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G-20: sentencia del Tribunal Ético Feminista

Feministas contra el G20. Foto: GalaXia

 

 

El día 29 de noviembre se reunió en la Plaza del Congreso el Tribunal Ético Feminista contra las políticas de explotación capitalistas, racistas y patriarcales del G20, un día antes del inicio del encuentro del G20 en Buenos Aires.

El Tribunal fue inaugurado por Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y un Jurado integrado por mujeres dirigentes de diversas organizaciones políticas, académicas y movimientos sociales de Nuestra América.

A lo largo de distintas intervenciones se denunciaron casos emblemáticos de crímenes contra mujeres, lesbianas, trans, travestis, trabajadoras, campesinas, negras, originarias, migrantes. Crímenes que no son los únicos, pero que nos muestran los modos de actuación del poder mundial. La audiencia fue organizada a través de casos concretos, organizados en tres ejes:

  1. Avance del fascismo en América Latina
  2. Defensa del territorio y lucha contra el extractivismo
  3. Movimientos migratorios. Las mujeres y las disidencias sexuales en las migraciones.

En esta Sentencia, las integrantes del Jurado, como parte de este Tribunal Ético Feminista Popular, condenamos a las políticas del G20, luego de escuchar con el corazón la pluralidad de las voces de mujeres sabias, luchadoras, guerreras, que ponen el cuerpo en las resistencias y en la creación de un nuevo mundo, y con su cuerpo defienden el territorio, la comunidad, el barrio, la tierra, el agua, las semillas, la vida.

DENUNCIAS:

En la audiencia del Tribunal:

– Se denunció que estamos viviendo una fuerte ruptura de los Estados democráticos, negándoles a nuestros pueblos los básicos derechos políticos, sociales, culturales y religiosos.

– Se denunció que en Argentina y en otros países, la deuda con el FMI se inició en la dictadura. El dinero fue utilizado -entre otros destinos- para comprar las armas con las que torturaron a presos/as y desaparecidos/as. El neoliberalismo necesita de dictaduras para poder realizar sus negocios. Por eso en esta nueva etapa, vuelve a recurrir a los golpes de estado.

– Se denunció que una derecha fascista, racista, clasista, misógina, y ultraneoliberal viene asumiendo poder a través de golpes legitimados por los poderes legislativos, ejecutivos, judiciales y mediáticos. A través de estos poderes, mantiene una apariencia de legalidad que justifica y normativiza opresiones, explotaciones, asesinatos y un real terrorismo de Estado.

– Se denunció que el G20 es parte del “cuarteto del mal”, formado junto al FMI, el Banco Mundial y la OMC. Sus negocios son una forma de hacer más pobres a nuestros pueblos. Quienes disienten de esta realidad son asesinadas, criminalizadas, judicializadas, por alzar sus voces contra las desigualdades estructurales que crea el sistema patriarcal, racista y clasista. Las políticas del G20 profundizan las diferencias dentro de nuestros países y entre nuestros países, reduciendo a las oprimidas y oprimidos a espacios periféricos de los centros urbanos, dejándolos en muchos casos sin vivienda, en las calles, militarizando nuestros territorios, nuestras vidas y nuestros cuerpos.

– Se denunció que las políticas del G20 no sólo afectan a las mujeres y a los pueblos en términos económicos, sino que son políticas de los estados que destruyen la vida en el planeta, la naturaleza, nuestros cuerpos de mujeres, afrodescedientes, indígenas, migrantes, campesinas, negras, trabajadores, lesbianas, travestis, trans. El crecimiento económico que salva bancos, desfinancia las universidades públicas, niega la comunidad, se concentra en el valor de cambio, se basa en la ausencia de empatía y en la naturalización de la violencia y muerte.

– Se denunció que los estados genocidas, aliados a las corporaciones transnacionales, dueñas de grandes capitales, masacran al pueblo negro y pobre de las periferias de las ciudades, en el campo lo expulsan de sus tierras, intentan aniquilar sus culturas, sus cuerpos, sus territorios. Se ha puesto como ejemplo en Brasil, el caso impune de Marielle Franco, joven feminista negra, lesbiana, socialista, defensora de los derechos humanos, el caso de cuatro jóvenes negros que fueron ejecutados en Rio de Janeiro, el caso de Claudia Silva (asesinada en el 2014) y el de Rafael Braga (preso por una causa armada). Todos y todas negros/as, jóvenes, habitantes de las favelas. En Colombia, el estado está llevando a cabo un genocidio contra el pueblo negro, al que le asignan el lugar de población desechable y descartable a través de políticas sociales. En Argentina se denunció el robo de niños/as recién nacidos/as de la comunidad negra, y la persecución sistemática a trabajadores/as ambulantes migrantes de África –por ejemplo de Senegal-.

– Se denunció la criminalización y el híperencarcelamiento de la juventud negra en Brasil y en todo el continente.

– Se denunció que en Brasil se criminaliza el ejercicio de las religiones de origen africanas.

– Se denunció que las políticas del G20 desarrollan un nuevo genocidio contra los pueblos originarios, sus comunidades y líderes.

– Se denunció la criminalización del feminismo y de las luchas sociales, la naturalización de la violencia contra las mujeres, el crecimiento de los feminicidios, el racismo estructural institucionalizado.

– Se denunció que se castiga a las víctimas –especialmente cuando son mujeres, lesbianas, travestis, trans- hasta después de la muerte. La impunidad que decretan los tribunales para los criminales –como en el caso de Lucía en Argentina-, está acompañada y pretende ser “justificada” a través de la difamación y la exposición real o fraguada de la vida de las asesinadas.

– Se denunció que cientos de defensoras de la tierra y las comunidades han sido obligadas a desplazarse de sus territorios y comunidades, a través de amenazas a su vida y a su integridad (como el caso de Lolita Chávez en Guatemala).

– Se denunció que el sistema capitalista patriarcal está destruyendo la vida en el campo. Las transnacionales han destruido los territorios y los sembradíos. Se dio el ejemplo de Brasil, donde no se permite el aborto legal, pero se permite usar 12 litros de agrotóxicos por habitante, lo que provoca malformaciones fetales, abortos espontáneos, cáncer, etc. Se criminaliza la cosecha agroecológica y la producción campesina para autosustentación.

– Se denunció el papel criminal de Bayer – Monsanto, Benetton, y otras transnacionales que privatizan las semillas, ocupan territorios, contaminan ríos y tierras, y son cómplices de la militarización y represión de comunidades indígenas y campesinas.

– Se denunció que las fronteras son herramientas geopolíticas. Se presentó el ejemplo de la caravana migrante que busca de forma colectiva una vida digna. Son los/las despojados/as, precarizados/as, sobrevivientes a las políticas extractivistas y a los estados terroristas. Las migraciones no sólo ocurren, sino que son producidas por el sistema capitalista racista y patriarcal. Ahora quienes caminan son las mujeres y niños/as/es. El andar colectivo les permite salir de la clandestinidad y cuidarse. El éxodo cristaliza la perversión del sistema excluyente. A pesar de la criminalización de la caravana, se mueven por el amor a la vida.

– Se denunció los cambios en las políticas migratorias en Argentina, que han afectado de manera negativa a la comunidad migrante en especial a las mujeres, y han limitado sus posibilidades de tener una vida digna. Se han vulnerado derechos tales como el derecho a tener una identidad, a un sistema de salud, a la educación, los derechos laborales y el derecho a la libertad de expresión.

– Se denunció el Decreto de necesidad y urgencia, DNU 70 de 2017 en Argentina, que asocia a la migración como delito, criminalizando la migración. Se advirtió sobre el auspicio para el desarrollo de nuevas tecnologías, utilizadas para perseguir y expulsar migrantes.

– Se denunció al G20 porque promueve procesos que resultan en el despojo, que dan más valor a la mercancía que a la vida, por militarizar fronteras, por la represión que vive el éxodo migrante, por promover procesos que demonizan a las personas que en su caminar borran fronteras. Las políticas del G20 permiten la libre circulación de mercancías, pero no la libre circulación de personas. Los estados se reservan el derecho de “dar ciudadanía” como si no fueran derechos humanos. Se estimula el resurgimiento del nacionalismo, la xenofobia y el cierre violento de las fronteras.

– Se denunció a la política intervencionista de los EE.UU. en Venezuela, su amenaza permanente, el bloqueo que le imponen a su pueblo, en la búsqueda de ahogar a la revolución bolivariana.

– Se denunció que la ilegalidad del aborto promueve muertes de mujeres en distintos países del continente. Se denunció el caso de Imelda, de El Salvador, víctima desde los 12 años de violencia sexual sistemática por parte de su padrastro de 70 años. Imelda será juzgada, acusada de un aborto clandestino. Se denunció también el caso de las 22 mujeres presas, acusadas de abortar en El Salvador.

– Se denunció al gobierno fascista de Erdogan, responsable de la masacre de las mujeres y el pueblo kurdo, de los ataques militares a ciudades que eran habitadas de forma soberana por los pueblos kurdos, particularmente en la ciudad de Afrin desde principios de este año. Se denunció las masacres realizadas, la persecución y muerte de líderes kurdas y kurdos, la esclavización de las mujeres de esos pueblos y su explotación sexual.

– Se denunció la expulsión de Nicaragua de la feminista Ana Quiroz, luchadora por los derechos de las mujeres y educadora popular.

– Se denunció la falta de justicia en Honduras, y en particular la obstaculización realizada por el Tribunal y por el Gobierno, para que sean juzgados y condenados los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres: la familia Atala, dueña de la empresa DESA.

– Se denunció la impunidad consagrada en el fallo por el crimen en Argentina de Santiago Maldonado, y se expresó la solidaridad con su familia.

– Se denunció la impunidad en Argentina del crimen de Lucía Pérez, y se convocó al Paro de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans para el próximo 5 de julio.

Este tribunal, manifiesta:

Condenamos al G20, a sus políticas y a sus líderes. Hoy, los jefes de esos países se juntan para reafirmar las estrategias y políticas de muerte del G20. Es una cumbre que busca imponer un modelo y formas de vida que beneficien con superganancias a estos sectores del poder mundial, a costa de la mayoría de los pueblos, precarizando aún más la vida de las personas, y destruyendo la naturaleza.

El saqueo de los bienes comunes de los países subordinados, la expulsión de las comunidades originarias de sus tierras, la contaminación de los ríos, la tala de los bosques, las lógicas degradantes y destructivas del agronegocio, junto a la precarización de la educación, de la salud, de las tareas de cuidado que por la división sexual del trabajo recaen prioritariamente sobre las mujeres, la invisibilidad del trabajo doméstico que se incrementa por todas las razones antes mencionadas, son algunas de las lógicas de las políticas del G20, y también lo son la militarización de todas las dimensiones de la vida, la criminalización de la pobreza, la judicialización de la protesta.

Condenamos la alianza criminal, perversa, de muerte, entre el capital, el patriarcado y la colonialidad, que se expresa en el G20 y los TLC, el FMI, la OMC, que tiene como correlato a las empresas transnacionales, y la complicidad y responsabilidad de la mayoría de los gobiernos en el continente. Se trata de un nuevo pacto colonial que perpetúa el ecocidio, el genocidio y el feminicidio. Es un nuevo pacto de los grandes capitales globales que promueven más extractivismo y despojo de todo aquello que habilita la vida digna, y que amenaza los proyectos de esperanza, territoriales y colectivos de pueblos y nacionalidades, y campesinos.

Condenamos la desinformación que generan desde los medios masivos de comunicación, y desde las acciones de gobiernos y empresas que generan y difunden falsas promesas con el nombre de “desarrollo”. La generación de superganancias, la acumulación ampliada del capital, nada tiene que ver con las necesidades de la población, y menos de las poblaciones locales. Lo que buscan es que perdamos autonomía de nuestros cuerpos, y soberanía de nuestras semillas y territorios ancestrales.

Para hacerlo, militarizan comunidades y fronteras, e instauran la guerra sobre los cuerpos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans. Envían un mensaje de miedo, amenaza, disciplinamiento, amedrentamiento y muerte a quienes resisten y luchan, buscando que las mujeres, campesinas, indígenas, estudiantes, afros, trabajadoras todas, que son quienes posibilitamos la soberanía y el sostenimiento de la vida, veamos erosionados nuestros vínculos comunitarios, colectivos y con la naturaleza, alterando los síntomas vitales en nuestros territorios.

Nosotras los desconocemos, y resistiremos desde nuestras propuestas ancestrales de defensa de la vida. El feminismo es una propuesta ética, política y de vida. Elegimos vivir, y vivir bien. Sabemos cómo hacerlo. Hace más de 500 años las mujeres de los pueblos que habitan este territorio del Abya Yala, lo venimos haciendo. Afirmamos nuestra reexistencia. No somos víctimas: sabemos cómo resistir y derrotar al fascismo, y lo haremos. Ellos realizan una guerra contra las mujeres, lesbianas, trans, travestis, comunidades, naturaleza.

Nosotras declaramos nuestra decisión de lucha por la vida en contra del capitalismo transnacional. Nos declaramos cuidadoras de la vida del planeta: ningún cuerpo ni territorio se vende. Se cuidan y se defienden. Exigimos que se reparen los daños hechos a nuestros pueblos, a nuestras mujeres, a nuestras niñas, colocando al frente de las políticas públicas el cuidado de la vida. Queremos un mundo sin fronteras, con una ciudadanía universal.

Ningún ser humano es ilegal. Somos cuerpo, territorio y comunidad. Nuestro feminismo tiene memoria de todas las luchas. Tejemos redes internacionalistas desde distintos territorios. Estamos pensando y buscando alternativas, pensando en los caminos para una justicia feminista popular efectiva. En esa búsqueda, saludamos el ejemplo de la revolución de las mujeres kurdas, la creación de una aldea de mujeres, Jinwar, y les decimos que estamos hermanadas. El feminismo es popular, anticapitalista, antipatriarcal, antirracista.

El feminismo es revolución. Este feminismo del desborde, que camina por el Abya Yala, y que revoluciona nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestro continente, será plurinacional, soberano, territorial, o no será. Porque nos quieren con miedo, sumisas, obedientes, sometidas, precarizadas, explotadas, empobrecidas, y en silencio. Pero esta revolución feminista llegó para quedarse, y no hay marcha atrás.

Buenos Aires, 30 de noviembre, 2018

Tribunal Ético Popular Feminista, contra las políticas de explotación capitalistas, racistas y patriarcales del G20

 
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La ruleta rusa fascista en Argentina, ¿Quién será Bolsonaro?

Flor Niti

El espacio-tiempo de los últimos 40 años de este territorio podría indicar que la posibilidad de ascenso al poder de figuras similares a Benjamín Netanyahu, Donald Trump o Jair Bolsonaro no serían permitidas por esta sociedad. Las masivas manifestaciones durante los últimos años contra el intento de impunidad de represores y asesinos en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica darían cuenta de ello. No obstante, surgen preguntas sobre la actual situación estatal-partidaria; ¿las políticas de Mauricio Macri guardan similitud con las políticas de los mencionados gobiernos? ¿Hay facciones de extrema derecha en la actual coalición gobernante elegida por esta democracia? ¿Quién podría erigirse como líder del fascismo en Argentina?

En el Reino de España hay tres partidos políticos que pugnan por votos a las derechas. Vox, Partido Popular (PP) y Ciudadano. Corresponderá la caracterización de quien se encuentra más a las derechas y próximo al fascismo a las personas de este territorio. El punto de comparación con Argentina  surge que haya tres partidos disputando un espacio partidario similar sin aglutinamiento pero generando corrimientos a las derechas. ¿Cuáles podrían ser los partidos argentinos que guarden similitudes con estos tres españoles? Aquí se inicia una serie de notas con la siguiente pregunta, ¿Quién es Bolsonaro en Argentina?

Los reclamos punitivistas en los últimos 15 años en Argentina

El territorio denominado Argentina ha tenido manifestaciones populares reclamando una mayor dureza legislativa frente a hechos punibles. En marzo de 2004 en una marcha organizada por Juan Carlos Blumberg convocó más de 100 mil personas y donde participaron sectores de las izquierdas como el Partido Obrero. En forma posterior a una seria de convocatorias masivas fue recibido por el entonces presidente Nestor Kirchner. A partir de estos reclamos y la empatía o astucia política de parte de diversos sectores partidarios se promulgó en el congreso la Ley 25.886 denominada Ley Blumberg.

La figura de Blumberg se fue apagando a partir de sus expresiones que justificaban el asesinato de personas por parte de la policía sin juicio previo y su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires junto con la boleta presidencial de quien fuera el gobernador de Neuquén Jorge Sobisch y el dirigente justicialista Jorge Asis. Sobisch fue denunciado por ser el responsable político del asesinato del docente Carlos Fuentealba en una represión de la policía neuquina.

En septiembre de 2018 un jurado popular por unanimidad absolvió al denominado “Carnicero Asesino”. Daniel Oyarzún quien según las pericias “Estaba en plena conciencia” cuando con su vehículo persiguió, arroyó y asesinó a quien le había robado 500 pesos de su comercio tuvo el apoyo de la actual ministra de seguridad Patricia Bullrich, quien luego del fallo expresó, “Ganó el sentido común”. Asimismo hubo diversas expresiones de la sociedad en apoyo a Oyarzún.

Estos indicios también muestran una contraposición de realidad sobre la posibilidad que gobierne el fascismo, está a la vuelta de la esquina, o será que ya está gobernando.

Patricia Bullrich, ¿la Bolsonaro Argentina?

Patricia Bullrich es la actual ministra de seguridad del gobierno de la alianza CAMBIEMOS. Su discurso se encuentra entre los de mayor dureza contra los movimientos sociales y las protestas de una población que sufre las consecuencias de la crisis económica generada por el actual gobierno. Días atrás declaró sobre las organizaciones barriales: “han permitido el narcotráfico como el mal menor”. Este es un nuevo intento de criminalizar los movimientos populares en las calles. Sus expresiones tienen una similitud con las de Bolsonaro, al igual que sus vínculos con las fuerzas represivas del estado. Otro dato que caracteriza a ambas personas es que a pesar de estar dentro de cargos ejecutivos y legislativos por más de 25 años, muestran una imagen de lucha contra las elites gobernantes.

Así como Bolsonaro expresó que el primer país a visitar sería Israel, Bullrich, mantiene una fluida y fuerte comunicación con sectores bélicos y políticos de este país.

Los vínculos de Bullrich

Los inicios de Bullrich en la política partidaria fue con la organización Montoneros, donde también participó su aliado político Mario Montoto, quien fuera secretario de Mario Firmenich y quien hoy con manejos camaleónicos, es uno de los empresarios detrás de la venta de armas y sistemas de control israelíes a Argentina. asimismo es dueño de la empresa CODESUR (Corporación para la Defensa del Sur) que representa o se encuentra vinculada a las empresas israelíes- Aeronautics, Azimut, Saymar, Metax y Soltam.

El medio La Política Online expresó sobre el sostenimiento de Patricia Bullrich como ministra de seguridad “El más importante de sus apoyos es el empresario Mario Montoto”. Bullrich firmó acuerdos por compras de armas a Israel por decenas de millones de dólares luego de visitar este país.

El medio digital Vis A Vis, informó sobre la capacitación en Israel de las fuerzas represivas del gobierno bonaerense. Visàvis dirigido por el esposo de la ministra, Guillermo Yanco, se encuentra financiado por publicidad del municipio de San Martin, de Lanús y el Banco Ciudad. Entre las empresas que publicitan en el medio, se encuentran quienes financian también la cámara empresarial israelí argentina de la cual es presidente Mario Montoto.

Bullrich tiene un importante vínculo con los servicios de inteligencia de EE.UU. e Israel. En noviembre de 2017 firmó un acuerdo con su par israelí para el trabajo conjunto y recientemente anunció en Estados Unidos la posibilidad de instalar una “fuerza de intervención” de la agencia antinarcóticos (DEA) en Misiones para supuestamente combatir al terrorismo y narcotráfico.

La disposición de estos últimos días del gobierno nacional del uso de máquinas de matar por parte de las fuerzas represivas del estado y que la ministra se seguridad sea sondeada como posible candidata en una fórmula Macri-Bullrich en 2019, dan cuenta de la lectura de triunfos de la ola fascista mundial por parte de la alianza CAMBIEMOS.

 
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G-20: el pueblo y su agenda alternativa

Imagen: Colectivo Manifiesto

Los días 28, 29 y 30 de noviembre fueron intensos en Buenos Aires,  donde se reúne el Grupo de los 20. Organizado por un abanico de casi sesenta organizaciones sociales y políticas argentinas y de otros países, la Confluencia Fuera G-20/FMI  organizó  una Cumbre de los Pueblos y desarrolló foros temáticos con el objetivo de plantear una alternativa a la agenda oficial del G-20.

El Foro de Bienes Comunes y Soberanía, más allá de caracterizar el momento por lo cual pasa la región frente la profunda crisis y las consecuencias de las políticas de destrucción del medio ambiente, también plantea alternativas sistémicas al modelo dominante.


 

Foro Bienes Comunes y Soberanía

Fuera G-20/FMI

 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018

Existe una ofensiva colonial, imperial, con una fuerte presencia de EE.UU en toda nuestra región, con el objetivo de  militarizar, apropiar y controlar bienes comunes y territorios: vemos la presencia de bases militares, estrategias de conflictos explícitos y no explícitos.

Se rompe la línea que divide  defensa y  seguridad. Vivimos un regreso a la doctrina de la seguridad nacional. Para las fuerzas armadas en toda América Latina, el enemigo vuelve a ser el propio pueblo.

Nos llaman terroristas, disidentes. Nos criminalizan por dialogar y reflexionar críticamente. Nos tildan de  peligrosos.

Es un contexto donde el extractivismo es política pública, autorizan actividades a empresas transnacionales para actuar en los territorios, mercantilizan todo.

Estamos enfrentando un conflicto a nivel mundial. Es la era del antropoceno, del capitaloceno.  Es la era del cambio climático y del calentamiento global. Es también la era del capitalismo intensivo, de la privatización total.  Este modelo busca avanzar sobre bosques, campos, territorios indígenas. Es la acumulación por desposesión, es la colonialidad, el patriarcado, el racismo, la xenofobia.

El contexto está atravesado por la narrativa del desarrollo, por los discursos que se aferran a un extractivismo que se supone nos va a beneficiar. También es parte del contexto la colonialidad, la aceptación del poder del dominador y la clausura de nuevos caminos.

25 años de tratados de libre comercio, tratados bilaterales de comercio, de inversión y otros, que no traen prosperidad sino que degradan a la naturaleza y violentan nuestros derechos. Los Tribunales Arbitrales Internacionales protegen a las empresas, no a nosotres. Sin embargo resistimos y la Alianza de América Latina sin TLC, que nace en el mismo momento en que estamos dando la pelea contra el Grupo de los 20 en la Argentina,  es un esfuerzo para reunir las experiencias de diversos países y para seguir con esta lucha desde abajo. Debemos detener la mentira de los tratados de libre comercio.

Apoyamos la lucha por el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre Transnacionales y Derechos Humanos, impulsado por la Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad.

Somos nosotres la esperanza, nos vamos a encargar de construir otro mundo posible.

Lo vivimos por ejemplo en la lucha contra Monsanto  en Córdoba, donde las resistencias se alimentan de la ciencia, la técnica y el saber popular. Esta experiencia permite entender que las acciones colectivas y de organizaciones también son parte  de este contexto.

No se respetan los territorios de los mapuches, como en Los Toldos,  nos fumigan y enferman. Las empresas de agroquimicos y los gobiernos intentan convencernos que no hay más otra forma de producir y consumir.

La agricultura intensiva necesita fertilizantes, aunque no resuelva para nada el reto del hambre en el mundo cómo lo quieren hacer creer los líderes del G-20. En la región de Marruecos, y del Sahara Occidental, hay una gran fuente de fosfato que se usa como fertilizante para la soja y el maíz transgénico. Argentina importa la mayoría de su fosfato de EE.UU que estuvo extraído en Marueccos. En el Sahara Occidental, hay un gran yacimiento de fosfato, y entonces un conflicto geopolítico que involucra a varios actores. Ahí no se aplica el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hay muchos saharauís que tuvieron que exiliarse pero la lucha sigue en los territorios.

Se necesita un trabajo de concientización contra todo tipo de colonización, sea china, europea o estadunidense. Ellos acaparan las tierras y promueven los transgénicos.

En Punta Querandí, los mega emprendimientos inmobiliarios crean barrios privados sin tomar en cuenta el rechazo de la población. Elevan terrenos para la gente más rica, lo que genera inundaciones y contaminación.

En Puerto Madryn y En Andalgalá, hace más de 20 años que los gobiernos de Chubut y Catamarca apoyan la megaminería, violando los derechos humanos. Las empresas llevan a cabo un ecocidio, gastando electricidad y cientos de millones de agua por año cuando la población carece de agua dulce. También muchas universidades están financiadas por estas empresas.

En la Amazonia del Ecuador el pueblo ha resistido a una de las empresas más contaminantes del mundo, Chevron/Texaco. Estas empresas tienen sus inversiones garantizadas con el apoyo gubernamental.

Las empresas siempre buscan a sus intereses sin pensar en el bienestar de la población. En los centros urbanos, como Buenos Aires, la contaminación, la desigualdad, la mortalidad infantil, el aumento de enfermedades, la falta de agua potable asi como su privatización y la reducción de la esperanza de vida son una evidencia de que los privilegios de las corporaciones están por arriba de la necesidad de los pueblos, es una decisión política.

Por otro lado, el pueblo en lucha ha logrado prohibir actividades mineras a cielo abierto y el uso de químicos tóxicos, como en Córdoba. La asamblea El Algarrobo de Andalgalá, desde hace ocho años viene marchando contra los proyectos mineros. En Puerto Madryn,  se crearon asambleas y grandes movilizaciones. La comunidad de Punta Querandí ha organizado actividades que difunden la visión del ser humano como hermano de la naturaleza.

Los movimientos villeros en Buenos Aires tienen 70 años de historia. Teniendo en cuenta que el Estado no se hace cargo del problema del hambre y de la educación, estos movimientos crearon comedores y escuelas populares.

Tejiendo alianzas, se intenta de llevar acciones multidimensionales y multidisciplinarias. En Ecuador, la lucha contra Chevron es un ejemplo de resistencia transfronteriza y transgeneracional.

Sabemos que son muchos nuestros desafíos. Sin embargo, la invisibilidad de nuestras luchas en los medios hegemónicos, la criminalización y represión de militantes y comunidades también hace que avancemos en nuestras estrategias de resistencia y en nuestra construcción de salidas colectivas y alternativas a este sistema que nos oprime.

La crisis es sistémica y por ello nuestras propuestas también son sistémicas. Estamos  construyendo una respuesta con esta Cumbre de los Pueblos.

Esta reunión del G-20 es marcada por una guerra económica entre China y Estados Unidos que tendrá consecuencias hacia nuestros bienes comunes. En este clima ideológico de la posverdad, sabemos que primero las luchas se dan en las calles y el electoral viene después; porque crece la política xenófoba, antidemocrática, racista, misógina, aporofobica y de austeridad con Trump, Bolsonaro y Netanyahu.

Frente al negacionismo climático y del efecto de la industria fósil en un contexto de crisis civilizatoria y del límite planetario y en donde los Estados Unidos quieren avanzar para saquear nuestros bienes comunes y reforzar el calentamiento global, nos encontramos en la emergencia de cambiar la matriz energética hacia energías renovables y hacia otro tipo de democracia.

Para frenar la crisis, tenemos que luchar contra el sistema capitalista, racista, colonialista y heteropatriarcal que atenta contra la vida. La  justicia social, de género,  económica y ambiental van de la mano. El cuerpo de las mujeres y cuerpos feminizados son comprendidos como recurso que puede ser apropiado. Buscamos la autonomía, rompiendo la lógica del rol social de reproductoras y cuidadoras. Sabemos que somos las más afectadas por las crisis, sobre todo les disidentes, negras y pobres. Las mujeres indígenas siguen proponiendo vida y recuperar el buen vivir, la unidad entre los pueblos y la reciprocidad de la naturaleza como un derecho para todes. Queremos un estado plurinacional.

La  energía es la base del modelo de desarrollo y acumulación. Los megaproyectos, como la autorización del fracking en el yacimiento de Vaca Muerta, son una amenaza. Por ello, es estratégico hablar de soberanía, sobre todo frente a la concentración del consumo de energía. Queremos construir un proceso colectivo hacía la soberanía energética, donde el lugar de producción sea el lugar de consumo y en donde localmente se pueda decidir qué, cómo y para quienes producir energía. Sin embargo, sabemos que una alternativa sistémica sólo es posible quitando el poder a las grandes empresas que impiden la democracia real. En  horizonte ecosocialista, sin fetichizar las luchas y buscando unidad y diversidad, queremos energías limpias sin pérdida de soberanía, planteamos la energía no como mercancía y sí como derecho.

El sistema agroindustrial está en crisis, generando hambre, enfermedades, producción que no alimenta a todes, aunque controlen el 65% de las tierras agropecuarias. Plantean falsas soluciones como  la agrotecnología de precisión, agrotóxicos, nanotecnología y transgénicos. Mientras tanto, asistimos a una creciente concentración de tierras y financierización de los alimentos. Contra eso queremos soberanía alimentaria de la mano de la agroecología. Nuestras semillas son bienes comunes y deben estar en las manos de los pueblos. No son mercancía. En el eje de infraestructura de la agenda del G-20 sigue planteando el crecimiento infinito y la realidad es que el 1% de la población mundial concentra más riqueza que el 99% restante. Queremos agricultura familiar campesina e indígena, otro modelo que no sea hipermercadista, con producción y consumo local. Sabemos que es posible porque ya lo estamos  construyendo en los territorios.

El progresismo extractivista no nos representa, es necesario pensar una confluencia entre las izquierdas y los movimientos sociales.

América Latina tiene su rol proveedor de materia prima en la División Internacional del Trabajo y este es un  hilo colonial. No existe modernidad sin colonialismo. Las feministas y el movimiento de mujeres y disidencias hemos articulado nuestras posiciones de manera transversal y este es un modelo a seguir. La ecología política en América Latina permite independizarse.

Estamos comprometidas/as en la lucha por la emancipación. Está nítido que estamos frente a una brutal ofensiva neoliberal en todo el mundo. Hay una etapa de crisis que se caracteriza por disputas en el interior de las clases dominantes, con la  necesidad de avanzar sobre los derechos y que impulsa la mercantilización de la vida en todos los niveles. Todos les presidentes en los últimos años han promovido contrarreformas laborales y medidas de austeridad.  Al mismo tiempo, hay resistencias.

Por ello, seguiremos internacionalizando las luchas y fortaleciendo las batallas de las mujeres contra la violencia de género. Seguiremos en la lucha contra FMI y austeridad, contra el patriarcado, contra el calentamiento global, contra el despojo y contra el fascismo neoliberal, entendiendo que descolonizar los saberes antecede las luchas y el acto colectivo.

 

 

 

 
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Uberización del trabajo, precarización de la vida

EDITORIAL

La primera ola de automatización de las industrias a principios de los años 60 prometía un aumento del crecimiento económico y del empleo, sin embargo lo que se observa es una pérdida masiva de puestos de trabajo y un recrudecimiento de las políticas de flexibilización laboral y de reforma previsional. [1]

Hoy, en la era de los dinámicos avances tecnológicos de la industria 4.0,  la llamada “uberización del mercado del trabajo” ya es una realidad y sigue la tendencia mundial de digitalización de los vínculos en todos los niveles. Estas nuevas formas de vincularse, atravesada por una lógica de libre competencia y poca preocupación con los cuerpos que hacen el trabajo concretamente, hace surgir una precarización y explotación colectiva.

Las evidencias son visibles desde inicio de los servicios de Uber, sin embargo se extiende a  las empresas de entrega de comida y de oferta de servicios en los cuales poco importa la profesión de quienes los realizan. La forma aparentemente colaborativa, donde supuestamente las partes se ponen de acuerdo con los valores, métodos y condiciones para la realización de la compra y venta de servicios, significa la eliminación de los intermediarios entre quien consume y la empresa –en este caso las plataformas digitales– utilizando la mano de obra como simple accesorio para la realización de la transacción. No hay vínculo, obligaciones o seguridad que garantice a la persona que está realizando este trabajo un mínimo de respaldo.

Las plataformas digitales, además, dan una falsa idea  que quienes están ofreciendo su fuerza de trabajo están siendo beneficiados con la tecnología desarrollada y disponible para que cualquiera la pueda utilizar. La idea de ser empresaria o empresario de si mismo arrastra la masa de personas desempleadas a conformarse con la lógica de reorganización social en la cual hay proveedores y consumidores dispuestos a la negociación sin límites.

Si por un lado esta opción permite la supervivencia, por otro también genera una suerte de impactos a los distintos sectores de la economía que se ven perjudicados por la velocidad en que estos cambios se dan; no permitiendo una adaptación a las nuevas formas establecidas.  Las modificaciones en el comportamiento de los consumidores que buscan menores costos, sin importar cómo esta disminución en los precios es posible, profundizan la lógica neoliberal e inaugura el sentido  que todos son competidores potenciales y, por lo tanto, enemigos.  En el caso específico del Uber, los hechos de violencia directa entre las personas que trabajan vía plataformas y las que trabajan en los taxis convencionales están creciendo: registros de amenazas, persecuciones y violencia física son comunes.

Mientras tanto, las grandes empresas del sector de la Big Data aprovechan la nueva tendencia para desarrollar nuevas tecnologías que crean una  reestandarización del consumo y forman el perfil del consumidor del siglo XXI. A partir de estos cambios, el control sobre la producción es cada día mayor y en un futuro próximo significará la criminalización de las formas distintas de prestación de servicios y comercio de productos, ya que los Estados son funcionales a las corporaciones y responden a sus demandas. En este sentido, es importante también analizar los impactos de estos cambios teniendo en cuenta que –según  informe de la ONU del año 2015– un 57% de la población mundial no tiene acceso a la Internet, sobre todo en los países dichos subdesarrollados. Asimismo, estas corporaciones pagan sus impuestos en sus lugares de origen, generalmente EE.UU. o en paraísos fiscales.

La destrucción de los derechos laborales/sociales –horizonte del modelo neoliberal– y la transferencia de los costos y riesgos del trabajo a la propia persona trabajadora es la concretización del ideal capitalista, donde las necesidades de las poblaciones son un obstáculo a su reproducción.  La diferencia en esta etapa es que el avance sobre estos derechos son aceptados y naturalizados por el conjunto de la sociedad que mira hacia la inclusión digital y financiera como una forma de libertad y construcción de igualdad.

En la reunión del G-20 este año en la Argentina, uno de los ejes centrales de la agenda es “El Futuro del Trabajo”. Temas como inclusión digital y desarrollo tecnológico son planteados como centrales y buscan también “incluir” a los sectores ajenos a estas modalidades. Tal vez el ejemplo más simbólico sea la propuesta de inclusión de las mujeres, indígenas, afrodescendientes  y comunidades campesinas al mercado laboral a través de las plataformas digitales. Una propuesta que también ofrece micro-créditos y fuerza a la bancarización, un paquete que utiliza la inclusión como escusa para bancarizar, endeudar y someter a los sectores que aún no serían “formalmente productivos”, según la lógica del sistema dominante.

Frente a la profundización de la precariedad y de la crisis de sentido respecto del trabajo, los sindicatos y movimientos de personas trabajadoras intentan organizarse para dar una respuesta que pueda garantizar los derechos y disputar los medios de organización de este nuevo modelo. Sin embargo, aún es poca e insuficiente frente a la velocidad y el alcance con la cual las empresas logran instalarse. La pregunta que hacemos desde Virginia Bolten es: ¿cómo podemos crear y fortalecer las alternativas desde abajo,  por afuera de las garras de las instituciones político-empresariales?

 

[1] El Sistema Previsional contempla Jubiladxs, pensionadxs, beneficiarixs de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijx.

Fuentes:

ABÍLIO, Ludmila. Uberização do trabalho: subsunção real da viração

RIFKIN, Jeremy. “TECNOLOGÍA CAMBIANTE Y REALIDADES DE MERCADO” en:  El fin del trabajo

 
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La foto del G-20, la cara de la Argentina

Vanessa Dourado

A poco menos de tres semanas del encuentro de los líderes del G-20 en la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri parece estar preocupado con la imagen que quedará  del encuentro.

Conocido por sus marchas multitudinarias y por su tradición callejera y contestataria, el país se prepara para dar la malvenida al encuentro del G-20 en un contexto de descontento con las políticas económicas  llevadas a cabo por la administración del presidente, anfitrión de la reunión de OMC el año de 2017 y del G-20 este año de 2018.

La Argentina del  Ni Una Menos, del No al Alca, del Cacerolazo y de tantas otras movilizaciones, es la misma.  Por lo tanto, no es una sorpresa que los movimientos sociales y políticos del país estén organizando protestas que repudian el retorno al Fondo Monetario Internacional y a la reunión del G-20.  Sin embargo, el gobierno parece tener poco conocimiento sobre el pueblo argentino.

En las últimas semanas, los medios de comunicación hegemónicos expusieron a las organizaciones que construyen  la Cumbre de los Pueblos en respuestas a la agenda del G-20. El espacio conformado por organizaciones territoriales, intelectuales, activistas y organizaciones políticas diversas trabaja desde año pasado y también organizó la Cumbre de los Pueblos el año de 2017 contra la OMC. Las acciones realizadas son talleres, charlas, debates, seminarios y conferencias que tienen por objetivo comprender qué  es el G-20 y cuáles son sus impactos en la vida concreta de los pueblos. Todas las actividades son públicas y el grupo cuenta con un equipo especializado en los temas que se están discutiendo en las reuniones del G-20. Producen  material didáctico, publicaciones, vídeos y este año el grupo también está desarrollando un trabajo en los territorios, sobre todo en los más afectados por los proyectos de las corporaciones transnacionales.

Asimismo, los medios hablan de posibles hechos de violencia que podrían venir de este espacio, más allá de intentar intimidar a las organizaciones declarando que están sobre vigilancia. La última insólita nota de Infobae sugiere que una de las organizaciones  que hace parte de la Confluencia  Fuera G-20/FMI –ATTAC Argentina– estaría  involucrada en hechos de lavado de dinero, sin ninguna evidencia concreta.

La preocupación de pasar una “buena imagen” del país, en lo cual la seguridad jurídica esté garantizada, es nítida en la militarización del territorio y la persecución a las organizaciones sociales. Así, Macri demuestra tener algún control sobre las insurgencias sociales, sea reprimiendo brutalmente, si es necesario. Sin embargo, necesita justificar la represión y ganar respaldo de la opinión pública, y encuentra en los medios hegemónicos el aliado ideal para dibujar el enemigo.

La foto que probablemente estará en las tapas de los periódicos que circularan por el mundo en el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre será la realidad de la Argentina –calles tomadas por el pueblo resistiendo a las políticas que dan la espalda a la necesidad de las mayorías–  y esto, por obvio, media docena de calumnias no lo podrán evitar.

 
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Donald Trump, Jair Bolsonaro, Benjamín Netanyahu y la familia Saúd: el orden fascista mundial

Imagen: Trump y Netanyahu, Flash90

Guillermo Martinez

Trump y Netanyahu

La primera visita internacional del presidente electo en la democracia semidirecta de EE.UU. Donald Trump, fue a Arabia Saudí. Visita inédita, ya que durante los 44 gobiernos anteriores elegidos para conducir los designios de quienes habitan EE.UU., jamás se había optado por Arabia Saudí como destino para inaugurar la agenda oficial de viajes presidenciales. Cabe destacar que las primeras felicitaciones a Trump por su triunfo electoral fueron las de Netanyahu y Marine Le Pen de la extrema derecha francesa. El vicepresidente elegido por Trump fue Mike Pence, quien se define asimismo como “cristiano, conservador y republicano, en ese orden”. Pence, partidario del movimiento Tea Party, es el vínculo del gobierno de EE.UU. con el sector evangélico.

De los 50 principales medios de comunicación en EE.UU., solo uno apoyó explícitamente la campaña de Donald Trump, Las Vegas Review Journal. No es casual que el dueño de este periódico sea Sheldon Adelson, quien tiene el rotativo de mayor tirada en Israel. Asimismo Adelson, como ya informamos desde Virginia Bolten, es el mayor accionista del fondo buitre NHL de Paul Singer. Este fondo fue favorecido por el pago de intereses y capital impago de Argentina luego del triunfo de la alianza CAMBIEMOS. El periódico gratuito de Adelson ha sido acusado de posición hegemónica, el diario israelí Hareetz informó que en los últimos años, este perdió más de 200 millones de dólares. A pesar de haber existido intentos legislativos para modificar la posición del medio Israel Hayom, los proyectos no avanzaron.

Recientemente al primer ministro de Israel, se le solicitó desde un juzgado que informe la  frecuencia de sus comunicaciones con Adelson por un posible vínculo de corrupción entre ambos. Entre 2012 y 2015, Netanyahu tuvo más de 200 comunicaciones con el editor de Israel Hayom, Amor Reguev. La mayor manifestación en Tel Aviv de los últimos años se dio luego de las acusaciones por corrupción contra el primer ministro israelí para exigir su renuncia. Una semana posterior a esta marcha, Trump anunció el traslado de la embajada de EE.UU. a Al Quds (Jerusalén).

Bolsonaro y Netanyahu

Una de las primeras entrevistas que brindó el presidente recientemente  electo de Brasil Jair Bolsonaro, fue al periódico Israel Hayom. En declaraciones a este medio expresó, “Israel es un Estado soberano. Si ustedes deciden cuál es su capital, nosotros les seguiremos. Cuando me preguntaron durante la campaña si trasladaría la embajada si fuera elegido presidente, contesté sí”. Sobre la representación diplomática de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Brasil, este amenazó “Palestina primero tiene que ser un país para tener derecho a una embajada”. La política exterior de Bolsonaro atenta contra el estatus internacional de Al Quds (Jerusalén) y sigue la misma línea que Donald Trump. Las consecuencias del nuevo orden internacional fueron más de 170 palestinas y palestinos asesinados en menos de un año.

Familia Saud y Netanyahu

Los vínculos militares entre Arabia Saudí e Israel ya dejaron de encontrarse en las sombras de la confidencialidad de sus gobiernos. No obstante, la cooperación entre ambos es explícita y notoria durante estos últimos años.Christopher Cramer, un ciudadano estadunidense contratista en Arabia Saudí murió en 2015 en extrañas circunstancias Cramer trabajaba para la empresa  Kollsman Inc., con sede en Merrimack, filial de Elbit Systems (ESLT) quien fabrica armas sofisticadas y electrónica militar. La policía saudí informó que Cramer se había suicidado tirándose al vacío en la ciudad de Tabuk, la familia que estaba en contacto permanente, afirma que fue asesinado. El abogado y amigo de la familia Noha Mandell, detalló que Cramer viajó a Arabia Saudí para resolver “un problema con el cliente”, haciendo referencia a la venta de misiles TOW de fabricación israelí a una empresa privada saudí.

El asesinato del periodista saudí con residencia en EE.UU. Jamal Khashoggi por parte de los servicios secretos de Arabia Saudí tuvo fuertes repercusiones internacionales. El miembro asesinado era miembro de la élite del país árabe pero crítico con la conducción de la familia Saúd. A pesar de la presión internacional contra el reino por el asesinato, Netanyahu guardó un profundo silencio y luego de un mes sus primeras declaraciones fueron que se debía mantener la “estabilidad” en Arabia Saudí. Además del frente político regional común entre Israel y el Reino sus vínculos comerciales se incrementan año a año, este último ha adquirido en el 2018 material de inteligencia israelí por U$S250millones. El país árabe asimismo, no hizo ninguna queja formal por la masacre diaria contra el pueblo palestino en los últimos meses.

Netanyahu, Trump, Bolsonaro, Saúd y el evangelismo

Imagen: Encuentro en A.Saudí – Reuters

Un nítido ejemplo sobre las conexiones entre estos cuatro gobiernos, es su vínculo con el evangelismo, algo expuesto previamente en Virginia Bolten. Una reunión que hubiera sido impensada tiempo atrás se dió el 1 de noviembre entre evangelistas de los EE.UU. y el príncipe Mohammed bin Salman en el reino saudí. Sobre esta reunión el portavoz del grupo evangelista Moore expresó: “El Reino de Arabia Saudita se encuentra entre las naciones más ricas, más poderosas y más importantes de Medio Oriente, en toda la historia”, asimismo continuó: “También tiene una enorme influencia en la teología islámica que se enseña en todo el mundo. Si bien el Reino es restrictivo y controvertido en varios aspectos serios, bajo el Príncipe Heredero comenzó a reformarse y profesó el deseo de cambiar de manera profunda. Precisamente por estas razones, pensamos que era prudente aceptar la invitación que recibimos del Reino, emitida hace más de dos meses, para venir como evangélicos a participar en un diálogo”.

 
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Roger Waters brindará una charla sobre palestina en Buenos Aires

Guillermo Martinez

El consagrado artista Roger Waters participará de un conversatorio en el Teatro Bambalinas en San Telmo el día 8 de noviembre. El mismo se denominó Palestina, DD.HH y BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) y contará con la participación del premio nobel de la paz, Adolfo Perez  Esquivel y la periodista Cynthia Garcia. La actividad es organizada por organismos de derechos humanos, BDS Argentina y el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Esta actividad del BDS se realiza en momentos de incremento de la brutalidad por parte del ejército israelí contra la población palestina. Durante el 2018 en el marco de la masiva Gran Marcha del Retorno, manifestación pacífica realizada en Gaza, pidiendo el fin de la ocupación y el retorno de los refugiados, el ejército israelí apostó francotiradores que abrieron fuego frente a una multitud indefensa que escapaba de las balas. Hay diversas imágenes y videos que atestiguan el asesinato por la espalda de varias personas palestinas. Durante estas manifestaciones, han habido más de 170 palestinas y palestinos asesinados.

En el transcurso del 2018, organismos de DD.HH. han acompañado diversas campañas de BDS. En una de ellas le solicitaron a Natalia Oreiro que cancelará el recital que esta iba a realizar el 20 de marzo. Esta fue una intensa campaña pidiendo a Oreiro que no se presentase en Tel Aviv. Además de la solicitud a la artista de organizaciones sociales. rioplatenses, el padre de la joven Ahed Tamimi le escribió una carta con un desesperado pedido, así como también una joven israelí y otra palestina. Aduciendo problemas de salud, finalmente la artista no se presentó en Israel.

La campaña de mayor repercusión del movimiento de BDS internacional fue la llevada a cabo para que la selección masculina de fútbol de Argentina no se presente a jugar un amistoso con la selección israelí. Esto tuvo amplia difusión en medios masivos de comunicación y festejos por parte del pueblo palestino.

El BDS es un movimiento pacífico internacional que toma como referencia la lucha contra el régimen de apartheid en Sudáfrica. El BDS es el llamado de la sociedad civil palestina a los pueblos del mundo para ejercer una presión pacífica sobre el régimen de segregación racial y ocupación israelí. Este movimiento consta de diversas formas de acción: boicot académico, boicot cultural y deportivo, boicot económico y boicot político y de sanciones. En la actualidad se están realizando campañas contra la cementera CEMEX y un embargo militar a empresas israelíes. Adhieren al BDS destacadas personalidades internacionales, entre ellas, el músico Roger Waters, la filósofa Judith Butler, la activista Angela Davis y fue adherente el físico Stephen Hawking.

 
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Bolsonaro y el nuevo orden latinoamericano

Vanessa Dourado y Oscar Vargas

Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil e inaugura un proceso de recolonización que tendrá impacto en toda Latinoamérica. Las formas autoritarias del nuevo presidente brasilero preocupan a la mayoría de las personas que comprenden que esto valida hechos de violencia civil y pone en riesgo lo que es llamado democracia.

Sin embrago, la democracia liberal –que nunca funcionó bien en el territorio latinoamericano– no es comprendida por el sentido común como forma de perpetuación de una dominación ejercida por  los actores que juegan en esta arena, sino como un sistema con instituciones que funcionan bajo un mínimo de acuerdos que garantizan el derecho a la vida. El fin de las dictaduras militares en Latinoamérica y el pacto democrático posdictadura permitió una organización de la desigualdad en este territorio, pero nunca ha permitido cambios estructurales. Para que esto hubiera sucedido, tendría que haberse dado unos mínimos de participación económica además de la sola intervención electoral, promoviendo el fortalecimiento de dinámicas representativas en todos los espacios de la sociedad. Sin embargo, tanto las nuevas democracias posmilitares, como las viejas que no sufrieron dictaduras formales en América Latina, no han dado esos mínimos de igualdad para participar socialmente. Es por ello que siguen siendo políticos profesionales de izquierda y derecha los únicos que pueden ser elegidos a los cargos estatales. Siendo ya precario el modelo político por esto, el futuro se ve peor cuando afirmaciones como las de Bolsonaro promueven una persecución política, inclusive de los políticos profesionales de izquierda, acabando así con la diversidad ideológica de quienes dominan el Estado.

En un período de profundización de la crisis mundial y de evidencia de las contradicciones del sistema capitalista, otras formas que parecieran antisistémicas surgen como  una alternativa novedosa. En este sentido, la elección de Jair Bolsonaro es una esperanza para una parte  del pueblo  y también una enorme oportunidad para quienes buscan la superexplotación de mano obra para la  recuperación de la tasa de ganancia  y un reordenamiento de la subalternidad de los países del Sur.   En el discurso a la “recuperación” del orden se cuela una reorganización de la economía para que sea la competencia sin regulación la que defina la capacidad de supervivencia de las personas. Pese a que esa realidad de participación inequitativa en la economía ha demostrado que son aquellos que acumulan ganancias los que tienen ventaja, se apela a que la no regulación puede abrir el espacio para que ágiles emprendedores de los sectores marginales logren colarse en los sectores ricos, sin que el Estado se inmiscuya en sus deseos de acumular. Si bien como proyección, casi de cuento de hadas, es una gran propaganda, lo cierto es que el Estado no ha interrumpido que aquellos que quieran hacer negocios lo hagan; todo lo contrario, ha garantizado a lo largo de la historia latinoaméricana reciente que se hagan negocios inclusive a costa de ampliar la iniquidad en la distribución de la riqueza. Han sido los negociantes más poderosos los que han impedido que emprendedores menos potentes puedan participar. El Estado apenas ha participado aplicando políticas focalizadas para tratar mínimamente las consecuencias de esta competencia, aun así el hambre de los grandes empresarios y terratenientes aun los lleva a ver con excelentes ojos la llegada de modelos autoritarios como el que aterriza actualmente en Brasil.

Los “nuevos” tiempos pueden ser un retorno maquillado al año de 1500, la esclavitud moderna, el genocidio del pueblo indígena, el saqueo de los bienes comunes, la privatización de los servicios públicos, la eliminación de la parte no adaptable al sistema dominante y la militarización de los territorios. No se puede descartar la posibilidad de guerras de alta intensidad. El autoritarismo de Bolsonaro conmueve a Israel de Netanyahu –quien es un experto en producir mecanismos de control y tecnología de colonialismo para el siglo XXI– y admira a Trump, quien ve en el militar un aliado para hacer America great again. El discurso de Trump en la ocasión de su elección “el tiempo de discursos vacíos se terminó, ahora llegó el tiempo de la acción” mucho se asemeja al de Bolsonaro, pero con matices.

La colonización en este caso es un proyecto para acabar la ruralidad campesina, negra e indígena que representa a la pequeña y mediana  producción, dándole la bienvenida a la agroindustria; se sembrarán con cultivos mecanizados la amazonía luego de acabar con los últimos bosques. Esto en la práctica transformará a los y las habitantes rurales en trabajadores, cuando no desplazándoles para que engrosen los cinturones de miseria de las ciudades. Sin embargo, esto no es solo una cuestión material; la neocolonización a la que se enfrenta Brasil tiene además un carácter mental: acabar con los conocimientos ancestrales que se han guardado por miles de años y remplazarlos por las formas urbanas de vivir. Es una colonización de la mente, donde el proyecto del individuo aislado dentro de la ciudad se contrapone al comunitario de muchos de los y las habitantes rurales.

La palabra libertad fue la que más apareció en el discurso de Bolsonaro, el presidente electo habló de “liberar la relaciones internacionales de los rasgos ideológicos los cuales fueron sometidas en los últimos años”. Cuando dice que el “país dejará de estar apartado del mundo” y “que el país recuperará el respeto internacional”, se nota una semejanza también con el presidente argentino Mauricio Macri. El aspecto que más diferencia Bolsonaro de los líderes mencionados es su sistemática mención a Dios y su evidente falta de conocimiento acerca de temas como economía y gestión, lo que le garantizará constante asesoría de pastores de la religión y pastores de dogmas del libre mercado.

El acercamiento de Netanyahu a Macri –quien visito la Argentina en septiembre de 2017–, el reconocimiento de Trump del Al-Quds (Jerusalén) como capital de Israel y la promesa de Bolsonaro de sacar su legación diplomática, siguiendo los pasos de EE.UU y Guatemala, de Tel Aviv, son pasos dados hacia una agudización de los conflictos  y  un retroceso en la agenda de derechos humanos a nivel mundial. Las leyes antiterroristas –aprobadas durante los gobiernos llamados progresistas de Argentina y Brasil– jugaran un papel fundamental para la criminalización de la resistencia al proceso de recolonización y para la creación de “enemigos de la democracia” según las narrativas dominantes que utilizan el discurso del orden y progreso como pilares de sostenimiento de la vida bajo un sistema neoliberal. No obstante, este es solo el principio del nuevo orden; aun falta la respuesta con que se reciba este nuevo modelo y es la voz de las comunidades organizadas las que dirán cuales son las luchas que disputarán esta nueva cara del poder. La época de las elecciones terminó, inicia la temporada de la reacción popular.

 
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La alianza entre las extremas derechas y el evangelismo

IMAGEN: Youtube. Jair Bolsonaro bautizado en Rio Nahr al-Urdunn (Jordán)

Camila Iglesias y Guillermo Martinez

En octubre de este año el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, participó de la reunión anual denominada Cumbre de Medios Cristianos que se realizó en Al Quds (Jerusalén), en la misma declaró: “No tenemos mejores amigos en el mundo que los evangélicos”. Esta expresión sumada a las de Gilad Erdan, quien es desde el 2015 Ministro de Seguridad Pública, Asuntos Estratégicos e Información (dependencia creada con la finalidad de perseguir a los activistas del movimiento BDS) este vinculo da cuenta de la importancia que tiene para de la extrema derecha israelí una alianza estratégica con esta iglesia.

Asimismo, Benjamín Netanyahu se encuentra capeando las críticas internas sobre los nexos internacionales de su gobierno y las denuncias por corrupción. El acercamiento de Netanyahu con el gobierno de Polonia, denunciado por antidemocrático, homofóbico y antijudío es difícil de digerir en Israel. Recientemente el gobierno polaco de PIS presentó un proyecto de ley para penalizar opiniones y comentarios respecto al rol que desempeñó Polonia en la persecución a la comunidad judía durante el nazismo.

El historial de acuerdos entre los países de la UE (Unión Europea) indica que fueron netamente comerciales, económicos, financieros y de libre circulación de personas. Los avances que están haciendo los mismos en materia de alianza militar tuvieron en los últimos dos años una aceleración que no se había visto en 40 años. Pero no todos los países de la UE están de acuerdo con esto. Los gobiernos nacionalistas de –Austria, Polonia, Hungría, como importantes referentes– firmes aliados de Israel, están intentando modificar la hegemonía de la decisión relativa a la política internacional dentro de la UE. Un ejemplo es el reconocimiento de estos países de Al Quds (Jerusalén) como capital de Israel desoyendo las múltiples resoluciones de la ONU. No obstante, la política de la UE ha sido siempre laxa en cuanto a la masacre del pueblo palestino y el régimen de apartheid israelí.

En la segunda vuelta electoral para la presidencia de Brasil, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, que obtuvo el mayor caudal de votos y quien se mantuvo durante más de 20 años como legislador pero en una entrevista en 1999 expresó que el congreso debía cerrar ya que no servía para nada, cuenta con el apoyo de las autoridades israelíes. Osias Wurman, cónsul honorario de Israel en Rio de Janeiro expresó que Bolsonaro se destaca de otros candidatos por incluir al estado de Israel en sus principales discursos. Como consecuencia de esta alianza, Bolsonaro expresó “Mi primer viaje como presidente será a Israel”. Asimismo, triunfó en el balotaje en Israel con un 80% de votos frente al otro candidato Hadad. En forma similar a las críticas por el apoyo de Netanyahu a las extremas derechas europeas, el costo de la coalición con el candidato fascista brasilero es alto. Al referirse a este, el líder del grupo supremacista blanco Ku Klux Klan, David Dukem expresó:”Él suena como nosotros y también es un candidato muy fuerte” a lo que continuó “él es completamente un descendiente de europeostiene la apariencia de cualquier hombre blanco en Estados Unidos, Portugal, España, Alemania o Francia y está hablando sobre el desastre demográfico que hay en Brasil y la gran criminalidad que existe allá, en los barrios negros de Río de Janeiro”.

 
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Del Síndrome de Estocolmo con Bolsonaro a la recuperación de la sociedad brasilera

Imagen: Rafael Limaverde

Vanessa Dourado y Oscar Vargas

A la espera del resultado de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, la pregunta que se hace es siempre por qué Bolsonaro crece entre aquellos y aquellas que supuestamente deberían repudiarlo: personas negras, LGBTs, mujeres, pobres.

No es sencillo comprender el bolsonarismo. Hay muchos análisis, todos intentando dar cuenta de una parte del fenómeno –un esfuerzo importantísimo para lograr construir un hilo de comprensión más amplio de lo que pasa en este momento histórico– sin embargo, entre todos los análisis, lo que realmente es repudiable es la idea de que el pueblo es idiota y no tiene capacidad de hacer un análisis crítico de la realidad.

Muchas de las personas que hoy hacen análisis de esta naturaleza son las mismas que elevan el “hacer política” o el “comprender la sociedad” a reflexiones alejadas de la realidad de la mayoría y desde la comodidad de la academia.

La izquierda iluminada se hace ver en muchos de los discursos vacíos de sensibilidad a la realidad concreta de quienes sufren con una de las más duras crisis del capitalismo y que, también por esto, incorporan una lógica neoliberal que tiene que ver con la meritocracia y el individualismo.

Las personas que van a votar el próximo 28 de octubre a Bolsonaro no son estúpidas, realmente buscan una respuesta lógica, una salida para su condición económica que les pueda garantizar sostener la vida, que les garantice un empleo, una mínima forma de cambiar sus realidades. La izquierda se ha convertido en una aparente amenaza, de un lado está el miedo de perder lo que fue conquistado: propiedad, estatus social, los mínimos privilegios alcanzados en el último período, incluyendo el empleo. De otro lado está el miedo de pérdida de las libertades individuales. Las crisis de representatividad, institucional y la pérdida de credibilidad en las formas tradicionales de hacer política, hacen con que figuras como las de Bolsonaro ganen fuerza.

Es en esa esfera donde vale la pena entender la información sobre las noticias falsas que abundan en estos momentos gracias al auge de redes sociales y servicios de mensajería como whatsapp: estas reflejan no la “realidad” que estudian los académicos o que buscan presentar los periodistas formales; presentan los profundos temores esperables de gente que quiere no solo sobrevivir sino mantener la esperanza. Aunque algunos crean que la esperanza obvia del oprimido es la liberación, lo que se observa es que muchas veces está en la ilusión de ser como el opresor, en la riqueza que no se tiene, en actos de profundo egoísmo liberal. Los momentos de ruptura a esa realidad solo llegan cuando la seguridad de arriesgarse para transformar colectivamente es mayor a la creencia de que se puede estar siempre ganando en soledad contra el mundo. Esa seguridad para arriesgarse hoy día ha perdido espacio no solo por la falta de creatividad política de la izquierda sino también por la fuerte hegemonía que el capital mantiene aun en nuestras vidas. Ese “sálvese quien pueda”, propio del mundo económico, ahora se expresa en el ámbito electoral como la negación  del otro –a veces también la eliminación del otro–, reproducción del principio económico donde solo sobrevive el “más fuerte”.

La demanda anti-institucional es canalizada para lo que mejor responda a la necesidad del orden frente al caos social, y no interesa quien sea y cuales métodos proponga, el fin es lo más importante: la estabilidad. También es una repuesta a lo que fue, durante mucho tiempo, reconocido como violencia frente a una sociedad conservadora y que no era exteriorizado: el repudio al feminismo, al movimiento negro, indígena y LGBT. En este sentido, el sexismo, la homofobia, la xenofobia y el autoritarismo encuentra en la figura de Bolsonaro un punto en común. Al mismo tiempo esto resulta funcional para la resistencia, ya que queda nítido  quienes defiendan la diversidad tienen que asociarse para enfrentar esta gigante amenaza.

En el aspecto religioso, Bolsonaro, que es católico, gana los votos tanto de evangelistas como de las personas católicas. En sus vídeos de campaña, el candidato afirma que evangélicas y católicas deben respetarse y que las personas de fe deben juntarse. Afirma que, siendo católico, muchas veces, frecuenta la iglesia de su esposa que es evangélica. Su defensa por los valores de la familia y de la moral se posiciona arriba de los dogmas religiosos. En este caso, una vez más, se apuesta por la salida individual, representada en la familia monoparental, en donde el cuidado no se identifica como un ejercicio social sino solamente restringido a quienes comparten el vinculo sanguíneo inmediato. Es una derrota a la realidad colectiva en que vivimos, lo que tendrá consecuencias inclusive para las familias más tradicionales que no logren acumular lo mínimo de dinero para sobrevivir: la pobreza familiar será la consecuencia de olvidarse del apoyo mutuo comunitario.

La negación de la política es un elemento que no pude ser olvidado, está presente en varios procesos y, en los últimos años, parece ser una tendencia mundial. Frente a esto, cuestionar a la democracia burguesa, que es funcional al los intereses del capital, en lugar de insistir en mantener un Estado fallido con el objetivo de construir un nuevo sentido político que no sea la vieja política de la izquierda, que valida y reproduce la democracia representativa, se hace urgente frente a las amenazas del avance de un autoritarismo vía electoral y de la total fractura de los pactos dichos democráticos de la pos-dictadura cívico-eclesiástico-militar. Es hora de recuperar las sociedades que han sido colonizadas por el ideal de la individualidad autodestructora. Las elecciones no son el último momento para esta disputa.


Esta es la segunda parte de reflexiones escritas a propósito de la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta de las presidenciales en Brasil. Si quieren leer la primera parte pueden consultar acá: La elección brasilera de la democracia autoritaria

 
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Argentina prepara fuerte represión para el G20

Durante los últimos días de noviembre se realizará en Buenos Aires el encuentro anual del G20, donde participarán los líderes de los países que lo constituyen. El G20 fue una apertura a las decisiones que rigen un orden mundial suplantando al G7. Los debates se dan en torno a cómo mantener los poderes de las élites y corporaciones mundiales a espaldas de los pueblos. El gobierno de la alianza CAMBIEMOS viene incrementando la militarización en el territorio denominado Argentina con la excusa de posibles protestas.

Guillermo Martinez

La formación militar israelí y estadounidense

En octubre de 2017, la armada argentina realizó un ejercicio denominado “Cormorán” combinado con el ejército de EE.UU.  Sectores de la oposición cuestionaron la realización de estas maniobras realizadas en las ciudades de Trelew y Bahía Blanca, donde participaron 30 militares estadounidense.

Recientemente Patricia Bullrich anunció en Estados Unidos la posibilidad de instalar una “fuerza de intervención” de la agencia antinarcóticos (DEA) en Misiones para supuestamente combatir el terrorismo y narcotráfico.

Oscar Aguad, actual ministro de defensa, también anunció la posibilidad que el Comando Sur de EE.UU. brinde asistencia militar con la excusa de la reunión del G20 que se realizará en noviembre. El ministerio, asimismo, posee un presupuesto próximo a los $90 millones para gastos operativos durante la cumbre. Parte de este dinero será utilizado para ciberdefensa, un posible vendedor es la empresa israelí Elbit Systems, representada también por Mario Montoto. Esta empresa pertenece a la corporación bélica que suministró misiles al Reino Unido para las Islas Malvinas y proveyó a la Argentina pantallas digitales para los aviones Pampa que nunca pudieron ponerse en funcionamiento.

En noviembre de 2017, Bullrich también firmó un acuerdo con su par israelí para el “trabajo conjunto sobre el crimen organizado, tráfico de personas, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, precursores químicos y sustancias psicotrópicas y crimen cibernético”, “metodologías de seguridad publica en eventos masivos” e “inteligencia”. La formación de las fuerzas represivas nacionales y provinciales se incrementó notablemente. Un ejemplo de esto: la primera formación fuera del territorio de la policía bonaerense en 15 años se realizó en Israel.

Durante el mes de septiembre de este año, un grupo conformado por 22 miembros de diferentes fuerzas represivas argentinas recibió entrenamiento de parte de los servicios de seguridad e inteligencia israelí en el Centro de Capacitación IMI Academy. En el marco de estas formaciones, fuentes de la embajada israelí expresaron al medio Infobae: “la cooperación entre Argentina e Israel en el campo de la Seguridad se da en múltiples áreas y en un amplio rango jerárquico. Nuestros vínculos son sólidos tal como lo es el compromiso de nuestros países en la lucha contra el flagelo del terrorismo internacional”. Ronaldo Jonte quien asistió a la formación y conduce la Dirección de Seguridad de la Superintendencia de la Policía Federal informó sobre la capacitación: “Los cursos que recibimos en Jerusalén de las autoridades de seguridad de Israel nos sirvieron para tener una visión global del terrorismo ante eventuales ataques en un evento internacional como el que se va a realizar en la Argentina con el la cumbre del G20”

Las compras de armas

A pesar de los ajustes que viene realizando el gobierno de Mauricio Macri, las compras de material bélico aumentaron el último año. En el último ejercicio fiscal en Argentina se incrementó un 300% la importación de material de guerra. Este significativo aumento es de armas convencionales de guerra, no tiene en cuenta el incremento de compra de material ligero y represivo.

 

Un ejemplo de esto, es el contrato que Argentina firmó por decenas de millones de dólares con una empresa israelí por controles fronterizos. Según informó en su página web IAI (Industria Aeroespacial Israelí) se finalizó la instalación en La Quiaca y se encuentran en proceso los pasos fronterizos de Salvador Mazza, Aguas Blancas y Puerto Iguazú.

En abril el jefe del ejército, Claudio Pasqualini, formalizó una entrega de material de guerra a la dirección de arsenales. La composición del mismo tenía entre otros: vehículos de combate de artillería de 155mm, vehículos porta mortero M106 y fusiles.

El gobierno nacional mediante el decreto 125/2018 inició el proceso  de compras de equipamiento bélico, defensas antiaéreas de baja y muy baja cobertura que se tramita bajo el expediente 6/2017 del ministerio de defensa. El decreto establece el secreto de la adquisición por razones de seguridad y defensa nacional.

También se han adquirido a Bélgica  vehículos blindados  utilizados para el lanzamiento de gases los cuales tiene tracción en las 4 ruedas . Estas tanquetas son comparadas para utilizar en sectores urbanos.

Un dato que revela las intenciones del actual gobierno para compra material bélico  y la recepción a los productores mundiales es el levantamiento de las restricciones de venta de material de guerra de parte de Gran Bretaña tras 6 años de embargo.

En los últimos meses el gobierno nacional utilizó un importante monto para la adquisición de equipo bélico y antidisturbios para la reunión del G20. Ya se encuentran a disposición de las fuerzas represivas el nuevo material: 180 escopetas, proyectiles de gases lacrimógeno y chalecos policiales,  vallas, mas de 10 millones de balas de goma, 2 millones de cartuchos de armas de 9mm, cascos, escudos, máscaras antigás, bastones y miles de precintos plásticos utilizados para capturar personas.

Actualmente se encuentra en proceso de licitación y compra materiales que serán utilizados para el operativo de seguridad y control para la reunión del G20, estos incluyen bastones y cartuchos para ametralladoras.

 
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El primer pulso del presidente Duque: las y los estudiantes

Gonzalo Bravo Neira

Multitudinarias marchas adornaron las principales ciudades de Colombia en lo que será recordado como el primer reto en las calles que tendrá que afrontar el presidente de ese país: el paro convocado por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES). Esta reciente organización nació luego que, tanto en marzo como en septiembre del presente año, se realizaran Encuentros Nacionales de Estudiantes de Educación Superior (ENEES) en el último de los cuales se convocó a la jornada de protesta del 10 de octubre y a la construcción de un paro indefinido. Los encuentros y la naciente organización habrían pasado del nacimiento al pabellón de los movimientos sociales olvidados si no hubiera sido por que dicha protesta fue seguida por más de 20 universidades públicas del país y varias privadas, quienes en todas las ciudades principales protagonizaron grandes movilizaciones, siendo Bogotá la más representativa con una marcha que podría estar entre los 40.000 y 60.000 participantes.

La respuesta del gobierno no se ha hecho esperar: en la tarde del mismo día anunció que asignaría cerca de ciento treinta millones de dólares (US 129.217.732) al sector de la  educación. Sin embargo, dicha respuesta es insuficiente ya que es el dinero que los estudiantes piden solo para este año; exigen que se programe cerca de mil doscientos noventa y tres millones de dólares (US 1.292.177.321) más para el presupuesto del 2019. Este es solo uno de los 10 puntos que tienen como pliego de peticiones en el cual plantean de frente reformas que garanticen de nuevo una educación superior financiada completamente por el Estado.

Este gran paro llega un poco más de dos meses después de haberse posesionado el presidente Ivan Duque, quien logró llegar a la presidencia por una amplia coalición de partidos políticos ideológicamente distintos, donde lo único que los unió fue su rechazo al candidato opositor Gustavo Petro. No resulta extraño que sea justamente el ahora senador Petro uno de los que trate de utilizar estas movilizaciones como forma de mantenerse vigente en la discusión pública. Desafortunadamente, esta intromisión de partidos políticos en las agendas gremiales lo único que provocan es suplantar el liderazgo naciente del movimiento estudiantil, tratando de acaparar desde la política institucional a los movimientos sociales. Sin embargo, no parece que sea un movimiento solo orientado desde un sector de la política.

Muestra de esto es que la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, la más grande y prestigiosa del país, y el rector de la Universidad del Cauca (una de las principales del suroriente del país) acompañaron las manifestaciones; esto pone de manifiesto que las marchas, más que ser orientadas por las agendas ideológicas de x o y partido, responden a la crisis del sistema público de educación superior que está llevando inclusive a sus directivos a tomar las calles. En semanas anteriores la rectora Dolly Montolla afirmó que antes de diciembre la Universidad Nacional de Colombia requería alrededor de diecinueve millones de dólares (US 19.384.169) para poder seguir funcionando. Ella misma ha expresado en los espacios directivos de la universidad que “en el empalme del presidente Iván Duque se planteó la situación de la Universidad: primero era 70% pública y ahora es al revés, pero ellos hablan de 50-50, nos ponen metas, no hay más recursos”. Si estas son las cifras de la Universidad pública que recibe la mayor cantidad de presupuesto, puede suponerse aun peor la crisis que sufren las universidades más pequeñas y regionales.

Frente a este pulso, el presidente Duque tiene por lo menos dos vías: seguir con la desfinanciación que atraviesa el sistema desde la década de los noventas y que lo ha llevado a donde está hoy o prestar atención a las demandas de los y las estudiantes, que recogen en últimas los anhelos de una buena parte de la población que sigue viendo en las universidades el lugar por excelencia para el ascenso social. Sin embargo, si se sigue las declaraciones del presidente las anteriores semanas, donde pidió al congreso el aumento de más de medio millón de dólares para el ministerio de defensa (US646.371.637), se puede deducir que la inversión se priorizará para el sector defensa y no el de educación; esta decisión se  está justificando con la excusa de la reciente  tensión diplomática que atraviesa con el vecino país de Venezuela.

Lo más probable es que el anuncio del aumento de este año por parte del presidente, respondiendo a las protestas estudiantiles, no logre desmovilizar las masivas protestas. Inclusive, puede esperarse que este gesto se tome como un incentivo por parte del estudiantado, quien puede utilizar esto como prueba que si se puede exigir aumento presupuestal para su sector. Por lo tanto, se verá las próximas semanas nuevas expresiones de este movimiento estudiantil en las calles y con ello la primera gran puja que el inexperto gobernante tiene que enfrentar como rector de las riendas del Estado colombiano.

 

 
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La elección brasilera de la democracia autoritaria

Vanessa Dourado y Oscar Vargas

A pesar de las más grandes movilizaciones de mujeres en Brasil, rechazando la candidatura de Jair Bolsonaro a la presidencia del país, el político de derechas ha ganado la primera vuelta electoral. Esto confronta la idea que la democracia está en las calles y muestra la importancia del voto de opinión que, como se ha visto en las últimas elecciones en Colombia, está fuertemente anclado a factores emocionales del electorado: las derechas latinoamericanas utilizan los llamados morales al orden, se aprovechan de la LGTBIfobia para atacar los discursos de género e infunden miedo a la imposibilidad del consumo en lo que denominan posibles “dictaduras castro chavistas”. La gente vota siguiendo muchas veces estos ideales y valores que, aunque parezcan retrógrados, siguen marcando agendas de gobierno.

Las movilizaciones conocidas como EleNão, que recuerdan al mismo tiempo el carácter patriarcal del sistema político brasilero, tuvieron una masiva participación en más de 100 ciudades siendo representativas las que se llevaron a cabo en São Paulo, con más de veinticinco mil personas, y Rio de Janeiro, con más de cien mil personas. Las manifestaciones fueron respondidas con otras menos asistidas a favor del candidato, sin embargo, el resultado electoral fue todo un contraste.

Dichas diferencias se dan a pesar que, según datos de BBC News Brasil, desde el final de la dictadura cívico-militar-eclesiástica no había una diferencia tan grande entre los votos de varones y de mujeres. Es decir, en la intención de voto era mayor el apoyo a Bolsonaro entre los varones que mujeres. Los resultados electorales hablan entonces que una parte de las mujeres si están apoyando al político de derecha. No obstante, si se contabilizan solo los votos de las mujeres, los candidatos Haddad y Bolsonaro hubieran tenido la misma cantidad de votos, si se tienen en cuenta solo los votos de los varones, Bolsonaro hubiera ganado en primera vuelta.

Dichas movilizaciones estuvieron de la mano de un crecimiento en el activismo virtual electoral; uno de los mejores ejemplos fue el grupo de facebook Mulheres Unidas Contra Bolsonaro, el cual estaría detrás de varias de las convocatorias a movilizarse. Con casi cuatro millones de participantes, el grupo ayudó a construir un espacio de sociabilidad contra la candidatura del ex coronel, encuentro que se trasladó al espacio físico de las calles. Aunque la excusa central fue lo electoral, tanto la virtualidad como las calles demostraron que la voz de las mujeres hoy se levanta como actor central que no puede volverse a ignorar. La potencialidad que tiene debe entenderse más allá de lo electoral ya que carga en si la crítica a la exclusión sistemática de las mujeres de las tomas de decisiones que les afectan, en el caso particular del Brasil, especialmente este factor está marcado por el racismo estructural e institucional ya que la mayoría de la población brasilera es negra y es este el sector de la sociedad más pauperizado. También las mujeres indígenas tuvieron una participación importante es las protestas del último 29 de septiembre.

A pesar de estas grandes movilizaciones, la discusión electoral presenta características que no pueden olvidarse y explican la victoria de Bolsonaro: el candidato representa por un lado a las viejas y nuevas oligarquías rurales que ven en su candidatura la posibilidad de proyección del agronegocio; así mismo el discurso misógino, xenófobo, racista y homofóbico recoge las aspiraciones sociales que distintos sectores, inclusive muchos de ellos empobrecidos, ven como ideal social: ese al final es el resultado del ideal que las iglesias evangelistas promueven como orden social. Finalmente, algo de su apoyo es resultado del rechazo a la forma de gobernar los últimos años por el partido del ex presidente Lula da Silva: la sombra de corrupción terminó convirtiéndose en una excusa para que varios medios de comunicación, sumado a un poder judicial parcializado, motivaran a que los votantes vieran una opción en el llamado castrense al orden de Bolsonaro. No puede descartarse la tendencia mundial a la ultra-política, negación de la política con tendencias autoritarias, a veces con salida a la violencia militarizada y a la deshumanización, siguiendo la línea de Trump en Estados Unidos.

Ahora empieza el camino para la segunda vuelta de las elecciones. Este debería conocerse mejor como la apuesta por el “mal menor”. Se vio en Colombia cuando sectores del electorado votaron por un candidato sin experiencia como Duque, solo para que no quedara Petro quien era demonizado como un guerrillero al poder; y en el mismo sentido muchos de los que en primera vuelta no habían votado por Petro lo hicieron en segunda para impedir que llegara Duque, quien representaba la vuelta a los tiempos del gobierno de un ex presidente que permitió los peores crímenes del paramilitarismo en el país. La discusión con Bolsonaro será similar: votar por el nuevo orden social autoritario que promete reorganizar al Estado o por la apuesta socialdemócrata que sigue utilizando a la pobreza como caballito de batalla para ganar el control de la burocracia estatal. El electorado llegará a la segunda vuelta en Brasil con una polarización que no da como resultado votar por el candidato deseado sino por el que puede vencer al que no se desea. Aunque en cada uno de los bandos electorales se ataque al otro diciendo que no entiende la realidad, hay que enfrentar los resultados: los votantes son conscientes de a quien votan, hay en disputa proyectos de sociedad.

Luego de las elecciones se mantiene la necesidad que el movimiento social se articule para darle solución a las necesidades de sus vidas. Una de las esperanzas que tiene Brasil son justamente las mujeres que se han movilizado. Ellas ya saben que al patriarcado se lo puede no solo enfrentar sino también acabar, porque sus luchas les han permitido ir a la universidad, empezar a ganar un poco más, e inclusive cuestionar la desigualdad de salarios, lograr tener derechos igualitarios como trabajadoras, y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. El Estado no es el único lugar donde se confronta al patriarcado, por eso seguramente los próximos años veremos las consecuencias de este movimiento en otras esferas de la vida.

 
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El G20 y su agenda destructiva

Protesta contra el G20 en Hamburgo, 2017. Foto: LUKAS BARTH-TUTTAS

Vanessa Dourado

En noviembre de 2018, el grupo de los 19 países considerados los más desarrollados y emergentes del mundo más la Unión Europea se reunirán en la Argentina para discutir temas e decidir qué medidas regirán el funcionamiento del mundo bajo un contexto de crisis global.

Lo que debería ser motivo de celebración, sin embargo, es un elemento de preocupación entre los movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. La atención está puesta en la forma que los temas abordados por el Grupo de los 20 son tratados y también cuáles de ellos quedaron afuera de la mesa de debates.

El mundo pasa por una crisis importante que tienen por lo menos cinco puntos muy relevantes en el siglo XXI: la desconstrucción del Estado regulador, la fiebre del oro negro, la esclavitud moderna, el proceso de recolonización de territorios y la guerra contra los inmigrantes.  Estos puntos son o ignorados o tratados en la agenda del G20 como secundarios.

Los tres ejes centrales del G20 para este año son: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y la seguridad alimentaria. La posible salida para las problemáticas del desempleo, del maldesarrollo y del hambre es  la misma lógica del crecimiento infinito utilizando recursos finitos y no renovables. Para lograr el objetivo de tal crecimiento es necesario aplicar medidas que precarizan las relaciones de trabajo, que permitan el libre comercio de bienes y servicios, y que profundicen la desigualdad.

Nada distinto se puede esperar de países que pretenden discutir el futuro del trabajo en los cuales los derechos de las personas trabajadoras son sistemáticamente violados. Según un informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en China, India, Corea, Turquía, Indonesia, Arabia Saudita y México, las personas trabajadoras no tienen sus derechos laborales garantizados y muchas sufren violencia y represión. En Brasil, Reino Unido y Estados Unidos las personas trabajadoras son impedidas de sindicalizarse y no son pocos los casos de personas que trabajan bajo condiciones análogas a las de la esclavitud. Todos estos países son integrantes del G20.

El Grupo de los 20 apuesta en la uberización del trabajo. Es decir, el trabajo en plataformas digitales que hace de la persona trabajadora una emprendedora y que también tiene como consecuencia la flexibilización del empleo. Según el  investigador francés André Lamarche, este proceso de uberización tiene un fuerte componente de desregulación neoliberal que busca reformar el poder del mercado. La consecuencia de la implementación de esta lógica de trabajo es precarización, destruición de los derechos laborales y desamparo social. Asimismo crea una autoexplotación y una subjetivación individual meritocrática.

La infraestructura para el desarrollo –planteada por el G20 como fundamental para atraer inversiones–  busca avanzar sobre los territorios e implementar rutas eficientes que permitan la  mejor circulación de bienes y mercancías. Sin embrago, no se habla de las consecuencias que estos megaproyectos tienen en la vida de campesinos/as y pueblos originarios, como también el impacto ambiental producido.

Estos megaproyectos como los de Colombia –que pretenden conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través de un canal seco–, tienen un impacto directo en las culturas y en el territorio de las personas negras e indígenas de la región;  pasan por encima de la población, que no es consultada sobre la construcción de estos proyectos. El abogado y profesor de Derecho Ambiental,  Juan Pablo Vismara, afirma que el costo ambiental de los megaproyectos de ingeniería es una preocupación real en todos los lugares donde se desarrollan  y, con la modernización de la cadena productiva, este es un tema aún más importante.

El planteamiento del G20 sobre la seguridad alimentaria  es preocupante. Decir que el problema del hambre es la insuficiente producción de alimentos, sin problematizar el modelo productivo dominante y la distribución,  es solamente una forma de seguir con la profundización de la desigualdad en un mundo que produce alimentos suficientes para alimentar a 12 mil millones de personas.

La decisión de no tratar el cambio climático como un eje central  del debate es un nítido alineamiento de la reunión del G20 a los intereses de las grandes corporaciones petroleras.  Sobre este tema , el abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, Marcos Filardi, señala que “comemos petróleo”. Filardi remarca que los intereses de las compañías petroleras en este sistema agroindustrial descansa en el petróleo, desde el fertilizante sintético, la mecanización agrícola a base de combustibles fósiles y el packaging;  asimismo  agrega que no producimos alimentos, sino que el objetivo de la producción es el mercado internacional de commodities.

Al observar los objetivos de la agenda del G20, es nítido que no hay una preocupación en buscar alternativas que puedan realmente terminar con la crisis. En este sentido el G20 es parte del problema, no la solución. La probabilidad de que la crisis se profundice aún más si estas medidas se concretaren es enorme. Sin dudas es un paquete suicida impuesto por un sistema en el cual garantizar las ganancias está por encima de garantizar la vida misma en el planeta.

Fuentes:

https://www.pagina12.com.ar/92007-el-trabajador-uberizado

https://www.facebook.com/notes/huerquen-comunicaci%C3%B3n-en-colectivo/medio-ambiente-y-derechos-humanos-derechos-en-disputa/1847399251949676/

http://www.economis.com.ar/marcos-filardi-alimentos-agronegocios-soberania-alimentaria-campesinos-monocultivo-soja-tierra/

 
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Venezuela: la dignidad de un pueblo que no se rinde

Especial Venezuela

Esta es la primera de una serie de crónicas que Virginia Bolten publicará en las próximas semanas sobre el viaje que realizó a este territorio de Nuestra América. La serie “Especial Venezuela” es un conjunto de narrativas, sin pretensiones de análisis político de fondo,  sino  las sensaciones durante los días en el país bolivariano  y  qué compartimos estos días en tierras caraqueñas. Todo el material que publicaremos a lo largo de este período será parte de una publicación especial que pretendemos compartir con los movimientos sociales y demás interesados/as sobre la realidad venezolana desde una perspectiva de los pueblos en resistencia y para continuar con la lucha antiimperialista, antirracista, feminista, obrera, contra la explotación neocolonial, extractivista y militarista no sólo en Venezuela, sino también en Latinoamérica; porque la lucha es una sola. Desde ya agradecemos a todos los esfuerzos de militantes, movimientos sociales y obreros, organizaciones políticas y culturales, periodistas e intelectuales que nos recibieron tan cálidamente y que permitieron que este trabajo se concretara. Creemos que la práctica política solo es posible con solidaridad, y que su construcción es colectiva y horizontal; por ello, este trabajo es realizado por VB pensado para que sea apropiado por todos/as quienes  luchan por un mundo sin opresiones, libre y justo.

Venezuela: la dignidad de un pueblo que no se rinde

Al llegar al aeropuerto de Maiquetía, próximo a Caracas, en el uniforme de las personas trabajadoras se podía leer: “Ministerio del Poder Popular”; desde entonces, las palabras “pueblo” y “popular” fueron las que más hemos leído a lo largo de los intensos días que pasamos en la ciudad.

El viaje que planificamos con la intensión de escuchar a los movimientos sociales y también darnos condiciones para comprender la realidad venezolana, empezaba con la promesa de muchas sorpresas. Las calles tranquilas nos desmentían la realidad inventada por los medios de comunicación hegemónicos. El caos expuesto en las imágenes y narrativas sobre la “crisis humanitaria” de a poco se iba deshaciendo, dando lugar a la realidad concreta a través de nuestra mirada atenta y por el sentir que sólo es posible estando en medio de la situación.

En camino al Parque Central –donde estuvimos hospedadas– se iban apareciendo las largas colas en las panaderías y bancos. Muchas personas, de forma ordenada y tranquila, pero con el semblante de cansancio, esperaban para comprar pan y retirar dinero. Esta escena se repetiría muchas veces más a lo largo de los días. Nos tocó algunas veces hacer filas muy extensas para comprar alimentos  y allí también pudimos hablar con las personas sobre cómo conseguir uno u otro producto y compartir el sentimiento sobre la economía en tiempos de cambio de moneda.

Llegamos a días  que el gobierno anunciara un nuevo cono monetario. Los millones de Bolívares Fuertes se convertirían en los actuales Bolívares Soberanos, luego de la eliminación de cinco ceros. El tema de conversación en las calles, tiendas y ascensores era siempre:  ¿cuánto costarían las cosas con el nuevo cambio de moneda? A pesar de la novedad, las personas no parecían muy esperanzadas con la modificación monetaria, se incrementó el salario un 6000% pero los precios  tuvieron un salto similar.

El feminismo bolivariano

En el primer día de nuestra jornada, se realizaba la Asamblea Popular Feminista en la Plaza Bolívar.  Llegamos un poco adelantadas, lo que nos permitió escuchar  otras actividades que se estaban realizando en la plaza.

De a poco, las compañeras llegaban a la actividad: las banderas color violeta, LGTB y los pañuelos verdes en el cuello de quienes la organizaban  evidenciaban el local exacto del acto, que se dio frente a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Esta tuvo sus orígenes en una consulta popular durante el gobierno de Hugo Chávez, y es el máximo órgano de poder del Estado venezolano. Después nos enteramos que hace un año, el 28 de cada mes, la asamblea feminista se viene reuniendo en este mismo lugar.

Las intervenciones denunciaban la falta de acceso a las pastillas anticonceptivas, las del día después y también al Misoprostol. Referido a esto Daniella Inojosa de la organización feminista Tinta Violeta de la red la Araña Feminista, expresó que: “los medicamentos se encuentran en manos de grandes corporaciones transnacionales que poseen las patentes, están librando un bloqueo económico contra Venezuela y atentan contra los genéricos”. Asimismo, nos informó que: “durante el gobierno de Hugo Chávez, estos medicamentos eran subsidiados”. Daniella sobre la actualidad detalla “por el ataque económico al país, al no considerarse esenciales las pastillas anticonceptivas, no están dentro del listado de productos farmacéuticos subsidiados”.

El machismo estructural poco desandado y  la falta de apoyo en los espacios de lucha hicieron parte de todas las intervenciones. Las consignas salían en los gritos de las compañeras “¡Aborto Legal en cualquier lugar!”; “Ni del Estado, ni del partido, ni del marido, ni del patrón; mi cuerpo es mío y mía es la decisión”. Una de las exigencias al gobierno, e informada a VB en la manifestación por una participante de la red de mujeres que acompaña a quienes deciden abortar,  es que la anticoncepción sea considerada una cuestión de DD.HH. Una intervención contundente denunciaba el hecho que no hay derecho al aborto en caso de violación.

La protesta y reclamo finalizó con la intervención de un grupo de estudiantes que participaban de otra actividad en la plaza, con el uniforme de la escuela y todos con poco más de diez años de edad, tomaron el micrófono y  gritaban “¡hombres y mujeres luchando en equidad; así se construye el poder popular!”.

 
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El Banco de la Iglesia Universal recibe apoyo de los gobiernos brasileros

Edir Macedo

Por Camila Gonzalez Iglesias

El Banco AJ Renner con sede social en Porto Alegre y controlado por la familia Renner, vendió, en 2013, el 49% de la empresa BA Emprendimientos y participaciones del Grupo Record, del cual es socio mayoritario en un 90% el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), Edir Macedo.

El inicio de esta transacción fue en el año 2009, pero Macedo por leyes brasileras al tener su domicilio establecido en EE.UU. no podía adquirir las acciones. La ex presidenta Dilma Rousseff por decreto estableció que Macedo podía adquirir parte del Banco Renner. Un nuevo decreto (9.367/18), de mayo de 2018, Michel Temer –quien ocupa el cargo de presidente de Brasil tras un golpe institucional– estableció que la participación extranjera en el Banco Renner podría incrementarse hasta el 80%.

El partido asociado a la IURD es el Partido Republicano Brasilero (PRB),  fundado en el año 2005, siendo un aliado del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones presidenciales del 2006. El empresario José Alencar Gomes da Silva –uno de los dirigentes del PRB– fue vicepresidente de Ignacio Lula da Silva. Actualmente, el PRB participa del gobierno de Temer por medio de Marcos Pereira, quien se encuentra en licencia como obispo de la iglesia universal. Pereira es actualmente Ministro de Industria, Comercio y Servicios, quien a su vez se encuentra denunciado por recibir fondos de empresas privadas a cambio de préstamos preferenciales del gobierno, denuncia que aun no ha sido judicializada.

Edir Macedo, quien según Forbes tiene un patrimonio superior a U$S1200 millones, tuvo varias causas tanto en Brasil como en Latinoamérica. En el año 2012, bancos mexicanos cerraron cuentas de la Iglesia Universal a partir de denuncias por lavado de dinero.

Los favores al banco de la Iglesia Universal no solo se dieron en términos nacionales, también han habido acuerdos favorables a AJ Renner por parte del municipio de Rio de Janeiro. Desde el año 2016 el sobrino de Maceo llamado Marcelo Crivella es el intendente de Rio de Janeiro por el PRB. En la segunda vuelta de las elecciones cuando el PRB resultó electo, Crivella obtuvo 1,7millones votos; sin embargo, el total de personas que se abstuvieron de votar, votaron en blanco o impugnaron su voto  fue de 2 millones.

En el año 2017, la Ciudad de Rio de Janeiro firmó un acuerdo con AJ Renner para que pueda dar créditos a personas que trabajan para la municipalidad y que el pago de los mismos se descuente de su salario. Asimismo, se ofrece una línea de crédito exclusiva para propietarios de inmuebles alquilados a la IURD. El acuerdo tiene vigencia hasta junio de 2019 y fue publicado por el municipio carioca.

La Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) es una institución de carácter político, económico y religioso multinacional que genera sus ingresos a partir de los aportes de quienes participan en eventos de la misma. La IURD se encuentra presente en más de 100 países y fue fundada en 1977 por Edir Macedo. En la actualidad, cuentan con más 22 millones de personas seguidoras de las palabras de sus líderes.

 
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Las cárceles agudizan el problema, no lo solucionan

EDITORIAL

El abolicionismo penal es una corriente que plantea la eliminación del sistema penal. Es decir, la construcción de una forma alternativa para la resolución de conflictos, que no sea a través del castigo mediante lugares de encierro. Cuando alguien se identifica como  abolicionista, está diciendo que es el opuesto al prohibicionista;  decide  problematizar los hechos  y busca resolver –o lidiar–con conflictos, partiendo del presupuesto   que lo que está “mal” y lo que está “bien” está condicionado por un conjunto de patrones.  Es quien denuncia que estos patrones  son en si mismos injustos,  ya que reproducen el ideario dominante, cristalizando el sistema excluyente, racista, selectivo y de manutención de privilegios.

Un buen ejemplo de la critica abolicionista es la reflexión  frente al encarcelamiento masivo de personas negras empobrecidas, Angela Davis, filosofa y feminista negra, remarca: “Los lugares de encierro y la esclavitud son instituciones estructuradas en el racismo”. En Estados Unidos y Brasil –los dos países líderes de encarcelamiento a nivel mundial ocupando el primer y tercer lugar respectivamente– la mayoría de las personas privadas de su libertad son negras y pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad. Gran parte de estos encarcelamientos son por uso o venta de substancias psicotrópicas.

Partiendo del presupuesto que lo que hace que un hecho sea asumido como un crimen es lo es  determinado por el estado como delito, descriminalizar el uso de las drogas haría que el número de personas privadas de  libertad se redujera importantemente. Más allá de esto, la selectividad de los encarcelamientos devela la orientación del sistema punitivo. No es que la clase media y blanca no consuma drogas, es que las instituciones elijen quienes son los castigables, siguiendo una lógica de eliminación de las personas no funcionales al sistema y a su reproducción. De hecho en las clases medias y altas, los consumos de drogas están pseudodespenalizados y en el caso de los psicotrópicos avalados por la ciencia blanca y la industria farmacéutica.

El sistema industrial-carcelario –término utilizado para definir las relaciones económicas y políticas entre gobiernos, monopolios económicos y políticos– necesita más personas en las cárceles para la manutención del negocio punitivo. Este negocio, que utiliza la mano de obra de las personas encerradas y que también obtiene ganancias de estos cuerpos sistemáticamente torturados a través de su mantenimiento en lugares de encierro, es el que determina la cantidad de personas castigadas e  influye en las políticas públicas y en la elaboración de las leyes.

La estrategia de deshumanización de estos cuerpos también juega un rol importante. A partir del momento en que se convierte en delincuente, la persona pasa a ser un enemigo de la sociedad. Esta sociedad culturalmente punitivista comprende que la solución para los problemas sociales (como la violencia, la precariedad, y el malestar social) es aislar a “los malos”. También se crea a partir de esta ilusión el miedo hacia el otro.

El delincuente es construido socialmente a partir de patrones impuestos por este sistema penal y es posicionado por los medios de comunicación hegemónicos. Los conflictos en las zonas más pauperizadas de la sociedad y la persecución hacia los distintos modos de existencia crean una subjetividad que construye al enemigo. La violencia desplegada por las fuerzas represivas del Estado es vista como un “cuidado hacia el bien común”, así la violencia sufrida por estos cuerpos marginalizados es validada por el conjunto de la sociedad que clama por justicia y castigo.

La dificultad en pensar otras formas de organización social que puedan resolver conflictos se da por esta naturalización y aceptación pasiva de la crueldad que, muchas veces, remite a la Edad Media. Romper con esta estructura es también no aceptar la imposición de un conjunto de mecanismos de control los cuales, nos hacen ver hoy,  necesarios para existir en colectividad. Lo que nos preguntamos desde Virginia Bolten es ¿hasta cuándo vamos a sostener este sistema de castigo? ¿Cuándo vamos a asumir que todx presx es político?

 
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En medio de la destrucción también hay tiempo para la solidaridad

Efraín González Téllez

Recientemente la organización palestina Stop The Wall (Paren el Muro) ha realizado un vídeo en el que pide a la justicia Hondureña no dejar en la impunidad el caso del asesinato de Berta Cáceres, sucedido ya hace más de dos años. La organización a la que pertenecía esta lider, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, denuncia que detrás del delito estarían los dueños de la Corporación Hondureña para el Desarrollo Energético (DESA) quien era la constructora de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, contra la cual se opuso activamente la líder indígena.

Stop The Wall es una coordinación de comités de lucha popular de varios pueblos afectados por el muro de apartheid que Israel ha construido para encerrar a Cisjordania; trabaja hace más de quince años no solo denunciando la ocupación militar que sufren sino defendiéndose de la destrucción sistemática que realiza el Estado ocupante. Esta organización y muchas otras personas del pueblo palestino están en estos momentos acampando a las afueras de un pueblo beduino que está amenazado a destruir: Khan Al Ammar. La razón por la cual van a destruirlo es, según la Suprema Corte de Israel, por que se realizaron construcciones ilegales de casa y escuela. Esto por que según la ley israelí los palestinos en el territorio ocupado deben pedir permiso al Estado de Israel para construir en su propio territorio. Sin embargo, resulta conveniente la decisión ya que este pueblo está justo en medio de dos grandes colonias ilegales israelíes, Ma’ale Adumim y Kfar Adumim, y por lo tanto destruirlo permitirá una mayor conexión entre las mismas.

El video se realizó al mismo tiempo que más de 15 organizaciones palestinas hicieron público un manifiesto de solidaridad con el COPINH, en la que afirman que: “DESA efectivamente ha constituido parte de una estructura criminal, los bancos que han financiado el proyecto conociendo sus implicaciones y el gobierno de Honduras han brindado total apoyo al proyecto y a la represión de los defensores de los derechos humanos. Todos aquellos que planearon, ordenaron y contribuyeron al asesinato de Berta deben rendir cuentas”.

Estas muestras de solidad aparecen en la semana que iniciaba el juicio en Tegucigalpa donde se definiría los responsables del crímen. Sin embargo, el COPINH y la familia de Berta Cáceres presentaron una acción de recusación contra el Tribunal de Sentencia de Sala Primera, quien tiene el caso por que según sus palabras: “rechazamos su accionar y su aptitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso”. También en sus redes sociales denunciaron que la empresa DESA contrató a personas para que se manifestaran a favor de la misma frente al tribunal, en lo que parece un intento más de esta empresa para influenciar las decisiones que tiene que tomar la justicia.

El COPINH ha sido una organización que desde 1993 ha buscado la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos en ese país, y esta lucha les ha llevado a enfrentarse a megaproyectos como las represas que atentan contra la integridad de sus territorios. En medio de estas fuertes luchas Berta Cáceres, una de sus fundadoras y quien en el 2015 por su resistencia logró el premio medioambiental Goldman, fue asesinada el 2 de marzo del 2016 en su casa. Desde entonces su proceso y familia han luchado para que no se quede impune su asesinato.

Las razones por las cuales se presentan las manifestaciones de solidaridad desde Palestina son, en palabras de las organizaciones de ese territorio, porque “Israel ha contribuido históricamente a la represión contra los movimientos sociales y políticos en Honduras. Israel ha ofrecido armas y entrenamiento para la represión a partir de los años 80, incluido el apoyo a “los contras” con base en Honduras. Hoy el presidente Juan Orlando Hérnandez (JOH) se enorgullece de ser un aliado cercano de Israel. En agosto de 2016, JOH firmó un acuerdo militar con Israel que apunta a fortalecer las fuerzas armadas, la Oficina Nacional de Investigación e Inteligencia y la creación de un proyecto de ciberseguridad. El armamento y las técnicas de represión que Israel exporta a Honduras han sido probadas y utilizadas sobre los palestinos como parte del régimen de apartheid, colonialismo y ocupación de Israel. Los drones que Honduras compró a Israel el año pasado con fines de vigilancia han sido desarrollados y utilizados especialmente contra la población palestina en Gaza para imponer un asedio abrupto y repetidas masacres”.

El llamado que hacen desde el país asiático es a evitar que el militarismo siga oprimiendo a ambos pueblos, y activar la solidaridad para derrotar la opresión. Al mismo tiempo el COPINH ha hecho varias llamadas a visibilizar el caso de Berta Cáceres, lo que ha provocado respuesta de varios países del mundo entre los que están pobladores de Estados Unidos, Italia, México, Colombia y Guatemala.

Por lo pronto el juicio se encuentra suspendido y entre tanto la organización hondureña llama a realizar presión sobre las autoridades para garantizar que se haga justicia. Entre otras acciones piden:

“Cartas a autoridades hondureñas: Es importante presionar a las autoridades y evidenciar la importancia de que se realice un juicio que aborde los temas fundamentales en cuanto a la muerte de Berta, incluyendo: *Falta de acceso a la información: hasta la fecha, los fiscales del Estado han incumplido cuatro órdenes judiciales para que entreguen a las víctimas y los representantes, las pruebas de las búsquedas realizadas en 2016 en las oficinas de DESA. En 36 ocasiones distintas, se han negado a proporcionar información a los abogados de la familia sobre la investigación. Esta información es importante para vincular a los autores intelectuales con el asesinato. La audiencia de proposición de prueba está programada para el 23 y 24 de agosto y es vital contar con la información para esta fecha. *COPINH merece ser escuchado como víctima en el juicio. El 27 de julio, el tribunal decidió que el COPINH no podía ser representado durante el juicio, a pesar de que el artículo 17.3 del Código Penal de Honduras establece que, para los delitos que afectan a un negocio o sociedad civil, los miembros de la sociedad son víctimas. Esta decisión está siendo apelada. Envía las cartas a COPINH (solidaridad@copinh.org) con copia a: Embajadas de Honduras en el exterior (ver aquí para más información); Presidencia de Honduras (Juan Orlando Hernández) juanorlandohernandez@gmail.com; Poder judicial (Rolando Argueta) reargueta@poderjudicial.gob.hn; Ministerio Público (Óscar Chinchilla) : mprelacionespublicas@gmail.com”

 
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Como informan los medios de comunicación la realización de vasectomías

IMAGEN: Vasectomía VB

Por Germán Romano

Diversos medios de comunicación, Clarin, Infobae y Tiempo Argentino, publicaron recientemente notas sobre la realización de vasectomías en Argentina. En todos los casos hay un denominador común, el mantenimiento y sostenimiento del mandato de la procreación. En todos los ejemplos, los varones heterosexuales que se realizaron la intervención exponen que luego de procrear decidieron no continuar haciéndolo. Obviamente que no es lo mismo el machismo implícito de un varón en la exigencia que el método de anticoncepción sea algo que solo atañe a las mujeres, así como tampoco se plantea la opción de la no procreación cuando se trata de los varones.

En el caso del medio Clarin, la información respecto al incremento de vasectomías pareciera mostrar que hay un avance importante respecto a la determinación de los varones en asumir nuestra responsabilidad en la no concepción. Informan que las vasectomías crecieron un 50% en 2 años. Este dato parecería ser alentador respecto al cuestionamiento de nuestros privilegios, pero el porcentaje calculado a nivel nacional es sobre un total de 121 intervenciones en el año 2015 a 180 en el año 2017. Entre los años 2016 a 2017 se pasó de 143 vasectomías a 180, es decir un incremento del 25%. No obstante, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, para citar un ejemplo, la cantidad de tubectomías o ligaduras de trompas se incrementó un 30% en el mismo periodo. Asimismo, la cantidad de ligaduras de trompas que se realizan frente a las vasectomías es entre 40 o 100 veces mayor, dependiendo de la región que se analice.

No en todos los países del mundo la relación es similar, ejemplo de ello, donde las intervenciones quirúrgicas de anticoncepción en varones supera a las de mujeres son:

Vasectomía / Tubectomía

  1. Canadá:22% / 11%
  2. Reino Unido:21% / 8%
  3. Nueva Zelanda:19,5% / 14,6%
  4. Bután:12,6% / 7,1%
  5. Países Bajos:7% / 3%

Fuente: ONU (Organización de Naciones Unidas)

En la nota anteriormente mencionada de este mismo medio, consultan a Alberto Layus, médico del servicio de urología del Hospital Italiano, hace referencia a una vasectomía novedosa sin bisturí. Algo sobre lo cual ya hemos publicado en Virginia Bolten. En Argentina, las vasectomías se realizan con anestesia general y a través de una incisión con el uso de bisturí. Desde el año 1973, que está la posibilidad de realizar vasectomías sin bisturí, fue desarrollada por Li Shunqiang, del Instituto Chongqing de investigación Científica en Planeamiento Familiar de China y en 1985 en EE.UU. se realizó la primera intervención de este tipo.

 

IMAGEN: Tiempo Argentino

El periódico Tiempo Argentino, publicó el 16 de agosto una nota titulada, No me corten los huevos. La imagen que acompaña la nota y el título es más que elocuente.

El artículo plantea como opción un gel ensayado en 2010 en monos y conejos, pero que aún no se encuentra disponible para varones.  No se informa en la nota que hubo una pastilla anticonceptiva que si se ensayó en varones pero que no pasó las pruebas. La revista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism publicó, a principios de 2017, los resultados de un ensayo de anticonceptivos inyectables para varones cis*. El resultado arrojó una eficacia del 96%. La Organización Mundial de la Salud expresó “El estudio descubrió que es posible tener un anticonceptivo hormonal para hombres que reduzca los embarazos no planeados en la pareja del hombre que la use”.

Sin embargo, el ensayo se detuvo ya que en una tasa menor al 10% de los varones que participaron tuvieron efectos secundarios. Estos fueron, depresión, dolor muscular, cambios de ánimo, acné y alteraciones en la libido. Los mismos, son similares a las pastillas para mujeres cis del día después.

En la nota mencionada también se expresa sobre la irreversibilidad de la intervención. La vasectomía puede ser reversible, esto estará dado en función del tiempo transcurrido desde la intervención y la singularidad de cada cuerpo. Según un trabajo del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, solo el 4% de los varones cis a los cuales se les realizó una vasectomía solicitan su reversión.

¿Qué es la vasectomía?

La opción al no haber pastillas anticonceptivas es la ligadura de los conductos deferentes o vasectomía. La vasectomía — una intervención ambulatoria— consiste en ligar los conductos que unen la uretra con os testículos, que es donde se generan los espermatozoides. La eyaculación de un varón cis no vasectomizado está compuesta en un 95% por semen generado en la próstata y por un 5% de espermatozoides generados en los testículos. La vasectomía no implica disminución del deseo sexual, ya que la próstata continúa su funcionamiento normalmente, lo que difiere es que la eyaculación no tendrá espermatozoides. Para confirmar la eficacia de la vasectomía es fundamental efectuarse luego de 20 eyaculaciones o 3 meses de la realización de la intervención un espermograma, en caso que el resultado sea 0, se confirma la eficacia.

La vasectomía en la Argentina está garantizada por la ley 26130 del año 2006. En la misma se establece que para realizarse esta cirugía es necesario tener 18 años o más y recibir información sobre este y otros métodos anticonceptivos. Es una decisión personal y no hace falta autorización o entrevista con la pareja. Tampoco es requisito haber tenido hijas/os. Se realiza en forma gratuita en hospitales públicos, obras sociales y prepagas.

(*) Es un término que se utiliza para describir personas cuya identidad de género y género asignado al nacer coinciden, es decir, que no se identifican como transgénero.

 

 
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Dueño de Avianca produce armas en Brasil

IMAGEN: German Efromovich

Guillermo Martinez y Efraín González Téllez

Empresarios a las sombras del poder político: Germán Efromovich

A Germán Efromovich se le conoce especialmente por ser el dueño de una de las mayores aerolíneas americanas pero muy poco se habla de los negocios adicionales que mantiene, los que exceden la aviación civil y el turismo: Synergy Aerospace, empresa de Efromovich que controla Avianca, es también dueña de EAE Aerospace Solutions. EAE nació luego que en el 2001 Synergy y la empresa Israel Aerospace Industries (IAI) firmaron un acuerdo para la fabricación de drones y comercializarlos en latinoamerica. Con esta alianza estratégica ingresó al negocio de las armas aéreas produciendo drones israelíes, los que han sido herramientas utilizadas para el asesinato y violación de los Derechos Humanos del pueblo palestino.

En el año 2013, el Comité Nacional Palestino de Boicot, coordinación que representa a más de 170 organizaciones de la sociedad civil que han hecho un llamado a presionar a Israel para que cumpla con el Derecho Internacional, promovió una campaña contra EAE en la feria Latinoamericana Aeroespacial y Defensa (LAAD), realizada en Brasil; En ese momento denunciaron como “Este conglomerado produce material para las Fuerzas Armadas brasileñas que utilizan los centros de producción y mantenimiento de TAP M & E Brasil en Río de Janeiro y Porto Alegre”.

En un informe sobre militarismo israelí en la región realizado por el movimiento de BDS Latinoamericano (Boicot, Desinversión y Sanciones), movimiento que responde al llamado palestino, se detallan los últimos movimientos de las empresas de Germán Efromovich; en este se describe que: “Uno de los empresarios más destacados que ha hecho carrera en estas ferias de armas es el empresario boliviano –con nacionalidad brasilera y colombiana– Germán Efromovich quien fue uno de los más destacados ponentes de la feria FIDAE en Chile en abril de 2018. Efromovich participó en el despojo de tierras en el departamento del sur del Cesar en Colombia”.

Aunque se justifica que dichos drones sirven para proteger las fronteras, luchar contra el narcotráfico o garantizar el funcionamiento de empresas de extracción de minerales y petróleo, se ha observado recientemente que dichas armas también están siendo utilizadas para la represión de movilizaciones campesinas en Colombia o de pueblos originarios como el Mapuche al Sur del continente. Puede afirmarse que con la importación de tecnología y conocimiento para la fabricación de estos drones, desde Israel, también se importa el militarismo y la falta de respeto a los Derechos Humanos. Por extensión, empresarios de armas de guerra como Germán Efromovich facilitan que estás prácticas se implementen en el continente.

De la falta de responsabilidad social de este empresario se conoce cada vez más: Los Paradise Papers (Papeles del Paraíso) brindaron muchos detalles de cómo actúan los capitales y sus dueños para la evasión impositiva. Particularmente se detalla como el conglomerado de Avianca –de quien es dueño German Efromovich– utilizó más de 20 cuentas offshore en Islas Bermudas, Panamá y Chipre para este fin. Pero la corrupción no se queda en paraísos fiscales: En Argentina compró la empresa aérea de la familia del presidente Macri, y durante esta presidencia a la compañía se le asignaron nuevas rutas en lo que puede interpretarse como tráfico de influencias.

Con esta información de fraude fiscal, de clientelismo dentro de gobiernos, despojo de tierras a campesinos en Colombia y la participación de negocios de armas en Brasil, se puede concluir que este empresario, más que ayudar a la sociedad, busca lucrarse a costa de lo que sea necesario.

 
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Elecciones en Brasil: la vieja política y la eterna conciliación

Foto: Ricardo Stuckert

Por Amanda Graviola

El próximo 7 de octubre, Brasil elegirá su próximo presidente de la república bajo un contexto de Golpe Institucional  y de un proceso electoral dudoso y cuestionado por la comunidad internacional:  el ex presidente Lula da Silva no podrá participar de la disputa aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU por su Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –de lo cual Brasil es signatario desde hace 9 años–­ haya demandado su participación hasta que se agotasen los recursos en su contra. A pesar de tener sus derechos políticos violados, la decisión del PT y de las izquierdas, hasta el momento, fue  de participar del proceso ilegítimo, validando reglas regresivas del juego democrático.

La decisión por la vía electoral, en lugar de la toma de las calles y rechazo de participar del proceso, habla mucho de Brasil y de su situación frente a todas las demás violaciones de los derechos sociales del pueblo brasilero. Brasil es un país dónde la política y la policía son usadas para proteger privilegios en lugar de garantizar la dignidad de las personas. Bajo el gobierno golpista de Michel Temer –el cual fue elegido por PT para ser el vice de Dilma Rousseff–, el país viene perdiendo  peso geopolítico por no respetar normas internacionales que garantizan derechos humanos, civiles, políticos y sociales. Frente a la demanda de la ONU sobre el caso de Lula da Silva, el Ministro de Justicia Torquato Jardim acusó a la ONU de “intromisión política e ideológica indebida en un tema técnico-legal”. La inseguridad jurídica, que se nota por la contundente judicialización de la política, es un hecho que también tiene impactos importantes sobre la economía.

Es en este contexto de “aceptamos cualquier cosa” es que figuras como Jair Bolsonaro (PSL)–considerado el Trump brasilero­– entra en la escena de la disputa presidencial y logra ganar la atención de la población, por demostrar garantía de “orden y autoridad”. En este sentido Bolsonaro, quien hoy tiene un 19% de las intenciones de voto con su discurso vacío de propuestas pero novedoso en su forma –tolerancia cero–, es comprendido como rupturista.  Mientras la izquierda es percibida como mantenedora del proyecto que fue rechazado en las calles durante los años anteriores. Es notorio la imposibilidad de (re)crear un hilo conductor entre el deseo popular y la política –ya bastante desacreditada en las instituciones–. La creencia  que la mano dura resuelve la situación, sobre todo de la corrupción,  pudo ser comprobado en la última huelga general de los camioneros que pedían intervención militar durante el paro, hace que la retórica agresiva de Bolsonaro encuentre la simpatía del pueblo, sobre todo del público masculino.

En el último importante debate donde participó Bolsonaro, el presidenciable dijo que la grieta salarial entre mujeres y varones no es una cuestión electoral, defendió la castración química como salida para resolver la violencia de género que llega a 60 mil violaciones y 1.133 femicidios por año en Brasil y defendió el porte de armas como una forma de defensa del “ciudadano de bien” frente a la violencia que sólo en el año de 2017 dejó 63.880 muertos . Todo esto en un país que  tiene un índice de muertes violentas mayor que países en situación de guerra. La mayoría de las personas muertas son negras y pertenecen a las clases más vulneradas de la sociedad, lo cual contrasta con  que  Bolsonaro sea defensor de la meritocracia y  conocido por sus declaraciones racistas.

Con la eventual posibilidad  que Lula sea expulsado de la disputa electoral, el elegido por el PT como  sustituto es Fernando Haddad. El Partido de los Trabajadores apuesta que el carismático y popular Lula pueda transferir sus votos al académico y ex alcalde de San Pablo. Tras la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), el PT dijo que va a apelar al Superior Tribunal Federal (STF) para que Lula tenga el derecho de registrar su candidatura en los próximos diez días. Mientras tanto,  Haddad sigue recorriendo el país y recibiendo el apoyo de aliados, incluyendo figuras que apoyaron el golpe que destituyó la ex presidenta Rousseff.

 
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Plan Andinia, la falsa noticia viralizada por la dictadura

IMAGEN: Tierras Patagónicas

Flor Niti y Guillermo Martinez

La dictadura cívico-militar-eclesiástica tuvo un importante sesgo antijudio en su cúpula. La comunidad judía argentina fue, en términos relativos, quien sufrió la mayor cantidad de personas detenidas-desaparecidas. No obstante, esto no fue impedimento para que Israel sea un gran proveedor de armas de la dictadura a pesar que Argentina tenía un embargo militar internacional por violaciones a los DD.HH.

La dictadura utilizó propaganda antijudia dentro de sus filas con la idea de generar un enemigo interno a combatir, para esto difundió un supuesto plan para la instalación de una nación judía en la Patagonia.

¿Que fue el Plan Andinia?

Fue una teoría conspirativa. Tuvo amplia difusión por el economista y docente, Walter Allende. Las especulaciones del supuesto plan contienen referencias y similitudes con la publicación Los sabios de Sion. Esta fue una publicación antijudia rusa de la época de darle seriedad, a pesar de esto fue material propagandístico de la última dictadura y lo sigue siendo por las extremas derechas.

Lo expuesto por esta teoría conspirativa no debe confundirse con la opción de Argentina como posible lugar de instalación de una nación judía en los inicios del sionismo. Entre los fundadores del sionismo, movimiento nacionalista del siglo XIX, Theodor Herzl fue uno de sus máximos exponentes. Entre sus escritos se planteaban diversas opciones para la instalaciones de comunidades judías, entre ellas estuvo como posibilidad Argentina y Uganda –esta última era una colonia de la potencia ocupante de Gran Bretaña–. Finalmente, el sionismo decidió que sea Palestina donde instalarse con las graves  consecuencias para el pueblo palestino.

Parte de la teoría de Allende se basa en las compras de tierras por parte de la comunidad judía. Particularmente se menciona a Mauricio Hirsch, quien fue un importante colaborador del sionismo e impulsor de colonias judías en territorio americano. Adquirió tierras por medio de la Jewish Colonization Association (J.C.A).  En el territorio denominado Argentina las compras, no obstante, no fueron en la Patagonia. Realizó una importante adquisición en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el Municipio de Carlos Casares (cercanas a 25 mil hectáreas), por este motivo, desde 1913, un pueblo de este municipio lleva su nombre. Otro de los lugares donde a Hirsch adquirió tierras fue la provincia de Entre Rios, particularmente en el departamento de Villaguay. El pueblo de Villa Clara lleva el nombre en honor a su esposa Clara Bischoffsheim.

Los intentos de acallar los movimientos en solidaridad con Palestina

La expresión antisemitismo, es utilizada por el movimiento sionista para acallar cualquier expresión crítica contra el régimen de apartheid contra el pueblo palestino. Un ejemplo de esto fue la columna en Infobae escrita por Sergio Widder, quien fuera director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina contra el periodista de internacionales Pedro Brieger. Sobre Brieger escribió: “Un judío que defiende antisemitas se convierte en su cómplice. Punto”. La columna de Widder fue en respuesta a los análisis políticos de Brieger sobre Palestina.

La utilización política de la expresión antisemitismo tuvo una situación que llegó a la cúpula castrense durante el kirchnerismo. Roberto Bendini, quien fue el militar encargado de bajar el cuadro del dictador Jorge Rafel Videla, solicitado por el entonces presidente Nestor Kirchner, fue acusado por declaraciones antisemitas en una columna de Daniel Hadad, periodista y empresario. Según Hadad, Bendini en un encuentro con cadetes en la Escuela Superior de Armas hablo del Plan Andinia. Luego de una investigación solicitada por DAIA, se determinó que Bendini no cometió antisemitismo.

La adhesión al llamado del pueblo palestino de BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), tampoco es parte de un plan antijudio, el BDS es un movimiento pacífico que toma como referencia la lucha contra el régimen de apartheid en Sudáfrica. Los movimientos políticos y personas que adhieren a este movimiento, lo hacen en solidaridad con el pueblo palestino –según expresan el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino–.

La mayor cantidad de armas compradas por Argentina a Israel fue durante la última dictadura (más del 90%). Los vínculos gubernamentales se están incrementando en los últimos años del gobierno de la Alianza CAMBIEMOS. Hay varios acuerdos para que las fuerzas represivas del estado a nivel nacional, provincial y municipal se formen con expertos israelíes. Las acciones de boicot a militares israelíes son a partir de una argumentación antimilitarista y contra la represión. Organizaciones sociales de DD.HH. y Solidarias con el pueblo palestino argumentan: “Las armas que asesinan al pueblo palestino, reprimen al pueblo argentino”.

 
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El agua y el derecho a la vida

Foto: Sebastião Salgado

EDITORIAL

“¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.”

Berta Cáceres

 

En julio de 2010, la ONU reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, asimismo reafirmó que el agua es la fuente esencial para la realización de todos los derechos humanos.  La declaración da cuenta de una evidencia: sin agua no hay vida.

Del total del agua en el mundo, apenas uno 2,75% es dulce y, por lo tanto, adecuada para el consumo humano. Uno 31% de las fuentes de agua potable disponibles en el mundo está en Latinoamérica. Sin embargo, en esta región, 37 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 110 millones sufren con la falta de saneamiento. Se estima que el territorio latinoamericano será uno de los que sufrirá más fuertemente los eventos extremos en consecuencia del cambio climático –como el aumento en el nivel del mar–, lo que significará la salinización de los deltas y la intrusión marina en los acuíferos.

La contaminación y  la escasez del agua son más sentidas por las personas más expuestas a sus consecuencias, sobre todo por las mujeres y niñas que tienen que caminar varios kilómetros para obtenerla, por los pueblos indígenas que la necesitan para existir como tal  y para campesinos y campesinas que necesitan del agua para su subsistencia. Más allá de esto, la falta de saneamiento genera la propagación de enfermedades infecciosas que afecta, sobre todo, a los niños y niñas.  Las poblaciones vienen manifestándose respecto de las causas de estas problemáticas  hace mucho tiempo. Esto se ejemplifica en todas las luchas llamadas “guerras del agua” que tiene como uno de sus símbolos más importantes la revuelta popular  que se dio en Bolivia, entre enero y abril del año 2000, la cual puso en cuestión la privatización de este bien común frente a la presión del Banco Mundial.

Según el abogado y especialista en Derecho Internacional, Javier I. Echaide, la  privatización de tales bienes –entendibles comunitarios–, como el agua, resulta inaceptable, no porque sea imposible, sino porque las consecuencias aplicadas a una escala individual resultan injustas, y las posibles consecuencias a una escala social resultan aberrantes. El abogado también enmarca que la generación de derechos de exclusión –consecuencia propia de la mercantilización de cualquier bien común– equivale –en el caso del agua potable como elemento fundamental al sostenimiento de la vida– a otorgar derechos de vida y de muerte para quienes los detenten: una responsabilidad demasiado grande como para dejarla libre a las reglas del mercado.

En los años 90, gran parte de los Estados latinoamericanos desarrollaron una reforma del marco legal para facilitar y promover las inversiones de empresas que operan a nivel mundial. En este marco, hubo un alza en la implementación de proyectos mineros en toda la región. La actividad minera esta asociada a la liberación de componentes químicos, como el cianuro y el mercurio. Los sedimentos dejados por la minería se incorporan al ciclo hidrológico, contaminando aguas superficiales y subterráneas. Este modelo extractivo-exportador es causa de diversos conflictos por su carácter contaminante y colonizador –ya que la cultura minera atraviesa los territorios con su lógica neodesarrollista, cambiando la geografía y destruyendo la economía y las costumbres locales–.

Frente a las evidencias que cobran responsabilidad de los gobiernos, la respuesta limitase a enfocar en “prestaciones de servicios más eficientes, resilientes y amigables con el medio ambiente” y en “lograr una mayor eficiencia en el uso del agua”. Nada dicen respecto del modelo productivo dominante que contamina con sus agrotóxicos, ni de las empresas que utilizan el agua para proyectos con fines de acumulación de capital.

La búsqueda por el crecimiento y el desarrollo infinito utilizando recursos finitos y no renovables se choca con los límites innegables. Sin embargo, desde del lado del pueblo está la resistencia en defensa de la vida misma. En los días 15, 16 y 17 de septiembre, los Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PU.CA.R.A.) organizan la I Cumbre Latinoamericana del Agua. El objetivo es crear una red latinoamericana de defensa del Agua para los pueblos.

 

Fuentes:

FILARDI, Marcos Ezequiel. Los derechos humanos al agua y al saneamiento: aportes para un debate

nacional pendiente.

ECHAIDE, J. AGUA COMO BIEN COMÚN DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA DEL ANÁLISIS ECONÓMICODEL DERECHO

SHIVA, Vandana. Water Wars

Otras Fuentes:

https://elpais.com/internacional/2015/05/13/actualidad/1431542093_232345.html

 
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Presentan proyecto de ley para prohibir banderas Palestinas en Israel

IMAGEN: Pinterest

Guillermo Martinez

En la profundización de lo que ha sido la promulgación de la última ley fundamental de Israel, una diputada del Likud –partido político del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu–, presentó un proyecto de ley para prohibir banderas palestinas.

Israel no cuenta con una constitución, ya que esto contraría la creencia religiosa que habría una ley terrenal superior a la divina, pero basa su organización estatal en leyes fundamentales. Son directivas que se encuentran jurídicamente por encima de otras leyes ordinarias. La aprobada semanas atrás establece primordialmente –con las consecuencias para el resto de la población– que Israel se regirá por la autodeterminación de la comunidad judía. En un reclamo a la derogación de esta ley fundamental hubo importantes manifestaciones donde se ondearon banderas palestinas, hubo una mayoritaria participación en la protesta de la comunidad no judía que representa más del 25% de la población israelí.

El proyecto de ley de la parlamentaria Anat Berko, estipula penas de más de un año por ondear una bandera palestina, que sería incorporado al código punitivista israelí. Asimismo como informa el medio Israel Hayom, la propuesta de ley contaría con el respaldo de quien se encuentra denunciado en Argentina por Crímenes de guerra y delitos de Lesa humanidad, Benjamín Netanyahu y los partidos gobernantes.

En declaraciones Berkco expresó, “La bandera de una entidad enemiga no puede volar en la esfera pública israelí, no podemos tolerar esto”. Asimismo la ley establece que en casos de perturbación a la paz o cuando haya más de tres personas en reuniones prohibidas sean definidos como hechos punitivos y se establezca un plazo como mínimo de un año a confinamiento a lugares de encierro. La propuesta de ley sería tratada el 14 de octubre en el parlamento israelí.

 
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El Tratado de Libre Comercio Argentina-Chile: el camino a un retorno encubierto del ALCA

Por Luciana Ghiotto y Patricio López

Actualmente se encuentra en tratamiento parlamentario en los Congresos de Chile y de Argentina el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. Este TLC fue firmado en enero de 2018, con el objetivo de extender el Acuerdo de Complementariedad Económica (ACE) N°35 vigente desde 1996.

Este Tratado se enmarca en el acercamiento de los bloques de la Alianza del Pacífico y del Mercosur. Este hecho es fundamental para entender la importancia política que reviste este Tratado. En la reciente Cumbre de la Alianza del Pacífico realizada en Puerto Vallarta, México, en julio, se anunció un plan de acción para avanzar en la convergencia entre ambos bloques, la cual viene en negociación desde hace al menos un año. En ese sentido, el presidente chileno Sebastián Piñera manifestó que se han propuesto generar una “gran zona de libre comercio en América Latina”1. Este tratado bilateral avanza entonces en ese objetivo, ya que para realizar la convergencia se necesita que los países miembros firmen entre ellos TLC bilaterales, de acuerdo a las disposiciones de la Alianza del Pacífico.

El nuevo ALCA regional: nuevos tratados, viejos temas

El TLC Chile-Argentina ha sido presentado como un nuevo “marco regulatorio” en la relación bilateral, inocuo y sin peligros, que simplemente “profundiza y extiende el marco jurídico bilateral del espacio económico” ya regulado por el ACE N°35. Efectivamente, se trata de un TLC que no modifica la sustancia del comercio entre Chile y Argentina. Entonces nace una primera pregunta: ¿cuál es el sentido de este Tratado de Libre Comercio si no modifica las condiciones del comercio entre ambos? Ya lo sabemos: los TLC tratan sobre mucho más que aranceles y tarifas. Estamos en realidad hablando de tratados que avanzan en la desregulación y liberalización de amplias actividades económicas que en las últimas décadas han estado en mano de los Estados, especialmente los servicios públicos: provisión de servicios básicos, educación, salud, sistema de pensiones, correo, telecomunicaciones, transporte en general, etc. Esas actividades han pasado gradualmente a manos privadas sobre la base de que sólo “Estados modernos”, pequeños, ágiles y eficientes, atraerán las inversiones extranjeras hacia nuestros territorios.

Entonces, al igual que el ALCA hace más de 10 años, los nuevos TLC son la herramienta legal de las fuerzas privadas que empujan por una apertura económica indiscriminada en nuestros países. Esto se realiza a través de los llamados “temas regulatorios” o “temas asociados al comercio”, algunos de los cuales fueron incorporados en los años noventa como Servicios, Contratación Pública, Telecomunicaciones, Inversiones, Propiedad Intelectual y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (y hoy se suma Comercio Electrónico). Varios de estos temas fueron incorporados en las agendas de negociación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, a partir de la presión de las empresas transnacionales más poderosas de los EEUU (como la industria de Hollywood, las grandes farmacéuticas y las empresas de servicios). En ese mismo periodo estos temas fueron agregados a los Tratados de Libre Comercio negociados por EEUU como el NAFTA, y posteriormente a la propuesta del ALCA. Hoy aparecen nuevamente en Tratados como el TPP-11.

Este Tratado también posee nuevos temas que refieren a los procesos regulatorios internos de los países a partir del mecanismo de Coherencia Regulatoria y las “buenas prácticas regulatorias”, que se han insertado dentro de los capítulos de Facilitación del Comercio y Obstáculos Técnicos al Comercio. La Coherencia Regulatoria implica la tendencia a la compatibilización y homogeneización de las legislaciones internas de los países así como de sus procesos regulatorios internos2. A través del término “Transparencia” se delimita un nuevo mecanismo para la regulación estatal que implica el diálogo con los “sectores interesados” (stakeholders) frente a nuevas regulaciones que vayan a ser adoptadas dentro del orden legal. Ese proceso de diálogo está enmarcado en la noción de “buenas prácticas regulatorias” que implica que los Estados faciliten al máximo la circulación de las empresas, liberando a los inversores extranjeros del “peso” (burden) de la burocracia y de los procesos administrativos. Este mecanismo es hoy impulsado por foros internacionales como la OCDE y el G20, y fue incorporado en el TPP-11 y en el frenado Tratado Transatlántico (TTIP). Estos mecanismos vienen directamente a intervenir en los mecanismos democráticos de toma de decisiones de los Estados3.

La inclusión de todos estos temas ha sido fuertemente criticada por la sociedad civil durante los últimos 25 años, justamente porque implica privilegios de propiedad para las empresas transnacionales y los inversores extranjeros, cuyos derechos se convierten de hecho en el nuevo estándar para la legislación, mientras se socava la posibilidad de aplicación de los derechos humanos, disposiciones que pasan a ser soft law, o ley blanda frente a los derechos privados. Mediante este tipo de tratados, las empresas pueden demandar a los Estados en los tribunales de arbitraje internacional (como el CIADI), mientras que los Estados sólo pueden llevar a una empresa por violación de derechos humanos o medioambientales a los propios tribunales nacionales, que luego son acusados de parciales y poco objetivos. Diversos casos de demandas de empresas contra Estados han generado grandes debates internacionales, ya que muestran justamente lo desigual entre los derechos de ambos4.

¿Temas “modernos” de los TLC o cáscaras vacías?

Además de los temas de los años noventa, en este tratado también se incorporaron algunos temas más novedosos, lo cual hace que los TLC más recientes sean presentados como “marcos regulatorios modernos”. Se trata de capítulos de Género y Comercio, Medioambiente y Desarrollo con énfasis en el rol de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME).

Pero estos capítulos son solamente cáscaras vacías, es decir que no son operativos, no plantean objetivos específicos ni cronogramas de trabajo, así como tampoco estipulan obligación alguna para que los Estados realicen políticas específicas que vayan de acuerdo a estos capítulos. Además, se aclara en estos capítulos que los Estados no pueden hacer uso del mecanismo de Solución de Controversias del propio Tratado (Capítulo 18) para plantear que los objetivos de estos capítulos no están siendo observados o cumplidos, o que el otro Estado está violando el acceso a las disposiciones de alguno de estos capítulos. Esto muestra que se trata de capítulos que intentan rellenar temas vacantes en los TLC, pero que no tienen una operatividad real.

Por ejemplo, el Capítulo de MiPyME sólo establece una cantidad de enunciados que hace al reconocimiento de las Partes de que las MiPyMES se incorporen al comercio bilateral. Para hacer un seguimiento, establece un Comité MiPyME, que es el único objetivo específico planteado por el Capítulo. Sin embargo, frente a cualquier desavenencia entre las Partes, se hace hincapié en que ambos harán los esfuerzos mediante el diálogo, cooperación y consultas para resolver la situación problemática.

Lo mismo sucede con los capítulos Laboral, de Medio Ambiente y de Género: la modalidad en que se redactan las cláusulas es a partir del “reconocimiento” que hacen las Partes de la importancia de la defensa de los derechos laborales y medioambientales, pero no plantean la posibilidad de que un Estado actúe sobre el otro frente a la violación de tales derechos. En ese sentido, todo queda en el plano de la buena voluntad.

En el caso específico del capítulo sobre Género y Comercio (capítulo 15), este TLC plantea que el objetivo es lograr la “participación más equitativa de hombres y mujeres en los negocios, la industria y el mundo del trabajo”. El eje está puesto sobre el “empoderamiento económico de las mujeres”, pero no dice nada de los impactos que la liberalización comercial tiene en todos los ámbitos de la vida de las mujeres5.

Diferentes reportes e investigaciones6 ya han mostrado que en lugar de romper las desigualdades estructurales de género, la liberalización comercial reciente ha reforzado esas desigualdades al dar un poder creciente a las empresas multinacionales que son dirigidas por hombres7Estos Tratados son generalmente firmados sin analizar cómo afectarán de forma diferenciada a mujeres y varones.

Además, el TLC se propone el aumento de las tasas de participación de las mujeres en la economía ya que eso contribuiría a un desarrollo económico sostenible (Art 15.1.3). Ese punto de partida es discutible, ya que existe evidencia que demuestra que el comercio no siempre redunda en mejores condiciones de vida. El comercio -en algunas ocasiones- provoca el aumento de la tasa de actividad, pero los puestos de trabajo que se generan son de baja calidad, bajos salarios y en condiciones precarias. Un caso testigo de esto es la proliferación de maquilas en México a partir de la firma del NAFTA, en donde se emplea en su mayoría a mujeres pobres, migrantes, con muy bajos salarios y jornadas de trabajo que superan las 12 horas, dejándolas en un fuerte estado de vulnerabilidad laboral y social.

Otro TLC sin debate ni estudios de impacto

Por último, vemos que se sigue repitiendo el modus operandi de todos los TLC de la región: un nuevo proceso de ratificación a espaldas de la ciudadanía y sin estudios de impacto que acrediten la necesidad de este Tratado.

Dos hechos marcan el modo en que se está dando el tratamiento en ambos Congresos. Por un lado, el Senado argentino, donde recientemente ha entrado el TLC para su ratificación, sólo envió el tratado a una comisión, la de Relaciones Exteriores, en donde en representación de la “sociedad civil” sólo fueron invitados la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de Biocombustible, la Cámara de Exportadores y la Unión de Industriales de la Argentina (UIA). Quedaron afuera de este “debate” representantes de los sectores afectados por los capítulos regulatorios del Tratado, que como dijimos son su fuerte: representantes de organizaciones de la salud, de la educación, de mujeres; organizaciones sindicales; organizaciones de PyMEs, del campo; etc.

Por otra parte, en el Congreso chileno, la bancada de diputados de Revolución Democrática, parte del Frente Amplio, presentó un proyecto de Resolución que fue aprobado por amplia mayoría el día 2 de agosto8, donde se “solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores una evaluación de los tratados de libre comercio existentes y un mayor estándar de evaluación para los acuerdos de futuros tratados de este tipo y sus modificaciones”. Este pedido de los diputados, sin precedentes en Chile y podríamos aseverar en toda la región, se realiza en el país que ha firmado la mayor cantidad de tratados a nivel global, por lo cual señala la existencia de un malestar en ciertos sectores políticos y sociales sobre los efectos que estos TLC han tenido sobre el país desde su entrada en vigencia.

Estos hechos nos señalan dos elementos clave: 1) la falta de transparencia en la discusión de un TLC9 que, como señalamos, tiene impactos directos sobre la capacidad de regulación de los Estados en una gran cantidad de materias; 2) el reclamo creciente acerca de la necesidad de que no se adopten estos TLC sin los estudios de impacto previos pertinentes que muestren los efectos sobre un amplio abanico de sectores sociales y económicos10, así como sin consulta previa y de carácter vinculante a las comunidades afectadas.

En un contexto de fuerte incertidumbre global, la estrategia de firma de TLC debería al menos ser puesta en cuestión, y rediscutirse a la luz de evidencias empíricas tras 25 años de TLC a nivel global, y con claros impactos en los países latinoamericanos. En definitiva, no se puede seguir firmando tratados que privilegian los derechos de las corporaciones por sobre los derechos sociales.

1 http://www.t13.cl/noticia/politica/video-alianza-del-pacifico-pinera-anuncia-intenciones-converger-alianza-mercosur

2 Artículo “Las reglas para la facilitación de inversiones: un análisis desde los mecanismos de cooperación reguladora”, por Luciana Ghiotto y Adoración Guamán, de próxima publicación, CLACSO.

3 Reporte “La negociación sobre reglas para la Facilitación de Inversiones” por Luciana Ghiotto, 2016, Transnational Institute; en: https://www.tni.org/es/publicacion/la-negociacion-sobre-reglas-para-la-facilitacion-multilateral-de-las-inversiones

4 Por ejemplo, los casos de Chevron vs. Ecuador, Metalclad vs. México o Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA y Vivendi Universal SA vs. Argentina. Ver todos los casos en: www.isds-americalatina.org

5https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/201712061074526207-tlacan-influencia-en-mujeres-hispan-tv-youtube-bloqueo/

6 Ver reporte de McKinsey Global Institute: The power of parity, 2015, en: https://www.mckinsey.com/featured-insights/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-the-united-kingdom

7https://www.policyalternatives.ca/publications/monitor/how-canada-can-tackle-gender-inequality-through-trade

8 Cámara de Diputados, Chile, Proyecto de Resolución número 119, 2 de agosto de 2018.

9https://chilemejorsintlc.cl/senador-juan-ignacio-latorre-con-los-tlcs-hay-una-perdida-de-soberania-del-estado-respecto-a-las-empresas-transnacionales/

10 Declaración conjunta de la Asamblea Argentina mejor sin TLC y la Plataforma Chile mejor sin TLC: “Tratado de Libre Comercio entre Chile y Argentina: ¡Basta de Tratados sin debate y a espaldas de los pueblos!”, junio de 2018; en: https://mejorsintlcorg.files.wordpress.com/2018/06/declaracion-tlc-chile-argentina-junio2018.pdf

Fuente:

https://www.alainet.org/es/articulo/194817

 
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Toda esta sangre en el monte: las voces de los lugar-tenientes

Vanessa Dourado

Toda esta sangre en el monte es una mirada, un existir conjunto en un espacio lleno de sentido en un territorio de lugar-tenientes –actores de su propia historia–. Desde los ojos de Martín Céspedes, las violencias vividas por los miembros del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) es el eje central del documental que des-romantiza la vida y la lucha campesina, para luego desvelar la belleza cruda que aparece de a poco; tímida, sencilla, potente.

La dramatización de las primeras escenas invita a compartir un duelo; el dolor colectivo desde adentro de una comunidad que llora la muerte de uno de los suyos, asesinado por manos terratenientes y encubierto por las autoridades guardianas de la ley.

Sin embargo, lo que pareciera demostrar una fragilidad, sigue en una secuencia de imágenes de la vida cotidiana de campesinos y campesinas. Las tareas van desde buscar agua en un pozo distante; abatir animales; sembrar la tierra; extraer miel de colmenas en los arboles; ordeñar cabras hasta organizar la resistencia.

“Las abejas sólo están defendiendo a su territorio”, dice uno de los campesinos al encontrarse con la reacción de los insectos a su investida contra su colmena. Tal vez, así como las abejas, una conversación entre miembros de la comunidad muestra el mismo incomodo. Una crítica a quienes hacen del territorio y de la vida campesina una experiencia antropológica, y después hablan de una “sustentabilidad” con rasgos urbano-burgueses. La ética del cuidado puesta en la reproducción de la vida en todas sus expresiones es incomprensible a quienes ven como violento o bárbaro el sacrificio de los animales para la alimentación. Si por un lado parece violento, por  otro demuestra la ignorancia puesta del otro lado de la pantalla.

La resistencia de estos cuerpos a la deshumanización luego del armado –casi teatral– del tribunal que absolvió al empresario sojero por el asesinato de Cristian Ferreyra, es contundente y afectiva. Frente la indiferencia de la jueza y demás participantes del fallo y del fuerte aparato policial, los gritos de la madre y la contención de comunidad, el cariño y el abrazo compañero. Pero también la respuesta “Ustedes son todos hijos de campesinos”, dice un campesino a los agentes de la policía,  responsables por garantizar la seguridad.

La película termina con ojos y cuerpo de mujer, con una denuncia que traduce el sentimiento colectivo “resistir es ponerse en riesgo”. Salimos de la sala como el perro de una de las escenas que presencia el abatimiento de un cabrito: con la cara ensangrentada. Pero seguramente mucho más perturbadxs por no ser este perro y solo de lejos ver escoger Toda esta sangre en el monte.

 

Local y funciones:
Cine Gaumont
Dos funciones diarias, hasta el miércoles 22 de agosto, a las 13:30 y 19hs.

 
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Hackean Elbit Systems y exponen proveedores de la empresa bélica israelí

Guillermo Martinez

Elbit Systems, la empresa militar de electrónica israelí creada en el año 1966 fue hackeada días atrás y Virginia Bolten accedió al listado de proveedores de la misma. Elbit hace publicidad de sus productos como “probados en campo” esto es, asesinando el pueblo palestino.

El hackeo de la información de los proveedores a Elbit se da en el marco de la intensificación de las campañas internacionales de BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) contra el régimen de Apartheid contra el pueblo Palestino. Asimismo las resoluciones de la ONU sobre empresas que operan en territorios palestinos ocupados.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó, en marzo de 2016, la resolución 31/36 que establece la realización de una compilación de empresas que operan en territorios palestinos ocupados. En diciembre de 2017,  El Alto –Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos– envió cartas a 150 empresas que operan en Jerusalén Este y Cisjordania, solicitando información sobre sus actuaciones.

La empresa Elbit Systems incrementó sus ventas en los últimos años y respecto del volumen total de facturación mundial pasó del puesto 36 al 27 entre los años 2012 y 2016. El hackeo es un duro golpe a la industria bélica israelí, donde uno de sus principales rubros es la ciberseguridad.

Frente a intentos de comunicación de Virginia Bolten con algunas empresas para ratificar la información, no hubo respuestas oficiales, no obstante una de las empresas consultadas expresó su temor a campañas de Boicot en su contra.

El intercambio comercial entre la región latinoamericana e Israel es deficitaria para LA. La región suministra mayoritariamente materia prima, mientras que Israel suministra productos industrializados. A continuación, detallamos algunas empresas que se encuentran en el listado de proveedores de Elbit:

Empresas ubicadas en Brasil

BECKINS FILTROS INDUSTRIAIS LTDA.

ALBACORA empresa de calderas y estructuras metálicas

A A.T.I. BRASIL – ARTIGOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS LTDA

AEL Sistemas. Empresa subsidiaria de Elbit. Uno de los fundadores es el dueño de Fly Bondy em Argentina. German  Efromovich.

Konatus, empresa de Ingenieria de Sistemas, desarrolla su negocio en software de gestión y proyectos.

Temperaço Rio Tratamento Térmico de Aço e Metais Ltda., empresa de tratamiento térmico y termoquímico de metales.

MBV Design empresa de comunicación visual y diseño industrial.

SUPERNOVA – Ingeniería contra incendios

Servenge, calderas, reservorios y equipamiento afín.

Empresa ubicada en Colombia

NECSYS, productos de redes corporativas de telefonía IP y comunicaciones unificadas.

Empresa ubicada en Argentina

ELIMEC ARGENTINA SRL, empresa de equipamiento y logística de almacenamiento.

Dentro de las empresas proveedoras de Elbit también se encontraba el estudio de abogados García & Bodán que opera en Nicaragua, Honduras y El Salvador.

La empresa Elbit tiene una importante historia en Argentina como proveedora de máquinas de matar. Ahora también como cliente de una empresa del Estado. En el mes de junio,  FAdeA firmó un acuerdo con la empresa israelí Israel Aircraft Industries (IAI) por un monto próximo a los $100 millones. El contrato tiene una duración de 18 meses y estipula que FAdeA suministrará aeropartes, ingeniería y servicios. FAdeA, al firmar el acuerdo, no tiene en cuenta las denuncias internacionales y solicitudes de embargo militar a Israel. En Argentina, Benjamín Netanyahu se encuentra denunciado por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra el pueblo palestino. La contratación a la empresa argentina es por la adjudicación de un contrato de Elta Systems –subsidiaria de IAI- con la Marina de Guerra de Perú para la modernización de dos aviones Fokker 50 por un monto de U$S23,5 millones–.

El contrato se firmo en el marco de una intensificación de los vínculos entre Argentina e Israel. En septiembre de 2017, Netanyahu realizó la primera visita de un Primer Ministro a Argentina y se firmaron 4 acuerdos, no informados por la cancillería argentina. Uno de estos acuerdos tiene la finalidad de incrementar el comercio entre ambos países.

 
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Legisladorxs por la muerte

Foto: Alfonso Sierra

Vanessa Dourado

En la Argentina, el Senado rechazó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La respuesta de los/las legisladores/as de la cámara alta es una: ustedes no piensen que sus cuerpos serán tan fácilmente liberados. Mientras tengamos el poder los/las que legislamos, con un pie en la iglesia y otro en la estupidez,  lo seguiremos ejerciendo sobre sus vientres.

Millones de personas en la calle –luchando por el derecho a no morir por abortos clandestinos– demostraron que la sociedad está lista para dar el debate, aunque las instituciones no lo están. La sociedad comprende la problemática, pero quienes gobiernan tienen miedo de perder su poder, tienen, en su mayoría, miedo de perder sus votos, lo que también es un miedo de perder sus privilegios. Un/a legislador/a que se niega a debatir de forma honesta sobre la causa de la muerte de personas, no cumple con su rol.

Las puertas del Senado fueron abiertas al mundo el último miércoles –pero cerradas a quienes reclaman por sus derechos–, y lo que se presentó allí fue una estructura ultrapasada, incapaz de dar los debates de su tiempo. Una estructura viciada en las formas tradicionales de hacer política para garantizar sus propios intereses, valiéndose de sus convicciones para decidir sobre la vida de las/los demás, contrariando la voluntad de estos actores expresada de la forma más democrática que se pueda comprender un deseo común.

El mundo pudo ver la expresión más nítida de la misoginia impregnada en las voces de quienes seguramente piensan el cuerpo de una mujer como mero objeto de reproducción. Personas cuya capacidad de comprensión de la realidad está anulada por la construcción de un sentido de urgencia: salvemos las dos vidas.

La demofobia por parte de personas elegidas por el pueblo es también la prueba de la incapacidad de uno/a de ocupar un lugar, pensando en legitimidad, que no le pertenece. Un lugar en el cual se negocian derechos en lugar de garantizarlos. Donde es preferible transferir la responsabilidad de esta incapacidad a los/as demás, creando así una justificativa a su incompetencia y/o limitación cognitiva: es un asesinato.

Nadie está a salvo mientras personas que toman decisiones en base en sus creencias sigan en los espacios de poder. Los/las que niegan el derecho a decidir, también son aquellos/as que, con sus firmas, asesinan a los/as niños/as en las villas; que los/las someten a la pobreza, a vivir una vida indigna, privada de las más básicas necesidades humanas. Mirando al costado, dicen no a la criminalidad, y mandan a tomar los territorios con la mano dura de la policía, que tortura y humilla estos cuerpos que pareciera que tienen más derechos cuando estaban en el vientre: el derecho del feto a vivir.

No puede ser que se hable de cuidar la vida cuando la aporofobia impide a los/las que hacen las leyes comprender que un cuerpo villero, negro, migrante, tirado al margen; no es lo mismo que un cuerpo blanco de la sociedad deseada por el sistema excluyente, y con plata en el bolsillo: regalemos los perritos.

La hipocresía,  expresión de una construcción dogmática que ignora las contradicciones que hacen posibles regímenes de opresión, gobierna la Argentina. Pero las calles  toman esta realidad innegable,  la cual ninguna mano fascista puede tapar.

 

 
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Los acuerdos de FAdeA con Israel y Sudáfrica

Mauricio Macri en FAdeA

Por Flor Niti y Guillermo Martinez

La Fábrica de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) está realizando acuerdos internacionales a partir de la exigencia del actual gobierno de la alianza CAMBIEMOS de autofinanciamiento. Desde el inicio de la nueva gestión, se redujo en más de 400 personas el plantel de la empresa.

En el mes de junio FAdeA firmó un acuerdo con la empresa israelí Israel Aircraft Industries (IAI) por un monto próximo a los $100 millones. El contrato tiene una duración de 18 meses y estipula que FAdeA suministrará aeropartes, ingeniería y servicios. FAdeA al firmar el acuerdo no tiene en cuenta las denuncias internacionales y solicitudes de embargo militar a Israel. En Argentina, Benjamín Netanyahu se encuentra denunciado por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra el pueblo palestino. La contratación a la empresa argentina es por la adjudicación de un contrato de Elta Systems –subsidiaria de IAI- con la Marina de Guerra de Perú para la modernización de dos aviones Fokker 50 por un monto de U$S23,5 millones.

El contrato se firmo en el marco de una intensificación de los vínculos entre Argentina e Israel. En septiembre de 2017, Netanyahu realizó la primera visita de un Primer Ministro a Argentina y se firmaron 4 acuerdos, no informados por la cancillería argentina. Uno de estos acuerdos tiene la finalidad de incrementar el comercio entre ambos países.

En el mes de agosto, se realizó en Sudáfrica el encuentro de la organización BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) del cual participó Mauricio Macri. Los estrechos vínculos entre el país africano y Argentina permitieron que FAdeA firme un acuerdo con la empresa con sede en Johannesburgo, Paramount Group. El acuerdo establece que el avión PAMPA, producido en la planta industrial de FAdeA en Córdoba, será comercializado por esta empresa a nivel internacional.

Los acuerdos firmados por FAdeA tienen un punto en común, el vínculo con Mario Montoto –el actual presidente de la cámara de comercio argentina-israelí–. Montoto tiene una larga vinculación con la empresa sudafricana, en el año 2012 había firmado un acuerdo entre CODESUR –empresa de la cual es el propietario– y la empresa Paramount para la fabricación y comercialización en la región de vehículos blindados. En una entrevista publicada en 2012 por el portal Desarrollo y Defensa, Monto expresaba sobre la comercialización de drones israelíes y su vínculo con el sector aeronáutico “En cuestiones vinculadas a la aeronáutica, una de nuestras mayores expectativas como compañía está puesta en el trabajo que venimos desarrollando dentro del marco de un proceso de precalificación lanzado por FAdeA para desarrollar en base a la experiencia de nuestros técnicos, algunas de las partes del avión ‘Pampa II’.

 
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Santiago Maldonado, tu lucha es nuestra lucha

Foto: Alfonso Sierra

EDITORIAL

Hoy se cumple un año de la desaparición de Santiago Maldonado. El asesinato de Santiago inaugura un nuevo momento para los movimientos sociales y para las luchas contra el sistema. No ignorando todos los hechos criminales que ocurren todos los días por la mano del Estado, sin embargo comprendiendo el significado de una desaparición seguida de muerte en este territorio donde los/las 30 000 siguen vivos/as  en la memoria colectiva.

Estamos pasando por un período de fuerte militarización, represión y avance sobre los territorios por parte de grandes empresas combinado con la complicidad del Estado y de los medios de comunicación hegemónicos. A nivel global, las redes sociales y la dinámica de la industria de las noticias falsas sostienen narrativas insólitas y sin ninguna base factual creíble. La era de la posverdade es también un momento de retorno al negacionismo científico.

A pesar de las evidencias que dan cuenta que el cuerpo de Santiago fue plantado, las autoridades buscan esconder los hechos y proponen que “hay científicos y científicos”, es decir “me sirve o no me sirve”. Nada distinto se podría esperar de un gobierno cuyos representantes dicen en conferencia de prensa sobre las “Buenas Prácticas Agrícolas” que “los agrotóxicos no causan daño alguno a la salud humana” en su afán por seguir beneficiando a la industria del veneno y a los terratenientes –responsables directos por el desplazamiento de los pueblos originarios y de compesinos/as–.

El asesinato de Santiago por el Estado dejó el territorio denominado Argentina en alerta y, lamentablemente, la secuencia de acontecimientos es prueba de que hay un plan de persecución contra los pueblos originarios: el asesinato de Rafael Nahuel, las arbitrariedades en el caso de Facundo Jones Huala, la tortura sufrida por Ivana Huenelaf. Éstos no son hechos aislados, es en respuesta a la resistencia, es un plan para incriminar y luego justificar el genocidio contra los pueblos originarios –cuerpos resistentes al sistema, pero también sobrevivientes–.

Según la organización no gubernamental Global Witness, Latinoamérica es la región que más asesina personas socio-ambientalistas en el mundo. En el año 2017, fueron registradas más de 200 muertes. El contexto del genocidio en curso está relacionado a la explotación agrícola dominante y la reivindicación por el cuidado de la tierra.

Este año, Argentina recibirá la reunión del G20, uno de los ejes centrales en debate es la “seguridad alimentaria”. La agenda del G20 propone que, para resolver el problema del hambre en el mundo, es necesario aumentar la producción de alimentos en uno 70%. Plantea que las regiones donde la demanda es mayor, no disponen de “recursos naturales”: agua y tierra. Hoy, en el mundo, se produce alimentos suficientes para alimentar a 12 mil millones de personas. Los números evidencian que el problema no es la producción, sino la distribución y el destino de lo que se produce.

En un contexto de crisis civilizatoria, generada por este mismo modelo productivo dominante, la construcción de una salida es nítidamente un retorno a las prácticas de cuidado con la tierra y la biodiversidad. Los pueblos originarios y campesinos/as son los actores que pueden construir la mejor alternativa. Santiago fue asesinado por estar en esta trinchera. Desde Virginia Bolten preguntamos ¿qué mejor homenaje a nuestro compañero Santiago que seguir construyendo y apoyando esta lucha?

 

Fuentes:

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-precio/

https://t20argentina.org/es/la-seguridad-alimentaria-en-el-contexto-del-g20/

 

 

 
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El terrorismo de estado legalizado en democracia, el rol de las FF.AA y la repetición de la historia: Plan CONINTES

Flor Niti

El gobierno de la Alianza CAMBIEMOS modificó por decreto la reglamentación del gobierno kirchnerista sobre el rol de las FF.AA. Diversos sectores políticos partidarios y organizaciones de DD.HH. cuestionaron la nueva reglamentación,  solicitando que la misma sea debatida en el Congreso.

El decreto 683 que modifica el 727 del año 2006, establece que las FF.AA. podrán actuar en función de una nueva reinterpretación sobre cuáles son los posibles conflictos de seguridad e integridad nacional. La nueva normativa establece: “En el caso de las misiones establecidas en la Ley N° 24.059, el MINISTERIO DE DEFENSA considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las FUERZAS ARMADAS, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las FUERZAS DE SEGURIDAD.”

Sobre la reglamentación y la nueva reinterpretación, Oscar Raúl Aguad Beily, Ministro de Defensa en declaraciones a la prensa expresó, “El decreto que se conoció deroga dos o tres artículos de algo que reglamentó el ex presidente Néstor Kirchner, que limitaba el accionar de las FFAA porque solo podían reprimir un ataque externo, siempre que fuera de otro Estado. Como ha desaparecido esa posibilidad de que nos ataque otro país, hoy las Fuerzas Armadas no tenían sentido de ser. Entonces nosotros ampliamos (la facultad de intervenir) contra grupos terroristas y narcos.”

La oposición no está planteando una nueva ley que modifique la sancionada en abril de 1988 (Ley N°23.554) que dio lugar a la interpretaciones del kirchnerismo y el macrismo para su reglamentación. El artículo N°2, es plausible de interpretaciones según la ideología de la fuerza política que gobierne, el mismo expresa: “La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo. Y continua: “Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

El debate sobre cuál es el rol de las FF.AA. en la actualidad se basa en una ley de más de 30 años, en democracia y tras un importante debate del cual participaron organismos de DD.HH. pero en una época pronta al retorno de la democracia y con las FF.AA., que participaron de la dictadura cívico-militar-eclesiástica aún con un importante poder e influencia.

La ya probada Ley Antiterrorista durante el gobierno kirchnerista y la modificación del rol de las FF.AA. junto con la doctrina Chocobar durante el macrismo, brindan un manto de legalidad al accionar a las fuerzas represivas del estado contra los movimientos sociales. Con estas leyes se decide la represión de la protesta social frente a la posibilidad de soluciones políticas. El actual gobierno decreto la custodia de “Objetivos Estratégicos” que serán definidos por el poder ejecutivo, es decir en forma absolutamente arbitraria. Las bases legales en democracias para la persecución de los movimientos sociales y políticos no son nuevas en este territorio denominado Argentina.

El terrorismo de estado tuvo un basamento legal en democracia durante el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi y con un fallo de la Suprema Corte en el año 1962. El plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) ha sido un plan de eliminación de garantías Constitucionales, de confinamiento y tortura de personas, creado por Decreto Secreto 9880/58 y puesto en ejecución el 13 de marzo de 1960 durante el gobierno de Frondizi (1958-1962) mediante los decretos 2628/60 y 2639/60. A partir de estos decretos, el gobierno constitucional de Frondizi aplica la ley 13.234 “Ley de organización de La Nación en tiempos de guerra”.

El plan CONINTES consistía en la represión de la protesta social, el encarcelamiento de dirigentes sindicales y el enjuiciamiento de los mismos por tribunales militares sin garantías constitucionales.

 
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Buenas Prácticas Agrícolas, un peligro inminente

El costo humano de los agrotóxicos: Pablo Piovano

Por Vanessa Dourado

Argentina avanza en las discusiones sobe las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas”. El Grupo de Trabajo Interministerial sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones fitosanitarias está conformado por los Ministerios de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación y tiene por objetivo discutir el uso de agrotóxicos en el país, pero, sobre todo, validarlo.

Para el Grupo de Trabajo Interministerial que discute las formas de aplicación de las exigencias  fitosanitarias, estás deben ser armónicas en el sentido de expresar su máxima capacidad y tratar de disminuir los posibles riesgos a la salud y el ambiente.

El intento de cambiar el eje del debate llevado a cabo por varias organizaciones socio-ambientales, abogado/as, científicos/as y las personas directamente afectadas con el uso de los venenos es nítido. Es decir, el objeto de discusión sería el conjunto de prácticas inadecuadas respecto del uso  y no los agrotóxicos per se.

Así, el grupo de trabajo propone un paquete de medidas que van desde la negación de que los agroquímicos son nocivos a la salud humana y los ecosistemas,  como también prevé un conjunto de estrategias técnicas, comunicaciones y hasta científicas para fundamentar y validar el uso de los agrotóxicos.

La propuesta del grupo para la incorporación de buenas prácticas agrícolas  y la gestión fitosanitaria al programa curricular de las carreras agronómicas  demuestra la intencionalidad de invalidar las investigaciones que evidencian que el uso de agroquímicos es incompatible con la búsqueda de una agricultura que sea sostenible.

Están previstas campañas a nivel nacional para sensibilizar acerca del llamado mal uso de los agrotóxicos  y un osado proyecto para involucrar a las poblaciones en la difusión, consolidación y validación de lo que serían las Buenas Prácticas. También están previstas capacitaciones obligatorias y programas de financiamiento de inversión para la transición hacia las Buenas Prácticas.

En la Argentina, el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto a los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%. Sin embargo, los ministros sostienen que las medidas son esfuerzos del gobierno argentino en producir alimentos y en  alimentar el mundo.

El artículo 41 de la Constitución Nacional sostiene: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Según Damián Marino –investigador del CONICET y la UNLP–, en los últimos diez años se consumieron más de 1000 millones de litros sólo del agroquímico Glifosato en la Argentina. La cantidad de uso de agroquímicos es de 10 litros por habitante/año.

La problemática de los pueblos fumigados hoy en Argentina,14 millones de personas son expuestas a los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos­  y de los casos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y una  gama de enfermedades está denunciada en la ONU.

Una vasta literatura científica da cuenta, en todo el mundo, de las consecuencias del uso de agrotóxicos a salud humana, de los animales y en los ecosistemas. Incentivar, desde del Estado, el uso de agroquímicos en lugar de sostener campañas para prohibirlos –como hicieron las autoridades responsables en Europa y EE.UU.– es exponer toda la población a riesgos y daños irreparables, con respaldo institucional.

 
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Nahir Galarza, la condena a muerte carcelaria

IMAGEN: Guilherme Moreira Pires

Flor Niti

“La cuestión es que el delito no puede ser apartado de otros problemas sociales no criminalizados y la exclusión social de los culpables casi nunca brinda solución a los problemas”

RENÉ van SWAANINGEN

 

Nahir Galarza, una joven de 19 años fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo. Esta es la primera sentencia, con el actual código penal, a una mujer menor de 20 años. En caso que Galarza reúna todas las condiciones actuales para la libertad condicional, podría dejar de estar privada de su libertad en 37 años y 8 meses.

En el año 2004, a partir de las manifestaciones de Blumberg, se modificaron varias leyes, entre ellas se llevó la libertad condicional de 20 a 35 años. Este incremento igualmente depende del tipo de crimen. Nahir Galarza, en caso de confirmarse la sentencia, a sus casi 57 años podría recuperar la libertad, un genocida a los 30 años ya podría estar libre.

Natalia Melmann, fue raptada, violada y asesinada el 4 de febrero de 2001 en Miramar. Fueron condenados a cadena perpetua, en 2002, tres miembros de las fuerzas represivas del estado bonaerense: Oscar EcheniqueRicardo Anselmini y Ricardo Suárez. Hoy gozan de salidas transitorias. Nahir Galarza, deberá aguardar mucho más tiempo.

El padre de Pastorizzo expresó: “Nahir empieza a morir día a día en la cárcel”. El sistema penal se basa en la venganza, el castigo y el sentido común de una sociedad conmocionada a partir del tratamiento de los medios de comunicación. La sentencia al encierro, es una sentencia de muerte. El año de 2014, la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión Provincial por la Memoria registraron un total de 6843 hechos de tortura y malos tratos en los ámbitos federal y de la provincia de Buenos Aires. Y, el año 2016, se registraron 385 muertes violentas, con 156 decesos notificados en cárceles

Nahir Galarza, según su declaración, asesinó a Fernando Pastorizzo. Lo que no ha tenido en cuenta la cobertura mediática o la justicia penal es el arma utilizada. Nuevamente un arma del estado es la herramienta utilizada para asesinar. Aproximadamente un 20% de los femicidios en Argentina son con las armas de las fuerzas represivas y hay 300 asesinatos por gatillo fácil por año. No se discute la abolición de las fuerzas represivas asesinas así como tampoco se plantea la posibilidad de desarmar la policía, gendarmería o ejército. Hablar con una perspectiva distinta a estas posibilidades de desarme o eliminación de los aparatos represivos del estado puede potencialmente encubrir la discusión de fondo para la construcción del cambio cultural para una sociedad distinta.

Las instituciones policiales están para vigilar y controlar a la sociedad bajo el manto de una pseudoprotección en la cual las personas se sienten seguras, tranquilas y con su propiedad privada inmune. Un trueque de control y sumisión social para no estar excluidas de lo que las leyes consideran humanas.

En el mundo hay 11 millones de personas privadas de su libertad, un incremento del 30% en los últimos 30 años. La sociedad aún no se plantea el abolicionismo penal como solución.

 

 
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La criminalización migratoria de la alianza CAMBIEMOS

Foto: La Obrera Colectivo Fotográfico

Por Flor Niti

El 20 de junio, el canciller de Argentina presidió la conmemoración por el Día Mundial del Refugiado. Durante el evento realizó diversas declaraciones, “Hemos visto imágenes terribles en los últimos años, horrores de la exclusión y no podemos aceptar que estos sea posible”.

En el año 2016, el gobierno nacional de la alianza CAMBIEMOS junto con el gobierno porteño planificaron una cárcel para migrantes ubicada en el barrio de Pompeya. En función de la fuerte presión de organizaciones de DD.HH. y países de la región, no se instaló la misma.

No obstante, desde que asumió, el actual gobierno finalizó con los programas de normalización de documentación y desde la dirección de migraciones informan de la cantidad de controles para detención de personas en un nítido cambio de paradigma del organismo.

Dentro de las actividades realizadas por migraciones se destacan las relacionadas con la criminalización de la migración. En marzo, migraciones participó en un operativo contra el narcotráfico en Córdoba, donde detuvieron varias personas. En abril, se realizó una Jornada sobre narcocriminalidad en migraciones, el director de este organismo expresó “Este encuentro sirve para pensar esta problemática que tenemos en el país. Hace muchos años el narcotráfico era una hipótesis, nosotros estamos en una situación muy complicada, de permeabilidad respecto a esta actividad ilícita. Y desde la DNM nos ponemos a disposición de ustedes para prestar todos los servicios con los que contamos. Somos un organismo de control, queremos trabajar en todas las fronteras con seriedad y con esfuerzo diario”.

En los últimos meses, recrudeció la persecución a vendedores senegaleses. En junio, nuevamente se monto un operativo policial en el barrio de Once. Por orden judicial ese día también se realizaron allanamientos en viviendas de migrantes senegaleses.  Las fuerzas represivas del estado incautaron dinero, mercadería y detuvieron a 16 senegaleses. El juez que ordenó el allanamiento y operativo detalle que fue en cumplimiento del artículo 83 del código contravencional, “usar indebidamente el espacio público”.

El decreto 70/2017 firmado por Mauricio Macri, que tuvo un freno por encontrarse denunciado de no constitucional pero fue confirmado por la justicia, establece la aceleración de los procesos de expulsión de personas migrantes que tengan causas judiciales en curso. Entre varias causantes el decreto establece que “Que ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera”. El tiempo de presentación de defensa es de 3 días.

Un  ejemplo de los modos que tiene la justicia con personas migrantes es la actual situación del guineano Gassimou Barry, quien, luego de ser acusado con pruebas endebles por un juzgado mendocino, hace más de 11 meses se encuentra sin juicio y detenido. La causa contra Barry es por el asesinato de una mujer, Florencia Peralta. El principal sospechoso es Damián Ortega, ex pareja de Peralta, quien la hostigaba constantemente.

En los meses de enero y febrero de este año, el gobierno nacional firmó un protocolo de actuación para la expulsión de migrantes con varias provincias, entre ellas; Buenos Aires, Chaco, La Pampa, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero, así como también la Ciudad de Buenos Aires.  En el último año la cantidad de personas expulsadas del país asciende a más de un 3000%.

 
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Roja Tierra Nuestra: la lucha de los cuerpos afectados

Por Vanessa Dourado

El último 22 de junio,  se estrenó el micro documental Roja Tierra Nuestra. El trabajo dirigido por el documentalista Juan Alaimes y producción periodística de Sergio Alvez acompaña el proceso de  expropiación de 166 hectáreas de tierra de las 600 donadas vía judicial –que en forma previa era explotada por la empresa chilena Alto Paraná (Arauco)– a la Asociación de Productores Independientes de Piray, departamento de Montecarlo, Misiones.

Aunque el documental tenga un fuerte elemento político-reivindicatorio y militante, las escenas remiten a un encuentro poético con el territorio. La tierra roja de Misiones, palco de varias historias de lucha y resistencia, también es un lugar de afecto. Un afecto por la tierra como extensión de los cuerpos y de las existencias de sus actores/personajes.

Las problemáticas de las consecuencias del uso de agrotóxicos, el modelo agroforestal concentrado y la apropiación de las tierras por parte de las grandes corporaciones –validadas y promovidas por los poderes políticos locales– son tratadas de forma sutil. Sin embargo, no pasan desapercibidas.

Los relatos dan cuenta de una comunidad orgullosa por el logro de su objetivo que en el inicio del documental se hace saber “los días no comienzan hoy”. El enfoque en los procesos individuales y colectivos demuestra que la lucha por el derecho a la tierra es también  una lucha por el derecho a la vida en todas sus extensiones. La autonomía y la resiliencia son puntos claves en el documental, llevando a muchos cuestionamientos acerca de las bases de sostenimiento de la vida.

En una de la ensenas,  una de las integrantes de la asamblea plantea, “tenemos que curar  la tierra”. Queda  nítido el cuidado, la mirada hacia la tierra sin una lógica productivista y si desde una perspectiva reproductiva de la vida. Lo que se evidencia en el conjunto de acciones que son llevadas a cabo, no sólo de subsistencia, sino también la relación entre el cuidado de la tierra con el cuidado de una/o y también con el cuidado  hacia la comunidad. Tal vez no sea menor que la mayoría de las actrices/personajes sean mujeres.

Roja Tierra Nuestra es un documental sensible y que lleva a muchas reflexiones respecto de las distintas formas de organización y resistencia. Es una celebración en medio de las peleas, no siempre exitosas, de los  movimientos en lucha. Pero es, sobre todo, una historia del cuerpo, territorio y afecto.

Enlace al documental: https://www.youtube.com/watch?v=i8rW2Kj9YGM

 
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El G20 y su agenda regresiva

Escultura: Lento hundimiento - Isaac Cordal, 2013

Por Vanessa Dourado

Los países miembros del G20 representan  85% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y son responsables por 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmosfera. Los EE.UU. es el país que más ha emitido dióxido de carbono (CO2) en la historia.

Las COPs –Conferencias de las Partes Sobre Cambio Climático–, desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, vienen trabajando la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Para evitar un cambio climático peligroso, el acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global por debajo de 2 ºC.

En la declaración de los líderes del G20 en Hamburgo, en julio de 2017, se  reiteró la importancia de cumplir  los compromisos con la Comisión de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), proveyendo medios de implementación para la adaptación y mitigación, y anunciando la creación del Plan de Acción de Clima y Energía para el Crecimiento. El año pasado, el cambio climático fue retirado de la lista de prioridades de la agenda del G20 por presión de los EE.UU. el cual salió del Acuerdo de Paris –señalado por los propios líderes de los estados miembros del G20 como irreversible–.

Trump, con su política “America first”, viene declarando una guerra contra los esfuerzos en combatir el cambio climático, revertiendo las políticas contra el calentamiento global llevadas a cabo por su antecesor Barack Obama. En 2017, el presidente norteamericano decretó el fin del Plan de Acción del Clima, reactivando la industria del carbón en los EE.UU.

Este año, el Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20, que se reunió el último 27 de abril en Argentina, no discutió los precios del carbono, los cuales son fundamentales para tener en cuenta el daño ambiental, social y económico provocados por las emisiones de gases contaminantes y cambiar los patrones de inversión, producción y consumo, posibilitando la apertura de diálogos sobre las estrategias de transición. Tampoco se habló de Justicia Climática, de responsabilidad por daños y prejuicios, y tampoco se señaló un sentimiento de urgencia.

La limitación de la reunión en tener el enfoque en aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático –desde que este no afecte la capacidad de producción de alimentos– y desarrollar modelos para generación de infraestructura resiliente es una regresión en la lucha en contra del cambio climático.

Es nítido que las discusiones en las reuniones del G20 están ajustadas para no afectar mucho a los más poderosos. No hablan de erradicar el uso de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles es la mayor responsable por la emisión de dióxido de carbono (CO2) en la atmosfera.

Mientras tanto, los países miembros del G20 siguen planteando el desarrollo basado en una economía de crecimiento infinito frente a recursos no renovables, no respetando los límites planetarios, llevando el planeta a catástrofes, las cuales ya estamos pasando: eventos extremos, sequías, huracanes, aumento del nivel del mar, desapareciendo de especies animales y vegetales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático combinado con una lógica colonialista de crecimiento económico.

No hay ningún compromiso ético por parte de los países miembros del G20, hablan de desarrollo equitativo y sostenible, sin embargo no mencionan a la Justicia Climática. No les importa el hambre, la pobreza y la destrucción que afecta directamente las poblaciones más vulneradas del mundo; las sequías y las inundaciones que  perjudican a los productores y productoras locales y a los pueblos originarios, quienes dependen de sus cosechas para subsistir, y que también implica un aumento en el precio de los alimentos; profundizando la desigualdad social, impidiendo el acceso a una alimentación adecuada, imposibilitando el alcance de la soberanía alimentaria y provocando un aumento del número de refugiados.

La política del G20 es la del engaño. Hablan de garantizar el futuro de las próximas generaciones, sin embargo no discuten la crisis civilizatoria la cual compromete la existencia de los/las que vendrán. No hay progreso, ni trabajo, tampoco desarrollo, en tierra arrasada.

 
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El racismo y sus reproducciones

Foto: Huerquen Comunicación en Colectivo

EDITORIAL

“Decir que las vidas negras importan, sin embargo, es proclamar que en efecto todas las vidas importan.”
Angela Davis

 

La lucha antirracista es clave para pensar un horizonte decolonial y consecuentemente romper con los lazos que hacen del territorio latinoamericano un lugar constantemente saqueado y explotado. La reproducción de una lógica que nunca ha terminado. El colonialismo sigue fuerte y sus imposiciones culturales, económicas y políticas se hacen ver sin mucho esfuerzo.

El primer artículo de la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965) define al racismo como: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública [1].

La existencia del racismo nos hace racistas. El racismo es un sistema de opresión, por lo tanto esta estructura hace con que las personas no-negras lo reproduzcan. El racismo tiene una historia, no es situacional. La población negra fue esclavizada por más de 300 años, le fue negado el derecho de existir como personas. Este conjunto de opresiones tienen consecuencias hasta los días de hoy. El poder institucional valida este sistema no permitiendo la inclusión de las personas negras en la sociedad. Sin embrago, también es necesario pensar en uno/a como reproductores/as de esta lógica racista para así poder combatirla.

La opresión militar y económica precede, posibilita y legitima el racismo. No se puede pensar que la violencia en contra de los cuerpos negros sea la misma que sufre los cuerpos no-negros. La naturalización del racismo a través del conjunto de formas de tratar estos cuerpos y estas existencias genera un punto ciego, es invisible a una persona no-negra. La estigmatización tiene una especificidad la cual es incomparable con otras formas de opresión. Por ello, la lucha que se pretende antirracista necesita comprender que hay distinción entre ser una persona pobre y ser una persona pobre y también negra, por ejemplo.

La destrucción de los valores culturales y de las modalidades de existencia de esta población es una constante y esto también se puede notar en el intento de justificar las sistemáticas violencias que sufren estos cuerpos que, en realidad, son golpeados, detenidos y asesinados por el simple hecho de existir.

Pensar el colonialismo y como éste se reproduce en el cotidiano también es muy importante para no seguir reproduciendo y justificando el racismo. La solidaridad colonizadora, esta que se auto proclama como sujeto de la lucha de las personas negras o que se coloca en un lugar de ofrecer ayuda o caridad también es una forma de dominación y de apropiación. A las personas negras las liberará su propia lucha, como sujetas y protagonistas. En este sentido, cabe a las personas no-negras y comprometidas con la pauta antirracista, combatir el racismo institucional, acompañar y apoyar a las luchas siempre que fueren interpeladas y, sobre todo, destruir las lógicas racistas entre las no-negras.

Construir una sociedad antirracista empieza por cuestionar los propios privilegios como personas no-negras, por dejar de usar vocabulario racista, dejar de decir que las personas negras no existen, comprender que nunca –siendo persona no-negra– existirá como una persona negra, por lo tanto, dejar de cuestionar cuando alguien –siendo negra– denuncia que sufrió un acto de racismo, dejar de decir que las personas negras también son racistas.

Abrazar a la lucha con empatía y responsabilidad, respetando las demandas y los dolores de quienes sufren las violencias físicas y simbólicas impuestas por el sistema es el camino para realmente afirmar: Somos antirracistas.

 

Fuentes:

FANON, Frantz. “Racismo y cultura” en: En defensa de la revolución africana.

RIBEIRO, Djamila. Homens brancos podem protagonizar a luta feminista e antirracista?

RIBEIRO, Djamila. Falar em racismo reverso é como acreditar em unicórnios.

Referencias:

[1]. https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

 
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Las fuerzas represivas de Salta y Tucuman son formadas por Israel

IMAGEN: Urtubey durante formación de la DEA

Flor Niti

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta informó días atrás que la Embajada de Israel envío “profesionales de seguridad” para realizar un entrenamiento intensivo para el Grupo Operaciones Policía Alto Riesgo (GOPAR).

Según informó Carlos Oliver, ministro de seguridad de la provincia salteña, el acuerdo de la formación se realizó en una visita que realizó el embajador israelí al sistema de monitoreo 911 de la provincia.

Es la segunda capacitación que realiza el grupo GOPAR con especialistas institucionales de otros países en el transcurso del 2018. En abril, el grupo concurrió a una formación de la Agencia para el control de drogas de EE.UU. (DEA). La participación en la formación fue en el marco de los intentos nacionales de generar una nueva fuerza represiva, el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico NOA (GOCNOA).

Según informó la Radio Judia de Latinoamérica (Radio Jai), en el mes de septiembre se realizará en la provincia de Tucuman una formación para las fuerzas represivas con profesionales israelíes. La ciudad de Tucuman será la sede nacional y asistirán miembros de fuerzas represivas de distintas provincias.

La formación de parte de Israel se viene incrementando desde los últimos años. En 2017, Maria Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires, informó sobre la formación del grupo Halcón en Israel. En declaraciones el 27 de septiembre durante un acto de su gobierno transmitido por el canal oficial de la provincia de buenos aires, expresó sobre el grupo halcón “hoy completamos todo el equipamiento que les hace falta para que sepan que ya no están más solos” y sobre las compras de armas y las capacitaciones dijo, “Mucho equipamiento viene de afuera, en esto días estos policías van a capacitarse a Israel”. Cristian Ritondo, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, explayándose sobre el material bélico adquirido dijo “está encarrilado el 100% de lo que pidieron”.

Sergio Perechodnik, actual Secretario General de la Provincia de Buenos Aires y ex asesor de Scioli, se explayó sobre la capacitación de las fuerzas represivas del estado, “Este viaje es muy simbólico porque es la primera vez, desde 1993, que van como grupo al exterior para formarse, lo que sin lugar a dudas reforzará su identidad como equipo”.

 
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Argentina: ¿sustantivo feminista?

IMAGEN: Alfonso Sierra

Por Andreia Albratroz

La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo es un logro del movimiento de mujeres y feminista argentino. En este sentido, es necesario reconocer la importancia de la lucha de las mujeres (todas ellas) argentinas en los últimos años. El avance de las discusiones feministas por afuera de los espacios políticos tradicionales, tal vez, viene permitiendo que temas difíciles sean debatidos por el conjunto de la sociedad. Y, de esta manera, también empujando  a que sean visibilizadas las problemáticas históricamente atravesadas por la religión, por el sistema heteropatriarcal  y por el colonialismo.

El cambio de paradigma hace reflexionar y llega de forma tan contundente y evidente que resulta imposible oponerse a él. Frente a la muerte no hay conciliación ni arreglo. No hay forma de responder  a menos que uno/a  se reconozca abiertamente fascista. Las sistemáticas violencias en contra los cuerpos y las existencias de las mujeres sólo necesitan ser visibilizadas y comprendidas para ser apoyadas. Y es esto lo viene haciendo el movimiento de mujeres y feminista  en la Argentina.

El contexto político-económico argentino contribuye a un aumento de la vulnerabilidad de los sectores que no son prioridad para el Estado. En este sentido, en el contexto de las políticas de austeridad llevadas a cabo por el gobierno de la alianza Cambiemos y todo el paquete de ajustes y retirada de derechos de las personas trabajadoras, es el movimiento organizado de mujeres y feminista que impone la agenda popular. Este movimiento viene masificándose desde 2016, frente la parálisis de los gremios y su fracaso en llamar por una huelga que pudiera responder a altura de los avances sobre los derechos de la clase trabajadora.

Ya con la masiva marcha de Ni Una Menos el año anterior, el movimiento de mujeres y feminista se impone y potencia sus acciones, ganando peso político y visibilidad. Esto se refleja más nítidamente el año de 2017, con el Paro Nacional de Mujeres en contra de los ajustes y los despidos.  Desde entonces, expandiendo su alcance a través de asambleas populares y horizontales y el llamado para diversas acciones de resistencia, el salto organizativo y la apertura de los reclamos pasan a estar presentes en la sociedad argentina más fuertemente.

Es en este momento de grande movilización que El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llega al Congreso de la Nación de la mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro Y Gratuito. Tras dos meses de intensos debates, los cuales el movimiento de mujeres y feminista se hicieron presentes en las calles, en los medios de comunicación, en las audiencias informativas, en las escuelas y universidades, en asambleas populares por todo el país, se vota la ley en Diputados.

La media sanción del aborto legal es un logro de esta ola imparable, imposible de ser acallada. Un logro colectivo en tiempos de retroceso y de criminalización de la protesta social. Un avance de conciencia en tiempos de una  manipulación mediática aún más reaccionaria. El movimiento de mujeres y feminista argentino es una inspiración y una devolución de la esperanza por tiempos mejores para toda nuestra golpeada Latinoamérica.

 

Fuentes:

PARTENIO, Florencia. Cambiemos en el poder: la experiencia de perder derechos. Un análisis feminista de las reformas del gobierno de Mauricio Macri.

 

 
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La criminalización de los movimientos en solidaridad con Palestina

Flor Niti y Guillermo Martinez

La desinformación es la estrategia utilizada por el ministerio de seguridad, conducido por Patricia Bullrich, para criminalizar los reclamos y la protesta social. Hay ejemplos nítidos en declaraciones de parte  de Bullrich de intentos para crear enemigos internos; sus afirmaciones sobre el asesinato de Rafael Nahuel, la lucha del pueblo mapuche y la desaparición de Santiago Maldonado. Esto sucede con la intención de crear un sentido común en la sociedad de que es necesario el militarismo aún más presente.

Las tergiversaciones de Bullrich y la repercusión en varios medios masivos de comunicación se hicieron evidentes luego de la resolución de la selección masculina de futbol Argentina de no participar en el encuentro deportivo Al Quds (Jerusalén).  Se acusó a una organización ligada a la agrupación política Kirchnerista La Cámpora como quien organizó las acciones políticas en solicitud a que no se dispute el partido. En comunicación con organizaciones en solidaridad con Palestina, desmintieron esta información e informaron que La Cámpora no es adherente del BDS.  La campaña de BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) para que no se dispute el partido, fue con los lineamientos de la sociedad civil palestina utilizando como referencia la lucha contra el crimen de segregación racial de apartheid en Sudáfrica.

La asociación que hicieron fue que Facundo Firmenich, hijo del líder de Montoneros, fue quien organizó la campaña, esto a pesar de no estar presente en las manifestaciones. Firmenich declaró en las redes soci

ales que denunciaría por difamación quienes informaron y confirmaron esto, declaró en las redes sociales, “el inicio de acciones legales contra los propaladores malintencionados de estas acusaciones que sin duda alguna me generan graves daños y perjuicios inmediatos y de mediano/largo plazo”

Infobae fue el medio que primeramente informó que según los servicios de inteligencia israelíes y argentinos, Firmenich estaba detrás de la organización de la campaña. Lo que no informó este medio, es que Mario Montoto –uno de los mayores vendedores de armas israelíes en Argentina–  es el padrino de una hermana de Facundo Firmenich.

La criminalización del BDS

El ministerio de seguridad conducido por Bullrich, informó los nombres y apellidos de 3 personas de procedencia Argentina que participaron en una actividad que se desarrolló durante un entrenamiento de la selección masculina de futbol en Barcelona. Informaron que no habrá denuncias pero si se aplicará una restricción en caso que quieran asistir a los partidos de la selección masculina en el mundial de Rusia. En redes sociales se insultó y hostigó quienes fueron mencionadas en los medios de comunicación.

El intento de criminalizar el BDS no es nuevo en Argentina. El 15 de marzo de 2018, el colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires firmó un convenio con el Colegio de Abogados de Israel región Al-Quds (Jerusalén) de colaboración recíproca. El acuerdo fue firmado por el presidente del colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo y León Amiras en representación del colegio de abogados de Israel.

A principios de enero de 2018, el colegio de abogados de Israel organizó un encuentro de expertos legales para discutir estrategias que contrarresten la campaña “Boicot, Desinversión, Sanciones”.

Las declaraciones de este seminario expresa la idea constitutiva del mismo. El motivo por el cual se convoca a participantes no deja lugar a dudas, “aprenderán sobre los métodos efectivos utilizados para aprobar legislación en 24 estados de EE. UU., Francia, Alemania y otros lugares” así como también “obtendrán herramientas y mejores prácticas, al tiempo que agilizarán sus tácticas contra los esfuerzos por excluir al estado judío”. La declaración final detalla sobre la idea de la organización, “es un paso más en el cumplimiento de nuestra política de pasar a la ofensiva contra aquellos que buscan destruir a Israel”.