German Romano

El Covid-19 ha llegado a Colombia y con ello las medidas de mayor control estatal contra las 180 000 personas que se encuentran en lugares de encierro hacinadas, ya que solo hay espacio para 70 000. El 12 de marzo Iván Duque, presidente colombiano, prohibió las visitas de familiares a personas en cárceles. Esto generó el inicio de protestas en varias cárceles, entre ellas, de varones: Modelo, La Picota, Cómbita, Picaleña, Jamundí, Pedregal y Bellavista, de mujeres: el Buen Pastor, de Bogotá. Los reclamos son contra esta medida, solicitud de medidas de higiene, poner fin al hacinamiento y medidas extremas para la protección de las 2 919 personas de más 65 años en lugares de encierro.

Las fuerzas represivas del Estado dieron por finalizadas las protestas con sus formas habituales y, según indicaron fuentes del gobierno, hubo 23 muertes y 83 personas heridas. No obstante, desde los lugares de encierro y familiares de las personas encarceladas declaran que son más de 30 las personas asesinadas.

En la cárcel de mujeres llamada Buen Pastor, se restringió el ingreso de encomiendas. Esto inició una serie de protestas ya que como indican quienes se encuentran allí encerradas, los envíos del exterior son su principal fuente de acceso a elementos de aseo. El estado que las encierra no les brinda ni aún en época de pandemia estos artículos. A partir de esta situación se inició una protesta que terminó con 15 mujeres heridas. En declaraciones al diario El Espectador una persona privada de su libertad denunció la represión, “Llegaron unos 40 guardias con Fuerza Disponible, escudos y gases. No los íbamos a dejar entrar, entre otras cosas, porque no tenían ni siquiera un tapabocas. El mayor empezó a gritarnos, le dijimos que se pusiera un tapabocas, nos gasearon, nos echaron los gases hacia la cara, hacia la piel, por eso nos quemaron”.

En la cárcel denominada La Picota, hubo también protestas que como indica CSPP (Comité de Solidaridad con Los Presos Políticos) fueron pacíficas, a pesar de esto también se reprimieron las protestas. En declaraciones a medios de comunicación una persona encarcelada detalló el motivo de los reclamos, “Acá adentro hay un incendio en el patio de los sindicados, la razón de la pelea es porque el Inpec nos está violando los derechos a la visita a la libertad, a la expresión, a la salud, la alimentación y los traslados”.

El día 23 de marzo, el CSPP difundió una carta pública dirigida a Duque donde detalla lasituación histórica en las cárceles colombianas, “Colombia durante años ha arrastrado una problemática estructural en su política Criminal y Penitenciaria, así lo ha reconocido la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos sobre la violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos en las prisiones colombianas, que la ha llevado a declarar y reiterar la existencia de un estado de Cosas Inconstitucional, el cual hasta hoy persiste”. Las medidas para prevenir la transmisión del Covid-19 se enlistan en los siguientes puntos: 1. Estrategia de reducción del hacinamiento carcelario, 2. Estrategia para la prevención de contagio dirigida a la población que permanecerá, 3. Estrategia de respuesta ante eventuales contagios. La carta firmada por más de 170 organizaciones finaliza detallando la preocupación por la represión en las cárceles a partir de “las distintas expresiones de protesta en los establecimientos de reclusión, donde se han manifestado preocupaciones razonables por las medidas de gobierno ante el inminente riesgo de un contagio masivo de COVID-19”. Aún no ha habido respuesta del gobierno a los reclamos más que la represión.