Efraín González Téllez

Recientemente la organización palestina Stop The Wall (Paren el Muro) ha realizado un vídeo en el que pide a la justicia Hondureña no dejar en la impunidad el caso del asesinato de Berta Cáceres, sucedido ya hace más de dos años. La organización a la que pertenecía esta lider, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, denuncia que detrás del delito estarían los dueños de la Corporación Hondureña para el Desarrollo Energético (DESA) quien era la constructora de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, contra la cual se opuso activamente la líder indígena.

Stop The Wall es una coordinación de comités de lucha popular de varios pueblos afectados por el muro de apartheid que Israel ha construido para encerrar a Cisjordania; trabaja hace más de quince años no solo denunciando la ocupación militar que sufren sino defendiéndose de la destrucción sistemática que realiza el Estado ocupante. Esta organización y muchas otras personas del pueblo palestino están en estos momentos acampando a las afueras de un pueblo beduino que está amenazado a destruir: Khan Al Ammar. La razón por la cual van a destruirlo es, según la Suprema Corte de Israel, por que se realizaron construcciones ilegales de casa y escuela. Esto por que según la ley israelí los palestinos en el territorio ocupado deben pedir permiso al Estado de Israel para construir en su propio territorio. Sin embargo, resulta conveniente la decisión ya que este pueblo está justo en medio de dos grandes colonias ilegales israelíes, Ma’ale Adumim y Kfar Adumim, y por lo tanto destruirlo permitirá una mayor conexión entre las mismas.

El video se realizó al mismo tiempo que más de 15 organizaciones palestinas hicieron público un manifiesto de solidaridad con el COPINH, en la que afirman que: “DESA efectivamente ha constituido parte de una estructura criminal, los bancos que han financiado el proyecto conociendo sus implicaciones y el gobierno de Honduras han brindado total apoyo al proyecto y a la represión de los defensores de los derechos humanos. Todos aquellos que planearon, ordenaron y contribuyeron al asesinato de Berta deben rendir cuentas”.

Estas muestras de solidad aparecen en la semana que iniciaba el juicio en Tegucigalpa donde se definiría los responsables del crímen. Sin embargo, el COPINH y la familia de Berta Cáceres presentaron una acción de recusación contra el Tribunal de Sentencia de Sala Primera, quien tiene el caso por que según sus palabras: “rechazamos su accionar y su aptitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso”. También en sus redes sociales denunciaron que la empresa DESA contrató a personas para que se manifestaran a favor de la misma frente al tribunal, en lo que parece un intento más de esta empresa para influenciar las decisiones que tiene que tomar la justicia.

El COPINH ha sido una organización que desde 1993 ha buscado la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos en ese país, y esta lucha les ha llevado a enfrentarse a megaproyectos como las represas que atentan contra la integridad de sus territorios. En medio de estas fuertes luchas Berta Cáceres, una de sus fundadoras y quien en el 2015 por su resistencia logró el premio medioambiental Goldman, fue asesinada el 2 de marzo del 2016 en su casa. Desde entonces su proceso y familia han luchado para que no se quede impune su asesinato.

Las razones por las cuales se presentan las manifestaciones de solidaridad desde Palestina son, en palabras de las organizaciones de ese territorio, porque “Israel ha contribuido históricamente a la represión contra los movimientos sociales y políticos en Honduras. Israel ha ofrecido armas y entrenamiento para la represión a partir de los años 80, incluido el apoyo a “los contras” con base en Honduras. Hoy el presidente Juan Orlando Hérnandez (JOH) se enorgullece de ser un aliado cercano de Israel. En agosto de 2016, JOH firmó un acuerdo militar con Israel que apunta a fortalecer las fuerzas armadas, la Oficina Nacional de Investigación e Inteligencia y la creación de un proyecto de ciberseguridad. El armamento y las técnicas de represión que Israel exporta a Honduras han sido probadas y utilizadas sobre los palestinos como parte del régimen de apartheid, colonialismo y ocupación de Israel. Los drones que Honduras compró a Israel el año pasado con fines de vigilancia han sido desarrollados y utilizados especialmente contra la población palestina en Gaza para imponer un asedio abrupto y repetidas masacres”.

El llamado que hacen desde el país asiático es a evitar que el militarismo siga oprimiendo a ambos pueblos, y activar la solidaridad para derrotar la opresión. Al mismo tiempo el COPINH ha hecho varias llamadas a visibilizar el caso de Berta Cáceres, lo que ha provocado respuesta de varios países del mundo entre los que están pobladores de Estados Unidos, Italia, México, Colombia y Guatemala.

Por lo pronto el juicio se encuentra suspendido y entre tanto la organización hondureña llama a realizar presión sobre las autoridades para garantizar que se haga justicia. Entre otras acciones piden:

“Cartas a autoridades hondureñas: Es importante presionar a las autoridades y evidenciar la importancia de que se realice un juicio que aborde los temas fundamentales en cuanto a la muerte de Berta, incluyendo: *Falta de acceso a la información: hasta la fecha, los fiscales del Estado han incumplido cuatro órdenes judiciales para que entreguen a las víctimas y los representantes, las pruebas de las búsquedas realizadas en 2016 en las oficinas de DESA. En 36 ocasiones distintas, se han negado a proporcionar información a los abogados de la familia sobre la investigación. Esta información es importante para vincular a los autores intelectuales con el asesinato. La audiencia de proposición de prueba está programada para el 23 y 24 de agosto y es vital contar con la información para esta fecha. *COPINH merece ser escuchado como víctima en el juicio. El 27 de julio, el tribunal decidió que el COPINH no podía ser representado durante el juicio, a pesar de que el artículo 17.3 del Código Penal de Honduras establece que, para los delitos que afectan a un negocio o sociedad civil, los miembros de la sociedad son víctimas. Esta decisión está siendo apelada. Envía las cartas a COPINH (solidaridad@copinh.org) con copia a: Embajadas de Honduras en el exterior (ver aquí para más información); Presidencia de Honduras (Juan Orlando Hernández) juanorlandohernandez@gmail.com; Poder judicial (Rolando Argueta) reargueta@poderjudicial.gob.hn; Ministerio Público (Óscar Chinchilla) : mprelacionespublicas@gmail.com”