Comunidades campesinas resisten contra mineras en Ecuador
Artículo, Demian Gomenzoro / Entrevista, Natalia M.
Es la mañana del miércoles 25 de junio en el municipio ecuatoriano de Las Naves. La comunidad de La Unión vuelve al sitio del que fue violentamente expulsada el día anterior. Con paciencia y terquedad, rearman el campamento destruido y se disponen a permanecer allí, como lo venían haciendo desde hacía más de una semana. El objetivo es interrumpir uno de los pasos obligados hacia El Domo, tierra de la montaña de la Piedra Pelada, que estos campesinos están custodiando. En otro de los accesos desde Las Naves a El Domo, en la comunidad Voluntad de Dios, sus hermanos están haciendo lo mismo.
Al mediodía, llega otra vez la policía y arremete como un ejército contra un enemigo, como si lo que tuviera enfrente no fuera una comunidad desarmada. Otra vez, los perdigones y balas de goma. Otra vez, los gases pimienta y mostaza. Esta vez se suman las granadas aturdidoras. La comunidad resiste lo que puede, hasta dispersarse, otra vez con heridos. Los uniformados vuelven a destruir el campamento y mantienen su posición durante horas: una hilera de hombres azules, armados, colocada violentamente entre el camino y el verde paisaje. Ellos también custodian el camino a El Domo y la montaña de Piedra Pelada, pero como quien custodia una propiedad privada aun sabiendo que no lo es; con la fuerza de la brutalidad.
La comunidad vuelve a sus casas, a reponer fuerzas y curar sus heridas. Un muchacho de veintiún años debe ser hospitalizado por un disparo en la cabeza. No es el único. En la asamblea de la noche se acuerda lo obvio, y nadie lo discute: volverán en la mañana al camino, a montar de nuevo el acampe de su resistencia. Llegan noticias de que, en el vecino municipio de Ventanas, otras comunidades acamparon en los caminos hacia El Domo, sumándose a la resistencia de Las Naves.
Hay un conflicto en Ecuador, una lucha del campesinado contra los intereses de la minera Curimining, que lleva 17 años pero que alcanza su máxima tensión en estos días
Las Naves es un cantón —o municipio rural— de la provincia de Bolívar, en la República del Ecuador. Cuenta con una población de siete mil habitantes, conformada mayormente por familias ganaderas y campesinas que producen cacao, naranja, banano, verde, café, caña y limón. Entre los múltiples factores favorables —geográficos, climáticos y humanos— que hacen de este suelo un territorio tan provechoso, pueden destacarse dos.
El primero es el vínculo respetuoso que las familias montubias e indígenas establecen con la naturaleza al trabajar la tierra, una filosofía originaria que heredaron —oral y vivencialmente— de sus ancestros. El segundo factor se halla en la calidad y abundancia de sus aguas. Ecuador es el país con más ríos por metro cuadrado del mundo, y la zona de la que hablamos se encuentra cerca de la naciente más importante de las provincias de Bolívar y Los Ríos.
Se trata de El Domo, una zona de altura ubicada entre Las Naves y los municipios de Guaranda, Echeandía y Ventanas, cuyos afluentes nutren a estas poblaciones y alimentan los ríos de ambas provincias. Esta invaluable fuente de riqueza natural se ve hoy amenazada por un proyecto minero que la acecha desde hace tiempo —contra toda legalidad— y que se encuentra más cerca que nunca de concretarse.
La firma Curimining —de identidad nacional pero vinculada a capitales multinacionales, como los de China y Canadá— pretende explotar El Domo desde hace dos décadas. El primer impedimento con el que se encontró fue la propia Constitución ecuatoriana, que establece que el subsuelo de todo el territorio nacional pertenece al Estado. Sin embargo, la corporación ha volcado todos sus recursos para tergiversar esa norma constitucional con el favor de doce gobiernos consecutivos y sus respectivas fuerzas políticas.
La Ley de Minería, por ejemplo —firmada durante las reformas neoliberales de los años noventa— ha sufrido en la última década y media más modificaciones que ninguna otra, y cada una de ellas ha servido para vulnerar las medidas proteccionistas y ambientales, otorgando mayor libertad a las empresas mineras. Finalmente, durante el gobierno de Rafael Correa, se concedió la tierra en disputa.
No obstante, la Constitución impone la realización de una consulta vinculante a las poblaciones locales antes de poder iniciar cualquier tarea extractivista. Esto está garantizado en más de un artículo: el artículo 57, inciso 7, para los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, y el artículo 398 para las poblaciones no indígenas. Este requisito, en el contexto actual, hubiera significado una negativa rotunda al proyecto minero.
Pero el expresidente Guillermo Lasso, tras disolver la Asamblea Nacional bajo la figura de la “muerte cruzada”, gobernó por decreto. Entre ellos, dictó el Decreto N.º 754: una consulta tramposa cuidadosamente diseñada para fallar a favor de la explotación minera. Su sucesor, Daniel Noboa, terminó de inclinar la balanza en contra de las comunidades. La familia Noboa es propietaria del Grupo Nobis, corporación accionista de varias transnacionales mineras, entre ellas Silvercorp —heredera de Adventus Mining, dueña de 160.000 hectáreas de tierra— y Zalazar Resources, parte del complejo corporativo detrás del proyecto minero. Fue bajo su gobierno que se ejecutó finalmente el decreto mencionado.
El Decreto 754, la consulta que no fue tal
El primer paso de esta consulta fraudulenta fue desconocer la existencia de pueblos originarios —innegable en el territorio—, anulando así la garantía de la “consulta previa, libre e informada” que exige el artículo 57, inciso 7, de la Constitución. Luego se procedió a consultar solo a siete de las diecisiete comunidades, dejando afuera a las más organizadas y reacias al proyecto (especialmente a La Unión y Voluntad de Dios), y eligiendo aquellas sobre las que previamente se habían realizado campañas —basadas en promesas de trabajo y obras de “modernización”—. A esto se sumó la participación de ingenieros de la empresa en el proceso de consulta.
En tercer lugar, y en abierta contradicción con lo que establece el artículo constitucional citado, ningún representante de las comunidades fue invitado a acompañar a los equipos consultores, como es obligatorio, ni siquiera fueron informados de su llegada. En su lugar, los equipos enviados por el Ministerio de Medio Ambiente fueron escoltados por oficiales armados del Ejército y de la Policía, lo cual ejerció una presión intimidatoria sobre las personas consultadas.
Como era de esperarse, el resultado detallado de la consulta nunca fue comunicado públicamente, ni se informó previamente a la población local que se llevaría a cabo, ambos requisitos obligatorios según la ley. Por último, el documento final se desligó de la voluntad expresada por las poblaciones consultadas, eliminando el carácter vinculante de la consulta. Una vez presentado el informe ante el ministerio, y para sorpresa de nadie, la documentación fue aprobada de inmediato, quedando habilitado el proyecto Curipamba-El Domo para comenzar su tarea extractiva.
Desde entonces, el campesinado, que desconoce la legitimidad del Decreto 754 —pero no la vital importancia de El Domo y sus aguas—, se ha organizado como última línea de defensa de sus recursos.
Apenas iniciadas las obras de construcción de la mina, varios de los caminos que conducen a El Domo han permanecido bajo custodia de comunidades como Voluntad de Dios y La Unión, entre otras de Las Naves y también del cantón Ventanas, alcanzando niveles de tensión y violencia como los descriptos al comienzo de esta nota. Este movimiento antiminero —que no solo defiende su calidad de vida, sino también los bienes comunes de todo el Ecuador— sufre hoy una campaña de criminalización mediática a nivel nacional, plagada de injurias y falsas acusaciones, que prepara peligrosamente el terreno para justificar una violencia mayor con el fin de imponer la voluntad de las multinacionales, por encima de la ley, la Constitución y las propias comunidades.
Resistencia y lucha por la vida: el relato de Daysy Coles
En el cantón Las Naves hay una comunidad donde alrededor de cien familias viven de la agricultura directa, es decir, de su propia producción. “Lo que aquí se siembra todo se cosecha gracias a la madre naturaleza”, comenta la señora Deysy Coles, presidenta de la comunidad La Unión.
Ese vínculo armónico y respetuoso con la naturaleza es una herencia antigua. “Dependemos de lo que es de toda la vida, de nuestros abuelitos, de nuestros ancestros, que es la agricultura”, dice Deysy, y hace hincapié en la cultura de la siembra que, desde el 13 de mayo, dejó de ser el foco de atención de la comunidad, que ahora resiste pacíficamente contra las embestidas de las mineras que, junto al Estado, buscan desalojarlos.
La resistencia se levanta frente a la destrucción concreta de su territorio, que se manifiesta en la contaminación, el uso intensivo del agua y el desmantelamiento de los caminos, invadidos por las pesadas máquinas de la minera. Estas no solo alteran el paisaje, sino que también cuartean lentamente las casas y los vínculos entre los miembros de la comunidad. “Antes de la minera todos nos llevábamos bien, teníamos esa paz, esa tranquilidad. Pero hoy desde que llegó la empresa, vienen a dividir personas”, lamenta Deysy, que también explica: “no pedimos caridad, pedimos dignidad… lamentablemente la empresa no entiende. Ellos están cegados por el dinero, como si el dinero fuese todo en la vida. Pero no, porque el día en que uno muere nada se va llevando, aquí queda todo”.
Esta disputa entre la vida y el lucro que se libra en Las Naves es la realidad de una comunidad que tiene en la naturaleza su mayor tesoro, su posibilidad de existir, y de un puñado de empresas extranjeras que, junto al Estado, imponen el extractivismo como única vía de progreso y desarrollo. “Entonces, si se destruye todo, ¿en qué vamos a quedar? ¡Va a ser una vegetación seca, no vamos a poder producir! ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué nos vamos a alimentar?”. “Esa verdad de las mineras es una mentira disfrazada de progreso”, reflexiona Deysy, y completa: “lo que para ellos es desarrollo, para nosotros es un problema”.
La lideresa comunitaria lamenta las formas violentas con las que se maneja tanto la empresa como el propio gobierno: “luego esta semana nos han venido a reprimir por parte de la Policía Nacional. Nos ponen en peligro porque somos vidas humanas, somos gente campesina. Nosotros no tenemos armas ni ninguna de esas cosas. Pero la empresa sí, incluso andan con guardias y todo. Ellos dicen que vienen con una orden del gobierno, del Estado, pero de fondo hay que saber qué puede ser, porque la empresa todo paga”.
cuerdo tiene vigencia hasta junio de 2019 y fue publicado por el municipio carioca.
