Por Vanessa Dourado

 

El próximo 24 de enero, en  Brasil, el expresidente Lula da Silva será juzgado por el llamado “proceso del triplex”. El juicio será en la ciudad de Porto Alegre (PR).  El 12 de junio del 2017, Lula fue condenado en primera instancia a cumplir 9 años y seis meses de prisión en régimen cerrado por el juez Sergio Moro, responsable por los juicios de los crímenes de la operación Lava-Jato –que lleva este nombre porque las operaciones fraudulentas de funcionarios públicos se realizaban en estaciones de servicios para no generar sospechas–. La operación Lava-Jato comenzó en marzo del 2014, es una operación que tiene por objetivo investigar delitos de lavado de dinero, corrupción pasiva y activa, gestión fraudulenta y obstrucción de la justicia por partes de miembros del gobiernos, agentes administrativos del Estado y empresas privadas de grande porte. Sin embrago, fue en el año 2005, con el llamado escándalo del Mensalão, que se dio inicio a todo el proceso de investigación a través de una denuncia de corrupción divulgada por la revista Veja.

El proceso

La acusación en contra del expresidente es que este habría recibido un departamento tríplex en la ciudad de Guarujá, San Pablo, por la constructora OAS. Sin embrago, el departamento en cuestión se encuentra a nombre de la constructora y no hay documentos que puedan comprobar la titularidad del expresidente.

Las evidencias que llevaron a la condena de Lula en primera instancia son basadas en el orden cronológico de factos y en la construcción de una narrativa condenatoria que surge de la misma banca acusadora.

En esta construcción narrativa, se deduce que el departamento sería de Lula –aunque no haya documentos que lo comprueben–, porque en el año de 2005 la esposa de Lula, Marisa Letícia, había comprado una cuota del Edificio Solaris con opción de compra definitiva de la propiedad. Es esa ocasión, el edifico estaba a cargo de la empresa Bancoop. El año de 2010, presentando dificultades financieras, la empresa transfiere los  trabajos para que la empresa OAS prosiga con el emprendimiento. Con la transferencia del proyecto a otra empresa, los propietarios podrían optar por desistir de la inversión o permanecer con la propiedad, pero pagando un valor más alto. Marisa dejó de pagar las cuotas del departamento  141. El año 2014, la empresa OAS reforma el departamento número 164-A. El año de 2015, el Instituto Lula pide el resarcimiento de los valores pagos por el departamento 141, comprado por Marisa.

A partir de los hechos arriba narrados, la acusación presume que el departamento 164-A es de Lula. La evidencia es basada en la reforma de un departamento que nunca fue de Lula, ya que la propiedad adquirida por Marisa Letícia fue la número 141. Según el juez Sergio Moro, Lula se benefició por las reformas del departamento realizadas por la empresa OAS. El juez fundamentó sus afirmaciones en documentos adulterados donde el número original del departamento se modificó con lapicera. Las frágiles evidencias apuntadas por Moro son fundamentadas en la tesis de que el expresidente habría recibido un pago de propina –vía reforma del departamento que no es de Lula–, más allá del testimonio del  expresidente de la empresa OAS, José Aldemário Pinheiro, vía delación premiada. La negociación de la delación de Pinheiro fue formalizada después de su condena a 16 años e cuatro meses de prisión por su involucramiento en el esquema de corrupción en la Petrobras.

Las implicaciones políticas

En caso que el expresidente fuera condenado en segunda instancia, no podría concurrir en las elecciones presidenciales de 2018. Lula lidera las encuestas con un 45% de intención de votos, según el Barômetro Político Estadão-Ipsos.

El juez Sergio Moro, responsable por la condena de Lula, fue uno de los facilitadores del proceso de impeachment de la presidenta electa Dilma Rousseff que terminó reconocido y legitimado como Golpe Institucional o Golpe Palaciego en el año 2016.

Desde que asumió la presidencia de Brasil vía golpe, Michel Temer –con menos de 3% de aprobación popular– viene llevando a cabo un paquete de medidas de austeridad con aprobaciones de leyes consideradas las más retrogradas de la historia del país. Con un fuerte vínculo con el sector empresario, Temer busca en las privatizaciones y en la retirada de los derechos laborales y sociales, agradar a las corporaciones.

El segundo en intención de votos en las encuestas presidenciales es el actual Diputado Jair Bolsonaro (PP-RJ). Apuntado como el Trump versión brasileña, el diputado y militar de reserva defiende a la dictadura militar, es abiertamente racista y homofóbico. Durante el proceso de impeachment de la presidenta Dilma, Bolsonaro votó en favor de la destitución y dedicó su voto al Coronel Ustra, encargado del centro de represión de la dictadura y torturador de Dilma. El año de 2014, el Diputado dio una entrevista en las instalaciones de la cámara baja diciendo que sólo no violaría a la Diputada Maria do Rosário (PT-RS) porque ella no lo merecía, dando a entender que un varón puede elegir a las mujeres las cuales quieren violar de acuerdo con sus patrones de elección.

Las izquierdas y el apoyo a Lula

La falta de pruebas para la condena de Lula, la politización del judiciario y la judicialización de la política son puntos clave que unen a las izquierdas en Brasil en defensa del derecho de candidatura de Lula. Se entiende que la condena de Lula es la consolidación del golpe, no obstante esta defensa no es de amplio consenso.

Los partidos de izquierda radicales plantean candidatura propia. La mayoría defiende el derecho de expresidente a ser candidato, aunque no van a apoyar a su candidatura por comprender que el PT ya no responde a las demandas del pueblo y sigue trabajando en una línea de conciliación de clase.

El PCdoB lanzó la precandidatura de la Diputada Manuela D’Ávila a la presidencia y el PSOL apuesta en nombre del referente del MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo), Guilherme Boulos y también analiza la viabilidad de la líder indígena Sônia Guajajara como posibles precandidates.

El último 19 de diciembre, el PT  lanzó el manifiesto “Elección sin Lula es Fraude”. El manifiesto plantea que Lula es víctima de abuso por parte del sistema judicial y denuncia la celeridad en la tramitación del proceso de Lula en el TRF4 (Tribunal Regional Federal de la 4ª Región). Más de 150 mil firmas ya fueron reunidas, entre ellas las de personalidades, políticos e intelectuales de todo el mundo.