el uso del agroquímico y sus similares es masivo. A pesar de las muchas evidencias que dan cuenta de que el uso de estas sustancias es nocivo para la salud de humanos y que es la causa de la degradación ambiental que hoy llega a niveles alarmantes –debido a su relación directa con los monocultivos y consecuente impacto sobre el clima–,  Estados, corporaciones y organismos internacionales apuestan a lo que llaman “Buenas Prácticas Agrícolas” como una salida posible al problema que se esconde detrás de la punta del iceberg.

El discurso de Mauricio Macri en su última visita a la provincia de Entre Ríos resalta la importancia de combatir al cambio climático, alegando que su gobierno ha sido uno de los que más se preocupa por el medio ambiente, hecho que –según el presidente– quedó nítido en la reunión del G20 que ocurrió el año pasado en la Argentina. No obstante, uno de los puntos débiles de la cumbre,  apuntado por diversos analistas de todos los colores, nacionales e internacionales, fue justamente la falta de consenso respecto de la lucha contra el cambio climático. Macri, ya en la cumbre de la OMC realizada el año 2017, señaló su intención de no molestar a los intereses de Donald Trump que había salido del Acuerdo de París meses antes, hecho que resultó en la retirada del punto cambio climático de los ejes centrales de la reunión de los 20.

Más allá del intento de justificar su defensa a los sectores del agronegocio en detrimento de la salud de les niñes y personas trabajadoras de las escuelas de la provincia, el presidente trata a los agroquímicos como “fertilizantes” y sale a decir que no hay estudios científicos que puedan amparar la ley que prohíbe las fumigaciones cerca de las escuelas y apela a la narrativa de defensa de los puestos de trabajo cuando, en realidad,  el número de despidos durante enero y febrero de este año ya llega a 12.149 en las empresas privadas, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Estos despidos fueron en el sector industrial y de servicios, ninguno en el sector primario.

Investigaciones de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), en Brasil, muestran un aumento en los casos de cáncer y malformaciones en fetos ligados al uso extensivo de agrotóxicos. El Instituto Nacional de Cáncer, también de Brasil,  señala que los agrotóxicos tienen una relación estrecha con el número de casos de esta enfermedad detectados en edades cada vez más precoces.

Son muchos los estudios científicos que evidencian el poder de intoxicación de los agroquímicos. Sin embargo, el equipo del gobierno parece priorizar a las empresas y pone la salud de las personas y del medio ambiente en segundo plano, como si esos millones de litros de glifosato desaparecieran por arte de magia luego de su uso. Tanto es así, que en reciente entrevista en radio La Retaguardia, el ingeniero agrónomo responsable de redactar el manual de buenas prácticas agrícolas –y defensor de las mismas–, Mario Bogliani, dice no tener conocimiento de los datos precisos de la cantidad de agrotóxicos utilizados en el país, aunque ante la pregunta sobre este tema, con cierta resignación sentenció “y… mucho… mucho…”. Según el ingeniero,  “el problema de intoxicación por la aplicación de los agroquímicos tiene que ver con la desinformación, discapacitación y negligencia”.

El negacionismo también es un hecho. Sobre los casos de intoxicación en áreas fumigadas, Bogliani dice que “el problema es que los diagnósticos están basados en los síntomas que presentan, y no por la causa que los provocó”. Y que, por lo tanto, no se puede asegurar que los agroquímicos son los responsables por los daños a la salud de la población que está directamente expuesta a las fumigaciones. Aún sobre este punto, dice que “el problema es que hay muy pocos médicos toxicólogos y que las personas intoxicadas deberían traer los envases y las etiquetas de los productos para poder orientar al profesional”. El ingeniero también niega que el problema sean los agroquímicos: “muchas veces no tiene que ver con los fitosanitarios y sí con otras cuestiones y residuos de otros orígenes”. Se trata de otro argumento recurrente en este sistema: desautorizar las voces que se oponen, por supuestas faltas de formación. Siempre hay alguien más especializado, y por lo tanto “más capaz”, aunque estemos hablando de profesionales de la salud con todos los años de estudio –y experiencia en muchos casos– que ello supone.

Sobre el efecto deriva –que es la consecuencia indeseable de la aplicación del agrotóxico, la cual hace que llegue donde no debería ni se hubiera calculado–, a pesar del manual orientar sobre su control, Bogliani admite que “no hay garantía de que el fitosanitario va a un lugar que no deba caer y que el efecto indeseable de la aplicación tiene varias causas”. De este modo es evidente que, aunque tengamos las mejores prácticas, las consecuencias son imprevisibles. También reconoce el ingeniero que si se siguen estos lineamientos que él especifica en el manual, queda un lapso muy breve de tiempo para aplicar estos productos, dado que hay que tener en cuenta temperatura, viento, inercia térmica, y más variables. Por lo tanto, también se cae en el riesgo de que para el productor  estas buenas prácticas afecten su rentabilidad. Y contra la rentabilidad, en una tarea que se hace persiguiendo justamente ese único objetivo, es difícil competir.

Incluso hay quienes usan glifosato en el ámbito doméstico, para evitar tener que cortar los yuyos que crecen en el alambrado. También era frecuente que se utilizara en distintas ciudades y pueblos del país en las vías de los trenes hasta hace pocos años con la misma finalidad. Así queda evidente que no hay un control sobre la comercialización de los agroquímicos.

En respuesta a la entrevista de Mario Bogliani, la ingeniera agrónoma Nora Tamagno dice que, en primer lugar, “el uso del término fitosanitario da a entender que los agrotóxicos solo hacen mal si son aplicados mal”. Tamagno también alerta sobre el hecho de que las buenas prácticas no surgieron ahora, que ya vienen desde fines de los 90, y que la disputa de sentido se hace importante ya que hasta Monsanto habla de sustentabilidad.

Según la ingeniera, es perfectamente posible una producción, incluso extensiva, con perspectiva agroecológica. Teniendo en cuenta que la deriva es incontrolable –lo que hace de las buenas prácticas algo poco eficaz en sentido práctico–, una vez que la deriva secundaria hace que los agrotóxicos migren por procesos bilógicos y químicos poco conocidos, la contaminación es inevitable y hace que el modelo agroindustrial sea insostenible.

Por último, señala Tamagno: “no puede haber agricultura sin agricultores, la agricultura familiar no puede ser una isla en un mar de agronegocio”.

Entrevistas concedidas por Bogliani y Tamagno en radio La Retaguardia:

Fuentes:

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-protocolo_versin_final.pdf

http://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf

https://www.bioecoactual.com/2017/04/26/47-alimentos-eu-residuos-pesticidas/

https://centrocepa.com.ar/informes/154-2019-un-inicio-critico-analisis-de-los-despidos-y-suspensiones-en-el-primer-bimestre.html

https://www.esglobal.org/america-latina-continente-infestado-los-pesticidas/

“Esas tradiciones, esas señas de identidad cultural, esas fiestas de la vida, están siendo apabulladas, de manera fulminante, por la imposición del saber químico y único: la globalización de la hamburguesa, la dictadura de la fast food.”

Eduardo Galeano

Vanessa Dourado y Braulio Domínguez

 El uso de agrotóxicos se expandió entre los años 1945 y 1985, período de la modernización de la agricultura. La eficiencia productiva, gerencial y organizativa fue de a poco convirtiéndose en regla. Los procedimientos empresariales para lograr rentabilidad y competitividad fueron impuestos a quienes deseaban seguir viviendo de la agricultura.

Mientras especialistas de todo el mundo, en la década de 60 –utilizando el mismo discurso repetido exhaustivamente–,  proclamaban la Revolución Verde como salida para el hambre, las grandes empresas, que nunca se preocuparon por la problemática de la hambruna, aprovechaban para lucrar con la venta de los paquetes de insumos agrícolas.

Casi 60 años después, los principales países que reciben estos alimentos producidos en  países llamados “en desarrollo” que adoptaron el paquete vendido por las grandes corporaciones son Japón, Estados Unidos y los países de la Unión Europea.  Si fuera  cierto que la revolución verde  solucionaría el problema del hambre, no tendríamos estos datos: los últimos números de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  muestran que los países del mundo que más sufren el hambre son Yemen, con 60 % sus habitantes en la hambruna severa, seguido de Sudán del Sur, con 45 % y Siria con 33 %.

Más allá de la posible honestidad de quienes, en la época, sostuvieron la necesidad de la modernización con la esperanza de que esta fuera un paso importante para la construcción de un futuro mejor, seguir defendiendo el uso de agrotóxicos no tiene ningún sentido lógico. A menos que quienes los estén defendiendo sean los dueños de las corporaciones que los venden.

El uso intensivo de venenos degrada el suelo, hace que este pierda la capacidad de absorción del agua. El cultivo con agroquímicos empobrece  la tierra y la hace, con el paso del tiempo, improductiva. Según la FAO, 25% de los suelos cultivables del mundo presentan un alto nivel de degradación. La no absorción del agua hace que crezca el número de inundaciones, causa costos a los Estados, compromete el bienestar de las poblaciones, propaga enfermedades, altera el ecosistema y daña a los cultivos. O sea, a largo plazo, el uso de agrotóxicos también es dañino para quienes los utilizan en sus tierras.

El discurso de las buenas prácticas, que intenta convencer de que el problema de los agrotóxicos es su uso de forma incorrecta, es uno de los últimos recursos utilizados por las corporaciones –en conjunto con los Estados– para evitar y esconder las evidencias de la toxicidad de estos productos y de sus pérdidas financieras frente al incremento en la producción de orgánicos.  El recrudecimiento de las leyes que garantizan el uso indiscriminado de agrotóxicos es una evidencia de que el mercado se ve amenazado. En cuanto al uso de agrotóxicos en Argentina, donde el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto  los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%, es necesario mencionar lo sucedido en dos provincias. En Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia resolvió que desde el 1 de enero del presente año se puede fumigar a 0 metros de poblaciones, escuelas rurales, o reservas naturales. De este modo, intenta invalidar ordenanzas municipales que habían sido producto de mucho trabajo y organización de parte de las asambleas de cada lugar que sufre con la problemática de las fumigaciones y que establecían algunos límites para la aplicación de los agrotóxicos, sin embargo, el 18 de febrero la resolución fue suspendida por un periodo de un año [1]. En  Entre Ríos, el Tribunal Superior de la Provincia confirmó la sentencia que prohíbe las fumigaciones en todas las escuelas rurales, establece un límite de 1.000 m para las fumigaciones terrestres y 3 km para las aéreas. Vale recordar que la sentencia que primero restringía estos usos había sido apelada curiosamente por la Provincia, no por empresarios de la soja.

En Misiones, conocida como la Capital Nacional de la Biodiversidad, la Secretaría de Agricultura Familiar avanza con un proyecto para siembra de maíz transgénico en la región.

Desde 2012, se intenta aprobar la Ley de Semillas que tiene por objetivo privatizarlas y lograr la prohibición a la libertad de siembra a través de regulaciones que incluso pueden criminalizar a productores que utilicen sus propias semillas. Muy posiblemente intenten avanzar con este proyecto el presente año en el Congreso Nacional.

Sin embargo, no solo las leyes se están poniendo más duras; el último 15 de febrero, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), que se dedica a la producción de alimentos agroecológicos, fue brutalmente reprimida en Plaza Constitución –Buenos Aires– cuando realizaba uno de sus famosos verdurazos. La feria de verduras es siempre realizada en plazas de la ciudad donde los alimentos son ofertados a la población a precios simbólicos, tratando también de visibilizar cómo funciona el mercado de alimentos y denunciando la situación en que se encuentran los productores frente al modelo productivo dominante. Realizando estas ferias, venden la verdura a $10 el kg. Según una integrante de la UTT, “si lo hacen de la manera convencional, los intermediarios se la compran a $2 y al público le llega a $50”.

El alto grado de conflictividad inaugurado en este momento histórico, de agotamiento de modelos contaminantes e insostenibles, será clave para la instalación del debate en el seno de la sociedad. América Latina es la región donde más se asesinó a defensores y defensoras de la Tierra en el año 2017 –según la Global Witness–. Es cada día más evidente que la política a nivel mundial pasa por la discusión del sostenimiento de la vida en lo más básico: la alimentación sana, segura y soberana.

Nota:

[1] https://boletinoficial.gba.gob.ar/sections/9394/view (páginas 10 y 11)

Marta Musić y Vanessa Dourado

Luego del 3 de diciembre, dos días después de la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en la Argentina, se realizaba en Polonia la COP24 –Conferencia de las Partes Sobre Cambio Climático–.  Desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, la COP viene trabajando  la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Las evidencias científicas que señalan los efectos de la emisión de estos gases  –sobre todo el dióxido de carbono– como responsables por los eventos extremos que han sucedido en el mundo en la última década: sequías, huracanes, desertificación,  aumento del nivel del mar, extinción de especies animales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático.  Sin embargo, los esfuerzos para frenar la industria fósil y de carbón son parte de una retórica que toma los discursos de la mayoría de los líderes mundiales, pero los números muestran una realidad que no corresponde a la declarada preocupación.

En su último informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático –IPCC, por sus siglas en inglés– informa que es necesario disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 45% para el año 2030 y reducirlas a cero hasta el año 2050  para evitar una catástrofe ambiental sin precedentes. Además, el IPCC planteó un escenario de ecocidio –genocidio del planeta–  más allá de un calentamiento planetario de 1.5°C. No obstante, con la forma de producción y de consumo del sistema actual, este número se está dirigiendo a los 4°C, lo que pondría en riesgo toda forma de vida en la Tierra.

En la reunión del G-20, donde se celebró los diez años de la primera cumbre, la declaración final que  decía  tener por objetivo “construir consenso para un desarrollo equitativo y sostenible a través de una agenda inclusiva, centrada en las personas y con visión de futuro” no logró llegar a un acuerdo sobre el tema Cambio Climático. En los puntos 20 y 21 de la declaración, los países reafirman el carácter irreversible del Acuerdo de París mientras los EE.UU. ratifican su retirada del acuerdo. Cabe precisar que los países miembros del G-20 son responsables por un 80% del total de energía consumida en el mundo y del 78% de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Los EE.UU. es el país que históricamente más ha emitido gases de efecto invernadero en la atmósfera mientras que China –actual líder mundial de emisiones de CO2 con unos 27% de todas las emisiones en 2017– tendrá un aumento de 4.7% de sus emisiones este año. En otras palabras, los gobiernos más poderosos del mundo siguen agravando la crisis socio-ambiental que estamos enfrentando ahora y que sobre todo impacta las poblaciones más vulnerables del mundo.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– alerta que un promedio anual de 21,5 millones de personas han sido forzosamente desplazadas cada año desde 2008 por amenazas repentinas relacionadas con el clima. Asimismo, el tema  migraciones –una de las problemáticas más crecientes en el mundo– no fue uno de los ejes de preocupación en esta reunión del G-20. En el documento final, los puntos 16 y 17 se limitan a enfatizar  “la importancia de las acciones comunes para abordar las causas centrales de los desplazamientos y para dar una respuesta a las crecientes necesidades humanitarias”.

Después de esta desastrosa cumbre del G-20, no es sorprendente que las negociaciones sobre el cambio climático en la reunión de la COP24 avanzan muy difícilmente y que es poco probable que los países lleguen a algún acuerdo hasta mañana. Polonia, el país anfitrión, tiene una matriz energética dependiente de uno 80% del carbón. También está presente Arabia Saudita, cuya empresa petrolera paraestatal Saudi  Aramco es considerada la más rentable del mundo y una de las  más importantes en reserva  de óleo crudo y de producción. El príncipe Mohammad bin Salman –quien estuvo en la reunión del G-20 bajo mucha polémica respecto de denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos– cuestionó el informe del IPCC. A algunos días de la COP24, Bolsonaro anunció que Brasil no iba a organizar la próxima COP25 en 2019. Ni hablar del negacionismo climático de Trump. Mientras tanto, la situación actual en Francia destapa cada vez más la postura hipócrita del gobierno de Macron frente al cambio climático.

La receta  de Macron

Como entusiasta del fortalecimiento  del mecanismo de disputa de la OMC durante el G-20 para proteger el sistema de comercio mundial actual de medidas para la protección del medio ambiente como: la relocalización de los circuitos de producción y consumo, la reducción de transportes internacionales de bienes o la tasaciones sobre el queroseno;  Macron logra dejar muy nítido su política.

Durante el encuentro de líderes en la Argentina, el presidente francés dijo que apoyaba la agenda de reformas y el FMI y que este era el camino correcto no sólo para la Argentina como para toda Latinoamérica, mientras su país ardía en protestas contra el aumento en el precio de la gasolina. Alegando el coste de la “transición ecológica”, Macron evidencia con sus medidas: que lo paguen las personas trabajadoras. La movilización de los “Chalecos Amarillos” en Francia ya es considerada una de las más importantes de la historia del país.

Macron, llamado por la población francesa como el presidente de los ricos, presenta un 20% de aprobación popular. El presidente dijo que ratifica su compromiso con la transición energética, sin embargo exonera a la empresa petrolera Total de toda su contribución fiscal y apoya la explotación de petróleo.

El discurso verde de Macron es rechazado por la comunidad socio-ambiental que alega que los 500 millones del impuesto sobre carburantes van a ser utilizados no para la transición ecológica, sino a absorber el déficit presupuestario de 2019 y compensar así la recaudación de la supresión del impuesto sobre la fortuna.

A pesar de la intensificación de la represión de Macron, el sábado 8 de Diciembre, el cuarto acto de los Chalecos Amarillos convergió con la Marcha Internacional por el Clima, organizada este mismo día. Los gritos de “fin del mundo, fin del mes: misma lucha!” cantados a lo largo del día destacaron los vínculos imprescindibles entre las cuestiones sociales y los imperativos ambientales. Las manifestaciones también ponen de relieve las consecuencias socioeconómicas de las reformas de austeridad de Macron, los pocos esfuerzos del gobierno francés cuanto a sus políticas contra el cambio climático  y su postura hipócrita frente a las numerosas crisis que viene atravesando el país. Un país donde la evasión fiscal nunca fue tan importante y las riquezas tan concentradas entre las manos de los más ricos. Un país donde las empresas que contaminan más son exoneradas de impuestos, donde las causas principales del cambio climático no están contempladas, los medios de transportes no están desarrollados, mientras la gentrificación fuerza que las personas se muden para lugares cada vez más lejos de las principales ciudades.

Francia no es un caso aislado. Como lo mostraron el G-20 y la COP24, los gobiernos más poderosos del mundo siguen preservando los intereses del capital transnacional y fomentando un sistema económico insostenible. La situación en Francia ahora está poniendo de relieve preocupaciones reales y concretas sobre cómo llegar a una transición ecológica que sea socio-económicamente justa, porque no es posible pensar justicia social sin justicia fiscal y sin justicia climática.

Por Vanessa Dourado

Argentina avanza en las discusiones sobe las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas”. El Grupo de Trabajo Interministerial sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones fitosanitarias está conformado por los Ministerios de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación y tiene por objetivo discutir el uso de agrotóxicos en el país, pero, sobre todo, validarlo.

Para el Grupo de Trabajo Interministerial que discute las formas de aplicación de las exigencias  fitosanitarias, estás deben ser armónicas en el sentido de expresar su máxima capacidad y tratar de disminuir los posibles riesgos a la salud y el ambiente.

El intento de cambiar el eje del debate llevado a cabo por varias organizaciones socio-ambientales, abogado/as, científicos/as y las personas directamente afectadas con el uso de los venenos es nítido. Es decir, el objeto de discusión sería el conjunto de prácticas inadecuadas respecto del uso  y no los agrotóxicos per se.

Así, el grupo de trabajo propone un paquete de medidas que van desde la negación de que los agroquímicos son nocivos a la salud humana y los ecosistemas,  como también prevé un conjunto de estrategias técnicas, comunicaciones y hasta científicas para fundamentar y validar el uso de los agrotóxicos.

La propuesta del grupo para la incorporación de buenas prácticas agrícolas  y la gestión fitosanitaria al programa curricular de las carreras agronómicas  demuestra la intencionalidad de invalidar las investigaciones que evidencian que el uso de agroquímicos es incompatible con la búsqueda de una agricultura que sea sostenible.

Están previstas campañas a nivel nacional para sensibilizar acerca del llamado mal uso de los agrotóxicos  y un osado proyecto para involucrar a las poblaciones en la difusión, consolidación y validación de lo que serían las Buenas Prácticas. También están previstas capacitaciones obligatorias y programas de financiamiento de inversión para la transición hacia las Buenas Prácticas.

En la Argentina, el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto a los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%. Sin embargo, los ministros sostienen que las medidas son esfuerzos del gobierno argentino en producir alimentos y en  alimentar el mundo.

El artículo 41 de la Constitución Nacional sostiene: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Según Damián Marino –investigador del CONICET y la UNLP–, en los últimos diez años se consumieron más de 1000 millones de litros sólo del agroquímico Glifosato en la Argentina. La cantidad de uso de agroquímicos es de 10 litros por habitante/año.

La problemática de los pueblos fumigados –hoy en Argentina,14 millones de personas son expuestas a los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos­–  y de los casos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y una  gama de enfermedades está denunciada en la ONU.

Una vasta literatura científica da cuenta, en todo el mundo, de las consecuencias del uso de agrotóxicos a salud humana, de los animales y en los ecosistemas. Incentivar, desde del Estado, el uso de agroquímicos en lugar de sostener campañas para prohibirlos –como hicieron las autoridades responsables en Europa y EE.UU.– es exponer toda la población a riesgos y daños irreparables, con respaldo institucional.

Por Vanessa Dourado

Los países miembros del G20 representan  85% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y son responsables por 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmosfera. Los EE.UU. es el país que más ha emitido dióxido de carbono (CO2) en la historia.

Las COPs –Conferencias de las Partes Sobre Cambio Climático–, desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, vienen trabajando la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Para evitar un cambio climático peligroso, el acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global por debajo de 2 ºC.

En la declaración de los líderes del G20 en Hamburgo, en julio de 2017, se  reiteró la importancia de cumplir  los compromisos con la Comisión de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), proveyendo medios de implementación para la adaptación y mitigación, y anunciando la creación del Plan de Acción de Clima y Energía para el Crecimiento. El año pasado, el cambio climático fue retirado de la lista de prioridades de la agenda del G20 por presión de los EE.UU. el cual salió del Acuerdo de Paris –señalado por los propios líderes de los estados miembros del G20 como irreversible–.

Trump, con su política “America first”, viene declarando una guerra contra los esfuerzos en combatir el cambio climático, revertiendo las políticas contra el calentamiento global llevadas a cabo por su antecesor Barack Obama. En 2017, el presidente norteamericano decretó el fin del Plan de Acción del Clima, reactivando la industria del carbón en los EE.UU.

Este año, el Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20, que se reunió el último 27 de abril en Argentina, no discutió los precios del carbono, los cuales son fundamentales para tener en cuenta el daño ambiental, social y económico provocados por las emisiones de gases contaminantes y cambiar los patrones de inversión, producción y consumo, posibilitando la apertura de diálogos sobre las estrategias de transición. Tampoco se habló de Justicia Climática, de responsabilidad por daños y prejuicios, y tampoco se señaló un sentimiento de urgencia.

La limitación de la reunión en tener el enfoque en aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático –desde que este no afecte la capacidad de producción de alimentos– y desarrollar modelos para generación de infraestructura resiliente es una regresión en la lucha en contra del cambio climático.

Es nítido que las discusiones en las reuniones del G20 están ajustadas para no afectar mucho a los más poderosos. No hablan de erradicar el uso de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles es la mayor responsable por la emisión de dióxido de carbono (CO2) en la atmosfera.

Mientras tanto, los países miembros del G20 siguen planteando el desarrollo basado en una economía de crecimiento infinito frente a recursos no renovables, no respetando los límites planetarios, llevando el planeta a catástrofes, las cuales ya estamos pasando: eventos extremos, sequías, huracanes, aumento del nivel del mar, desapareciendo de especies animales y vegetales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático combinado con una lógica colonialista de crecimiento económico.

No hay ningún compromiso ético por parte de los países miembros del G20, hablan de desarrollo equitativo y sostenible, sin embargo no mencionan a la Justicia Climática. No les importa el hambre, la pobreza y la destrucción que afecta directamente las poblaciones más vulneradas del mundo; las sequías y las inundaciones que  perjudican a los productores y productoras locales y a los pueblos originarios, quienes dependen de sus cosechas para subsistir, y que también implica un aumento en el precio de los alimentos; profundizando la desigualdad social, impidiendo el acceso a una alimentación adecuada, imposibilitando el alcance de la soberanía alimentaria y provocando un aumento del número de refugiados.

La política del G20 es la del engaño. Hablan de garantizar el futuro de las próximas generaciones, sin embargo no discuten la crisis civilizatoria la cual compromete la existencia de los/las que vendrán. No hay progreso, ni trabajo, tampoco desarrollo, en tierra arrasada.

Por Andreia Albratroz

Los glaciares contienen casi 70% de reserva de agua dulce disponible en el mundo.  Desde hace décadas, los glaciares ubicados entre la Patagonia y Venezuela han pasado por un proceso de deshielo importante. La principal causa del fenómeno es el Cambio Climático. El aumento de la temperatura global es un fenómeno causado por la intervención humana, mayoritariamente por la emisión de CO2 –gas productor de efecto invernadero–  en grandes escalas en la atmosfera. La principal causa del Cambio Climático en el mundo es la quema de combustibles fósiles, fuente de energía primaria para la denominada modernización económica.

Las consecuencias del derretimiento de los glaciares son muchas, todavía la más preocupante es el aumento del nivel del mar. Según Qin Dahe, co-director del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, en su sigla en inglés), en la medida que el océano se calienta; el hielo continental y marino se reduce, el nivel  global del mar seguirá aumentando, más rápidamente que en los últimos 40 años.  Según estudios de la NASA, un tercio de la elevación del nivel del mar entre los años 1880 y 2013 ocurrió en los últimos veinte años.

Según Luiz Marques, autor del libro Capitalismo y Colapso Ambiental , las más importantes consecuencias del aumento en el nivel del mar serán: las inundaciones y lxs refugiadxs climáticos, el desaparecimiento de pequeñas islas,  la salinización de los deltas, la intrusión marina en los acuíferos, la destrucción de los ecosistemas costeros y la vulnerabilidad de las plantas nucleares ubicadas en las zonas costeras[1].

Frente al escenario de urgencia respecto a la preservación de las zonas de los glaciares, los gobiernos de muchos países vienen ignorando las evidencias y siguen en proceso de destrucción de los glaciares a través del desarrollo de actividades mineras en estas áreas.

En la Argentina, el año 2008, la diputada Marta Maffei presentó una ley con el objetivo de proteger los glaciares. La ley fue aprobada en 2010 y el año 2011 se dio inicio el inventario de los glaciares del país. Sin embrago, los intereses de las empresas mineras en avanzar sobre las áreas protegidas tienen el aval de Macri. Frente al pedido de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que busca modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley –que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la actividad  minera en estos sitios-  Macri confirmó que él mismo tratará de avanzar con la reforma de la ley. Desde el inicio del actual gobierno, la alianza entre el gobierno de la Argentina y las corporaciones mineras fue un hecho con la baja a las retenciones de las exportaciones minerales.

En noviembre, se dará el encuentro del G-20 en la Argentina. Como presidente del G-20, Macri no considera el tema ecológico como eje central de discusión y prefiere no poner en riesgo su imagen frente, principalmente, a los EE.UU que se retiró del Acuerdo de París –acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A pesar de las duras críticas recibidas a nivel mundial –hasta mismo del primer ministro del vaticano Jorge Bergoglio, por quien Macri demuestra tener aparente aprecio–  por la no consideración de la problemática del Cambio Climático en las negociaciones, Macri mantiene su posición.

NOTAS:

[1]https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/consequencias-da-elevacao-do-nivel-do-mar-no-seculo-xxi

OTRAS FUENTES:

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/o-degelo-e-elevacao-do-nivel-do-mar#_ednref6

Por Vanessa Dourado

La época denominada “carrera del oro” ocurrió en Brasil en el siglo XVIII. Durante años hubo una gran extracción de metal con la utilización de mano de obra esclava africana e indígena. Una grande cantidad de personas migraron a las localidades donde había abundancia de oro y metales preciosos, particularmente a la región hoy denominada Minas Gerais. En este período, la mayoría de los negros africanos esclavizados morían después cinco años de actividad en las minas. Las causas de las muertes eran relacionadas a carencia de alimentación, falta de oxigeno dentro de las minas, exposición a bajas temperaturas y a la proliferación de enfermedades por la debilidad de la salud. Muchas muertes también se daban por ahogamiento causadas por el rompimiento de los diques de contención de las mineras. El trabajo en las minas fue considerado la actividad más brutal a la cual fueron sometidos los negros africanos esclavizados en Brasil.

En noviembre del 2015, en Mariana –en la misma región de Minas Gerais–, ocurrió el mayor desastre ambiental minero de la historia de Brasil. Un dique de contención de la empresa minera Samarco –una asociación entre la brasilera Vale S.A y la anglo-australiana BHP Billiton– se rompió. El dique contenía alrededor de 62 millones de metros cúbicos de agua y 50 millones de toneladas de mineral de hierro y residuos. Aproximadamente 6 millones de personas fueron afectadas. El abastecimiento de agua potable fue puesto en riesgo a 250 mil personas por  presencia de metales como arsénico, cadmio, plomo, cromo, níquel, cobre y mercurio. La contaminación del Río Doce, con más de 850 kilómetros de largo, provocó la muerte de un trillón de organismos vivos, entre ellas 19 humanas.

Los daños causados por la actividad minera parecen no ser un obstáculo en la continuación del modelo económico utilizado desde la época del Brasil colonial. En su afán por obtener ganancias a cualquier costo, empresa y Estado cierran los ojos a las cuestiones ambientales y siguen exterminando indígenas y ambientalistas –amenazas concretas a sus negocios. El año de 2016, hubo  49 asesinatos de ambientalistas en Brasil, 25% del total mundial –según el informe de la Global Witness– y 137 asesinatos de indígenas en 2015, según el Cimi (Consejo Indigenista Misionario).

En agosto de este año, el presidente de Brasil Michel Temer –quien ocupa el cargo después del golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia del país–  firmó un decreto para extinguir La Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca) y habilitar el área a la explotación por empresas privadas y extranjeras. La Renca fue creada en el año de 1984, en este momento, ya en fines de la dictadura militar-civil-empresarial-eclesiástica (1964-1985), la gran preocupación del gobierno militar tampoco era la preservación ambiental. Los militares temían la presencia de empresas extranjeras en la región y prohibieron las investigaciones minerales, restringiendo su actuación al Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM).

La decisión del presidente, tomada por decreto, habilita un 30% del área a actividades mineras. El decreto garantiza no avanzar sobre las áreas de conservación y de demarcación indígenas –puntos que ya estaban contemplados en la legislación anterior–, no obstante, no hay ningún dispositivo que contemple los daños socioambientales que implican las actividades mineras. Los párrafos de los artículos 1 y 3 del decreto apenas tratan de mencionar la responsabilidad con el manejo sustentable en términos generales. Entre ellos están: la correcta destinación y el uso sustentable del área; el dimensionamiento del impacto ambiental de la explotación minera; el manejo de tecnologías capaces de reparar posibles daños al medio ambiente; el aprovechamiento económico sustentable; el control ambiental; la recuperación del área degradada y la contención de posibles daños.[1]

La cuenca amazónica representa alrededor del 40% del remanente selvático en el mundo y 13% de la bioma mundial. En el área de la Renca hay dos territorios indígenas: Wajãpi, en Amapá, y Rio Paru d’Este, en Pará. A pesar que el texto mantiene el compromiso con la no explotación de las tierras indígenas, en 1996 fue presentado un proyecto de ley (PL 1610/1996) que propone la explotación de recursos minerales en tierras indígenas. El proyecto tramita en la cámara baja de Brasil en régimen de prioridad.[2]

La actividad minera en tierras indígenas está contemplada en el artículo 231 de la Constitución Federal, sin embargo sólo puede ser realizada a través de una legislación específica que todavía no existe. Por lo tanto, la actividad es ilegal. El PL 1610, presentado en 1996 por el senador Romero Jucá (PMDB-RR), volvió al escenario y es considerado por los pueblos indígenas como una gran amenaza. Desde año 2015, con el avance del bloque terrateniente en los poderes legislativo y ejecutivo de Brasil, el texto viene siendo tratado con celeridad. No hubo consulta a los pueblos indígenas acerca de la elaboración de la reglamentación del mencionado proyecto de ley.

Utilizando el discurso de recuperación económica y apertura de oportunidades a las inversiones, Michel Temer sigue ignorando las manifestaciones de los órganos nacionales e internacionales, más allá del propio sistema judicial brasilero. Entre 1991 y 2012, las pérdidas económicas acumuladas por eventos climáticos extremos en Brasil, sumaron 278 billones de reales -0,68% del PIB; además de 3.745 muertes y 46.022.011 personas afectadas –según revela una investigación llevada a cabo por economistas de la Universidad Federal del Rio de Janeiro (UFRJ).

Notas:

[1]http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9147.htm

[2]http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16969

Otras fuentes:

http://brasilescola.uol.com.br/historiab/trabalho-escravo-nas-minas.htm

http://www.nature.com/nature/journal/v535/n7610/full/nature18326.html

http://educacao.cemaden.gov.br/medialibrary_publication_attachment?key=AiWGBqNzLryG-ic02-Wte2gFJFp6GXPI

Vanessa Dourado y R. Gómez de Mederos

El diseño de ocupación moderna de territorios completos es, a escala mundial, una arquitectura de formatos claramente parecidos. En esta ingeniería global, con el patrocinio de su más avezado protagonista, EEUU, requiere unir de manera radical y precisa dos elementos estratégicos de la visión imperialista relativa de la cuestión militar que es, “fusionar” dos elementos, la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, una estrategia que sea funcional a sus intereses y que desmembra y des-limita la frontera entre una y otra. En el fondo, es una reconfiguración de la Doctrina de Seguridad Nacional, tantas veces re-editada en el continente nuestroamericano.

El desenterramiento de lo que sobre 2.012 fue el programa estratégico dictado por expertos de los EEUU en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información, llamado en su momento “Lineamientos Estratégicos de la Defensa Nacional” [1], que formaba parte del Programa Expandido de Educación y Entrenamiento Militar (Expanded International Military Education and Training, E- IMET) de la Defense Security Cooperation Agency, es una posibilidad certera con el fortalecimiento de las derechas en el Cono Sur [1].

Según Elsa Bruzone, experta en Seguridad Nacional del CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia Argentina), Susana Malcorra, la actual Canciller Argentina, que integró como CEO, la norteamericana IBM y la gerencia de Telecom, quien fuera responsable del manejo, durante 12 años, del principal programa de Naciones Unidas contra el hambre (que cuenta con 30 barcos, 70 aviones, 5.000 camiones y 90.000 personas distribuidas en 86 países), es ahora la persona clave para re-dinamizar la idea de las bases militares en Misiones y Ushuaia, más otra posible en Jujuy, que aseguraran un pinzamiento sobre Bolivia y el reaseguro del Plan Belgrano, herramienta fundamental de las corporaciones para consolidar el manejo geoestratégico de la Triple Frontera del Litio, de los Salares de la Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra el 80% de las reservas más rentables del planeta.

El reflote de la instalación de las bases militares norteamericanas en la provincia de Misiones, se relaciona directamente, con que esta es una zona de carga y descarga del cuarto acuífero y reservorio de agua dulce más grande del mundo, compartido entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el llamado Acuífero Guaraní.

El avance de las derechas en el Cono Sur tiene como elemento fundamental “bajo la manga”, la idea de la Seguridad Interior, anexada al de ocupación de los territorios estratégicos de la región, por fuerzas extranjeras. Las bases propuestas, por el gobierno argentino, en Misiones, se relaciona con el Acuífero Guaraní, y la de Ushuaia, al interés norteamericano sobre la Antártida.

Tal vez no se puede afirmar tácitamente que el agua y sus reservorios son los únicos motivos de guerras futuras, pero sí podemos decir, que son todo el cúmulo de bienes naturales presentes en Nuestramerica, los que generan un alto grado de conflictos y escaramuzas en torno primero, de la disputa por su utilización y segundo, por la necesidad de acumularlos como reservorios de los países con mayor consumo de los mismos.

El agua, así como todos los bienes comunes, son recursos finitos, no reemplazables; eso hace del Cono Sur, un área de cada vez mayor interés. Las reservas de agua del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), concebido Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el marco del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, es el mayor manantial de agua dulce del mundo, con capacidad para abastecer a la población mundial por 200 años.

Pero la región está estipulada y destinada por los centros globales de poder, a cumplir el rol histórico de proveedor de bienes naturales de las grandes corporaciones extractivas, y sus países de procedencia, que no solamente los llevan a precio de nada, sino que además, dejan el rastro de la contaminación en la naturaleza, mientras legitiman un proceso de progreso ficticio.

Desde 2.001, el bien común estratégico agua, viene siendo objeto de debate y negociación por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y en el Acuerdo General Sobre Comercio de Servicios de la OMC (AGCS), con el objeto, en teoría, de garantizar agua potable y saneamiento básico, como derechos humanos y bien social; sin embargo, esto guarda un real interés, con garantizar los negocios de las corporaciones que necesitan del agua para seguir produciendo, en detrimento de los pueblos originarios, pequeños agricultores y comunidades campesinas.

Ya desde los años 1.992 y 1.994, estudios alertaban sobre posibles conflictos territoriales por la escasez del agua en el siglo XXI.

En la región del SAG existe una importante demarcación militar en expansión, como lo detallamos al principio del artículo, lo cual es denunciado desde el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA).

La región de la Triple Frontera, que abarca a Brasil, Paraguay y Argentina, está prospectada, sobre todo por el Pentágono, como zona de instalación de aparatos militares de inteligencia y logística, bajo la excusa de “frenar el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas”. La intención de instalar una base militar y una sede diplomática en la región, viene siendo fogueada por los EEUU, con mayor fuerza desde 1.999 aproximadamente.

El reciente acuerdo entre las embajadas de Argentina y EEUU, realizado en Buenos Aires, a puertas cerradas, por el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau y su par norteamericano, Noah Mamet, contempla un convenio entre la Guardia Nacional del Estado de Georgia y las Fuerzas Armadas Argentinas, como parte del State Partnership Program (SPP); dicho programa construye relaciones en todo el mundo desde hace más de 20 años, la incorporación de Argentina al SPP alcanzará la cifra total de 73 colaboraciones estatales. La Guardia Nacional norteamericana cuenta con 460.000 efectivos y con un amplio grupo de socios en el extranjero, en todos los niveles de comandos de combate.

La excusa del convenio: “La cooperación en el caso de la Argentina con los Estados Unidos y por prioridad de nuestro país será para atender desastres naturales, programas de aviación, colaboración en las fronteras, en el cuidado del medio ambiente, en medicina militar, en una red de educación a distancia y en misiones de paz” [2].

Es en el marco de un ascenso institucional de las derechas y un retroceso de los procesos llamados progresistas en Nuestramerica, que comienza a reformularse mediáticamente la peligrosidad de la Triple Frontera como hipótesis de conflicto; dentro de esta reformulación, que incluye a todo el Cono Sur, se pacta el acuerdo de cooperación militar que, incluye además, la instalación de una base científica en la región.

La Triple Frontera es “considerada” muy peligrosa, por el hecho de “abrigar” a supuestos “miembros de sectas terroristas” que todavía no se sabe dónde están. Sin embargo, la supuesta paranoia estadounidense (más bien, justificación política e ideológica para penetrar territorios estratégicos) tiene una selectividad muy peculiar. Preocuparse más con estas amenazas “terroristas” y buscar fortalecer su presencia en áreas estratégicas, cuando el escenario político de América Latina cambia de forma relevante, con procesos de pérdida del protagonismo de los gobiernos llamados bolivarianos.

La construcción de una zona militarizada que pueda garantizar la apropiación y el acaparamiento territorial, bajo el modo de “compra” de tierras abundantes en bienes naturales, muchas de estas sostenidas con un hipotético objetivo conservacionista, pone al Estado de manera explícita como subsidiario de, y al servicio de los intereses de las corporaciones extractivas. Este proceso, en que el Estado subsidiario del capital transnacional, cede de manera tácita el control de los territorios a manos de las compañías y de una estrategia de ocupación militar, desemboca en una exacerbación e intensificación de los conflictos territoriales, entre terratenientes, pueblos originarios y campesinos, entre las empresas transnacionales y las comunidades.

En el Mato Grosso del Sur, una área importante e histórica de resistencia de los pueblos Guaraní-Kaiowá, los empresarios del agronegócio llevan a cabo el genocidio de esta población indígena que lucha por la demarcación de sus tierras. El último 11 de julio de 2.016, en el marco del asesinato del líder indígena Semião Fernandes Vilhalva, los empresarios del agronegócio mencionaron el SAG como causa del conflicto, en contra los indígenas que buscan rescatar sus tierras ancestrales.

El SAG tiene casi 1.200.000 kilómetros cuadrados de extensión; se calcula que su cuenca cuenta con entre el 42 y el 45 % de las reservas de agua dulce del mundo. La población que vive sobre él, constituye solo el 7% del total mundial, mientras la mayoría de los países desarrollados, tienen las cuencas de sus ríos contaminadas, además de enfrentar una desertificación progresiva en sus territorios.

El Ministerio de Protección del Medio Ambiente de China reveló que un 57,3% de las agua subterráneas en 193 ciudades tienen una calificación de malas o muy malas, así como el 30% de los ríos. El río Mississippi, en los Estados Unidos, representa una de las vías navegables más importantes, con una extensión de 3.782 kilómetros, pasando por 10 estados en su recorrido. En su rivera se encuentran numerosos centros industriales y agrícolas; ejemplo de ello es que el 78 % de las explotaciones de cereales y de soja que se encuentran en gran parte de su extensión.

El surgimiento del neo extractivismo itinerante, como uno de los modelos de acumulación capitalista, marca un nuevo momento de la historia geopolítica y económica del mundo. La súper explotación gana un nuevo ropaje y el liberalismo más ortodoxo pasa a ser considerado un mal menor para muchos actores internacionales, incluidos los latinoamericanos, frente al neoliberalismo más crudo. Este nuevo período abierto en la región, claramente viene a crear un cerco sobre nuestros territorios, ricos en bienes naturales, críticos y estratégicos. El SAG es uno de los tantos objetivos imperialistas.

Notas:

1-http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/07/12/sustancioso-informe-sobre-la-instalacion-de-bases-militares-yanquis-en-argentina/

2- http://www.lanacion.com.ar/1966718-acuerdo-de-cooperacion-militar-con-la-guardia-nacional-de-eeuu