Gonzalo Bravo Neira

Multitudinarias marchas adornaron las principales ciudades de Colombia en lo que será recordado como el primer reto en las calles que tendrá que afrontar el presidente de ese país: el paro convocado por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES). Esta reciente organización nació luego que, tanto en marzo como en septiembre del presente año, se realizaran Encuentros Nacionales de Estudiantes de Educación Superior (ENEES) en el último de los cuales se convocó a la jornada de protesta del 10 de octubre y a la construcción de un paro indefinido. Los encuentros y la naciente organización habrían pasado del nacimiento al pabellón de los movimientos sociales olvidados si no hubiera sido por que dicha protesta fue seguida por más de 20 universidades públicas del país y varias privadas, quienes en todas las ciudades principales protagonizaron grandes movilizaciones, siendo Bogotá la más representativa con una marcha que podría estar entre los 40.000 y 60.000 participantes.

La respuesta del gobierno no se ha hecho esperar: en la tarde del mismo día anunció que asignaría cerca de ciento treinta millones de dólares (US 129.217.732) al sector de la  educación. Sin embargo, dicha respuesta es insuficiente ya que es el dinero que los estudiantes piden solo para este año; exigen que se programe cerca de mil doscientos noventa y tres millones de dólares (US 1.292.177.321) más para el presupuesto del 2019. Este es solo uno de los 10 puntos que tienen como pliego de peticiones en el cual plantean de frente reformas que garanticen de nuevo una educación superior financiada completamente por el Estado.

Este gran paro llega un poco más de dos meses después de haberse posesionado el presidente Ivan Duque, quien logró llegar a la presidencia por una amplia coalición de partidos políticos ideológicamente distintos, donde lo único que los unió fue su rechazo al candidato opositor Gustavo Petro. No resulta extraño que sea justamente el ahora senador Petro uno de los que trate de utilizar estas movilizaciones como forma de mantenerse vigente en la discusión pública. Desafortunadamente, esta intromisión de partidos políticos en las agendas gremiales lo único que provocan es suplantar el liderazgo naciente del movimiento estudiantil, tratando de acaparar desde la política institucional a los movimientos sociales. Sin embargo, no parece que sea un movimiento solo orientado desde un sector de la política.

Muestra de esto es que la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, la más grande y prestigiosa del país, y el rector de la Universidad del Cauca (una de las principales del suroriente del país) acompañaron las manifestaciones; esto pone de manifiesto que las marchas, más que ser orientadas por las agendas ideológicas de x o y partido, responden a la crisis del sistema público de educación superior que está llevando inclusive a sus directivos a tomar las calles. En semanas anteriores la rectora Dolly Montolla afirmó que antes de diciembre la Universidad Nacional de Colombia requería alrededor de diecinueve millones de dólares (US 19.384.169) para poder seguir funcionando. Ella misma ha expresado en los espacios directivos de la universidad que “en el empalme del presidente Iván Duque se planteó la situación de la Universidad: primero era 70% pública y ahora es al revés, pero ellos hablan de 50-50, nos ponen metas, no hay más recursos”. Si estas son las cifras de la Universidad pública que recibe la mayor cantidad de presupuesto, puede suponerse aun peor la crisis que sufren las universidades más pequeñas y regionales.

Frente a este pulso, el presidente Duque tiene por lo menos dos vías: seguir con la desfinanciación que atraviesa el sistema desde la década de los noventas y que lo ha llevado a donde está hoy o prestar atención a las demandas de los y las estudiantes, que recogen en últimas los anhelos de una buena parte de la población que sigue viendo en las universidades el lugar por excelencia para el ascenso social. Sin embargo, si se sigue las declaraciones del presidente las anteriores semanas, donde pidió al congreso el aumento de más de medio millón de dólares para el ministerio de defensa (US646.371.637), se puede deducir que la inversión se priorizará para el sector defensa y no el de educación; esta decisión se  está justificando con la excusa de la reciente  tensión diplomática que atraviesa con el vecino país de Venezuela.

Lo más probable es que el anuncio del aumento de este año por parte del presidente, respondiendo a las protestas estudiantiles, no logre desmovilizar las masivas protestas. Inclusive, puede esperarse que este gesto se tome como un incentivo por parte del estudiantado, quien puede utilizar esto como prueba que si se puede exigir aumento presupuestal para su sector. Por lo tanto, se verá las próximas semanas nuevas expresiones de este movimiento estudiantil en las calles y con ello la primera gran puja que el inexperto gobernante tiene que enfrentar como rector de las riendas del Estado colombiano.