Por Editorial Virginia Bolten 

Todo parece suceder casi al mismo tiempo; represión y muerte a distinta escala se suceden con frenesí. La sucesión de imágenes que se muestran sin pudor y sin respeto por la vida muestran una práctica de mercenarixs que están al servicio del mejor postor. Muy lejano de la ética que nosotras aprendemos, construimos -y seguimos construyendo-, la ética  de sostener la vida y de crear condiciones para su reproducción.

Somos testigas de la impunidad y el asesinato en manos del Estado, los denunciamos hoy, pero sufrimos las consecuencias de esa necropolítica que atraviesa nuestras existencias todos los días como mujeres, lesbianas, trans, migrantes y empobrecidas. 

Cuando una pibita muere asesinada en un barrio, nos da a ver que la única política dirigida a las infancias y adolescencias vulnerables es el punitivismo, en momentos en que son estos los sectores más afectados con la crisis sociopolítica que se profundiza sin que haya ninguna preocupación por el sostenimiento de un presente vivible que garantice un futuro para nuestres niñes.

El asesinato de un militante a manos de las fuerzas represivas del Estado muestra, como dice el tango: que “20 años no es nada”. Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fusilados por las fuerzas de seguridad se hacen presentes. El escenario de palos y balas frente a la protesta se ve aún más dramático si pensamos que gran parte de la sociedad avala la política de austeridad, muerte y de quita de derechos básicos -llamados Derechos Humanos-,  tomados por el enojo y la rabia, únicos sentimientos que hoy despierta la política, que no permite pensar más allá de la angustia cotidiana frente a la incertidumbre. Por otra parte  demuestra que la criminalización de lxs que luchan está en la agenda del día de los partidos políticos mayoritarios. 

Desde los medios se intentó criminalizar a la víctima, otra vez, como ya pasó con Maxi y Darío, donde en la mayoría de los casos cuando las víctimas son de los sectores populares, y es otra vez desde el periodismo comunitario y colectivo comprometido que, en este caso la foto reportera Susy Maresca[1], da cuenta de la barbarie policial, reclamando por la vida de Facundo, poniendo en evidencia la atrocidad y el crimen: “Lo-mató-la-policía. Lo-mató-la-policía. Lo-mató-la-policía. ¡y otra vez exigimos justicia!” 

Crear enemigos entre los propios es una táctica para vaciar de sentido y de contenido político los legítimos reclamos que exigen la participación popular en la toma de decisiones sobre temas que les afectan directamente. Negar, criminalizar y punir a quiénes se manifiestan es la forma más fácil de debilitar la fuerza del pueblo organizado, y dejar el camino libre para imponer la voluntad de grupos económicos y político advenedizos que actúan en detrimento del bien común.  

El asesinato de Facuando Molares es una demostración de los tiempos presentes y de los que vienen. Sin embargo el rechazo contundente de una parte importante de la sociedad que sabe que la seguridad no tiene nada que ver con la represión o con la policía, también marca una diferencia política y de sentido. Es una respuesta a quiénes piensan que al pueblo se le puede someter a través de la fuerza, balas, palos, hambre para sostener una deuda ilegítima.

Frente al avance represivo y la guerra virtual que nos quieren imponer, nosotras decimos: por nosotrxs, por todxs lxs que lucharon y en nombre de esa lucha perdieron sus vidas, y por todxs lxs que vendrán. ¡Ni un paso atrás!

[1] en este caso la foto reportera Susy Maresca

Galería de fotos por Marcos Sierras

EDITORIAL

“El cambio climático es la contranarrativa más poderosa que tenemos frente al capitalismo.”

Naomi Klein

Vivimos en la era del Antropoceno –la etapa en que las actividades humanas tienen un impacto significativo y acelerado en el clima de la Tierra y en sus ecosistemas–. Reconocer y discutir sobre la era del Antropoceno no es sólo una cuestión de semántica, es una cuestión política y legal. Y, pese a las evidencias científicas sobre las causas del cambio climático, el negacionismo aún está muy presente y es una estrategia utilizada para deslegitimar las investigaciones.

Frente a esto,  es necesario demarcar que estos cambios están ocurriendo para que se puedan lograr acuerdos legales con base en esta perspectiva, sobre todo de responsabilidad respecto de las consecuencias del aumento de la temperatura global fruto de la alta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

La emisión del dióxido de carbono (CO2) es la mayor responsable del calentamiento global. La principal actividad humana que causa este fenómeno es la quema de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. Las principales empresas relacionadas con estas actividades son gigantes como Shell, Exxon,Chevron, BP y muchas otras que están en el listado de las mayores corporaciones del mundo.

El poder económico y político de estas corporaciones es factor de influencia en la toma de decisiones en las instancias dónde se plantea el control de las emisiones de CO2 con el objetivo de frenar el calentamiento global.

Las COPs –Conferencias de las Partes Sobre Cambio Climático–, desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, vienen trabajando  la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, estos acuerdos son ajustados para no afectar mucho a los más poderosos; no hablan de erradicar el uso de combustibles fósiles, de responsabilidad por daños y prejuicios y tampoco hay un sentimiento de urgencia.

Pensar un cambio en la matriz productiva es fundamental para lograr frenar el calentamiento global y garantizar la manutención de la vida. En este sentido, no se puede dejar de cuestionar al sistema capitalista de producción y a la lógica hegemónica de desarrollo. La economía basada en un crecimiento infinito frente a recursos no renovables, no respetando los límites planetarios, sólo puede llevar el planeta a catástrofes, las cuales ya estamos pasando. Los eventos extremos, sequías, huracanes, aumento del nivel del mar, desapareciendo de especies animales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático, son una realidad concreta, visible e innegable.

Más allá de esto, es menester pensar en términos de justicia climática, porque la problemática del cambio climático no es un tema objetivamente ambiental o físico de la naturaleza, disociado del ser humano, es un problema ético y político. El hambre, la pobreza y la destrucción afectan directamente las poblaciones más vulneradas del mundo. Las sequías y las inundaciones perjudican a los productores y productoras locales que dependen de sus cosechas para subsistir y también implica un aumento en el precio de los alimentos, profundizando la desigualdad social, impidiendo el acceso a una alimentación adecuada, imposibilitando el alcance de la soberanía alimentaria y provocando un aumento del número de refugiados.

En este sentido, los tratados de libre comercio y el modelo neoliberal que permiten a las corporaciones influenciar en las políticas de los Estados y, consecuentemente, destruir nuestra base de construcción democrática, deben ser considerados enemigos de los pueblos. Las privatizaciones del sector público, la desregulación del sector privado y la reducción de la presión fiscal a las empresas son parte de un mismo sistema que tiene por objetivo mantener privilegios a cualquier costo, priorizando lo privado en detrimento del bien común. Desde Virginia Bolten nos preguntamos, ¿Hasta cuando sostendremos el poder de las corporaciones?

Editorial

Sobrevivimos en medio de una obviedad trágica: el financiamiento para matar es mayor que los recursos destinados a la vida¹. Además de los inconvenientes que genera la longevidad de una especie dedicada al hiper consumo, los Estados destinan menos dinero a los sistemas de cuidado que al complejo industrial bélico.

Los sistemas de control, vigilancia y máquinas de matar no tienen ideología: el complejo industrial militar, incidiendo activamente en las decisiones de los gobiernos, es una realidad tanto en la China comunista, los Estados Unidos y la Rusia capitalista o en la Irán de los ayatolas. El problema no son los valores de las instituciones partidarias, sino el modo organizacional de la sociedad contemporánea. El odio es parte fundamental y constitutiva de esta maquinaria de gobernanza.

Los medios de comunicación y la publicidad son pilares de esa gobernanza de muerte. En el documental “Los siglos del yo” de Adam Curtis, se expone de forma nítida cómo es posible la manipulación de las personas a partir de mensajes impartidos en medios masivos que operan desde los deseos. Edward Bernays, sobrino del referente de la teoría psicoanalítica Sigmund Freud, fue el máximo precursor de esta técnica. Se le llama mercadeo (colonialmente marketing) a las estrategias que utilizan las corporaciones globales para intentar definir qué se debe consumir, qué se debe pensar y qué se debe sentir. Un ejemplo paradigmático es el caso de Mario Montoto, el mayor beneficiario a nivel comercial de esta forma de organización global en el territorio denominado Argentina². No es un dato menor que el mencionado empresario sea socio de Daniel Hadad, dueño del periódico digital de habla hispana más leído, “Infobae”.

La cibervigilancia y la comunicación virtual

En este espacio-tiempo ya no solo se trata de grandes guerras físicas en campos llenos de tanques, aviones e infantería. Con el crecimiento del mundo virtual, los ejercicios de dominación se han desplazado a este nuevo escenario de vida y muerte.

En este sentido, es destacable el rol de las nuevas tecnologías para crear un pensamiento común aceptable en la sociedad y para crear ventas para las corporaciones³. Hay algo de esta ficción que alimentamos al ceder la información de nuestras búsquedas a las redes sociales, las cuales no escapan al servicio del militarismo. Recientemente se ha filtrado que Mark Zuckerberg aceptó la solicitud del Partido Comunista Vietnamita de censurar a los críticos del gobierno de ese país. Asimismo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció públicamente que el gobierno Colombiano fingió un ciberataque en medio del Paro Nacional de 2021 para justificar el perfilamiento en redes sociales de quienes criticaban o cuestionaban a las fuerzas armadas.

Cada vez es más común en la agenda de “Defensa” y “Seguridad” de los gobiernos la cibervigilancia, lo cual no resulta asombroso cuando se observa el vertiginoso crecimiento de esta industria que ya se posiciona como una de las amenazas más grandes para los derechos humanos en el mundo. Basta recordar el reciente informe publicado por múltiples medios de comunicación a nivel global, liderado por Forbidden Stories, donde se advierte que con el software israelí Pegasus se ha intervenido la comunicación de más de 600 políticos y funcionarios, 189 periodistas, 64 ejecutivos de negocios y 85 activistas.

Hoy día nuestros datos y comunicaciones digitales son el nuevo campo de batalla y represión militarista.

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1 https://www.dw.com/es/gasto-militar-mundial-tuvo-su-mayor-aumento-en-una-d%C3%A9cada-seg%C3%BAn-sipri/a-53254197

2 Información extraída del libro, No te protegen, te vigilan. Mario Montoto, el empresario a las sombras del poder político.

3Sin embargo, ese común “único” hoy ha pasado a lo común “diverso”. Ya no es necesario dominar desde la homogeneidad sino desde la homogeneidad de la “diversidad”: un holograma real de lo que es la diferencia humana, que solo alcanza a ser una promoción de ciertos lugares validados de enunciación, pocos cupos con los cuales llenar las sillas de la dominación.

EDITORIAL 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la forma de producción de alimentos en el mundo es responsable de un tercio de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Desde hace varios años el Panel Internacional para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) alerta sobre los impactos del Cambio Climático sobre la agricultura. Sin embargo, con el agravamiento del escenario que ahora es de Emergencia Climática con muestras de alcance de puntos de no retorno, es ineludible el debate sobre el impacto de los agrotóxicos sobre el Cambio Climático. Si por un lado la ONU plantea la necesidad de un cambio de dieta que reduzca el consumo de carnes —sobre todo aquellas provenientes de la cría intensiva—, por otro no se puede dejar de discutir los efectos del cambio en el uso del suelo. Porque el suelo, que naturalmente debería ayudar a equilibrar las temperaturas globales, pasó a ser un importante emisor de GEI a raíz del uso intensivo, contaminante y basado en los monocultivos que son sabidamente responsables de la destrucción de la biodiversidad. La tala de bosques y el uso de agrotóxicos va a contramano de las recomendaciones del IPCC. Y si es verdad que un cambio en la alimentación de los seres humanos es urgente, también es verdad que la producción de estos alimentos tiene que ser agroecológica, y no agroquímica. 

La alerta está no solo en los informes de los expertos. Cada día llegan noticias que alrededor del mundo se presentan incendios , inundaciones, olas de calor mortíferas, aumento del número de refugiados climáticos, aumento de la temperatura de los océanos, deshielo de los Polos… Y la lista  podría seguir por más de algunos párrafos. Frente a esta realidad, sin embargo, después de anunciado el Acuerdo de París, el aumento de los GEI han aumentado en lugar de disminuir, y la quema de combustibles fósiles —históricamente la mayor responsable por el actual estado de cosas— tampoco ha disminuido. Las grandes empresas junto a los Estados del Norte Global parecen no preocuparse por el destino de la humanidad. Pareciera que es más fácil pensar el fin del mundo que la pérdida del poder concentrado de las petroleras o del poder de las empresas de agrotóxicos que, no por casualidad, están concentradas en China, Alemania y Estados Unidos. Todas estrellas en el mercado bursátil.

Según la investigadora brasileña Larissa Bombardi, del año 2012 al año 2017, el mercado de agrotóxicos en Brasil —mayor consumidor en el mundo— aumentó un 25%. Larissa argumenta que la especulación en el mercado financiero es el gran impulsor de este incremento tanto por el rol de las materias primas que son negociadas en la Bolsa de Valores como por todo lo que acompaña esta producción para exportación. En Brasil, 7 de los 10 productos más exportados son de origen agropecuario y casi la totalidad de las semillas  utilizadas para la producción son genéticamente modificadas. 

Esa disputa por un mercado que crece a niveles impresionantes parece ser  también la apuesta de Argentina: este país, que es el tercer mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo, aprobó el primer caso de trigo transgénico a nivel mundial. El Trigo HB4, que es tolerante al Glufosinato de Amonio —un poderoso agrotóxico que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), es 15 veces más tóxico que el Glifosato— ahora necesita solo de la aprobación de Brasil para su importación. El mercado brasileño es el principal destino del trigo argentino.

Desarrollado para ser resistente a sequías, el Trigo HB4 fue producido por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), como mencionamos en una nota anterior de Virginia Bolten, en convenio con la empresa de capitales nacionales, Bioceres.  

Lejos de lo que sería deseable para hacer frente a la Emergencia Climática, la producción del trigo es defendida como una forma de adaptación al cambio climático. Sin embargo, el uso de un fertilizante químico aún más contaminante que los tradicionales, es una amenaza al clima. Más allá de esto, presupone un aumento de productividad que significará la expansión de la zona agropecuaria y, por ende, un mayor avance sobre los ecosistemas, en un país que ya tiene 75% de su territorio cultivable tomado por el monocultivo y una concentración de tierras que imposibilita el desarrollo de la agricultura familiar y la producción de alimentos agroecológicos, verdaderas soluciones para recuperar los suelos dañados y producir de forma ecológicamente aceptable dados los retos ambientales impuestos para los próximos años. 

Al asumir su preferencia por una agricultura capitalista que prescinde de los y las trabajadoras, reemplazándolas por aviones y drones fumigadores, sacrificando la salud de las personas y de los ecosistemas en favor del negocio de unos pocos que quieren beneficiarse de un modelo de producción considerado obsoleto, que ya es rechazado en gran parte del mundo, el Estado argentino sigue con su política de inserción en la economía globalizada desde un lugar de subordinación. Si la soberanía comienza por la boca, desde Virginia Bolten preguntamos: ¿qué Argentina se está construyendo para las próximas generaciones?

Fotos: Verónica Raffaelli. En ocasión del #Panazo -Buenos Aires, 17 de agosto de 2021

Fuentes: 

ENSP debate geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a Europa – Larissa Mies Bombardi

Audiencia Pública Autoconvocada: Con nuestro pan NO. Trigo transgénico

EDITORIAL

La sangre indígena y africana que corre por las venas de los pueblos de América Latina dejó de ser una reivindicación de quienes creen que la verdadera Historia de la región deba ser contada honestamente, tratando de dar a conocer el genocidio y la barbarie que caracterizaron los tiempos de la mal llamada “conquista” o “descubrimiento” de América. Ya en el siglo XXI, hay varios estudios de secuenciamiento genético que dan fe de que los actuales pueblos de Abya Yala —a pesar del exterminio de los pueblos originarios y esclavizados y del proceso de migración masiva desde Europa— tienen más genes indígenas y africanos que europeos, lo que también evidencia las violaciones sistemáticas de los europeos hacia los cuerpos de las mujeres no europeas.

El colonialismo,  esa compleja estructura de poder que transforma la subjetividad con la cual las personas viven y que sigue reproduciendo la relación entre el colonizador (ciudadano) y el colonizado (objeto) y la institución de la desposesión que transfiere recursos económicos de los pueblos originarios hacia los colonizadores, engendra la reproducción de la narrativa de los conquistadores. Esta invasión del territorio con todas sus formas de violencias y represión, también resultó una invasión del universo mental. El resultado es la repetición de las narrativas del conquistador. Según Frantz Fanon, esa alienación no es una cuestión individual, sino un fenómeno construido socialmente y que funciona como engranaje de un sistema político capitalista, un mecanismo de distribución de privilegios en sociedades marcadas por la desigualdad.  

Entender al colonialismo desde esas consecuencias mentales, además de lo económico, permite visibilizar la estrategia de homogeneización cultural que iniciaron los reinos europeos hace cinco siglos con el fin de borrar por completo la diversidad cultural que existía fuera de su continente. Y a pesar que ese genocidio logró reducir significativamente a las poblaciones del continente americano, aun así mantienen la resistencia más de 30 pueblos en la Argentina y por encima de 500 pueblos en todo el continente. Y no solo ellos: millones de personas guardamos en nuestra forma de pensar, sentir y actuar el legado de larga data de nuestras ancestras, y aunque este se ha transformado por las imposiciones que buscaron no definirnos desde esas identidades, sino desde la estandarización de sentirnos parte de naciones inventadas, no solo en nuestro ADN sino en nuestra cultura permanecen sustratos de ese pasado. Y claro que a nuestros territorios llegaron migrantes que transformaron nuestras sociedades, pero escoger solo definirnos desde esas migraciones relativamente recientes nos impiden reconocer las distintas ramas de ancestralidad de las que hacemos parte,  ratificando la negación colonial de quienes habitaron estas tierras por siglos. 

Las declaraciones del presidente del territorio denominado Argentina, Alberto Fernández, en ocasión de su encuentro con el jefe de Estado del Reino de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, es un nítido ejemplo del complejo de inferioridad del colonizado en el ámbito económico y de reproducción del colonialismo desde lo cultural. Al decir que “los mexicanos salieron de los indios, los brasileros de la selva y los argentinos de los barcos”, Fernández niega el origen indígena del pueblo argentino, escapando de lo que es considerado por el colonizador como “salvaje”, intentando demostrar al español que es confiable y que sus “lazos de sangre” lo diferencia de sus vecinos. Afirma, así,  que la dominación colonial en Argentina fue completa, y que ésta absorbió la cultura y la civilización europeas.

La visita de Sánchez a este territorio tuvo por objetivo central afirmar la intención de una alianza estratégica para  un plan económico y de inversiones. El equipo de presidente español contó con la presencia de empresarios españoles y con su compromiso de llevar adelante su propio proyecto llamado “Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-22”, que tiene como meta recuperar espacios de negocios perdidos por la pandemia y hacer frente a la disputa entre Estados Unidos y China. También se habló de retirar las trabas que impiden la ratificación del acuerdo de libre comercio entre los bloques del Mercosur y la Unión Europea que, según la opinión de personas expertas, podría resultar en pérdidas para el sector de autopartes argentino, entre otros impactos negativos para todos los países del bloque sureño. 

Lejos de lograr una relación simétrica, como parece ser el deseo de Fernández, cuando el presidente pone a su territorio en un lugar de subalternidad frente a Europa y busca mostrar al Europeo el orgullo que siente por su blanquitud compartida —más allá de despreciar a las naciones hermanas— también nos hace seguir preguntando ¿es posible cambiar los resultados sin cambiar las estructuras?  

Fuentes: 

https://nuso.org/articulo/ue-mercosur-europa-ganadores-perdedores-integracion/

Decolonization, Decoloniality, and the Future of African Studies: A Conversation with Dr. Sabelo Ndlovu-Gatsheni

https://www.revistas.usp.br/sankofa/article/view/102437

Brasil é nação construída em estupro de mulheres negras e indigenas por brancos europeus, aponta estudo

EDITORIAL 

Es entendido como resistencia bacteriana la capacidad de las bacterias de resistir y sobrevivir. Esto se da a través del uso inadecuado y excesivo de antibióticos. Hoy en día, en todo el mundo, entre el 70 al 80% del total de antibióticos producidos son usados en la crianza de animales y en el sector agrícola. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2050 la resistencia a los antibióticos será la principal causa de muerte de personas humanas en el mundo.

Gran parte de las personas que consumen antibióticos lo hacen de forma pasiva, es decir, lo consumen a través de la ingesta de alimentos. Los antibióticos son usados por la industria cárnica para acelerar los tiempos de cría de los animales y, por ende, aumentar la producción para maximizar las ganancias en el mercado competitivo. Las condiciones de hacinamiento también demandan el uso de estos fármacos, ya que factores como la higiene y malestar animal en los sistemas intensivos de cría provocan la  necesidad del uso de antibióticos para fortalecer el sistema inmunológico de los animales. 

Estos antibióticos ingeridos son eliminados en las excretas, pero no hay un sistema de tratamiento que elimine los fármacos, el resultado es la contaminación de suelos y aguas. La proporción de la contaminación se hace aún mayor por el uso de estas excretas como abono. En este caso, los cultivos que se dan en los suelos también son contaminados. Como resultado, hay una contaminación generalizada de la cadena alimentaria: vegetales, peces, frutas, etc. 

El uso indiscriminado de antibióticos genera bacterias más resistentes, las llamadas “superbacterias” o “bacterias multiresistentes”, su presencia en ambientes acuáticos, suelos o alimentos expone a las personas a enfermedades difíciles de tratar con las herramientas de la medicina actual, poniendo en riesgo no solo a quienes consumen carne. 

Dada la relevancia de las consecuencias de esta forma de producción, las autoridades deberían ser las primeras en tomar medidas que inhiban el uso de fármacos en la producción de carne. En un contexto de pandemia, el actual estado de Emergencia Climática y las enfermedades zoonóticas deberían ser una preocupación y la preservación de los ecosistemas debería ser prioridad absoluta. 

Sin embargo, la gran preocupación demostrada por Gobiernos, corporaciones y amplios sectores de la sociedad es la vuelta a la normalidad. Mientras tanto, son las camadas más empobrecidas y marginadas por el sistema las que, una y otra vez, se ven afectadas por este modelo de producción suicida. 

Un ejemplo de esto es la negociación del Tratado de Libre Comercio entre los bloques Mercosur y Unión Europea, cuyo uno de los negocios centrales es el aumento de  la producción de carne en el Sur para la exportación al bloque europeo. Más allá de toda la problemática del uso de antibióticos, también se asocia a la industria cárnica el acaparamiento de tierras, la expansión de la zona sojera, la profundización del cambio climático y el desalojo de pueblos indígenas y campesinos, entre otras implicancias.  

Esto, que vamos a llamar  necromercantilización, no puede ser el futuro reservado a la humanidad. Desde Virginia Bolten nos preguntamos ¿hasta cuándo comeremos nuestra propia muerte?

Fuente: 

Alonso, Lucas Leonel. Estudio de la distribución ambiental de fármacos de origen pecuario y evaluación de alternativas de mitigación en aguas contaminadas

EDITORIAL

A partir de los años noventa se intensificaron las firmas de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) en todo el mundo. Con el objetivo de atraer inversiones extranjeras hacia sus territorios, en un contexto histórico de disolución de la Unión Soviética la cual planteaba el fin de las alternativas al libre mercado y un fuerte discurso que resaltaba la necesidad de perseguir el desarrollo y el bienestar, los Estados vieron en estos tratados una gran oportunidad para insertarse en este “nuevo orden”: la economía globalizada con garantía de libre mercado y libre comercio.

Para dar cuenta de este objetivo, en 1995 nace la Organización Mundial del Comercio (OMC) que fue fundamental para la rebaja de aranceles y para crear condiciones a un mayor flujo comercial. Los organismos internacionales y las empresas transnacionales aprovecharon el afán de los Estados en atraer nuevos inversores para diseñar una arquitectura que pudiera proteger a las inversiones y también expandir la lógica liberal de economías abiertas y de mercado libre y auto-regulador. 

Esta forma de funcionamiento de la economía sería especialmente interesante para los países llamados de tercer mundo, ya que esta apertura generaría su integración a la económica mundial, el desarrollo de los Estados y, por ende, la reducción de la pobreza.

Tras 25 años de TLC y TBI, América Latina ve su economía fragilizada y reprimarizada, los índices de pobreza y desigualdad no han disminuido y los Estados se encuentran endeudados.  Las demandas de los inversionistas a través de los mecanismos de protección de inversión han traído más pérdidas que ganancias a los Estados y todas las externalidades —es decir, los costos sociales y ambientales— que involucran estos acuerdos han comprometido al bienestar los pueblos y la capacidad productiva de los países latinoamericanos.

Muchos son los argumentos críticos desde la academia que ponen en evidencia las asimetrías de los tratados de comercio e inversión, que generan ganadores con “cartas marcadas”, es decir, hay un modus operandi que hace de estos tratados un juego desigual en beneficio de los gigantes privados.

Asimismo, los movimientos territoriales, sindicatos, pequeños productores, pueblos originarios y campesinos han trabado una lucha histórica, y aún poco conocida por el conjunto de la sociedad, en contra de estos acuerdos. Los tratados han dejado tierras arrasadas, han expulsado a las personas de sus tierras y hogares, han destruido la forma de existir de comunidades ancestrales, en lo que se podría llamar de terricidio —término acuñado por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en Argentina—. Pero también han precarizado el empleo, dificultado el acceso a los medicamentos, socavado la soberanía de los Estados al punto que los gobiernos toman sus decisiones de acuerdo a los intereses de las transnacionales.

En un contexto de Emergencia Climática, el transporte utilizado para el comercio de bienes es un agravante importante. La facilitación del comercio termina por convertirse en una forma perversa de ignorar rotundamente la realidad. El comercio por el comercio, que no sirve para mucho más que garantizar que el capital circule, cobra un análisis crítico.

A pesar de las evidentes consecuencias, la desinformación hace que muchos sectores, incluso entre las izquierdas, apoyen estos proyectos. Con la idea del progreso frente a los ojos, muchos han defendido que sin inversiones extranjeras no hay forma de salir adelante, no hay desarrollo.

Para mostrar que estos argumentos no corresponden a la realidad, la Plataforma América Latina Mejor sin TLC junto a la CLATE y la ISP, con el auspicio de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, está ofreciendo un seminario virtual, libre y gratuito —en español y portugués— sobre los impactos de los tratados en estos 25 años. 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de octubre para el idioma español y 16 de octubre para el idioma portugués, a través de este enlace: http://registro.clate.org/

Más informaciones:

Fuentes:

GHIOTTO, Luciana y LATERRA, Patricia. 25 Años de tratados de libre comercio e inversión en América Latina: análisis y perspectivas críticas

EDITORIAL

El sistemático uso mortal de la fuerza por parte de la policía y el ejército en los países latinoamericanos ha pasado de ser una excepción a una constante. Muchas veces se utiliza la expresión de manzanas podridas cuando lo que está podrido son las cajas mismas en las que están las manzanas: la misma existencia de cuerpos armados que funcionan siguiendo órdenes jerárquicas, órdenes que obedecen más a mandatos de personas en el Estado que buscan salvaguardar sus intereses ideológicos o a los empresarios que les pagan sus campañas electorales.

Y lo podrido de esas cajas no son solo esas estructuras de dominación, sino además la forma en que se da instrucción a las personas que trabajan en ellas: a los soldados y policías se les forma para deshumanizar a quienes van a tratar; mantienen reglamentos de control que no funcionan cuando cometen arbitrariedades, ya que o no se les aplica o se construyen jueces dentro de sus filas para darles un trato especial. Se les paga mejor, se les garantizan otros derechos laborales que la población no tiene, en últimas el bloque dominante los acobija con tal ahínco que los convierte en unos privilegiados dentro de los excluidos a los que hacen parte.

En el año 1996 la revista Noticias, para la cual trabajaba el fotoperiodista Jose Luis Cabezas, secuestrado y asesinado a manos de la policía bonaerense por pedido del empresario Alfredo Yabrán, titulaba “Maldita Policía”. El asesinato de Cabezas generó una fuerte conmoción social pero no fue el único.

Según informa CORREPI la policía bonaerense asesinó desde el retorno de esta democracia, en el territorio denominado Argentina, a 1549 personas de las cuales 46 fueron durante la gestión de Sergio Berni como Ministro de Seguridad. Berni, quien ya lanzó su candidatura a presidente en 2023, no dejó dudas respecto de cuál considera que es el rol de las policía “reprimir” e indicó que estas fuerzas represivas no son “indios salvajes” algo que valió el repudio de las comunidades indígenas.

La policía bonaerense es una de las más numerosas a nivel mundial, son 100.000 personas, representando una tasa de 700 policías cada 100.000 habitantes, un valor superior a lo recomendado por las ONU de 300 policías y muy superior a cualquier otra fuerza represiva de la región exceptuando la ciudad de Buenos Aires con una tasa de 850 policías cada 100.000 habitantes.   Para comparar con otros países de Latinoamérica la tasa más importante luego de Argentina es Uruguay con 540 policías.

Hace días que el gobierno nacional de Argentina informó un fuerte incremento para las fuerzas represivas y de encierro a pesar de la crisis social. La respuesta de la policía bonaerense fue iniciar protestas y rodear la casa presidencial con los patrulleros y las armas entregadas por el Estado en una nítida forma de intimidación. Estas mismas máquinas de matar asesinan por gatillo fácil y femicidios a una persona cada 26 horas.

En el caso de Colombia, ya es tristemente célebre que el Escuadrón Movil Antidisturbios (ESMAD) deje tras sus acciones el asesinato de personas que se manifiestan. El último caso muy visible fue el del joven Dylan Cruz al que le dispararon en la cabeza el 23 de noviembre del 2019 en medio de un Paro Nacional.

Sin embargo, el resto de la policía no se queda atrás; el pasado 8 de septiembre fue torturado y asesinado Javier Ordóñez, un abogado bogotano, a manos de la policía nacional. La reacción popular a este asesinato desbordó las calles de la ciudad de los siguientes días, con una respuesta desproporcionada de la misma policía quien en distintas partes de la ciudad asesinó a otras 10 personas en medio de las manifestaciones.

Aunque autoridades del orden local ya han llamado a la investigación de los casos, desde el orden nacional se ha mantenido no solo el apoyo irrestricto a la institución, que en Colombia no es de carácter civil sino militar, y en cambio denuncian teorías conspirativas donde describen que sería milicias de las guerrillas las que estarían detrás de los hechos. Sin embargo, el descrédito al que ha llegado esta institución es irremediable, lo que abre el paso a las discusiones desde movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos quienes empiezan a hablar de la necesidad desde la reforma hasta la abolición de la misma.

En la región latinoamericana, las armas que brinda el estado son las mismas que realizaron golpes contra los gobiernos de estas democracias. Queda la duda: ¿El Estado representa los Gobiernos?

Es evidente que las sociedades funcionarían mejor sin las fuerzas represivas del Estado. Más allá de significar un avance en términos civilizacionales, la abolición de la policía permitiría a los seres humanos repensar sus formas de organización social y fortalecería los vínculos comunitarios. Frente a la barbarie y al miedo que es reproducido e impuesto por los cuerpos policiales hacia las personas y los territorios, desde Virginia Bolten preguntamos: ¿Para qué sirve la policía?

“Cuando se tiene un dato que solo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y se lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva.”

Dr. Andrés Carrasco

EDITORIAL

Los últimos meses, en el contexto de Covid-19, los medios de comunicación hegemónicos han hablado de una vuelta a la normalidad y más allá de los diversos discursos que plantean la crisis económica como la principal preocupación a nivel global, no se pudo esconder la centralidad del debate ecológico relacionado a la pandemia.

La destrucción de la biodiversidad y las formas de producción y consumo dominantes han sido criticadas, aunque entre los discursos y las prácticas haya una distancia importante: poco se ha hecho desde los Estados para efectivamente dar un paso hacia un cambio de paradigma que ponga la preservación de la vida y de la salud —de las personas y los ecosistemas— por encima de las ganancias concentradas en un puñado de empresas que dominan el sistema de producción, consumo y distribución de las mercancías comestibles.

Esta mirada economicista que plantea el caos, en el caso que no se vuelva al crecimiento económico y a altos niveles de consumo, es un frágil correlato con la realidad concreta.  Como si esta fuera la única forma de salirse de la crisis. El desmonte ambiental y la producción de carne a través del confinamiento de animales es la principal causa de la crisis sanitaria que nos enfrentamos en este momento histórico. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un 75% de las nuevas enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos son zoonóticas.

Mientras tanto, el planteamiento de gobiernos y medios masivos de comunicación es que hay que volver a la productividad sin hacer ninguna crítica hacia el modelo productivo, de hecho lo que se nota es que la deforestación para la producción de carne aumentó durante la pandemia. No se tiene en cuenta las evidencias que demuestran la incompatibilidad entre esta “normalidad” y el sostenimiento de la vida.

Este discurso único, en gran parte promovido por las empresas que no quieren ver sus negocios afectados, es nocivo y perverso; no obstante, las voces disonantes no dejan de presentar los riesgos y las consecuencias de esta influencia  que hace  que las personas consuman enfermedades comestibles.

No son pocas las iniciativas y les periodistas que están dando la batalla narrativa, para que se de a conocer cómo las poblaciones están siendo sometidas a una dictadura alimentaria que ha destruido su salud, su bienestar y que ha contribuido de forma importante para el actual escenario de colapso ambiental al que se enfrenta la humanidad.

Entre las destacadas voces del periodismo que hacen un trabajo de investigación sólido y comprometido, sobre la temática de la alimentación desde una mirada holística, está la periodista argentina Soledad Barruti quién ha podido, incluso,  romper con las barreras mediáticas. Sus dos libros —best sellers editados por la editoral Planeta— “Malcomidos” y “Mala Leche” son un aporte imprescindible para el debate sobre la industria alimentaria en la sociedad civil. A pesar de los innumerables intentos de deslegitimación de su trabajo, Barruti sigue construyendo canales de  información y diálogo para alertar a las poblaciones de los riesgos del consumo de comestibles ultra procesados.

El último 30 de junio, Barruti anunció el lanzamiento del portal electrónico “Bocado”, una iniciativa de cronistas, comunicadores y reporteros de América Latina que busca juntar las voces del periodismo alimentario y hacer llegar información a más personas y colectivos.

“Información veraz, sensible y profunda para construir una realidad más justa, democrática y diversa”, es como se presenta el periódico. Al pensar cómo no volver a la normalidad, “Bocado” surge en una hora buena. Son las distintas formas de pensar acerca del mundo que pueden construir otras realidades y desde Virginia Bolten preguntamos: ¿no son estas herramientas las necesarias para la acción?

EDITORIAL

Los últimos días fueron de mucho dolor e indignación para  los vecinos y vecinas de la Villa 31 (ahora llamada de Barrio Padre Mugica) quienes ya vienen sufriendo perdidas en el barrio por la presencia del COVID19, ahora se les suma el fallecimiento por este virus de dos referentes muy valiosos para su comunidad: Ramona Medina y Víctor Giracoy. Tras una serie de denuncias acerca de la situación de precariedad, falta de condiciones para cumplir con la cuarentena y de agua para mantener las condiciones de higiene, los barrios fueron abandonados como si el derecho a vivir y protegerse del Covid-19 fuera un privilegio. A pesar de las medidas tomadas por el Estado argentino para contener la propagación de la pandemia, muy elogiadas a nivel mundial, hay una selectividad muy nítida que se trasluce al notar cuando se observan los números: Las villas son focos de contagio con miles de infectados.

A las personas que viven en las villas no les queda otra sino defenderse,  como si todo fuera un atentado contra sus vidas, defenderse la vida contra el virus y a la vez combatir al virus mortal del abandono del Estado. Ramona es el símbolo de las tantas mujeres que, en su mayoría, llevan la pelea diaria en sus barrios para garantizar que las personas que allí viven puedan seguir existiendo, que tengan la comida, contención y la protección negadas por aquellos que deberían tener responsabilidad por las vidas de los más vulnerados.

En este momento de aumento de contagios y también de dolor abrumador, la auto-organización no baja los brazos. Contrariamente, con más fuerza las organizaciones territoriales exigen que se declare emergencia sanitaria, alimentaria y habitacional para evitar más muertes y contagios.

Hablamos con Silvana Olivera, militante del PXC (Peronismo x la Ciudad) e integrante del Comité de Crisis Villa 31. Comité, que ante esta situación, el pasado 18 de mayo brindó una conferencia de prensa donde hablaron referentes del barrio y expusieron sus reclamos.

¿Cómo está la situación en la Villa 31 hoy?

Silvana Olivera: Hoy en día te puedo decir que tenemos los testeos que se están haciendo en el barrio, hoy se confirmaron 900 casos positivos del COVID en el barrio, más allá de los testeos que se van a realizar hoy. Creemos que mañana ya estaremos rondando los mil casos. Nosotros lamentamos el fin de semana el fallecimiento de dos personas muy queridas en el barrio que eran referentes históricos y sociales; ayudaban en comedores desde sus organizaciones… y bueno, la realidad es que esto nos golpea muy duro. Ramona y Víctor eran dos luchadores.

Nosotros, desde el Comité de Crisis Villa 31, decimos basta a las mentiras del Gobierno de la Ciudad que dice que se está asistiendo en el barrio y sabemos que no es así. Entonces hicimos esta conferencia de prensa que se realizó en día de hoy  (18 de mayo) denunciando todo lo que el gobierno de la ciudad no está asistiendo. Nosotros pedimos que se asista a las familias para que puedan cumplir la cuarentena en sus viviendas con el alimento básico. Porque sabemos que hoy en día nadie tiene alimento en sus viviendas para quince días, esto es irreal. Todos acá en el barrio vivimos al día y si no se trabaja no se puede llevar a la casa un plato de comida.

El tema sanitario también está bastante mal. Nosotros como organizaciones estamos asistiendo a los vecinos con lo que falta de higiene: lavandina, alcohol. Lo que logramos conseguir mediante donaciones, porque más allá de que somos organizaciones y estamos predispuestos a ayudar, es el Estado quien tiene que dar acceso  a estas cosas.

Hablando sobre el Estado, sabemos que las villas son territorios donde  está  ausente. ¿Ustedes llegaron a hacer reclamos junto al Ministerio de Salud?

S.O: Desde del Comité estuvimos trabajando y exigiendo que hicieran los testeos en nuestro barrio: el Ministerio de Salud de Nación y de Ciudad y  el área que interviene  en nuestro barrio,  que es la Secretaria de Integración y Urbana. El día viernes hicimos la última reunión;  ya tuvimos cuatro reuniones desde que empezaron los testeos y, como no nos dieron respuestas a todo lo que estamos solicitando, se decidió lo de la conferencia.

Sobre los casos confirmados, ¿estas personas están recibiendo los cuidados necesarios?

S.O:  Los 900 casos positivos que nosotros confirmamos se derivaron a hospitales donde mantienen la cuarentena si había necesidad de estar bajo tratamiento u observación. En caso contrario  se derivaron a hoteles donde cumplen la cuarentena.  Estamos exigiendo que se pueda asistir a cada uno.

Pero estamos denunciando que no hay testeos suficientes. Queremos el testeo para todas las personas que tuvieron contacto estrecho con algún caso positivo. Porque sabemos que ya se llevaron la mayoría de los pacientes que tenían síntomas del barrio,  las personas que siguen acá  se siguen contagiándose son los pacientes asintomáticos. Entonces exigimos el testeo para todas personas que tuvieron contacto con casos positivos del COVID.

Uno de los principales reclamos de ustedes es la falta de acceso al agua, lo que es un tema aún más grave en el contexto de la pandemia. ¿Cómo está el tema del agua en este momento?

S.O: El problema del agua no está solucionado, tenemos manzanas en el sector ferroviario que siguen sin agua. El fin de semana estuvimos con problema de agua también en otros sectores del barrio donde también sale sucia, es imposible usarla para higienizarnos y cocinar. En la televisión salen a decir que ya solucionaron el problema, una prueba de esto son las obras del Aysa por todo el borde del barrio.

Al inicio de la cuarentena hubo varias denuncias de abusos policiales en las villas. ¿La violencia de las fuerzas represivas del Estado en contra de los vecinos sigue o está más controlada?

S.O: Por el momento, está controlado. Lamentablemente la situación de la policía es la misma situación que tienen todos los empleados del Gobierno de la Ciudad. Sabemos que hoy día ellos también están sufriendo con el tema del COVID. Nosotros también estamos denunciando estas irregularidades porque los están obligando a trabajar aunque algunos dieron positivo de COVID. Pero bueno, esta es la realidad y este es el sistema con que se maneja el Gobierno de la Ciudad. Pasa tanto con los médicos como con las fuerzas policiales.

¿Y ustedes están planificando otras actividades? ¿Cómo se puede colaborar con el Comité?

S.O: Nosotros desde el Comité de Crisis Villa 31 estamos esperando la respuesta del Gobierno de la Ciudad y después vamos a ver qué medidas tomamos.

Quienes quieran pueden contactarse a través de nuestros números telefónicos. Ahora lo que estamos pidiendo,  más que nada, son donaciones para la asistencia de comedores y merenderos porque así los vecinos tienen la comida diaria. Como el Gobierno de la Ciudad no está garantizando productos de higiene, estamos pidiendo estos materiales para que los vecinos puedan realizar la limpieza de sus espacios.

Informaciones:
Comitedecrisisv31@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-de-Crisis-Villa-31-101940251534136/

Telefono: +54 11 54599732

Galería de fotos tomadas por el fotógrafo Marcos Sierras de la rueda de prensa. Cobertura gráfica realizada para la Liga Argentina por los Derechos Humanos, integrante del comité de crisis. Para más información de Marcos pueden visitar su página de facebook

“Elles, sostienen el barrio”

EDITORIAL

Luego de haber vencido las dictaduras que oprimieron al Cono Sur, de avanzar en la negociación entre diferentes organizaciones políticas que expresaban sus reclamos por medio de las armas y Estados en Centroamérica y Colombia, de poner en la administración Estatal en Brasil algunas de las demandas de los más desposeídos y de luchar contra el racismo en Bolivia, hoy el continente se enfrenta a un retroceso de todas estas victorias que los sectores populares lograron con mucho esfuerzo. Bajo la excusa de la pandemia, la mayoría de los gobiernos del continente están tomando medidas que, además de limitantes de las libertades, nítidamente se orientan a la represión durante y de forma posterior a la crisis actual. En Virginia Bolten recogemos algunas de estas realidades.

El territorio denominado Argentina

En el caso de Argentina el gobierno nacional del Frente de Todes, asumió en diciembre de 2019 al obtener un triunfo electoral sobre la alianza CAMBIEMOS. Este último durante sus 4 años de mandato impuso una fuerte represión a la protesta social, encarceló a personas por publicaciones en redes sociales, con la excusa de las reuniones del G20 y la OMC (Organización Mundial de Comercio) incrementó las compras de máquinas de matar y sistemas de control. Asimismo las fuerzas represivas del Estado coordinaron junto con Chile el espionaje, persecución y criminalización de la comunidad mapuche a ambos lados de la cordillera. En la denominada “operación Huracán”, carabineros chilenos y la fuerza paramilitar de gendarmería, intentaron inculpar a la comunidad mapuche para encarcelarla y generar un sentido social de terrorismo coordinado.

El nuevo gobierno nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias no modificaron las políticas sobre la represión instauradas en forma previa. De hecho se han intensificado con la excusa del COVID-19. Hay muchos ejemplos respecto de sistemas de control impuestos en cuarentena que seguirán en forma posterior, como es el caso de la instalación de 7 cámaras móviles en 200 patrulleros de las fuerzas represivas de la Ciudad de Buenos Aires.

La Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, expresó que el gobierno está realizando ciberpatrullaje, que consiste en una vigilancia masiva de publicaciones en redes sociales. La ley actualmente en vigencia y el protocolo datan del 2018, impulsado por la ex Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Durante su gestión se encarcelaron e iniciaron procesos punitivos contra 68 personas por sus expresiones en redes sociales. Actualmente se le inició un proceso legal a una persona por hacer un comentario en forma jocosa sobre saqueos en supermercados frente a la estructural pobreza en estos territorios.

Colombia

En el caso de Colombia, se avanzó en la instalación de cámaras térmicas en el aeropuerto de Bogotá, las que pueden medir la temperatura de 5.000 personas en 30 minutos. La compañía Dahua Technology, que fue la vendedora, apuesta introducir al mercado también tecnología de reconocimiento facial similar de la que sirve al gobierno de China para controlar a la población de sus ciudades. Mientras lo que la pandemia demanda inversión en el sector de salud, varios países han mantenido su prevalencia del sector militar. Así mismo, la policía mantiene convenios con las empresas de telefonía celular para obtener la geolocalización de las personas durante la pandemia.

A la vez, mientras se acerca a 500 las muertes producidas por la pandemia, el gobierno nacional tramita la compra de 10 vehículos y millones en gases y armas para los cuerpos antimotines. Al mismo tiempo, la red hospitalaria regional tiene graves detrimentos por corrupción y a los trabajadores sanitarios no les garantizan ni condiciones de contratación estable ni siquiera equipos de bioseguridad, dando como resultado ya más de 5 médicos muertos por el COVID19, más de 300 contagiados y el inicio de renuncias de trabajadores que priorizan su vida frente a la precariedad laboral del sector salud.

El Salvador

La creciente deriva autoritaria producida desde la elección de Nayib Bukele como presidente de la República había provocado recientemente que este mandara al ejército a tomarse el congreso del país, con el fin de presionar a los congresistas para que sesionaran y aprobaran un millonario plan de seguridad. No extraña entonces que en medio de la pandemia las medidas que tomara este político hayan manejado el mismo tono: las últimas semanas tomó la decisión de cerrar todos los comercios e impedir la salida de las casas a las personas de la ciudad de La Libertad, como un castigo colectivo luego de que no se cumpliera de forma estricta la cuarentena obligatoria. Así mismo, ha insinuado que cerraría el congreso para prevenir el contagio de coronavirus, sin embargo el que en este espacio se adelantaran discusiones que buscaban vetar algunas de sus acciones podría ser la verdadera razón detrás del deseo de cerrarlo. Y para completar sus medidas autoritarias, ha mandado a encerrar sin ver el sol a presos del país, violando gravemente sus derechos humanos solo para ganar popularidad como un mandatario que “responde a la criminalidad”.

Solidaridad desde los pueblos

A pesar de todas estas medidas autoritarias, también dentro de los países se empiezan a notar respuestas de apoyo mutuo desde la gente, sea desde lo personal o colectivo para enfrentar la crisis provocada por la pandemia. Por esto en siguientes entregas Virginia Bolten documentará la respuesta desde los pueblos a la pandemia. No todo es autoritarismo cuando en los barrios, favelas y campos se cuida la gente entre sí.

EDITORIAL

Desde la invasión de las Américas –lo que es conocido como “descubrimiento” – por los colonizadores europeos, el conflicto por la tierra siempre fue una constante en la historia de estos territorios. Indígenas, pueblos originarios, campesinos y comunidades quilombolas[1], entre otros actores que luchan por el derecho a la tierra, son el cuerpo resistente al proceso de colonización que nunca terminó.

El modelo de desarrollo basado en la extracción mineral sigue siendo un factor preponderante al pensar en los conflictos por la tierra. El caso más emblemático, y que desvela cómo se dan estos conflictos y el rol del Estado en el proceso de legitimación de la lógica de dominación es la Masacre del Eldorado dos Carajás, en la provincia de Pará, región Norte de Brasil.

El 17 de abril de 1996, 19 miembros del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra –MST, fueron asesinados por las fuerzas policiales de la provincia de Pará en una marcha que tenía por objetivo reivindicar junto al gobierno del Estado las promesas incumplidas de expropiación de una hacienda –Fazenda Macaxeira– ocupada por 3 500 familias, en septiembre de 1995. De los 154 agentes involucrados en la operación, sólo dos de ellos fueron responsabilizados por la masacre. En 2002, la fecha del 17 de abril fue establecida como el Día Internacional de la Lucha Campesina.

Según la constitución brasilera, en el artigo 184 de la Constitución Federal, “es deber del conjunto de las provincias expropiar por interés social, para llevar a cabo la reforma agraria, la propiedad que no esté cumpliendo su función social, mediante previa y justa indemnización en títulos de la deuda agraria, con clausulas de preservación real, rescatables en un plazo de veinte años, a partir del según año de emisión, y con utilización definida por la ley”.

Estos conflictos son una consecuencia de la concentración de tierras, de la concentración económica y del poder político. La articulación entre lo público y lo privado, y la no separación ente estas dos instancias, termina por concretar acciones sin autorizaciones judiciales y la consecuente profundización en la asimetría entre terratenientes y movimientos en lucha por la reforma agraria.

El índice de concentración de tierras en Brasil es uno de los más altos del mundo. Y, mientras los movimientos en lucha por la tierra siguen reivindicando el derecho a tener derechos, los terratenientes y las corporaciones actúan al margen de la legalidad.

En Brasil, las masacres como la de Carajás no son hechos aislados.  Según la Comisión Pastoral de la Tierra –CPT, entre los años 1985 y 2017, los casos de conflictos en el campo con registro de asesinatos fueron de 1 438, llegando al total de 1 904 víctimas.  De todos estos casos, sólo uno 8% fue juzgado. Y de los 70 asesinatos ocurridos sólo en el año 2017, 28 son caracterizados como masacres, lo que desvela un avance del genocidio hacia las comunidades campesinas en el último período.

La exclusión social impuesta de forma brutal lleva a cuestionar el “proceso civilizador” dominante lo cual naturaliza la barbarie. Un proceso que criminaliza las luchas de las personas trabajadoras del campo, utilizando estrategias de estigmatización –apoyados por los medios de comunicación. Así, estos sujetos en lucha son convertidos en no deseables y asesinables por el conjunto de la sociedad que guarda, aún hoy, un fuerte inconsciente colonial.

La lucha campesina y el poder de resistencia de estos movimientos, no sólo es capaz de denunciar  los aspectos ocultos de las estructuras de poder, como también demostrar una alternativa al modelo capitalista, generando nuevos modos de vida.

Pensando la lucha por la tierra como un dispositivo de radicalización del poder popular, nosotras desde de Virginia Bolten preguntamos: ¿es posible salir de la actual crisis sin apoyar a la lucha campesina y a la reforma agraria?

[1]Comunidades descendientes de quilombos son grupos cuyos ancestros fueron personas victimas de la esclavitud en Brasil. Son comunidades que generalmente vivieron sin contacto con el mundo urbano durante mucho tiempo.

Fuentes:

BARREIRA, Cesár. Crônica de um massacre anunciado: Eldorado dos Carajás

“¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.”

Berta Cáceres

EDITORIAL

En julio de 2010 la ONU reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, asimismo reafirmó que el agua es la fuente esencial para la realización de todos los derechos humanos.  La declaración da cuenta de una evidencia: sin agua no hay vida.

Del total de agua en el mundo, apenas un 2,75% es dulce y, por lo tanto, adecuada para el consumo humano. Un 31% de las fuentes de agua potable disponibles en el mundo está en Latinoamérica. Sin embargo, en esta región, 37 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 110 millones sufren con la falta de saneamiento. Se estima que el territorio latinoamericano será  de los que sufrirá más fuertemente los eventos extremos en consecuencia del cambio climático —como el aumento en el nivel del mar—, lo que significará la salinización de los deltas y la intrusión marina en los acuíferos.

La contaminación y  la escasez del agua son más sentidas por las personas con mayor exposición   a sus consecuencias, sobre todo por las mujeres y niñas que tienen que caminar varios kilómetros para obtenerla,  los pueblos indígenas que la necesitan para existir  y  campesinos y campesinas que necesitan del agua para su subsistencia y su producción. Más allá de esto, la falta de saneamiento genera la propagación de enfermedades infecciosas que afecta, sobre todo, a los niños y niñas.  

En un contexto en el cual el agua pasa a ser un elemento fundamental para evitar la propagación del Covid-19, una vez más se pone sobre la mesa la dramática situación de  poblaciones que no tienen acceso al agua en sus casas. Las autoridades sanitarias de todo el mundo recomiendan lavarse las manos con jabón como medida básica de control de la pandemia, sin embargo —según demuestra un informe del Programa de Monitoreo Conjunto (JMP) de la Organización Mundial de la Salud y Unicef— 3.000 millones de personas no disfrutan de esta posibilidad.

Las poblaciones vienen manifestándose respecto de las causas de estas problemáticas  hace mucho tiempo. Esto se ejemplifica en todas las luchas llamadas “guerras del agua” que tiene como uno de sus símbolos más importantes la revuelta popular  que se dió en Bolivia, entre enero y abril del año 2000, la cual puso en cuestión la privatización de este bien común frente a la presión del Banco Mundial.

Según el abogado y especialista en Derecho Internacional, Javier I. Echaide, la  privatización de tales bienes —entendibles comunitarios—, como el agua, resulta inaceptable, no porque sea imposible, sino porque las consecuencias aplicadas a una escala individual resultan injustas, y las posibles consecuencias a una escala social resultan aberrantes. El abogado también señala que la generación de derechos de exclusión —consecuencia propia de la mercantilización de cualquier bien común— equivale en el caso del agua potable como elemento fundamental al sostenimiento de la vida a otorgar derechos de vida y de muerte para quienes los detenten: una responsabilidad demasiado grande como para dejarla libre a las reglas del mercado.

Un ejemplo concreto de lo que menciona el especialista es el caso de Chile que se enfrenta a un estado de estrés hídrico y hoy ocupa el lugar número 18 entre los países con riesgo extremadamente alto de carencia de agua. A pesar de la crítica situación, el agua en este país está bajo el control de empresas privadas desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet. 

En los años 90, gran parte de los Estados latinoamericanos desarrollaron una reforma del marco legal para facilitar y promover las inversiones de empresas que operan a nivel mundial. En este marco, hubo un alza en la implementación de proyectos mineros en toda la región. La actividad minera está asociada a la liberación de componentes químicos, como el cianuro y el mercurio. Los sedimentos dejados por la minería se incorporan al ciclo hidrológico, contaminando aguas superficiales y subterráneas. Este modelo extractivo —exportador es causa de diversos conflictos por su carácter contaminante y colonizador—ya que la cultura minera atraviesa los territorios con su lógica neodesarrollista, cambiando paisajes y destruyendo la economía y las costumbres locales—.

Frente a las evidencias que evidencia la responsabilidad de los gobiernos, la respuesta se limita a enfocar en “prestaciones de servicios más eficientes, resilientes y amigables con el medio ambiente” y en “lograr una mayor eficiencia en el uso del agua”. Nada dicen respecto al modelo productivo dominante que contamina con  agrotóxicos, ni de las empresas que utilizan el agua para proyectos con fines de acumulación de capital como la minería. La búsqueda por el crecimiento y el desarrollo infinito utilizando recursos finitos  no renovables  choca con los límites innegables.

Sin embargo, desde la Sociedad Civil hay iniciativas que buscan denunciar y visibilizar la problemática. En diciembre de 2019 se llevó a cabo,  en Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la quinta sesión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. La iniciativa tuvo por objetivo interpelar las autoridades y el conjunto de la sociedad para la importancia de cuidar y preservar los bienes comunes. En esta ocasión, los casos tratados fueron: la minería de litio en el desierto de Atacama; las amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida; la privatización del agua: el agua como objeto en Chile; las quemas en la Amazonía y el caso de Vaca Muerta en Argentina.  Frente a la necesidad de defender la vida, lo que preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿hasta cuándo el derecho a la ganancia estará por encima de todo derecho?

Fuentes:

FILARDI, Marcos Ezequiel. Los derechos humanos al agua y al saneamiento: aportes para un debate

nacional pendiente.

ECHAIDE, J. AGUA COMO BIEN COMÚN DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA DEL ANÁLISIS ECONÓMICODEL DERECHO

SHIVA, Vandana. Water Wars

Otras Fuentes:

https://elpais.com/internacional/2015/05/13/actualidad/1431542093_232345.html

https://elpais.com/elpais/2020/03/20/3500_millones/1584717449_859914.html

EDITORIAL

Desde el año 2016 en Estados Unidos, se da un importante debate en la esfera público-institucional sobre el llamado “Green New Deal” (Nuevo Acuerdo Verde por su traducción al castellano). Ha tenido más visibilidad gracias a la legisladora estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), de ascendencia portorriqueña y  afiliada al Partido Demócrata, el texto es resultado del trabajo de los movimientos socioambientales que desde hace diez años en Estados Unidos e Inglaterra  luchan contra el cambio climático, y un grupo de economistas comprometides, quienes vienen formulando posibles salidas a la actual economía basada en los combustibles fósiles.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), los combustibles fósiles son fuente del 80% de toda la energía consumida en los Estados Unidos. El país es el segundo  emisor de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo, el primero es China. La quema de combustibles fósiles es la mayor responsable del calentamiento global. A pesar del alerta sobre el Estado de Emergencia Climática inaugurado a partir de 2017, hubo un avance en las políticas de incentivo a la industria fósil por parte del gobierno de Donald Trump —abiertamente negacionista climático— y un ninguneo a los esfuerzos que tienen por objetivo problematizar la reducción de los GEI. Asimismo, un estudio realizado por The Washington Post en septiembre de 2019, desveló que un 80% de la población estadounidense está consciente que el cambio climático es resultado de la acción humana; la misma encuesta también demostró que la mitad cree que medidas urgentes deben ser adoptadas para evitar sus dramáticos efectos a nivel global.

El Nuevo Acuerdo Verde es una propuesta que plantea la descabornización de la economía sin que ese proceso de transición afecte negativamente a las mayorías sociales. El texto defendido por Ocasio-Cortez en la Cámara Baja tiene catorce páginas y  propone diálogos para conectar la crisis ambiental con la crisis social y económica. Según sus entusiastas, hay condiciones para la implementación del plan: ponen el subsidio ofrecido por parte del Estado a la industria fósil en el centro del debate para sostener la tesis de que no faltan recursos, sino voluntad política para priorizar la transición justa a fuentes de energía renovables. Esto lo ven como un aporte fundamental para frenar la crisis climática y, a la vez,  generar empleos dignos y combatir la desigualdad. Una versión actualizada de lo que fueron las medidas reformistas de Franklin Roosevelt para combatir la Crisis del 29.

Sin perder de vista los impactos financieros que implican las consecuencias del calentamiento global, se hace la pregunta sobre qué sería más costoso para el Estado: invertir en la transición o pagar por  los daños de las catástrofes. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) solo en el año 2017 hubo gastos de 306.000 millones de dólares debido a eventos extremos en Estados Unidos —los costos humanos no fueron contabilizados—.

Más allá de la cuestión económica y sus impactos en la sociedad, los grupos que llevan a cabo la propuesta son críticos a la concentración y acumulación financiera. AOC y activistas del Nuevo Acuerdo Verde también ven la situación como una oportunidad para un cambio de paradigma, la construcción de un nuevo modelo sería anclado en tres pilares fundamentales: Justicia Económica, Ambiental y Social.

En los últimos años, los EE.UU. fueron escenario de grandes protestas que denunciaban el poder de grandes corporaciones. Bajo la consigna “We are the 99%” (Somos el 99%), miles de personas tomaran las calles en todo el país haciendo conocer que el pueblo estaba consciente de que la riqueza del 1% significaba la pobreza del resto de les 99%. En el 2017, el país protagonizó un histórico paro de mujeres en el cual una de las demandas centrales fue la cuestión climática y sus impactos sobre las poblaciones más vulneradas. El movimiento mundial de jóvenes que lucha para frenar la crisis climática también tiene una fuerte organización en los Estados Unidos. El Sunrise Movement combina el activismo reivindicatorio con la acción en distintas instancias institucionales, exigiendo que el Estado se haga cargo de la crisis frente al dramático escenario de pérdida de derechos sociales básicos que se prevé para las próximas generaciones. En todos estos movimientos se nota atravesada la histórica lucha por los derechos de las personas afrodescendientes que hoy son también protagonistas de la lucha contra el cambio climático.

El Nuevo Acuerdo Verde aparece como una iniciativa más, gestada desde los movimientos sociales. Frente a la destrucción del Planeta, cuyas consecuencias no son sectorizadas, es necesario abrir canales de diálogo. Es evidente que lo que contaminan Estados Unidos, China y Europa impacta más fuertemente a los países del Sur;  sus negocios y políticas públicas de incentivo a una matriz productiva contaminante son responsables por la destrucción y el despojo de los territorios sureños; causan no solo una imposición económica y tecnológica a través de acuerdos y tratados comerciales asimétricos y perversos,  también someten las poblaciones de estos países a una realidad de extrema desigualdad, pobreza y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.

Acompañar los esfuerzos de los pueblos en lucha y proponer agendas que puedan mezclar perspectivas y complementar formulaciones de alternativas desde abajo es un paso importante para romper con los obstáculos que han destruido la capacidad de unidad en las luchas. Lo que preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿de la crisis climática es posible la salvación individual?

Fuentes:

https://www.washingtonpost.com/climate-environment/americans-increasingly-see-climate-change-as-a-crisis-poll-shows/2019/09/12/74234db0-cd2a-11e9-87fa-8501a456c003_story.html

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39092

EDITORIAL

El genocidio indígena empezó en el año 1492. A pesar que el término genocidio aparece mucho después de esta fecha, en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de la población indígena con la invasión de los europeos es un hecho histórico incontestable.  Más allá del exterminio en masa, las muertes por enfermedades, fatiga debido al uso de mano de obra indígena esclava y la destrucción de la cultura originaria de estas comunidades, también son considerados genocidio y siguen su curso en el siglo XXI.

Con el 90% de su población desaparecida, imposibilitando la reproducción de su cultura y de su reconstrucción, los pueblos originarios que resisten en los territorios llevan en su recorrido una historia de resistencia que atraviesa siglos y se contrapone al modelo de “civilización” vigente. Son muchos los desafíos contemporáneos que se profundizan aún más con el surgimiento del neoliberalismo.

El modelo neoliberal es el opuesto a la concepción de organización de los pueblos originarios. La destrucción de las formas comunitarias de organización combinadas con la amplia liberalización de la economía y la idea del Estado en favor de las corporaciones en detrimento de los sectores públicos, causan contradicciones que develan una fragilidad en su propia estructura.

El libre comercio y la transformación de todo lo que pueda ser explotado como mercancía, es la causa más importante del proceso de genocidio indígena contemporáneo. Las pocas –o casi nulas– políticas públicas que garanticen la demarcación de las tierras indígenas y consecuente manutención de su existencia, entran en conflicto con la expansión del agronegocio, sobre todo en Latinoamérica.

El ideario desarrollista no logra mirar a las comunidades, sus tradiciones, saberes y filosofía como algo que debe ser preservado siquiera  por una cuestión de reparación histórica. No hay apelo moral ni ético. La máquina desarrollista destruye todo lo que pueda ser un obstáculo a su reproducción.

La colonización mercantil que hace con que la única forma posible de existencia sea la mercantilizada, empuja a los pueblos originarios para un proceso de internalización de la “cultura blanca” que no termina de ser asimilada. Por ello, los casos de suicidios en los pueblos indígenas es un hecho que de preocupación en las comunidades.

El proceso de aculturación impuesto a los pueblos originarios y los conflictos entre terratenientes e indígenas  es el principal motivo del fenómeno de suicidio indígena. En Brasil, fueron registrados 782 casos de suicidios indígenas en los últimos 16 años, según el Consejo Indigenista Misionario (Cimi –en su sigla en portugués). La falta de tierra para trabajar es el factor de más relevancia en este escenario. Los pueblos indígenas tienen una relación simbólica con el territorio. Las tierras ancestrales son la única forma posible de reproducción de la vida, de su cultura y es la única razón por la cual existir. La imposibilidad de acceso a los territorios y trabajo en ellos debido a la contaminación del suelo combinado con el sistemático envenenamiento del agua y consecuente muerte de la fauna, hace con que las comunidades no  tengan razón por la cual vivir. Son imposibilitados de dedicarse a la pesca, caza y agricultura, con lo cual se los obliga a buscar otras formas de sobrevivencia que les quita la posibilidad de mantener su identidad indígena.

En Colombia, según informe de Medicina Legal, fueron registrados 61 casos de suicidio indígena entre enero de 2010 y junio de 2014, la mayoría de ellos niños y jóvenes entre 10 y 24 años. Perú también registra un aumento significativo del número de suicidios indígenas en los últimos años, con un importante incremento del suicidio femenino que se caracteriza por la minusvaloración de rol de la mujer en las comunidades debido a los cambios en las estructuras por la injerencia de la cultura patriarcal occidental.

En todos los casos, el contexto económico, social y político es de extrema violencia. El racismo y la discriminación –tanto institucional como por parte de la sociedad civil– validan el exterminio físico y cultural de estas comunidades. Lo que nos preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿Qué podemos hacer para frenar el genocidio a los pueblos originarios?

Fuentes:

https://www.unicef.org/lac/Suicidio_Adolescente_en_Pueblos_Indigenasl.pdf

EDITORIAL

La realidad que viven los pueblos afectados por los megaproyectos mineros es cruel, sin embargo no desconocida. Los sitios llamados “zonas de sacrificio ambiental”  —término utilizado por primera vez durante la Guerra Fría para referirse a las áreas contaminadas por proyectos mineros— siguen multiplicándose y modernizándose. En Latinoamérica, esos  proyectos son abundantes y no respetan siquiera las reglas mínimas impuestas que prohíben este tipo de  explotación en áreas que deberían ser protegidas.

El sacrificio se extiende también hacia los cuerpos de quienes viven en estas regiones, a destacar los cuerpos de las mujeres que ven sus existencias destruidas por el rediseño del espacio geográfico impuesto por la instalación de la industria minera. Las migraciones, sobre todo de  varones, a estas zonas  y el desplazamiento forzado de las comunidades que antes habitaban allí, tienen como consecuencia un aumento de la prostitución. Es en este contexto que ocurre la prostitución infantil, la trata y la violación —especialmente a las mujeres indígenas—.

A nivel socio-económico, las mujeres son una población vulnerable no solo por la estructura del sistema patriarcal sino también por la validación y reproducción de estas lógicas por  la sociedad. La violencia sufrida en los territorios es la misma sufrida por los cuerpos feminizados, los cuales son vistos como objetos utilizables para suplir las necesidades masculinas hegemónicas, y ser  desechables.  La masculinización de los espacios es una modificación simbólica que tiene como consecuencias prácticas de violación, sometimiento y deshumanización de estos cuerpos

El soterramiento del lugar de existencia y supervivencia de estas poblaciones obliga a la adaptación. Con sus fuentes de ingreso desplazadas por la instalación de  proyectos mineros, los empleos que son brindados mayoritariamente a los varones refuerzan la lógica del macho proveedor, lo que  retira la autonomía y modifica el lugar de las mujeres en la comunidad. Este lugar de poder otorgado a los  varones genera no solo la división y fragmentación de comunidad, trae también como consecuencia un aumento de la violencia intrafamiliar, ya que las mujeres  no tienen como subsistir.

La masculinización de los territorios es estratégica y funcional al saqueo promovido por las corporaciones, en convergencia con los Estados, que utilizan el ordenamiento territorial como herramienta política y técnica para imponer la ocupación y sostener el modelo de acumulación que responde a las necesidades e intereses del modelo de desarrollo hegemónico.

Teniendo en cuenta que las mujeres son las que, históricamente, defienden los territorios con sus cuerpos y desarrollan practicas completamente incompatibles con el modelo de saqueo —sostenidas por ética del cuidado y reproducción de la vida—, ellas son vistas como obstáculos a la implementación de los megaproyectos. Son una amenaza al sistema que, colocando a los varones en el lugar de poder,  utiliza las lógicas de dominación patriarcal para destruir las resistencias emergentes.

El futuro de tierra arrasada, que se dibuja en el horizonte llevado a cabo por las prácticas patriarcales, evidencia que la defensa del territorio debe caminar al lado  del empoderamiento de las mujeres y la reproducción de una lógica feminista que pueda recomponer los vínculos necesarios para garantizar el sostenimiento de la vida.  Solo así será posible frenar el avance del capital sobre la vida de todos y todas. Lo que preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿Es posible avanzar sobre los territorios se logramos romper con el patriarcado?

Fuentes:

Lira, Pedro Felipe: El ordenamiento territorial como opción de políticas urbanas y regionales en América Latina y el Caribe

http://defensoraspachamama.blogspot.com/2015/08/mujer-violencia-e-industria-minera-1.html

El macrismo gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde hace más de 11 años. En el año 2015, en esta democracia del territorio denominado Argentina, la alianza CAMBIEMOS comenzó a gobernar también en la nación. El gobierno de Macri decidió trasladar los terrenos que poseen las familias que viven en barrio de la Villa 31 al gobierno de la Ciudad. El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Larreta, promulgó una ley de urbanización para el barrio. Sobre esto conversamos con las compañeras que vienen resistiendo esta ley desde la Coordinadora de Villas Por Una Urbanización Real de la Villa 31. Esta es una primera parte de la extensa charla que tuvimos con ellas.

VB: En las últimas elecciones el gobierno ha obtenido malos resultados en el barrio.

Martha: Vemos publicaciones en los medios donde dicen, ¿cómo puede ser que en la Villa 31 haya votado en contra del oficialismo CAMBIEMOS si destinaron tanto dinero? Pero el problema es que la gente de afuera no ve que ese dinero que dicen, no se invirtió en nuestro barrio. Desde que el gobierno entró a nuestro barrio nos sentimos huérfanos, ya que no nos sentimos partícipes de esa ley.

Para dar una idea del poco apoyo al actual gobierno nacional y de la ciudad: el menor porcentaje de votos que obtuvieron, en la última elección, en la Ciudad de Buenos Aires ha sido en el Circuito número 5 correspondiente al barrio Pepe Mujica de la Villa 31. La alianza CAMBIEMOS obtuvo solo el 16,84% de los votos, un porcentaje menor inclusive que el promedio nacional donde esta coalición obtuvo 32,08% de personas electoras.

VB: ¿Tuvieron conversaciones con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires?

Martha: Se lo dijimos a Larreta, esa ley no garantizaba la radicación definitiva. Nosotros si queremos pagar nuestras viviendas, los servicios, porque somos gente de trabajo, digna. Quiero que mis hijos no carguen más con ese cartelito de negros villeros, vividores. Quiero que ese cartelito quede en mi generación, y quiero que esto se convierta en un barrio. Que se nos garantice el derecho a conservar nuestra casa. Con este gobierno no conocimos el pavimento, antes lo hacíamos entre vecinos. Lo único que se hizo fue modificar nuestro modo de vida y nos hace sentir como personas sin derecho a nada, que no merecemos ser escuchas, que somos nada.

VB: Vos has recibido amenazas por la lucha que vienen llevando, ¿Cuál ha sido la respuesta?

Martha: El gobierno siempre se manejó con punteros políticos oficialistas. A mí me han amenazado, me agredieron, fueron los punteros del oficialismo. Desestimaron las denuncias ya que dicen que no son lesiones graves. Listo, yo lo único que quiero es que quede un precedente, si a mí o mi grupo familiar le pasó algo que se sepa quiénes fueron. Todo esto te desgasta sobre la justicia y entonces ya está.

En febrero de 2019 en un desalojo Martha fue atacada por una patota que responde al gobierno de Larreta. La mesa participativa de la Villa 31 emitió un comunicado de denuncia, “Resultaron atacadas, además, dos vecinas que fueron a solidarizarse con los afectados, también integrantes de la Mesa de Urbanización Participativa: Martha Mamani y María Elena Buñon. A Martha le lastimaron la cara dejándole varios cortes, y la agresora, mientras la lastimaba, le recriminaba ser ella quien había escrachado al jefe de gobierno, diciéndole: “así que te gusta escrachar a Larreta, vas a ser boleta».

VB: ¿Qué dice la Ley de urbanización?

Martha: La ley es específica, contiene artículos que son expulsivos. Esta el artículo 53 y 53 dice que cualquiera de afuera puede comprar tierras, no rechazamos gente que quiera comprar,  pero la ley no dice que es para vivienda de familia. Entonces sabemos perfectamente como viene la mano, aprovecharon un proyecto de ley que dice que es para la enajenación el polígono 31 que es para la amortización de deuda del paseo del bajo. En los años que vienen, vamos a parar en manos de cualquier especulador.  Sabemos que la intención es que el odio que nosotros generamos; somos peticitos, negritos, con rasgos indígenas y vivimos en una sociedad donde somos lo feo, es lo que nos hacen sentir y este gobierno lo fomenta.

Este no es el primer intento de ocultar y estigmatizar la pobreza de parte de este gobierno. En septiembre de 2014 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, construyó el primer muro en la villa 31. Se reemplazó el alambrado lindero a la Autopista Arturo Illia -llamada igual que quién intentó expulsar su población- por un muro de hormigón de 65 centímetros de altura y una reja de 2 metros. Esta misma medida de estigmatización y ocultamiento de la pobreza fue intentada por el también gobierno de Mauricio Macri en 2007 pero la misma fue rechazada por la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

VB: ¿Cuál es el planteo de uds.?

Martha: Nosotros elaboramos proyectos para que el gobierno  nos escuche, donde hay una participación genuina de los vecinos, pero no nos escucharon. En la Ley 6129 de urbanización no hay nada de lo que planteamos, nosotras las vecinas que venimos luchando sabíamos que íbamos a perder, tienen todo el poder económico, pero es una cuestión de dignidad y de lucha por nuestras familias. Fue desolador el día de la votación de la ley. Había gente del barrio que se reía, pero porque tienen otra posición económica, trabajan con el oficialismo. Nosotras somos mujeres, madres de familia, abuelas, yo personalmente  me sentí desechable de parte de este gobierno.

Somos pocas y somos muchos, pero tenemos dignidad. Nosotras elegimos seguir luchando porque solamente perseguimos un fin: que es que cada una de nosotras conserve su vivienda.

EDITORIAL

Los feminismos se enfrentan al desafío de desarrollarse en un momento en que crece el autoritarismo con rasgos neofascistas por todo el mundo. La concepción pura que plantean estas fuerzas, sea en el campo biológico, cultural o histórico, es ver a los feminismos y la comunidad LGBT como enemigos.

Las pautas feministas y LGBTs frente al mercado, sin embargo,  no son per se un problema; Siempre cuando puedan ser sometidas a las manipulaciones del mercado y que puedan incorporar una lógica neoliberal, las pautas dichas “identitarias” sirven para mantener e incluso disputar el sentido de libertad, derechos y hasta lo que conocemos como opresión. Un ejemplo nítido de esto es el pinkwashing del régimen de Apartheid israelí, donde se publicita como una sociedad abierta con las minorías LGBTTQI, pero no habla de la ocupación de Palestina, la opresión con el pueblo palestino, las mujeres y las comunidades LGBTTQI.

Bajo la consigna de “empoderamiento”, palabra puesta de moda por ONGs y organismos internacionales, mercados y Estados dan las discusiones de género y sexualidad  basadas en una lógica de “ser el empresario de uno mismo” y de normalización y disciplinamiento de los cuerpos. Frente a las insurgencias feministas y LGBTs de el mundo, no siempre la respuesta es un rechazo al nuevo orden establecido culturalmente: hay un intento de hacerlo productivo, una fuente más de ganancia. Además, esta apertura —capitalismo cool—también sirve para disputar el propio campo, creando contradicciones frente las reivindicaciones y escondiendo las problemáticas estructurales del sistema opresor;  todo esto termina estableciendo la necropolítica.

De esta forma, los enemigos son los que están en contra del mercado —que trata estos cuerpos como desechables—.  Se crea una lógica de que hay feministas buenas y malas, así como LGBTs aceptables e inaceptables. Las malas y les inaceptables son les que evidencian el terrorismo de mercado, las injusticias sociales y las violencias político-institucionales combinadas a su situación de opresión sea: los malos son los que politizan las discusiones. Mientras la batalla sea de individuo a individuo, el sistema tratará de aprovecharse de la guerra de “todas contra todas” para generar más ganancias.

La despolitización como estrategia para establecer un Estado de control total es lo que se puede notar en varios países en este momento histórico. Bajo una lógica de emprendimiento —que por obvio significa la supervivencia de unos pocos privilegiados frente a las durísimas políticas de austeridad promovidas alrededor del mundo—, la meritocracia y la competencia no dejan lugar para pensar más allá de la autoconstrucción individualista.   

Podemos decir entonces que el  rechazo a los movimientos que se pretenden hegemónicos y que están en este proceso de disputa  real, no es solo una cuestión de rechazo a una evolución de los usos culturales, sino que hace parte de una guerra simbólica que pretende no perder su rol dominante. No caben dudas que estas luchas son las más potentes y dinámicas en este espacio-tiempo, sobre todo por su pluralidad y capacidad de unidad respetando las diferencias.  Pero también por su proposición que pone la vida y el deseo en el centro de los debates, esto crea un horizonte visible en el mar de incertidumbre que es el modelo neoliberal. Esta capacidad de dibujar futuros posibles con los cuerpos es, además de rupturista, también sensual, capaz de despertar deseos que huyen de la lógica erótica mecanizada y mercantilizada que plantea el sistema. 

Este otro mundo invita a una vida placentera que, frente a la tristeza que genera este sistema —evidenciada por la cantidad de suicidios, brotes de depresión y alienación religiosa—, también es un desafío para  el conjunto de la sociedad. Fortalecer las luchas feministas y LGBTs es también cambiar las estructuras que harán posibles las otras mudanzas que son urgentes en este mundo que está al borde del colapso. Lo que preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿puede  la exploración de nuevos deseos cambiar el mundo?

EDITORIAL

Los alimentos procesados son parte de la historia de la humanidad y de su desarrollo. La preparación de alimentos crudos para el consumo humano cumplió –y cumple– un rol importante para asegurar una alimentación adecuada y, por ende, una buena salud. Más allá de esto, también permite que los alimentos sean preservados para tiempos de escasez. Estos procesos, utilizan agua, fuego, secado, la fermentación y el salado, sin embargo, nada tienen que ver con los procesos de ultra procesamiento de la industria alimentaria.

Los alimentos ultra-procesados pasan por procesos técnicos sofisticados. Están constituidos por formulaciones industriales que tienen cinco o más ingredientes. Entre ellos habitualmente se incluyen ingredientes que se utilizan en los alimentos procesados, como el azúcar, los aceites, las grasas, la sal, los antioxidantes, los estabilizantes y los conservantes. Sin embargo, la gran diferencia es que en muchos de estos comestibles se encuentran más materiales refinados y procesados que alimentos –en su forma natural– propiamente dichos.  

Estos comestibles, de bajo nivel nutricional y muchos de ellos tóxicos,  no serían per se un problema. A la industria del tabaco se es permitido seguir con su negocio, aunque su producto sea reconocidamente dañino a la salud. El punto es que la industria alimentaria, los grandes fabricantes de ultra-procesados, bebidas azucaradas y redes de restaurantes  fast food, cuentan con una poderosa arma que les permite llegar al consumidor de forma directa e insidiosa: el marketing.

Las campañas de marketing de los  comestibles ultra-procesados son responsables del sobrepeso, obesidad y el incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy, más de 700 millones de personas sufren obesidad, 108 de ellas son niñes. Desde 1980, se duplicó el número de muertes por obesidad en 73 países. A pesar de los hechos concretos y los números abrumadores, las empresas siguen con sus campañas de marketing, que además de llevar al consumo masivo de sus productos, también tratan de crear un vínculo simbólico con las personas.

Coca-Cola patrocina  los Juegos Olímpicos hace más de 90 años, la asociación de la marca con salud y bienestar es la principal estrategia de marketing de la empresa. En muchos países, la bebida es más barata y de más fácil acceso que el agua que la propia empresa quitó a las comunidades para producir sus refrescos.

En el año 2013, la cadena de fast food McDonald´s cerró un acuerdo con la Iglesia Católica para ser el restaurante oficial de la Jornada Mundial de la Juventud en la ocasión de la visita del Primer Ministro del Vaticano, Jorge Bergoglio a Brasil. El año anterior, la empresa había inaugurado el mayor restaurante de la cadena para recibir a los turistas en los Juegos Olímpicos de Londres. 

Así, las gigantes de la industria alimentaria construyen un vínculo psicológico fuerte con el consumidor, que les permite influenciar en la forma, contenido y distribución de los alimentos en los lugares donde se instalan, llegando a determinar políticas públicas y los espacios de toma de decisión.

A  pesar de la presión que estas empresas ejercen sobre los Estados, las resistencias por parte de la sociedad civil también se hacen ver. En Argentina, una campaña llamada “No queremos comer mentiras”, de iniciativa de la periodista y escritora argentina Soledad Barruti –quién investiga temas vinculados a la alimentación y a la industria alimentaria–, busca interpelar al Secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein. La campaña tiene por objetivo plantear que el gobierno establezca un sistema de sellos negros en los envases y embalajes de los productos procesados y ultra-procesados de formas que estos indiquen cuando el producto contenga cantidades excesivas de azucares, calorías, sodio, grasas y agregados de edulcorantes.

El título de la campaña también trae una reflexión sobre hasta dónde va el apetito de las grandes empresas y porqué el Estado es cómplice de prácticas que enferman y matan al pueblo. Lo que nos preguntamos desde Virginia Bolten es:¿Cuántas armas tiene el sistema?

Enlace para firmar la petición “No queremos comer mentiras”: https://www.change.org/p/no-queremos-comer-mentiras-sellos-negros-en-los-productos-procesados-y-ultraprocesados-rubinsteinok

Fuentes:

Monteiro, Carlos y Cannon, Geoffrey: El gran tema en nutrición y salud pública es el ultra-procesamiento de alimentos

Guillermo Martinez

Eduardo Elsztain es un empresario argentino que posee diversas empresas a nivel global. Su experiencia se inició en la empresa familiar dedicada a la construcción, IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima). IRSA en la actualidad, es la mayor corporación inmobiliaria del país. Elsztain también controla la empresa CRESUD S.A. que posee varios centros comerciales de Argentina; Alto Palermo, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Rosario, DOT Baires Shopping, Paseo Alcorta y Patio Bullrich entre otros. Algunas operaciones comerciales de Elsztain, durante las gestiones del menemismo y del macrismo, en la Ciudad de Buenos Aires han estado bajo sospecha de corrupción.

En el año 2013, IRSA adquirió el 81% de la corporación israelí IDBD Holding por U$S570, empresa que representa el 5% de la economía israelí en función del aporte de diversos rubros que la componen.

Las empresas del grupo IDBD que operan en territorios ocupados

El conglomerado de empresas de IDBD es muy amplio y en muchos casos con un entramado fiscal que dificulta el acceso a la información. No necesariamente aquí se incluya la totalidad de las empresas del grupo que sostienen el régimen de apartheid israelí:

Modiin Energy LP es una empresa dedicada a la extracción de petróleo y gas. Tiene varios pozos, entre ellos en el Mar Muerto, donde se restringe el acceso y la posibilidad de desarrollo económico del pueblo palestino.

Cellcom, empresa de telecomunicaciones. En 2009, Cellcom lanzó una campaña publicitaría que mostraba soldados israelíes jugando al futbol en un muro de Cisjordania. Diversos movimientos palestinos y organizaciones de DD.HH. solicitaron su retiro.

Mehadrin es la mayor empresa de producción y exportación agrícola israelí. Según denuncias de grupos en solidaridad con Palestina de España y Francia, opera en territorios ocupados incluidos los Altos del Golan. Etiqueta sus productos como procedentes de Israel, asimismo es proveedora de Mekorot y el Ministerio de Defensa de Israel.

Gav Yam, empresa inmobiliaria y  de construcción. Tom Segev, escribió un artículo para el periódico israelí Haaretz donde detalla las maniobras de esta empresa; Construyeron en tierras robadas al pueblo palestino durante la Nakba (desastre). Recientemente Gav Yam construyó una ciudad en el desierto del Negev donde se encuentra el polo de desarrollo de sistemas de vigilancia y control israelí.

Shufersal es la cadena más importante de supermercados israelíes. Cuenta con más de 250 locales y trabajan aproximadamente 13000 personas. No obstante, están reduciendo notablemente su cartilla de personas empleadas a partir de la automatización de los procesos. Varios de las tiendas de Shufersal se encuentran en asentamientos, los que son considerados ilegales según el derecho internacional.

Elron Electronic Industries es una empresa de tecnología con muchas ramificaciones comerciales. Elron fue una de las fundadoras de la mayor corporación militar israelí Elbit Systems. Entre sus múltiples tentáculos se encuentra la asociación con la empresa productora de máquinas de matar; Rafael.

 El sector de comercialización de la corporación militar israelí ,  detalla el vínculo con Elron Electronic Industries. “RDC es el brazo de comercialización de Rafael Advanced Defense Systems , en una asociación completa con Elron Electronic Industries. Nuestro negocio principal es la comercialización de tecnologías civiles de alto valor basadas en tecnologías de defensa desarrolladas por Rafael, con el respaldo financiero de Elron”. Como se puede advertir en la imagen, son varias las empresas desarrolladas por ambas empresas.

Así como otras corporaciones fabricantes de máquinas de matar israelíes, RDC brinda certidumbre de sus productos a partir del uso de armas contra el pueblo palestino, “En RDC, nos comprometemos a convertir las tecnologías de defensa probadas en productos comerciales para el avance de la humanidad”.

Rafael también opera en territorio argentino ocupado

Reino Unido lanzó un millonario plan de compra de armas para las Islas Malvinas. En el segundo trimestre del año 2017, el Reino Unido llegó a un acuerdo con el departamento de defensa de Israel por U$S95 millones según informó el portal Mercopress.

La compra de armamento fue a la empresa israelí Rafael Defense System. El sistema incluye una red de gestión de batalla, comando, control, comunicaciones e informática (BMC4I). Junto con la asociación de una empresa británica, suministrará un sistema de misiles para defensa aérea terrestre para el año 2020.

La empresa israelí integrará diversos sistemas, accediendo a importante información en materia de defensa, algo que países de Europa han cuestionado. Las protestas fueron por compartir información sensible con un país no europeo que fabrica misiles. Frente a esto, la portavoz del ministerio de defensa de Reino Unido expresó, “Existen convenios de no divulgación apropiados entre las compañías participantes, junto con salvaguardas alrededor de información sensible y lo que necesita ser compartido”. Reino Unido ya adquirió secretamente a Rafael misiles Spike a partir de 2007 para desplegar en Irak y Afganistán.

En el mes de septiembre de 2017, el presidente argentino se reunió con Benjamín Netanyahu, en la primera visita realizada por un primer ministro de Israel. Se firmaron diversos acuerdos, entre ellos profundizar las relaciones entre los servicios de seguridad de ambos países, pero no figuró en agenda la venta de armas de Israel a territorio argentino ocupado.

“Vivo en el país más rico del mundo, cuya única materia prima es el dinero de los demás.”

Jean Ziegler

EDITORIAL

Latinoamérica es reconocida por su biodiversidad. Desde hace 500 años, el territorio americano viene siendo sistemáticamente explotado para la extracción de lo que es llamado “recursos naturales”. Los comunes –que comprenden toda la biota y ecosistemas, y que son patrimonio colectivo– fueron transformados en recursos y apropiados, o más bien usurpados, por una lógica feudal e imperial que se modernizó, guardando la misma impronta colonialista.

Los commodities son artículos de consumo que se encuentran en su forma natural, o sea, sin haber pasado por un proceso de industrialización. Son las llamadas materias primas que sirven para la manufactura de otros bienes o para consumo directo. Su asociación con el mercado financiero no es por casualidad, ya que también significa mercancía; un bien transable, negociable y, sobre todo, especulable.

La negociación del precio de las materias primas es realizada vía electrónica por los llamados brokers y es posible negociar cualquier commodity sin, necesariamente, tener la intención de adquirir el producto. Es decir, el bien que se negocia pasa a ser apenas un papel negociable de acuerdo con las condiciones del mercado. En el caso de los alimentos, los inversionistas negocian cosechas futuras para después especular con el precio. La crisis financiera que empezó en fines de 2007, como consecuencia del rompimiento de la cadena especulativa inmobiliaria estadounidense, hizo que el mercado buscase alternativas para garantizar la supervivencia del modelo de negocio.

Una importante alza en las transacciones de commodities se dio a partir del año 2008. Los precios de los principales bienes primarios llegaron a aumentar 183% y las inversiones en mercados futuros llegaron a 14% del total del mercado. El valor estimado fue de 55.000 millones de dólares en 52 días hábiles del dicho año. Si por un lado los medios de comunicación hegemónicos celebraban un aumento en la producción de alimentos, intentando instalar el discurso de que era necesario alimentar al mundo y evitar una crisis alimentaria; por otro, los pueblos de los países del Sur trataban de denunciar las consecuencias de la especulación con los alimentos que desencadenó un aumento en los precios, agravando la situación de pobreza y hambre de las mayorías sociales.

La fiebre de los commodities también impactó, y sigue impactando, en los territorios donde los monocultivos destinados a la exportación llegan a tomar casi todas las áreas cultivables y que reciben inversiones de transnacionales que asfixian a los pequeños productores, además de disminuir las superficies destinadas a los cultivos de hortalizas para la alimentación humana. La producción industrial también lleva al uso extensivo de agrotóxicos que dañan los ecosistemas, generando gastos a los Estados y otros perjuicios no mensurables, y que no es contabilizado como un costo por las gigantes del agronegocio.

El destino de los cereales exportables contradice el discurso de que la población mundial ha aumentado y, por ende, es necesario producir más alimentos. La realidad es que gran parte de los monocultivos está destinada a la producción de agrocombustibles, visto como una oportunidad a los inversionistas frente a la crisis climática y el falso planteo de que los llamados “biocombustibles” serían una alternativa sustentable a los combustibles de matriz fósil.

Cada cinco segundos, un/a niño/a menor de diez años se muere de hambre en el mundo. Los conflictos por la tierra y el asesinato de pueblos originarios, afrodescendientes y campesinos es una triste realidad a la que se enfrenta la resistencia de quienes nunca dejaron de luchar por pan, tierra y trabajo. Por ello, desde Virginia Bolten, preguntamos: ¿hasta cuándo la ganancia de unos pocos seguirá siendo más importante que la vida de las mayorías?

Fuentes:

http://www.cadtm.org/Volvamos-a-hablar-de-las-causas-de

http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=10040#nh20

EDITORIAL

Millones de personas coparon las calles para recordar las personas detenidas-desaparecidas en  la última dictadura cívico-militar-eclesiástica que cumplió 43 años este último 24 de marzo en este territorio nombrado  Argentina.

Ya en el camino a la movilización, jóvenes gritaban en el subte “¡Macri, basura, vos sos la dictadura!” seguido por el clásico “¡30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presente!”. Los cantos también hacían memoria a los intentos frustrados del presidente de cuestionar la cantidad de personas desaparecidas durante el período dictatorial, mientras señoras dejaban caer las lágrimas de un dolor colectivo, tan presente en las calles argentinas y en cuerpo social de un pueblo que no olvida, no perdona y no reconcilia con los verdugos, basura de la historia –como decía el periodista desaparecido Rodolfo Walsh–.

Los relatos de les sobrevivientes de este período histórico dan cuenta de desapariciones forzadas, torturas, plan sistemático de apropiación de niñes,  asesinatos, manipulaciones mediáticas y jurídicas, persecuciones y encarcelamiento  a militantes políticos, endeudamiento del país, sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Lo que parece ser una película del pasado, que debe ser acordada para que no se repita, también interpela un presente no muy distinto.

El gobierno de Mauricio Macri es una evidencia que el período llamado democracia aún guarda algunas prácticas utilizadas en la dictadura. Lo más emblemático –además de perceptible por el conjunto de la sociedad– son las medidas tomadas por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Una entusiasta de la represión a la protesta social y de línea “mano dura” contra toda y cualquier forma de crítica hacia el gobierno. El retorno del enemigo interno a  través de la persecución y asesinato de militantes, la amenaza a les luchadores sociales que denuncian el hambre y el deterioro de las condiciones de vida impuestas por el retorno al Fondo Monetario Internacional, a las políticas de ajuste y sumisión a los órganos financieros internacionales, la ampliación del cuerpo represivo estatal y el acercamiento con los gobiernos de Israel y Brasil, dejan una pregunta sin respuesta sobre lo que sería –de hecho– la democracia.

Durante el gobierno de la alianza CAMBIEMOS se incrementó notablemente la represión del estado de la mano de Bullrich a medida que deterioró la economía. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció el incremento de asesinatos por parte del estado y sus fuerzas represivas; en el año 2018 asesinaron a 1 personas cada 22hs. Asimismo, hubo un incremento de más del 50% de personas privadas de su libertad. Se agudizó la criminalización de las personas migrantes y se incrementó fuertemente el dinero destinado a máquinas de matar.

América Latina vive una realidad de golpes blandos que no se permite caracterizar como dictadura propiamente dicha, el hecho de no haber un cambio de régimen, sin embargo, no puede ser el factor único que desvele la cara represiva y violenta de los Estados con el objetivo de manipular la verdad y cometer crímenes de lesa-humanidad. La partidización jurídica, que pasa por encima de todo lo que es conocido como “republicanismo” y que pone en duda el pacto democrático, se vale de la desinformación y pavimenta el camino para el ascenso de un neo-fascismo cuyo impacto ya se puede sentir en el tejido social y que es agravado por la última –y tal vez más importante– crisis del capitalismo.

Como ejemplo se puede citar a Bolsonaro en Brasil –que cuenta con la simpatía de Bullrich–, pero también Trump en Estados Unidos y Netanyahu en Israel, ambos considerados aliados estratégicos de Macri. No es de menor importancia que todos estos gobiernos estén alineados sobre la intervención golpista en Venezuela. Otro cuestionamiento que queda dando vueltas es:  ¿actualmente el cambio de régimen es necesario para la implementación de gobiernos autoritarios?

A pesar de todo el avance de los que desean retirar derechos y golpear a los sectores más vulnerables de la sociedad, la respuesta del pueblo aún da esperanzas  que se pueda apelar a alguna ética que restaure la práctica política y devuelva al pueblo su lugar, el de hacedores de su propia historia. Lo que preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿No hay una legitimación a partir de esta democracia de prácticas dictatoriales?

EDITORAL

Los derechos del niñe surgieron durante el siglo XIX. Durante esa  época, intelectuales se preocupaban por la situación de les niñes cuando estaban huérfanos o cuando sus familias eran muy pobres. El trabajo y la prostitución de niños y niñas eran comunes, más allá de esto, también estaban los que lucraban con el trabajo esclavo infantil; muchas veces a cambio de comida y vivienda. Aunque sin carácter vinculante, la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño fue el primer documento que trata la temática. En 1959, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la declaración.

Según la declaración, les niñes –la declaración no contempla fetos– tienen derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y a tener un desarrollo adecuado. A pesar de los esfuerzos para garantizar los derechos a la infancia y a una vida digna y libre de violencia, la sociedad aun valida y refuerza las violencias en contra de les niñes.

En una reciente nota publicada en el periódico argentino La Nación intitulada “Niñas madres con mayúscula”, la editorial del vehículo de comunicación platea que los embarazos de adolescentes –incluso las violadas– no son un problema. La nota exalta el supuesto instinto maternal de las niñas que decidieron seguir con el embarazo. Habla sobre el apoyo que la sociedad debe dar a estas niñas embarazadas y a sus hijes: “ante los hechos consumados, la ley ha de apoyarlas y ampararlas para que puedan transitar sus embarazos con el soporte que merecen”, infiere el texto.

Según un informe de diciembre de 2018, emitido por la UNICEF –Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en sus siglas en inglés–, el 48% de les niñes argentines viven en la pobreza y un 10% se encuentra en situación de indigencia.

La nota, que es un intento de rechazar a cualquier situación que lleve una persona a interrumpir voluntariamente su embarazo, presenta dos casos concretos de niñas –incluyendo a una que había sido violada a los 13 años– que decidieron seguir con su embarazo, las toma como un ejemplo a seguir: “el relato de estas realidades mueve a reflexionar sobre lo que es natural en la mujer, lo que le viene de su instinto de madre, lo que le nace de sus ovarios casi infantiles.”, afirma el artículo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) da cuenta que una a cada cinco niñas es abusada sexualmente y sólo el 10% de los casos son denunciados. Esto sucede principalmente por vergüenza, miedo y culpa. La naturalización del crimen debido al silencio por parte de la familia y el desprecio del Estado, con su casi nula preocupación en abrir canales de denuncia y acompañamiento a las víctimas, son agravados por la ignorancia y  la desinformación.

La utilización de las niñas por parte del La Nación devela cómo piensan y actúan los/las encargados/as del negocio. Utilizando la publicación como panfleto contra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, La Nación demuestra su repugnante ideología. La nota, sin firma, es una violencia adicional contra los cuerpos de las niñas y adolescentes, y, una evidencia más  que los medios hegemónicos, lejos de cumplir con su función social, están al servicio de aquellos que les financian. Lo que decimos desde Virginia Bolten es: una niña embarazada es una niña violada.

EDITORIAL

Fue a finales de la década de 70, en los Estados Unidos, que por primera vez se escuchó hablar sobre “feminización de la pobreza”. El concepto utilizado por la estadunidense Diana Pearce daba cuenta de una realidad concreta donde predominaba  la pobreza en hogares con jefatura femenina. Los números son contundentes y por ello una gran cantidad de publicaciones hablan que la pobreza tiene rostro de mujer: un 70% de las personas que viven en situación de pobreza extrema en el mundo son mujeres, según datos de la ONU. Las mujeres son responsables por la producción de más de la mitad de todos los alimentos consumidos a nivel mundial, sin embrago son las más afectadas por malnutrición.

A pesar de la importancia del diagnóstico de Pearce, respecto de las mujeres que están a cargo de los hogares, muchas otras investigaciones hablan de las causas estructurales de la feminización de la pobreza y tratan el tema no como un fenómeno coyuntural y si como un proceso. En este sentido, comprender que hay una feminización de las causas de la pobreza permite establecer vínculos entre la jerarquización de género y el creciente ingreso de las mujeres por debajo de la línea de pobreza. Es decir, el problema no es la pauperización de hogares en los cuales las mujeres son las jefas –dejando atrás la idea que el problema sería la falta de un varón proveedor–. De modo general, las mujeres están más vulnerables y esto es una consecuencia de una estructura que se reproduce y retroalimenta. Una evidencia de ello son las políticas públicas que en lugar de focalizar sus acciones en el empoderamiento de las mujeres, reconocer el trabajo domestico y de cuidados como un trabajo  –y por lo tanto remunéralo– y mejorar los servicios públicos y de atención a les niñes, busca reemplazar el lugar del varón proveedor a través de políticas asistencialistas de ayuda a las mujeres. Poniendo las mujeres en lugar de incapaces, socavando su autonomía.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina, solo un 56% de las mujeres participa en el mercado laboral convencional frente al  85% de los varones y los ingresos de las mujeres insertadas en el mercado laboral suelen ser menores. En la toma de decisiones políticas también se nota una baja participación de las mujeres que están presentes en solo 10% de los cargos político-institucionales. Eso evidencia también porque la pobreza entre las mujeres es una tendencia, las políticas con perspectiva de género difícilmente serán una realidad mientras el tema no alcance un nivel de interés que ponga en riesgo las estructuras dominantes y que, sobre todo, esté abierto a la participación de las directamente interesadas y afectadas.

En los hogares a cargo de personas pobres hay un 18% más de mujeres jefas de hogar en comparación a  varones; en estos hogares a cargo de mujeres, la pobreza es más aguda y persistente. La situación es aún peor entre las mujeres negras que sufren más exclusión y menos acceso a servicios básicos y empleo, debido al racismo estructural presente en las sociedades que naturaliza la pobreza entre la población negra.

Pensar la feminización de la pobreza como un desafío a ser superado es necesario para garantizar equidad de género de forma responsable ya que la transferencia intergeneracional de la pobreza es una realidad: más niñas que nacen en hogares pobres tienden a repetir esta condición. También las mudanzas económicas afectan más fuertemente a las mujeres, ya que los planes de austeridad de los distintos gobiernos focalizan en la reducción de inversión en los servicios básicos y de asistencia, en lugar de transferir el costo de las crisis a los sectores privilegiados de la sociedad. Lo que nos preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿Hasta cuando las mujeres serán el sostén de un sistema que las condena al hambre?

Fuentes:

AGUILAR, Paula. La feminización de la pobreza: conceptualizaciones actuales y potencialidades analíticas.

FERNANDEZ, Jackeline. PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA COMBATIR LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA. 

MEDEIROS, Marcelo y COSTA, Joana. ¿Qué queremos decir con “feminización de la pobreza”?.

NOVELLINO, Maria Salet. OS ESTUDOS SOBRE FEMINIZAÇÃO DA POBREZA E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. 

“Trabajar el sueño fundamental: un mundo con abejas y pan, y sin hambre ni balas.”

 Osvaldo Bayer

EDITORIAL

Chicos intentaban rescatar  una pelota que estaba atrapada en uno de los arboles de la Plaza Alberti y un perro se recusaba a volver a la casa después de su paseo diario. Marcelo vendía sus revistas “Hecho en Buenos Aires” y preguntaba a la gente si podría robar unos minutos de su tiempo. Unos tomaban mate y de lejos se escuchaba alguien tocar  la guitarra, mientras otros caminaban con les niñes.

De a poco, la gente se iba acomodando en el pasto. Un señor pregunta qué se está armando y se espanta al saber que Bayer era su vecino y él, quien leía sus escritos, nunca se había enterado. Las caras conocidas de periodistas –siempre presentes en las marchas que nunca salen en las tapas de los periódicos–, se iban multiplicando y también se multiplicaban los ojos nostálgicos y los largos abrazos.

El amarillo, azul, blanco, rojo y verde de la bandera Mapuche daba la bienvenida a las cenizas y a la silla de Bayer, casi como una promesa de renovación, un futuro de abundancia, un gesto de curación, un reconectar de fuerzas, una semilla sobre la Tierra. Aplausos infinitos y rostros contemplativos miraban al horizonte de los relatos, como quien lee a Bayer y nunca más vuelve a reconocerse a sí mismo.

El último anarquista romántico, el maestro, intelectual, historiador, rebelde pacifista, periodista y, sobre todo, militante de las causas justas. “La belleza es perenne” fue una de las últimas frases de Bayer en uno de sus días en el hospital, lugar que le tocó frecuentar a menudo antes de su partida, pero no sin protesta. “Bayer llegó a armar un plan de escape del hospital” dijo Bruno Napoli, amigo y compañero de la vida y de las idas y venidas entre el hospital y la casa.

Reconocido amigo de los pueblos originarios, de las putas, de los fusilados de Santa Cruz, de las personas forzadamente desaparecidas, de quienes aprecian cerebros creadores de genialidades. La ética y compromiso con el hacer colectivo fueron acordados a cada minuto del encuentro en homenaje a Bayer; en los relatos, cartas, poemas, canciones, gritos bajo el cielo que amenazaba no poder contener sus lágrimas.

El Bayer constructor de la memoria colectiva se fue dejando la lección a todes nosotres: hacer política desde las entrañas, rescatar a quienes fueron demonizados por la historia y trabajar el sueño fundamental: un mundo con abejas y pan, y sin hambre ni balas.

Los días 28, 29 y 30 de noviembre fueron intensos en Buenos Aires,  donde se reúne el Grupo de los 20. Organizado por un abanico de casi sesenta organizaciones sociales y políticas argentinas y de otros países, la Confluencia Fuera G-20/FMI  organizó  una Cumbre de los Pueblos y desarrolló foros temáticos con el objetivo de plantear una alternativa a la agenda oficial del G-20.

El Foro de Bienes Comunes y Soberanía, más allá de caracterizar el momento por lo cual pasa la región frente la profunda crisis y las consecuencias de las políticas de destrucción del medio ambiente, también plantea alternativas sistémicas al modelo dominante.

Foro Bienes Comunes y Soberanía

Fuera G-20/FMI

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018

Existe una ofensiva colonial, imperial, con una fuerte presencia de EE.UU en toda nuestra región, con el objetivo de  militarizar, apropiar y controlar bienes comunes y territorios: vemos la presencia de bases militares, estrategias de conflictos explícitos y no explícitos.

Se rompe la línea que divide  defensa y  seguridad. Vivimos un regreso a la doctrina de la seguridad nacional. Para las fuerzas armadas en toda América Latina, el enemigo vuelve a ser el propio pueblo.

Nos llaman terroristas, disidentes. Nos criminalizan por dialogar y reflexionar críticamente. Nos tildan de  peligrosos.

Es un contexto donde el extractivismo es política pública, autorizan actividades a empresas transnacionales para actuar en los territorios, mercantilizan todo.

Estamos enfrentando un conflicto a nivel mundial. Es la era del antropoceno, del capitaloceno.  Es la era del cambio climático y del calentamiento global. Es también la era del capitalismo intensivo, de la privatización total.  Este modelo busca avanzar sobre bosques, campos, territorios indígenas. Es la acumulación por desposesión, es la colonialidad, el patriarcado, el racismo, la xenofobia.

El contexto está atravesado por la narrativa del desarrollo, por los discursos que se aferran a un extractivismo que se supone nos va a beneficiar. También es parte del contexto la colonialidad, la aceptación del poder del dominador y la clausura de nuevos caminos.

25 años de tratados de libre comercio, tratados bilaterales de comercio, de inversión y otros, que no traen prosperidad sino que degradan a la naturaleza y violentan nuestros derechos. Los Tribunales Arbitrales Internacionales protegen a las empresas, no a nosotres. Sin embargo resistimos y la Alianza de América Latina sin TLC, que nace en el mismo momento en que estamos dando la pelea contra el Grupo de los 20 en la Argentina,  es un esfuerzo para reunir las experiencias de diversos países y para seguir con esta lucha desde abajo. Debemos detener la mentira de los tratados de libre comercio.

Apoyamos la lucha por el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre Transnacionales y Derechos Humanos, impulsado por la Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad.

Somos nosotres la esperanza, nos vamos a encargar de construir otro mundo posible.

Lo vivimos por ejemplo en la lucha contra Monsanto  en Córdoba, donde las resistencias se alimentan de la ciencia, la técnica y el saber popular. Esta experiencia permite entender que las acciones colectivas y de organizaciones también son parte  de este contexto.

No se respetan los territorios de los mapuches, como en Los Toldos,  nos fumigan y enferman. Las empresas de agroquimicos y los gobiernos intentan convencernos que no hay más otra forma de producir y consumir.

La agricultura intensiva necesita fertilizantes, aunque no resuelva para nada el reto del hambre en el mundo cómo lo quieren hacer creer los líderes del G-20. En la región de Marruecos, y del Sahara Occidental, hay una gran fuente de fosfato que se usa como fertilizante para la soja y el maíz transgénico. Argentina importa la mayoría de su fosfato de EE.UU que estuvo extraído en Marueccos. En el Sahara Occidental, hay un gran yacimiento de fosfato, y entonces un conflicto geopolítico que involucra a varios actores. Ahí no se aplica el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hay muchos saharauís que tuvieron que exiliarse pero la lucha sigue en los territorios.

Se necesita un trabajo de concientización contra todo tipo de colonización, sea china, europea o estadunidense. Ellos acaparan las tierras y promueven los transgénicos.

En Punta Querandí, los mega emprendimientos inmobiliarios crean barrios privados sin tomar en cuenta el rechazo de la población. Elevan terrenos para la gente más rica, lo que genera inundaciones y contaminación.

En Puerto Madryn y En Andalgalá, hace más de 20 años que los gobiernos de Chubut y Catamarca apoyan la megaminería, violando los derechos humanos. Las empresas llevan a cabo un ecocidio, gastando electricidad y cientos de millones de agua por año cuando la población carece de agua dulce. También muchas universidades están financiadas por estas empresas.

En la Amazonia del Ecuador el pueblo ha resistido a una de las empresas más contaminantes del mundo, Chevron/Texaco. Estas empresas tienen sus inversiones garantizadas con el apoyo gubernamental.

Las empresas siempre buscan a sus intereses sin pensar en el bienestar de la población. En los centros urbanos, como Buenos Aires, la contaminación, la desigualdad, la mortalidad infantil, el aumento de enfermedades, la falta de agua potable asi como su privatización y la reducción de la esperanza de vida son una evidencia de que los privilegios de las corporaciones están por arriba de la necesidad de los pueblos, es una decisión política.

Por otro lado, el pueblo en lucha ha logrado prohibir actividades mineras a cielo abierto y el uso de químicos tóxicos, como en Córdoba. La asamblea El Algarrobo de Andalgalá, desde hace ocho años viene marchando contra los proyectos mineros. En Puerto Madryn,  se crearon asambleas y grandes movilizaciones. La comunidad de Punta Querandí ha organizado actividades que difunden la visión del ser humano como hermano de la naturaleza.

Los movimientos villeros en Buenos Aires tienen 70 años de historia. Teniendo en cuenta que el Estado no se hace cargo del problema del hambre y de la educación, estos movimientos crearon comedores y escuelas populares.

Tejiendo alianzas, se intenta de llevar acciones multidimensionales y multidisciplinarias. En Ecuador, la lucha contra Chevron es un ejemplo de resistencia transfronteriza y transgeneracional.

Sabemos que son muchos nuestros desafíos. Sin embargo, la invisibilidad de nuestras luchas en los medios hegemónicos, la criminalización y represión de militantes y comunidades también hace que avancemos en nuestras estrategias de resistencia y en nuestra construcción de salidas colectivas y alternativas a este sistema que nos oprime.

La crisis es sistémica y por ello nuestras propuestas también son sistémicas. Estamos  construyendo una respuesta con esta Cumbre de los Pueblos.

Esta reunión del G-20 es marcada por una guerra económica entre China y Estados Unidos que tendrá consecuencias hacia nuestros bienes comunes. En este clima ideológico de la posverdad, sabemos que primero las luchas se dan en las calles y el electoral viene después; porque crece la política xenófoba, antidemocrática, racista, misógina, aporofobica y de austeridad con Trump, Bolsonaro y Netanyahu.

Frente al negacionismo climático y del efecto de la industria fósil en un contexto de crisis civilizatoria y del límite planetario y en donde los Estados Unidos quieren avanzar para saquear nuestros bienes comunes y reforzar el calentamiento global, nos encontramos en la emergencia de cambiar la matriz energética hacia energías renovables y hacia otro tipo de democracia.

Para frenar la crisis, tenemos que luchar contra el sistema capitalista, racista, colonialista y heteropatriarcal que atenta contra la vida. La  justicia social, de género,  económica y ambiental van de la mano. El cuerpo de las mujeres y cuerpos feminizados son comprendidos como recurso que puede ser apropiado. Buscamos la autonomía, rompiendo la lógica del rol social de reproductoras y cuidadoras. Sabemos que somos las más afectadas por las crisis, sobre todo les disidentes, negras y pobres. Las mujeres indígenas siguen proponiendo vida y recuperar el buen vivir, la unidad entre los pueblos y la reciprocidad de la naturaleza como un derecho para todes. Queremos un estado plurinacional.

La  energía es la base del modelo de desarrollo y acumulación. Los megaproyectos, como la autorización del fracking en el yacimiento de Vaca Muerta, son una amenaza. Por ello, es estratégico hablar de soberanía, sobre todo frente a la concentración del consumo de energía. Queremos construir un proceso colectivo hacía la soberanía energética, donde el lugar de producción sea el lugar de consumo y en donde localmente se pueda decidir qué, cómo y para quienes producir energía. Sin embargo, sabemos que una alternativa sistémica sólo es posible quitando el poder a las grandes empresas que impiden la democracia real. En  horizonte ecosocialista, sin fetichizar las luchas y buscando unidad y diversidad, queremos energías limpias sin pérdida de soberanía, planteamos la energía no como mercancía y sí como derecho.

El sistema agroindustrial está en crisis, generando hambre, enfermedades, producción que no alimenta a todes, aunque controlen el 65% de las tierras agropecuarias. Plantean falsas soluciones como  la agrotecnología de precisión, agrotóxicos, nanotecnología y transgénicos. Mientras tanto, asistimos a una creciente concentración de tierras y financierización de los alimentos. Contra eso queremos soberanía alimentaria de la mano de la agroecología. Nuestras semillas son bienes comunes y deben estar en las manos de los pueblos. No son mercancía. En el eje de infraestructura de la agenda del G-20 sigue planteando el crecimiento infinito y la realidad es que el 1% de la población mundial concentra más riqueza que el 99% restante. Queremos agricultura familiar campesina e indígena, otro modelo que no sea hipermercadista, con producción y consumo local. Sabemos que es posible porque ya lo estamos  construyendo en los territorios.

El progresismo extractivista no nos representa, es necesario pensar una confluencia entre las izquierdas y los movimientos sociales.

América Latina tiene su rol proveedor de materia prima en la División Internacional del Trabajo y este es un  hilo colonial. No existe modernidad sin colonialismo. Las feministas y el movimiento de mujeres y disidencias hemos articulado nuestras posiciones de manera transversal y este es un modelo a seguir. La ecología política en América Latina permite independizarse.

Estamos comprometidas/as en la lucha por la emancipación. Está nítido que estamos frente a una brutal ofensiva neoliberal en todo el mundo. Hay una etapa de crisis que se caracteriza por disputas en el interior de las clases dominantes, con la  necesidad de avanzar sobre los derechos y que impulsa la mercantilización de la vida en todos los niveles. Todos les presidentes en los últimos años han promovido contrarreformas laborales y medidas de austeridad.  Al mismo tiempo, hay resistencias.

Por ello, seguiremos internacionalizando las luchas y fortaleciendo las batallas de las mujeres contra la violencia de género. Seguiremos en la lucha contra FMI y austeridad, contra el patriarcado, contra el calentamiento global, contra el despojo y contra el fascismo neoliberal, entendiendo que descolonizar los saberes antecede las luchas y el acto colectivo.

EDITORIAL

La primera ola de automatización de las industrias a principios de los años 60 prometía un aumento del crecimiento económico y del empleo, sin embargo lo que se observa es una pérdida masiva de puestos de trabajo y un recrudecimiento de las políticas de flexibilización laboral y de reforma previsional. [1]

Hoy, en la era de los dinámicos avances tecnológicos de la industria 4.0,  la llamada “uberización del mercado del trabajo” ya es una realidad y sigue la tendencia mundial de digitalización de los vínculos en todos los niveles. Estas nuevas formas de vincularse, atravesada por una lógica de libre competencia y poca preocupación con los cuerpos que hacen el trabajo concretamente, hace surgir una precarización y explotación colectiva.

Las evidencias son visibles desde inicio de los servicios de Uber, sin embargo se extiende a  las empresas de entrega de comida y de oferta de servicios en los cuales poco importa la profesión de quienes los realizan. La forma aparentemente colaborativa, donde supuestamente las partes se ponen de acuerdo con los valores, métodos y condiciones para la realización de la compra y venta de servicios, significa la eliminación de los intermediarios entre quien consume y la empresa –en este caso las plataformas digitales– utilizando la mano de obra como simple accesorio para la realización de la transacción. No hay vínculo, obligaciones o seguridad que garantice a la persona que está realizando este trabajo un mínimo de respaldo.

Las plataformas digitales, además, dan una falsa idea  que quienes están ofreciendo su fuerza de trabajo están siendo beneficiados con la tecnología desarrollada y disponible para que cualquiera la pueda utilizar. La idea de ser empresaria o empresario de si mismo arrastra la masa de personas desempleadas a conformarse con la lógica de reorganización social en la cual hay proveedores y consumidores dispuestos a la negociación sin límites.

Si por un lado esta opción permite la supervivencia, por otro también genera una suerte de impactos a los distintos sectores de la economía que se ven perjudicados por la velocidad en que estos cambios se dan; no permitiendo una adaptación a las nuevas formas establecidas.  Las modificaciones en el comportamiento de los consumidores que buscan menores costos, sin importar cómo esta disminución en los precios es posible, profundizan la lógica neoliberal e inaugura el sentido  que todos son competidores potenciales y, por lo tanto, enemigos.  En el caso específico del Uber, los hechos de violencia directa entre las personas que trabajan vía plataformas y las que trabajan en los taxis convencionales están creciendo: registros de amenazas, persecuciones y violencia física son comunes.

Mientras tanto, las grandes empresas del sector de la Big Data aprovechan la nueva tendencia para desarrollar nuevas tecnologías que crean una  reestandarización del consumo y forman el perfil del consumidor del siglo XXI. A partir de estos cambios, el control sobre la producción es cada día mayor y en un futuro próximo significará la criminalización de las formas distintas de prestación de servicios y comercio de productos, ya que los Estados son funcionales a las corporaciones y responden a sus demandas. En este sentido, es importante también analizar los impactos de estos cambios teniendo en cuenta que –según  informe de la ONU del año 2015– un 57% de la población mundial no tiene acceso a la Internet, sobre todo en los países dichos subdesarrollados. Asimismo, estas corporaciones pagan sus impuestos en sus lugares de origen, generalmente EE.UU. o en paraísos fiscales.

La destrucción de los derechos laborales/sociales –horizonte del modelo neoliberal– y la transferencia de los costos y riesgos del trabajo a la propia persona trabajadora es la concretización del ideal capitalista, donde las necesidades de las poblaciones son un obstáculo a su reproducción.  La diferencia en esta etapa es que el avance sobre estos derechos son aceptados y naturalizados por el conjunto de la sociedad que mira hacia la inclusión digital y financiera como una forma de libertad y construcción de igualdad.

En la reunión del G-20 este año en la Argentina, uno de los ejes centrales de la agenda es “El Futuro del Trabajo”. Temas como inclusión digital y desarrollo tecnológico son planteados como centrales y buscan también “incluir” a los sectores ajenos a estas modalidades. Tal vez el ejemplo más simbólico sea la propuesta de inclusión de las mujeres, indígenas, afrodescendientes  y comunidades campesinas al mercado laboral a través de las plataformas digitales. Una propuesta que también ofrece micro-créditos y fuerza a la bancarización, un paquete que utiliza la inclusión como escusa para bancarizar, endeudar y someter a los sectores que aún no serían “formalmente productivos”, según la lógica del sistema dominante.

Frente a la profundización de la precariedad y de la crisis de sentido respecto del trabajo, los sindicatos y movimientos de personas trabajadoras intentan organizarse para dar una respuesta que pueda garantizar los derechos y disputar los medios de organización de este nuevo modelo. Sin embargo, aún es poca e insuficiente frente a la velocidad y el alcance con la cual las empresas logran instalarse. La pregunta que hacemos desde Virginia Bolten es: ¿cómo podemos crear y fortalecer las alternativas desde abajo,  por afuera de las garras de las instituciones político-empresariales?

[1] El Sistema Previsional contempla Jubiladxs, pensionadxs, beneficiarixs de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijx.

Fuentes:

ABÍLIO, Ludmila. Uberização do trabalho: subsunção real da viração

RIFKIN, Jeremy. “TECNOLOGÍA CAMBIANTE Y REALIDADES DE MERCADO” en:  El fin del trabajo

Vanessa Dourado y Oscar Vargas

Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil e inaugura un proceso de recolonización que tendrá impacto en toda Latinoamérica. Las formas autoritarias del nuevo presidente brasilero preocupan a la mayoría de las personas que comprenden que esto valida hechos de violencia civil y pone en riesgo lo que es llamado democracia.

Sin embrago, la democracia liberal –que nunca funcionó bien en el territorio latinoamericano– no es comprendida por el sentido común como forma de perpetuación de una dominación ejercida por  los actores que juegan en esta arena, sino como un sistema con instituciones que funcionan bajo un mínimo de acuerdos que garantizan el derecho a la vida. El fin de las dictaduras militares en Latinoamérica y el pacto democrático posdictadura permitió una organización de la desigualdad en este territorio, pero nunca ha permitido cambios estructurales. Para que esto hubiera sucedido, tendría que haberse dado unos mínimos de participación económica además de la sola intervención electoral, promoviendo el fortalecimiento de dinámicas representativas en todos los espacios de la sociedad. Sin embargo, tanto las nuevas democracias posmilitares, como las viejas que no sufrieron dictaduras formales en América Latina, no han dado esos mínimos de igualdad para participar socialmente. Es por ello que siguen siendo políticos profesionales de izquierda y derecha los únicos que pueden ser elegidos a los cargos estatales. Siendo ya precario el modelo político por esto, el futuro se ve peor cuando afirmaciones como las de Bolsonaro promueven una persecución política, inclusive de los políticos profesionales de izquierda, acabando así con la diversidad ideológica de quienes dominan el Estado.

En un período de profundización de la crisis mundial y de evidencia de las contradicciones del sistema capitalista, otras formas que parecieran antisistémicas surgen como  una alternativa novedosa. En este sentido, la elección de Jair Bolsonaro es una esperanza para una parte  del pueblo  y también una enorme oportunidad para quienes buscan la superexplotación de mano obra para la  recuperación de la tasa de ganancia  y un reordenamiento de la subalternidad de los países del Sur.   En el discurso a la “recuperación” del orden se cuela una reorganización de la economía para que sea la competencia sin regulación la que defina la capacidad de supervivencia de las personas. Pese a que esa realidad de participación inequitativa en la economía ha demostrado que son aquellos que acumulan ganancias los que tienen ventaja, se apela a que la no regulación puede abrir el espacio para que ágiles emprendedores de los sectores marginales logren colarse en los sectores ricos, sin que el Estado se inmiscuya en sus deseos de acumular. Si bien como proyección, casi de cuento de hadas, es una gran propaganda, lo cierto es que el Estado no ha interrumpido que aquellos que quieran hacer negocios lo hagan; todo lo contrario, ha garantizado a lo largo de la historia latinoaméricana reciente que se hagan negocios inclusive a costa de ampliar la iniquidad en la distribución de la riqueza. Han sido los negociantes más poderosos los que han impedido que emprendedores menos potentes puedan participar. El Estado apenas ha participado aplicando políticas focalizadas para tratar mínimamente las consecuencias de esta competencia, aun así el hambre de los grandes empresarios y terratenientes aun los lleva a ver con excelentes ojos la llegada de modelos autoritarios como el que aterriza actualmente en Brasil.

Los “nuevos” tiempos pueden ser un retorno maquillado al año de 1500, la esclavitud moderna, el genocidio del pueblo indígena, el saqueo de los bienes comunes, la privatización de los servicios públicos, la eliminación de la parte no adaptable al sistema dominante y la militarización de los territorios. No se puede descartar la posibilidad de guerras de alta intensidad. El autoritarismo de Bolsonaro conmueve a Israel de Netanyahu –quien es un experto en producir mecanismos de control y tecnología de colonialismo para el siglo XXI– y admira a Trump, quien ve en el militar un aliado para hacer America great again. El discurso de Trump en la ocasión de su elección “el tiempo de discursos vacíos se terminó, ahora llegó el tiempo de la acción” mucho se asemeja al de Bolsonaro, pero con matices.

La colonización en este caso es un proyecto para acabar la ruralidad campesina, negra e indígena que representa a la pequeña y mediana  producción, dándole la bienvenida a la agroindustria; se sembrarán con cultivos mecanizados la amazonía luego de acabar con los últimos bosques. Esto en la práctica transformará a los y las habitantes rurales en trabajadores, cuando no desplazándoles para que engrosen los cinturones de miseria de las ciudades. Sin embargo, esto no es solo una cuestión material; la neocolonización a la que se enfrenta Brasil tiene además un carácter mental: acabar con los conocimientos ancestrales que se han guardado por miles de años y remplazarlos por las formas urbanas de vivir. Es una colonización de la mente, donde el proyecto del individuo aislado dentro de la ciudad se contrapone al comunitario de muchos de los y las habitantes rurales.

La palabra libertad fue la que más apareció en el discurso de Bolsonaro, el presidente electo habló de “liberar la relaciones internacionales de los rasgos ideológicos los cuales fueron sometidas en los últimos años”. Cuando dice que el “país dejará de estar apartado del mundo” y “que el país recuperará el respeto internacional”, se nota una semejanza también con el presidente argentino Mauricio Macri. El aspecto que más diferencia Bolsonaro de los líderes mencionados es su sistemática mención a Dios y su evidente falta de conocimiento acerca de temas como economía y gestión, lo que le garantizará constante asesoría de pastores de la religión y pastores de dogmas del libre mercado.

El acercamiento de Netanyahu a Macri –quien visito la Argentina en septiembre de 2017–, el reconocimiento de Trump del Al-Quds (Jerusalén) como capital de Israel y la promesa de Bolsonaro de sacar su legación diplomática, siguiendo los pasos de EE.UU y Guatemala, de Tel Aviv, son pasos dados hacia una agudización de los conflictos  y  un retroceso en la agenda de derechos humanos a nivel mundial. Las leyes antiterroristas –aprobadas durante los gobiernos llamados progresistas de Argentina y Brasil– jugaran un papel fundamental para la criminalización de la resistencia al proceso de recolonización y para la creación de “enemigos de la democracia” según las narrativas dominantes que utilizan el discurso del orden y progreso como pilares de sostenimiento de la vida bajo un sistema neoliberal. No obstante, este es solo el principio del nuevo orden; aun falta la respuesta con que se reciba este nuevo modelo y es la voz de las comunidades organizadas las que dirán cuales son las luchas que disputarán esta nueva cara del poder. La época de las elecciones terminó, inicia la temporada de la reacción popular.

Especial Venezuela

Esta es la primera de una serie de crónicas que Virginia Bolten publicará en las próximas semanas sobre el viaje que realizó a este territorio de Nuestra América. La serie “Especial Venezuela” es un conjunto de narrativas, sin pretensiones de análisis político de fondo,  sino  las sensaciones durante los días en el país bolivariano  y  qué compartimos estos días en tierras caraqueñas. Todo el material que publicaremos a lo largo de este período será parte de una publicación especial que pretendemos compartir con los movimientos sociales y demás interesados/as sobre la realidad venezolana desde una perspectiva de los pueblos en resistencia y para continuar con la lucha antiimperialista, antirracista, feminista, obrera, contra la explotación neocolonial, extractivista y militarista no sólo en Venezuela, sino también en Latinoamérica; porque la lucha es una sola. Desde ya agradecemos a todos los esfuerzos de militantes, movimientos sociales y obreros, organizaciones políticas y culturales, periodistas e intelectuales que nos recibieron tan cálidamente y que permitieron que este trabajo se concretara. Creemos que la práctica política solo es posible con solidaridad, y que su construcción es colectiva y horizontal; por ello, este trabajo es realizado por VB pensado para que sea apropiado por todos/as quienes  luchan por un mundo sin opresiones, libre y justo.

Venezuela: la dignidad de un pueblo que no se rinde

Al llegar al aeropuerto de Maiquetía, próximo a Caracas, en el uniforme de las personas trabajadoras se podía leer: “Ministerio del Poder Popular”; desde entonces, las palabras “pueblo” y “popular” fueron las que más hemos leído a lo largo de los intensos días que pasamos en la ciudad.

El viaje que planificamos con la intensión de escuchar a los movimientos sociales y también darnos condiciones para comprender la realidad venezolana, empezaba con la promesa de muchas sorpresas. Las calles tranquilas nos desmentían la realidad inventada por los medios de comunicación hegemónicos. El caos expuesto en las imágenes y narrativas sobre la “crisis humanitaria” de a poco se iba deshaciendo, dando lugar a la realidad concreta a través de nuestra mirada atenta y por el sentir que sólo es posible estando en medio de la situación.

En camino al Parque Central –donde estuvimos hospedadas– se iban apareciendo las largas colas en las panaderías y bancos. Muchas personas, de forma ordenada y tranquila, pero con el semblante de cansancio, esperaban para comprar pan y retirar dinero. Esta escena se repetiría muchas veces más a lo largo de los días. Nos tocó algunas veces hacer filas muy extensas para comprar alimentos  y allí también pudimos hablar con las personas sobre cómo conseguir uno u otro producto y compartir el sentimiento sobre la economía en tiempos de cambio de moneda.

Llegamos a días  que el gobierno anunciara un nuevo cono monetario. Los millones de Bolívares Fuertes se convertirían en los actuales Bolívares Soberanos, luego de la eliminación de cinco ceros. El tema de conversación en las calles, tiendas y ascensores era siempre:  ¿cuánto costarían las cosas con el nuevo cambio de moneda? A pesar de la novedad, las personas no parecían muy esperanzadas con la modificación monetaria, se incrementó el salario un 6000% pero los precios  tuvieron un salto similar.

El feminismo bolivariano

En el primer día de nuestra jornada, se realizaba la Asamblea Popular Feminista en la Plaza Bolívar.  Llegamos un poco adelantadas, lo que nos permitió escuchar  otras actividades que se estaban realizando en la plaza.

De a poco, las compañeras llegaban a la actividad: las banderas color violeta, LGTB y los pañuelos verdes en el cuello de quienes la organizaban  evidenciaban el local exacto del acto, que se dio frente a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Esta tuvo sus orígenes en una consulta popular durante el gobierno de Hugo Chávez, y es el máximo órgano de poder del Estado venezolano. Después nos enteramos que hace un año, el 28 de cada mes, la asamblea feminista se viene reuniendo en este mismo lugar.

Las intervenciones denunciaban la falta de acceso a las pastillas anticonceptivas, las del día después y también al Misoprostol. Referido a esto Daniella Inojosa de la organización feminista Tinta Violeta de la red la Araña Feminista, expresó que: “los medicamentos se encuentran en manos de grandes corporaciones transnacionales que poseen las patentes, están librando un bloqueo económico contra Venezuela y atentan contra los genéricos”. Asimismo, nos informó que: “durante el gobierno de Hugo Chávez, estos medicamentos eran subsidiados”. Daniella sobre la actualidad detalla “por el ataque económico al país, al no considerarse esenciales las pastillas anticonceptivas, no están dentro del listado de productos farmacéuticos subsidiados”.

El machismo estructural poco desandado y  la falta de apoyo en los espacios de lucha hicieron parte de todas las intervenciones. Las consignas salían en los gritos de las compañeras “¡Aborto Legal en cualquier lugar!”; “Ni del Estado, ni del partido, ni del marido, ni del patrón; mi cuerpo es mío y mía es la decisión”. Una de las exigencias al gobierno, e informada a VB en la manifestación por una participante de la red de mujeres que acompaña a quienes deciden abortar,  es que la anticoncepción sea considerada una cuestión de DD.HH. Una intervención contundente denunciaba el hecho que no hay derecho al aborto en caso de violación.

La protesta y reclamo finalizó con la intervención de un grupo de estudiantes que participaban de otra actividad en la plaza, con el uniforme de la escuela y todos con poco más de diez años de edad, tomaron el micrófono y  gritaban “¡hombres y mujeres luchando en equidad; así se construye el poder popular!”.

EDITORIAL

El abolicionismo penal es una corriente que plantea la eliminación del sistema penal. Es decir, la construcción de una forma alternativa para la resolución de conflictos, que no sea a través del castigo mediante lugares de encierro. Cuando alguien se identifica como  abolicionista, está diciendo que es el opuesto al prohibicionista;  decide  problematizar los hechos  y busca resolver –o lidiar–con conflictos, partiendo del presupuesto   que lo que está “mal” y lo que está “bien” está condicionado por un conjunto de patrones.  Es quien denuncia que estos patrones  son en si mismos injustos,  ya que reproducen el ideario dominante, cristalizando el sistema excluyente, racista, selectivo y de manutención de privilegios.

Un buen ejemplo de la critica abolicionista es la reflexión  frente al encarcelamiento masivo de personas negras empobrecidas, Angela Davis, filosofa y feminista negra, remarca: “Los lugares de encierro y la esclavitud son instituciones estructuradas en el racismo”. En Estados Unidos y Brasil –los dos países líderes de encarcelamiento a nivel mundial ocupando el primer y tercer lugar respectivamente– la mayoría de las personas privadas de su libertad son negras y pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad. Gran parte de estos encarcelamientos son por uso o venta de substancias psicotrópicas.

Partiendo del presupuesto que lo que hace que un hecho sea asumido como un crimen es lo es  determinado por el estado como delito, descriminalizar el uso de las drogas haría que el número de personas privadas de  libertad se redujera importantemente. Más allá de esto, la selectividad de los encarcelamientos devela la orientación del sistema punitivo. No es que la clase media y blanca no consuma drogas, es que las instituciones elijen quienes son los castigables, siguiendo una lógica de eliminación de las personas no funcionales al sistema y a su reproducción. De hecho en las clases medias y altas, los consumos de drogas están pseudodespenalizados y en el caso de los psicotrópicos avalados por la ciencia blanca y la industria farmacéutica.

El sistema industrial-carcelario –término utilizado para definir las relaciones económicas y políticas entre gobiernos, monopolios económicos y políticos– necesita más personas en las cárceles para la manutención del negocio punitivo. Este negocio, que utiliza la mano de obra de las personas encerradas y que también obtiene ganancias de estos cuerpos sistemáticamente torturados a través de su mantenimiento en lugares de encierro, es el que determina la cantidad de personas castigadas e  influye en las políticas públicas y en la elaboración de las leyes.

La estrategia de deshumanización de estos cuerpos también juega un rol importante. A partir del momento en que se convierte en delincuente, la persona pasa a ser un enemigo de la sociedad. Esta sociedad culturalmente punitivista comprende que la solución para los problemas sociales (como la violencia, la precariedad, y el malestar social) es aislar a “los malos”. También se crea a partir de esta ilusión el miedo hacia el otro.

El delincuente es construido socialmente a partir de patrones impuestos por este sistema penal y es posicionado por los medios de comunicación hegemónicos. Los conflictos en las zonas más pauperizadas de la sociedad y la persecución hacia los distintos modos de existencia crean una subjetividad que construye al enemigo. La violencia desplegada por las fuerzas represivas del Estado es vista como un “cuidado hacia el bien común”, así la violencia sufrida por estos cuerpos marginalizados es validada por el conjunto de la sociedad que clama por justicia y castigo.

La dificultad en pensar otras formas de organización social que puedan resolver conflictos se da por esta naturalización y aceptación pasiva de la crueldad que, muchas veces, remite a la Edad Media. Romper con esta estructura es también no aceptar la imposición de un conjunto de mecanismos de control los cuales, nos hacen ver hoy,  necesarios para existir en colectividad. Lo que nos preguntamos desde Virginia Bolten es ¿hasta cuándo vamos a sostener este sistema de castigo? ¿Cuándo vamos a asumir que todx presx es político?

EDITORIAL

“¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.”

Berta Cáceres

En julio de 2010, la ONU reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, asimismo reafirmó que el agua es la fuente esencial para la realización de todos los derechos humanos.  La declaración da cuenta de una evidencia: sin agua no hay vida.

Del total del agua en el mundo, apenas uno 2,75% es dulce y, por lo tanto, adecuada para el consumo humano. Uno 31% de las fuentes de agua potable disponibles en el mundo está en Latinoamérica. Sin embargo, en esta región, 37 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 110 millones sufren con la falta de saneamiento. Se estima que el territorio latinoamericano será uno de los que sufrirá más fuertemente los eventos extremos en consecuencia del cambio climático –como el aumento en el nivel del mar–, lo que significará la salinización de los deltas y la intrusión marina en los acuíferos.

La contaminación y  la escasez del agua son más sentidas por las personas más expuestas a sus consecuencias, sobre todo por las mujeres y niñas que tienen que caminar varios kilómetros para obtenerla, por los pueblos indígenas que la necesitan para existir como tal  y para campesinos y campesinas que necesitan del agua para su subsistencia. Más allá de esto, la falta de saneamiento genera la propagación de enfermedades infecciosas que afecta, sobre todo, a los niños y niñas.  Las poblaciones vienen manifestándose respecto de las causas de estas problemáticas  hace mucho tiempo. Esto se ejemplifica en todas las luchas llamadas “guerras del agua” que tiene como uno de sus símbolos más importantes la revuelta popular  que se dio en Bolivia, entre enero y abril del año 2000, la cual puso en cuestión la privatización de este bien común frente a la presión del Banco Mundial.

Según el abogado y especialista en Derecho Internacional, Javier I. Echaide, la  privatización de tales bienes –entendibles comunitarios–, como el agua, resulta inaceptable, no porque sea imposible, sino porque las consecuencias aplicadas a una escala individual resultan injustas, y las posibles consecuencias a una escala social resultan aberrantes. El abogado también enmarca que la generación de derechos de exclusión –consecuencia propia de la mercantilización de cualquier bien común– equivale –en el caso del agua potable como elemento fundamental al sostenimiento de la vida– a otorgar derechos de vida y de muerte para quienes los detenten: una responsabilidad demasiado grande como para dejarla libre a las reglas del mercado.

En los años 90, gran parte de los Estados latinoamericanos desarrollaron una reforma del marco legal para facilitar y promover las inversiones de empresas que operan a nivel mundial. En este marco, hubo un alza en la implementación de proyectos mineros en toda la región. La actividad minera esta asociada a la liberación de componentes químicos, como el cianuro y el mercurio. Los sedimentos dejados por la minería se incorporan al ciclo hidrológico, contaminando aguas superficiales y subterráneas. Este modelo extractivo-exportador es causa de diversos conflictos por su carácter contaminante y colonizador –ya que la cultura minera atraviesa los territorios con su lógica neodesarrollista, cambiando la geografía y destruyendo la economía y las costumbres locales–.

Frente a las evidencias que cobran responsabilidad de los gobiernos, la respuesta limitase a enfocar en “prestaciones de servicios más eficientes, resilientes y amigables con el medio ambiente” y en “lograr una mayor eficiencia en el uso del agua”. Nada dicen respecto del modelo productivo dominante que contamina con sus agrotóxicos, ni de las empresas que utilizan el agua para proyectos con fines de acumulación de capital.

La búsqueda por el crecimiento y el desarrollo infinito utilizando recursos finitos y no renovables se choca con los límites innegables. Sin embargo, desde del lado del pueblo está la resistencia en defensa de la vida misma. En los días 15, 16 y 17 de septiembre, los Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PU.CA.R.A.) organizan la I Cumbre Latinoamericana del Agua. El objetivo es crear una red latinoamericana de defensa del Agua para los pueblos.

Fuentes:

FILARDI, Marcos Ezequiel. Los derechos humanos al agua y al saneamiento: aportes para un debate

nacional pendiente.

ECHAIDE, J. AGUA COMO BIEN COMÚN DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA DEL ANÁLISIS ECONÓMICODEL DERECHO

SHIVA, Vandana. Water Wars

Otras Fuentes:

https://elpais.com/internacional/2015/05/13/actualidad/1431542093_232345.html

EDITORIAL

Hoy se cumple un año de la desaparición de Santiago Maldonado. El asesinato de Santiago inaugura un nuevo momento para los movimientos sociales y para las luchas contra el sistema. No ignorando todos los hechos criminales que ocurren todos los días por la mano del Estado, sin embargo comprendiendo el significado de una desaparición seguida de muerte en este territorio donde los/las 30 000 siguen vivos/as  en la memoria colectiva.

Estamos pasando por un período de fuerte militarización, represión y avance sobre los territorios por parte de grandes empresas combinado con la complicidad del Estado y de los medios de comunicación hegemónicos. A nivel global, las redes sociales y la dinámica de la industria de las noticias falsas sostienen narrativas insólitas y sin ninguna base factual creíble. La era de la posverdade es también un momento de retorno al negacionismo científico.

A pesar de las evidencias que dan cuenta que el cuerpo de Santiago fue plantado, las autoridades buscan esconder los hechos y proponen que “hay científicos y científicos”, es decir “me sirve o no me sirve”. Nada distinto se podría esperar de un gobierno cuyos representantes dicen en conferencia de prensa sobre las “Buenas Prácticas Agrícolas” que “los agrotóxicos no causan daño alguno a la salud humana” en su afán por seguir beneficiando a la industria del veneno y a los terratenientes –responsables directos por el desplazamiento de los pueblos originarios y de compesinos/as–.

El asesinato de Santiago por el Estado dejó el territorio denominado Argentina en alerta y, lamentablemente, la secuencia de acontecimientos es prueba de que hay un plan de persecución contra los pueblos originarios: el asesinato de Rafael Nahuel, las arbitrariedades en el caso de Facundo Jones Huala, la tortura sufrida por Ivana Huenelaf. Éstos no son hechos aislados, es en respuesta a la resistencia, es un plan para incriminar y luego justificar el genocidio contra los pueblos originarios –cuerpos resistentes al sistema, pero también sobrevivientes–.

Según la organización no gubernamental Global Witness, Latinoamérica es la región que más asesina personas socio-ambientalistas en el mundo. En el año 2017, fueron registradas más de 200 muertes. El contexto del genocidio en curso está relacionado a la explotación agrícola dominante y la reivindicación por el cuidado de la tierra.

Este año, Argentina recibirá la reunión del G20, uno de los ejes centrales en debate es la “seguridad alimentaria”. La agenda del G20 propone que, para resolver el problema del hambre en el mundo, es necesario aumentar la producción de alimentos en uno 70%. Plantea que las regiones donde la demanda es mayor, no disponen de “recursos naturales”: agua y tierra. Hoy, en el mundo, se produce alimentos suficientes para alimentar a 12 mil millones de personas. Los números evidencian que el problema no es la producción, sino la distribución y el destino de lo que se produce.

En un contexto de crisis civilizatoria, generada por este mismo modelo productivo dominante, la construcción de una salida es nítidamente un retorno a las prácticas de cuidado con la tierra y la biodiversidad. Los pueblos originarios y campesinos/as son los actores que pueden construir la mejor alternativa. Santiago fue asesinado por estar en esta trinchera. Desde Virginia Bolten preguntamos ¿qué mejor homenaje a nuestro compañero Santiago que seguir construyendo y apoyando esta lucha?

Fuentes:

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-precio/

https://t20argentina.org/es/la-seguridad-alimentaria-en-el-contexto-del-g20/

EDITORIAL

“Decir que las vidas negras importan, sin embargo, es proclamar que en efecto todas las vidas importan.”
Angela Davis

La lucha antirracista es clave para pensar un horizonte decolonial y consecuentemente romper con los lazos que hacen del territorio latinoamericano un lugar constantemente saqueado y explotado. La reproducción de una lógica que nunca ha terminado. El colonialismo sigue fuerte y sus imposiciones culturales, económicas y políticas se hacen ver sin mucho esfuerzo.

El primer artículo de la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965) define al racismo como: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública [1].

La existencia del racismo nos hace racistas. El racismo es un sistema de opresión, por lo tanto esta estructura hace con que las personas no-negras lo reproduzcan. El racismo tiene una historia, no es situacional. La población negra fue esclavizada por más de 300 años, le fue negado el derecho de existir como personas. Este conjunto de opresiones tienen consecuencias hasta los días de hoy. El poder institucional valida este sistema no permitiendo la inclusión de las personas negras en la sociedad. Sin embrago, también es necesario pensar en uno/a como reproductores/as de esta lógica racista para así poder combatirla.

La opresión militar y económica precede, posibilita y legitima el racismo. No se puede pensar que la violencia en contra de los cuerpos negros sea la misma que sufre los cuerpos no-negros. La naturalización del racismo a través del conjunto de formas de tratar estos cuerpos y estas existencias genera un punto ciego, es invisible a una persona no-negra. La estigmatización tiene una especificidad la cual es incomparable con otras formas de opresión. Por ello, la lucha que se pretende antirracista necesita comprender que hay distinción entre ser una persona pobre y ser una persona pobre y también negra, por ejemplo.

La destrucción de los valores culturales y de las modalidades de existencia de esta población es una constante y esto también se puede notar en el intento de justificar las sistemáticas violencias que sufren estos cuerpos que, en realidad, son golpeados, detenidos y asesinados por el simple hecho de existir.

Pensar el colonialismo y como éste se reproduce en el cotidiano también es muy importante para no seguir reproduciendo y justificando el racismo. La solidaridad colonizadora, esta que se auto proclama como sujeto de la lucha de las personas negras o que se coloca en un lugar de ofrecer ayuda o caridad también es una forma de dominación y de apropiación. A las personas negras las liberará su propia lucha, como sujetas y protagonistas. En este sentido, cabe a las personas no-negras y comprometidas con la pauta antirracista, combatir el racismo institucional, acompañar y apoyar a las luchas siempre que fueren interpeladas y, sobre todo, destruir las lógicas racistas entre las no-negras.

Construir una sociedad antirracista empieza por cuestionar los propios privilegios como personas no-negras, por dejar de usar vocabulario racista, dejar de decir que las personas negras no existen, comprender que nunca –siendo persona no-negra– existirá como una persona negra, por lo tanto, dejar de cuestionar cuando alguien –siendo negra– denuncia que sufrió un acto de racismo, dejar de decir que las personas negras también son racistas.

Abrazar a la lucha con empatía y responsabilidad, respetando las demandas y los dolores de quienes sufren las violencias físicas y simbólicas impuestas por el sistema es el camino para realmente afirmar: Somos antirracistas.

Fuentes:

FANON, Frantz. “Racismo y cultura” en: En defensa de la revolución africana.

RIBEIRO, Djamila. Homens brancos podem protagonizar a luta feminista e antirracista?

RIBEIRO, Djamila. Falar em racismo reverso é como acreditar em unicórnios.

Referencias:

[1]. https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

EDITORIAL

El 04 de junio, en la Argentina, se realizó una nueva marcha NiUnaMenos. El movimiento de mujeres que viene tomando fuerza en los últimos tres años es la más potente expresión de los reclamos feministas del siglo XXI en Latinoamérica, no sólo por la masividad de las marchas sino también, y especialmente,  por su inserción en los sectores populares.  Hay una comprensión –fruto de debates colectivos y asamblearios– de que existen distintas formas de opresión, dominación y discriminación; que el internacionalismo y el debate decolonial tienen que estar presentes. La construcción de las herramientas feministas que tienen intención de romper con el patriarcado en todas sus bases estructurales, baja a la realidad concreta traducida en el deseo de vivir en un mundo que sea de y para todxs.

El último 2 de junio, una mujer palestina fue asesinada por el Ejército israelí en el marco de la Gran Marcha del Retorno. Razan Al-Najjar, 21 años, era enfermera y estaba en el ejercicio de su función en Gaza –ayudando a las personas heridas–. El asesinato de Al-Najjar fue motivo de rechazo por parte de la comunidad internacional y de los organismos de DD.HH., la foto de Al-Najjar ha recorrido el mundo, potenciando la denuncia de la ocupación israelí y evidenciando que lo que pasa en Palestina no es un conflicto y sí un genocidio. Desde el encarcelamiento de Ahed Tamimi -una joven palestina de 17 años quien se enfrentó contra el Ejército israelí-, muchas mujeres en todo el mundo, llevan pancartas con su rostro con la frase “Luche como Ahed Tamimi” y también contribuye para que muchxs compañerxs puedan conocer la lucha aguerrida de las mujeres palestinas por la tierra y la autodeterminación de su pueblo que no se separa de la lucha contra el patriarcado y el colonialismo.

El asesinato de la consejala brasilera, negra y lesbiana, Marielle Franco, en Rio de Janeiro, también tuvo un grande impacto a nivel mundial, y hoy es una herramienta de lucha, sobretodo de las mujeres negras. Denuncian el racismo estructural y la banalización de la violencia sufrida por los cuerpos entendidos como asesinables por el Estado y también por el conjunto de la sociedad. Estos hechos sistemáticamente invisibilizan la existencia de estos cuerpos, contribuyendo a su marginalización y la reproducción de la discriminación racial propia del persistente colonialismo que nunca ha terminado. “Marielle Vive” es la consigna llevada por millares de compañerxs en todo el mundo con la promesa de seguir la lucha antirracista.

Abrazar las luchas de las compañeras que aún siguen en la pelea  por su existencia como personas es clave para hacer del movimiento feminista una salida superadora a las demás alternativas las cuales insisten en no llevar la cuestión de género como transversal para la construcción de un mundo sin opresiones. En este sentido, un cambio de paradigma es la salida para que no haya una reproducción de opresiones –incluso dentro del propio movimiento.

Hoy, es para celebrar que se avancen los debates y que se escuchen atentamente todas las voces, apostando al dialogo y la construcción conjunta donde todas las problemáticas puedan ser contempladas, respetadas por las demás. Pero que, y sobre todo, puedan tejer una bandera única de lucha, donde ninguna realidad sea olvidada y donde se comprenda la complejidad de la tarea puesta al movimiento feminista. Frente a esto, nosotras en Virginia Bolten nos preguntamos ¿es posible que la revolución feminista no sea interseccional?

EDITORIAL

El salario real en Argentina viene disminuyendo un 5% en promedio en los años 2016 y 2017. Asimismo los incrementos de los servicios públicos durante el gobierno de la Alianza CAMBIEMOS rondan el 1000%. En los últimos presupuestos se triplicó el monto destinado al pago de la deuda contraída los últimos años.

Frente a esta situación de empobrecimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad, la única forma de sostenimiento de estas políticas económicas es mediante la represión de la protesta social y el silenciamiento de quienes, aún en forma previa a este gobierno, nunca tuvieron una voz escuchada masivamente. Durante el gobierno de Mauricio Macri, diversas estimaciones dan como resultado que hay 1,5 millones de personas más en la pobreza y 600 mil personas indigentes.

En diversas notas publicadas en Virginia Bolten, se detalla la información de los incrementos en compras de armas por parte de este gobierno. En el último año fiscal se incrementó un 300% la importación de armas de guerra. Este dato cuando se compara con el ajuste en áreas como salud, educación y política social no deja dudas sobre las prioridades de este gobierno.

Las excusas para aumentar el presupuesto en adquisiciones de máquinas de matar son: el terrorismo, el narcotráfico y la reunión del G20 que se realizará en noviembre. Argentina aprobó, años atrás, una ley antiterrorista denunciada por organismos de DD.HH. ya que la misma puede ser utilizada para la persecución política de los movimientos sociales. Esta ley fue aprobada por las presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que supuestamente lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El actual gobierno tiene varias personas implicadas en investigaciones internacionales de lavado de dinero, una vez más, la justicia y las leyes sólo sirven para determinar a quienes se incriminan.

¿A quienes está armando el gobierno?

En Argentina, las fuerzas represivas del estado asesinan cada 25hs. a una persona por gatillo fácil. La violencia policial siempre recae sobre lxs jóvenes pobres de las villas. Con la nueva Doctrina Chocobar, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales están institucionalizando la masacre contra quienes consideran indeseables, lxs pobres, migrantes y minorías. La pobreza se convierte en un problema a ser combatido a través de la violencia contra los cuerpos. Utilizar determinada ropa, hablar de una determinada forma o vivir en un determinado territorio parece ser suficiente para saber sobre la identidad de la persona, que de esta forma se  torna menos que las demás por no estar acorde con los patrones de la sociedad.

Cada 24hs. se comete un femicidio en Argentina. El 22% de estos asesinatos a mujeres es cometido con armas oficiales del estado. La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) –en su informe sobre violencia institucional del periodo 2015 a septiembre de 2016–, detalla que el 76% de la violencia institucional denunciada fue ejercida por la policía.

Frente la profundización de la represión y de la doctrina del choque la cual viene pasando –no sólo Argentina, sino que toda Latinoamérica–, la mayoría de las izquierdas cierran los ojos a las sistemáticas políticas de guerra del estado contra la existencia de las mayorías empobrecidas y asesinadas por su condición de clase. Mientras tanto, más personas ingresan en esta condición a través del modelo neoliberal que es una verdadera máquina de fabricar pobres.

La no respuesta del conjunto de la sociedad a la militarización en las villas es una señal de que la idea impuesta por los medios de comunicación hegemónicos, de que ser pobre significa ser violento, está ganando esta batalla político-cultural.  O sea, ser pobre significaría ser enemigo de la sociedad. Nos preguntamos desde Virginia Bolten ¿qué hacemos para acabar con esta trágica farsa?

EDITORIAL

“El cambio climático es la contranarrativa más poderosa que tenemos frente al capitalismo.”

Naomi Klein

Vivimos en la era del Antropoceno –la etapa en que las actividades humanas tienen un impacto significativo y acelerado en el clima de la Tierra y en sus ecosistemas–. Reconocer y discutir sobre la era del Antropoceno no es sólo una cuestión de semántica, es una cuestión política y legal. Y, pese a las evidencias científicas sobre las causas del cambio climático, el negacionismo aún está muy presente y es una estrategia utilizada para deslegitimar las investigaciones.

Frente a esto,  es necesario demarcar que estos cambios están ocurriendo para que se puedan lograr acuerdos legales con base en esta perspectiva, sobre todo de responsabilidad respecto de las consecuencias del aumento de la temperatura global fruto de la alta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

La emisión del dióxido de carbono (CO2) es la mayor responsable del calentamiento global. La principal actividad humana que causa este fenómeno es la quema de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. Las principales empresas relacionadas con estas actividades son gigantes como Shell, Exxon,Chevron, BP y muchas otras que están en el listado de las mayores corporaciones del mundo.

El poder económico y político de estas corporaciones es factor de influencia en la toma de decisiones en las instancias dónde se plantea el control de las emisiones de CO2 con el objetivo de frenar el calentamiento global.

Las COPs –Conferencias de las Partes Sobre Cambio Climático–, desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, vienen trabajando  la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, estos acuerdos son ajustados para no afectar mucho a los más poderosos; no hablan de erradicar el uso de combustibles fósiles, de responsabilidad por daños y prejuicios y tampoco hay un sentimiento de urgencia.

Pensar un cambio en la matriz productiva es fundamental para lograr frenar el calentamiento global y garantizar la manutención de la vida. En este sentido, no se puede dejar de cuestionar al sistema capitalista de producción y a la lógica hegemónica de desarrollo. La economía basada en un crecimiento infinito frente a recursos no renovables, no respetando los límites planetarios, sólo puede llevar el planeta a catástrofes, las cuales ya estamos pasando. Los eventos extremos, sequías, huracanes, aumento del nivel del mar, desapareciendo de especies animales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático, son una realidad concreta, visible e innegable.

Más allá de esto, es menester pensar en términos de justicia climática, porque la problemática del cambio climático no es un tema objetivamente ambiental o físico de la naturaleza, disociado del ser humano, es un problema ético y político. El hambre, la pobreza y la destrucción afectan directamente las poblaciones más vulneradas del mundo. Las sequías y las inundaciones perjudican a los productores y productoras locales que dependen de sus cosechas para subsistir y también implica un aumento en el precio de los alimentos, profundizando la desigualdad social, impidiendo el acceso a una alimentación adecuada, imposibilitando el alcance de la soberanía alimentaria y provocando un aumento del número de refugiados.

En este sentido, los tratados de libre comercio y el modelo neoliberal que permiten a las corporaciones influenciar en las políticas de los Estados y, consecuentemente, destruir nuestra base de construcción democrática, deben ser considerados enemigos de los pueblos. Las privatizaciones del sector público, la desregulación del sector privado y la reducción de la presión fiscal a las empresas son parte de un mismo sistema que tiene por objetivo mantener privilegios a cualquier costo, priorizando lo privado en detrimento del bien común. Desde Virginia Bolten nos preguntamos, ¿Hasta cuando sostendremos el poder de las corporaciones?