Marta Musić y Vanessa Dourado

Luego del 3 de diciembre, dos días después de la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en la Argentina, se realizaba en Polonia la COP24 –Conferencia de las Partes Sobre Cambio Climático–.  Desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, la COP viene trabajando  la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Las evidencias científicas que señalan los efectos de la emisión de estos gases  –sobre todo el dióxido de carbono– como responsables por los eventos extremos que han sucedido en el mundo en la última década: sequías, huracanes, desertificación,  aumento del nivel del mar, extinción de especies animales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático.  Sin embargo, los esfuerzos para frenar la industria fósil y de carbón son parte de una retórica que toma los discursos de la mayoría de los líderes mundiales, pero los números muestran una realidad que no corresponde a la declarada preocupación.

En su último informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático –IPCC, por sus siglas en inglés– informa que es necesario disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 45% para el año 2030 y reducirlas a cero hasta el año 2050  para evitar una catástrofe ambiental sin precedentes. Además, el IPCC planteó un escenario de ecocidio –genocidio del planeta–  más allá de un calentamiento planetario de 1.5°C. No obstante, con la forma de producción y de consumo del sistema actual, este número se está dirigiendo a los 4°C, lo que pondría en riesgo toda forma de vida en la Tierra.

En la reunión del G-20, donde se celebró los diez años de la primera cumbre, la declaración final que  decía  tener por objetivo “construir consenso para un desarrollo equitativo y sostenible a través de una agenda inclusiva, centrada en las personas y con visión de futuro” no logró llegar a un acuerdo sobre el tema Cambio Climático. En los puntos 20 y 21 de la declaración, los países reafirman el carácter irreversible del Acuerdo de París mientras los EE.UU. ratifican su retirada del acuerdo. Cabe precisar que los países miembros del G-20 son responsables por un 80% del total de energía consumida en el mundo y del 78% de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Los EE.UU. es el país que históricamente más ha emitido gases de efecto invernadero en la atmósfera mientras que China –actual líder mundial de emisiones de CO2 con unos 27% de todas las emisiones en 2017– tendrá un aumento de 4.7% de sus emisiones este año. En otras palabras, los gobiernos más poderosos del mundo siguen agravando la crisis socio-ambiental que estamos enfrentando ahora y que sobre todo impacta las poblaciones más vulnerables del mundo.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– alerta que un promedio anual de 21,5 millones de personas han sido forzosamente desplazadas cada año desde 2008 por amenazas repentinas relacionadas con el clima. Asimismo, el tema  migraciones –una de las problemáticas más crecientes en el mundo– no fue uno de los ejes de preocupación en esta reunión del G-20. En el documento final, los puntos 16 y 17 se limitan a enfatizar  “la importancia de las acciones comunes para abordar las causas centrales de los desplazamientos y para dar una respuesta a las crecientes necesidades humanitarias”.

Después de esta desastrosa cumbre del G-20, no es sorprendente que las negociaciones sobre el cambio climático en la reunión de la COP24 avanzan muy difícilmente y que es poco probable que los países lleguen a algún acuerdo hasta mañana. Polonia, el país anfitrión, tiene una matriz energética dependiente de uno 80% del carbón. También está presente Arabia Saudita, cuya empresa petrolera paraestatal Saudi  Aramco es considerada la más rentable del mundo y una de las  más importantes en reserva  de óleo crudo y de producción. El príncipe Mohammad bin Salman –quien estuvo en la reunión del G-20 bajo mucha polémica respecto de denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos– cuestionó el informe del IPCC. A algunos días de la COP24, Bolsonaro anunció que Brasil no iba a organizar la próxima COP25 en 2019. Ni hablar del negacionismo climático de Trump. Mientras tanto, la situación actual en Francia destapa cada vez más la postura hipócrita del gobierno de Macron frente al cambio climático.

La receta  de Macron

Como entusiasta del fortalecimiento  del mecanismo de disputa de la OMC durante el G-20 para proteger el sistema de comercio mundial actual de medidas para la protección del medio ambiente como: la relocalización de los circuitos de producción y consumo, la reducción de transportes internacionales de bienes o la tasaciones sobre el queroseno;  Macron logra dejar muy nítido su política.

Durante el encuentro de líderes en la Argentina, el presidente francés dijo que apoyaba la agenda de reformas y el FMI y que este era el camino correcto no sólo para la Argentina como para toda Latinoamérica, mientras su país ardía en protestas contra el aumento en el precio de la gasolina. Alegando el coste de la “transición ecológica”, Macron evidencia con sus medidas: que lo paguen las personas trabajadoras. La movilización de los “Chalecos Amarillos” en Francia ya es considerada una de las más importantes de la historia del país.

Macron, llamado por la población francesa como el presidente de los ricos, presenta un 20% de aprobación popular. El presidente dijo que ratifica su compromiso con la transición energética, sin embargo exonera a la empresa petrolera Total de toda su contribución fiscal y apoya la explotación de petróleo.

El discurso verde de Macron es rechazado por la comunidad socio-ambiental que alega que los 500 millones del impuesto sobre carburantes van a ser utilizados no para la transición ecológica, sino a absorber el déficit presupuestario de 2019 y compensar así la recaudación de la supresión del impuesto sobre la fortuna.

Foto: Marta Musić /Fin del mundo, fin del mes: cambiemos el sistema, no el clima.

A pesar de la intensificación de la represión de Macron, el sábado 8 de Diciembre, el cuarto acto de los Chalecos Amarillos convergió con la Marcha Internacional por el Clima, organizada este mismo día. Los gritos de “fin del mundo, fin del mes: misma lucha!” cantados a lo largo del día destacaron los vínculos imprescindibles entre las cuestiones sociales y los imperativos ambientales. Las manifestaciones también ponen de relieve las consecuencias socioeconómicas de las reformas de austeridad de Macron, los pocos esfuerzos del gobierno francés cuanto a sus políticas contra el cambio climático  y su postura hipócrita frente a las numerosas crisis que viene atravesando el país. Un país donde la evasión fiscal nunca fue tan importante y las riquezas tan concentradas entre las manos de los más ricos. Un país donde las empresas que contaminan más son exoneradas de impuestos, donde las causas principales del cambio climático no están contempladas, los medios de transportes no están desarrollados, mientras la gentrificación fuerza que las personas se muden para lugares cada vez más lejos de las principales ciudades.

Francia no es un caso aislado. Como lo mostraron el G-20 y la COP24, los gobiernos más poderosos del mundo siguen preservando los intereses del capital transnacional y fomentando un sistema económico insostenible. La situación en Francia ahora está poniendo de relieve preocupaciones reales y concretas sobre cómo llegar a una transición ecológica que sea socio-económicamente justa, porque no es posible pensar justicia social sin justicia fiscal y sin justicia climática.