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Las empresas que lucran de la muerte en Expodefensa

La última semana de noviembre tuvo cita en Bogotá uno de los mercados de muerte más importantes de Suramérica: Expodefensa. Como es el caso de otras ferias de su tipo, esta es organizada por el Ministerio de Defensa de Colombia, el cual con el lenguaje de la época pandémica encuentra este espacio como parte de “una reactivación económica segura”. Pero detrás de ese discurso de moda, el mismo ministro deja claro que es un “escenario idóneo para presentar la oferta de productos y servicios del Sector de Defensa colombiano y para conocer los portafolios de la industria mundial”. Defensa… el eufemismo contemporáneo usado por los gobiernos del mundo para hablar del mercado de la guerra, la violación de los derechos humanos y la muerte. Eso queremos demostrarlo a continuación, tomando como ejemplo algunas de las empresas que han tenido un puesto en dicha exposición.

Empresas que han vendido armas de uso contra manifestantes

Hace pocas semanas se cumplieron dos años del asesinato por parte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, ESMAD, del joven Dilan Cruz, el cual se manifestaba en una de las calles en medio del Paro Nacional de noviembre del 2019. En esa ocasión el capitán de la policía, Manuel Cubillos, disparó una munición Bean Bag (una bolsa llena de perdigones) desde una escopeta calibre 12. La munición es vendida por Combined Systems INC que no es participante en esta ocasión, pero lo ha hecho en pasadas versiones de la feria. Las escopetas son producidas por la empresa italiana Benelli Armi y comercializada también por BDR Beretta Defense Technology, ambas presentes en pasadas versiones de la feria.

En ese Paro Nacional, en las manifestaciones contra la violencia policial en el 2020 como en el Paro Nacional del 2021, el Estado colombiano reprimió mortalmente las manifestaciones con armas que en el mercado de la muerte/defensa se conocen como de “letalidad reducida”. Estos son gases lacrimógenos, granadas aturdidoras, munición de goma y otra serie de herramientas para herir, que en varios casos han demostrado causar muerte. Los gases lacrimógenos que se usan en Colombia son comprados a la empresa Combined Systems y a la brasilera Condor Non-Lethal Technologies, la última confirmó su presencia para este año. Además de muertes producidas por la inhalación de los gases, como fue el caso de Jovita Osorio en el 2021, los cartuchos de estas armas son lanzados ilegalmente por la policía de forma horizontal, y no parabólica como deberían. Debido a esto, cientos de manifestantes han sido heridos, donde las heridas oculares resaltan por su cantidad.

Un informe conjunto de Amnistía Internacional, la ONG Temblores y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, denunció que el accionar del ESMAD deja más de cien personas con heridas oculares, de las cuales doce casos son de trauma ocular irreversible (ocho de ellos en el marco del Paro Nacional del 2021). De los más de cien casos el informe deja nítido que al menos 18 fueron producto de gases lacrimógenos y muchos otros producidos por balas de goma. Proveedoras de estas municiones consideradas de “letalidad reducida” que estuvieron presentes en esta edición, son la empresa búlgara Arsenal 2000 y la estadounidense Tactical Superiority. En el pasado se presentó en esta feria la empresa turca Turac Dis Ticaret Limited Sirketi que provee de balas de goma usadas para atacar manifestantes.

Además de municiones, se presentaron empresas que equipan a las fuerzas antidisturbios; este es el caso de la israelí SK Group quien anunció su “revolucionario traje ligero antidisturbios GAl”, la brasilera Iveco Defence Vehicles con sus vehículos antidisturbios igual que la israelí Plasan. Esta última ha vendido al Estado colombiano vehículos denominados Sandcat que han sido sacados a las calles durante los paros del 2019 y 2021 para atemorizar a los y las manifestantes.

Otras armas y tecnologías usadas en la guerra del Estado contra la gente

En la noche del 8 de septiembre del 2020 agentes de la Policía Nacional de Colombia fueron grabados en una situación que ya se sabía recurrente, pero de la cual no habían tantas evidencias visuales; luego que detuvieran en estado de alicoramiento a Javier Ordóñez le torturaron con una pistola de electricidad conocida como Taser, tras ello lo golpearon hasta asesinarlo. Esta arma había sido promocionada justamente un año antes por la empresa Axon, la cual se volvió a presentar año.

No son solo armas físicas las que se comercializan allí, cada vez tiene mayor peso el mercado de la ciber vigilancia y la tecnología de espionaje, los cuales cada vez es más público el conocimiento que se usan para hacer seguimiento a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición, como ya lo han demostrado los distintos casos de interceptaciones ilegales y seguimientos conocidos coloquialmente en Colombia como Chuzadas; dentro de las empresas que venden productos de este tipo están: Cellebrite, Cognite, Data Tactical Management, Elbit o Rafael.

Teniendo en cuenta los relatos previamente descritos es posible afirmar que Expodefensa es una feria que facilita el acceso a armas, tecnología y conocimientos que se usan posteriormente para la represión y violencia contra el pueblo colombiano. Por eso y más razones, organizaciones antimilitaristas colombianas hicieron un llamado a manifestarse en contra de esta feria el 1 de diciembre de 2021 a las 2 de la tarde en la entrada de la Av Esperanza del centro de convenciones Corferias. El llamado realizó acciones directas no violentas, que demostraron el rechazo a la presencia de estas empresas que lucran con el asesinato y heridas de los y las colombianas.

 
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Alianza paraestatal contra reclamos ancestrales de comunidades Mapuches

Flor Niti

Días atrás se realizó en Bariloche, en el territorio denominado Argentina, una actividad contra los reclamos territoriales de los legítimos dueños de las tierras de la zona, la comunidad Mapuche. La misma se llamó “Foro de Consenso Bariloche por una Patagonia Sustentable y en Paz”.

El grupo organizador se denomina Consenso Bariloche. Allí confluyen diversas organizaciones con intereses sobre las tierras y contra los reclamos ancestrales de las comunidades originarias.

Las Huaytekas, integrantes de la comunidad mapuche,
expresaron en un comunicado la finalidad de esta organización: “su objetivo es continuar fortaleciendo el accionar racista, xenofóbico, discriminatorio y violento que viene ejerciendo este grupo sobre las poblaciones más relegadas y empobrecidas”.

En este contexto, se realizaron acciones de repudio hacia la comunidad Mapuche. En la puerta del hotel donde se efectuó la actividad, hubo provocaciones de personas con banderas y carteles de la organización NOS -partido político fundado por Gómez Centurión– que en sus bases ideológicas expresa el odio a las minorías, la oposición a la educación sexual integral en instituciones educativas y a la posibilidad de decidir de los cuerpos gestantes a abortar.

Paradójicamente, la actividad se realizó en el hotel llamado Cacique Inakayal. El nombre proviene de uno de los últimos líderes indígenas que resistió la masacre perpetrada por el ejército al mando de Julio Argentino Roca, quien aún tiene un monumento en el centro cívico de Bariloche. Inakayal murió en el año 1888 mientras era exhibido vivo en el Museo de La Plata. La comunidad Mapuche aún reclama la restitución total de sus restos.

En los últimos años se incrementó la violencia y estigmatización contra las comunidades mapuches. El movimiento fascista Alerta Nacional, liderado por Biondini, está repartiendo panfletos contra los pueblos originarios.

A ambos lados de la cordillera, los Estados utilizaron software de vigilancia y control israelí para generar una opinión pública contraria a los reclamos de las comunidades mapuches. El trabajo conjunto de los grupos paramilatares de Gendarmería y Carabineros, recuerda los vínculos entre las fuerzas represivas en las últimas dictaduras cívico-militar-eclesiásticas de la región.

Asimismo, varios medios de comunicación hegemónicos se están haciendo eco de falsas denuncias encabezadas por personajes ligados al grupo Consenso Bariloche.

Mientras tanto continúa, por parte de los Estados, el encierro y el genocidio contra el pueblo mapuche . No solo por el reclamo de sus tierras, sino por la lucha que llevan adelante, tal como lo expresó el lonko Facundo Jones Huala en una entrevista a Virginia Bolten: “Si bien se enmarca dentro de procesos anticapitalistas, antioligárquicos, antiimperialistas y evidentemente contra todo proceso de contaminación y destrucción de nuestro territorio, creo que allí es donde tenemos que ser capaces de discutir con la verdad, y consensuar desde la verdad cual es la identidad real que nosotros tenemos, cual es la identidad del otro, que también tenemos un enemigo común. Creo que esto es importante también para comprender que tenemos una casa común que es el planeta Tierra”.

 
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Hope house, la organización evangelista detrás del Bitcoin en El Salvador

Camila Iglesias y Carla Nata

El Salvador es el primero de los territorios globales que avala una moneda virtual.

Semanas atrás, Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, anunciaba el tratamiento de un proyecto de ley para que la moneda virtual Bitcoin sea de recepción obligatoria. El Bitcoin competirá con la actual moneda de circulación, el dólar estadounidense.

El parlamento, también controlado por Bukele, finalmente aprobó la ley que consta de dos páginas y no contiene detalles acerca de la implementación del Bitcoin. Solamente hace mención a una zona salvadoreña en particular, El Zonte.

Esta ciudad sobre el pacífico es famosa en el ambiente del surf por sus playas y olas, aunque ahora también cobró notoriedad al ser reconocida en la ley de criptomonedas como zona especial.

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Este proceso se originó a partir de que un donante anónimo entregó como dádiva Bitcoin a la población hace varios años. Posteriormente se masificó el uso de la moneda virtual en la ciudad.

La entrega se realizó por medio de Mike Peterson, un estadounidense surfista que reside en El Zonte desde el 2005. Peterson comenzó a ofrecer dinero virtual a las personas de la ciudad costera abonando los servicios que la población local prestaba a Hope For Families Foundation.

Hope For Families Foundation es una organización evangélica. En su página web se presentan como “una organización legal sin fines de lucro en el país de El Salvador, Centroamérica. Dios nos ha dado una carga por las mujeres y los niños de este país”. Entre sus objetivos se encuentra, “Señalar a los jóvenes a Cristo como la respuesta a todas las preguntas de la vida. Compartiendo el amor de Cristo a través del discipulado y estudios bíblicos uno a uno”.

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Peterson también fundó Mission Sake, una organización evangélica presente en las ciudades El Zonte y Punta Mango. Entre las personas que pertenecen a Mission Sake, según declaran en su página web, se encuentran ex marines estadounidenses y profesionales del sector financiero.

El Bitcoin tiene una alta fluctuación de su valor, con lo cual, las personas de El Salvador pueden, en cuestión de horas, perder un importante porcentaje de su dinero. Esto no está contemplado en la ley “Bitcoin Beach”. Asimismo, las comisiones para cambiar la moneda virtual a dólares varían entre un 5% y 10% de la transacción.

Bukele tiene diversas denuncias por sus prácticas autoritarias. A partir del control del Congreso que posee gracias a su partido Nuevas Ideas, ya se reemplazó a la fiscalía general y jueces de la Suprema Corte. Durante la actual pandemia de COVID encerró a miles de personas que no cumplieron con la estricta cuarentena. Los lugares de encierro en El Salvador se encuentran superpoblados y en condiciones insalubres. Muchas de las personas allí encerradas contrajeron COVID. A pesar de los reclamos internacionales y organismos de DD.HH., Bukele no modificó esta política.

 
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Campaña global contra la masacre del pueblo colombiano

por Guillermo Martínez

El día viernes 7 de mayo, el movimiento antimilitarista colombiano convocó a una campaña global contra la masacre por parte del Estado colombiano. Redactaron una carta que puede ser descargada desde acá para presentar en las embajadas y consulados de Colombia.

Respecto de la convocatoria, una compañera del movimiento antimilitarista expresó “No pensamos rendirnos y por eso les pedimos ayuda. El movimiento antimilitarista en Colombia convoca a toda la solidaridad internacional para este viernes 7 de mayo. El mensaje será claro: por el desmonte de la ESMAD y contra la represión al pueblo colombiano”.

Como ya se ha informado previamente en la nota Pueblo Colombiano es masacrado en medio de protestas contra reforma tributaria, el Estado colombiano está masacrando la población que se encuentra activa durante masivas movilizaciones. 

Las protestas se iniciaron el pasado 15 de abril cuando el Ministro de Hacienda presentó al Congreso de la República un proyecto que venía elaborando meses atrás, el que incluía: incrementar el IVA del 5% al 19% a la gasolina, ampliar el impuesto de renta escaladamente a salarios de dos millones y medios de pesos (650 dólares), ampliar impuestos a las pensiones y varias otras modificaciones más al sistema tributario del país. Esto en medio de uno de los momentos de crisis económica más agudos de los tiempos recientes, donde el 14.2% de la población está desempleada y el 42.5% de la población vive bajo la línea de pobreza.

Frente al silencio de la comunidad internacional, la sociedad civil se está movilizando en solidaridad con el pueblo colombiano. Para visibilizar estas acciones y seguirlas pueden compartir el hashtags #ContagioAntimilatarista.

 
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Pueblo colombiano es masacrado en medio de protestas contra reforma tributaria

Foto de Andrés Pacheco; Instagram @pachecoclasta

Efraín González Téllez

El domingo 2 de mayo, el gobierno de Ivan Duque pidió el retiro del proyecto de reforma tributaria luego de las protestas masivas que se llevaron a cabo desde el 28 de abril hasta ese día en Colombia; esto luego que policías y militares asesinaran a distintas personas en varias ciudades del país, hiriendo cientos más y dandose casos de violencia sexual.

El pasado 15 de abril el Ministro de Hacienda había presentado al Congreso de la República un proyecto que venía elaborando meses atrás, el que incluía: incrementar el IVA del 5% al 19% a la gasolina, ampliar el impuesto de renta escaladamente a salarios de dos millones y medios de pesos (650 dólares), ampliar impuestos a las pensiones y varias otras modificaciones más al sistema tributario del país. Esto en medio de uno de los momentos de crisis económica más agudos de los tiempos recientes, donde el 14.2% de la población está desempleada y el 42.5% de la población vive bajo la línea de pobreza.

El momento para presentarla no podía ser el más equivocado: el país atraviesa las cifras más altas de muertes con días cercanos a las 500 personas y un total que ya pasó los setenta mil decesos. No se alcanza a entender si fue cinismo pensando que era un momento que nadie protestaría pero, cualquiera que haya sido el cálculo de la respuesta, nunca previeron lo que sucedió.

Aunque ya las redes sociales estaban activas en contra de la reforma desde que se presentó, el momento álgido de movilización se dio el 28 de abril, día en que el Comité Nacional de Paro (que agrupa a las principales centrales obreras, organizaciones de pensionados y algunas organizaciones sociales) convocó a realizar marchas en todo el país para rechazar la medida. Cómo ya ha pasado en otras oportunidades los últimos años, y que describimos en nuestro periódico en 2019, la convocatoria no solo rebasó las expectativas sino que integró a muchísimos más sectores que iniciaron el llamado original, al punto que se volvió una movilización de cientos de miles de personas en todo el país. Con la pretensión de mantener el paro como indefinido el Comité Nacional de Paro, tras evaluar la jornada como satisfactoria, mantuvo la llamada a movilizaciones para el 29 e hizo un llamado a una nueva jornada de paro el 19 de mayo.

El seguimiento del segundo día no fue tan masivo como el anterior a nivel nacional, pero en ciudades como Cali no solo permanecieron resistiendo sino que en muchos casos se rebasó la represión de la policía al punto que esta debió retirarse de algunos puntos. Justamente por las formas en que los y las manifestantes enfrentaron la represión estatal durante el 28 y el 29 el expresidente Alvaro Uribe hizo un llamado a que se permitiera el “derecho de soldados y policías a utilizar sus armas”, el cual coincidió con el asesinato de varios manifestantes en Cali y heridas graves contra cientos de manifestantes a lo largo del país. Aunque el Comité Nacional de Paro no había convocado movilizaciones para el 30 de abril y explícitamente hicieron un comunicado afirmando que no convocaban movilizaciones para el 1 de mayo (argumentando razones de bioseguridad e invitando a protestas virtuales), ya el paro había dejado de ser hace mucho lo que ese espacio determinaba, por lo que ambos días volvieron a darse manifestaciones multitudinarias. Frente a esta tenacidad demostrada por la gente, el presidente Duque anunció alrededor de las 4 de la tarde del 1 de mayo la participación del ejército en el control de las protestas, no solo provocando más violencia en el choque contra los manifestantes sino el uso de armas de fuego para reprimirles.

En el caso de Bogotá, una de las manifestaciones que ese día se dirigía con más de 5000 personas en dirección a la vivienda del presidente fue brutalmente reprimida, al igual que se hizo con manifestaciones en otras partes de la ciudad a esa hora. La amenaza de usar la fuerza militar para aplacar las protestas no detuvo que se convocaron de nuevo para el 2 de mayo; Sin embargo, en este último día de protestas, y en medio de la tensión que generó la militarización al mismo tiempo que se realizaban movilizaciones a nivel nacional, el presidente Duque anunció en una alocución presidencial que retiraba el proyecto de reforma tributaria. Muchos de los barrios de las distintas ciudades que se mantuvieron movilizadas entraron en una manifestación de alegría por haber logrado el objetivo.

Sin embargo, esta pequeña victoria se ve empañada por la masacre que se está cometiendo; la ONG Temblores denunció como a lo largo de estos días se les notificaron las siguientes violaciones de derechos humanos:

Hay que entender que estas cifras corresponden únicamente a las recogidas por organizaciones de derechos humanos, pero las mismas estuvieron desbordadas todos estos días haciendo acompañamiento en todos los lugares donde se reprimió a las personas. Por lo que el estimado al menos de personas heridas y muertas seguramente es mayor a las cifras registradas.

A pesar del anuncio de retiro de la reforma tributaria, varias organizaciones sociales del país mantienen las movilizaciones ya que además en el Congreso se tramita otra reforma al régimen de Salud; así mismo, varias organizaciones y personas sostienen la necesidad de mantener la movilización para impedir la impunidad frente a las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el paro. Frente a esto el 3 de mayo el Comité Nacional de Paro solicitó formalmente el retiro de la reforma a la salud y el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) por la responsabilidad en la represión de estos días.

A continuación una galería fotográfica de las manifestaciones estos días en Bogotá, tomadas por la fotógrafa Nathalia Sie, pueden segirla en su instagram

 
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Justicia para Bau

La lamngen Emilia Herrera Obrecht (Bau) fue asesinada durante el proceso de  recuperación territorial del Lof Llazkawe  la noche del 16 de febrero de 2021 a manos de sicarios en Panguipulli  en una recuperación territorial , en el condominio RiñiMapu. Te recordamos valiente, disidente y defensora de la tierra, los bosques, las aguas y todxs los seres que allí habitan.

Ilustración: Zato

 
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La lucha antirracista y contra el extractivismo como apuesta feminista para la constituyente chilena

Camila Zárate

Empezamos en la primera entrega de esta entrevista con  Camila Zárate, candidata a la Asamblea Constituyente de Chile que se realizará en mayo, hablando sobre sus inicios y cómo la propuesta que lleva se construyó desde el movimiento ambiental y feminista. En esta entrega, desarrollaremos más sobre sus apuestas de articulación con los pueblos originarios y en contra del extractivismo.

Por Gerhard Dilger

Gerhard Dilger: En la anterior entrega nos hablaste sobre tu apuesta feminista, ahora quisiéramos que nos hablaras sobre cómo eso se relaciona con tu lucha antiextractivista.

Camila Zárate: Una de las propuestas que hemos vinculado es eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, las niñas y las disidencias, lo que  tiene que ver con sus derechos sexuales. No solamente decidir sobre nuestras propias cuerpas en cuanto si queremos o no embarazarnos, sino también cómo queremos vernos, es decir, qué forma física queremos tener. Porque el Estado también decide respecto a eso.

Hay muchas demandas que son parte del programa, pero en lo particular a las feministas que nos reconocemos como ecofeministas también nos interesa las demandas en torno al fin del extractivismo; con eso queremos decir que queremos eliminar toda la explotación de cuerpos y territorios, entendiendo que en el momento en que existe una depredación territorial también quienes somos más afectadas somos las mujeres. Para dar un ejemplo: en las zonas de sacrificio, cuando a una comunidad se le despoja de sus economías locales, donde se obliga a los varones a ser parte de las mismas empresas que les están contaminando, finalmente: ¿quiénes tienen que hacerse cargo de la movilización, de la defensa del territorio, de los niños y niñas que han sido intoxicados, los enfermos, incluso los mismos maridos, que terminan enfermos de cáncer? Somos nosotras. Entonces, estas empresas terminan afectando a las mujeres el triple de lo que afecta a los varones.

Al mismo tiempo, está la labor en el campo: las temporeras que están viviendo bajo una forma de contratación sumamente precarizada y eso tiene que ver directamente con una agroindustria que discrimina no solamente por género, sino también de manera netamente colonial y racista en nuestro país. 

Y cómo no mencionar a la minería, donde no solamente se está destruyendo el territorio, pero también  se despoja, se contamina las cuencas de agua, se destruyen las economías locales. Al mismo tiempo las mujeres cumplen un rol relacionado con la  minería desde la cosificación de nuestros cuerpos y territorios; no podemos olvidar que al momento de insertarse la minería, también se genera una economía masculinizada, en que las mujeres terminamos sosteniendo un rol desde el punto de vista de la prostitución en estos espacios que son muy masculinizados.  

Esos son elementos concretos de cómo el extractivismo, además de depredar los territorios, depreda los cuerpos sobre todo de las niñas, mujeres y disidencias. Entonces, para nosotras también la demanda antiextractivista y la demanda por desprivatizar el agua y las semillas, para tener una alimentación que pueda nutrir nuestros cuerpos de manera sana tiene que ver con una demanda profundamente feminista. 

Entendemos que el feminismo no es solamente una cuestión relacionada con la temática de las mujeres, sino más bien la perspectiva feminista transciende a todas las temáticas de la precarización de la vida en el ámbito laboral, de la salud y en otros espacios donde las mujeres somos protagonistas y estamos organizadas políticamente para cambiar las reglas de juego. 

GD:¿Cómo imaginas que puede funcionar la colaboración en este proceso constituyente?  ¿cómo trabajan ustedes con los distintos grupos indígenas? 

CZ: Es una pregunta tremenda porque primero hay que considerar las diferencias políticas, o sea, las estrategias no son las mismas. 

Hay una estrategia que es generar un Estado Plurinacional, un Estado que contemple distintos pueblos-naciones; sin embargo, también hay otra tendencia igual de válida, que es pensar no solamente desde un mirada del Estado, sino justamente cómo generamos autonomía territorial desde el control y la autodeterminación, independiente de lo que pase o no con el Estado. Y ambas estrategias tienen que ser capaces de estar presentes en este proceso constituyente. 

El proceso constituyente no solo se construye por esta coyuntura que estamos viviendo, que se da con la  revuelta social y que finalmente termina en este proceso institucional que estamos habitando, sino que el proceso constituyente es un espacio más amplio de deliberación de territorios y comunidades que incluso podría venirse dando desde el año 2016 donde ya estábamos creando un proceso de cabildos, de encuentro, o incluso antes. 

En este sentido, la verdad es que todos los movimientos ancestrales tienen algo que decir. Tienen su propia estrategia y están dando un proceso constituyente de por sí porque están sustituyendo lo que había y constituyendo algo nuevo. Desde este punto de vista, hemos sido bien respetuosos de los movimientos en los territorios que plantean  la perspectiva plurinacional no solamente hacia el Estado, pensando una articulación de políticas, haceres y saberes desde los distintos pueblos-naciones. Entendemos y respetamos las distintas estrategias.

Ahora, en concreto, nos gustaría que la constitución estableciera un reconocimiento no solamente a las autonomías y la autodeterminación sino también a las distintas formas de hacer economía, hacer política y hacer incluso sus propias estructuras jurídicas por parte de las comunidades ancestrales.  Esto es muy importante porque en Chile hay una deuda histórica que no solo tiene que ver con una represión brutal de un país donde constantemente los gobiernos han declarado  guerra a los pueblos-naciones ancestrales, sino también una deuda vinculada con el despojo territorial tanto del agua como de la tierra. Tiene que haber una forma de reparación que incluya la indemnización que se le debe por parte al Estado a los pueblos ancestrales, lo que es parte de las reivindicaciones, y no tiene sentido un reconocimiento de papel en la constitución: se debe poner en la práctica una autodeterminación real y una plurinacionalidad.

Se viene una discusión bien interesante: se estableció, a partir de la movilización social, que habría escaños reservados para pueblos originarios. Sin embargo, se estableció que no fue suficiente en números y hay distintas teorías en cuanto a esto: hay muchas personas que militan en partidos políticos a la vez que le están apostando directamente a hacer una lista independiente y tener una representación como cualquier chilena o chileno. Será interesante saber quiénes saldrán electas y electos y en esa perspectiva y qué tipo de estrategia será llevada adelante en el debate constitucional, si es más autonomía territorial o si es desde el Estado.

GD: ¿Hay feministas en los pueblos originarios y en los movimientos originarios ancestrales?

CZ:  Se están construyendo procesos que no son fáciles: para cierta tendencia dentro de los pueblos ancestrales, está la idea que el feminismo es una práctica colonial que se viene a imponer a las comunidades. Por eso también la reivindicación de otras formas de feminismos también son interesantes: no es lo mismo un feminismo posmoderno que un feminismo de los pueblos y de los territorios. Entonces también hay elaboraciones donde la misma comunidad es quien genera ese proceso de construcción feminista, pero desde sus propias prácticas y saberes y no como las otras chilenas lo estamos habitando.

Pero con esto hay que ser justas y justos, sabemos también que hay todavía prácticas patriarcales en los pueblos ancestrales. Hay noticias que nos impactaron desde Rapa Nui, donde se legitimaba la posibilidad de violar a mujeres, y es justo decir que la lucha feminista allí es un proceso de deconstrucción. Eso lo digo incluso siendo animalista y entendiendo que hay procesos que se dan de forma lenta en cada lugar. Estos procesos se están habitando desde diferentes espacios en las comunidades y por supuesto entran en juego tensiones y no son fáciles. No esperamos que lo sean tampoco.

GD: ¿Estos procesos de diálogos entre feministas y pueblos originarios se dan en igualdad? ¿Dificulta la carga académica un lenguaje común?

CZ: Por esto decía la importancia de respetar los procesos, si desde la academia se intenta buscar un “cómo debiera ser un feminismo para los pueblos ancestrales y las comunidades” termina siendo una imposición igual. No hay una igualdad entre lo que podemos saber de feminismo desde la academia, o a través de los conocimientos a nivel mundial, frente al feminismo que se puede dar en las comunidades o territorios organizados; por eso siempre hay que tener ojo con esto, porque no hay una situación de igualdad frente a estos procesos de conocimiento. Son procesos más largos. 

GD: ¿Cuál es la diferencia que encuentran ustedes entre el movimiento socioambiental y feminista frente a estas fuerzas feministas y ecologistas que habitan los partidos tradicionales?

CZ: Muchas. La primera  diferencia sustancial es que lo que sucede hoy es una crisis política e institucional y en esta crisis todos los partidos están involucrados, casi sin excepción. Solo podríamos excluir a los partidos que se quedaron afuera del acuerdo de noviembre. Un acuerdo que fue firmado en cuatro paredes para ponerle fin a la revuelta social y calmar lo que estaba sucediendo en Chile, este despertar.

La mayoría de partidos pactaron dentro de la lógica: hasta aquí llegamos, o va a venir el alzamiento militar. Hicieron ese pacto desde el pensar: tenemos que hacer algo, hacer que las instituciones funcionen y legitimar lo que existe para seguir en el poder. De alguna manera eso también sirvió como una camisa de fuerza para Sebastián Piñera, que todos pedíamos su destitución, quien logra  un respaldo del Congreso, que también estaba cuestionado por la ciudadanía, y podían salir arrastrados en esta crisis de legitimidad de poder. Entonces, por lo mismo, finalmente terminan todos siendo parte de esta complicidad y es por eso que finalmente existe una deslegitimación total.

En ese sentir, decía que algunos partidos quedan afuera, pero de todas maneras la gente ya no se siente representada por los partidos políticos, ya los ve como un espacio de poder donde el ciudadano común, que no milita en nada, no se siente parte. Hoy la ciudadanía no siente que puede tomar decisiones, ya que la democracia está totalmente restringida. Aquí no existen plebiscitos vinculantes, la única vía de plebiscito es muy restringida: aparece en la constitución y tiene que ver con que el Presidente de la República quiera insistir con algún proyecto de ley que no haya logrado aprobar en el parlamento. Acá tampoco existe la posibilidad de mandatos revocables. Ni siquiera con Sebastián Piñera, quien tiene una aceptación muy baja. Pero como no hay herramientas, continúa en el poder.

Tampoco hay iniciativas populares de ley: nosotras podríamos iniciar un proyecto precioso desde los cabildos que lideraran la campaña contra las Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile (AFP), y eso quedó como letra muerta porque no tiene cabida. Así como tampoco hay un  instrumento institucional que haga que esto llegue a buen puerto. 

Por ello hay un descontento total de la ciudadanía: porque no existe la cabida y tampoco viene la solución en la discusión, porque la clase política no solo se protege a sí misma  sino que, además, protege al empresariado. Un actor que genera pobreza, pero que siempre va a tener el respaldo de los partidos políticos de nuestro país. 

Entonces desde esa apuesta política es que dijimos que no vamos a ser parte de eso, y nos vamos a proyectar como siempre lo hemos hecho: desde los movimientos sociales con autonomía y en paralelo con lo que pase con los partidos políticos. 

Quisimos hacerlo desde una lista independiente con todo lo que significó, es decir: juntándonos en Navidad, Año Nuevo, pero a última hora nos bajaron. Lo bueno es que las redes sociales nos acompañaron y pudimos hacerlo. Yo llegué a la candidatura con más de cuatro mil respaldos en todo el distrito, así que fui la candidata con más patrocinio del distrito 7, que incluye Valparaíso-Costa. Eso se logró porque  la gente se concientizó y votará  independiente en la papeleta. Y claro, en términos programáticos y de contenido también nos diferenciamos bastante, por ejemplo: en la agenda ecologista hay una diferencia fundamental y es que no apostamos a un capitalismo verde o a una versión más amigable del capitalismo, sino proponemos empezar a transitar a economías post extractivistas.

 
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Ecofeministas a la constituyente: interpelando a la política institucional chilena

Camila Zárate

A pocos días del inicio de las elecciones para la nueva Asamblea Constituyente chilena, fruto de la lucha del pueblo en las calles, desde Virginia Bolten hemos entrevistado a Camila Zárate*, quien participará como candidata por Valparaíso. Como hacemos habitualmente, entregaremos esta entrevista en  dos partes para  presentar la totalidad de la interesante conversación que mantuvimos con ella.

Por Gerhard Dilger y Vanessa Dourado  

Gerhard Dilger: ¿De dónde sos y por qué ahora eres candidata a la constituyente por Valparaíso?

Camila Zárate: Yo comencé a enfocarme en la temática socioambiental en el colegio, vengo movilizándome desde la Revolución Pingüina, en el año 2006. Acá en Chile, fui alumna del emblemático Liceo 7 luego de pasar la prueba de ingreso, porque no hay educación libre, gratuita y de calidad; quien quiere tener una mejor educación, tiene que ver como rascarse con sus propias uñas, trabajar y estudiar y ese tipo de cosas. Llegué ahí y empecé a movilizarme, luego fui parte del centro de alumnas y allí pasé a dedicarme a la temática ambiental en términos de activismo, de preocuparme por el tema del reciclaje.

Luego, ya en la universidad, empecé a levantar organización. Fui parte del centro de estudiantes y  de la movilización en 2011; allí también fui del centro de alumnas y empecé a involucrarme en procesos en Valparaíso. Ahí  conocí gente de la toma de la UPLA, de la universidad de Valparaíso, y empezamos a hacer estos nexos. 

Ya con los años, empecé a quedarme acá, aunque estudiaba todavía en Santiago. Terminé la carrera de derecho en la Universidad de Chile, y desde allí seguí super enfocada en la temática ambiental. Fui delegada  de la Federación (de estudiantes) donde levantamos una comisión de medio ambiente y un comité estamental de sustentabilidad.

En el año 2012, año en que yo hice un diplomado sobre sustentabilidad en la USACH, empieza a formarse el MAT (Movimiento por el Agua y los  Territorios), que articula a distintas organizaciones territoriales, de estudiantes, de apoyo y feministas que les interesaba la temática ambiental. Lo que hicimos fue vincular demandas comunes e importantes para todas las organizaciones, que no solo tenían que ver con el conflicto local, por ejemplo:  que se detenga IORISE, así como conflictos macro que estaban relacionados con la derogación del Código de Agua, una nueva constitución vía Asamblea Constituyente y la protección de los glaciares, los humedales, los bosques nativos, etc.

Entonces, más allá de demandas comunes, fuimos forjando un gran movimiento donde marchamos el 22 de marzo, que es el Día del Agua y el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. Al principio me involucré como estudiante, después fui parte de una organización que se llama Red por la Defensa  de la Precordillera, en Santiago, y en el 2017 formé parte también de la EcoAgrupación Estero Cabritería, porque ya también  me estaba quedando más a vivir en Valparaíso. Desde allí también formo parte como Red y soy co-vocera del MAT. Acá hemos levantado el MAT en Valparaíso y al mismo tiempo tuve la fortuna de ser electa como vocera del MAT Zona Centro, que va desde Valparaíso al Maule.

Trabajando la articulación, vino la necesidad que fuéramos los movimientos sociales quienes redactáramos la nueva constitución y por eso la iniciativa de que me lance como candidata a constituyente en este proceso. También podríamos decir que en algo influye los conocimientos jurídicos que una tiene, pero en realidad todo esto tiene que ver netamente con el movimiento social y con la importancia que los territorios se sientan representados con sus grandes demandas y reivindicaciones en esta constitución. En ese sentido,  yo acá vengo a ser más portavoz de las demandas y reivindicaciones que a llevar mis propias propuestas. Siempre hemos estado al servicio de aportar y nutrir las necesidades que vienen y emergen de los territorios y las comunidades, las asambleas, los cabildos, los encuentros. Desde hace más de 10 años hemos estado conversando, deliberando; entonces ahora ya estamos en una etapa que queremos que estas grandes cosas que hemos conversado y que hemos construido puedan reflejarse en la constitución.

GD: A propósito de que eres una candidata joven, ¿no hay un límite de edad para  ser constituyente?  

CZ: Hay una edad mínima que es los 18 años, lo cual fue criticado porque acá la revolución social de octubre viene principalmente porque los estudiantes se saltaron los torniquetes en el metro, es decir, evadieron el pasaje. No sé si escucharon la consigna “no son 30 pesos, son 30 años”, justamente fue una alza en el precio de los transportes lo que hizo que los estudiantes empezaran a evadir. Entonces, obviamente dijimos: si somos los estudiantes quienes nos saltamos los torniquetes, ¿por qué no vamos a ser también quienes vamos a tener la oportunidad de redactar la nueva constitución? Sin embargo, lamentablemente, esto no se logró y quienes tienen menos de 18 años no pueden participar del proceso. 

Vanessa Dourado: ¿Cómo y cuándo las luchas feministas pasan a tener más espacio en el escenario político chileno?

CZ: No había feminismo en Chile hace 5 años en términos macro, en términos de masas. Siempre hubo organizaciones feministas, articuladas y trabajando, pero de alguna manera se gana fuerza alrededor del año 2018 en el ámbito estudiantil cuando las estudiantes se atreven a denunciar profesores en el espacio universitario. Desde ahí se empieza, sobre todo, a recalcar la labor de los cuidados. En este momento se forma la Coordinadora Feminista 8 de Marzo (que hoy lleva 4 candidatas a la constituyente), que es una coordinación de organizaciones articuladas en función de la marcha del 8M en nuestro país. Este ha sido un espacio de encuentro, pero que también logra converger distintas plataformas y organizaciones feministas que antes de eso no estaban trabajando articuladas, como la articulación en función de la despenalización del aborto y la de no más violencia contra las mujeres. Pero al mismo tiempo hay  un espacio mucho más grande que se llama Plataforma Feministas Constituyentes, donde también somos compañeras. 

VD: ¿Cuáles son las propuestas para pensar una nueva constitución en clave feminista?

CZ: En esta Plataforma Feministas Constituyentes buscamos conformar un programa común para acabar con la penalización de la vida de las mujeres, las niñas y las disidencias. Al mismo tiempo poder ser capaces de construir desde la independencia política, porque somos puras mujeres independientes de partidos políticos. Construir una agenda feminista a través de una constitución que sea transversal en el ámbito de la disputa de temáticas que son importantes para nuestro movimiento y nuestra organización. Y en este sentido, entender también que no solamente nos interesa que estén las grandes demandas por parte del movimiento socioambiental feminista, sino también la participación que tengamos las mujeres, las niñas y las disidencias al momento de redactar la constitución.

Entendemos que, hasta ahora, la constitución ha sido redactada no solo antidemocráticamente, sino que, además, siempre por varones. Entonces también por esto la importancia de este proceso paritario que estamos habitando, porque también va a dar una perspectiva muy distinta. Una perspectiva que esperamos que sea no solo de género sino que sea una perspectiva feminista en la construcción de una nueva sociedad.

*Camila Zárate, candidata Constituyente Lista del pueblo distrito 7, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios de Valparaíso, co-vocera Red Parque Cabritería, parte de la Plataforma Feministas Constituyentes y de la campaña Animales en la Constitución. Egresada de Derecho especialista en Derecho Ambiental y derecho Animal.


En la siguiente entrega de esta entrevista, abordaremos la propuesta antirracista y contra el extractivismo desde esta apuesta feminista.

 
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Lucía Sepúlveda Ruiz: “Se vive un espíritu de solidaridad, de pueblo, que se había perdido”

Marcha por la Alameda de Santiago, al finalizar la Cumbre de los Pueblos, noviembre de 2019

“Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el sonido y el abecedario
Con él las palabras que pienso y declaro”

Violeta Parra 

EDITORIAL

A lo largo de las próximas semanas, Virginia Bolten publicará una serie de notas y entrevistas especiales sobre la situación chilena. Haremos un recorrido histórico con el objetivo de rescatar narrativas que puedan dar cuenta de este proceso de cambio, por el cual pasa nuestro país hermano en el marco de las insurgencias del último año, las luchas territoriales, el vínculo con la impronta dictatorial como respuesta del Estado y las resistencias acumuladas entre los días de ayer y los de ahora.

En la segunda parte de esta entrevista, realizada el 3 de noviembre, damos la voz a Lucía Sepúlveda Ruiz. Lucía es periodista de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas RAP-Chile, miembro de la Plataforma Chile Mejor sin TLC, del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT y del Comité Feminista socioambiental de la 8M, quién nos cuenta los detalles del proceso constituyente.

Quería consultar quiénes son protagonistas de esta insurgencia en los últimos meses en Chile y cuál es la conexión con la memoria colectiva. Estamos pasando momentos muy complicados en Latinoamérica que son los golpes, no son militares, pero son golpes. También consultar sobre esta insurgencia, ¿cuáles son los consensos de los límites?

Primero, hay que mencionar que hasta la explosión del 2019 hubo un camino, una escalera que se fue subiendo; en esa escalera hay peldaños recorridos en la búsqueda  de la justicia y la recuperación de la memoria histórica. El movimiento de los DD.HH., es uno de los actores. No es el más masivo, pero siempre estuvo presente en estos 30 años, hay una gran continuidad de este movimiento con altibajos, aciertos y otros no tanto, pero están ahí. Después en esos peldaños vemos ingresar a los primeros movilizados de los años 90, el movimiento Mapuche, ellos empezaron nuevamente su lucha, porque estuvieron muy activos durante el proceso de la Unidad Popular y tras el golpe fueron muy reprimidos, masacrados también en muchas localidades, forman parte de la lucha contra la dictadura y  luego sectores mapuche comienzan las acciones directas de recuperación de tierra en los años noventa. Más adelante en esta ruta de ascenso de las luchas, vienen los estudiantes,  en distintas oleadas.

Teníamos una educación pública totalmente deteriorada, porque con esta constitución pinochetista se municipaliza la educación, queda delegada en municipalidades que no tienen recursos ni capacidades, ya no dependen los establecimientos del Ministerio de Educación. Entonces los estudiantes comienzan las movilizaciones pidiendo educación de calidad y gratuita y se va viendo que estas luchas chocan contra el sistema. El gobierno de Bachelet les dice que sí, hacen una comisión y negocian con la derecha una nueva ley para que pase y se apruebe, pero esa ley en realidad no modifica la situación. Y por ello se dan  oleadas sucesivas de protestas del movimiento estudiantil en los últimos años. 

Luego vienen las primeras marchas por la previsión social. Una de las primeras privatizaciones realizada en dictadura tuvo que ver con abandonar el sistema de reparto colectivo de los ahorros previsionales, y entregarlo a las AFP, las Administradoras de Fondos Previsionales. Este es el negocio más grande del siglo, es el que financia el capitalismo y el extractivismo en Chile, el de mayores ganancias junto con los bancos. Entonces, se creó  el movimiento “No Más AFP” y hubo grandes marchas de rechazo a este sistema, sin respuesta alguna de los diferentes gobiernos, más allá de su signo político. El movimiento ambiental también es parte de las luchas, en paralelo con esto se evidencia el problema de la escasez de agua, se van secando ríos, se  destruyen glaciares, se deterioran los territorios. Hubo grandes marchas y movilizaciones y décadas de lucha contra proyectos mineros como el de Pascua Lama, por ejemplo, una lucha que nunca se detuvo y finalmente se logró detener ese proyecto. También el 2011 nace un movimiento en defensa de las semillas del cual participo, contra el modelo de Monsanto y luego la lucha contra el TPP.  En síntesis, se comienza a criticar más abiertamente el modelo neoliberal en sus diversas expresiones. 

En la revuelta los sectores movilizados son muy diversos, algunos son  nuevos, como el veganismo, los artistas, los músicos, los poetas, el feminismo es tremendamente importante, entonces todos estos actores llegan a la plaza Italia, rebautizada por los movilizados como Plaza Dignidad. Cada uno tiene su discurso y sus demandas, no hay ninguna bandera de partidos, ya que quedaba nítido que los partidos no nos representan. Han sido incapaces de responder a estas demandas, además están marcados por la corrupción, como todas las instituciones del Estado. De manera que no queda nada en pie del sistema, los carabineros están desprestigiados por la corrupción y los montajes de secuestros y otras mentiras para criminalizar a los mapuche. Es un movimiento que no tiene líderes como los de antes. Está la imagen del Mata Paco, un perrito que acompañó en años anteriores las marchas,  y que siempre estuvo del lado de los manifestantes cuando la policía atacaba. Es un símbolo impensado. Son generaciones que se expresan de otra manera, que desconfían de los poderosos en todas sus formas, y de los partidos políticos, por todo lo que han vivido. Esto ha sido muy lindo.

Por otra parte, está la apuesta del feminismo, que es muy transversal, está en todas las organizaciones. Es una ola que va permeando las movilizaciones, visibiliza lo que sabíamos. La violencia contra las mujeres en Chile es enorme; es violencia sexual, laboral, doméstica, es la opresión contra la mujer. Y en las movilizaciones de octubre en adelante, las mujeres del sector de la cultura y las artes comienzan a tener una creatividad impresionante, en las marchas se organizaban espontáneamente, formando improvisadas bandas, por ejemplo  e incluso llegaban a las asambleas de los territorios. En el barrio donde vivo tenemos una asamblea autoconvocada, una vez  teníamos un acto político cultural y uno de los asambleístas nos presentó  un grupo fabuloso con el que se había conectado a través de su hijo, músico, y ellos comenzaron a interpretar canciones de una forma muy profesional, con gran calidad artistica. Como no los conocíamos de antes les preguntamos ¿Cómo se llama esta formación, esta banda? y nos dijeron “No tenemos nombre, nos conocimos ayer”. Se vive un espíritu de solidaridad, de pueblo, que se había perdido.

Cuando me preguntaban ustedes al principio qué hemos ganado hasta ahora (porque claro, ninguna de nuestras demandas han sido respondidas y estamos cada día peor en cuanto a la pérdida de derechos), yo decía: hemos ganado el espíritu de pueblo. Nadie hablaba de pueblo antes, se hablaba de ciudadanos, de personas, había palabras vetadas y olvidadas. Hoy día nos reconocemos como pueblo. Hay diversidad, están las disidencias sexuales, todos ellas, elles se incorporan también en este movimiento.

Respecto de lo que decías sobre la memoria, pienso que lo que queda es la ética de Allende, el compañero Presidente,  que fue un hombre que nunca n se rindió e hizo lo que tenía que hacer, de acuerdo a su promesa ante el pueblo,  entonces eso es tremendamente valorado en contraste con los políticos de hoy que no tienen honor ni palabra. La única bandera o símbolo que tú puedes ver en las movilizaciones de estos tiempos es la bandera mapuche, por una parte reconociendo que somos pueblos todos en lucha, ellos reprimidos en el campo, en sus comunidades y nosotras y nosotros viviendo una similar ferocidad y criminalización en las ciudades. La figura de Allende y la bandera mapuche podían convivir perfectamente en las marchas, sin ninguna otra. Esa es la memoria recuperada. Y también eso se percibe en la cultura, porque toda la lucha de resistencia antidictatorial  de alguna manera nueva es rescatada por el arte cuando vuelven a entonarse las canciones de esos tiempos, cuando millones de voces cantan El Derecho de Vivir en Paz o El Pueblo Unido, o Pateando Piedras.  El arte tiene un rol tan importante porque transmite, sintetiza el sentir. Era importante revivir todo por medio de la música. Para mí fue muy hermoso ver como las y los jóvenes de hoy podían reconocerse en ciertas canciones, porque hablan de la lucha del pueblo, más allá de lo que nos quieran imponer.

¿Qué quiere ser la sociedad chilena hoy? Si pudieras hacer un resumen de todo, ¿Qué seria?

Queremos ser plurinacionales. Queremos descolonizarnos. Estamos viviendo colonizados aún: a los pueblos originarios no se los reconocen sus derechos, tienen que recuperar su autonomía, recuperar territorio, cultura, etc. Entonces, este es un punto de partida.

Creo que quedó nítido también que no queremos un Estado subsidiario. Queremos tener derechos y que los derechos se garanticen constitucionalmente, pero también con una gestión distinta porque tampoco confiamos en el Estado. Una gestión más comunitaria, por ejemplo, en el tema del agua. Creo que hay un gran reconocimiento de la crisis ecológica en que estamos, percibido por mucha gente, más allá del movimiento ecologista o ambientalista, más allá de los que estamos en esta vereda de lucha por años: la desprivatización del agua es parte de las demandas más sentidas por los movilizados. Entonces, lo que queremos incorporar allí es mirar este derecho humano al agua no de forma aislada respecto de los derechos de la naturaleza: porque es también el propio derecho que tiene el agua en si a existir.

Estamos tratando de incorporar estos temas en las distintas agendas de discusiones constitucionales, plantear que haya una gestión comunitaria del agua, una gestión por cuencas por los territorios que asegure, por lo tanto, el derecho humano al agua, y también los derecho de la naturaleza toda, de las semillas, de los ecosistemas, de los glaciares, de todo aquello que no podemos seguir mirando como un recurso, y aprender a mirarlo como parte de nuestro ser. Porque somos parte de la naturaleza. Hay que abandonar esta constitución antropocéntrica para reemplazarla por una más biocéntrica. El agua como derecho humano está presente y cuando se dé esta discusión, vamos a estar allí tratando de que se avance un poquito más allá. Con el tema de las semillas es lo mismo y de los bienes naturales, que lo sean efectivamente, que dejen de ser una mercancía.

También están los temas muy sentidos como la educación, el derecho a la salud, de la previsión; son temas urgentes de abordar. Por ejemplo, en el tema previsional, la gente adulta mayor está viviendo, la gran mayoría, con pensiones que son menores que el sueldo mínimo… Están sobreviviendo. Están dependiendo de otros, viviendo como allegados, en casas de  hijos, o de alguien. Y es grave el tema de la educación. Los jóvenes, para educarse, se endeudan por tres décadas porque tienen que pagar toda la universidad. Entonces, son cuestiones insostenibles. Y la demanda por salud también, esto quedó aún más en evidencia ahora con la pandemia. Los fallecidos por el COVID son, en su mayoría, de las comunas más pobres; estas muertes no ocurrieron en las tres comunas ricas que votaron al rechazo, pero están en todas las otras comunas del país que tienen una situación de salud totalmente precaria.

Se ve también la relación que hay entre estas mismas carencias que tenemos con los Tratados de Libre Comercio que dan enorme garantía a los inversores extranjeros a costa de depredar muchos territorios. Entonces, No al TPP11 es una demanda que nosotros levantamos antes como Chile Mejor Sin TLC junto a algunos movimientos sociales y organizaciones socioambientales que nos apoyaban. Con ellos hicimos un plebiscito ciudadano en julio de 2019, antes de la revuelta, donde ganó el No al TPP11.  Desde octubre en adelante, cuando hubo esta convergencia de demandas, esta conversación entre pueblos, este sentirse uno con los otros, otras, otres; el “No Al TPP11” se escribió en las murallas y se hizo un grito anónimo y colectivo, o sea, permeó las conciencias. Hoy ves las personas con los carteles en contra del acuerdo,  que no tienen una relación orgánica con Chile Mejor sin TLC. Es una demanda que efectivamente fue recogida por el pueblo porque se entiende que todo es parte del mismo paquete, de este modelo pinochetista que no hemos podido zafar en estos treinta años, así que hay que buscar la forma de que podamos desbordar o romper, o sitiar todas estas barreras que nos pusieron para que no logremos justamente incorporar estos puntos en la nueva constitución.

Comunidad Ecológica de Peñalolén

La represión es muy fuerte. Y vemos desde afuera cosas que movilizan mucho: la brutalidad, como siguen con la misma forma de reprimir… Tal vez esto sea una continuidad de la época de la dictadura. ¿Va a cambiar algo en este nuevo escenario respecto de la represión? 

Cuando yo te decía que esto lo ganamos, lo ganamos con un costo terrible. Un costo de vidas, de mutilados y mutiladas, mujeres violadas, sometidas a violencia político-sexual y los y las  presos políticos que aún están en las cárceles. Por parte del gobierno, inventaron  un relato en el cual la protesta era dirigida por una brigada cubana y venezolana que venía a desatar el caos, que eran los responsables de la destrucción del metro, y después cambiaron el discurso y dijeron que nunca habían dicho esto. Dijeron que estábamos en guerra y que los invasores eran cubanos y venezolanos y los demás que estábamos en la calle.

Hace algunos días,  hubo un juicio en el que  un padre y su sobrino fueron acusados de ser autores de un incendio en el metro. Esto es tremendamente importante. Ellos estuvieron un año presos sin juicio por la llamada “prisión preventiva” que en el fondo es una forma de tortura porque no se debe mantener preventivamente preso a alguien por un año completo,  y más aún en pandemia.. En la cárcel también hay Covid, hay contagios y las y los presos de la revuelta están sometidos a ese riesgo. . Entonces, la represión ha sido, efectivamente muy violenta, muy fuerte. Estos episodios mencionados en ese juicio, se refieren  a incendios simultáneos de estaciones del metro  y  realmente son muy sospechosos porque fue una acción coordinada. Pero creemos que no había ningún grupo de gente del pueblo actuando de esa forma; ningún grupo del tipo comando porque se necesita una preparación extraordinaria y al mismo tiempo debiera ser un grupo muy numeroso para que se pudiera ejercer una acción de este tipo. Entonces hay una sospecha general, sobre todo porque hasta ahora no hay ninguna explicación de esos hechos y ha pasado más de un año. Tenemos la sospecha de que son organizaciones armadas, tenemos fuerzas armadas que perfectamente pueden hacer acciones de falsa bandera, equipo de inteligencia, paramilitares, o los mismos militares, los carabineros, porque tienen la experiencia anterior.

Y digo esto de posibles acciones de ese tipo porque en todas las décadas de la llamada transición a la democracia,  no hubo ninguna ruptura en términos de educación, respecto de cómo eran las fuerzas armadas y militares ayer y hoy. Se sigue yendo a las escuelas de formación en Estados Unidos y se sigue con los manuales de contrainsurgencia; por ello Piñera se pone a hablar del enemigo, de que estamos en guerra. Hablan de un enemigo interno, o sea, nos tratan como enemigo interno en la calle. Con armas de guerra, disparan a las piernas, a los ojos, a la boca, a la cabeza. Los agentes del Estado actúan omo se hace en una guerra, al enemigo hay que aniquilarlo. Entonces, no ha habido un cambio en ello. Y efectivamente todo indica que es necesario disolver y reformular la policía y las fuerzas armadas y  los carabineros, sobre todo, es necesario cambiar los principios de formación y de organización y esa nueva estructura tiene que ser estudiada por gente externa, no puede ser por los mismos, y esa es una propuesta del gobierno, autorestructurarse. Las fuerzas armadas tienen un carácter sumamente clasista porque hay una escuela para oficiales y otra para el resto. Entonces,  es que muy claro que antes del plebiscito del pasado 25 de octubre, el punto de reunión de la gente que votó por el rechazo a la propuesta de escribir una nueva constituci, era la escuela militar, a las afueras de la Escuela Militar, que es donde se forman los oficiales. . Nítidamente los partidarios del “Rechazo hacer una nueva Constitución”  están representados por ellos y claramente, para ellos, nosotros somos los enemigos.

Dentro de esta creatividad, dentro de esta diversidad, yo pienso que, de verdad, es imposible que nos puedan amordazar a todos, que no logremos permear esta constituyente. Lo más probable en términos fríos, dadas las trampas impuestas a la conformación de listas de independientes, es que la mayoría de los convencionales sea  de ellos, los partidarios de seguir amarrados al neoliberalismo. Pero si es solamente gente de ellos, ¿para qué se quiere esta convención? No se va a poder sancionar esta convención. La mayor parte de la gente que fue a votar el 25 de octubre no sabía la letra chica, o sea cómo iba a ser  elegida la convención. Creían que íbamos a poder ir libremente a elegir personas comunes como las que participamos  en las  asambleas territoriales autoconvocadas tras la protesta, o como los líderes de los movimientos sociales,  como “NO Más AFP” o de la salud o de los profesores, que también jugaron un rol muy importante, los maestros. Queremos la autorepresentación de la gente común y corriente, esta gente que se volcó; esta gente que te hablo yo: ¡pueblo!, no organizados en partidos, sino los que estaban en la calle, que se sintieron confiados de ir  a la Plaza porque ahora somos más. Como lo decimos las feministas: todas nos dimos cuenta que somos más; entonces, salimos a la calle. Salieron también los que nunca habían salido, y ellos no tenían ni idea de toda esta parte de las reglas tramposas que nos pusieron para elegir a los constituyentes, pero efectivamente tampoco van a aguantar sentirse traicionados, sentirse nuevamente que estas tres comunas que votaron en contra, estos 20%, van a ser los que hagan la constitución. 

¿Desde lo personal, qué nos podrías compartir de todo este proceso? 

Yo fui del MIR, estuve en Chile dando la lucha y la resistencia junto a todos los que nos sentíamos convocados a ello. En el principio éramos pocos, por el temor. Los primeros años fueron muy duros… Siempre lo fueron, pero los primeros años fueron tan duros que salías a la calle y no sabias si ibas a volver, muy parecido a lo que ocurrió en la Argentina. Y mi compañero, que también era periodista, fue asesinado en la puerta de la casa. Pero yo me negué a salir del país entonces, porque comprendí que esta era una razón más para continuar. Esto ocurrió en el año 77, pero ya en el año 86 nuestra organización había sido muy golpeada, estaba muy debilitada y hubo una represión selectiva muy grande después del intento de ajusticiamiento de Pinochet por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 

Tuve que salir del país ese año, porque no podía permanecer en ningún lugar sin que me detuvieran y además tenía una hija de mi compañero, una chica. Ella estaba en este momento cursando la básica. Y entonces nos fuimos a Argentina clandestinamente, no pedí asilo ni nada porque siempre pensé volver pronto. Pensé: ¿Cómo no nos vamos a arreglar? Vamos a tener que fortalecer la lucha.


Lucía y su hija Eva María durante su exilio en Argentina

Sin embargo no pude retornar hasta después que asumió Aylwin en el primer gobierno de la transición. Y mi hija estudió toda la secundaria en Moreno. Entonces tengo lazos muy importantes con Argentina, aprendí mucho allá. Fue una experiencia que valoro de manera muy especial. Y al final, el plebiscito  del Si o el NO del año 1989 en Chile, nos tocó vivirlo en Argentina y era difícil captar qué pasaba realmente, pero más adelante se confirmó que era una trampa . Había un acuerdo secreto por atrás, no tocar la constitución de Pinochet, entre otras cosas. No podía ser que hubieran permitido que ganara el No. Pero bueno, la gente ya estaba cansada, eran muchos años de represión. 

Por mi parte no me desdigo  de nada de mi vida militante, de lo hecho y de lo combatido y sí agradezco a la vida por haber llegado a esta otra fase y ver que el pueblo en que siempre creí, se levanta de nuevo. 


*Acá puedes encontrar la primera parte de la entrevista a Lucía Sepúlveda Ruiz

 
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Entrevista a Lucía Sepúlveda Ruiz: “Chile era como pensábamos, no como nos decían”

Lucía Sepúlveda Ruiz interviniendo en el Senado chileno (2019)

“A toda la humanidad
Ningún cañón borrará
El derecho de vivir en paz”

Victor Jara

EDITORIAL

A lo largo de las próximas semanas, Virginia Bolten publicará una serie de notas y entrevistas especiales sobre la situación chilena. Haremos un recorrido histórico con el objetivo de rescatar narrativas que puedan dar cuenta de este proceso de cambio, por el cual pasa nuestro país hermano en el marco de las insurgencias del último año, las luchas territoriales, el vínculo con la impronta dictatorial como respuesta del Estado y las resistencias acumuladas entre los días de ayer y los de ahora.

En esta entrevista, realizada el 3 de noviembre, damos la voz a Lucía Sepúlveda Ruiz. Lucía es periodista de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas RAP-Chile, miembro de la Plataforma Chile Mejor sin TLC, del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT y del Comité Feminista socioambiental de la 8M, quién nos cuenta los detalles del proceso constituyente.

Sabemos que Chile pasa por uno de los momentos más importantes de su historia: el proceso constituyente que empieza a dejar atrás, dicen todas las voces, la era Pinochet. Por lo que le preguntamos: ¿Nos podría contar cómo fue todo el proceso y, sobre todo, por qué tardó tanto para lográrselo?

La constitución que nos ha regido en estos últimos 30 años fue una constitución hecha en el año 1980, cuando Chile seguía en lucha contra la dictadura y había entonces algunos indicios de que el sistema para ellos se podía acabar. Había una reactivación importante, luego vinieron las protestas masivas de los años 81 y 82, salidas a la calle. Hubo antes tanta masacre que la lucha había decaído en masividad, aunque siempre había resistencia, pero en los años 80 la resistencia era más importante.  Entonces ellos diseñaron esta constitución de forma visionaria para la clase dominante, los militares, para que se dieran normas hechas de tal manera que pudieran neutralizar cualquier situación futura que pareciera desventajosa para ellos; es decir, tenían que imponer ciertas normas en la constitución que impidiera cualquier cambio de fondo, y es lo que lograron.

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Nos han tenido amarrados durante estos años, porque es una constitución que para cualquier cambio requiere, en el sistema legal del Congreso, una mayoría de dos tercios, que es muy difícil lograr. Por lo tanto, todas las veces que se quiso hacer modificaciones importantes no se logró, porque llegaban hasta ahí, abortaban en el camino. Por ejemplo, muchas leyes relativas a la mujer: la Ley de Divorcio costó muchísimas décadas sacarla, pero finalmente salió. Sin embargo, la del aborto solamente salió con las tres causales, no como una ley del aborto total, justamente por el poder que tiene la minoría organizada de esta manera con los dos tercios. Esa es una de las trampas que tiene.

Lo otro es que además, si llegará a pasar algo que no les gusta, tienen un organismo que se llama el Tribunal Constitucional, que en la práctica es como una tercera cámara, más allá de diputados y senadores. Si sale una ley que al sistema no le conviene, el sistema, los poderes fácticos, a través del presidente y la derecha en el congreso, manda esa ley al tribunal constitucional y el este la declara inconstitucional y no importa que la haya hecho el parlamento. Así ha pasado con leyes relativas a los derechos de consumidores, con leyes relativas a la educación, con leyes que planteaban eliminar el multiholding, que es cuando una sola empresa se pone distintos nombres para no pagar impuestos, para impedir la sindicalización… todo esto lo frenó el tribunal constitucional. O sea, cada vez que se quisieron cambios de fondo, en impuestos, en otras cosas, se declaraba por el tribunal constitucional ilegal, inconstitucional.

Además, ¿cuáles son las bases de esta constitución?, una constitución que no habla o no sostiene derechos de los pueblos. Una constitución debiera posibilitar y habilitar que un pueblo, una nación, pueda ir transitando siempre hacia una mejor vida respecto de sus derechos, pero esta habla de libertades que son para quienes están en un sistema privilegiado, habla de la libertad de enseñanza que quiere decir que la educación es privada, hay educación pública, pero la que tiene todas las ventajas es la educación privada. Habla entonces de libertad en la salud, tú puedes escoger tu sistema de salud, pero evidentemente el sistema de salud bueno no puedes escogerlo porque no tienes plata para pagarlo. Entonces, el Estado deja su rol de entregar servicios y de facilitar que la población tenga acceso a sus derechos y se lo entrega a los privados como así también la inversión de los privados en estos servicios, que puede ser la previsión, la educación, la salud; todo aquello que implique una ganancia está asegurada porque garantiza la propiedad por sobre todas las cosas, de la inversión de las empresas.

Cuando nosotros salimos de la dictadura pinochetista en el año 89, a través también de un plebiscito, pero con toda esta historia larga de resistencia anterior, hubo un pacto secreto, y el pacto secreto implicaba no cuestionar la paz. Entonces el programa de la oposición, en ese momento a dictadura, de los partidos legales o que tenían existencia abierta, nunca fue la posición de los restantes grupos; era de que iban a mantener la paz en el sistema. Primero dijeron que iban a cambiar la constitución, ese fue su discurso público, pero en definitiva jamás se plantearon en estos 30 años cambiar la constitución, derogarla y cambiarla por una constitución democrática, porque esta había sido hecha por los militares y sus asesores y sus ministros, ilegitima en su origen.

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Y hay otro tema que no es menor, dada la crisis ecológica global y de Chile, que es lo relativo a los bienes comunes, los tratan como recursos naturales y respecto del agua establece que es una mercancía apropiable, entonces vienen las leyes que permitan que el agua se venda, que los ríos se vendan, que los glaciares sean intervenidos, de manera que todo esto tiene consecuencias enormes en la vida cotidiana.

Ahora, ¿por qué nos demoramos tanto?, porque al principio, luego de todas las décadas de lucha, toda la cantidad de muertos, de desaparecidos, de ejecutados políticos, la mayor parte de población confió. Estábamos los desconfiados, pero ya éramos los menos, la gente estaba exhausta de haber resistido, de tener tantos muertos, de todo lo que había pasado, entonces se decidió confiar en este que fue el elegido. Un poco se fue para la casa y la gran lección al día que todos decimos: nadie se puede ir para la casa, no podemos confiar en ninguna estructura política de la vieja escuela. Si hacemos eso, seremos nuevamente suicidas. Realmente este no sería el fin de la transición, porque el Congreso nos impuso una serie de trabas para la realización del “proceso constituyente” mismo, hasta la quitaron el nombre, le pusieron convención constitucional. En el plebiscito, la opción a votar no fue “asamblea constituyente”, en cambio pusieron “convención constitucional” y así, nos vimos obligados a optar entre las opciones “convención constitucional”  y “comisión mixta”, que era elegir una convención integrada por parlamentarios y por ciudadanos. Nuestra opción era  asamblea constituyente, eso era lo que queríamos todos y todas. Igual tuvimos que votar “convención constitucional” como una forma de reafirmar que era el pueblo el que iba a escribir la constitución.

De manera que en esa situación nos vemos ahora, de forzar los límites. Antes de la pandemia, todos los movimientos sociales rechazamos el llamado Acuerdo por la Paz que había hecho el Congreso; era un acuerdo que ponía unas reglas de juego insólitas, que eran estas preguntas que no nos gustaban para el plebiscito y, segundo, que la Asamblea no podía tocar el tema de los tratados del libre comercio, porque la ley del plebiscito   decía que había que respetar todos los tratados firmados por Chile.

Volvieron a imponer la norma de los dos tercios para aprobar leyes que tiene la constitución actual, ahora aplicada a las decisiones constituyentes, y además decían que los convencionales debían ser elegidos por la ley que rige actualmente las elecciones normales de diputados y senadores. Esta es una ley que no permite espacio alguno para los independientes y este es un momento en que hay una crisis absoluta de legitimidad de los partidos. Pero hemos tenido grandes logros.  Lo de la paridad de género se logró, porque la convención de esta constitucional tiene que tener paridad de género, pero como están con esas reglas, eso puede no significar nada, porque tú sabes que feminismos y mujeres hay muchas, entonces no quiere decir que realmente esa paridad, esa mitad de 155 que van a ser mujeres van a estar del lado del pueblo.  Las reglas que nos ponen es ir a votar por las listas de los partidos, hasta ahora ni siquiera aceptan primarias, no abren sus listas.

Ellos ya están copados con su propia gente, realmente es una situación muy lamentable, y lo que se está planteando con las organizaciones es desbordar esto de manera que se vean obligados a cambiar la ley, pero estamos sobre los plazos, es una cuestión muy complicada, porque en enero hay que tener inscriptos los candidatos y en abril es la elección. Entonces comprenderás que son estos dos meses los que se tienen para lograr un cambio de fondo e imponer los criterios de las asambleas territoriales, de los distintos movimientos que se han organizado; esto es lo que se discute hoy en día, porque muchos están solamente por ir con listas independientes, que cuesta muchísimo porque todavía no se ha pasado ninguna ley que cambie la forma, se refiere a un quorum muy alto en proporción a los habitantes de cada distrito y para eso habría que buscar firmas. En este periodo, imagínate en dos meses, tener en pandemia una cantidad enorme de firmas para habilitar esas listas independientes, en las cuales podrían estar los movimientos sociales y la gente realmente representativa de los territorios, es la gente que ganó, en el fondo fue lo que posibilitó que hubiera plebiscito.

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Fue una salida política que buscaron cuando Piñera ya no daba más, o sea, su gobierno estaba pendiente de un hilo, y el congreso lo salvó, o sea, la clase política salvó a Piñera con este acuerdo, con este llamado a cambiar la constitución, que no era  tampoco el primer llamado de la gente, ni tampoco la primera demanda; las demandas primarias estaban relacionadas con los problemas básicos que tenemos: el  tema de la previsión, la salud, la educación, el agua, la alimentación, el extractivismo. Cuando estábamos discutiendo en la asamblea, llegábamos a la conclusión que para cambiar todo esto teníamos que cambiar la constitución, pero los carteles que vos veías en la marcha no eran sobre la constitución precisamente, pero es la forma como te digo que encontró la clase política para salvar a Piñera.

Bueno, yo te diría que con la pandemia lo lograron, porque si no hubiera habido esto de que nos  encerraron desde marzo en adelante, este acuerdo no hubiera valido nada, o habría sido cambiado ya; pero evidentemente que la pandemia generó, no te diría desmoralización, sino un cambio de energía hacia la sobrevivencia: el sobrevivir en términos de alimentación, hubo que organizarse territorialmente en ollas comunes, formas de abastecerse también, buscando vínculo directo con el campo en los territorios urbanos, hubo que ver la forma en que enfrentábamos la crisis sanitarias, las cesantías enormes… de manera que la gente estaba abocada a ello. Estábamos las organizaciones, los mismos movilizados, estábamos en otro giro y ahora tenemos que volvernos a meternos en esto, lo otro no ha dejado de existir, por eso te digo que es un momento extraordinariamente complejo.

Pero que a la vez es de una riqueza extraordinaria, porque lo que ocurrió el domingo 25 de octubre, el día del plebiscito, después de haber vivido las cuarentenas y restricciones y los riesgos como adulta mayor, te puedo decir que es sentir la felicidad de haber llegado a ver efectivamente que Chile era como pensábamos, no como nos decían. Porque ahí estaba todo el pueblo en la calle, ahí no importó pandemia, los jóvenes que habían dejado de votar hace mucho, se volcaron masivamente y tu salías a la calle ese día y había un ambiente de jolgorio, o sea, todo el mundo presentía lo que venía, era como de complicidad en los distintos sectores, una complicidad total. 

Era recuperar lo que habíamos tenido en la Plaza Dignidad, en las grandes movilizaciones del 2019, en las primeras marchas así como la del 8 de marzo, que fue la última grande antes del plebiscito que tuvimos en el día internacional de la mujer, que ahí explotamos, fueron millones y millones de mujeres; así que el 25 de octubre  fue un momento en que las poblaciones más afectadas  se expresaron: las cifras promedio por la opción “Apruebo Convención Constitucional”  fueron de 78,1% para todo el país, pero en las comunas (partidos, dirían ustedes) donde los efectos del modelo neoliberal y pinochetista son más evidentes, las cifras sobrepasaron el 90%.  Son territorios rurales y tú sabes que la población rural suele ser la más conservadora, la que más reticencia puede presentar a los cambios; sin embargo, los siete territorios a lo largo del país que tuvieron  más del 90% son aquellos que han sufrido más gravemente el embate del extractivismo; que están sin agua, que están con el aire totalmente contaminado, los que están cerca de las mineras, que no pueden cultivar las tierras porque están cercados por las forestales, etcétera. Entonces ahí es donde se expresa el resultado de este modelo. También las comunas populares y las y los jóvenes que no iban a votar, esta vez sí se volcaron a las urnas.

*Esta es la primera parte de la entrevista a Lucía Sepúlveda Ruiz,  que tendrá dos entregas.

 
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Soldados israelíes entrenan a fuerzas especiales colombianas

BDS Colombia

El militarismo israelí sigue profundizando sus lazos con los gobiernos autoritarios de Latinoamérica. El pasado mes de septiembre soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) viajaron a Colombia, uno de sus principales aliados en la región, para entrenar a la División de Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia. Este programa de entrenamiento se realizó en la base militar de Tolemaida en las instalaciones del Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE), el cual fue posible gracias a las gestiones realizadas por la Dirección de Relaciones Internacionales del Ejército de Colombia1.

La capacitación consistió en “técnicas antiterroristas”, métodos de observación y diagnóstico de la unidad, sistemas de defensa, tácticas de combate urbano, operaciones encubiertas, asalto aéreo y polígono.

Este encuentro estuvo liderado por el Brigadier General Dan Goldfus, comandante de la Brigada Nahal y jefe del Cuerpo de Infantería y Paracaidismo del Ejército de Israel. Es el segundo encuentro en el cual participa en el año 2020, el primero fue en febrero de este año.2 En el año 2019 el General Dan Goldfus, acompañado de una delegación de 10 soldados de la IDF, también estuvo entrenando al ejército filipino bajo el discurso de “guerra antiterroristas”3, esto a pesar que el gobierno filipino de Rodrigo Duterte ha sido denunciado internacionalmente por sus violaciones a los derechos humanos, denuncias que también han sido realizadas por activistas y periodistas israelíes.4

La Brigada Nahal5 del ejército israelí ha participado en diferentes guerras6 contra la población árabe y la ocupación de palestina en los últimos 60 años, donde se han cometido violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la población civil.7 Además, participa activamente en el hostigamiento cotidiano hacia la población palestina, donde también niños y niñas han sido víctimas, así como lo ha denunciado la organización Breaking The Silence.8

Es importante mencionar que la División de Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia forma parte del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que fue creado en el año 2007 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que está vinculado en diversas violaciones hacia los derechos humanos de la población colombiana. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales recientemente ha estado implicado en el bombardeo de un campamento de las disidencias de las FARC que mató a ocho menores de edad.9

De esta manera, la profundización del militarismo israelí en Colombia no sólo es perjudicial para el pueblo palestino, donde Israel exporta sus métodos de guerra, securitización, represión y tortura que usa contra la población palestina; también es perjudicial para el pueblo colombiano, el cual ha sido sometido a una guerra contrainsurgente durante décadas donde los costos han sido asumidos en gran parte por la población civil. Por esto, ante la complicidad de los Estados en la violación de los derechos humanos de la población palestina, el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (BDS) ha llamado a impulsar campañas de embargo militar para frenar la expansión militar israelí por el mundo y ponerle fin a la ocupación y apartheid que vive la población palestina.

1 https://www.infodefensa.com/latam/2020/10/01/noticia-israel-capacita-fuerzas-especiales-ejercito-colombiano.html

2 https://esdegue.edu.co/es/delegacion-del-ejercito-de-israel-visita-la-esdeg

3 https://www.enlacejudio.com/2019/07/12/fdi-entrenan-a-unidades-especiales-de-filipinas-en-tacticas-antiterroristas/

4 https://www.jpost.com/opinion/arms-accountability-595570

5 https://www.jewishvirtuallibrary.org/nachal-infantry-brigade

6 http://www.fightbacknews.org/es/2019/7/19/ndfp-condemns-duterte-giving-israel-s-idf-nahal-brigade-role-his-war-against-people

7 https://ladiaria.com.uy/lento/articulo/2019/12/exposed/, también se puede consultar: https://www.publico.es/internacional/ocupacion-significa-confiscar-tierras-y.html

8 https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/viaje-fin-infierno-israel-encarcela-cientos-ninos-palestinos-ano/20190807132428016045.html también puede visitarse: https://rebelion.org/la-formula-de-israel-para-meter-miedo-a-los-palestinos/

9 https://www.nodal.am/2020/09/colombia-uribismo-del-terror-al-rechazo-social-en-365-dias-por-diana-carolina-alfonso/ también puede consultarse: https://cuestionpublica.com/exclusivocuestionpublicaydejusticia-liberacion-informes-de-inteligencia-operacion-atai/

 
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Abajo las estatuas, arriba quienes luchan

Caricatura de Iñaki y Franki

Colectiva Memoria y Palabra

Las disputas entre las memorias del conflictivo pasado reciente colombiano, latentes durante largo tiempo, han venido ganando relevancia pública, empujadas por acontecimientos que en los últimos años han despertado un palpable interés por la historia del país. Los esfuerzos de las últimas décadas por buscar una salida al conflicto armado han suscitado debates respecto a ese pasado. En los últimos dos años se han exacerbado los ánimos, ya que desde diferentes instancias gubernamentales, se ha ido en contra de la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en 2016. El negacionismo del conflicto volvió a ocupar un lugar en el debate público, acompañado del asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes, así como del recrudecimiento de la guerra y del desplazamiento forzado. Esas disputas sobre el pasado reciente y lejano, ha estado acompañada de otras reflexiones que hacen énfasis en el colonialismo y el racismo, y tanto unas como otras disputas han visto en el derribo de estatuas una forma de tramitar diferentes posturas.

Por su parte, las víctimas de crímenes del Estado han logrado posicionar la frase “¿Quién dio la orden?” desde murales y afiches, a propósito de los miles de jóvenes asesinadas y asesinados y presentados como guerrilleros, imágenes que posteriormente han sido censuradas por el ejército; así mismo, decenas de organizaciones sociales se han activado para entregar a la Comisión de la Verdad, nacida también en los diálogos de paz, los testimonios que recogen sus experiencias del conflicto, es decir, sus memorias.

En septiembre el derribo de estatuas expresó el descontento de distintos sectores en el marco de las protestas que se presentaron a nivel nacional, sumándose así a la reciente oleada internacional que también dirige su rabia contra monumentos. Por una parte, durante las recientes jornadas de protesta fue destruido un monumento construido por el ejército en Medellín, dónde se podía ver a un soldado apuntando con un arma hacia la Casa Museo de la Memoria de esa ciudad; con diferencia de días en la ciudad de Popayán el pueblo Misak derrumbó de su pedestal a la figura del colonizador Sebastián de Belalcázar, responsable de la invasión y reducción violenta de los habitantes de ese territorio. Un tiempo atrás se había pedido que retiraran esa estatua, se trata de un proceso de resignificación y descolonización impulsado desde los años noventa. En uno y otro acontecimiento se entrevé la disputa simbólica y material entre memorias en el espacio público.

Este fenómeno no es aislado en la región. En el territorio ocupado por el Estado chileno el pueblo Mapuche ha derrumbado estatuas y atacado monumentos con el objetivo de mostrar lo que hay detrás de estas representaciones públicas de la memoria, en las que se vuelven héroes a hombres que ocuparon, violaron, mataron y robaron a las poblaciones indígenas. Hace casi 20 años en Antofagasta el luchador mapuche Segundo Ernesto Rain Saavedra, atacó el monumento de Arturo Prat, un militar chileno, con el fin de llamar la atención sobre la situación de discriminación a sus comunidades.

Esta práctica de memoria ha seguido durante años dentro de las luchas mapuches. Sólo en 2019 en Lumaco tumbaron el busto del genocida Cornelio Saavedra, mientras que en Temuco derribaron la estatua del invasor español Pedro Valdivia, decapitaron la del fundador de la ciudad Diego Portales y pusieron su cabeza en el brazo de la estatua del guerrero mapuche Caupolicán, izando la bandera mapuche Wenufoye.

Ya en México el 12 de octubre de 1992 de las organizaciones indígenas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, habían derribado la estatua de Diego de Mazariegos, en el marco de una marcha por los “500 años de resistencia”. Ese acto simbólico fue realizado con el objetivo de pronunciarse y reafirmar su existencia y sus luchas, dándose simultáneamente a las celebraciones por el V Centenario del mal llamado “Descubrimiento de América”, en el que se planearon conmemoraciones impulsadas por los gobiernos de los países de la región y el estado español. La apuesta de varios sectores sociales e indígenas latinoamericanos se puede resumir en la frase “nada que celebrar”.

El derribo de estatuas ha recibido críticas similares en Colombia, Chile, México, Estados Unidos y otros tantos lugares a los que ha llegado la “furia iconoclasta” antirracista y antibélica. La crítica más común ha sido que estas acciones pretenden “borrar la historia”, que las estatuas deben permanecer porque “hacen parte del pasado”, y eliminarlas equivale a negar ese pasado. Esta crítica pierde de vista que el pasado es un terreno de disputa y no un punto fijo. Que lejos de borrar el pasado, lo vivifica: destruir y vandalizar estatuas supone una conciencia histórica que cuestiona ordenes fundados en la opresión y el racismo, y a su vez los símbolos de ese orden en el espacio público, símbolos como las estatuas, pero también conmemoraciones y otros lugares de memoria. El derribo de estatuas nos interpela, nos obliga a revisar las relaciones que el presente establece con el pasado reciente y lejano.

Otro punto importante es el papel que cumplen estos objetos ¿en realidad son relevantes para el conocimiento histórico? ¿Tienen una función pedagógica efectiva? El conocimiento que individuos y grupos tienen del pasado proviene de fuentes muy diversas. Las más inmediatas son la memoria familiar y la educación escolar, y la más formal es la historia escrita por historiadoras y historiadores profesionales. Si prestamos atención, esas fuentes se han diversificado significativamente: recibimos informaciones e imágenes del pasado -reales y ficticias- del cine, la TV, las series, las redes sociales, la literatura, e incluso de los videojuegos. Los espacios urbanos, incluidas la arquitectura y las estatuas, de cierto modo, también nos hablan del pasado, pero es difícil defender la idea de que estas sean fundamentales para nuestro conocimiento de la historia. De hecho, los monumentos conmemorativos son paradójicos, pues materializan a la vez el recuerdo y el olvido. Hace casi un siglo Robert Musil señalaba esa curiosa condición: “No hay nada tan invisible en el mundo como los monumentos”. A menos que se los quiera destruir, podemos agregar hoy a la luz de lo que está ocurriendo. Es en este sentido que las luchas por tirar viejos monumentos o levantar otros (“anti-monumentos”) significa una relación más viva y sensible con el ayer que la mera existencia ignorada de esos objetos.

Estas acciones hablan de cómo entendemos el pasado, pero sobretodo, hablan de qué valoramos, rechazamos o reivindicamos en el presente. Hoy las estatuas de colonizadores y militares nos hablan de procesos de colonialismo, racismo y despojo que tiene continuidad hasta el presente, en un país quebrado además por un largo conflicto armado. Están más vivas que nunca las contiendas sobre cuáles figuras de personas y acontecimientos rescatar de la historia para la construcción de identidades en el presente.

 
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Disputa mortal de tierra entre pueblos indígenas e ingenios azucareros en el sur de Colombia

Montaje de VB sobre la foto original del cabildo indígena de Corinto.

Gonzalo Bravo Neira

En el mes de agosto se endurecieron las acciones militares por parte del Estado para recuperar la propiedad privada de empresas de producción de azúcar, quienes insisten en desplazar a los poseedores legítimos pertenecientes al pueblo Nasa. Esta situación ha empeorado la semana pasada cuando el ejército, escoltando a policía antimotines que desalojaban a la comunidad, asesinó a un comunero y a un comunicador de esa comunidad.

Los homicidios se han encubierto impunemente luego que el ejército, en vez de reconocer su responsabilidad, afirmara en un comunicado el 13 de agosto que hubo disparos pero en medio de un enfrentamiento con guerrillas y que “las comunidades son instrumentalizadas por grupos al margen de la ley”. Dicha impunidad es la misma que ha encubierto ya por décadas el asesinato de hombres y mujeres defensores de sus tierras, recordados por los Nasa así: “los veinte de El Nilo… los trece de Gualanday… los ocho de San Pedro…” y muchos más asesinados de forma individual por actores legales e ilegales en medio del conflicto armado colombiano.

Sin embargo, aunque la lucha por la tierra en este territorio puede remontarse a siglos, la disputa actual se dibuja asociada a la presencia de la producción de caña realizada por la empresa Incauca; esta empresa, integrante del conglomerado del cuarto hombre más rico de Colombia, acumula miles de hectáreas en los territorios ancestrales de los nasas. Dichas tierras están en el valle más fértil de la región, mientras que a la comunidad indígena se le ha confinado a partes altas e improductivas del territorio. En medio de esta tensión el Estado ha demostrado su alineamiento con los terratenientes y no con la comunidad indígena; muestra de ello es el nombramiento de uno de los hijos del dueño de Incauca como embajador de Colombia frente al Reino Unido.

Por eso, desde el año 2005 el pueblo Nasa ha reactivado la retoma de posesión de sus territorios y la exigencia al gobierno colombiano de legalizar su propiedad. En cuanto toman las nuevas tierras de inmediato las ponen a producir, dándole una solución práctica a la incapacidad de acceso y la pobreza en que viven miles de personas de este pueblo. A este proceso de lucha territorial le han llamado el Proceso de Liberación de la Madre Tierra y a quienes participan en él Liberadores. Por eso los medios de comunicación propios anunciaron muy rápidamente con indignación el asesinato de los liberadores Johel rivera y José Avelardo Liz, de los que hablamos en este artículo.

Foto tomada durante la represión, claramente se ve a los tractores tras el francotirador. Foto del cabildo de Corinto

La arremetida violenta, que terminó en estas dos ejecuciones extrajudiciales, es el punto más alto de acciones que hace semanas iniciaron con el envenenamiento de ganado vacuno, la quema de cultivos y la detonación de artefactos explosivos en las cercanías de las tierras recuperadas. Entre la comunidad se sabía que algo más fuerte venía, y lo corroboraron cuando a su territorio llegaron escuadrones antimotines acompañados por tractores para arrasar las cosechas y custodiados por el ejército.

Frente a estas acciones han manifestado que no solo no se dejarán intimidar sino que “vamos a seguir liberando la Madre Tierra. Hoy nos dañaron estos cultivos, mañana florecerán muchos más. Mataron dos compañeros, miles nacerán. Recordamos las palabras de nuestro compañero Jhoel, asesinado por el estado colombiano hoy 13 de agosto de 2020: “Nosotros tenemos esa esperanza. Nuestra esperanza que tenemos: el agua, nuestra Madre Tierra, nuestros animalitos que queremos criar, ahí tenemos nuestro futuro, entonces tenemos que seguir adelante”.

Por lo pronto, los liberadores anuncian que mantienen la cuarta Marcha de la Comida, en donde llevan a algunas ciudades parte de las cosechas que producen en las tierras liberadas, esto con el objetivo de compartirla con las comunidades urbanas más empobrecidas. La anterior marcha la hicieron en medio del abastecimiento popular producido por las medias de confinamiento, llevando alimento en momentos que la pandemia del Coronavirus había agudizado el hambre en varios barrios populares de Cali. Con esta terquedad demuestran que en medio de la adversidad la salida más efectiva es la solidaridad.

 
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Colombia vende a Emiratos Árabes Unidos bombas que asesinan niños y niñas en Yemen

Escuela bombardeada abril del 2019 en Yemen, Foto: Felton Davis

Efraín González Téllez

En agosto de 2018 una bomba MK 82, soltada por aviones de la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), arrancó la vida de 48 niños que se dirigían a su escuela. Este es uno de los innumerables casos en los que la población civil ha sido masacrada en medio de una guerra civil que inició en 2015, enfrentado a fuerzas del presidente interino Abd Rabbuh Mansur al-Hadi y a las fuerzas del movimiento hutí, que se convirtió con el tiempo en un conflicto de carácter internacional con la participación de una coalición de 9 países. Actualmente se libra sobre terreno una guerra que mezcla no solo las reivindicaciones de los actores nacionales, sino los intereses expansionistas de las casas reales de Riad y Dubai.

La sistemáticas violaciones al Derecho Internacional llevaron a que dentro del senado de los Estados Unidos se promoviera una moción para frenar la provisión de bombas para estos bombardeos indiscriminados, la cual fue vetada por el presidente Donald Trump. En medio de estas discusiones varios de los países de la coalición han buscado otros proveedores de armas, encontrando en la empresa estatal colombiana Indumil una de sus mejores opciones. Desde 2018 esta empresa provee a los Emiratos Árabes Unidos de bombas MK 81 de 250 libras de explosivos, MK 82 de 500 libras de explosivos y espoletas para bomba. Durante el 2019 fueron vendidas por contratos similares 3.000 bombas MK82 que costaron más de 38.000 millones de pesos.

La gravedad de estas ventas solo son un capítulo más del comercio militar que ese país ha mantenido con Colombia; durante el 2015 se documentó la presencia de colombianos contratados como mercenarios para el batallón que reúne a más de 1500 latinoamericanos, quienes fueron seleccionados según el New York Times por que los oficiales de Emiratos Árabes: “consideran a los colombianos mejor preparados para la batalla debido a las décadas que lucharon contra las FARC”. Lo que fue entonces contratos de mercenarios, con el tiempo se ha convertido en una política institucionalizada de cooperación entre los gobiernos.

Desde el 2019 se intensificaron las relaciones diplomáticas primero con el acuerdo de exención mutua de visa suscrito el 14 de marzo de 2019, que favorecerá que más mercenarios y profesionales lleguen a ese país, pasando por la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia a EAU en noviembre de ese año, y consolidándose con la visita del Ministro de Economía de EAU a Colombia en febrero del 2020. Sin embargo, estas relaciones que se quieren presentar ahora como comerciales, en los números ratifican que son profundamente militares: de los cerca de 70.000 millones de pesos, que el Ministerio del Comercio ha informado se exportaron a ese país, ya describimos como más de la mitad son comercio de guerra.

En un intento de lavar su imagen criminal, el país asiático anunció la donación de 13 toneladas de insumos médicos para apoyar al gobierno colombiano en su lucha contra el Covid-19: sin embargo, lo que se presentó como un vuelo humanitario pronto se descubrió como una estrategia para contratar a más de 100 profesionales de la salud entre los que se encontraban médicos, enfermeras, bacteriólogas y otros. Aunque por dificultades burocráticas no pudieron embarcar, se espera que los y las profesionales viajen eventualmente.

En medio de esta estrategia, de presentar la relación como humanitaria, Indumil produce la bomba MK 83; esta tendrá un escandaloso poder de 1.000 libras y que seguramente está solicitada desde ya por el gobierno asiático. Finalmente, los planes expansionistas de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí sobre Yemen se mantienen intactos; prueba de esto son los ataques aéreos que esta coalición lanzó el pasado junio, en los que fueron asesinados al menos 4 niños según la coordinadora humanitaria para Yemen de las Naciones Unidas. De mantenerse las ventas de bombas MK de Bogotá a Dubai, seguirá la complicidad con el asesinato de niños y niñas que deberían poder llegar a sus escuelas a estudiar sin que sus buses sean bombardeados.

 
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Dueño de Avianca produce armas en Brasil


Guillermo Martinez y Efraín González Téllez

Empresarios a las sombras del poder político: Germán Efromovich


A Germán Efromovich se le conoce especialmente por ser el dueño de una de las mayores aerolíneas americanas pero muy poco se habla de los negocios adicionales que mantiene, los que exceden la aviación civil y el turismo: Synergy Aerospace, empresa de Efromovich que controla Avianca, es también dueña de EAE Aerospace Solutions. EAE nació luego que en el 2001 Synergy y la empresa Israel Aerospace Industries (IAI) firmaron un acuerdo para la fabricación de drones y comercializarlos en latinoamerica. Con esta alianza estratégica ingresó al negocio de las armas aéreas produciendo drones israelíes, los que han sido herramientas utilizadas para el asesinato y violación de los Derechos Humanos del pueblo palestino.

En el año 2013, el Comité Nacional Palestino de Boicot, coordinación que representa a más de 170 organizaciones de la sociedad civil que han hecho un llamado a presionar a Israel para que cumpla con el Derecho Internacional, promovió una campaña contra EAE en la feria Latinoamericana Aeroespacial y Defensa (LAAD), realizada en Brasil; En ese momento denunciaron como “Este conglomerado produce material para las Fuerzas Armadas brasileñas que utilizan los centros de producción y mantenimiento de TAP M & E Brasil en Río de Janeiro y Porto Alegre”.

En un informe sobre militarismo israelí en la región realizado por el movimiento de BDS Latinoamericano (Boicot, Desinversión y Sanciones), movimiento que responde al llamado palestino, se detallan los últimos movimientos de las empresas de Germán Efromovich; en este se describe que: “Uno de los empresarios más destacados que ha hecho carrera en estas ferias de armas es el empresario boliviano –con nacionalidad brasilera y colombiana– Germán Efromovich quien fue uno de los más destacados ponentes de la feria FIDAE en Chile en abril de 2018. Efromovich participó en el despojo de tierras en el departamento del sur del Cesar en Colombia”.

Aunque se justifica que dichos drones sirven para proteger las fronteras, luchar contra el narcotráfico o garantizar el funcionamiento de empresas de extracción de minerales y petróleo, se ha observado recientemente que dichas armas también están siendo utilizadas para la represión de movilizaciones campesinas en Colombia o de pueblos originarios como el Mapuche al Sur del continente. Puede afirmarse que con la importación de tecnología y conocimiento para la fabricación de estos drones, desde Israel, también se importa el militarismo y la falta de respeto a los Derechos Humanos. Por extensión, empresarios de armas de guerra como Germán Efromovich facilitan que estás prácticas se implementen en el continente.

De la falta de responsabilidad social de este empresario se conoce cada vez más: Los Paradise Papers (Papeles del Paraíso) brindaron muchos detalles de cómo actúan los capitales y sus dueños para la evasión impositiva. Particularmente se detalla como el conglomerado de Avianca –de quien es dueño German Efromovich– utilizó más de 20 cuentas offshore en Islas Bermudas, Panamá y Chipre para este fin. Pero la corrupción no se queda en paraísos fiscales: En Argentina compró la empresa aérea de la familia del presidente Macri, y durante esta presidencia a la compañía se le asignaron nuevas rutas en lo que puede interpretarse como tráfico de influencias.

Con esta información de fraude fiscal, de clientelismo dentro de gobiernos, despojo de tierras a campesinos en Colombia y la participación de negocios de armas en Brasil, se puede concluir que este empresario, más que ayudar a la sociedad, busca lucrarse a costa de lo que sea necesario.

 
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Asesinan a 23 personas en lugares de encierro en Colombia

German Romano

El Covid-19 ha llegado a Colombia y con ello las medidas de mayor control estatal contra las 180 000 personas que se encuentran en lugares de encierro hacinadas, ya que solo hay espacio para 70 000. El 12 de marzo Iván Duque, presidente colombiano, prohibió las visitas de familiares a personas en cárceles. Esto generó el inicio de protestas en varias cárceles, entre ellas, de varones: Modelo, La Picota, Cómbita, Picaleña, Jamundí, Pedregal y Bellavista, de mujeres: el Buen Pastor, de Bogotá. Los reclamos son contra esta medida, solicitud de medidas de higiene, poner fin al hacinamiento y medidas extremas para la protección de las 2 919 personas de más 65 años en lugares de encierro.

Las fuerzas represivas del Estado dieron por finalizadas las protestas con sus formas habituales y, según indicaron fuentes del gobierno, hubo 23 muertes y 83 personas heridas. No obstante, desde los lugares de encierro y familiares de las personas encarceladas declaran que son más de 30 las personas asesinadas.

En la cárcel de mujeres llamada Buen Pastor, se restringió el ingreso de encomiendas. Esto inició una serie de protestas ya que como indican quienes se encuentran allí encerradas, los envíos del exterior son su principal fuente de acceso a elementos de aseo. El estado que las encierra no les brinda ni aún en época de pandemia estos artículos. A partir de esta situación se inició una protesta que terminó con 15 mujeres heridas. En declaraciones al diario El Espectador una persona privada de su libertad denunció la represión, “Llegaron unos 40 guardias con Fuerza Disponible, escudos y gases. No los íbamos a dejar entrar, entre otras cosas, porque no tenían ni siquiera un tapabocas. El mayor empezó a gritarnos, le dijimos que se pusiera un tapabocas, nos gasearon, nos echaron los gases hacia la cara, hacia la piel, por eso nos quemaron”.

En la cárcel denominada La Picota, hubo también protestas que como indica CSPP (Comité de Solidaridad con Los Presos Políticos) fueron pacíficas, a pesar de esto también se reprimieron las protestas. En declaraciones a medios de comunicación una persona encarcelada detalló el motivo de los reclamos, “Acá adentro hay un incendio en el patio de los sindicados, la razón de la pelea es porque el Inpec nos está violando los derechos a la visita a la libertad, a la expresión, a la salud, la alimentación y los traslados”.

El día 23 de marzo, el CSPP difundió una carta pública dirigida a Duque donde detalla lasituación histórica en las cárceles colombianas, “Colombia durante años ha arrastrado una problemática estructural en su política Criminal y Penitenciaria, así lo ha reconocido la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos sobre la violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos en las prisiones colombianas, que la ha llevado a declarar y reiterar la existencia de un estado de Cosas Inconstitucional, el cual hasta hoy persiste”. Las medidas para prevenir la transmisión del Covid-19 se enlistan en los siguientes puntos: 1. Estrategia de reducción del hacinamiento carcelario, 2. Estrategia para la prevención de contagio dirigida a la población que permanecerá, 3. Estrategia de respuesta ante eventuales contagios. La carta firmada por más de 170 organizaciones finaliza detallando la preocupación por la represión en las cárceles a partir de “las distintas expresiones de protesta en los establecimientos de reclusión, donde se han manifestado preocupaciones razonables por las medidas de gobierno ante el inminente riesgo de un contagio masivo de COVID-19”. Aún no ha habido respuesta del gobierno a los reclamos más que la represión.

 
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Un año de Bolsonaro,¿cuántos años de soledad?

Dibujo: Laerte

Por Amanda Graviola

Pasado un año del ascenso de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, el país más grande de América Latina y cuya biodiversidad es una de las más grandes del mundo, los hechos de su administración dan cuenta de un duro momento que —más allá de la polarización política que desata actos de violencia y abusos de todo tipo—dejará marcas profundas en la sociedad de este país.

Tal vez las próximas generaciones se acordarán con amargura de este momento histórico en que, movidas por el odio, por el miedo o simplemente por la ignorancia, personas validaron y reprodujeron ataques a la dignidad humana: con el afán de tener la razón en su elección política, cerraron los ojos para la destrucción del planeta. Si restaba dudas de que el mundo pasa por una crisis civilizatoria, Brasil es un ejemplo gráfico y doloroso de esta realidad.

Las reacciones y resistencias, sin embargo, no son pocas y son un respiro frente a la asfixiante atmósfera de humo; muchos de ellos salen de los poros amazónicos, que flota sobre el gigante de pies descalzos: un Brasil negro, indígena, poético, diverso. Desde que Bolsonaro empezó su corrida presidencial, grupos de artistas, intelectuales y movimientos sociales de todos colores alertaron lo que significaría para el país tener como jefe de Estado una persona abiertamente contraria a los Derechos Humanos.

Hace casi dos años, Brasil fue el palco del brutal asesinato de una mujer. Negra, favelada, bisexual, consejera de la provincia de Rio de Janeiro que investigaba el poder de los paramilitares de los morros de la ciudad carioca. Las evidencias del proceso de investigación señalan  la participación de personas vinculadas al Presidente de la República en el crimen que se llevó la vida de Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes.

Hace algunos días, Bolsonaro  declaró que “el indio está evolucionando y convirtiéndose en un ser humano”. Brasil abriga más de 300 grupos indígenas, muchos de ellos (por suerte) aislados de la Alegoría Estatal. Hace algunos meses —al hablar de la Amazonia—, el ex-militar dijo que  “Brasil era una virgen que a todo gringo le gustaría violar”. El Brasil de hoy registra 180 casos de violación por día, es el mayor número desde hace diez años.

La cascada de noticias falsas que, en gran medida,  permitió al actual gobierno navegar por los ríos del poder en aguas, a pesar de sucias, tranquilas no logró permanecer invisible. Periodistas, comunicadoras y comunicadores, movidos por la responsabilidad de hacer su trabajo y cumplir con su función social  —teniendo como máxima representación la figura del periodista estadunidense radicado en Brasil y víctima de una severa persecución política, Glenn Greenwald–, no dejaron de denunciar los engaños. No obstante, el viejo monstruo de la censura volvió a tomar la escena política, resurgiendo en las aguas pantanosas de la incertidumbre y alzando el cuestionamiento sobre cuáles serían los límites de la democracia.

Asimismo, esta obra absurda, que es la realidad política del país, no dejó de ser mostrada por el mundo en grandes pantallas. El documental de Petra Costa, Democracia en Vértigo, que cuenta la historia de un Brasil poco conocido —incluso entre sus mismos habitantes— y que llegó a ser ternado al Oscar hace pocos días, desnuda los hechos que llevaron a la victoria de Jair Bolsonaro; entre ellos el impeachment de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva. Al ser preguntado sobre el documental, el mandatario brasilero opinó que el trabajo “era una basura” y que era una “obra de ficción”.

Y si el arte es la imitación de la vida, tal vez el filósofo Vladimir Safatle —quien tan de cerca acompaña y reflexiona sobre los procesos políticos brasileros— tenga razón en su artículo para el periódico El País donde dice que “no hubo elecciones y que no hay presidente”. Mientras tanto, muchas personas se preguntan si será posible sostener tres años más el gobierno bolsonarista antes que  este caiga por su propio peso, y tal vez la gran cuestión sea: ¿cuánto peso la sociedad brasilera está dispuesta a soportar?

 
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Cacerolas y marchas en la revitalización de la lucha social colombiana

Foto: Omar Vera

Marita Kainene y Efraín González Téllez

Las calles de Colombia se han llenado de protestas desde el 21 de noviembre en lo que se ha denominado un Paro Nacional. Aunque la huelga en sectores productivos solo se ha dado algunos días, esto no ha impedido que el ambiente general se mantenga en una movilización constante, especialmente en la ciudad capital y menos en el resto del país. Este descontento social, que no tiene igual desde la década de los setenta, demuestra la inconformidad que una parte de la población tiene con las políticas del gobierno del presidente Ivan Duque y con el partido que lo llevó al poder; dicha agrupación es la misma conformada por el expresidente Álvaro Uribe hace años y, por lo tanto, esta inconformidad es al mismo tiempo muestra del cansancio con ese proyecto político. En las siguientes líneas se busca describir los principales acontecimientos y dar ligeras pinceladas frente al devenir.

Los antecedentes del paro

Es imposible no remontar el sentimiento de inconformidad al sabotaje del proceso de desmovilización que logró en los últimos años el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Luego que en el 2016 perdiera el plebiscito, que respaldaba lo que se denominó proceso de paz, la política colombiana entró en una clara polarización entre quienes estaban a favor o en contra de la dejación de las armas por parte de dicha guerrilla. Sin embargo, los temores al desmonte de los acuerdos alcanzados se hicieron realidad con la llegada al gobierno del presidente Duque; el estrecho margen con el que ganó, de tan solo un 3%, definió un nuevo momento de inconformidad dentro de la escena institucional que se radicalizó con las nuevas políticas públicas en contra de lo acordado. A pesar de este contexto adverso, el proceso de paz creó el espacio para que muchas personas al no tener que pensar en el conflicto, pudieran tomar una postura frente a sus precarias condiciones de vida; reflexiones similares han sido desarrolladas por Sinar Alvarado en su artículo “Colombia, el país de las urgencias postergadas” publicado en el New York Times hace unas semanas.

En esa medida los primeros avisos de reformas económicas motivaron a que, independientemente de la participación en las pasadas elecciones, una buena parte de la población encontrara las razones suficientes para manifestar su inconformidad. Se ponían en juego reformas tributarias, laborales y al régimen de pensiones que amenazaban con socavar los derechos de la mayoría de la población ya precarizada hace años. Estás últimas reformas propuestas hicieron que las principales centrales obreras convocaran a la jornada del Paro Nacional del 21 de noviembre.

La gota que, sin embargo, rebasó la copa fueron revelaciones durante las semanas previas a la convocatoria; se supo que el gobierno nacional había bombardeado un campamento de disidencias de la antigua guerrilla. Por primera vez en mucho tiempo la opinión pública fue informada que en el lugar estaban menores de edad reclutados forzadamente, información que era del conocimiento del Ejército Nacional y de entidades del Estado. La consternación fue mayor cuando se supo que tras los bombardeos se remató a algunos que trataron de huir. Estos sucesos hace algunos años habrían pasado como una “acción de guerra” más, pero ahora se veían como la clara violación a los derechos de quienes estaban allí en contra de su voluntad. Si las reformas económicas ya eran suficientes para protestar esto dio paso a una nueva rabia generalizada.

El inicio de las movilizaciones

Entonces el día de la convocatoria asombró hasta a las mismas organizadoras: el seguimiento fue casi total y las calles del país se llenaron como muchas no habían visto en sus vidas; una fiesta de marchas, bailes y discursos se vieron acompañados de marginales expresiones de violencia, muchas de ellas provocadas por la misma Policía Nacional. La represión desatada ese día hizo que barrios populares de ciudades como Cali y Bogotá asistieran a motines espontáneos. En ambas ciudades se decretó el toque de queda, el 21 en Cali y el 22 de noviembre en Bogotá, medida represiva que no se veía desde 1977 en el país. Fueron esas torpes decisiones por parte del Estado el alimento suficiente para que la rabia popular decidiera organizarse los siguientes días en más marchas y acciones de protesta contra el gobierno; entonces el Paro Nacional empezó a tomar forma.

En los días posteriores al toque de queda en Bogotá, la gente se siguió reuniendo para manifestarse y, en la capital, el ESMAD (escuadrón anti disturbios) empezó a causar estragos. Es así como el sábado 23 de noviembre, Dylan Cruz fue asesinado debido a un disparo letal por parte de un agente de esta fuerza. El golpe de la munición Kevlar disparado en ángulo perpendicular y que penetró la base de su cabeza le produjo un trauma craneoencefálico al que el joven de 18 años no sobrevivió después de dos días en cuidados intensivos del Hospital San Ignacio. Esta tragedia exacerbó la indignación de las personas y muchos manifestantes siguieron reuniéndose para mostrar su desacuerdo con el paquete de Duque y para plantear otra exigencia: el fin del ESMAD.

Algo que ha marcado las distintas respuestas a la represión por parte del Estado ha sido el uso de la cámara de celular y las redes sociales. Es así como, cuando la noche del 22 de noviembre se grabaron distintos intentos de la policía buscando infundir temor en la población, fuera dañando propiedades o de civil asustando con atracar conjuntos cerrados . Las cámaras de las y los ciudadanos permitieron detectar fallas en el discurso mediático que quería generar un pánico generalizado para acabar con las manifestaciones. Y entonces la resistencia se mantuvo y sigue. Aunque han llegado tanques militares a Bogotá y las localidades populares donde la gente se había estado organizando mejor han sido aplacadas por la presencia de militares armados, las personas se han esforzado por conservar la llama encendida.

Así mismo, emociona ver la solidaridad ante la represión como lo que pasó en la noche del 10 de diciembre cuando agentes del ESMAD se llevaron a la estudiante María Fernanda Pérez de manera forzada y sin leerle sus derechos a un carro particular que arrancó por una de las avenidas principales de Bogotá. Si no es por un conductor que siguió en carro y grabando al vehículo hasta que lograron detenerlo y dejar salir a la mujer. ¿Qué hubiera pasado sin la solidaridad de los manifestantes que grabaron y del hombre que siguió el carro? Estamos hablando de estudiantes de universidad en un país donde la desaparición forzada es mayor que la de las tres dictaduras del cono sur juntas. Ese día también intentaron llevarse a otros estudiantes pero salieron señoras de los edificios a abrazarlos como si fueran sus hijos o sus nietos hasta que los agentes de policía desistieron. La difusión de todos estos sucesos por redes sociales han ayudado no solo a ubicar a las personas detenidas en condiciones sospechosas sino también a mostrar que sí se puede resistir.

Evidentemente una es la realidad de lo que se ve en los medios cooptados por el poder y otra la que está viendo la gente, y más las personas de los sectores populares a las que el aparato represivo del Estado está controlando más de cerca que la de los sectores acomodados. Estas personas se han visto medianamente afectadas (trancones, comercios cerrados, grafitis )  y eso es mucho decir en una sociedad en la que la mayor parte de las personas que tienen una situación de vida privilegiada se encuentran en una burbuja mientras que la mayoría de habitantes del país están sobreviviendo en situaciones infrahumanas. Si algo evidencia esta oleada de manifestaciones es la profunda división social del país.

Por un lado está el sector acomodado en el cual se encuentra el presidente Iván Duque, a quien le ha parecido desmedido tener que sentarse rápidamente a discutir con el comité organizador del paro o siquiera dar una respuesta al descontento popular en sus intervenciones televisivas. La indiferencia del gobierno no ha hecho sino generar dificultades para definir una metodología de trabajo y empezar a buscar soluciones a lo que la gente está pidiendo. Por otro lado, las y los manifestantes han tenido muchos inconvenientes para articularse de manera efectiva y generar acciones que realmente tengan un impacto en el gobierno y generen presión. Se ha llegado a un punto en el que parece que ciertas manifestaciones (especialmente en sectores de clases medias y altas de Bogotá) son una fiesta en un andén, sin realmente algún tipo de incidencia.

Lo que queda por venir

Estas jornadas de protestas van a completar las cuatro semanas desde que empezaron. Arriban a una época de navidad que en Colombia se intensifica desde el 16 de diciembre con las tradicionales novenas de aguinaldos (reuniones que se realizan en los barrios y dentro de las familias diariamente hasta el 24 de diciembre). Esto puede provocar que las movilizaciones se diluyan en medio del ambiente festivo de fin de año, como lo espera muy posiblemente el gobierno; aun así ya lo recorrido marca unos referentes importantes: la gente ha desbordado a los partidos y organizaciones formales, proponiendo nuevas y creativas formas de encuentro con sus vecinas.

No puede dejar de describirse que las movilizaciones además comparten características de otras latinoamericanas de este final de año, como lo es el hacer cacerolazos como se ha presentado en Chile también. No por ello pueden compararse las experiencias, ya que las tradiciones de lucha y lo que se busca es bien distinto. Sin embargo, no puede tampoco dejarse de decir que estas protestas en latinoamérica están mostrando un desgaste de la política tradicional, lo que no puede ser sino esperanzador. La institucionalización que han tenido muchas de las luchas en latinoamérica con la llegada del socialismo del siglo XXI hizo que muchas activistas antes que seguir en la lucha terminaran recibiendo sueldos domesticando sus apuestas. El carácter autónomo de las movilizaciones, sin que eso signifique que no hayan tratado de ser cooptadas, deja en el tablero de la política formas diversas que aún no puede preverse su final. De igual forma, el que hayan sucedido refrescó las prácticas políticas y dejó claro que la historia para el pueblo colombiano no ha terminado de ser escrita. 

El carácter descentralizado de las manifestaciones pone un reto importante sobre cómo organizarse colectivamente en medio de ciudades y territorios con altos niveles de población; sin embargo devuelven a lo local la práctica de lo público y anima a esperar de esta experiencia una reconstrucción de la política de abajo hacia arriba.

 
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Chile y las luchas que no se abandonan

Foto: Javier Echaide

“Pues paz sin voz. Paz sin voz no es paz, es miedo.”

O Rappa

Vanessa Dourado

Las calles hablan más que los diarios y que los noticieros de televisión. La mezcla de dolor, rabia y esperanza llena los muros de Santiago de Chile. Y es en este encuentro del pueblo con su realidad que nacen y se hacen ver  sentimientos guardados a lo largo de los años de neoliberalismo. Pero no solo esto: aún emergen los reclamos, las deudas no saldadas de la época de la Dictadura de Pinochet.

Foto: Javier Echaide

“Chile despertó”, grita el pueblo por las calles de Santiago y, a cada rato, intentan ocupar la Plaza Italia de Santiago —ahora bautizada por el pueblo de Plaza de la Dignidad—. Mientras pequeños grupos de personas se concentran en las esquinas, otros se ponen a dialogar con “los pacos” —nombre dado por el pueblo chileno a los Carabineros Chilenos—. El término utilizado también en España en distintos momentos de guerra, y que hacía referencia al sonido advenido de los viejos fusiles utilizados por los francotiradores, ya hace parte del vocabulario chileno.

Foto. Javier Echaide

Entre conversas e insultos hacia los Carabineros, camiones pasan tirando gas y agua, tratando de dispersar cualquier grupo reducido de personas que camina por la calle, no importando si son manifestantes, turistas o transeúntes intentando llegar a su destino.

Foto: Javier Echaide

Por esta área, casi nadie camina sin mascara, casco o rociadores llenos con agua y bicarbonato de sodio, solidariamente compartidos con los afectados  por los gases lacrimógenos. La cantidad de gases es tan alta que a un kilometro de la plaza se puede sentir sobre los ojos el efecto de los químicos, sin que uno, necesariamente, esté en las “zonas de conflicto”.

Foto: Javier Echaide

Entre burlas, denuncias y poesía, los muros cuentan la historia de la revuelta. Y los bancos tapados con madera donde antes había vidrios, dan muestras de que el poder financiero tiene el techo de cristal. Las grandes empresas con sus imponentes edificios tampoco  escapan de la demarcación política de los manifestantes, y donde antes había puertas espejadas de alto lujo, hoy hay placas de hierro para evitar la ocupación por parte de los que protestan.

Foto: Javier Echaide

Bautizadas como “Muro de los Golpes – nunca más habrá silencio” las placas de hierro instaladas en los edificios de la empresa Telefónica y el Centro Cultural Gabriela Mistral reciben piedras de los manifestantes constantemente. Este edificio, construido durante el gobierno de Salvador Allende pero utilizado como  Casa de Gobierno de Pinochet, sus ministros y de la Junta Militar después de la destrucción de la Casa de la Moneda durante el Golpe Militar-Cívico-Eclesiástico de 1973, sigue siendo símbolo que  ejemplifica la bronca contra el Estado; el ruido de la protesta se eleva para decir nunca más a la violación de los Derechos Humanos y los Derechos Sociales.

Foto: Javier Echaide

A.C.A.B —All cops are bastards—, la sigla que viene del inglés y significa “Todos los policías son unos bastardos”, puede ser vista por toda la ciudad y es una expresión de repudio hacia el orden establecido, sobre todo hacia la violencia policial.  Mundialmente utilizada  a partir de los años 80, la sigla se popularizó entre anarco-punks de la época y hoy es usada en protestas por todo el mundo, por ejemplo en el movimiento norte-americano contra la violencia institucional racista #BlackLivesMatter. También los números 1312 hacen referencia a la misma sigla, al remplazar las letras de acuerdo con el lugar que ocupan en el abecedario, los cuales son leídos en los muros de Santiago.

Foto: Luciana Ghiotto

Entre las canciones de protesta, el pueblo chileno grita “Ya vas a ver, las balas que nos tiraron van a volver” y los pañuelos con el dibujo del famoso perro “Negro Matapacos” colgados en los cuellos de las personas también sirven para protegerse del efecto de los gases. El simpático perro negro que acompañó a los estudiantes durante las protestas de 2011 se ha transformado en un símbolo de resistencia. Su impronta defensiva durante los enfrentamientos con  los Carabineros  lo convirtió en una especie de mascota nacional. Dibujos, afiches y murales del Negro Matapacos se encuentran por todas  partes y es una forma simbólica de denunciar  la asimétrica violencia ejercida por  la policía.

Foto: Javier Echaide

Ojos destrozados hacen parte del cuerpo de la ciudad. Las pintadas de los ojos ausentes llaman la atención a la deliberada medida tomada por las “fuerzas de seguridad”: disparar a los globos oculares. “Regalé mis ojos para que la gente despierte”, el fragmento de la canción de Nano Stern dedicada al estudiante de psicología Gustavo Gatica, quién perdió los dos ojos el pasado 8 de noviembre golpeado por las balas policiales durante una protesta; es un llamado a permanecer en la lucha. La lucha de un pueblo que despierta para ser libre de la asfixia que por años puso en jaque su dignidad. Esta dignidad, que hoy, ya es una costumbre.

Foto: Javier Echaide
 
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Chile un solo grito “RENUNCIA PIÑERA”

Imagen: Virginia Bolten

Paula Cortes

Desde Santiago de Chile

El llamado a la #EvasionMasiva que las y los Estudiantes medios y universitarios en Chile lanzaron a mediados de este mes como consigna insurrecta contra el aumento del pasaje del metro, se ha convertido en el inicio de un movimiento masivo e irrefrenable.

Más de 45 años de políticas neoliberales aplicadas por el mejor alumno de Milton Friedman en Latinoamérica han convertido a Chile en uno de los países con mayor índice de desigualdad.

El pueblo a tomado las calles con una colorida mixtura de demandas, algunas como el animalismo o el veganismo, otras con más convergencias como el rechazo al sistema de reparto de jubilaciones y pensiones, la reforma de la Constitución -promulgada en 1980 por la dictadura cívico militar- o la reivindicación a través de banderas del pueblo Mapuche, todas, coincidentes con el pedido inquebrantable de la salida de Sebastián Piñera del Palacio de la Moneda.

Los y las manifestantes reclaman con indudable rebeldía a pesar de las políticas represivas más brutales heredadas por aprendizaje y constitución del pinochetismo, que desde el ambiente cargado de gases lacrimógenos escupidos con saña desde los “zorrillos”, carros militares, hace evidente que hoy tienen tanta vigencia como en aquel terrible 11 de septiembre de 1973.

A lo largo de la avenida O’Hiiggins que desemboca en la emblemática Plaza Italia, escenario de las multitudinarias protestas, dan cuenta de la variopinta multiplicidad de singularidades, si bien es un hecho característico la presencia de los y las jóvenes, que ante tantas iniquidades, muestran su descontento al son de las cacerolas, cánticos y consignas tan graciosas como pegajosas, mientras comparten el agua con bicarbonato -para contrarrestar los gases- y el deseo por un Chile más justo.

Al sexto día de toque de queda, que abarcó a casi todas las regiones del país, se podía escuchar un coro de voces anónimas en la oscuridad, exigiendo la renuncia de Piñera, advirtiendo que esta lucha no va a parar hasta que eso suceda.

La convocatoria a #LaMarchaMásGrandeDeChile para el día viernes 26 de octubre, corrió como un reguero de pólvora encendida por las redes sociales, aglutinando a una conmovedora multitud de manifestantes, la extraordinaria cantidad de un millón doscientas mil personas, según cifras oficiales, también una concentración de camioneros y choferes que bloquearon los accesos a Santiago contra el TAG -peajes de la autopista del Itata, que cobra 17.450 pesos chilenos la pasada de camiones, unos 24 dólares- que desangran a transportistas.

Mientras se acumulan las denuncias por violaciones a los DDHH, acusaciones por un centro de detención y tortura en la estación de metro Baquedano, violaciones y desnudamientos de mujeres, asesinatos sumarios y amenazas contra civiles por parte de militares y cuerpos represivos, la fiscalía ha desestimado las mismas pero dice que hará “diligencias”.

En este clima de alegría y desobediencia, nos atrevemos a soñar con que ese acto transgresor que iniciaran los estudiantes con la evasión de los molinetes del subte sea la analogía que nos anticipa la apertura de las Grandes Alamedas y que ellos y ellas sean los hombres y mujeres libres, autoconvocadas para traspasarlas como hubo predicho el eterno Salvador Allende.

 
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La trampa sobre la mesa en Chile: Más Diálogo

Imagen: Virginia Bolten

German Romano

Desde Santiago de Chile

¿Si somos lenguaje quien nos escribe? Esta pregunta expresada por Dario Sztajnszrajber puede utilizarse como disparador para pensar  los problemas de la sociedad occidental en el siglo XXI. Los gobiernos utilizan diversas formas de nombrar o adjetivar sus acciones para minimizar las consecuencias contra las personas; la represión y asesinato por el Estado  lo llaman “Preservar la Paz de la sociedad”; el robo de los bienes comunes se denomina “Privatizaciones para mejorar servicios o generar recursos”; a la normalización de las mayorías que no tienen en cuenta las minorías y seducidas por los medios de comunicación de las elites, le decimos “Democracia”.

El pueblo del territorio denominado Chile viene realizando hace 8 días masivas manifestaciones; el día viernes solo en la RM (Región Metropolitana) se movilizaron más de 1,2 millones de personas. Las consignas de los reclamos eran muy variadas, no obstante el hartazgo frente a la situación social y económica era el denominador común. Así mismo,  el ánimo  de la mayoría que concurrió a la manifestación fue  de alegría; Chile Despertó y se estaba siendo parte de algo. ¿Qué es ese algo? aún no está nítido, ¿si esto generará una modificación profunda del actual sistema en beneficio del pueblo?, tampoco.

No solo gran concurrencia a la última convocatoria muestra el apoyo de las manifestaciones, una encuesta publicada por CNN Chile indicó que el 85% de las personas consultadas estaban de acuerdo con las concentraciones. La lógica patriarcal de estas democracias capitalistas se ve perturbada frente a los reclamos de la sociedad y sus fisuras muestran caminos posibles. A pesar de esto, los sectores privilegiados de la sociedad ya prepararon la trampa; se necesita más diálogo y el sector político partidario escuchó, aprendió, y se modificó, como lo expresara Sebastian Piñera.

Los medios de comunicación hegemónicos hicieron una amplia cobertura de las protestas banalizando varios aspectos de la misma. Los canales televisivos realizaron notas sobre varios grupos voluntarios; quienes se encargaron de: hacer limpieza,  la entrega de agua, entre otras actividades. También difundieron personas disfrazadas de personajes de series o películas estadounidenses. Nada informaron del despido de Aleida Kulikoff, Jefa de Laboratorio del SML (Servicio Médico Local), quien informó que las personas halladas muertas en el incendio de un supermercado no fallecieron allí sino que fueron depositadas posteriormente. Un vídeo difundido en las redes sociales durante las tareas de limpieza, luego del incendio de la estación de metro Baquedano, muestra cuerpos calcinados sin señales de intentar escapar del mismo; la sospecha de manifestantes es que las fuerzas represivas del Estado provocaron estos siniestros para encubrir sus asesinatos.

El sistema se sostiene a partir de la seducción bajo una idea de progreso a cambio de sumisión, cuando esto no alcanza se utiliza la fuerza. La exclusión y el modelo de meritocracia intentan encubrir los privilegios; si tú no llegas al ideario de éxito es porque  no has querido hacerlo. La autoexplotación es la forma más acabada del neoliberalismo.

La heterogeneidad de quienes se están manifestando habla del hartazgo de un sistema excluyente, el devenir será decisión del pueblo chileno que además de escribir historia, será una referencia más en la existencia de esta humanidad: ¿Hasta dónde se soportarán los privilegios y el pensar  un futuro que deje de ser diario sin tener en cuenta en la urgencia de quienes vendrán?

 
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Continúan las protestas en Chile mientras el gobierno da más poder a las fuerzas represivas del Estado

Germán Romano

Desde Santiago de Chile

El día de ayer, el pueblo del territorio denominado Chile realizó importantes manifestaciones masivas. Las mismas se iniciaron por parte del sector estudiantil a partir del incremento sobre el boleto de transporte público decretado por el Gobierno Nacional. El gobierno, cuando se iniciaron las protestas, expresó “deberían viajar más temprano”, algo de lo cual siguiendo la lógica de Piñera, se disculparon el día de ayer.

Imagen: Virginia Bolten

El descontento de la población -además de una desigualdad social muy alta- y la no resolución de los pedidos en esta democracia, se generó también por la respuesta del gobierno central al reclamo de los incrementos. Piñera había prometido que no utilizaría las fuerzas represivas y no llamaría al ejército a defender su gobierno y medidas, sin embargo denominó la actual situación de “guerra”. Según las denuncias ya hay más de 18 personas asesinadas y más de 1400 personas heridas. A pesar de esto, organismos internacionales de DD.HH. tienen críticas a la represión que no cumplen con las expectativas de la gravedad de las denuncias; torturas y abusos sexuales.

En las marchas los reclamos son variados pero hay varios puntos de encuentro; pedir la renuncia de Piñera, la crítica a las fuerzas represivas del Estado, dejar de pagar los aumentos y el rechazo al sistema previsional privatizado durante la última dictadura. También quienes se manifiestan critican fuertemente a los medios de comunicación quienes, según se denuncia, pertenecen a las élites económicas del país.

Mientras se siguen sucediendo las masivas manifestaciones en diversas ciudades del territorio denominado Chile, el gobierno de Sebastián Piñera decidió llamar a reservistas del ejército. Según el Ministro del Interior Andres Chadwick, es en función de “el desgaste y cansancio” de las fuerzas represivas del Estado.

En este contexto, familiares de genocidas chilenos de Historias Desobedientes Chile,  hicieron un llamado público a desobedecer las órdenes del gobierno nacional de reprimir. Asimismo expresaron que el accionar de las fuerzas represivas “trae a la memoria las reminiscencias de la época más sangrienta de la Historia de nuestro país” en mención a la última dictadura  cívico-militar de Augusto Pinochet.

En el día de hoy, prácticamente el toque de queda ya cubre todo el territorio de Chile. Mientras tanto, la representación política del partido gobernante UNI (Unión Demócrata Independiente) intenta realizar un cambio comunicacional expresando que están abiertos al diálogo. El día de ayer, solo en la céntrica Plaza Italia, Cruz Roja informó sobre más de 80 personas heridas y denunció que a pesar que las fuerza represivas sabían sobre su ubicación, sufrieron agresiones.

El día de hoy se convocó a “La Gran Marcha de Chile”, asimismo en la mañana se están realizando cortes de rutas y autopistas reclamando la eliminación de los peajes. En la manifestación de hoy se propuso no cumplir con el toque de queda decretado por el gobierno, una medida que recuerda la última dictadura.

 
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Las FARC lo acaban de dejar nítido: el futuro de la izquierda colombiana depende de enfrentarse al militarismo

Luego que volvieran a las armas importantes comandantes de la guerrilla colombiana, es un buen momento para hablar sobre el militarismo que tratan de reivindicar y las perspectivas a futuro dentro de la izquierda en ese país.

Oscar Vargas

Una de las reflexiones más importantes que deja el proceso de desmovilización de las FARC, y el rearme de algunos de sus más importantes líderes, tiene que ver con las formas que la izquierda utiliza para enfrentar al capitalismo, entre otras de las estructuras de dominación que oprimen. Gracias al actuar de esta organización armada, se ha podido entender que el futuro de la izquierda está determinado por las formas en que se organiza y no solo en sus objetivos. Y esto es así porque representa  como una parte de la izquierda se ha construido históricamente: defendiendo la constitución de ejércitos para tomarse el poder del Estado o usándolos para mantenerse en él.

Y que no se malentienda, no tiene nada que ver con el uso o no en general de la violencia, esa es otra discusión que amerita  su espacio aparte. Tiene que ver con el crear estructuras profundamente desiguales, que concentran el poder en muy pocas manos y exigen la lealtad a sus afiliados y la obediencia de las comunidades en que operan. Estas estructuras jerárquicas de carácter permanente, que además controlan comunidades por  ser la autoridad armada, tienden a construir unos liderazgos que se enquistan con el tiempo y que les permiten ejercer una influencia para lograr sus intereses individuales, sin necesariamente estar en relación con los ideales que defienden.

En parte esto es resultado de no cuestionar los medios que se utilizan para conseguir los fines, práctica extendida entre la izquierda global durante el siglo XX; en distintos escenarios se ha defendido la idea que primero debe ganarse las guerras, a costa de lo que sea,  porque al final se podrá hacer la revolución. En esta práctica, los ejércitos terminan siendo un mal necesario que, a pesar de las atrocidades y desaciertos de sus comandantes, conducen al bien deseado de la sociedad igualitaria. Sin embargo, gracias al socialismo del siglo XX como el del XXI, se ha demostrado que los ejércitos que llegaron al poder se convirtieron en las nuevas clases dominantes de los territorios, sumidos en la misma lógica estatal que combatieron. Los ejércitos que lucharon por la libertad se transformaron en los partidos que dominaron de forma paternalista por décadas: el gran líder o el sabio partido siempre entendía lo que sus súbditos necesitaban.

En los casos que no lograron vencer a su contrincante, los ejércitos guerrilleros se convirtieron en un poder local en medio de la permanente confrontación con sus enemigos. En esta confrontación todos los actores armados, fueran de derecha o izquierda, colocaron a la población bajo un confinamiento permanente, el disciplinamiento de los cuerpos y el control total de las actividades públicas. Allí la guerra suplantó completamente la revolución y en medio de las balas el color de la ideología de los muertos daba igual: murieron sin sentido seres humanos. Aunque se cubra de sacrificio, la muerte de esas personas dejó proyectos sin realizar, familias incompletas, esperanzas sin futuro… no hay sacrificio que justifique eso.  

Esto permite plantear que la transformación de la sociedad capitalista no puede hacerse mediante la construcción de estructuras desiguales para tomar decisiones, porque estas estructuras terminarán convirtiéndose posteriormente en los sistemas políticos de las sociedades supuestamente liberadas. Hay suficientes ejemplos en la historia de cómo ha salido mal, pero el más cercano es el ejemplo de la guerra colombiana: 50 años dejando comunidades absolutamente fracturadas y con sus proyectos colectivos limitados casi por completo; el control militar de las vidas aún sigue siendo la tragedia que tienen que vivir miles de personas alrededor del país.

Lo más complicado es que Colombia ha sido uno de los laboratorios más intensos de este militarismo guerrillero revolucionario: más de 30 organizaciones de este tipo han existido, las cuales han confrontado además del ejército oficial a varios otros ejércitos paramilitares. La cultura política de la izquierda y de la derecha ha cimentado la idea que esta es, si no la única, la mejor forma de materializar sus proyectos políticos. Esta realidad ha limitado profundamente la creatividad política, caricaturizando e infantilizando las otras formas de hacer. Sin embargo, la resistencia de las comunidades a lo largo del país ha demostrado que  otras formas políticas son posibles y que el organizarse en ejércitos no es ni la única ni la mejor estrategia. Organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, feministas, barriales… distintas experiencias han intentado desligarse de las jerarquías armadas y construir sus propias utopías desarmadas.

Tampoco puede idealizarse a las comunidades organizadas por el ser oprimidas, ya que dentro de sí aún abunda el machismo y el neocolonialismo en su forma de actuar. Lo que sí se puede es potenciar, visibilizando y reproduciendo, todas aquellas formas no militaristas en que la gente construye su realidad y desde la práctica, sin tanta retórica discursiva, le dice no a la guerra. Cincuenta años de militarismo en la izquierda han llegado a su punto más débil hoy cuando, luego de ser derrotadas militarmente y traicionadas políticamente, las FARC demuestran que otras formas de hacer política son urgentes dentro de la izquierda revolucionaria.  El futuro de la izquierda debe girar al antimilitarismo, como apuesta ideológica y práctica, iniciativa que merece tener mayor protagonismo en los años por venir.

 
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Aumenta la represión y la emigración en Honduras

Por Germán Romano y Oscar Vargas

El pasado mes de junio se vivió uno de los episodios más sangrientos que ha sufrido Honduras en los últimos años: casi seis muertos y decenas de heridos en todo el país. Estos hechos se dieron luego que, por dos meses consecutivos, salieran a las calles cientos de personas a manifestarse en contra de las modificaciones a leyes que reinterpretan la salud y educación como derechos fundamentales. Aunque se lograron frenar estas reformas, se mantuvieron las protestas especialmente en sectores organizados como estudiantes, indígenas y el movimiento campesino. Estos son, quienes llevan más de dos años protestando contra el gobierno, insisten en que hubo fraude en las últimas elecciones que llevaron al poder a Juan Orlando Hernandez.

La reelección de Hernandez se dio tras diez años de inestabilidad institucional, los cuales comenzaron en 2009 con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya.  En todo este tiempo, el ambiente político se ha enrarecido debido a la sistemática represión contra movimientos sociales, teniendo uno de sus picos más dolorosos el 2016, cuando fue asesinada la ambientalista indígena Berta Cáceres. Dicho crimen, que se mantiene aún sin justicia, expresó como la inestabilidad política estaba acompañada por la desigualdad económica; el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, al que pertenecía Berta, se ha movilizado sistemáticamente contra la privatización de los bienes comunes; su lucha ha denunciado que el Estado protege y fomenta los intereses corporativos en contra de los de las comunidades.

Dicha crisis institucional, que ha agudizado la criminalización contra los movimientos sociales de ese país, se ve acompañada por la estrechez económica que tienen que vivir tanto la población urbana como rural. El Banco mundial calcula que cerca del 60% de la población vive en situación de pobreza, mientras que en las zonas rurales una de cada 5 personas vive en pobreza extrema (menos de 1,90 dólares al día). Por esta razón miles de personas han visto más viable sobrevivir uniéndose a las caravanas que los llevan hacia los Estados Unidos y una vez allí, viviendo en la clandestinidad, poder enviar algo de dinero a sus familiares. Para dar cuenta de la importancia de las remesas, las mismas representan cerca del 18% del PBI (Producto Bruto Interno) y uno de los principales ingresos de muchas familias del país.

Mientras se ven los picos más altos de protestas contra el gobierno que es tildado de corrupto e inclusive de narcotraficante, esto último debido a la captura en Estados Unidos del hermano del presidente a finales del año pasado bajo esos cargos, también se presentan altos niveles de emigración de aquellos que se unen a las caravanas hacia Estados Unidos. El panorama del país resulta desolador y solo puede esperarse que agudice a menos que las fuerzas populares logren impulsar transformaciones en caminos contrarios a los que han llevado al escenario actual.

La militarización de Honduras

El golpe de estado cívico-militar de 2009, el primero del siglo XXI en Latinoamérica, trajo consigo un incremento de la represión y militarización del país. Solo durante las movilizaciones contra el golpe, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) informó que fueron asesinadas más de 130 personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), registró el asesinato de más de 30 periodistas solo entre 2014 y 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló que Honduras es “uno de los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos” en el continente americano.

Actualmente, el principal aliado de Honduras en equipamiento militar es Israel y en menor medida EE.UU. y el Brasil de Jair Bolsonaro.  El pico previo de compras de armas a Israel fue durante la dictadura militar entre los años 1971 a 1981, llegando a representar más del 80% de las compras históricas de Honduras a Israel. Solo en ese período, adquirieron 21 bombarderos.

En el año 2016, Juan Orlando Hernández se reunió con el primer ministro israelí donde firmaron diversos acuerdos de compras de armas por un monto de U$S209. Los acuerdos se dan en el marco del anuncio del traslado de la embajada de Honduras a Al Quds (Jerusalén) como ya lo anunciara también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en violación de las diversas resoluciones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Los convenios firmados con Israel son por la instalación de sistemas de armas en buques, sistemas de comunicación, compras de drones armados y misiles. Asimismo, Brasil le donó a Honduras 4 helicópteros Bell que también serán actualizados por Israel. Estas actualizaciones en las máquinas de matar fueron aprobadas por parte de EE.UU.

 
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¿Habrá poesía después del Bolsonarismo?

 “Ni el pasado podrá librarse de la furia del enemigo.”

“Tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer.”

Walter Benjamin

Vanessa Dourado

Si hacemos la pregunta “¿habrá poesía después del Bolsonarismo?”, podríamos pensar que sí, por obvio, pero hay que preguntarse en qué clave. Tras el triunfo del proyecto conservador y liberal con rasgos neofascistas que hoy se consolida en el campo político brasilero, las resistencias insurgentes frente al desmonte en el campo de la educación  pública, de los derechos laborales y sociales –de una forma más amplia– dan muestras que la juventud, las luchas socioambientales  y las mujeres vienen no solo para ocupar el liderazgo de las luchas sociales, sino también para hacer una disputa de sentido que no permitirá que el enemigo siga triunfando. Hay evidencias que la sociedad brasilera está pasando por cambios estructurales que promoverá una radicalización de las izquierdas con un mayor protagonismo de los movimientos sociales y el diálogo entre distintas formas de hacer política y ocupar los espacios políticos y político-institucionales.

Brasil ha cambiado profundamente los últimos tres años –cuando el golpe palaciego se concretó y los poderes fácticos lograron tomar el rumbo del país–. A pesar del movimiento de junio de 2013 haber sido el inicio de un proceso de insurgencia, la despolitización y la evidente desigualdad social, que influye directamente en la comprensión de la realidad, dejaron un espacio de diálogo que fue llenado por los que tenían más condiciones de llegar a las masas: los medios de comunicación hegemónicos.  Si bien es cierto que los canales de televisión y los periódicos tradicionales aún tienen gran influencia en la toma de decisión política del pueblo brasilero, las redes sociales –siguiendo la tendencia mundial luego de la revolución digital– cumplen un rol importante, sobre todo porque abren canales de diálogo activos, distinto de los medios de información televisivos o impresos donde quien le o ve no tiene poder de interacción.

Esta comprensión de lugar de poder –muy visible en los adeptos al bolsonarismo–,de autoridad, ya que cargado de odio, no permite ver y/o procesar los hechos, cada día más insólitos, que sucedieron en estos 6 meses de gobierno. Más allá de una minoría que realmente sigue el gobierno por convicción política e intereses estratégicos, la gran mayoría de los bolsonaristas son síntomas personificados de una era en la cual las personas han perdido la capacidad de pensar. A pesar que los bolsonaristas presentan un alto grado de escolaridad para la media brasilera, en su mayoría con título universitario, los debates en las redes sociales desvelan un público con poca capacitad argumentativa y discursos basados en ataques personales, prejuicios y una marcada tendencia conservadora y religiosa.

Si por un lado Bolsonaro llega al poder e intenta imponer una revancha histórica, con una nítida inconformidad con el fin de la dictadura, por otro las fuerzas que se hacen ver como testigos de la historia –sobre todo en el campo cultural y artístico– rescatan y reviven en el presente las resistencias dadas en el pasado. Aquellas y aquellos que lucharon por el fin de la dictadura militar en Brasil hacen públicas sus experiencias de resistencia y, por primera vez en la historia del país, muchos y muchas rompen con el silencio para hacer frente a los discursos del presidente y parte de su equipo que tiene por objetivo hacer un revisionismo histórico a fin de obtener apoyo para un proyecto político-militar. Periodistas, artistas, jugadores de futbol  y personas cuyos los familiares fueron perseguidos y torturados están haciendo un trabajo importante para generar conciencia de lo que ha pasado y la importancia de resguardar los procesos y dispositivos –aunque débiles– democráticos que se logró construir pos dictadura cívico-militar-eclesiástica.   

 En este sentido, a  pesar de los retrocesos en materia de derechos sociales, civiles y políticos, la respuesta del conjunto de la sociedad brasilera ha sido de rechazo a las medidas sugeridas por Bolsonaro. Es el caso de la ley que flexibiliza el porte de arma –medida tomada por decreto y ya con pedido de anulación por la Comisión de Constitución y Justica del Senado–, según una pesquisa del Instituto Brasilero de Opinión Publica y Estadística (IBOPE), más de 70% de la rechaza la medida. Los anuncios de recortes presupuestarios en educación  llevaron a las calles miles de personas en más de 250 ciudades en todo el país en el mes de mayo. Aunque con poca fuerza, el último 14 de junio, las centrales sindicales llamaron a un paro general contra la reforma previsional y los despidos con adhesión de las personas trabajadoras de los sectores de la educación y transporte. Los profesionales del sector público, y en especial de la salud y la educación, y la juventud estudiantil han sido los que más vienen movilizándose y organizándose. Los pueblos indígenas están organizados y no dejaron de movilizarse desde del anuncio de Bolsonaro –ya en su primer día de gobierno– de medidas para acabar con el proceso de demarcación de las tierras ancestrales de los pueblos originarios, una lucha histórica que ya costó la vida de varios líderes indígenas en su resistencia contra el agronegocio y la defensa de los bienes comunes.  La lucha de las mujeres avanza en todo el país, sobre todo después del asesinato de la concejala brasilera Marielle Franco que es hoy símbolo de la lucha por los derechos humanos en todo el mundo y fuente inspiración para el movimiento feminista, sobre todo  para la las mujeres negras, faveladas y pobres de las periferias brasileras, y el movimiento LGBT.  El avance sobre los derechos LGBTs llevados a cabo por el  gobierno de Bolsonaro ha movilizado la comunidad nacional e internacionalmente. El reciente caso del diputado electo Jean Wyllys, que renunció al cargo en la cámara baja y se encuentra exiliado por las amenazas que venía sufriendo por su defensa a los derechos LGBTs, fortaleció aun más la lucha de los colectivos dentro y fuera del ámbito institucional. La mayoría de las acciones de repudio al bolsonarismo dentro y fuera del país son lideradas por mujeres, lo que marca una diferencia importante en el proceso de construcción de las resistencias, menos focalizada en la disputa por el poder constituido y más cercana a las realidades y necesidades concretas de los distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, el número de mujeres electas en el último proceso electoral  ha aumentado en un 52,6% en comparación con las elecciones de 2014.

Más allá de esto, las batallas no se están dando solo en las calles. Una nueva forma de hacer política llena las redes sociales y también interpela a los sectores de la izquierda brasilera. El diálogo campo-ciudad-universidad-favela parece articularse y el nexo indígena-feminista-juventud da muestras de capacidad de respuesta a la altura de las circunstancias. Surge la necesidad de un frente democrático para enfrentar al Bolsonarismo y los medios de comunicación alternativos cumplen un papel importante en la disputa narrativa, haciendo un trabajo incansable de denuncia a las ilegalidades del equipo del gobierno y buscando politizar las discusiones. Las últimas noticias sobre irregularidades en el proceso de investigación Lava Jato –que llevó a la prisión, sin pruebas, del ex presidente Lula–, la popularmente bautizada de “Vaza Jato” –término que propone una fuga de información–, ha cuestionado la idoneidad de las personas involucradas en la investigación, sobre todo del ex Juez y actual Ministro de Justica de Bolsonaro, Sergio Moro. En este proceso el sitio The Intercept Brasil publica mensajes privados entre Moro y Deltan Dallagnol, fiscal jefe del la operación Lava Jato, en las cuales queda evidente el uso de procedimientos judiciales con fines partidarios. Los festivales que se multiplican por todo el país, cantan resistencias y sensibilizan a las personas. El Brasil de hoy repite su resistencia, pero en este momento con una fuerza aún más potente y con la promesa de avanzar hacia una sociedad capaz de mirarse, comprenderse e iniciar un proceso de construcción de una sociedad distinta, sin espacio para el ascenso de otros Bolsonaros, por lo menos mientras podamos seguir escribiendo poesía.

 
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Brasil: el gigante en manos de un izquierdofóbico

Dibujo: Rafael Limaverde

por Amanda Graviola

Bolsonaro: ¿Trump brasilero?

Desde hace pocos años, Bolsonaro, el actual presidente electo de Brasil por el Partido Social Liberal (PSL), era reconocido como el “Trump brasilero”. Las coincidencias se daban, sobre todo, por el discurso contra migrantes, LGBTIs,  personas negras y el desprecio por las mujeres. A pesar de intentar incorporar y adaptar en Brasil el discurso nacionalista de Trump, el militar tuvo más popularidad al lograr dialogar con la población con las temáticas del momento en Brasil, la operación Lava-Jato y la criminalización del Partido de los Trabajadores (PT) en un período en que la población estaba movilizada y cuando el líder del PT recién había sido encarcelado. Mientras el odio de la población aumentaba, el discurso punitivista ganaba sentido en la sociedad brasilera. La idea de tolerancia cero con los hechos de delincuencia en todos los ámbitos aparecía como la única salida posible  en el país marcado históricamente por casos de corrupción y altísimos índices de violencia. Las diferencias entre el empresario estadounidense y el militar brasilero de a poco se mostraban evidentes.

Para el pragmático Trump –cuya madre y abuelos son migrantes– tiene valor lo que puede ser convertido en ganancia, si la agenda de derechos humanos y medio ambiente fueran lucrativas, muy probablemente el presidente de los Estados Unidos no la atacaría de forma tan efusiva. Es una diferencia fundamental entre los dos estadistas –más allá de que personalmente los dos sean racistas, homofóbicos y sexistas–. Bolsonaro se vale de su ideología militarista, su autoritarismo es bien más una creencia que una forma de garantizar la imposición de una determinada agenda política. Mientras Trump rechaza la pauta ambiental porque ésta afecta a los negocios estadounidenses; el equipo de Bolsonaro alega que algunos puntos de la pauta ambiental, como el cambio climático, son una invención de la izquierda. Si el objetivo de Trump es mantener los Estados Unidos como primera potencia mundial, lo de Bolsonaro es librar al país de las garras de la izquierda, deshacer todos los programas sociales desarrollados durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff y garantizar que las fuerzas progresistas sean aniquiladas. El “America first” de Trump es el “desideologizar el país” de Bolsonaro.

¿Cómo Bolsonaro quiere “limpiar” el país?

Los últimos días fueron marcados por noticias y hechos que evidencian el modos operandi bolsonarista. Las evidencias que dan cuenta del involucramiento de la familia Bolsonaro con las milicias cariocas fueron noticia a nivel mundial. El asesinato de la concejala brasilera del Partido Socialismo y Libertad (PSOL-RJ), Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes, volvió a los periódicos con la sorprendente noticia de que el hijo del presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), había tenido dentro de su gabinete como funcionarias a  la madre y la esposa del jefe de la organización sospecha del asesinato.  Adriano Magalhães da Nóbrega, el jefe de la organización criminal, es buscado por la policía. Entre los años 2003 y 2005, Adriano fue homenajeado por el ex diputado Flávio Bolsonaro quien elogió su compromiso en el ejercicio de su deber como policial militar, concediendo al teniente una medalla de honor al merito.

El diputado electo por tercera vez por el Rio de Janeiro, Jean Wyllys, y también del PSOL-RJ, renunció a su mandato. El único parlamentario brasilero abiertamente homosexual y defensor de los derechos de la población LGBTI y de los derechos humanos, Jean dijo que va a dejar el país por las amenazas de muerte que viene sufriendo; hace más de dos años el diputado es acompañado por guardaespaldas. Aún cuando eran colegas en la cámara baja, el presidente Jair Bolsonaro difundía noticias calumniosas respecto del diputado Jean y lo hostigaba sistemáticamente. Después del anuncio de Jean de dejar el país, el presidente publicó en su cuenta de Twitter “Gran día” –desmintiendo el hecho minutos después– , y, pasado un día del anuncio de Jean, Bolsonaro insinuó que el diputado estaría dejando el país por estar involucrado en el atentado que sufrió durante su campaña a la presidencia de Brasil.

El último 15 de enero, Bolsonaro firmó un decreto que flexibiliza la posesión de armas de fuego en Brasil. En discurso el presidente declaró “el pueblo decidió que quería comprar armas y municiones. No podemos negar el derecho a la legítima defensa”. Según el Mapa de la Violencia, el número de femicidios incrementó en los últimos años. El año 2013 las armas de fuego fueron el medio más usado en los homicidios de brasileras. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Brasil es el quinto país dónde más asesinan mujeres en el mundo.

Fuentes:

https://www.history.com/news/donald-trump-father-mother-ancestry

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/01/20/interna-brasil,731799/estudos-mostram-que-mais-armas-aumentam-violencia-contra-a-mulher.shtml

 
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Gobierno bolsonarista: ecocidios y genocidios anunciados

Foto: Eraldo Peres/AP

Marta Musić y Vanessa Dourado

Se espera un millón de personas en Brasilia, el martes 1 de enero de 2019, para la ceremonia de posesión de Jair Bolsonaro, elegido Presidente de Brasil en octubre de 2018. Todas las polémicas y declaraciones consideradas como apología al racismo, xenofobia, homofobia y sexismo, y la alerta internacional que vinculaba la figura de Bolsonaro a líderes fascistas como Hitler y Mussolini no bastaron para frenar el ascenso y posterior elección del ex capitán del ejército. La composición del nuevo gobierno desvela cómo el país será gobernado los próximos cuatro años y augura un horizonte muy preocupante para el país y la región.

Una de las preocupaciones del nuevo presidente es eliminar el pensamiento crítico y de izquierda, y atacar las escuelas y universidades que no comulguen con las ideas del gobierno. Eso ya era el caso durante la campaña electoral, cuando eventos y clases que abordaban la temática del fascismo fueron cancelados por las autoridades electorales. Según las autoridades judiciales, estos eventos y clases perjudicaban el candidato. Después de la victoria de Bolsonaro, miembros del PSL (Partido Social Liberal) incitaron a estudiantes a denunciar los docentes críticos con el futuro presidente. Un día antes de tomar el cargo, Bolsonaro habló sobre eliminar “la basura marxista” de las escuelas y que el Ministerio de Educación – dirigido por el colombiano Ricardo Vélez Rodríguez– trabajaría para que las escuelas puedan formar ciudadanos y no militantes políticos.  

El Ministerio de Deporte, Cultura y Desarrollo Social fue transformado en el Ministerio de la Ciudadanía y Acción Social; su ministro, Osmar Terra, también fue Ministro de Desarrollo Agrario durante el gobierno de Temer. Por ello, es el responsable de la reducción de los beneficiarios del programa Bolsa Família  –uno de los principales programas de erradicación del hambre en el país–. Asimismo, Osmar desarrolló el Plano Progredir con el objetivo de estimular el emprendedurismo y la inserción en el mercado de trabajo. Una de las propuestas actuales que ya era objeto de evaluación durante el gobierno de Temer, es la reducción de la edad laboral mínima por debajo de los 14 años.

El Ministerio de Derechos Humanos fue transformado en el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos y estará a cargo de la pastora evangelista Damares Alves. El gobierno de Bolsonaro defiende la prohibición del aborto en casos de violación y riesgo de muerte de la persona gestante, más allá de apoyar al Estatuto do Nascituro –que prevé un plan de apoyo financiero y psicológico para que la persona violada siga con el embarazo y que el violador cumpla con sus obligaciones de “padre”–. La Funai (Fundación Nacional del Indio, por su sigla en portugués) debe ser incorporada a ese ministerio. Damares es abiertamente anti derechos indígenas y Bolsonaro ya anuncia que las tierras de los pueblos originarios serán reducidas durante su mandato.

La futura Ministra de Agricultura, Tereza Cristina, defensora del uso de agrotóxicos, fue la líder de la banca ruralista en la Cámara Baja. Cristina trabajó activamente contra los programas de desarrollo sustentable de los pueblos originarios y comunidades tradicionales brasileras. En conjunto con otros diputados terratenientes, la futura ministra sugirió que líderes indígenas y profesionales que trabajan por los derechos de los pueblos tradicionales sean investigados judicialmente. Los principales financiadores de las campañas electorales de Teresa son empresarios vinculados al agronegócio, muchos de ellos involucrados en asesinatos de indígenas en la región de Mato Grosso do Sul.

Ernesto Fraga Araújo, elegido por Bolsonaro como Ministro de Relaciones Exteriores, es un negacionista del cambio climático que prometió eliminar el “marxismo cultural” de las relaciones diplomáticas de Brasil y dijo que el cambio climático era una “conspiración marxista”. El nuevo gobierno tiene la intención de seguir enteramente las políticas de los EE.UU. y de apoyar a Trump, su negacionismo climático, su discurso racista y sobre todo, sus alianzas con Israel. Brasil, que apoyaba Palestina, se posiciona ahora como fiel aliado de Israel y de su presidente Netanyahu, como lo muestra la decisión de mudar la embajada de Brasil de Tel-Aviv a Jerusalem.

Ricardo Salles, un abogado ultraliberal, fue elegido como Ministro del Medio Ambiente. Esta decisión fue muy criticada por varias organizaciones ambientales que han denunciado sus proyectos que profundizan el cambio climático y la catástrofe ambiental. Apoyado por el lobby ruralista y de la agroindustria, Salles promueve un agenda anti-ambientalista y ecocida con políticas de intensificación de la deforestación de la Amazonia, la explotación minera en zonas protegidas, la comercialización de pesticidas y el cuestionamiento de los Acuerdos de París (de los cuales ya salieron los EE.UU.). Durante su tiempo como secretario de Medio Ambiente del estado de São Paulo en 2016 y 2017, Salles fue acusado de improbidad administrativa cuando modificó los planes de gestión de una zona de protección ambiental para favorecer a empresas privadas. La postura negacionista del nuevo gobierno se destaca también con la renuncia  de organizar la COP 25 una de las conferencias mundiales más importantes sobre el medio ambiente en Brasil.  

Sérgio Moro será el Ministro de Justicia y Seguridad Pública del nuevo gobierno. El reconocido juez responsable por el encarcelamiento de Lula y famoso por su línea “tolerancia cero con la corrupción” tendrá como colegas por lo menos tres ministros involucrados en denuncias por su participación en casos de corrupción pasiva, lavado de dinero y desvío de dinero público en los ministerios de Salud, Medio Ambiente y en la Casa Civil.

El nuevo gobierno de Brasil –con solo dos mujeres y ningún/a afro-descendiente–  está compuesto por miembros del ejército, ultra-derechistas, escéptico-climáticos y evangelistas. Representa una grave amenaza para los Derechos Humanos y para el medio ambiente en el país, la región y el mundo. El año 2019 trae muchos desafíos e incertidumbres para las mayorías sociales y cobra madurez de las izquierdas. En un contexto global de giro neo-fascista, dar una respuesta unitaria y contundente se volvió una necesidad urgente así como la lucha y la construcción colectiva de proyectos políticos –con todas sus diferencias– capaces de frenar el avance reaccionario y defender los derechos fundamentales de los pueblos.  

 
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Del Síndrome de Estocolmo con Bolsonaro a la recuperación de la sociedad brasilera

Imagen: Rafael Limaverde

Vanessa Dourado y Oscar Vargas

A la espera del resultado de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, la pregunta que se hace es siempre por qué Bolsonaro crece entre aquellos y aquellas que supuestamente deberían repudiarlo: personas negras, LGBTs, mujeres, pobres.

No es sencillo comprender el bolsonarismo. Hay muchos análisis, todos intentando dar cuenta de una parte del fenómeno –un esfuerzo importantísimo para lograr construir un hilo de comprensión más amplio de lo que pasa en este momento histórico– sin embargo, entre todos los análisis, lo que realmente es repudiable es la idea de que el pueblo es idiota y no tiene capacidad de hacer un análisis crítico de la realidad.

Muchas de las personas que hoy hacen análisis de esta naturaleza son las mismas que elevan el “hacer política” o el “comprender la sociedad” a reflexiones alejadas de la realidad de la mayoría y desde la comodidad de la academia.

La izquierda iluminada se hace ver en muchos de los discursos vacíos de sensibilidad a la realidad concreta de quienes sufren con una de las más duras crisis del capitalismo y que, también por esto, incorporan una lógica neoliberal que tiene que ver con la meritocracia y el individualismo.

Las personas que van a votar el próximo 28 de octubre a Bolsonaro no son estúpidas, realmente buscan una respuesta lógica, una salida para su condición económica que les pueda garantizar sostener la vida, que les garantice un empleo, una mínima forma de cambiar sus realidades. La izquierda se ha convertido en una aparente amenaza, de un lado está el miedo de perder lo que fue conquistado: propiedad, estatus social, los mínimos privilegios alcanzados en el último período, incluyendo el empleo. De otro lado está el miedo de pérdida de las libertades individuales. Las crisis de representatividad, institucional y la pérdida de credibilidad en las formas tradicionales de hacer política, hacen con que figuras como las de Bolsonaro ganen fuerza.

Es en esa esfera donde vale la pena entender la información sobre las noticias falsas que abundan en estos momentos gracias al auge de redes sociales y servicios de mensajería como whatsapp: estas reflejan no la “realidad” que estudian los académicos o que buscan presentar los periodistas formales; presentan los profundos temores esperables de gente que quiere no solo sobrevivir sino mantener la esperanza. Aunque algunos crean que la esperanza obvia del oprimido es la liberación, lo que se observa es que muchas veces está en la ilusión de ser como el opresor, en la riqueza que no se tiene, en actos de profundo egoísmo liberal. Los momentos de ruptura a esa realidad solo llegan cuando la seguridad de arriesgarse para transformar colectivamente es mayor a la creencia de que se puede estar siempre ganando en soledad contra el mundo. Esa seguridad para arriesgarse hoy día ha perdido espacio no solo por la falta de creatividad política de la izquierda sino también por la fuerte hegemonía que el capital mantiene aun en nuestras vidas. Ese “sálvese quien pueda”, propio del mundo económico, ahora se expresa en el ámbito electoral como la negación  del otro –a veces también la eliminación del otro–, reproducción del principio económico donde solo sobrevive el “más fuerte”.

La demanda anti-institucional es canalizada para lo que mejor responda a la necesidad del orden frente al caos social, y no interesa quien sea y cuales métodos proponga, el fin es lo más importante: la estabilidad. También es una repuesta a lo que fue, durante mucho tiempo, reconocido como violencia frente a una sociedad conservadora y que no era exteriorizado: el repudio al feminismo, al movimiento negro, indígena y LGBT. En este sentido, el sexismo, la homofobia, la xenofobia y el autoritarismo encuentra en la figura de Bolsonaro un punto en común. Al mismo tiempo esto resulta funcional para la resistencia, ya que queda nítido  quienes defiendan la diversidad tienen que asociarse para enfrentar esta gigante amenaza.

En el aspecto religioso, Bolsonaro, que es católico, gana los votos tanto de evangelistas como de las personas católicas. En sus vídeos de campaña, el candidato afirma que evangélicas y católicas deben respetarse y que las personas de fe deben juntarse. Afirma que, siendo católico, muchas veces, frecuenta la iglesia de su esposa que es evangélica. Su defensa por los valores de la familia y de la moral se posiciona arriba de los dogmas religiosos. En este caso, una vez más, se apuesta por la salida individual, representada en la familia monoparental, en donde el cuidado no se identifica como un ejercicio social sino solamente restringido a quienes comparten el vinculo sanguíneo inmediato. Es una derrota a la realidad colectiva en que vivimos, lo que tendrá consecuencias inclusive para las familias más tradicionales que no logren acumular lo mínimo de dinero para sobrevivir: la pobreza familiar será la consecuencia de olvidarse del apoyo mutuo comunitario.

La negación de la política es un elemento que no pude ser olvidado, está presente en varios procesos y, en los últimos años, parece ser una tendencia mundial. Frente a esto, cuestionar a la democracia burguesa, que es funcional al los intereses del capital, en lugar de insistir en mantener un Estado fallido con el objetivo de construir un nuevo sentido político que no sea la vieja política de la izquierda, que valida y reproduce la democracia representativa, se hace urgente frente a las amenazas del avance de un autoritarismo vía electoral y de la total fractura de los pactos dichos democráticos de la pos-dictadura cívico-eclesiástico-militar. Es hora de recuperar las sociedades que han sido colonizadas por el ideal de la individualidad autodestructora. Las elecciones no son el último momento para esta disputa.


Esta es la segunda parte de reflexiones escritas a propósito de la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta de las presidenciales en Brasil. Si quieren leer la primera parte pueden consultar acá: La elección brasilera de la democracia autoritaria

 
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El primer pulso del presidente Duque: las y los estudiantes

Gonzalo Bravo Neira

Multitudinarias marchas adornaron las principales ciudades de Colombia en lo que será recordado como el primer reto en las calles que tendrá que afrontar el presidente de ese país: el paro convocado por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES). Esta reciente organización nació luego que, tanto en marzo como en septiembre del presente año, se realizaran Encuentros Nacionales de Estudiantes de Educación Superior (ENEES) en el último de los cuales se convocó a la jornada de protesta del 10 de octubre y a la construcción de un paro indefinido. Los encuentros y la naciente organización habrían pasado del nacimiento al pabellón de los movimientos sociales olvidados si no hubiera sido por que dicha protesta fue seguida por más de 20 universidades públicas del país y varias privadas, quienes en todas las ciudades principales protagonizaron grandes movilizaciones, siendo Bogotá la más representativa con una marcha que podría estar entre los 40.000 y 60.000 participantes.

La respuesta del gobierno no se ha hecho esperar: en la tarde del mismo día anunció que asignaría cerca de ciento treinta millones de dólares (US 129.217.732) al sector de la  educación. Sin embargo, dicha respuesta es insuficiente ya que es el dinero que los estudiantes piden solo para este año; exigen que se programe cerca de mil doscientos noventa y tres millones de dólares (US 1.292.177.321) más para el presupuesto del 2019. Este es solo uno de los 10 puntos que tienen como pliego de peticiones en el cual plantean de frente reformas que garanticen de nuevo una educación superior financiada completamente por el Estado.

Este gran paro llega un poco más de dos meses después de haberse posesionado el presidente Ivan Duque, quien logró llegar a la presidencia por una amplia coalición de partidos políticos ideológicamente distintos, donde lo único que los unió fue su rechazo al candidato opositor Gustavo Petro. No resulta extraño que sea justamente el ahora senador Petro uno de los que trate de utilizar estas movilizaciones como forma de mantenerse vigente en la discusión pública. Desafortunadamente, esta intromisión de partidos políticos en las agendas gremiales lo único que provocan es suplantar el liderazgo naciente del movimiento estudiantil, tratando de acaparar desde la política institucional a los movimientos sociales. Sin embargo, no parece que sea un movimiento solo orientado desde un sector de la política.

Muestra de esto es que la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, la más grande y prestigiosa del país, y el rector de la Universidad del Cauca (una de las principales del suroriente del país) acompañaron las manifestaciones; esto pone de manifiesto que las marchas, más que ser orientadas por las agendas ideológicas de x o y partido, responden a la crisis del sistema público de educación superior que está llevando inclusive a sus directivos a tomar las calles. En semanas anteriores la rectora Dolly Montolla afirmó que antes de diciembre la Universidad Nacional de Colombia requería alrededor de diecinueve millones de dólares (US 19.384.169) para poder seguir funcionando. Ella misma ha expresado en los espacios directivos de la universidad que “en el empalme del presidente Iván Duque se planteó la situación de la Universidad: primero era 70% pública y ahora es al revés, pero ellos hablan de 50-50, nos ponen metas, no hay más recursos”. Si estas son las cifras de la Universidad pública que recibe la mayor cantidad de presupuesto, puede suponerse aun peor la crisis que sufren las universidades más pequeñas y regionales.

Frente a este pulso, el presidente Duque tiene por lo menos dos vías: seguir con la desfinanciación que atraviesa el sistema desde la década de los noventas y que lo ha llevado a donde está hoy o prestar atención a las demandas de los y las estudiantes, que recogen en últimas los anhelos de una buena parte de la población que sigue viendo en las universidades el lugar por excelencia para el ascenso social. Sin embargo, si se sigue las declaraciones del presidente las anteriores semanas, donde pidió al congreso el aumento de más de medio millón de dólares para el ministerio de defensa (US646.371.637), se puede deducir que la inversión se priorizará para el sector defensa y no el de educación; esta decisión se  está justificando con la excusa de la reciente  tensión diplomática que atraviesa con el vecino país de Venezuela.

Lo más probable es que el anuncio del aumento de este año por parte del presidente, respondiendo a las protestas estudiantiles, no logre desmovilizar las masivas protestas. Inclusive, puede esperarse que este gesto se tome como un incentivo por parte del estudiantado, quien puede utilizar esto como prueba que si se puede exigir aumento presupuestal para su sector. Por lo tanto, se verá las próximas semanas nuevas expresiones de este movimiento estudiantil en las calles y con ello la primera gran puja que el inexperto gobernante tiene que enfrentar como rector de las riendas del Estado colombiano.

 

 
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La elección brasilera de la democracia autoritaria

Vanessa Dourado y Oscar Vargas

A pesar de las más grandes movilizaciones de mujeres en Brasil, rechazando la candidatura de Jair Bolsonaro a la presidencia del país, el político de derechas ha ganado la primera vuelta electoral. Esto confronta la idea que la democracia está en las calles y muestra la importancia del voto de opinión que, como se ha visto en las últimas elecciones en Colombia, está fuertemente anclado a factores emocionales del electorado: las derechas latinoamericanas utilizan los llamados morales al orden, se aprovechan de la LGTBIfobia para atacar los discursos de género e infunden miedo a la imposibilidad del consumo en lo que denominan posibles “dictaduras castro chavistas”. La gente vota siguiendo muchas veces estos ideales y valores que, aunque parezcan retrógrados, siguen marcando agendas de gobierno.

Las movilizaciones conocidas como EleNão, que recuerdan al mismo tiempo el carácter patriarcal del sistema político brasilero, tuvieron una masiva participación en más de 100 ciudades siendo representativas las que se llevaron a cabo en São Paulo, con más de veinticinco mil personas, y Rio de Janeiro, con más de cien mil personas. Las manifestaciones fueron respondidas con otras menos asistidas a favor del candidato, sin embargo, el resultado electoral fue todo un contraste.

Dichas diferencias se dan a pesar que, según datos de BBC News Brasil, desde el final de la dictadura cívico-militar-eclesiástica no había una diferencia tan grande entre los votos de varones y de mujeres. Es decir, en la intención de voto era mayor el apoyo a Bolsonaro entre los varones que mujeres. Los resultados electorales hablan entonces que una parte de las mujeres si están apoyando al político de derecha. No obstante, si se contabilizan solo los votos de las mujeres, los candidatos Haddad y Bolsonaro hubieran tenido la misma cantidad de votos, si se tienen en cuenta solo los votos de los varones, Bolsonaro hubiera ganado en primera vuelta.

Dichas movilizaciones estuvieron de la mano de un crecimiento en el activismo virtual electoral; uno de los mejores ejemplos fue el grupo de facebook Mulheres Unidas Contra Bolsonaro, el cual estaría detrás de varias de las convocatorias a movilizarse. Con casi cuatro millones de participantes, el grupo ayudó a construir un espacio de sociabilidad contra la candidatura del ex coronel, encuentro que se trasladó al espacio físico de las calles. Aunque la excusa central fue lo electoral, tanto la virtualidad como las calles demostraron que la voz de las mujeres hoy se levanta como actor central que no puede volverse a ignorar. La potencialidad que tiene debe entenderse más allá de lo electoral ya que carga en si la crítica a la exclusión sistemática de las mujeres de las tomas de decisiones que les afectan, en el caso particular del Brasil, especialmente este factor está marcado por el racismo estructural e institucional ya que la mayoría de la población brasilera es negra y es este el sector de la sociedad más pauperizado. También las mujeres indígenas tuvieron una participación importante es las protestas del último 29 de septiembre.

A pesar de estas grandes movilizaciones, la discusión electoral presenta características que no pueden olvidarse y explican la victoria de Bolsonaro: el candidato representa por un lado a las viejas y nuevas oligarquías rurales que ven en su candidatura la posibilidad de proyección del agronegocio; así mismo el discurso misógino, xenófobo, racista y homofóbico recoge las aspiraciones sociales que distintos sectores, inclusive muchos de ellos empobrecidos, ven como ideal social: ese al final es el resultado del ideal que las iglesias evangelistas promueven como orden social. Finalmente, algo de su apoyo es resultado del rechazo a la forma de gobernar los últimos años por el partido del ex presidente Lula da Silva: la sombra de corrupción terminó convirtiéndose en una excusa para que varios medios de comunicación, sumado a un poder judicial parcializado, motivaran a que los votantes vieran una opción en el llamado castrense al orden de Bolsonaro. No puede descartarse la tendencia mundial a la ultra-política, negación de la política con tendencias autoritarias, a veces con salida a la violencia militarizada y a la deshumanización, siguiendo la línea de Trump en Estados Unidos.

Ahora empieza el camino para la segunda vuelta de las elecciones. Este debería conocerse mejor como la apuesta por el “mal menor”. Se vio en Colombia cuando sectores del electorado votaron por un candidato sin experiencia como Duque, solo para que no quedara Petro quien era demonizado como un guerrillero al poder; y en el mismo sentido muchos de los que en primera vuelta no habían votado por Petro lo hicieron en segunda para impedir que llegara Duque, quien representaba la vuelta a los tiempos del gobierno de un ex presidente que permitió los peores crímenes del paramilitarismo en el país. La discusión con Bolsonaro será similar: votar por el nuevo orden social autoritario que promete reorganizar al Estado o por la apuesta socialdemócrata que sigue utilizando a la pobreza como caballito de batalla para ganar el control de la burocracia estatal. El electorado llegará a la segunda vuelta en Brasil con una polarización que no da como resultado votar por el candidato deseado sino por el que puede vencer al que no se desea. Aunque en cada uno de los bandos electorales se ataque al otro diciendo que no entiende la realidad, hay que enfrentar los resultados: los votantes son conscientes de a quien votan, hay en disputa proyectos de sociedad.

Luego de las elecciones se mantiene la necesidad que el movimiento social se articule para darle solución a las necesidades de sus vidas. Una de las esperanzas que tiene Brasil son justamente las mujeres que se han movilizado. Ellas ya saben que al patriarcado se lo puede no solo enfrentar sino también acabar, porque sus luchas les han permitido ir a la universidad, empezar a ganar un poco más, e inclusive cuestionar la desigualdad de salarios, lograr tener derechos igualitarios como trabajadoras, y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. El Estado no es el único lugar donde se confronta al patriarcado, por eso seguramente los próximos años veremos las consecuencias de este movimiento en otras esferas de la vida.

 
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El Banco de la Iglesia Universal recibe apoyo de los gobiernos brasileros

Edir Macedo

Por Camila Gonzalez Iglesias

El Banco AJ Renner con sede social en Porto Alegre y controlado por la familia Renner, vendió, en 2013, el 49% de la empresa BA Emprendimientos y participaciones del Grupo Record, del cual es socio mayoritario en un 90% el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), Edir Macedo.

El inicio de esta transacción fue en el año 2009, pero Macedo por leyes brasileras al tener su domicilio establecido en EE.UU. no podía adquirir las acciones. La ex presidenta Dilma Rousseff por decreto estableció que Macedo podía adquirir parte del Banco Renner. Un nuevo decreto (9.367/18), de mayo de 2018, Michel Temer –quien ocupa el cargo de presidente de Brasil tras un golpe institucional– estableció que la participación extranjera en el Banco Renner podría incrementarse hasta el 80%.

El partido asociado a la IURD es el Partido Republicano Brasilero (PRB),  fundado en el año 2005, siendo un aliado del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones presidenciales del 2006. El empresario José Alencar Gomes da Silva –uno de los dirigentes del PRB– fue vicepresidente de Ignacio Lula da Silva. Actualmente, el PRB participa del gobierno de Temer por medio de Marcos Pereira, quien se encuentra en licencia como obispo de la iglesia universal. Pereira es actualmente Ministro de Industria, Comercio y Servicios, quien a su vez se encuentra denunciado por recibir fondos de empresas privadas a cambio de préstamos preferenciales del gobierno, denuncia que aun no ha sido judicializada.

Edir Macedo, quien según Forbes tiene un patrimonio superior a U$S1200 millones, tuvo varias causas tanto en Brasil como en Latinoamérica. En el año 2012, bancos mexicanos cerraron cuentas de la Iglesia Universal a partir de denuncias por lavado de dinero.

Los favores al banco de la Iglesia Universal no solo se dieron en términos nacionales, también han habido acuerdos favorables a AJ Renner por parte del municipio de Rio de Janeiro. Desde el año 2016 el sobrino de Maceo llamado Marcelo Crivella es el intendente de Rio de Janeiro por el PRB. En la segunda vuelta de las elecciones cuando el PRB resultó electo, Crivella obtuvo 1,7millones votos; sin embargo, el total de personas que se abstuvieron de votar, votaron en blanco o impugnaron su voto  fue de 2 millones.

En el año 2017, la Ciudad de Rio de Janeiro firmó un acuerdo con AJ Renner para que pueda dar créditos a personas que trabajan para la municipalidad y que el pago de los mismos se descuente de su salario. Asimismo, se ofrece una línea de crédito exclusiva para propietarios de inmuebles alquilados a la IURD. El acuerdo tiene vigencia hasta junio de 2019 y fue publicado por el municipio carioca.

La Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) es una institución de carácter político, económico y religioso multinacional que genera sus ingresos a partir de los aportes de quienes participan en eventos de la misma. La IURD se encuentra presente en más de 100 países y fue fundada en 1977 por Edir Macedo. En la actualidad, cuentan con más 22 millones de personas seguidoras de las palabras de sus líderes.

 
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En medio de la destrucción también hay tiempo para la solidaridad

Efraín González Téllez

Recientemente la organización palestina Stop The Wall (Paren el Muro) ha realizado un vídeo en el que pide a la justicia Hondureña no dejar en la impunidad el caso del asesinato de Berta Cáceres, sucedido ya hace más de dos años. La organización a la que pertenecía esta lider, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, denuncia que detrás del delito estarían los dueños de la Corporación Hondureña para el Desarrollo Energético (DESA) quien era la constructora de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, contra la cual se opuso activamente la líder indígena.

Stop The Wall es una coordinación de comités de lucha popular de varios pueblos afectados por el muro de apartheid que Israel ha construido para encerrar a Cisjordania; trabaja hace más de quince años no solo denunciando la ocupación militar que sufren sino defendiéndose de la destrucción sistemática que realiza el Estado ocupante. Esta organización y muchas otras personas del pueblo palestino están en estos momentos acampando a las afueras de un pueblo beduino que está amenazado a destruir: Khan Al Ammar. La razón por la cual van a destruirlo es, según la Suprema Corte de Israel, por que se realizaron construcciones ilegales de casa y escuela. Esto por que según la ley israelí los palestinos en el territorio ocupado deben pedir permiso al Estado de Israel para construir en su propio territorio. Sin embargo, resulta conveniente la decisión ya que este pueblo está justo en medio de dos grandes colonias ilegales israelíes, Ma’ale Adumim y Kfar Adumim, y por lo tanto destruirlo permitirá una mayor conexión entre las mismas.

El video se realizó al mismo tiempo que más de 15 organizaciones palestinas hicieron público un manifiesto de solidaridad con el COPINH, en la que afirman que: “DESA efectivamente ha constituido parte de una estructura criminal, los bancos que han financiado el proyecto conociendo sus implicaciones y el gobierno de Honduras han brindado total apoyo al proyecto y a la represión de los defensores de los derechos humanos. Todos aquellos que planearon, ordenaron y contribuyeron al asesinato de Berta deben rendir cuentas”.

Estas muestras de solidad aparecen en la semana que iniciaba el juicio en Tegucigalpa donde se definiría los responsables del crímen. Sin embargo, el COPINH y la familia de Berta Cáceres presentaron una acción de recusación contra el Tribunal de Sentencia de Sala Primera, quien tiene el caso por que según sus palabras: “rechazamos su accionar y su aptitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso”. También en sus redes sociales denunciaron que la empresa DESA contrató a personas para que se manifestaran a favor de la misma frente al tribunal, en lo que parece un intento más de esta empresa para influenciar las decisiones que tiene que tomar la justicia.

El COPINH ha sido una organización que desde 1993 ha buscado la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos en ese país, y esta lucha les ha llevado a enfrentarse a megaproyectos como las represas que atentan contra la integridad de sus territorios. En medio de estas fuertes luchas Berta Cáceres, una de sus fundadoras y quien en el 2015 por su resistencia logró el premio medioambiental Goldman, fue asesinada el 2 de marzo del 2016 en su casa. Desde entonces su proceso y familia han luchado para que no se quede impune su asesinato.

Las razones por las cuales se presentan las manifestaciones de solidaridad desde Palestina son, en palabras de las organizaciones de ese territorio, porque “Israel ha contribuido históricamente a la represión contra los movimientos sociales y políticos en Honduras. Israel ha ofrecido armas y entrenamiento para la represión a partir de los años 80, incluido el apoyo a “los contras” con base en Honduras. Hoy el presidente Juan Orlando Hérnandez (JOH) se enorgullece de ser un aliado cercano de Israel. En agosto de 2016, JOH firmó un acuerdo militar con Israel que apunta a fortalecer las fuerzas armadas, la Oficina Nacional de Investigación e Inteligencia y la creación de un proyecto de ciberseguridad. El armamento y las técnicas de represión que Israel exporta a Honduras han sido probadas y utilizadas sobre los palestinos como parte del régimen de apartheid, colonialismo y ocupación de Israel. Los drones que Honduras compró a Israel el año pasado con fines de vigilancia han sido desarrollados y utilizados especialmente contra la población palestina en Gaza para imponer un asedio abrupto y repetidas masacres”.

El llamado que hacen desde el país asiático es a evitar que el militarismo siga oprimiendo a ambos pueblos, y activar la solidaridad para derrotar la opresión. Al mismo tiempo el COPINH ha hecho varias llamadas a visibilizar el caso de Berta Cáceres, lo que ha provocado respuesta de varios países del mundo entre los que están pobladores de Estados Unidos, Italia, México, Colombia y Guatemala.

Por lo pronto el juicio se encuentra suspendido y entre tanto la organización hondureña llama a realizar presión sobre las autoridades para garantizar que se haga justicia. Entre otras acciones piden:

“Cartas a autoridades hondureñas: Es importante presionar a las autoridades y evidenciar la importancia de que se realice un juicio que aborde los temas fundamentales en cuanto a la muerte de Berta, incluyendo: *Falta de acceso a la información: hasta la fecha, los fiscales del Estado han incumplido cuatro órdenes judiciales para que entreguen a las víctimas y los representantes, las pruebas de las búsquedas realizadas en 2016 en las oficinas de DESA. En 36 ocasiones distintas, se han negado a proporcionar información a los abogados de la familia sobre la investigación. Esta información es importante para vincular a los autores intelectuales con el asesinato. La audiencia de proposición de prueba está programada para el 23 y 24 de agosto y es vital contar con la información para esta fecha. *COPINH merece ser escuchado como víctima en el juicio. El 27 de julio, el tribunal decidió que el COPINH no podía ser representado durante el juicio, a pesar de que el artículo 17.3 del Código Penal de Honduras establece que, para los delitos que afectan a un negocio o sociedad civil, los miembros de la sociedad son víctimas. Esta decisión está siendo apelada. Envía las cartas a COPINH (solidaridad@copinh.org) con copia a: Embajadas de Honduras en el exterior (ver aquí para más información); Presidencia de Honduras (Juan Orlando Hernández) juanorlandohernandez@gmail.com; Poder judicial (Rolando Argueta) reargueta@poderjudicial.gob.hn; Ministerio Público (Óscar Chinchilla) : mprelacionespublicas@gmail.com”

 
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Elecciones en Brasil: la vieja política y la eterna conciliación

Foto: Ricardo Stuckert

Por Amanda Graviola

El próximo 7 de octubre, Brasil elegirá su próximo presidente de la república bajo un contexto de Golpe Institucional  y de un proceso electoral dudoso y cuestionado por la comunidad internacional:  el ex presidente Lula da Silva no podrá participar de la disputa aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU por su Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –de lo cual Brasil es signatario desde hace 9 años–­ haya demandado su participación hasta que se agotasen los recursos en su contra. A pesar de tener sus derechos políticos violados, la decisión del PT y de las izquierdas, hasta el momento, fue  de participar del proceso ilegítimo, validando reglas regresivas del juego democrático.

La decisión por la vía electoral, en lugar de la toma de las calles y rechazo de participar del proceso, habla mucho de Brasil y de su situación frente a todas las demás violaciones de los derechos sociales del pueblo brasilero. Brasil es un país dónde la política y la policía son usadas para proteger privilegios en lugar de garantizar la dignidad de las personas. Bajo el gobierno golpista de Michel Temer –el cual fue elegido por PT para ser el vice de Dilma Rousseff–, el país viene perdiendo  peso geopolítico por no respetar normas internacionales que garantizan derechos humanos, civiles, políticos y sociales. Frente a la demanda de la ONU sobre el caso de Lula da Silva, el Ministro de Justicia Torquato Jardim acusó a la ONU de “intromisión política e ideológica indebida en un tema técnico-legal”. La inseguridad jurídica, que se nota por la contundente judicialización de la política, es un hecho que también tiene impactos importantes sobre la economía.

Es en este contexto de “aceptamos cualquier cosa” es que figuras como Jair Bolsonaro (PSL)–considerado el Trump brasilero­– entra en la escena de la disputa presidencial y logra ganar la atención de la población, por demostrar garantía de “orden y autoridad”. En este sentido Bolsonaro, quien hoy tiene un 19% de las intenciones de voto con su discurso vacío de propuestas pero novedoso en su forma –tolerancia cero–, es comprendido como rupturista.  Mientras la izquierda es percibida como mantenedora del proyecto que fue rechazado en las calles durante los años anteriores. Es notorio la imposibilidad de (re)crear un hilo conductor entre el deseo popular y la política –ya bastante desacreditada en las instituciones–. La creencia  que la mano dura resuelve la situación, sobre todo de la corrupción,  pudo ser comprobado en la última huelga general de los camioneros que pedían intervención militar durante el paro, hace que la retórica agresiva de Bolsonaro encuentre la simpatía del pueblo, sobre todo del público masculino.

En el último importante debate donde participó Bolsonaro, el presidenciable dijo que la grieta salarial entre mujeres y varones no es una cuestión electoral, defendió la castración química como salida para resolver la violencia de género que llega a 60 mil violaciones y 1.133 femicidios por año en Brasil y defendió el porte de armas como una forma de defensa del “ciudadano de bien” frente a la violencia que sólo en el año de 2017 dejó 63.880 muertos . Todo esto en un país que  tiene un índice de muertes violentas mayor que países en situación de guerra. La mayoría de las personas muertas son negras y pertenecen a las clases más vulneradas de la sociedad, lo cual contrasta con  que  Bolsonaro sea defensor de la meritocracia y  conocido por sus declaraciones racistas.

Con la eventual posibilidad  que Lula sea expulsado de la disputa electoral, el elegido por el PT como  sustituto es Fernando Haddad. El Partido de los Trabajadores apuesta que el carismático y popular Lula pueda transferir sus votos al académico y ex alcalde de San Pablo. Tras la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), el PT dijo que va a apelar al Superior Tribunal Federal (STF) para que Lula tenga el derecho de registrar su candidatura en los próximos diez días. Mientras tanto,  Haddad sigue recorriendo el país y recibiendo el apoyo de aliados, incluyendo figuras que apoyaron el golpe que destituyó la ex presidenta Rousseff.

 
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Brasil reacciona contra las desmedidas de Temer

Foto: EBC

Por Vanessa Dourado

Con un gobierno ilegitimo, corrupto e impopular, Brasil sufre las consecuencias de años de conciliación combinadas con un avance reaccionario no tomado en serio por el conjunto de la izquierda la cual no sólo no supo cumplir con su rol de izquierda, sino también se alejó de tal manera de las bases que ni siquiera encuentra formas de apoyarlas en momentos de insurgencia espontánea.

La huelga de los camioneros en Brasil –que ya es hoy una de las más importantes de la Historia del país– abre una oportunidad para un análisis del nivel del impacto político, económico y cultural del golpe institucional sobre el tejido social por un lado; y por otro, también permite una caracterización de las izquierdas.

Con un inicio difuso, la huelga de los camioneros fue, en un primer momento, caracterizada como Lock Out patronal –y hay sectores que siguen creyendo en esta caracterización, sea por incapacidad de lectura o por oportunismo político en contexto electoral–. Hay un sector que sólo apoya a lo que pueda dirigir, ninguna novedad en la clásica disputa burocrática. Las centrales sindicales, frente a la movilización de los trabajadores, en lugar de llamar un paro general, prefirieron colocarse a disposición para mediar las negociaciones con el gobierno.

Sin embargo, también hay un sector que está con miedo de salir a protestar por un motivo legítimo y después ser instrumentalizado por un movimiento pro dictadura. Se notan reivindicaciones, aparentemente espontaneas, que solicitan una intervención militar. El apoyo a la intervención militar por muchxs de lxs que están en las calles tiene muchos matices, no es un consenso y tampoco es mayoría, pero asusta. La crisis de representatividad y el discurso anticorrupción instalado por los medios de comunicación hegemónicos que, en gran medida, llevaron la población a apoyar el impeachment de la presidenta electa Dilma Rousseff, el año de 2016 y también al encarcelamiento del expresidente Lula, son los elementos centrales del pedido por la intervención.

El desconocimiento de gran parte de la población sobre lo que fue el período de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, en Brasil y en la región, es una realidad la cual parece ser una sorpresa para muchxs. La idea de que la intervención rescate la moral de la política y la figura del político convencional visto como agente de la corrupción, es un hecho y, en este caso, no hay diferencia entre derecha o izquierda en el ideario popular. Esto también ayuda a comprender porque Jair Bolsonaro –el Trump brasilero– es el segundo favorito en las encuestas presidenciales, con un 19% de intenciones de voto, según la última investigación del  Ibope (Instituto de Brasilero de Opinión Pública y Estadística).

En este contexto de presión del mercado financiero a Temer, de convulsión social y de equívocos de las izquierdas, surge la oportunidad de encontrar puntos de acuerdo entre las fuerzas progresistas y también de reconocer las grietas históricas que necesitan ser cerradas. La radicalización de la democracia no se dará en una sociedad que ve en la autoridad y en la violencia institucional la salida para su crisis.

La incertidumbre sobre lo que viene por adelante después de Temer haber decretado el GLO (Garantía de la Ley y del Orden) –es importante destacar que el decreto no suspende garantías constitucionales– para permitir la actuación de las fuerzas armadas en todo el territorio con el objetivo de desobstruir las vías e intimidar al movimiento de los trabajadores, generó un sentido de urgencia, pero parece que aún no fue suficiente. Mientras las centrales emitieron una nota de repudio a la respuesta de Temer, la población y los frentes populares Pueblo Sin Miedo y Frente Brasil Popular están en la calle, apoyando la lucha de los camioneros.

El próximo 30 de mayo, los trabajadores petroleros convocan un paro por 72 horas contra la alza en el precio de los combustibles, contra la privatización de Petrobras y por la renuncia de su presidente Pedro Parente.

 

 
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Lula y el desafío de Brasil frente a la crisis de representatividad

IMAGEN: Jefferson Coppola

Por Vanessa Dourado

Los últimos acontecimientos en Brasil llaman la atención por su nitidez estratégica. No hay más pudor en demostrar que la embestida golpista se profundiza. La forma con la cual el Superior Tribunal Federal  (STF)  juzgó a Lula es una evidencia de esto.

Utilizando argumentos políticos, los ministros  negaron el habeas corpus a Lula. Apelaron, en la instancia que juzga cuestiones de constitucionalidad,  a  argumentos anti-corrupción y defendiendo que habría que escuchar al “sentimiento social”. Según el especialista Nabor Bulhões –en entrevista a Folha de São Paulo– el reemplazo del principio de la legalidad por el sentimiento de la nación ya llevó a tragedias históricas, como se nota en el párrafo 2° del Código Penal  alemán del nazismo: “Delito es todo lo que hiere el sano sentimiento de la nación aria”.

Mientras los ministros hablaban “en nombre de la nación”, el pueblo salió a las calles a denunciar la condena del expresidente sin pruebas y sin legitimidad constitucional. Las protestas  parecían no existir para los medios de comunicación y para los juristas. La conmoción de los ministros fue selectiva.

La persecución política a Lula llega a su máxima expresión. El insólito juzgamiento –que seguramente entrará a la historia como una aberración jurídica– dejó el camino abierto para que el expresidente vuelva a movilizar las bases. Mientras se consolidaba el veredicto, muy probablemente ya acordado en alguna mesa de negociación palaciana, los movimientos sociales  tomaban las calles. El intento de rescatar algún mínimo dispositivo democrático confrontaba a la autoridad de las togas politizadas.

Frente al fallo que fue comprendido como grave ataque a la democracia y como un avance reaccionario con rasgos fascistas, las izquierdas se juntaron para resistir, denunciar y dialogar. Mientras los medios intentaban construir la imagen de un Lula delincuente,  la movilización en las calles decía que Lula seguía ocupando el lugar del más importante líder popular de la historia reciente de Brasil. La burbuja se rompió y ya no se podía esconder lo que estaba pasando en el país.

La apuesta en despolitizar a la sociedad para lograr ascender al poder por las vías electorales había fallado. Lula, a pesar de todo, es el elegido del pueblo, sigue liderando las encuestas presidenciales. El pueblo, marcado por la agonía de la hambruna, tiene memoria fuerte y no hay análisis político de la más alta calidad que pueda borrar esto. Las contradicciones de Lula y del PT, la política de conciliación sin límites y las negociaciones características de los gobiernos progresistas latinoamericanos no obstaculizaron la unidad para resistir al enemigo común.

Aún en luto por el asesinato de Marielle Franco y Anderson Gomes, la condena violenta y autoritaria a Lula entremezcla impresiones; el sentimiento de una vuelta al pasado es inevitable, la amenaza concreta, el discurso del odio, las agresiones a las personas por sus ideas y la censura. El enemigo creado por los medios de comunicación y sus socios está listo para nacer y explotar.

Pero algo se aprendió. Lula, tal vez, ya con la madurez de sus 72 años y una envidiosa habilidad política, haya querido decir que es necesario cambiar los métodos, cuando salió a hablar de la necesidad de nuevos y jóvenes liderazgos  junto a Boulos y Manuela irguiendo los puños para defenderse de lo inevitable.

Todavía aún no se ha llegado a los límites. Las potentes protestas sociales que tomaron las calles contra las reformas  y el ajuste impuestos por Temer, las huelgas,  las tomas de los colegios y la primavera feminista tienen un grado de radicalidad distinto de las manifestaciones que se dan hoy en Brasil. Si defender la democracia es esencial, defender la vida concreta de unx aún es lo que más convoca y contiene un germen rupturista sin lo cual no es imposible cambiar las estructuras.

La apuesta a las elecciones es un camino –y en el contexto actual esta elección es importante para el rumbo del país, ya que el segundo favorito es Jair Bolsonaro, candidato de la extrema derecha–,  todavía no debería ser el único ni lo más importante. Brasil, este país tan grande, diverso y despolitizado necesita empoderarse. Las voces y los cuerpos de las favelas, la fuerza de la juventud, la resistencia de los pueblos indígenas, el coraje de las mujeres, la osadía de los movimientos LGBT y de negros y negras entrecruzando las peleas entre el campo y la ciudad, son los que pueden, realmente, modificar el futuro del país. Todo lo demás es parte pequeña de una pintura que contiene el paisaje, pero a la que le falta los personajes.

Para ello, pensar la democracia afuera de los espacios institucionales es clave. Lograr canalizar el rechazo por la política –comprendida por el conjunto de la sociedad como institucionalidad– para la construcción de poder popular y horizontal es el camino más plausible para frenar el avance autoritario de las fuerzas reaccionarias. Mientras no se comprenda que la disputa por el poder es la principal responsable por lo que está pasando en Brasil hoy, no habrá figura, por más popular y representativa que sea, que tenga condiciones de hacer con que la Historia no se repita como farsa.

 

 
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La detención de Lula y la resistencia en las calles

Foto: Lula luego de su discurso. Francisco Proner

Por Amanda Graviola

Brasilia

El último 4 de abril, el Supremo Tribunal Federal brasileño decidió, con una votación apretada -5 a favor y 6 en contra- negar el pedido de habeas corpus al expresidente Luiz Ignacio Lula da Silva.

La orden de detención emitida por el juez Sergio Moro, sólo pocas horas después del fallo del Tribunal Supremo, fue cumplida el 07 de abril de 2018. Durante los dos días anteriores, hasta el momento de su detención, el expresidente estuvo en el simbólico Sindicato de los Metalúrgicos de San Pablo, donde se construyó su trayectoria política. Desde del día del anuncio que Lula no podría gozar de sus derechos fundamentales, la militancia del PT y varios de los más importantes movimientos sociales de Brasil acompañaron al expresidente afuera de la sede del Sindicato.

Los movimientos sociales y las principales fuerzas de izquierda del país convocaron a marchas, actividades y actos en defensa de la democracia. También en repudio a la decisión de condenar a Lula sin pruebas en una nítida embestida política que viene direccionando las tomadas de decisión del judiciario brasileño en los dos últimos años.

A pesar de las movilizaciones y del histórico discurso de Lula, que en parte es la defensa que le fue negada en los tribunales, los medios de comunicación trataron de reforzar la narrativa de que ¨la justicia había sido cumplida¨, es decir, la orden de detención de Lula.

Alrededor de 30 mil personas acompañaron la salida del expresidente a la sede de la Policía Federal en San Pablo. Ellas gritaban y pedían que Lula no se entregara. Aclamado y abrazado por la gente, Lula logró salir de San Pablo con la dignidad de tener el mayor liderazgo político del país en la actualidad, además de ser favorito en las encuestas presidenciales.

La prensa internacional se posicionó de forma preocupada con la detención de Lula y con la destrucción del pacto democrático que garantiza los derechos básicos de la población. Declaraciones de apoyo a Lula y en defensa de la democracia brasileña continúan llegando desde varios movimientos sociales, liderazgos políticos y de Derechos Humanos y de la comunidad artística e internacional.

Desde del golpe palaciego que destituyó a la presidenta electa Dilma Rousseff, el país viene sufriendo importantes ataques contra los derechos sociales y una agresiva política de austeridad. El 14 de marzo, la concejala brasileña Marielle Franco y el conductor de su vehículo, Anderson Pedro Gomes, fueron fusilados por las fuerzas policiales en la provincia de Rio de Janeiro. Rio está bajo una Intervención Federal decretada por el presidente ilegítimo Michel Temer. Marielle era militante por los Derechos Humanos, además de siempre haber denunciado el genocidio del los jóvenes favelados por las fuerzas represivas del Estado.

En Curitiba, el mismo día 07 de abril, a la noche, dónde Lula debía presentarse a la justicia, miles de manifestantes esperaban al expresidente. Lxs manifestantes fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas policiales locales con balas de goma y gas lacrimógeno.

Foto: Represión en Curitiba

A pesar de la represión, en el día de hoy, 8 de abril, más de mil personas se encuentran acampando frente a la Policía Federal en Curitiba. La militancia del PT y los movimientos sociales prometen resistencia.

 

 
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Brasil: una dictadura de baja intensidad

Foto: Portal do PT - Ataque al Colectivo de Abogadas y Abogados por la Democracia

Por Vanessa Dourado

El último 27 de marzo, dos de los tres colectivos que hacen parte de la caravana del expresidente Lula por el Sur de Brasil fueron impactados por balas.

La región Sur del país, que es la que más manifiesta pedidos de intervención militar y  en la cual los movimientos anti-PT, anti-Izquierda y anti-Lula son los más violentos, además de ser caracterizada por una postura conservadora y elitista resaltada, ha sido el palco de sistemáticos ataques de odio. Lo que más llama la atención, todavía, es la transición de lo simbólico para lo concreto, o sea, los discursos se están materializando en ataques reales contra la integridad física de las personas.

 

Pérdida de registro

 Lo que pasa en Brasil hoy es una pérdida de registro de lo que sería el Estado Democrático de Derecho. Desde hace tres años, cuando se arquitecta –y luego se consolida– el golpe palaciego que destituyó a la entonces presidenta electa de Brasil Dilma Rousseff, el país viene atravesando una crisis importante respecto las instituciones y también a la política en su conjunto.

Las calles que ya en el año de 2013, con las llamadas “Jornadas de Junio”, manifestaban, por parte de un número ínfimo de personas, simpatía por la implementación de un régimen militar, hoy están tomadas por una intolerancia que se incrementó notablemente.

El movimiento de 2013, sin pertenencia y sin una agenda nítida por parte de las mayorías quienes no sabían bien porqué se estaban manifestando –a pesar del movimiento haber sido iniciado en repudio a los aumentos de los pasajes del transporte público– tomó a los líderes de las derechas, apoyados por los medios masivos de comunicación, como referentes.

Compuesta por una bancada conservadora y fundamentalista, además de terrateniente y autoritaria, la mayoría de los liderazgos en el espacio institucionalizado de poder encontraron –a destacar como factor importante la debilidad y fragmentación de las izquierdas– el camino pavimentado para manipular las masas en su favor.

Ya en el año 2016, las protestas en favor del impeachment de Dilma guardaban un fuerte elemento fascista difícil de ser identificado por muchos sectores de las izquierdas. Empieza en este momento una ofensiva de criminalización hacia  la izquierda en su totalidad, y no más a Lula y al PT, como imaginaban estos sectores.

Las agresiones verbales, simbólicas y físicas a las personas que, aparentemente, representaban una ideología “de izquierda” se fueron intensificando y el conjunto de la izquierda brasileña no supo comprender las señales.

Poco a poco, se fueron abriendo los espacios para movimientos reaccionarios, para una judicialización de la política –que de forma impresionante ha ganado un espacio de referencia importante–, para los discursos meritocráticos que excluyen las camadas históricamente perjudicadas del país, como las comunidades negras y faveladas, además de las comunidades indígena y LGBT y el movimiento de mujeres. Las retoricas cargadas de elementos religiosos, autoritarios y nacionalistas ganaron mucha fuerza en un espacio de tiempo muy acotado.

Brasil hoy

Con la persecución hacia Lula por el proceso del triplex, fue posible comprender mejor cómo y porqué se dieron los procesos anteriores. Sin embargo, el país ya se encuentra en una casi total falencia de lo que sería el pacto democrático. Mientras algunos intitulan en momento como siendo de una “democracia de baja intensidad”, lo que pasa hoy en Brasil más bien podría nombrarse como una dictadura de baja intensidad, o sea, el proceso ya ha comenzado –a pensar si realmente la dictadura tuve un fin, ya que los sectores más vulnerables sufren desapariciones forzadas, tortura y violencia institucionalizada y que la policía militar en Brasil nunca se ha extinguido–.

El asesinato de Marielle Franco y la intervención militar en Rio de Janeiro, así como el ascenso de figuras reaccionarias como a la de Jair Bolsonaro –apuntado como el Trump versión Brasileña– muestran  que es necesario un fuerte movimiento que sea capaz de frenar el proceso de radicalización que tiende al crecimiento con la proximidad de las elecciones presidenciales el 7 de octubre.

La resistencia

Frente a los ataques directos y el atentado contra la vida del expresidente, así como al conjunto de la militancia

Foto: Portal do PT

del PT, la izquierda da muestras de resistencia. El 28 de marzo, un día después del atentado sufrido por Lula y su equipo, el precandidato a la presidencia por el PSOL, Guilherme Boulos y la precandidata a presidencia por el  PC do B, Manuela D´Avila, estuvieron con Lula en la última actividad de la caravana por el Sur del país. Lxs precandidatxs resaltaron la urgencia en construir unidad contra el fascismo y en defensa de la democracia.

(Vídeo: Rogério Tomaz Jr.)

 
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La política militarista en Brasil y Argentina

Foto: Viomundo, Intervención militar en Rio de Janeiro

Vanessa Dourado

El ascenso de las derechas en Latinoamérica es marcado, entre otros hechos, por un avance de las fuerzas represivas del Estado justificado por el combate a la violencia y a las drogas ilegales combinado con los discursos del miedo difundidos por los medios de comunicación. La búsqueda de popularidad por parte de los gobiernos de las derechas  a través de la espetacularización de medidas cosméticas las cuales no tienen la capacidad de resolver los problemas de fondo es un factor que debe ser analizado con cuidado.

El último 16 de febrero, el presidente ilegitimo de Brasil, Michel Temer, decretó una intervención federal con el uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública de la provincia de Rio de Janeiro, alegando que la situación del crimen organizado en Rio sería “una metástasis que se propaga por el país y amenaza a la tranquilidad del pueblo”. La polémica medida que guarda una carga simbólica importante visto que esta es la primera vez, desde la promulgación de la Constitución de 1988 –concebida en el proceso de redemocratización pos dictadura militar-civil-empresarial-eclesiástica (1964-1985)– que se decreta una intervención de esta naturaleza.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la provincia de Rio de Janeiro sufre intervención de las fuerzas armadas en la seguridad pública. Según la profesora y especialista en Seguridad Publica, Jacqueline Muniz, desde 1992 –cuando Rio recibió La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, conocida como “Cumbre de la Tierra Eco-92”– la provincia venía sufriendo sistemáticas intervenciones de las fuerzas armadas con resultados poco efectivos y sin transparencia con relación a los informes de las operaciones. Jacqueline también alerta sobre el uso político y electoral de las medidas tomadas en momentos clave  del escenario político nacional.

La decisión de la intervención ocurrió días antes de la discusión del texto de la Reforma Previsional para posterior votación, que será el próximo 19 de febrero. Según el artículo 60 de la Constitución, ninguna modificación constitucional puede ser hecha mientras haya un proceso de intervención federal en alguna provincia del país. El gobierno niega cualquier intento de maniobra en la votación de la Reforma Previsional, alegando que se podría suspender la intervención para garantizar la votación del texto, especialistas afirman que la suspensión no está amparada por la constitución.

Brasil, desde el proceso de golpe palaciego que destituyó a la presidenta electa Dilma Rousseff, viene sufriendo modificaciones importantes en cuanto a la garantía de los Derechos Humanos a través de una política de ajuste marcada por varias medidas de retirada de derechos sociales.

En los últimos meses, bajo el aspecto mediático del golpe, la narrativa de que “el bandido bueno es el bandido muerto” viene tomando un lugar importante en varios sectores de la sociedad. En este proceso, los políticos de la línea “mano dura” han tenido un importante aumento de su popularidad.

Imagen: Presidencia. Macri recibe al asesino Chocobar

En Argentina, siguiendo esta misma línea, el presidente Mauricio Macri, en los últimos días, salió en defensa de un agente de la policía que asesinó por la espalda a una persona que había robado la billetera de un turista en el barrio de La Boca. Macri dijo “Como ciudadano, no entiendo cómo en el fallo dice que hizo todo bien pero en el último instante se excedió. Estamos hablando de un policía que perseguía a un asesino”. La ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich también salió en defensa del policía afirmando que “Tenemos que cuidar a los que nos cuidan”.

 
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Sistema judicial: la arbitrariedad de las togas

IMagen: Gazeta do Povo

Por Vanessa Dourado

El Supremo Tribunal Federal (STF)  es la instancia más alta del poder judicial brasilero. Su función es asegurar que la Constitución Federal de 1988 sea protegida y cumplida. También conocida como Constitución Ciudadana, la Constitución Federal de 1988 es la séptima Constitución de Brasil y fue editada en el periodo de redemocratización que se dio con la finalización de la dictadura militar-civil-empresarial-eclesiástica (1964-1985).

La nueva constitución tuvo como objetivo dar fin al régimen de excepción donde las garantías sociales e individuales eran restrictivas y también impedir nuevos golpes. Las principales características del periodo dictatorial eran: la falta de democracia, supresión de los derechos constitucionales, censura, persecución política y represión. Conceptos como “Estado de Derecho” y “Estado Democrático” fueron suprimidos por el Poder Ejecutivo y el país pasó a ser gobernado por Actos Institucionales –conocidos como AIs.

El período de 1979 a 1985 se inicia el retorno del pluripartidarismo y una campaña llamada “DiretasJá” inauguró el proceso de elección directa, por medio de voto popular, a los cargos del poder ejecutivo y legislativo.

El intento de, por medio de una constitución, poner fin a procesos autoritarios y garantizar imparcialidad en los juicios no es lo que realmente ocurre cuando analizamos los hechos. A lo largo de la historia de Brasil, algunas evidencias demuestran que los jueces, en pleno ejercicio de su autoridad, están lejos de actuar de forma imparcial. Algunas decisiones, consideradas “errores históricos”, tomadas por el poder judicial, son pruebas de la incapacidad de tomada de decisión orientada por motivos político-partidarios.

El año 1936, durante el gobierno de Getulio Vargas,  los ministros del STF no brindaron el Habeas Corpus a Olga Benário –militante alemana de origen judía y compañera de Luís Carlos Prestes, miembros de la organización revolucionaria ANL (Alianza Nacional Libertadora)– para que esta no fuera expulsada del país bajo el argumento de que Olga sería una amenaza al orden público y nociva a los intereses del país. La decisión del STF terminó en la deportación de Olga a Alemania, allí ella fue transferida a diversos campos de concentración nazistas. El año 1945, fue asesinada en una cámara de gas. La confirmación de su muerte fue recibida al término de la Segunda Guerra Mundial.

Los “errores” del sistema judicial siguen su curso. Las formas autoritarias y la parcialidad en los juicios aún son un problema que es naturalizado e ignorado. El último 24 de enero, el expresidente Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión. Basado en interpretaciones, sin pruebas materiales que puedan fundamentar la condena, Lula será impedido de participar de las elecciones de 2018.

Durante el proceso de investigación de la Operación Lava-Jato, el poder judicial auto-legitimó su arbitrariedad y develó la cara de la justicia una vez más. La justicia que ya tiene veredictos sin necesitar pruebas, así como pasa con la juventud negra de las favelas brasileras –condenada y asesinada sumariamente por el simple hecho de existir.

Tal vez aún no se pueda mensurar la gravedad de los procesos del golpe palaciego que destituyó a la presidente electa, bajo las leyes constitucionales vigentes, Dilma Rousseff. Tal vez la miopía analítica no permita comprender que el autoritarismo sigue siendo la base del poder que, tanto en dictadura como en democracia, sirve para mantener la pseudojusticia legitimada por las togas y los privilegios de los que nunca dejaron, verdaderamente, de ejercer su poder.

 
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Condena a Lula, consolidación del golpe

Foto: Lula en congreso del PT. REUTERS

Por Vanessa Dourado

 

El próximo 24 de enero, en  Brasil, el expresidente Lula da Silva será juzgado por el llamado “proceso del triplex”. El juicio será en la ciudad de Porto Alegre (PR).  El 12 de junio del 2017, Lula fue condenado en primera instancia a cumplir 9 años y seis meses de prisión en régimen cerrado por el juez Sergio Moro, responsable por los juicios de los crímenes de la operación Lava-Jato –que lleva este nombre porque las operaciones fraudulentas de funcionarios públicos se realizaban en estaciones de servicios para no generar sospechas–. La operación Lava-Jato comenzó en marzo del 2014, es una operación que tiene por objetivo investigar delitos de lavado de dinero, corrupción pasiva y activa, gestión fraudulenta y obstrucción de la justicia por partes de miembros del gobiernos, agentes administrativos del Estado y empresas privadas de grande porte. Sin embrago, fue en el año 2005, con el llamado escándalo del Mensalão, que se dio inicio a todo el proceso de investigación a través de una denuncia de corrupción divulgada por la revista Veja.

El proceso

La acusación en contra del expresidente es que este habría recibido un departamento tríplex en la ciudad de Guarujá, San Pablo, por la constructora OAS. Sin embrago, el departamento en cuestión se encuentra a nombre de la constructora y no hay documentos que puedan comprobar la titularidad del expresidente.

Las evidencias que llevaron a la condena de Lula en primera instancia son basadas en el orden cronológico de factos y en la construcción de una narrativa condenatoria que surge de la misma banca acusadora.

En esta construcción narrativa, se deduce que el departamento sería de Lula –aunque no haya documentos que lo comprueben–, porque en el año de 2005 la esposa de Lula, Marisa Letícia, había comprado una cuota del Edificio Solaris con opción de compra definitiva de la propiedad. Es esa ocasión, el edifico estaba a cargo de la empresa Bancoop. El año de 2010, presentando dificultades financieras, la empresa transfiere los  trabajos para que la empresa OAS prosiga con el emprendimiento. Con la transferencia del proyecto a otra empresa, los propietarios podrían optar por desistir de la inversión o permanecer con la propiedad, pero pagando un valor más alto. Marisa dejó de pagar las cuotas del departamento  141. El año 2014, la empresa OAS reforma el departamento número 164-A. El año de 2015, el Instituto Lula pide el resarcimiento de los valores pagos por el departamento 141, comprado por Marisa.

A partir de los hechos arriba narrados, la acusación presume que el departamento 164-A es de Lula. La evidencia es basada en la reforma de un departamento que nunca fue de Lula, ya que la propiedad adquirida por Marisa Letícia fue la número 141. Según el juez Sergio Moro, Lula se benefició por las reformas del departamento realizadas por la empresa OAS. El juez fundamentó sus afirmaciones en documentos adulterados donde el número original del departamento se modificó con lapicera. Las frágiles evidencias apuntadas por Moro son fundamentadas en la tesis de que el expresidente habría recibido un pago de propina –vía reforma del departamento que no es de Lula–, más allá del testimonio del  expresidente de la empresa OAS, José Aldemário Pinheiro, vía delación premiada. La negociación de la delación de Pinheiro fue formalizada después de su condena a 16 años e cuatro meses de prisión por su involucramiento en el esquema de corrupción en la Petrobras.

Las implicaciones políticas

En caso que el expresidente fuera condenado en segunda instancia, no podría concurrir en las elecciones presidenciales de 2018. Lula lidera las encuestas con un 45% de popularidad, según el Barômetro Político Estadão-Ipsos.

El juez Sergio Moro, responsable por la condena de Lula, fue uno de los facilitadores del proceso de impeachment de la presidenta electa Dilma Rousseff que terminó reconocido y legitimado como Golpe Institucional o Golpe Palaciego en el año 2016.

Desde que asumió la presidencia de Brasil vía golpe, Michel Temer –con menos de 3% de aprobación popular– viene llevando a cabo un paquete de medidas de austeridad con aprobaciones de leyes consideradas las más retrogradas de la historia del país. Con un fuerte vínculo con el sector empresario, Temer busca en las privatizaciones y en la retirada de los derechos laborales y sociales, agradar a las corporaciones.

El segundo en intenciones de voto las encuestas presidenciales es el actual Diputado Jair Bolsonaro (PP-RJ). Apuntado como el Trump versión brasileña, el diputado y militar de reserva defiende a la dictadura militar, es abiertamente racista y homofóbico. Durante el proceso de impeachment de la presidenta Dilma, Bolsonaro votó en favor de la destitución y dedicó su voto al Coronel Ustra, encargado del centro de represión de la dictadura y torturador de Dilma. El año de 2014, el Diputado dio una entrevista en las instalaciones de la cámara baja diciendo que sólo no violaría a la Diputada Maria do Rosário (PT-RS) porque ella no lo merecía, dando a entender que un varón puede elegir a las mujeres las cuales quieren violar de acuerdo con sus patrones de elección.

Las izquierdas y el apoyo a Lula

La falta de pruebas para la condena de Lula, la politización del judiciario y la judicialización de la política son puntos clave que unen a las izquierdas en Brasil en defensa del derecho de candidatura de Lula. Se entiende que la condena de Lula es la consolidación del golpe, no obstante esta defensa no es de amplio consenso.

Los partidos de izquierda radicales plantean candidatura propia. La mayoría defiende el derecho de expresidente a ser candidato, aunque no van a apoyar a su candidatura por comprender que el PT ya no responde a las demandas del pueblo y sigue trabajando en una línea de conciliación de clase.

El PCdoB lanzó la precandidatura de la Diputada Manuela D’Ávila a la presidencia y el PSOL apuesta en nombre del referente del MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo), Guilherme Boulos y también analiza la viabilidad de la líder indígena Sônia Guajajara como posibles precandidates.

El último 19 de diciembre, el PT  lanzó el manifiesto “Elección sin Lula es Fraude”. El manifiesto plantea que Lula es víctima de abuso por parte del sistema judicial y denuncia la celeridad en la tramitación del proceso de Lula en el TRF4 (Tribunal Regional Federal de la 4ª Región). Más de 150 mil firmas ya fueron reunidas, entre ellas las de personalidades, políticos e intelectuales de todo el mundo.