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Argentina prepara fuerte represión para el G20

Durante los últimos días de noviembre se realizará en Buenos Aires el encuentro anual del G20, donde participarán los líderes de los países que lo constituyen. El G20 fue una apertura a las decisiones que rigen un orden mundial suplantando al G7. Los debates se dan en torno a cómo mantener los poderes de las élites y corporaciones mundiales a espaldas de los pueblos. El gobierno de la alianza CAMBIEMOS viene incrementando la militarización en el territorio denominado Argentina con la excusa de posibles protestas.

Guillermo Martinez

La formación militar israelí y estadounidense

En octubre de 2017, la armada argentina realizó un ejercicio denominado “Cormorán” combinado con el ejército de EE.UU.  Sectores de la oposición cuestionaron la realización de estas maniobras realizadas en las ciudades de Trelew y Bahía Blanca, donde participaron 30 militares estadounidense.

Recientemente Patricia Bullrich anunció en Estados Unidos la posibilidad de instalar una “fuerza de intervención” de la agencia antinarcóticos (DEA) en Misiones para supuestamente combatir el terrorismo y narcotráfico.

Oscar Aguad, actual ministro de defensa, también anunció la posibilidad que el Comando Sur de EE.UU. brinde asistencia militar con la excusa de la reunión del G20 que se realizará en noviembre. El ministerio, asimismo, posee un presupuesto próximo a los $90 millones para gastos operativos durante la cumbre. Parte de este dinero será utilizado para ciberdefensa, un posible vendedor es la empresa israelí Elbit Systems, representada también por Mario Montoto. Esta empresa pertenece a la corporación bélica que suministró misiles al Reino Unido para las Islas Malvinas y proveyó a la Argentina pantallas digitales para los aviones Pampa que nunca pudieron ponerse en funcionamiento.

En noviembre de 2017, Bullrich también firmó un acuerdo con su par israelí para el “trabajo conjunto sobre el crimen organizado, tráfico de personas, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, precursores químicos y sustancias psicotrópicas y crimen cibernético”, “metodologías de seguridad publica en eventos masivos” e “inteligencia”. La formación de las fuerzas represivas nacionales y provinciales se incrementó notablemente. Un ejemplo de esto: la primera formación fuera del territorio de la policía bonaerense en 15 años se realizó en Israel.

Durante el mes de septiembre de este año, un grupo conformado por 22 miembros de diferentes fuerzas represivas argentinas recibió entrenamiento de parte de los servicios de seguridad e inteligencia israelí en el Centro de Capacitación IMI Academy. En el marco de estas formaciones, fuentes de la embajada israelí expresaron al medio Infobae: “la cooperación entre Argentina e Israel en el campo de la Seguridad se da en múltiples áreas y en un amplio rango jerárquico. Nuestros vínculos son sólidos tal como lo es el compromiso de nuestros países en la lucha contra el flagelo del terrorismo internacional”. Ronaldo Jonte quien asistió a la formación y conduce la Dirección de Seguridad de la Superintendencia de la Policía Federal informó sobre la capacitación: “Los cursos que recibimos en Jerusalén de las autoridades de seguridad de Israel nos sirvieron para tener una visión global del terrorismo ante eventuales ataques en un evento internacional como el que se va a realizar en la Argentina con el la cumbre del G20”

Las compras de armas

A pesar de los ajustes que viene realizando el gobierno de Mauricio Macri, las compras de material bélico aumentaron el último año. En el último ejercicio fiscal en Argentina se incrementó un 300% la importación de material de guerra. Este significativo aumento es de armas convencionales de guerra, no tiene en cuenta el incremento de compra de material ligero y represivo.

 

Un ejemplo de esto, es el contrato que Argentina firmó por decenas de millones de dólares con una empresa israelí por controles fronterizos. Según informó en su página web IAI (Industria Aeroespacial Israelí) se finalizó la instalación en La Quiaca y se encuentran en proceso los pasos fronterizos de Salvador Mazza, Aguas Blancas y Puerto Iguazú.

En abril el jefe del ejército, Claudio Pasqualini, formalizó una entrega de material de guerra a la dirección de arsenales. La composición del mismo tenía entre otros: vehículos de combate de artillería de 155mm, vehículos porta mortero M106 y fusiles.

El gobierno nacional mediante el decreto 125/2018 inició el proceso  de compras de equipamiento bélico, defensas antiaéreas de baja y muy baja cobertura que se tramita bajo el expediente 6/2017 del ministerio de defensa. El decreto establece el secreto de la adquisición por razones de seguridad y defensa nacional.

También se han adquirido a Bélgica  vehículos blindados  utilizados para el lanzamiento de gases los cuales tiene tracción en las 4 ruedas . Estas tanquetas son comparadas para utilizar en sectores urbanos.

Un dato que revela las intenciones del actual gobierno para compra material bélico  y la recepción a los productores mundiales es el levantamiento de las restricciones de venta de material de guerra de parte de Gran Bretaña tras 6 años de embargo.

En los últimos meses el gobierno nacional utilizó un importante monto para la adquisición de equipo bélico y antidisturbios para la reunión del G20. Ya se encuentran a disposición de las fuerzas represivas el nuevo material: 180 escopetas, proyectiles de gases lacrimógeno y chalecos policiales,  vallas, mas de 10 millones de balas de goma, 2 millones de cartuchos de armas de 9mm, cascos, escudos, máscaras antigás, bastones y miles de precintos plásticos utilizados para capturar personas.

Actualmente se encuentra en proceso de licitación y compra materiales que serán utilizados para el operativo de seguridad y control para la reunión del G20, estos incluyen bastones y cartuchos para ametralladoras.

 
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El primer pulso del presidente Duque: las y los estudiantes

Gonzalo Bravo Neira

Multitudinarias marchas adornaron las principales ciudades de Colombia en lo que será recordado como el primer reto en las calles que tendrá que afrontar el presidente de ese país: el paro convocado por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES). Esta reciente organización nació luego que, tanto en marzo como en septiembre del presente año, se realizaran Encuentros Nacionales de Estudiantes de Educación Superior (ENEES) en el último de los cuales se convocó a la jornada de protesta del 10 de octubre y a la construcción de un paro indefinido. Los encuentros y la naciente organización habrían pasado del nacimiento al pabellón de los movimientos sociales olvidados si no hubiera sido por que dicha protesta fue seguida por más de 20 universidades públicas del país y varias privadas, quienes en todas las ciudades principales protagonizaron grandes movilizaciones, siendo Bogotá la más representativa con una marcha que podría estar entre los 40.000 y 60.000 participantes.

La respuesta del gobierno no se ha hecho esperar: en la tarde del mismo día anunció que asignaría cerca de ciento treinta millones de dólares (US 129.217.732) al sector de la  educación. Sin embargo, dicha respuesta es insuficiente ya que es el dinero que los estudiantes piden solo para este año; exigen que se programe cerca de mil doscientos noventa y tres millones de dólares (US 1.292.177.321) más para el presupuesto del 2019. Este es solo uno de los 10 puntos que tienen como pliego de peticiones en el cual plantean de frente reformas que garanticen de nuevo una educación superior financiada completamente por el Estado.

Este gran paro llega un poco más de dos meses después de haberse posesionado el presidente Ivan Duque, quien logró llegar a la presidencia por una amplia coalición de partidos políticos ideológicamente distintos, donde lo único que los unió fue su rechazo al candidato opositor Gustavo Petro. No resulta extraño que sea justamente el ahora senador Petro uno de los que trate de utilizar estas movilizaciones como forma de mantenerse vigente en la discusión pública. Desafortunadamente, esta intromisión de partidos políticos en las agendas gremiales lo único que provocan es suplantar el liderazgo naciente del movimiento estudiantil, tratando de acaparar desde la política institucional a los movimientos sociales. Sin embargo, no parece que sea un movimiento solo orientado desde un sector de la política.

Muestra de esto es que la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, la más grande y prestigiosa del país, y el rector de la Universidad del Cauca (una de las principales del suroriente del país) acompañaron las manifestaciones; esto pone de manifiesto que las marchas, más que ser orientadas por las agendas ideológicas de x o y partido, responden a la crisis del sistema público de educación superior que está llevando inclusive a sus directivos a tomar las calles. En semanas anteriores la rectora Dolly Montolla afirmó que antes de diciembre la Universidad Nacional de Colombia requería alrededor de diecinueve millones de dólares (US 19.384.169) para poder seguir funcionando. Ella misma ha expresado en los espacios directivos de la universidad que “en el empalme del presidente Iván Duque se planteó la situación de la Universidad: primero era 70% pública y ahora es al revés, pero ellos hablan de 50-50, nos ponen metas, no hay más recursos”. Si estas son las cifras de la Universidad pública que recibe la mayor cantidad de presupuesto, puede suponerse aun peor la crisis que sufren las universidades más pequeñas y regionales.

Frente a este pulso, el presidente Duque tiene por lo menos dos vías: seguir con la desfinanciación que atraviesa el sistema desde la década de los noventas y que lo ha llevado a donde está hoy o prestar atención a las demandas de los y las estudiantes, que recogen en últimas los anhelos de una buena parte de la población que sigue viendo en las universidades el lugar por excelencia para el ascenso social. Sin embargo, si se sigue las declaraciones del presidente las anteriores semanas, donde pidió al congreso el aumento de más de medio millón de dólares para el ministerio de defensa (US646.371.637), se puede deducir que la inversión se priorizará para el sector defensa y no el de educación; esta decisión se  está justificando con la excusa de la reciente  tensión diplomática que atraviesa con el vecino país de Venezuela.

Lo más probable es que el anuncio del aumento de este año por parte del presidente, respondiendo a las protestas estudiantiles, no logre desmovilizar las masivas protestas. Inclusive, puede esperarse que este gesto se tome como un incentivo por parte del estudiantado, quien puede utilizar esto como prueba que si se puede exigir aumento presupuestal para su sector. Por lo tanto, se verá las próximas semanas nuevas expresiones de este movimiento estudiantil en las calles y con ello la primera gran puja que el inexperto gobernante tiene que enfrentar como rector de las riendas del Estado colombiano.

 

 
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La elección brasilera de la democracia autoritaria

Vanessa Dourado y Oscar Vargas

A pesar de las más grandes movilizaciones de mujeres en Brasil, rechazando la candidatura de Jair Bolsonaro a la presidencia del país, el político de derechas ha ganado la primera vuelta electoral. Esto confronta la idea que la democracia está en las calles y muestra la importancia del voto de opinión que, como se ha visto en las últimas elecciones en Colombia, está fuertemente anclado a factores emocionales del electorado: las derechas latinoamericanas utilizan los llamados morales al orden, se aprovechan de la LGTBIfobia para atacar los discursos de género e infunden miedo a la imposibilidad del consumo en lo que denominan posibles “dictaduras castro chavistas”. La gente vota siguiendo muchas veces estos ideales y valores que, aunque parezcan retrógrados, siguen marcando agendas de gobierno.

Las movilizaciones conocidas como EleNão, que recuerdan al mismo tiempo el carácter patriarcal del sistema político brasilero, tuvieron una masiva participación en más de 100 ciudades siendo representativas las que se llevaron a cabo en São Paulo, con más de veinticinco mil personas, y Rio de Janeiro, con más de cien mil personas. Las manifestaciones fueron respondidas con otras menos asistidas a favor del candidato, sin embargo, el resultado electoral fue todo un contraste.

Dichas diferencias se dan a pesar que, según datos de BBC News Brasil, desde el final de la dictadura cívico-militar-eclesiástica no había una diferencia tan grande entre los votos de varones y de mujeres. Es decir, en la intención de voto era mayor el apoyo a Bolsonaro entre los varones que mujeres. Los resultados electorales hablan entonces que una parte de las mujeres si están apoyando al político de derecha. No obstante, si se contabilizan solo los votos de las mujeres, los candidatos Haddad y Bolsonaro hubieran tenido la misma cantidad de votos, si se tienen en cuenta solo los votos de los varones, Bolsonaro hubiera ganado en primera vuelta.

Dichas movilizaciones estuvieron de la mano de un crecimiento en el activismo virtual electoral; uno de los mejores ejemplos fue el grupo de facebook Mulheres Unidas Contra Bolsonaro, el cual estaría detrás de varias de las convocatorias a movilizarse. Con casi cuatro millones de participantes, el grupo ayudó a construir un espacio de sociabilidad contra la candidatura del ex coronel, encuentro que se trasladó al espacio físico de las calles. Aunque la excusa central fue lo electoral, tanto la virtualidad como las calles demostraron que la voz de las mujeres hoy se levanta como actor central que no puede volverse a ignorar. La potencialidad que tiene debe entenderse más allá de lo electoral ya que carga en si la crítica a la exclusión sistemática de las mujeres de las tomas de decisiones que les afectan, en el caso particular del Brasil, especialmente este factor está marcado por el racismo estructural e institucional ya que la mayoría de la población brasilera es negra y es este el sector de la sociedad más pauperizado. También las mujeres indígenas tuvieron una participación importante es las protestas del último 29 de septiembre.

A pesar de estas grandes movilizaciones, la discusión electoral presenta características que no pueden olvidarse y explican la victoria de Bolsonaro: el candidato representa por un lado a las viejas y nuevas oligarquías rurales que ven en su candidatura la posibilidad de proyección del agronegocio; así mismo el discurso misógino, xenófobo, racista y homofóbico recoge las aspiraciones sociales que distintos sectores, inclusive muchos de ellos empobrecidos, ven como ideal social: ese al final es el resultado del ideal que las iglesias evangelistas promueven como orden social. Finalmente, algo de su apoyo es resultado del rechazo a la forma de gobernar los últimos años por el partido del ex presidente Lula da Silva: la sombra de corrupción terminó convirtiéndose en una excusa para que varios medios de comunicación, sumado a un poder judicial parcializado, motivaran a que los votantes vieran una opción en el llamado castrense al orden de Bolsonaro. No puede descartarse la tendencia mundial a la ultra-política, negación de la política con tendencias autoritarias, a veces con salida a la violencia militarizada y a la deshumanización, siguiendo la línea de Trump en Estados Unidos.

Ahora empieza el camino para la segunda vuelta de las elecciones. Este debería conocerse mejor como la apuesta por el “mal menor”. Se vio en Colombia cuando sectores del electorado votaron por un candidato sin experiencia como Duque, solo para que no quedara Petro quien era demonizado como un guerrillero al poder; y en el mismo sentido muchos de los que en primera vuelta no habían votado por Petro lo hicieron en segunda para impedir que llegara Duque, quien representaba la vuelta a los tiempos del gobierno de un ex presidente que permitió los peores crímenes del paramilitarismo en el país. La discusión con Bolsonaro será similar: votar por el nuevo orden social autoritario que promete reorganizar al Estado o por la apuesta socialdemócrata que sigue utilizando a la pobreza como caballito de batalla para ganar el control de la burocracia estatal. El electorado llegará a la segunda vuelta en Brasil con una polarización que no da como resultado votar por el candidato deseado sino por el que puede vencer al que no se desea. Aunque en cada uno de los bandos electorales se ataque al otro diciendo que no entiende la realidad, hay que enfrentar los resultados: los votantes son conscientes de a quien votan, hay en disputa proyectos de sociedad.

Luego de las elecciones se mantiene la necesidad que el movimiento social se articule para darle solución a las necesidades de sus vidas. Una de las esperanzas que tiene Brasil son justamente las mujeres que se han movilizado. Ellas ya saben que al patriarcado se lo puede no solo enfrentar sino también acabar, porque sus luchas les han permitido ir a la universidad, empezar a ganar un poco más, e inclusive cuestionar la desigualdad de salarios, lograr tener derechos igualitarios como trabajadoras, y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. El Estado no es el único lugar donde se confronta al patriarcado, por eso seguramente los próximos años veremos las consecuencias de este movimiento en otras esferas de la vida.

 
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El G20 y su agenda destructiva

Protesta contra el G20 en Hamburgo, 2017. Foto: LUKAS BARTH-TUTTAS

Vanessa Dourado

En noviembre de 2018, el grupo de los 19 países considerados los más desarrollados y emergentes del mundo más la Unión Europea se reunirán en la Argentina para discutir temas e decidir qué medidas regirán el funcionamiento del mundo bajo un contexto de crisis global.

Lo que debería ser motivo de celebración, sin embargo, es un elemento de preocupación entre los movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. La atención está puesta en la forma que los temas abordados por el Grupo de los 20 son tratados y también cuáles de ellos quedaron afuera de la mesa de debates.

El mundo pasa por una crisis importante que tienen por lo menos cinco puntos muy relevantes en el siglo XXI: la desconstrucción del Estado regulador, la fiebre del oro negro, la esclavitud moderna, el proceso de recolonización de territorios y la guerra contra los inmigrantes.  Estos puntos son o ignorados o tratados en la agenda del G20 como secundarios.

Los tres ejes centrales del G20 para este año son: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y la seguridad alimentaria. La posible salida para las problemáticas del desempleo, del maldesarrollo y del hambre es  la misma lógica del crecimiento infinito utilizando recursos finitos y no renovables. Para lograr el objetivo de tal crecimiento es necesario aplicar medidas que precarizan las relaciones de trabajo, que permitan el libre comercio de bienes y servicios, y que profundicen la desigualdad.

Nada distinto se puede esperar de países que pretenden discutir el futuro del trabajo en los cuales los derechos de las personas trabajadoras son sistemáticamente violados. Según un informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en China, India, Corea, Turquía, Indonesia, Arabia Saudita y México, las personas trabajadoras no tienen sus derechos laborales garantizados y muchas sufren violencia y represión. En Brasil, Reino Unido y Estados Unidos las personas trabajadoras son impedidas de sindicalizarse y no son pocos los casos de personas que trabajan bajo condiciones análogas a las de la esclavitud. Todos estos países son integrantes del G20.

El Grupo de los 20 apuesta en la uberización del trabajo. Es decir, el trabajo en plataformas digitales que hace de la persona trabajadora una emprendedora y que también tiene como consecuencia la flexibilización del empleo. Según el  investigador francés André Lamarche, este proceso de uberización tiene un fuerte componente de desregulación neoliberal que busca reformar el poder del mercado. La consecuencia de la implementación de esta lógica de trabajo es precarización, destruición de los derechos laborales y desamparo social. Asimismo crea una autoexplotación y una subjetivación individual meritocrática.

La infraestructura para el desarrollo –planteada por el G20 como fundamental para atraer inversiones–  busca avanzar sobre los territorios e implementar rutas eficientes que permitan la  mejor circulación de bienes y mercancías. Sin embrago, no se habla de las consecuencias que estos megaproyectos tienen en la vida de campesinos/as y pueblos originarios, como también el impacto ambiental producido.

Estos megaproyectos como los de Colombia –que pretenden conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través de un canal seco–, tienen un impacto directo en las culturas y en el territorio de las personas negras e indígenas de la región;  pasan por encima de la población, que no es consultada sobre la construcción de estos proyectos. El abogado y profesor de Derecho Ambiental,  Juan Pablo Vismara, afirma que el costo ambiental de los megaproyectos de ingeniería es una preocupación real en todos los lugares donde se desarrollan  y, con la modernización de la cadena productiva, este es un tema aún más importante.

El planteamiento del G20 sobre la seguridad alimentaria  es preocupante. Decir que el problema del hambre es la insuficiente producción de alimentos, sin problematizar el modelo productivo dominante y la distribución,  es solamente una forma de seguir con la profundización de la desigualdad en un mundo que produce alimentos suficientes para alimentar a 12 mil millones de personas.

La decisión de no tratar el cambio climático como un eje central  del debate es un nítido alineamiento de la reunión del G20 a los intereses de las grandes corporaciones petroleras.  Sobre este tema , el abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, Marcos Filardi, señala que “comemos petróleo”. Filardi remarca que los intereses de las compañías petroleras en este sistema agroindustrial descansa en el petróleo, desde el fertilizante sintético, la mecanización agrícola a base de combustibles fósiles y el packaging;  asimismo  agrega que no producimos alimentos, sino que el objetivo de la producción es el mercado internacional de commodities.

Al observar los objetivos de la agenda del G20, es nítido que no hay una preocupación en buscar alternativas que puedan realmente terminar con la crisis. En este sentido el G20 es parte del problema, no la solución. La probabilidad de que la crisis se profundice aún más si estas medidas se concretaren es enorme. Sin dudas es un paquete suicida impuesto por un sistema en el cual garantizar las ganancias está por encima de garantizar la vida misma en el planeta.

Fuentes:

https://www.pagina12.com.ar/92007-el-trabajador-uberizado

https://www.facebook.com/notes/huerquen-comunicaci%C3%B3n-en-colectivo/medio-ambiente-y-derechos-humanos-derechos-en-disputa/1847399251949676/

http://www.economis.com.ar/marcos-filardi-alimentos-agronegocios-soberania-alimentaria-campesinos-monocultivo-soja-tierra/

 
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Venezuela: la dignidad de un pueblo que no se rinde

Especial Venezuela

Esta es la primera de una serie de crónicas que Virginia Bolten publicará en las próximas semanas sobre el viaje que realizó a este territorio de Nuestra América. La serie “Especial Venezuela” es un conjunto de narrativas, sin pretensiones de análisis político de fondo,  sino  las sensaciones durante los días en el país bolivariano  y  qué compartimos estos días en tierras caraqueñas. Todo el material que publicaremos a lo largo de este período será parte de una publicación especial que pretendemos compartir con los movimientos sociales y demás interesados/as sobre la realidad venezolana desde una perspectiva de los pueblos en resistencia y para continuar con la lucha antiimperialista, antirracista, feminista, obrera, contra la explotación neocolonial, extractivista y militarista no sólo en Venezuela, sino también en Latinoamérica; porque la lucha es una sola. Desde ya agradecemos a todos los esfuerzos de militantes, movimientos sociales y obreros, organizaciones políticas y culturales, periodistas e intelectuales que nos recibieron tan cálidamente y que permitieron que este trabajo se concretara. Creemos que la práctica política solo es posible con solidaridad, y que su construcción es colectiva y horizontal; por ello, este trabajo es realizado por VB pensado para que sea apropiado por todos/as quienes  luchan por un mundo sin opresiones, libre y justo.

Venezuela: la dignidad de un pueblo que no se rinde

Al llegar al aeropuerto de Maiquetía, próximo a Caracas, en el uniforme de las personas trabajadoras se podía leer: “Ministerio del Poder Popular”; desde entonces, las palabras “pueblo” y “popular” fueron las que más hemos leído a lo largo de los intensos días que pasamos en la ciudad.

El viaje que planificamos con la intensión de escuchar a los movimientos sociales y también darnos condiciones para comprender la realidad venezolana, empezaba con la promesa de muchas sorpresas. Las calles tranquilas nos desmentían la realidad inventada por los medios de comunicación hegemónicos. El caos expuesto en las imágenes y narrativas sobre la “crisis humanitaria” de a poco se iba deshaciendo, dando lugar a la realidad concreta a través de nuestra mirada atenta y por el sentir que sólo es posible estando en medio de la situación.

En camino al Parque Central –donde estuvimos hospedadas– se iban apareciendo las largas colas en las panaderías y bancos. Muchas personas, de forma ordenada y tranquila, pero con el semblante de cansancio, esperaban para comprar pan y retirar dinero. Esta escena se repetiría muchas veces más a lo largo de los días. Nos tocó algunas veces hacer filas muy extensas para comprar alimentos  y allí también pudimos hablar con las personas sobre cómo conseguir uno u otro producto y compartir el sentimiento sobre la economía en tiempos de cambio de moneda.

Llegamos a días  que el gobierno anunciara un nuevo cono monetario. Los millones de Bolívares Fuertes se convertirían en los actuales Bolívares Soberanos, luego de la eliminación de cinco ceros. El tema de conversación en las calles, tiendas y ascensores era siempre:  ¿cuánto costarían las cosas con el nuevo cambio de moneda? A pesar de la novedad, las personas no parecían muy esperanzadas con la modificación monetaria, se incrementó el salario un 6000% pero los precios  tuvieron un salto similar.

El feminismo bolivariano

En el primer día de nuestra jornada, se realizaba la Asamblea Popular Feminista en la Plaza Bolívar.  Llegamos un poco adelantadas, lo que nos permitió escuchar  otras actividades que se estaban realizando en la plaza.

De a poco, las compañeras llegaban a la actividad: las banderas color violeta, LGTB y los pañuelos verdes en el cuello de quienes la organizaban  evidenciaban el local exacto del acto, que se dio frente a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Esta tuvo sus orígenes en una consulta popular durante el gobierno de Hugo Chávez, y es el máximo órgano de poder del Estado venezolano. Después nos enteramos que hace un año, el 28 de cada mes, la asamblea feminista se viene reuniendo en este mismo lugar.

Las intervenciones denunciaban la falta de acceso a las pastillas anticonceptivas, las del día después y también al Misoprostol. Referido a esto Daniella Inojosa de la organización feminista Tinta Violeta de la red la Araña Feminista, expresó que: “los medicamentos se encuentran en manos de grandes corporaciones transnacionales que poseen las patentes, están librando un bloqueo económico contra Venezuela y atentan contra los genéricos”. Asimismo, nos informó que: “durante el gobierno de Hugo Chávez, estos medicamentos eran subsidiados”. Daniella sobre la actualidad detalla “por el ataque económico al país, al no considerarse esenciales las pastillas anticonceptivas, no están dentro del listado de productos farmacéuticos subsidiados”.

El machismo estructural poco desandado y  la falta de apoyo en los espacios de lucha hicieron parte de todas las intervenciones. Las consignas salían en los gritos de las compañeras “¡Aborto Legal en cualquier lugar!”; “Ni del Estado, ni del partido, ni del marido, ni del patrón; mi cuerpo es mío y mía es la decisión”. Una de las exigencias al gobierno, e informada a VB en la manifestación por una participante de la red de mujeres que acompaña a quienes deciden abortar,  es que la anticoncepción sea considerada una cuestión de DD.HH. Una intervención contundente denunciaba el hecho que no hay derecho al aborto en caso de violación.

La protesta y reclamo finalizó con la intervención de un grupo de estudiantes que participaban de otra actividad en la plaza, con el uniforme de la escuela y todos con poco más de diez años de edad, tomaron el micrófono y  gritaban “¡hombres y mujeres luchando en equidad; así se construye el poder popular!”.

 
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El Banco de la Iglesia Universal recibe apoyo de los gobiernos brasileros

Edir Macedo

Por Camila Gonzalez Iglesias

El Banco AJ Renner con sede social en Porto Alegre y controlado por la familia Renner, vendió, en 2013, el 49% de la empresa BA Emprendimientos y participaciones del Grupo Record, del cual es socio mayoritario en un 90% el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), Edir Macedo.

El inicio de esta transacción fue en el año 2009, pero Macedo por leyes brasileras al tener su domicilio establecido en EE.UU. no podía adquirir las acciones. La ex presidenta Dilma Rousseff por decreto estableció que Macedo podía adquirir parte del Banco Renner. Un nuevo decreto (9.367/18), de mayo de 2018, Michel Temer –quien ocupa el cargo de presidente de Brasil tras un golpe institucional– estableció que la participación extranjera en el Banco Renner podría incrementarse hasta el 80%.

El partido asociado a la IURD es el Partido Republicano Brasilero (PRB),  fundado en el año 2005, siendo un aliado del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones presidenciales del 2006. El empresario José Alencar Gomes da Silva –uno de los dirigentes del PRB– fue vicepresidente de Ignacio Lula da Silva. Actualmente, el PRB participa del gobierno de Temer por medio de Marcos Pereira, quien se encuentra en licencia como obispo de la iglesia universal. Pereira es actualmente Ministro de Industria, Comercio y Servicios, quien a su vez se encuentra denunciado por recibir fondos de empresas privadas a cambio de préstamos preferenciales del gobierno, denuncia que aun no ha sido judicializada.

Edir Macedo, quien según Forbes tiene un patrimonio superior a U$S1200 millones, tuvo varias causas tanto en Brasil como en Latinoamérica. En el año 2012, bancos mexicanos cerraron cuentas de la Iglesia Universal a partir de denuncias por lavado de dinero.

Los favores al banco de la Iglesia Universal no solo se dieron en términos nacionales, también han habido acuerdos favorables a AJ Renner por parte del municipio de Rio de Janeiro. Desde el año 2016 el sobrino de Maceo llamado Marcelo Crivella es el intendente de Rio de Janeiro por el PRB. En la segunda vuelta de las elecciones cuando el PRB resultó electo, Crivella obtuvo 1,7millones votos; sin embargo, el total de personas que se abstuvieron de votar, votaron en blanco o impugnaron su voto  fue de 2 millones.

En el año 2017, la Ciudad de Rio de Janeiro firmó un acuerdo con AJ Renner para que pueda dar créditos a personas que trabajan para la municipalidad y que el pago de los mismos se descuente de su salario. Asimismo, se ofrece una línea de crédito exclusiva para propietarios de inmuebles alquilados a la IURD. El acuerdo tiene vigencia hasta junio de 2019 y fue publicado por el municipio carioca.

La Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) es una institución de carácter político, económico y religioso multinacional que genera sus ingresos a partir de los aportes de quienes participan en eventos de la misma. La IURD se encuentra presente en más de 100 países y fue fundada en 1977 por Edir Macedo. En la actualidad, cuentan con más 22 millones de personas seguidoras de las palabras de sus líderes.

 
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Las cárceles agudizan el problema, no lo solucionan

EDITORIAL

El abolicionismo penal es una corriente que plantea la eliminación del sistema penal. Es decir, la construcción de una forma alternativa para la resolución de conflictos, que no sea a través del castigo mediante lugares de encierro. Cuando alguien se identifica como  abolicionista, está diciendo que es el opuesto al prohibicionista;  decide  problematizar los hechos  y busca resolver –o lidiar–con conflictos, partiendo del presupuesto   que lo que está “mal” y lo que está “bien” está condicionado por un conjunto de patrones.  Es quien denuncia que estos patrones  son en si mismos injustos,  ya que reproducen el ideario dominante, cristalizando el sistema excluyente, racista, selectivo y de manutención de privilegios.

Un buen ejemplo de la critica abolicionista es la reflexión  frente al encarcelamiento masivo de personas negras empobrecidas, Angela Davis, filosofa y feminista negra, remarca: “Los lugares de encierro y la esclavitud son instituciones estructuradas en el racismo”. En Estados Unidos y Brasil –los dos países líderes de encarcelamiento a nivel mundial ocupando el primer y tercer lugar respectivamente– la mayoría de las personas privadas de su libertad son negras y pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad. Gran parte de estos encarcelamientos son por uso o venta de substancias psicotrópicas.

Partiendo del presupuesto que lo que hace que un hecho sea asumido como un crimen es lo es  determinado por el estado como delito, descriminalizar el uso de las drogas haría que el número de personas privadas de  libertad se redujera importantemente. Más allá de esto, la selectividad de los encarcelamientos devela la orientación del sistema punitivo. No es que la clase media y blanca no consuma drogas, es que las instituciones elijen quienes son los castigables, siguiendo una lógica de eliminación de las personas no funcionales al sistema y a su reproducción. De hecho en las clases medias y altas, los consumos de drogas están pseudodespenalizados y en el caso de los psicotrópicos avalados por la ciencia blanca y la industria farmacéutica.

El sistema industrial-carcelario –término utilizado para definir las relaciones económicas y políticas entre gobiernos, monopolios económicos y políticos– necesita más personas en las cárceles para la manutención del negocio punitivo. Este negocio, que utiliza la mano de obra de las personas encerradas y que también obtiene ganancias de estos cuerpos sistemáticamente torturados a través de su mantenimiento en lugares de encierro, es el que determina la cantidad de personas castigadas e  influye en las políticas públicas y en la elaboración de las leyes.

La estrategia de deshumanización de estos cuerpos también juega un rol importante. A partir del momento en que se convierte en delincuente, la persona pasa a ser un enemigo de la sociedad. Esta sociedad culturalmente punitivista comprende que la solución para los problemas sociales (como la violencia, la precariedad, y el malestar social) es aislar a “los malos”. También se crea a partir de esta ilusión el miedo hacia el otro.

El delincuente es construido socialmente a partir de patrones impuestos por este sistema penal y es posicionado por los medios de comunicación hegemónicos. Los conflictos en las zonas más pauperizadas de la sociedad y la persecución hacia los distintos modos de existencia crean una subjetividad que construye al enemigo. La violencia desplegada por las fuerzas represivas del Estado es vista como un “cuidado hacia el bien común”, así la violencia sufrida por estos cuerpos marginalizados es validada por el conjunto de la sociedad que clama por justicia y castigo.

La dificultad en pensar otras formas de organización social que puedan resolver conflictos se da por esta naturalización y aceptación pasiva de la crueldad que, muchas veces, remite a la Edad Media. Romper con esta estructura es también no aceptar la imposición de un conjunto de mecanismos de control los cuales, nos hacen ver hoy,  necesarios para existir en colectividad. Lo que nos preguntamos desde Virginia Bolten es ¿hasta cuándo vamos a sostener este sistema de castigo? ¿Cuándo vamos a asumir que todx presx es político?

 
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En medio de la destrucción también hay tiempo para la solidaridad

Efraín González Téllez

Recientemente la organización palestina Stop The Wall (Paren el Muro) ha realizado un vídeo en el que pide a la justicia Hondureña no dejar en la impunidad el caso del asesinato de Berta Cáceres, sucedido ya hace más de dos años. La organización a la que pertenecía esta lider, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, denuncia que detrás del delito estarían los dueños de la Corporación Hondureña para el Desarrollo Energético (DESA) quien era la constructora de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, contra la cual se opuso activamente la líder indígena.

Stop The Wall es una coordinación de comités de lucha popular de varios pueblos afectados por el muro de apartheid que Israel ha construido para encerrar a Cisjordania; trabaja hace más de quince años no solo denunciando la ocupación militar que sufren sino defendiéndose de la destrucción sistemática que realiza el Estado ocupante. Esta organización y muchas otras personas del pueblo palestino están en estos momentos acampando a las afueras de un pueblo beduino que está amenazado a destruir: Khan Al Ammar. La razón por la cual van a destruirlo es, según la Suprema Corte de Israel, por que se realizaron construcciones ilegales de casa y escuela. Esto por que según la ley israelí los palestinos en el territorio ocupado deben pedir permiso al Estado de Israel para construir en su propio territorio. Sin embargo, resulta conveniente la decisión ya que este pueblo está justo en medio de dos grandes colonias ilegales israelíes, Ma’ale Adumim y Kfar Adumim, y por lo tanto destruirlo permitirá una mayor conexión entre las mismas.

El video se realizó al mismo tiempo que más de 15 organizaciones palestinas hicieron público un manifiesto de solidaridad con el COPINH, en la que afirman que: “DESA efectivamente ha constituido parte de una estructura criminal, los bancos que han financiado el proyecto conociendo sus implicaciones y el gobierno de Honduras han brindado total apoyo al proyecto y a la represión de los defensores de los derechos humanos. Todos aquellos que planearon, ordenaron y contribuyeron al asesinato de Berta deben rendir cuentas”.

Estas muestras de solidad aparecen en la semana que iniciaba el juicio en Tegucigalpa donde se definiría los responsables del crímen. Sin embargo, el COPINH y la familia de Berta Cáceres presentaron una acción de recusación contra el Tribunal de Sentencia de Sala Primera, quien tiene el caso por que según sus palabras: “rechazamos su accionar y su aptitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso”. También en sus redes sociales denunciaron que la empresa DESA contrató a personas para que se manifestaran a favor de la misma frente al tribunal, en lo que parece un intento más de esta empresa para influenciar las decisiones que tiene que tomar la justicia.

El COPINH ha sido una organización que desde 1993 ha buscado la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos en ese país, y esta lucha les ha llevado a enfrentarse a megaproyectos como las represas que atentan contra la integridad de sus territorios. En medio de estas fuertes luchas Berta Cáceres, una de sus fundadoras y quien en el 2015 por su resistencia logró el premio medioambiental Goldman, fue asesinada el 2 de marzo del 2016 en su casa. Desde entonces su proceso y familia han luchado para que no se quede impune su asesinato.

Las razones por las cuales se presentan las manifestaciones de solidaridad desde Palestina son, en palabras de las organizaciones de ese territorio, porque “Israel ha contribuido históricamente a la represión contra los movimientos sociales y políticos en Honduras. Israel ha ofrecido armas y entrenamiento para la represión a partir de los años 80, incluido el apoyo a “los contras” con base en Honduras. Hoy el presidente Juan Orlando Hérnandez (JOH) se enorgullece de ser un aliado cercano de Israel. En agosto de 2016, JOH firmó un acuerdo militar con Israel que apunta a fortalecer las fuerzas armadas, la Oficina Nacional de Investigación e Inteligencia y la creación de un proyecto de ciberseguridad. El armamento y las técnicas de represión que Israel exporta a Honduras han sido probadas y utilizadas sobre los palestinos como parte del régimen de apartheid, colonialismo y ocupación de Israel. Los drones que Honduras compró a Israel el año pasado con fines de vigilancia han sido desarrollados y utilizados especialmente contra la población palestina en Gaza para imponer un asedio abrupto y repetidas masacres”.

El llamado que hacen desde el país asiático es a evitar que el militarismo siga oprimiendo a ambos pueblos, y activar la solidaridad para derrotar la opresión. Al mismo tiempo el COPINH ha hecho varias llamadas a visibilizar el caso de Berta Cáceres, lo que ha provocado respuesta de varios países del mundo entre los que están pobladores de Estados Unidos, Italia, México, Colombia y Guatemala.

Por lo pronto el juicio se encuentra suspendido y entre tanto la organización hondureña llama a realizar presión sobre las autoridades para garantizar que se haga justicia. Entre otras acciones piden:

“Cartas a autoridades hondureñas: Es importante presionar a las autoridades y evidenciar la importancia de que se realice un juicio que aborde los temas fundamentales en cuanto a la muerte de Berta, incluyendo: *Falta de acceso a la información: hasta la fecha, los fiscales del Estado han incumplido cuatro órdenes judiciales para que entreguen a las víctimas y los representantes, las pruebas de las búsquedas realizadas en 2016 en las oficinas de DESA. En 36 ocasiones distintas, se han negado a proporcionar información a los abogados de la familia sobre la investigación. Esta información es importante para vincular a los autores intelectuales con el asesinato. La audiencia de proposición de prueba está programada para el 23 y 24 de agosto y es vital contar con la información para esta fecha. *COPINH merece ser escuchado como víctima en el juicio. El 27 de julio, el tribunal decidió que el COPINH no podía ser representado durante el juicio, a pesar de que el artículo 17.3 del Código Penal de Honduras establece que, para los delitos que afectan a un negocio o sociedad civil, los miembros de la sociedad son víctimas. Esta decisión está siendo apelada. Envía las cartas a COPINH (solidaridad@copinh.org) con copia a: Embajadas de Honduras en el exterior (ver aquí para más información); Presidencia de Honduras (Juan Orlando Hernández) juanorlandohernandez@gmail.com; Poder judicial (Rolando Argueta) reargueta@poderjudicial.gob.hn; Ministerio Público (Óscar Chinchilla) : mprelacionespublicas@gmail.com”

 
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Como informan los medios de comunicación la realización de vasectomías

IMAGEN: Vasectomía VB

Por Germán Romano

Diversos medios de comunicación, Clarin, Infobae y Tiempo Argentino, publicaron recientemente notas sobre la realización de vasectomías en Argentina. En todos los casos hay un denominador común, el mantenimiento y sostenimiento del mandato de la procreación. En todos los ejemplos, los varones heterosexuales que se realizaron la intervención exponen que luego de procrear decidieron no continuar haciéndolo. Obviamente que no es lo mismo el machismo implícito de un varón en la exigencia que el método de anticoncepción sea algo que solo atañe a las mujeres, así como tampoco se plantea la opción de la no procreación cuando se trata de los varones.

En el caso del medio Clarin, la información respecto al incremento de vasectomías pareciera mostrar que hay un avance importante respecto a la determinación de los varones en asumir nuestra responsabilidad en la no concepción. Informan que las vasectomías crecieron un 50% en 2 años. Este dato parecería ser alentador respecto al cuestionamiento de nuestros privilegios, pero el porcentaje calculado a nivel nacional es sobre un total de 121 intervenciones en el año 2015 a 180 en el año 2017. Entre los años 2016 a 2017 se pasó de 143 vasectomías a 180, es decir un incremento del 25%. No obstante, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, para citar un ejemplo, la cantidad de tubectomías o ligaduras de trompas se incrementó un 30% en el mismo periodo. Asimismo, la cantidad de ligaduras de trompas que se realizan frente a las vasectomías es entre 40 o 100 veces mayor, dependiendo de la región que se analice.

No en todos los países del mundo la relación es similar, ejemplo de ello, donde las intervenciones quirúrgicas de anticoncepción en varones supera a las de mujeres son:

Vasectomía / Tubectomía

  1. Canadá:22% / 11%
  2. Reino Unido:21% / 8%
  3. Nueva Zelanda:19,5% / 14,6%
  4. Bután:12,6% / 7,1%
  5. Países Bajos:7% / 3%

Fuente: ONU (Organización de Naciones Unidas)

En la nota anteriormente mencionada de este mismo medio, consultan a Alberto Layus, médico del servicio de urología del Hospital Italiano, hace referencia a una vasectomía novedosa sin bisturí. Algo sobre lo cual ya hemos publicado en Virginia Bolten. En Argentina, las vasectomías se realizan con anestesia general y a través de una incisión con el uso de bisturí. Desde el año 1973, que está la posibilidad de realizar vasectomías sin bisturí, fue desarrollada por Li Shunqiang, del Instituto Chongqing de investigación Científica en Planeamiento Familiar de China y en 1985 en EE.UU. se realizó la primera intervención de este tipo.

 

IMAGEN: Tiempo Argentino

El periódico Tiempo Argentino, publicó el 16 de agosto una nota titulada, No me corten los huevos. La imagen que acompaña la nota y el título es más que elocuente.

El artículo plantea como opción un gel ensayado en 2010 en monos y conejos, pero que aún no se encuentra disponible para varones.  No se informa en la nota que hubo una pastilla anticonceptiva que si se ensayó en varones pero que no pasó las pruebas. La revista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism publicó, a principios de 2017, los resultados de un ensayo de anticonceptivos inyectables para varones cis*. El resultado arrojó una eficacia del 96%. La Organización Mundial de la Salud expresó “El estudio descubrió que es posible tener un anticonceptivo hormonal para hombres que reduzca los embarazos no planeados en la pareja del hombre que la use”.

Sin embargo, el ensayo se detuvo ya que en una tasa menor al 10% de los varones que participaron tuvieron efectos secundarios. Estos fueron, depresión, dolor muscular, cambios de ánimo, acné y alteraciones en la libido. Los mismos, son similares a las pastillas para mujeres cis del día después.

En la nota mencionada también se expresa sobre la irreversibilidad de la intervención. La vasectomía puede ser reversible, esto estará dado en función del tiempo transcurrido desde la intervención y la singularidad de cada cuerpo. Según un trabajo del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, solo el 4% de los varones cis a los cuales se les realizó una vasectomía solicitan su reversión.

¿Qué es la vasectomía?

La opción al no haber pastillas anticonceptivas es la ligadura de los conductos deferentes o vasectomía. La vasectomía — una intervención ambulatoria— consiste en ligar los conductos que unen la uretra con os testículos, que es donde se generan los espermatozoides. La eyaculación de un varón cis no vasectomizado está compuesta en un 95% por semen generado en la próstata y por un 5% de espermatozoides generados en los testículos. La vasectomía no implica disminución del deseo sexual, ya que la próstata continúa su funcionamiento normalmente, lo que difiere es que la eyaculación no tendrá espermatozoides. Para confirmar la eficacia de la vasectomía es fundamental efectuarse luego de 20 eyaculaciones o 3 meses de la realización de la intervención un espermograma, en caso que el resultado sea 0, se confirma la eficacia.

La vasectomía en la Argentina está garantizada por la ley 26130 del año 2006. En la misma se establece que para realizarse esta cirugía es necesario tener 18 años o más y recibir información sobre este y otros métodos anticonceptivos. Es una decisión personal y no hace falta autorización o entrevista con la pareja. Tampoco es requisito haber tenido hijas/os. Se realiza en forma gratuita en hospitales públicos, obras sociales y prepagas.

(*) Es un término que se utiliza para describir personas cuya identidad de género y género asignado al nacer coinciden, es decir, que no se identifican como transgénero.

 

 
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Dueño de Avianca produce armas en Brasil

IMAGEN: German Efromovich

Guillermo Martinez y Efraín González Téllez

Empresarios a las sombras del poder político: Germán Efromovich

A Germán Efromovich se le conoce especialmente por ser el dueño de una de las mayores aerolíneas americanas pero muy poco se habla de los negocios adicionales que mantiene, los que exceden la aviación civil y el turismo: Synergy Aerospace, empresa de Efromovich que controla Avianca, es también dueña de EAE Aerospace Solutions. EAE nació luego que en el 2001 Synergy y la empresa Israel Aerospace Industries (IAI) firmaron un acuerdo para la fabricación de drones y comercializarlos en latinoamerica. Con esta alianza estratégica ingresó al negocio de las armas aéreas produciendo drones israelíes, los que han sido herramientas utilizadas para el asesinato y violación de los Derechos Humanos del pueblo palestino.

En el año 2013, el Comité Nacional Palestino de Boicot, coordinación que representa a más de 170 organizaciones de la sociedad civil que han hecho un llamado a presionar a Israel para que cumpla con el Derecho Internacional, promovió una campaña contra EAE en la feria Latinoamericana Aeroespacial y Defensa (LAAD), realizada en Brasil; En ese momento denunciaron como “Este conglomerado produce material para las Fuerzas Armadas brasileñas que utilizan los centros de producción y mantenimiento de TAP M & E Brasil en Río de Janeiro y Porto Alegre”.

En un informe sobre militarismo israelí en la región realizado por el movimiento de BDS Latinoamericano (Boicot, Desinversión y Sanciones), movimiento que responde al llamado palestino, se detallan los últimos movimientos de las empresas de Germán Efromovich; en este se describe que: “Uno de los empresarios más destacados que ha hecho carrera en estas ferias de armas es el empresario boliviano –con nacionalidad brasilera y colombiana– Germán Efromovich quien fue uno de los más destacados ponentes de la feria FIDAE en Chile en abril de 2018. Efromovich participó en el despojo de tierras en el departamento del sur del Cesar en Colombia”.

Aunque se justifica que dichos drones sirven para proteger las fronteras, luchar contra el narcotráfico o garantizar el funcionamiento de empresas de extracción de minerales y petróleo, se ha observado recientemente que dichas armas también están siendo utilizadas para la represión de movilizaciones campesinas en Colombia o de pueblos originarios como el Mapuche al Sur del continente. Puede afirmarse que con la importación de tecnología y conocimiento para la fabricación de estos drones, desde Israel, también se importa el militarismo y la falta de respeto a los Derechos Humanos. Por extensión, empresarios de armas de guerra como Germán Efromovich facilitan que estás prácticas se implementen en el continente.

De la falta de responsabilidad social de este empresario se conoce cada vez más: Los Paradise Papers (Papeles del Paraíso) brindaron muchos detalles de cómo actúan los capitales y sus dueños para la evasión impositiva. Particularmente se detalla como el conglomerado de Avianca –de quien es dueño German Efromovich– utilizó más de 20 cuentas offshore en Islas Bermudas, Panamá y Chipre para este fin. Pero la corrupción no se queda en paraísos fiscales: En Argentina compró la empresa aérea de la familia del presidente Macri, y durante esta presidencia a la compañía se le asignaron nuevas rutas en lo que puede interpretarse como tráfico de influencias.

Con esta información de fraude fiscal, de clientelismo dentro de gobiernos, despojo de tierras a campesinos en Colombia y la participación de negocios de armas en Brasil, se puede concluir que este empresario, más que ayudar a la sociedad, busca lucrarse a costa de lo que sea necesario.

 
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Elecciones en Brasil: la vieja política y la eterna conciliación

Foto: Ricardo Stuckert

Por Amanda Graviola

El próximo 7 de octubre, Brasil elegirá su próximo presidente de la república bajo un contexto de Golpe Institucional  y de un proceso electoral dudoso y cuestionado por la comunidad internacional:  el ex presidente Lula da Silva no podrá participar de la disputa aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU por su Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –de lo cual Brasil es signatario desde hace 9 años–­ haya demandado su participación hasta que se agotasen los recursos en su contra. A pesar de tener sus derechos políticos violados, la decisión del PT y de las izquierdas, hasta el momento, fue  de participar del proceso ilegítimo, validando reglas regresivas del juego democrático.

La decisión por la vía electoral, en lugar de la toma de las calles y rechazo de participar del proceso, habla mucho de Brasil y de su situación frente a todas las demás violaciones de los derechos sociales del pueblo brasilero. Brasil es un país dónde la política y la policía son usadas para proteger privilegios en lugar de garantizar la dignidad de las personas. Bajo el gobierno golpista de Michel Temer –el cual fue elegido por PT para ser el vice de Dilma Rousseff–, el país viene perdiendo  peso geopolítico por no respetar normas internacionales que garantizan derechos humanos, civiles, políticos y sociales. Frente a la demanda de la ONU sobre el caso de Lula da Silva, el Ministro de Justicia Torquato Jardim acusó a la ONU de “intromisión política e ideológica indebida en un tema técnico-legal”. La inseguridad jurídica, que se nota por la contundente judicialización de la política, es un hecho que también tiene impactos importantes sobre la economía.

Es en este contexto de “aceptamos cualquier cosa” es que figuras como Jair Bolsonaro (PSL)–considerado el Trump brasilero­– entra en la escena de la disputa presidencial y logra ganar la atención de la población, por demostrar garantía de “orden y autoridad”. En este sentido Bolsonaro, quien hoy tiene un 19% de las intenciones de voto con su discurso vacío de propuestas pero novedoso en su forma –tolerancia cero–, es comprendido como rupturista.  Mientras la izquierda es percibida como mantenedora del proyecto que fue rechazado en las calles durante los años anteriores. Es notorio la imposibilidad de (re)crear un hilo conductor entre el deseo popular y la política –ya bastante desacreditada en las instituciones–. La creencia  que la mano dura resuelve la situación, sobre todo de la corrupción,  pudo ser comprobado en la última huelga general de los camioneros que pedían intervención militar durante el paro, hace que la retórica agresiva de Bolsonaro encuentre la simpatía del pueblo, sobre todo del público masculino.

En el último importante debate donde participó Bolsonaro, el presidenciable dijo que la grieta salarial entre mujeres y varones no es una cuestión electoral, defendió la castración química como salida para resolver la violencia de género que llega a 60 mil violaciones y 1.133 femicidios por año en Brasil y defendió el porte de armas como una forma de defensa del “ciudadano de bien” frente a la violencia que sólo en el año de 2017 dejó 63.880 muertos . Todo esto en un país que  tiene un índice de muertes violentas mayor que países en situación de guerra. La mayoría de las personas muertas son negras y pertenecen a las clases más vulneradas de la sociedad, lo cual contrasta con  que  Bolsonaro sea defensor de la meritocracia y  conocido por sus declaraciones racistas.

Con la eventual posibilidad  que Lula sea expulsado de la disputa electoral, el elegido por el PT como  sustituto es Fernando Haddad. El Partido de los Trabajadores apuesta que el carismático y popular Lula pueda transferir sus votos al académico y ex alcalde de San Pablo. Tras la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), el PT dijo que va a apelar al Superior Tribunal Federal (STF) para que Lula tenga el derecho de registrar su candidatura en los próximos diez días. Mientras tanto,  Haddad sigue recorriendo el país y recibiendo el apoyo de aliados, incluyendo figuras que apoyaron el golpe que destituyó la ex presidenta Rousseff.

 
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Plan Andinia, la falsa noticia viralizada por la dictadura

IMAGEN: Tierras Patagónicas

Flor Niti y Guillermo Martinez

La dictadura cívico-militar-eclesiástica tuvo un importante sesgo antijudio en su cúpula. La comunidad judía argentina fue, en términos relativos, quien sufrió la mayor cantidad de personas detenidas-desaparecidas. No obstante, esto no fue impedimento para que Israel sea un gran proveedor de armas de la dictadura a pesar que Argentina tenía un embargo militar internacional por violaciones a los DD.HH.

La dictadura utilizó propaganda antijudia dentro de sus filas con la idea de generar un enemigo interno a combatir, para esto difundió un supuesto plan para la instalación de una nación judía en la Patagonia.

¿Que fue el Plan Andinia?

Fue una teoría conspirativa. Tuvo amplia difusión por el economista y docente, Walter Allende. Las especulaciones del supuesto plan contienen referencias y similitudes con la publicación Los sabios de Sion. Esta fue una publicación antijudia rusa de la época de darle seriedad, a pesar de esto fue material propagandístico de la última dictadura y lo sigue siendo por las extremas derechas.

Lo expuesto por esta teoría conspirativa no debe confundirse con la opción de Argentina como posible lugar de instalación de una nación judía en los inicios del sionismo. Entre los fundadores del sionismo, movimiento nacionalista del siglo XIX, Theodor Herzl fue uno de sus máximos exponentes. Entre sus escritos se planteaban diversas opciones para la instalaciones de comunidades judías, entre ellas estuvo como posibilidad Argentina y Uganda –esta última era una colonia de la potencia ocupante de Gran Bretaña–. Finalmente, el sionismo decidió que sea Palestina donde instalarse con las graves  consecuencias para el pueblo palestino.

Parte de la teoría de Allende se basa en las compras de tierras por parte de la comunidad judía. Particularmente se menciona a Mauricio Hirsch, quien fue un importante colaborador del sionismo e impulsor de colonias judías en territorio americano. Adquirió tierras por medio de la Jewish Colonization Association (J.C.A).  En el territorio denominado Argentina las compras, no obstante, no fueron en la Patagonia. Realizó una importante adquisición en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el Municipio de Carlos Casares (cercanas a 25 mil hectáreas), por este motivo, desde 1913, un pueblo de este municipio lleva su nombre. Otro de los lugares donde a Hirsch adquirió tierras fue la provincia de Entre Rios, particularmente en el departamento de Villaguay. El pueblo de Villa Clara lleva el nombre en honor a su esposa Clara Bischoffsheim.

Los intentos de acallar los movimientos en solidaridad con Palestina

La expresión antisemitismo, es utilizada por el movimiento sionista para acallar cualquier expresión crítica contra el régimen de apartheid contra el pueblo palestino. Un ejemplo de esto fue la columna en Infobae escrita por Sergio Widder, quien fuera director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina contra el periodista de internacionales Pedro Brieger. Sobre Brieger escribió: “Un judío que defiende antisemitas se convierte en su cómplice. Punto”. La columna de Widder fue en respuesta a los análisis políticos de Brieger sobre Palestina.

La utilización política de la expresión antisemitismo tuvo una situación que llegó a la cúpula castrense durante el kirchnerismo. Roberto Bendini, quien fue el militar encargado de bajar el cuadro del dictador Jorge Rafel Videla, solicitado por el entonces presidente Nestor Kirchner, fue acusado por declaraciones antisemitas en una columna de Daniel Hadad, periodista y empresario. Según Hadad, Bendini en un encuentro con cadetes en la Escuela Superior de Armas hablo del Plan Andinia. Luego de una investigación solicitada por DAIA, se determinó que Bendini no cometió antisemitismo.

La adhesión al llamado del pueblo palestino de BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), tampoco es parte de un plan antijudio, el BDS es un movimiento pacífico que toma como referencia la lucha contra el régimen de apartheid en Sudáfrica. Los movimientos políticos y personas que adhieren a este movimiento, lo hacen en solidaridad con el pueblo palestino –según expresan el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino–.

La mayor cantidad de armas compradas por Argentina a Israel fue durante la última dictadura (más del 90%). Los vínculos gubernamentales se están incrementando en los últimos años del gobierno de la Alianza CAMBIEMOS. Hay varios acuerdos para que las fuerzas represivas del estado a nivel nacional, provincial y municipal se formen con expertos israelíes. Las acciones de boicot a militares israelíes son a partir de una argumentación antimilitarista y contra la represión. Organizaciones sociales de DD.HH. y Solidarias con el pueblo palestino argumentan: “Las armas que asesinan al pueblo palestino, reprimen al pueblo argentino”.

 
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El agua y el derecho a la vida

Foto: Sebastião Salgado

EDITORIAL

“¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.”

Berta Cáceres

 

En julio de 2010, la ONU reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, asimismo reafirmó que el agua es la fuente esencial para la realización de todos los derechos humanos.  La declaración da cuenta de una evidencia: sin agua no hay vida.

Del total del agua en el mundo, apenas uno 2,75% es dulce y, por lo tanto, adecuada para el consumo humano. Uno 31% de las fuentes de agua potable disponibles en el mundo está en Latinoamérica. Sin embargo, en esta región, 37 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 110 millones sufren con la falta de saneamiento. Se estima que el territorio latinoamericano será uno de los que sufrirá más fuertemente los eventos extremos en consecuencia del cambio climático –como el aumento en el nivel del mar–, lo que significará la salinización de los deltas y la intrusión marina en los acuíferos.

La contaminación y  la escasez del agua son más sentidas por las personas más expuestas a sus consecuencias, sobre todo por las mujeres y niñas que tienen que caminar varios kilómetros para obtenerla, por los pueblos indígenas que la necesitan para existir como tal  y para campesinos y campesinas que necesitan del agua para su subsistencia. Más allá de esto, la falta de saneamiento genera la propagación de enfermedades infecciosas que afecta, sobre todo, a los niños y niñas.  Las poblaciones vienen manifestándose respecto de las causas de estas problemáticas  hace mucho tiempo. Esto se ejemplifica en todas las luchas llamadas “guerras del agua” que tiene como uno de sus símbolos más importantes la revuelta popular  que se dio en Bolivia, entre enero y abril del año 2000, la cual puso en cuestión la privatización de este bien común frente a la presión del Banco Mundial.

Según el abogado y especialista en Derecho Internacional, Javier I. Echaide, la  privatización de tales bienes –entendibles comunitarios–, como el agua, resulta inaceptable, no porque sea imposible, sino porque las consecuencias aplicadas a una escala individual resultan injustas, y las posibles consecuencias a una escala social resultan aberrantes. El abogado también enmarca que la generación de derechos de exclusión –consecuencia propia de la mercantilización de cualquier bien común– equivale –en el caso del agua potable como elemento fundamental al sostenimiento de la vida– a otorgar derechos de vida y de muerte para quienes los detenten: una responsabilidad demasiado grande como para dejarla libre a las reglas del mercado.

En los años 90, gran parte de los Estados latinoamericanos desarrollaron una reforma del marco legal para facilitar y promover las inversiones de empresas que operan a nivel mundial. En este marco, hubo un alza en la implementación de proyectos mineros en toda la región. La actividad minera esta asociada a la liberación de componentes químicos, como el cianuro y el mercurio. Los sedimentos dejados por la minería se incorporan al ciclo hidrológico, contaminando aguas superficiales y subterráneas. Este modelo extractivo-exportador es causa de diversos conflictos por su carácter contaminante y colonizador –ya que la cultura minera atraviesa los territorios con su lógica neodesarrollista, cambiando la geografía y destruyendo la economía y las costumbres locales–.

Frente a las evidencias que cobran responsabilidad de los gobiernos, la respuesta limitase a enfocar en “prestaciones de servicios más eficientes, resilientes y amigables con el medio ambiente” y en “lograr una mayor eficiencia en el uso del agua”. Nada dicen respecto del modelo productivo dominante que contamina con sus agrotóxicos, ni de las empresas que utilizan el agua para proyectos con fines de acumulación de capital.

La búsqueda por el crecimiento y el desarrollo infinito utilizando recursos finitos y no renovables se choca con los límites innegables. Sin embargo, desde del lado del pueblo está la resistencia en defensa de la vida misma. En los días 15, 16 y 17 de septiembre, los Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PU.CA.R.A.) organizan la I Cumbre Latinoamericana del Agua. El objetivo es crear una red latinoamericana de defensa del Agua para los pueblos.

 

Fuentes:

FILARDI, Marcos Ezequiel. Los derechos humanos al agua y al saneamiento: aportes para un debate

nacional pendiente.

ECHAIDE, J. AGUA COMO BIEN COMÚN DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA DEL ANÁLISIS ECONÓMICODEL DERECHO

SHIVA, Vandana. Water Wars

Otras Fuentes:

https://elpais.com/internacional/2015/05/13/actualidad/1431542093_232345.html

 
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Presentan proyecto de ley para prohibir banderas Palestinas en Israel

IMAGEN: Pinterest

Guillermo Martinez

En la profundización de lo que ha sido la promulgación de la última ley fundamental de Israel, una diputada del Likud –partido político del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu–, presentó un proyecto de ley para prohibir banderas palestinas.

Israel no cuenta con una constitución, ya que esto contraría la creencia religiosa que habría una ley terrenal superior a la divina, pero basa su organización estatal en leyes fundamentales. Son directivas que se encuentran jurídicamente por encima de otras leyes ordinarias. La aprobada semanas atrás establece primordialmente –con las consecuencias para el resto de la población– que Israel se regirá por la autodeterminación de la comunidad judía. En un reclamo a la derogación de esta ley fundamental hubo importantes manifestaciones donde se ondearon banderas palestinas, hubo una mayoritaria participación en la protesta de la comunidad no judía que representa más del 25% de la población israelí.

El proyecto de ley de la parlamentaria Anat Berko, estipula penas de más de un año por ondear una bandera palestina, que sería incorporado al código punitivista israelí. Asimismo como informa el medio Israel Hayom, la propuesta de ley contaría con el respaldo de quien se encuentra denunciado en Argentina por Crímenes de guerra y delitos de Lesa humanidad, Benjamín Netanyahu y los partidos gobernantes.

En declaraciones Berkco expresó, “La bandera de una entidad enemiga no puede volar en la esfera pública israelí, no podemos tolerar esto”. Asimismo la ley establece que en casos de perturbación a la paz o cuando haya más de tres personas en reuniones prohibidas sean definidos como hechos punitivos y se establezca un plazo como mínimo de un año a confinamiento a lugares de encierro. La propuesta de ley sería tratada el 14 de octubre en el parlamento israelí.

 
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El Tratado de Libre Comercio Argentina-Chile: el camino a un retorno encubierto del ALCA

Por Luciana Ghiotto y Patricio López

Actualmente se encuentra en tratamiento parlamentario en los Congresos de Chile y de Argentina el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. Este TLC fue firmado en enero de 2018, con el objetivo de extender el Acuerdo de Complementariedad Económica (ACE) N°35 vigente desde 1996.

Este Tratado se enmarca en el acercamiento de los bloques de la Alianza del Pacífico y del Mercosur. Este hecho es fundamental para entender la importancia política que reviste este Tratado. En la reciente Cumbre de la Alianza del Pacífico realizada en Puerto Vallarta, México, en julio, se anunció un plan de acción para avanzar en la convergencia entre ambos bloques, la cual viene en negociación desde hace al menos un año. En ese sentido, el presidente chileno Sebastián Piñera manifestó que se han propuesto generar una “gran zona de libre comercio en América Latina”1. Este tratado bilateral avanza entonces en ese objetivo, ya que para realizar la convergencia se necesita que los países miembros firmen entre ellos TLC bilaterales, de acuerdo a las disposiciones de la Alianza del Pacífico.

El nuevo ALCA regional: nuevos tratados, viejos temas

El TLC Chile-Argentina ha sido presentado como un nuevo “marco regulatorio” en la relación bilateral, inocuo y sin peligros, que simplemente “profundiza y extiende el marco jurídico bilateral del espacio económico” ya regulado por el ACE N°35. Efectivamente, se trata de un TLC que no modifica la sustancia del comercio entre Chile y Argentina. Entonces nace una primera pregunta: ¿cuál es el sentido de este Tratado de Libre Comercio si no modifica las condiciones del comercio entre ambos? Ya lo sabemos: los TLC tratan sobre mucho más que aranceles y tarifas. Estamos en realidad hablando de tratados que avanzan en la desregulación y liberalización de amplias actividades económicas que en las últimas décadas han estado en mano de los Estados, especialmente los servicios públicos: provisión de servicios básicos, educación, salud, sistema de pensiones, correo, telecomunicaciones, transporte en general, etc. Esas actividades han pasado gradualmente a manos privadas sobre la base de que sólo “Estados modernos”, pequeños, ágiles y eficientes, atraerán las inversiones extranjeras hacia nuestros territorios.

Entonces, al igual que el ALCA hace más de 10 años, los nuevos TLC son la herramienta legal de las fuerzas privadas que empujan por una apertura económica indiscriminada en nuestros países. Esto se realiza a través de los llamados “temas regulatorios” o “temas asociados al comercio”, algunos de los cuales fueron incorporados en los años noventa como Servicios, Contratación Pública, Telecomunicaciones, Inversiones, Propiedad Intelectual y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (y hoy se suma Comercio Electrónico). Varios de estos temas fueron incorporados en las agendas de negociación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, a partir de la presión de las empresas transnacionales más poderosas de los EEUU (como la industria de Hollywood, las grandes farmacéuticas y las empresas de servicios). En ese mismo periodo estos temas fueron agregados a los Tratados de Libre Comercio negociados por EEUU como el NAFTA, y posteriormente a la propuesta del ALCA. Hoy aparecen nuevamente en Tratados como el TPP-11.

Este Tratado también posee nuevos temas que refieren a los procesos regulatorios internos de los países a partir del mecanismo de Coherencia Regulatoria y las “buenas prácticas regulatorias”, que se han insertado dentro de los capítulos de Facilitación del Comercio y Obstáculos Técnicos al Comercio. La Coherencia Regulatoria implica la tendencia a la compatibilización y homogeneización de las legislaciones internas de los países así como de sus procesos regulatorios internos2. A través del término “Transparencia” se delimita un nuevo mecanismo para la regulación estatal que implica el diálogo con los “sectores interesados” (stakeholders) frente a nuevas regulaciones que vayan a ser adoptadas dentro del orden legal. Ese proceso de diálogo está enmarcado en la noción de “buenas prácticas regulatorias” que implica que los Estados faciliten al máximo la circulación de las empresas, liberando a los inversores extranjeros del “peso” (burden) de la burocracia y de los procesos administrativos. Este mecanismo es hoy impulsado por foros internacionales como la OCDE y el G20, y fue incorporado en el TPP-11 y en el frenado Tratado Transatlántico (TTIP). Estos mecanismos vienen directamente a intervenir en los mecanismos democráticos de toma de decisiones de los Estados3.

La inclusión de todos estos temas ha sido fuertemente criticada por la sociedad civil durante los últimos 25 años, justamente porque implica privilegios de propiedad para las empresas transnacionales y los inversores extranjeros, cuyos derechos se convierten de hecho en el nuevo estándar para la legislación, mientras se socava la posibilidad de aplicación de los derechos humanos, disposiciones que pasan a ser soft law, o ley blanda frente a los derechos privados. Mediante este tipo de tratados, las empresas pueden demandar a los Estados en los tribunales de arbitraje internacional (como el CIADI), mientras que los Estados sólo pueden llevar a una empresa por violación de derechos humanos o medioambientales a los propios tribunales nacionales, que luego son acusados de parciales y poco objetivos. Diversos casos de demandas de empresas contra Estados han generado grandes debates internacionales, ya que muestran justamente lo desigual entre los derechos de ambos4.

¿Temas “modernos” de los TLC o cáscaras vacías?

Además de los temas de los años noventa, en este tratado también se incorporaron algunos temas más novedosos, lo cual hace que los TLC más recientes sean presentados como “marcos regulatorios modernos”. Se trata de capítulos de Género y Comercio, Medioambiente y Desarrollo con énfasis en el rol de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME).

Pero estos capítulos son solamente cáscaras vacías, es decir que no son operativos, no plantean objetivos específicos ni cronogramas de trabajo, así como tampoco estipulan obligación alguna para que los Estados realicen políticas específicas que vayan de acuerdo a estos capítulos. Además, se aclara en estos capítulos que los Estados no pueden hacer uso del mecanismo de Solución de Controversias del propio Tratado (Capítulo 18) para plantear que los objetivos de estos capítulos no están siendo observados o cumplidos, o que el otro Estado está violando el acceso a las disposiciones de alguno de estos capítulos. Esto muestra que se trata de capítulos que intentan rellenar temas vacantes en los TLC, pero que no tienen una operatividad real.

Por ejemplo, el Capítulo de MiPyME sólo establece una cantidad de enunciados que hace al reconocimiento de las Partes de que las MiPyMES se incorporen al comercio bilateral. Para hacer un seguimiento, establece un Comité MiPyME, que es el único objetivo específico planteado por el Capítulo. Sin embargo, frente a cualquier desavenencia entre las Partes, se hace hincapié en que ambos harán los esfuerzos mediante el diálogo, cooperación y consultas para resolver la situación problemática.

Lo mismo sucede con los capítulos Laboral, de Medio Ambiente y de Género: la modalidad en que se redactan las cláusulas es a partir del “reconocimiento” que hacen las Partes de la importancia de la defensa de los derechos laborales y medioambientales, pero no plantean la posibilidad de que un Estado actúe sobre el otro frente a la violación de tales derechos. En ese sentido, todo queda en el plano de la buena voluntad.

En el caso específico del capítulo sobre Género y Comercio (capítulo 15), este TLC plantea que el objetivo es lograr la “participación más equitativa de hombres y mujeres en los negocios, la industria y el mundo del trabajo”. El eje está puesto sobre el “empoderamiento económico de las mujeres”, pero no dice nada de los impactos que la liberalización comercial tiene en todos los ámbitos de la vida de las mujeres5.

Diferentes reportes e investigaciones6 ya han mostrado que en lugar de romper las desigualdades estructurales de género, la liberalización comercial reciente ha reforzado esas desigualdades al dar un poder creciente a las empresas multinacionales que son dirigidas por hombres7Estos Tratados son generalmente firmados sin analizar cómo afectarán de forma diferenciada a mujeres y varones.

Además, el TLC se propone el aumento de las tasas de participación de las mujeres en la economía ya que eso contribuiría a un desarrollo económico sostenible (Art 15.1.3). Ese punto de partida es discutible, ya que existe evidencia que demuestra que el comercio no siempre redunda en mejores condiciones de vida. El comercio -en algunas ocasiones- provoca el aumento de la tasa de actividad, pero los puestos de trabajo que se generan son de baja calidad, bajos salarios y en condiciones precarias. Un caso testigo de esto es la proliferación de maquilas en México a partir de la firma del NAFTA, en donde se emplea en su mayoría a mujeres pobres, migrantes, con muy bajos salarios y jornadas de trabajo que superan las 12 horas, dejándolas en un fuerte estado de vulnerabilidad laboral y social.

Otro TLC sin debate ni estudios de impacto

Por último, vemos que se sigue repitiendo el modus operandi de todos los TLC de la región: un nuevo proceso de ratificación a espaldas de la ciudadanía y sin estudios de impacto que acrediten la necesidad de este Tratado.

Dos hechos marcan el modo en que se está dando el tratamiento en ambos Congresos. Por un lado, el Senado argentino, donde recientemente ha entrado el TLC para su ratificación, sólo envió el tratado a una comisión, la de Relaciones Exteriores, en donde en representación de la “sociedad civil” sólo fueron invitados la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de Biocombustible, la Cámara de Exportadores y la Unión de Industriales de la Argentina (UIA). Quedaron afuera de este “debate” representantes de los sectores afectados por los capítulos regulatorios del Tratado, que como dijimos son su fuerte: representantes de organizaciones de la salud, de la educación, de mujeres; organizaciones sindicales; organizaciones de PyMEs, del campo; etc.

Por otra parte, en el Congreso chileno, la bancada de diputados de Revolución Democrática, parte del Frente Amplio, presentó un proyecto de Resolución que fue aprobado por amplia mayoría el día 2 de agosto8, donde se “solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores una evaluación de los tratados de libre comercio existentes y un mayor estándar de evaluación para los acuerdos de futuros tratados de este tipo y sus modificaciones”. Este pedido de los diputados, sin precedentes en Chile y podríamos aseverar en toda la región, se realiza en el país que ha firmado la mayor cantidad de tratados a nivel global, por lo cual señala la existencia de un malestar en ciertos sectores políticos y sociales sobre los efectos que estos TLC han tenido sobre el país desde su entrada en vigencia.

Estos hechos nos señalan dos elementos clave: 1) la falta de transparencia en la discusión de un TLC9 que, como señalamos, tiene impactos directos sobre la capacidad de regulación de los Estados en una gran cantidad de materias; 2) el reclamo creciente acerca de la necesidad de que no se adopten estos TLC sin los estudios de impacto previos pertinentes que muestren los efectos sobre un amplio abanico de sectores sociales y económicos10, así como sin consulta previa y de carácter vinculante a las comunidades afectadas.

En un contexto de fuerte incertidumbre global, la estrategia de firma de TLC debería al menos ser puesta en cuestión, y rediscutirse a la luz de evidencias empíricas tras 25 años de TLC a nivel global, y con claros impactos en los países latinoamericanos. En definitiva, no se puede seguir firmando tratados que privilegian los derechos de las corporaciones por sobre los derechos sociales.

1 http://www.t13.cl/noticia/politica/video-alianza-del-pacifico-pinera-anuncia-intenciones-converger-alianza-mercosur

2 Artículo “Las reglas para la facilitación de inversiones: un análisis desde los mecanismos de cooperación reguladora”, por Luciana Ghiotto y Adoración Guamán, de próxima publicación, CLACSO.

3 Reporte “La negociación sobre reglas para la Facilitación de Inversiones” por Luciana Ghiotto, 2016, Transnational Institute; en: https://www.tni.org/es/publicacion/la-negociacion-sobre-reglas-para-la-facilitacion-multilateral-de-las-inversiones

4 Por ejemplo, los casos de Chevron vs. Ecuador, Metalclad vs. México o Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA y Vivendi Universal SA vs. Argentina. Ver todos los casos en: www.isds-americalatina.org

5https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/201712061074526207-tlacan-influencia-en-mujeres-hispan-tv-youtube-bloqueo/

6 Ver reporte de McKinsey Global Institute: The power of parity, 2015, en: https://www.mckinsey.com/featured-insights/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-the-united-kingdom

7https://www.policyalternatives.ca/publications/monitor/how-canada-can-tackle-gender-inequality-through-trade

8 Cámara de Diputados, Chile, Proyecto de Resolución número 119, 2 de agosto de 2018.

9https://chilemejorsintlc.cl/senador-juan-ignacio-latorre-con-los-tlcs-hay-una-perdida-de-soberania-del-estado-respecto-a-las-empresas-transnacionales/

10 Declaración conjunta de la Asamblea Argentina mejor sin TLC y la Plataforma Chile mejor sin TLC: “Tratado de Libre Comercio entre Chile y Argentina: ¡Basta de Tratados sin debate y a espaldas de los pueblos!”, junio de 2018; en: https://mejorsintlcorg.files.wordpress.com/2018/06/declaracion-tlc-chile-argentina-junio2018.pdf

Fuente:

https://www.alainet.org/es/articulo/194817

 
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Toda esta sangre en el monte: las voces de los lugar-tenientes

Vanessa Dourado

Toda esta sangre en el monte es una mirada, un existir conjunto en un espacio lleno de sentido en un territorio de lugar-tenientes –actores de su propia historia–. Desde los ojos de Martín Céspedes, las violencias vividas por los miembros del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) es el eje central del documental que des-romantiza la vida y la lucha campesina, para luego desvelar la belleza cruda que aparece de a poco; tímida, sencilla, potente.

La dramatización de las primeras escenas invita a compartir un duelo; el dolor colectivo desde adentro de una comunidad que llora la muerte de uno de los suyos, asesinado por manos terratenientes y encubierto por las autoridades guardianas de la ley.

Sin embargo, lo que pareciera demostrar una fragilidad, sigue en una secuencia de imágenes de la vida cotidiana de campesinos y campesinas. Las tareas van desde buscar agua en un pozo distante; abatir animales; sembrar la tierra; extraer miel de colmenas en los arboles; ordeñar cabras hasta organizar la resistencia.

“Las abejas sólo están defendiendo a su territorio”, dice uno de los campesinos al encontrarse con la reacción de los insectos a su investida contra su colmena. Tal vez, así como las abejas, una conversación entre miembros de la comunidad muestra el mismo incomodo. Una crítica a quienes hacen del territorio y de la vida campesina una experiencia antropológica, y después hablan de una “sustentabilidad” con rasgos urbano-burgueses. La ética del cuidado puesta en la reproducción de la vida en todas sus expresiones es incomprensible a quienes ven como violento o bárbaro el sacrificio de los animales para la alimentación. Si por un lado parece violento, por  otro demuestra la ignorancia puesta del otro lado de la pantalla.

La resistencia de estos cuerpos a la deshumanización luego del armado –casi teatral– del tribunal que absolvió al empresario sojero por el asesinato de Cristian Ferreyra, es contundente y afectiva. Frente la indiferencia de la jueza y demás participantes del fallo y del fuerte aparato policial, los gritos de la madre y la contención de comunidad, el cariño y el abrazo compañero. Pero también la respuesta “Ustedes son todos hijos de campesinos”, dice un campesino a los agentes de la policía,  responsables por garantizar la seguridad.

La película termina con ojos y cuerpo de mujer, con una denuncia que traduce el sentimiento colectivo “resistir es ponerse en riesgo”. Salimos de la sala como el perro de una de las escenas que presencia el abatimiento de un cabrito: con la cara ensangrentada. Pero seguramente mucho más perturbadxs por no ser este perro y solo de lejos ver escoger Toda esta sangre en el monte.

 

Local y funciones:
Cine Gaumont
Dos funciones diarias, hasta el miércoles 22 de agosto, a las 13:30 y 19hs.

 
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Hackean Elbit Systems y exponen proveedores de la empresa bélica israelí

Guillermo Martinez

Elbit Systems, la empresa militar de electrónica israelí creada en el año 1966 fue hackeada días atrás y Virginia Bolten accedió al listado de proveedores de la misma. Elbit hace publicidad de sus productos como “probados en campo” esto es, asesinando el pueblo palestino.

El hackeo de la información de los proveedores a Elbit se da en el marco de la intensificación de las campañas internacionales de BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) contra el régimen de Apartheid contra el pueblo Palestino. Asimismo las resoluciones de la ONU sobre empresas que operan en territorios palestinos ocupados.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó, en marzo de 2016, la resolución 31/36 que establece la realización de una compilación de empresas que operan en territorios palestinos ocupados. En diciembre de 2017,  El Alto –Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos– envió cartas a 150 empresas que operan en Jerusalén Este y Cisjordania, solicitando información sobre sus actuaciones.

La empresa Elbit Systems incrementó sus ventas en los últimos años y respecto del volumen total de facturación mundial pasó del puesto 36 al 27 entre los años 2012 y 2016. El hackeo es un duro golpe a la industria bélica israelí, donde uno de sus principales rubros es la ciberseguridad.

Frente a intentos de comunicación de Virginia Bolten con algunas empresas para ratificar la información, no hubo respuestas oficiales, no obstante una de las empresas consultadas expresó su temor a campañas de Boicot en su contra.

El intercambio comercial entre la región latinoamericana e Israel es deficitaria para LA. La región suministra mayoritariamente materia prima, mientras que Israel suministra productos industrializados. A continuación, detallamos algunas empresas que se encuentran en el listado de proveedores de Elbit:

Empresas ubicadas en Brasil

BECKINS FILTROS INDUSTRIAIS LTDA.

ALBACORA empresa de calderas y estructuras metálicas

A A.T.I. BRASIL – ARTIGOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS LTDA

AEL Sistemas. Empresa subsidiaria de Elbit. Uno de los fundadores es el dueño de Fly Bondy em Argentina. German  Efromovich.

Konatus, empresa de Ingenieria de Sistemas, desarrolla su negocio en software de gestión y proyectos.

Temperaço Rio Tratamento Térmico de Aço e Metais Ltda., empresa de tratamiento térmico y termoquímico de metales.

MBV Design empresa de comunicación visual y diseño industrial.

SUPERNOVA – Ingeniería contra incendios

Servenge, calderas, reservorios y equipamiento afín.

Empresa ubicada en Colombia

NECSYS, productos de redes corporativas de telefonía IP y comunicaciones unificadas.

Empresa ubicada en Argentina

ELIMEC ARGENTINA SRL, empresa de equipamiento y logística de almacenamiento.

Dentro de las empresas proveedoras de Elbit también se encontraba el estudio de abogados García & Bodán que opera en Nicaragua, Honduras y El Salvador.

La empresa Elbit tiene una importante historia en Argentina como proveedora de máquinas de matar. Ahora también como cliente de una empresa del Estado. En el mes de junio,  FAdeA firmó un acuerdo con la empresa israelí Israel Aircraft Industries (IAI) por un monto próximo a los $100 millones. El contrato tiene una duración de 18 meses y estipula que FAdeA suministrará aeropartes, ingeniería y servicios. FAdeA, al firmar el acuerdo, no tiene en cuenta las denuncias internacionales y solicitudes de embargo militar a Israel. En Argentina, Benjamín Netanyahu se encuentra denunciado por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra el pueblo palestino. La contratación a la empresa argentina es por la adjudicación de un contrato de Elta Systems –subsidiaria de IAI- con la Marina de Guerra de Perú para la modernización de dos aviones Fokker 50 por un monto de U$S23,5 millones–.

El contrato se firmo en el marco de una intensificación de los vínculos entre Argentina e Israel. En septiembre de 2017, Netanyahu realizó la primera visita de un Primer Ministro a Argentina y se firmaron 4 acuerdos, no informados por la cancillería argentina. Uno de estos acuerdos tiene la finalidad de incrementar el comercio entre ambos países.

 
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Legisladorxs por la muerte

Foto: Alfonso Sierra

Vanessa Dourado

En la Argentina, el Senado rechazó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La respuesta de los/las legisladores/as de la cámara alta es una: ustedes no piensen que sus cuerpos serán tan fácilmente liberados. Mientras tengamos el poder los/las que legislamos, con un pie en la iglesia y otro en la estupidez,  lo seguiremos ejerciendo sobre sus vientres.

Millones de personas en la calle –luchando por el derecho a no morir por abortos clandestinos– demostraron que la sociedad está lista para dar el debate, aunque las instituciones no lo están. La sociedad comprende la problemática, pero quienes gobiernan tienen miedo de perder su poder, tienen, en su mayoría, miedo de perder sus votos, lo que también es un miedo de perder sus privilegios. Un/a legislador/a que se niega a debatir de forma honesta sobre la causa de la muerte de personas, no cumple con su rol.

Las puertas del Senado fueron abiertas al mundo el último miércoles –pero cerradas a quienes reclaman por sus derechos–, y lo que se presentó allí fue una estructura ultrapasada, incapaz de dar los debates de su tiempo. Una estructura viciada en las formas tradicionales de hacer política para garantizar sus propios intereses, valiéndose de sus convicciones para decidir sobre la vida de las/los demás, contrariando la voluntad de estos actores expresada de la forma más democrática que se pueda comprender un deseo común.

El mundo pudo ver la expresión más nítida de la misoginia impregnada en las voces de quienes seguramente piensan el cuerpo de una mujer como mero objeto de reproducción. Personas cuya capacidad de comprensión de la realidad está anulada por la construcción de un sentido de urgencia: salvemos las dos vidas.

La demofobia por parte de personas elegidas por el pueblo es también la prueba de la incapacidad de uno/a de ocupar un lugar, pensando en legitimidad, que no le pertenece. Un lugar en el cual se negocian derechos en lugar de garantizarlos. Donde es preferible transferir la responsabilidad de esta incapacidad a los/as demás, creando así una justificativa a su incompetencia y/o limitación cognitiva: es un asesinato.

Nadie está a salvo mientras personas que toman decisiones en base en sus creencias sigan en los espacios de poder. Los/las que niegan el derecho a decidir, también son aquellos/as que, con sus firmas, asesinan a los/as niños/as en las villas; que los/las someten a la pobreza, a vivir una vida indigna, privada de las más básicas necesidades humanas. Mirando al costado, dicen no a la criminalidad, y mandan a tomar los territorios con la mano dura de la policía, que tortura y humilla estos cuerpos que pareciera que tienen más derechos cuando estaban en el vientre: el derecho del feto a vivir.

No puede ser que se hable de cuidar la vida cuando la aporofobia impide a los/las que hacen las leyes comprender que un cuerpo villero, negro, migrante, tirado al margen; no es lo mismo que un cuerpo blanco de la sociedad deseada por el sistema excluyente, y con plata en el bolsillo: regalemos los perritos.

La hipocresía,  expresión de una construcción dogmática que ignora las contradicciones que hacen posibles regímenes de opresión, gobierna la Argentina. Pero las calles  toman esta realidad innegable,  la cual ninguna mano fascista puede tapar.

 

 
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Los acuerdos de FAdeA con Israel y Sudáfrica

Mauricio Macri en FAdeA

Por Flor Niti y Guillermo Martinez

La Fábrica de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) está realizando acuerdos internacionales a partir de la exigencia del actual gobierno de la alianza CAMBIEMOS de autofinanciamiento. Desde el inicio de la nueva gestión, se redujo en más de 400 personas el plantel de la empresa.

En el mes de junio FAdeA firmó un acuerdo con la empresa israelí Israel Aircraft Industries (IAI) por un monto próximo a los $100 millones. El contrato tiene una duración de 18 meses y estipula que FAdeA suministrará aeropartes, ingeniería y servicios. FAdeA al firmar el acuerdo no tiene en cuenta las denuncias internacionales y solicitudes de embargo militar a Israel. En Argentina, Benjamín Netanyahu se encuentra denunciado por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra el pueblo palestino. La contratación a la empresa argentina es por la adjudicación de un contrato de Elta Systems –subsidiaria de IAI- con la Marina de Guerra de Perú para la modernización de dos aviones Fokker 50 por un monto de U$S23,5 millones.

El contrato se firmo en el marco de una intensificación de los vínculos entre Argentina e Israel. En septiembre de 2017, Netanyahu realizó la primera visita de un Primer Ministro a Argentina y se firmaron 4 acuerdos, no informados por la cancillería argentina. Uno de estos acuerdos tiene la finalidad de incrementar el comercio entre ambos países.

En el mes de agosto, se realizó en Sudáfrica el encuentro de la organización BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) del cual participó Mauricio Macri. Los estrechos vínculos entre el país africano y Argentina permitieron que FAdeA firme un acuerdo con la empresa con sede en Johannesburgo, Paramount Group. El acuerdo establece que el avión PAMPA, producido en la planta industrial de FAdeA en Córdoba, será comercializado por esta empresa a nivel internacional.

Los acuerdos firmados por FAdeA tienen un punto en común, el vínculo con Mario Montoto –el actual presidente de la cámara de comercio argentina-israelí–. Montoto tiene una larga vinculación con la empresa sudafricana, en el año 2012 había firmado un acuerdo entre CODESUR –empresa de la cual es el propietario– y la empresa Paramount para la fabricación y comercialización en la región de vehículos blindados. En una entrevista publicada en 2012 por el portal Desarrollo y Defensa, Monto expresaba sobre la comercialización de drones israelíes y su vínculo con el sector aeronáutico “En cuestiones vinculadas a la aeronáutica, una de nuestras mayores expectativas como compañía está puesta en el trabajo que venimos desarrollando dentro del marco de un proceso de precalificación lanzado por FAdeA para desarrollar en base a la experiencia de nuestros técnicos, algunas de las partes del avión ‘Pampa II’.

 
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Santiago Maldonado, tu lucha es nuestra lucha

Foto: Alfonso Sierra

EDITORIAL

Hoy se cumple un año de la desaparición de Santiago Maldonado. El asesinato de Santiago inaugura un nuevo momento para los movimientos sociales y para las luchas contra el sistema. No ignorando todos los hechos criminales que ocurren todos los días por la mano del Estado, sin embargo comprendiendo el significado de una desaparición seguida de muerte en este territorio donde los/las 30 000 siguen vivos/as  en la memoria colectiva.

Estamos pasando por un período de fuerte militarización, represión y avance sobre los territorios por parte de grandes empresas combinado con la complicidad del Estado y de los medios de comunicación hegemónicos. A nivel global, las redes sociales y la dinámica de la industria de las noticias falsas sostienen narrativas insólitas y sin ninguna base factual creíble. La era de la posverdade es también un momento de retorno al negacionismo científico.

A pesar de las evidencias que dan cuenta que el cuerpo de Santiago fue plantado, las autoridades buscan esconder los hechos y proponen que “hay científicos y científicos”, es decir “me sirve o no me sirve”. Nada distinto se podría esperar de un gobierno cuyos representantes dicen en conferencia de prensa sobre las “Buenas Prácticas Agrícolas” que “los agrotóxicos no causan daño alguno a la salud humana” en su afán por seguir beneficiando a la industria del veneno y a los terratenientes –responsables directos por el desplazamiento de los pueblos originarios y de compesinos/as–.

El asesinato de Santiago por el Estado dejó el territorio denominado Argentina en alerta y, lamentablemente, la secuencia de acontecimientos es prueba de que hay un plan de persecución contra los pueblos originarios: el asesinato de Rafael Nahuel, las arbitrariedades en el caso de Facundo Jones Huala, la tortura sufrida por Ivana Huenelaf. Éstos no son hechos aislados, es en respuesta a la resistencia, es un plan para incriminar y luego justificar el genocidio contra los pueblos originarios –cuerpos resistentes al sistema, pero también sobrevivientes–.

Según la organización no gubernamental Global Witness, Latinoamérica es la región que más asesina personas socio-ambientalistas en el mundo. En el año 2017, fueron registradas más de 200 muertes. El contexto del genocidio en curso está relacionado a la explotación agrícola dominante y la reivindicación por el cuidado de la tierra.

Este año, Argentina recibirá la reunión del G20, uno de los ejes centrales en debate es la “seguridad alimentaria”. La agenda del G20 propone que, para resolver el problema del hambre en el mundo, es necesario aumentar la producción de alimentos en uno 70%. Plantea que las regiones donde la demanda es mayor, no disponen de “recursos naturales”: agua y tierra. Hoy, en el mundo, se produce alimentos suficientes para alimentar a 12 mil millones de personas. Los números evidencian que el problema no es la producción, sino la distribución y el destino de lo que se produce.

En un contexto de crisis civilizatoria, generada por este mismo modelo productivo dominante, la construcción de una salida es nítidamente un retorno a las prácticas de cuidado con la tierra y la biodiversidad. Los pueblos originarios y campesinos/as son los actores que pueden construir la mejor alternativa. Santiago fue asesinado por estar en esta trinchera. Desde Virginia Bolten preguntamos ¿qué mejor homenaje a nuestro compañero Santiago que seguir construyendo y apoyando esta lucha?

 

Fuentes:

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-precio/

https://t20argentina.org/es/la-seguridad-alimentaria-en-el-contexto-del-g20/

 

 

 
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El terrorismo de estado legalizado en democracia, el rol de las FF.AA y la repetición de la historia: Plan CONINTES

Flor Niti

El gobierno de la Alianza CAMBIEMOS modificó por decreto la reglamentación del gobierno kirchnerista sobre el rol de las FF.AA. Diversos sectores políticos partidarios y organizaciones de DD.HH. cuestionaron la nueva reglamentación,  solicitando que la misma sea debatida en el Congreso.

El decreto 683 que modifica el 727 del año 2006, establece que las FF.AA. podrán actuar en función de una nueva reinterpretación sobre cuáles son los posibles conflictos de seguridad e integridad nacional. La nueva normativa establece: “En el caso de las misiones establecidas en la Ley N° 24.059, el MINISTERIO DE DEFENSA considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las FUERZAS ARMADAS, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las FUERZAS DE SEGURIDAD.”

Sobre la reglamentación y la nueva reinterpretación, Oscar Raúl Aguad Beily, Ministro de Defensa en declaraciones a la prensa expresó, “El decreto que se conoció deroga dos o tres artículos de algo que reglamentó el ex presidente Néstor Kirchner, que limitaba el accionar de las FFAA porque solo podían reprimir un ataque externo, siempre que fuera de otro Estado. Como ha desaparecido esa posibilidad de que nos ataque otro país, hoy las Fuerzas Armadas no tenían sentido de ser. Entonces nosotros ampliamos (la facultad de intervenir) contra grupos terroristas y narcos.”

La oposición no está planteando una nueva ley que modifique la sancionada en abril de 1988 (Ley N°23.554) que dio lugar a la interpretaciones del kirchnerismo y el macrismo para su reglamentación. El artículo N°2, es plausible de interpretaciones según la ideología de la fuerza política que gobierne, el mismo expresa: “La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo. Y continua: “Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

El debate sobre cuál es el rol de las FF.AA. en la actualidad se basa en una ley de más de 30 años, en democracia y tras un importante debate del cual participaron organismos de DD.HH. pero en una época pronta al retorno de la democracia y con las FF.AA., que participaron de la dictadura cívico-militar-eclesiástica aún con un importante poder e influencia.

La ya probada Ley Antiterrorista durante el gobierno kirchnerista y la modificación del rol de las FF.AA. junto con la doctrina Chocobar durante el macrismo, brindan un manto de legalidad al accionar a las fuerzas represivas del estado contra los movimientos sociales. Con estas leyes se decide la represión de la protesta social frente a la posibilidad de soluciones políticas. El actual gobierno decreto la custodia de “Objetivos Estratégicos” que serán definidos por el poder ejecutivo, es decir en forma absolutamente arbitraria. Las bases legales en democracias para la persecución de los movimientos sociales y políticos no son nuevas en este territorio denominado Argentina.

El terrorismo de estado tuvo un basamento legal en democracia durante el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi y con un fallo de la Suprema Corte en el año 1962. El plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) ha sido un plan de eliminación de garantías Constitucionales, de confinamiento y tortura de personas, creado por Decreto Secreto 9880/58 y puesto en ejecución el 13 de marzo de 1960 durante el gobierno de Frondizi (1958-1962) mediante los decretos 2628/60 y 2639/60. A partir de estos decretos, el gobierno constitucional de Frondizi aplica la ley 13.234 “Ley de organización de La Nación en tiempos de guerra”.

El plan CONINTES consistía en la represión de la protesta social, el encarcelamiento de dirigentes sindicales y el enjuiciamiento de los mismos por tribunales militares sin garantías constitucionales.

 
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Buenas Prácticas Agrícolas, un peligro inminente

El costo humano de los agrotóxicos: Pablo Piovano

Por Vanessa Dourado

Argentina avanza en las discusiones sobe las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas”. El Grupo de Trabajo Interministerial sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones fitosanitarias está conformado por los Ministerios de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación y tiene por objetivo discutir el uso de agrotóxicos en el país, pero, sobre todo, validarlo.

Para el Grupo de Trabajo Interministerial que discute las formas de aplicación de las exigencias  fitosanitarias, estás deben ser armónicas en el sentido de expresar su máxima capacidad y tratar de disminuir los posibles riesgos a la salud y el ambiente.

El intento de cambiar el eje del debate llevado a cabo por varias organizaciones socio-ambientales, abogado/as, científicos/as y las personas directamente afectadas con el uso de los venenos es nítido. Es decir, el objeto de discusión sería el conjunto de prácticas inadecuadas respecto del uso  y no los agrotóxicos per se.

Así, el grupo de trabajo propone un paquete de medidas que van desde la negación de que los agroquímicos son nocivos a la salud humana y los ecosistemas,  como también prevé un conjunto de estrategias técnicas, comunicaciones y hasta científicas para fundamentar y validar el uso de los agrotóxicos.

La propuesta del grupo para la incorporación de buenas prácticas agrícolas  y la gestión fitosanitaria al programa curricular de las carreras agronómicas  demuestra la intencionalidad de invalidar las investigaciones que evidencian que el uso de agroquímicos es incompatible con la búsqueda de una agricultura que sea sostenible.

Están previstas campañas a nivel nacional para sensibilizar acerca del llamado mal uso de los agrotóxicos  y un osado proyecto para involucrar a las poblaciones en la difusión, consolidación y validación de lo que serían las Buenas Prácticas. También están previstas capacitaciones obligatorias y programas de financiamiento de inversión para la transición hacia las Buenas Prácticas.

En la Argentina, el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto a los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%. Sin embargo, los ministros sostienen que las medidas son esfuerzos del gobierno argentino en producir alimentos y en  alimentar el mundo.

El artículo 41 de la Constitución Nacional sostiene: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Según Damián Marino –investigador del CONICET y la UNLP–, en los últimos diez años se consumieron más de 1000 millones de litros sólo del agroquímico Glifosato en la Argentina. La cantidad de uso de agroquímicos es de 10 litros por habitante/año.

La problemática de los pueblos fumigados hoy en Argentina,14 millones de personas son expuestas a los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos­  y de los casos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y una  gama de enfermedades está denunciada en la ONU.

Una vasta literatura científica da cuenta, en todo el mundo, de las consecuencias del uso de agrotóxicos a salud humana, de los animales y en los ecosistemas. Incentivar, desde del Estado, el uso de agroquímicos en lugar de sostener campañas para prohibirlos –como hicieron las autoridades responsables en Europa y EE.UU.– es exponer toda la población a riesgos y daños irreparables, con respaldo institucional.

 
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Nahir Galarza, la condena a muerte carcelaria

IMAGEN: Guilherme Moreira Pires

Flor Niti

“La cuestión es que el delito no puede ser apartado de otros problemas sociales no criminalizados y la exclusión social de los culpables casi nunca brinda solución a los problemas”

RENÉ van SWAANINGEN

 

Nahir Galarza, una joven de 19 años fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo. Esta es la primera sentencia, con el actual código penal, a una mujer menor de 20 años. En caso que Galarza reúna todas las condiciones actuales para la libertad condicional, podría dejar de estar privada de su libertad en 37 años y 8 meses.

En el año 2004, a partir de las manifestaciones de Blumberg, se modificaron varias leyes, entre ellas se llevó la libertad condicional de 20 a 35 años. Este incremento igualmente depende del tipo de crimen. Nahir Galarza, en caso de confirmarse la sentencia, a sus casi 57 años podría recuperar la libertad, un genocida a los 30 años ya podría estar libre.

Natalia Melmann, fue raptada, violada y asesinada el 4 de febrero de 2001 en Miramar. Fueron condenados a cadena perpetua, en 2002, tres miembros de las fuerzas represivas del estado bonaerense: Oscar EcheniqueRicardo Anselmini y Ricardo Suárez. Hoy gozan de salidas transitorias. Nahir Galarza, deberá aguardar mucho más tiempo.

El padre de Pastorizzo expresó: “Nahir empieza a morir día a día en la cárcel”. El sistema penal se basa en la venganza, el castigo y el sentido común de una sociedad conmocionada a partir del tratamiento de los medios de comunicación. La sentencia al encierro, es una sentencia de muerte. El año de 2014, la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión Provincial por la Memoria registraron un total de 6843 hechos de tortura y malos tratos en los ámbitos federal y de la provincia de Buenos Aires. Y, el año 2016, se registraron 385 muertes violentas, con 156 decesos notificados en cárceles

Nahir Galarza, según su declaración, asesinó a Fernando Pastorizzo. Lo que no ha tenido en cuenta la cobertura mediática o la justicia penal es el arma utilizada. Nuevamente un arma del estado es la herramienta utilizada para asesinar. Aproximadamente un 20% de los femicidios en Argentina son con las armas de las fuerzas represivas y hay 300 asesinatos por gatillo fácil por año. No se discute la abolición de las fuerzas represivas asesinas así como tampoco se plantea la posibilidad de desarmar la policía, gendarmería o ejército. Hablar con una perspectiva distinta a estas posibilidades de desarme o eliminación de los aparatos represivos del estado puede potencialmente encubrir la discusión de fondo para la construcción del cambio cultural para una sociedad distinta.

Las instituciones policiales están para vigilar y controlar a la sociedad bajo el manto de una pseudoprotección en la cual las personas se sienten seguras, tranquilas y con su propiedad privada inmune. Un trueque de control y sumisión social para no estar excluidas de lo que las leyes consideran humanas.

En el mundo hay 11 millones de personas privadas de su libertad, un incremento del 30% en los últimos 30 años. La sociedad aún no se plantea el abolicionismo penal como solución.

 

 
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La criminalización migratoria de la alianza CAMBIEMOS

Foto: La Obrera Colectivo Fotográfico

Por Flor Niti

El 20 de junio, el canciller de Argentina presidió la conmemoración por el Día Mundial del Refugiado. Durante el evento realizó diversas declaraciones, “Hemos visto imágenes terribles en los últimos años, horrores de la exclusión y no podemos aceptar que estos sea posible”.

En el año 2016, el gobierno nacional de la alianza CAMBIEMOS junto con el gobierno porteño planificaron una cárcel para migrantes ubicada en el barrio de Pompeya. En función de la fuerte presión de organizaciones de DD.HH. y países de la región, no se instaló la misma.

No obstante, desde que asumió, el actual gobierno finalizó con los programas de normalización de documentación y desde la dirección de migraciones informan de la cantidad de controles para detención de personas en un nítido cambio de paradigma del organismo.

Dentro de las actividades realizadas por migraciones se destacan las relacionadas con la criminalización de la migración. En marzo, migraciones participó en un operativo contra el narcotráfico en Córdoba, donde detuvieron varias personas. En abril, se realizó una Jornada sobre narcocriminalidad en migraciones, el director de este organismo expresó “Este encuentro sirve para pensar esta problemática que tenemos en el país. Hace muchos años el narcotráfico era una hipótesis, nosotros estamos en una situación muy complicada, de permeabilidad respecto a esta actividad ilícita. Y desde la DNM nos ponemos a disposición de ustedes para prestar todos los servicios con los que contamos. Somos un organismo de control, queremos trabajar en todas las fronteras con seriedad y con esfuerzo diario”.

En los últimos meses, recrudeció la persecución a vendedores senegaleses. En junio, nuevamente se monto un operativo policial en el barrio de Once. Por orden judicial ese día también se realizaron allanamientos en viviendas de migrantes senegaleses.  Las fuerzas represivas del estado incautaron dinero, mercadería y detuvieron a 16 senegaleses. El juez que ordenó el allanamiento y operativo detalle que fue en cumplimiento del artículo 83 del código contravencional, “usar indebidamente el espacio público”.

El decreto 70/2017 firmado por Mauricio Macri, que tuvo un freno por encontrarse denunciado de no constitucional pero fue confirmado por la justicia, establece la aceleración de los procesos de expulsión de personas migrantes que tengan causas judiciales en curso. Entre varias causantes el decreto establece que “Que ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera”. El tiempo de presentación de defensa es de 3 días.

Un  ejemplo de los modos que tiene la justicia con personas migrantes es la actual situación del guineano Gassimou Barry, quien, luego de ser acusado con pruebas endebles por un juzgado mendocino, hace más de 11 meses se encuentra sin juicio y detenido. La causa contra Barry es por el asesinato de una mujer, Florencia Peralta. El principal sospechoso es Damián Ortega, ex pareja de Peralta, quien la hostigaba constantemente.

En los meses de enero y febrero de este año, el gobierno nacional firmó un protocolo de actuación para la expulsión de migrantes con varias provincias, entre ellas; Buenos Aires, Chaco, La Pampa, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero, así como también la Ciudad de Buenos Aires.  En el último año la cantidad de personas expulsadas del país asciende a más de un 3000%.

 
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Roja Tierra Nuestra: la lucha de los cuerpos afectados

Por Vanessa Dourado

El último 22 de junio,  se estrenó el micro documental Roja Tierra Nuestra. El trabajo dirigido por el documentalista Juan Alaimes y producción periodística de Sergio Alves acompaña el proceso de  expropiación de 166 hectáreas de tierra de las 600 donadas vía judicial –que en forma previa era explotada por la empresa chilena Alto Paraná (Arauco)– a la Asociación de Productores Independientes de Piray, departamento de Montecarlo, Misiones.

Aunque el documental tenga un fuerte elemento político-reivindicatorio y militante, las escenas remiten a un encuentro poético con el territorio. La tierra roja de Misiones, palco de varias historias de lucha y resistencia, también es un lugar de afecto. Un afecto por la tierra como extensión de los cuerpos y de las existencias de sus actores/personajes.

Las problemáticas de las consecuencias del uso de agrotóxicos, el modelo agroforestal concentrado y la apropiación de las tierras por parte de las grandes corporaciones –validadas y promovidas por los poderes políticos locales– son tratadas de forma sutil. Sin embargo, no pasan desapercibidas.

Los relatos dan cuenta de una comunidad orgullosa por el logro de su objetivo que en el inicio del documental se hace saber “los días no comienzan hoy”. El enfoque en los procesos individuales y colectivos demuestra que la lucha por el derecho a la tierra es también  una lucha por el derecho a la vida en todas sus extensiones. La autonomía y la resiliencia son puntos claves en el documental, llevando a muchos cuestionamientos acerca de las bases de sostenimiento de la vida.

En una de la ensenas,  una de las integrantes de la asamblea plantea, “tenemos que curar  la tierra”. Queda  nítido el cuidado, la mirada hacia la tierra sin una lógica productivista y si desde una perspectiva reproductiva de la vida. Lo que se evidencia en el conjunto de acciones que son llevadas a cabo, no sólo de subsistencia, sino también la relación entre el cuidado de la tierra con el cuidado de una/o y también con el cuidado  hacia la comunidad. Tal vez no sea menor que la mayoría de las actrices/personajes sean mujeres.

Roja Tierra Nuestra es un documental sensible y que lleva a muchas reflexiones respecto de las distintas formas de organización y resistencia. Es una celebración en medio de las peleas, no siempre exitosas, de los  movimientos en lucha. Pero es, sobre todo, una historia del cuerpo, territorio y afecto.

Enlace al documental: https://www.youtube.com/watch?v=i8rW2Kj9YGM

 
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El G20 y su agenda regresiva

Escultura: Lento hundimiento - Isaac Cordal, 2013

Por Vanessa Dourado

Los países miembros del G20 representan  85% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y son responsables por 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmosfera. Los EE.UU. es el país que más ha emitido dióxido de carbono (CO2) en la historia.

Las COPs –Conferencias de las Partes Sobre Cambio Climático–, desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, vienen trabajando la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Para evitar un cambio climático peligroso, el acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global por debajo de 2 ºC.

En la declaración de los líderes del G20 en Hamburgo, en julio de 2017, se  reiteró la importancia de cumplir  los compromisos con la Comisión de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), proveyendo medios de implementación para la adaptación y mitigación, y anunciando la creación del Plan de Acción de Clima y Energía para el Crecimiento. El año pasado, el cambio climático fue retirado de la lista de prioridades de la agenda del G20 por presión de los EE.UU. el cual salió del Acuerdo de Paris –señalado por los propios líderes de los estados miembros del G20 como irreversible–.

Trump, con su política “America first”, viene declarando una guerra contra los esfuerzos en combatir el cambio climático, revertiendo las políticas contra el calentamiento global llevadas a cabo por su antecesor Barack Obama. En 2017, el presidente norteamericano decretó el fin del Plan de Acción del Clima, reactivando la industria del carbón en los EE.UU.

Este año, el Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20, que se reunió el último 27 de abril en Argentina, no discutió los precios del carbono, los cuales son fundamentales para tener en cuenta el daño ambiental, social y económico provocados por las emisiones de gases contaminantes y cambiar los patrones de inversión, producción y consumo, posibilitando la apertura de diálogos sobre las estrategias de transición. Tampoco se habló de Justicia Climática, de responsabilidad por daños y prejuicios, y tampoco se señaló un sentimiento de urgencia.

La limitación de la reunión en tener el enfoque en aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático –desde que este no afecte la capacidad de producción de alimentos– y desarrollar modelos para generación de infraestructura resiliente es una regresión en la lucha en contra del cambio climático.

Es nítido que las discusiones en las reuniones del G20 están ajustadas para no afectar mucho a los más poderosos. No hablan de erradicar el uso de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles es la mayor responsable por la emisión de dióxido de carbono (CO2) en la atmosfera.

Mientras tanto, los países miembros del G20 siguen planteando el desarrollo basado en una economía de crecimiento infinito frente a recursos no renovables, no respetando los límites planetarios, llevando el planeta a catástrofes, las cuales ya estamos pasando: eventos extremos, sequías, huracanes, aumento del nivel del mar, desapareciendo de especies animales y vegetales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático combinado con una lógica colonialista de crecimiento económico.

No hay ningún compromiso ético por parte de los países miembros del G20, hablan de desarrollo equitativo y sostenible, sin embargo no mencionan a la Justicia Climática. No les importa el hambre, la pobreza y la destrucción que afecta directamente las poblaciones más vulneradas del mundo; las sequías y las inundaciones que  perjudican a los productores y productoras locales y a los pueblos originarios, quienes dependen de sus cosechas para subsistir, y que también implica un aumento en el precio de los alimentos; profundizando la desigualdad social, impidiendo el acceso a una alimentación adecuada, imposibilitando el alcance de la soberanía alimentaria y provocando un aumento del número de refugiados.

La política del G20 es la del engaño. Hablan de garantizar el futuro de las próximas generaciones, sin embargo no discuten la crisis civilizatoria la cual compromete la existencia de los/las que vendrán. No hay progreso, ni trabajo, tampoco desarrollo, en tierra arrasada.

 
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El racismo y sus reproducciones

Foto: Huerquen Comunicación en Colectivo

EDITORIAL

“Decir que las vidas negras importan, sin embargo, es proclamar que en efecto todas las vidas importan.”
Angela Davis

 

La lucha antirracista es clave para pensar un horizonte decolonial y consecuentemente romper con los lazos que hacen del territorio latinoamericano un lugar constantemente saqueado y explotado. La reproducción de una lógica que nunca ha terminado. El colonialismo sigue fuerte y sus imposiciones culturales, económicas y políticas se hacen ver sin mucho esfuerzo.

El primer artículo de la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965) define al racismo como: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública [1].

La existencia del racismo nos hace racistas. El racismo es un sistema de opresión, por lo tanto esta estructura hace con que las personas no-negras lo reproduzcan. El racismo tiene una historia, no es situacional. La población negra fue esclavizada por más de 300 años, le fue negado el derecho de existir como personas. Este conjunto de opresiones tienen consecuencias hasta los días de hoy. El poder institucional valida este sistema no permitiendo la inclusión de las personas negras en la sociedad. Sin embrago, también es necesario pensar en uno/a como reproductores/as de esta lógica racista para así poder combatirla.

La opresión militar y económica precede, posibilita y legitima el racismo. No se puede pensar que la violencia en contra de los cuerpos negros sea la misma que sufre los cuerpos no-negros. La naturalización del racismo a través del conjunto de formas de tratar estos cuerpos y estas existencias genera un punto ciego, es invisible a una persona no-negra. La estigmatización tiene una especificidad la cual es incomparable con otras formas de opresión. Por ello, la lucha que se pretende antirracista necesita comprender que hay distinción entre ser una persona pobre y ser una persona pobre y también negra, por ejemplo.

La destrucción de los valores culturales y de las modalidades de existencia de esta población es una constante y esto también se puede notar en el intento de justificar las sistemáticas violencias que sufren estos cuerpos que, en realidad, son golpeados, detenidos y asesinados por el simple hecho de existir.

Pensar el colonialismo y como éste se reproduce en el cotidiano también es muy importante para no seguir reproduciendo y justificando el racismo. La solidaridad colonizadora, esta que se auto proclama como sujeto de la lucha de las personas negras o que se coloca en un lugar de ofrecer ayuda o caridad también es una forma de dominación y de apropiación. A las personas negras las liberará su propia lucha, como sujetas y protagonistas. En este sentido, cabe a las personas no-negras y comprometidas con la pauta antirracista, combatir el racismo institucional, acompañar y apoyar a las luchas siempre que fueren interpeladas y, sobre todo, destruir las lógicas racistas entre las no-negras.

Construir una sociedad antirracista empieza por cuestionar los propios privilegios como personas no-negras, por dejar de usar vocabulario racista, dejar de decir que las personas negras no existen, comprender que nunca –siendo persona no-negra– existirá como una persona negra, por lo tanto, dejar de cuestionar cuando alguien –siendo negra– denuncia que sufrió un acto de racismo, dejar de decir que las personas negras también son racistas.

Abrazar a la lucha con empatía y responsabilidad, respetando las demandas y los dolores de quienes sufren las violencias físicas y simbólicas impuestas por el sistema es el camino para realmente afirmar: Somos antirracistas.

 

Fuentes:

FANON, Frantz. “Racismo y cultura” en: En defensa de la revolución africana.

RIBEIRO, Djamila. Homens brancos podem protagonizar a luta feminista e antirracista?

RIBEIRO, Djamila. Falar em racismo reverso é como acreditar em unicórnios.

Referencias:

[1]. https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

 
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Las fuerzas represivas de Salta y Tucuman son formadas por Israel

IMAGEN: Urtubey durante formación de la DEA

Flor Niti

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta informó días atrás que la Embajada de Israel envío “profesionales de seguridad” para realizar un entrenamiento intensivo para el Grupo Operaciones Policía Alto Riesgo (GOPAR).

Según informó Carlos Oliver, ministro de seguridad de la provincia salteña, el acuerdo de la formación se realizó en una visita que realizó el embajador israelí al sistema de monitoreo 911 de la provincia.

Es la segunda capacitación que realiza el grupo GOPAR con especialistas institucionales de otros países en el transcurso del 2018. En abril, el grupo concurrió a una formación de la Agencia para el control de drogas de EE.UU. (DEA). La participación en la formación fue en el marco de los intentos nacionales de generar una nueva fuerza represiva, el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico NOA (GOCNOA).

Según informó la Radio Judia de Latinoamérica (Radio Jai), en el mes de septiembre se realizará en la provincia de Tucuman una formación para las fuerzas represivas con profesionales israelíes. La ciudad de Tucuman será la sede nacional y asistirán miembros de fuerzas represivas de distintas provincias.

La formación de parte de Israel se viene incrementando desde los últimos años. En 2017, Maria Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires, informó sobre la formación del grupo Halcón en Israel. En declaraciones el 27 de septiembre durante un acto de su gobierno transmitido por el canal oficial de la provincia de buenos aires, expresó sobre el grupo halcón “hoy completamos todo el equipamiento que les hace falta para que sepan que ya no están más solos” y sobre las compras de armas y las capacitaciones dijo, “Mucho equipamiento viene de afuera, en esto días estos policías van a capacitarse a Israel”. Cristian Ritondo, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, explayándose sobre el material bélico adquirido dijo “está encarrilado el 100% de lo que pidieron”.

Sergio Perechodnik, actual Secretario General de la Provincia de Buenos Aires y ex asesor de Scioli, se explayó sobre la capacitación de las fuerzas represivas del estado, “Este viaje es muy simbólico porque es la primera vez, desde 1993, que van como grupo al exterior para formarse, lo que sin lugar a dudas reforzará su identidad como equipo”.

 
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Argentina: ¿sustantivo feminista?

IMAGEN: Alfonso Sierra

Por Andreia Albratroz

La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo es un logro del movimiento de mujeres y feminista argentino. En este sentido, es necesario reconocer la importancia de la lucha de las mujeres (todas ellas) argentinas en los últimos años. El avance de las discusiones feministas por afuera de los espacios políticos tradicionales, tal vez, viene permitiendo que temas difíciles sean debatidos por el conjunto de la sociedad. Y, de esta manera, también empujando  a que sean visibilizadas las problemáticas históricamente atravesadas por la religión, por el sistema heteropatriarcal  y por el colonialismo.

El cambio de paradigma hace reflexionar y llega de forma tan contundente y evidente que resulta imposible oponerse a él. Frente a la muerte no hay conciliación ni arreglo. No hay forma de responder  a menos que uno/a  se reconozca abiertamente fascista. Las sistemáticas violencias en contra los cuerpos y las existencias de las mujeres sólo necesitan ser visibilizadas y comprendidas para ser apoyadas. Y es esto lo viene haciendo el movimiento de mujeres y feminista  en la Argentina.

El contexto político-económico argentino contribuye a un aumento de la vulnerabilidad de los sectores que no son prioridad para el Estado. En este sentido, en el contexto de las políticas de austeridad llevadas a cabo por el gobierno de la alianza Cambiemos y todo el paquete de ajustes y retirada de derechos de las personas trabajadoras, es el movimiento organizado de mujeres y feminista que impone la agenda popular. Este movimiento viene masificándose desde 2016, frente la parálisis de los gremios y su fracaso en llamar por una huelga que pudiera responder a altura de los avances sobre los derechos de la clase trabajadora.

Ya con la masiva marcha de Ni Una Menos el año anterior, el movimiento de mujeres y feminista se impone y potencia sus acciones, ganando peso político y visibilidad. Esto se refleja más nítidamente el año de 2017, con el Paro Nacional de Mujeres en contra de los ajustes y los despidos.  Desde entonces, expandiendo su alcance a través de asambleas populares y horizontales y el llamado para diversas acciones de resistencia, el salto organizativo y la apertura de los reclamos pasan a estar presentes en la sociedad argentina más fuertemente.

Es en este momento de grande movilización que El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llega al Congreso de la Nación de la mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro Y Gratuito. Tras dos meses de intensos debates, los cuales el movimiento de mujeres y feminista se hicieron presentes en las calles, en los medios de comunicación, en las audiencias informativas, en las escuelas y universidades, en asambleas populares por todo el país, se vota la ley en Diputados.

La media sanción del aborto legal es un logro de esta ola imparable, imposible de ser acallada. Un logro colectivo en tiempos de retroceso y de criminalización de la protesta social. Un avance de conciencia en tiempos de una  manipulación mediática aún más reaccionaria. El movimiento de mujeres y feminista argentino es una inspiración y una devolución de la esperanza por tiempos mejores para toda nuestra golpeada Latinoamérica.

 

Fuentes:

PARTENIO, Florencia. Cambiemos en el poder: la experiencia de perder derechos. Un análisis feminista de las reformas del gobierno de Mauricio Macri.

 

 
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La criminalización de los movimientos en solidaridad con Palestina

Flor Niti y Guillermo Martinez

La desinformación es la estrategia utilizada por el ministerio de seguridad, conducido por Patricia Bullrich, para criminalizar los reclamos y la protesta social. Hay ejemplos nítidos en declaraciones de parte  de Bullrich de intentos para crear enemigos internos; sus afirmaciones sobre el asesinato de Rafael Nahuel, la lucha del pueblo mapuche y la desaparición de Santiago Maldonado. Esto sucede con la intención de crear un sentido común en la sociedad de que es necesario el militarismo aún más presente.

Las tergiversaciones de Bullrich y la repercusión en varios medios masivos de comunicación se hicieron evidentes luego de la resolución de la selección masculina de futbol Argentina de no participar en el encuentro deportivo Al Quds (Jerusalén).  Se acusó a una organización ligada a la agrupación política Kirchnerista La Cámpora como quien organizó las acciones políticas en solicitud a que no se dispute el partido. En comunicación con organizaciones en solidaridad con Palestina, desmintieron esta información e informaron que La Cámpora no es adherente del BDS.  La campaña de BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) para que no se dispute el partido, fue con los lineamientos de la sociedad civil palestina utilizando como referencia la lucha contra el crimen de segregación racial de apartheid en Sudáfrica.

La asociación que hicieron fue que Facundo Firmenich, hijo del líder de Montoneros, fue quien organizó la campaña, esto a pesar de no estar presente en las manifestaciones. Firmenich declaró en las redes soci

ales que denunciaría por difamación quienes informaron y confirmaron esto, declaró en las redes sociales, “el inicio de acciones legales contra los propaladores malintencionados de estas acusaciones que sin duda alguna me generan graves daños y perjuicios inmediatos y de mediano/largo plazo”

Infobae fue el medio que primeramente informó que según los servicios de inteligencia israelíes y argentinos, Firmenich estaba detrás de la organización de la campaña. Lo que no informó este medio, es que Mario Montoto –uno de los mayores vendedores de armas israelíes en Argentina–  es el padrino de una hermana de Facundo Firmenich.

La criminalización del BDS

El ministerio de seguridad conducido por Bullrich, informó los nombres y apellidos de 3 personas de procedencia Argentina que participaron en una actividad que se desarrolló durante un entrenamiento de la selección masculina de futbol en Barcelona. Informaron que no habrá denuncias pero si se aplicará una restricción en caso que quieran asistir a los partidos de la selección masculina en el mundial de Rusia. En redes sociales se insultó y hostigó quienes fueron mencionadas en los medios de comunicación.

El intento de criminalizar el BDS no es nuevo en Argentina. El 15 de marzo de 2018, el colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires firmó un convenio con el Colegio de Abogados de Israel región Al-Quds (Jerusalén) de colaboración recíproca. El acuerdo fue firmado por el presidente del colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo y León Amiras en representación del colegio de abogados de Israel.

A principios de enero de 2018, el colegio de abogados de Israel organizó un encuentro de expertos legales para discutir estrategias que contrarresten la campaña “Boicot, Desinversión, Sanciones”.

Las declaraciones de este seminario expresa la idea constitutiva del mismo. El motivo por el cual se convoca a participantes no deja lugar a dudas, “aprenderán sobre los métodos efectivos utilizados para aprobar legislación en 24 estados de EE. UU., Francia, Alemania y otros lugares” así como también “obtendrán herramientas y mejores prácticas, al tiempo que agilizarán sus tácticas contra los esfuerzos por excluir al estado judío”. La declaración final detalla sobre la idea de la organización, “es un paso más en el cumplimiento de nuestra política de pasar a la ofensiva contra aquellos que buscan destruir a Israel”.

 
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¡Yallah! ¡Yallah!: la pasión por el fútbol nos une los caminos

Por Vanessa Dourado

El último 31 de Mayo, se entrenó en el Gamount la película ¡Yallah! ¡Yallah!. La primera coproducción entre Argentina y Palestina dirigida por Fernando Romanazzo y Cristian Pirovano lleva el público a compartir la vida cotidiana de siete personas las cuales viven el fútbol como parte importante de sus vidas.

Ya en la primera escena, el impacto provocado por un partido siendo jugado en un campo de fútbol sintético  teniendo de fondo el Muro de Apartheid israelí es una dicotomía entre libertad cultural y hostigamiento. Sin embrago, la película sigue mostrando de a poco  la vida cotidiana de sus protagonistas sin apelar a la conflictividad extrema, sutilmente desvelando las dificultades enfrentadas por cada unx.

Los detalles culturales son trabajados con dedicación, una mujer palestina, madre de uno de los jugadores, prepara tomates fritos mientras le da recomendaciones sobre sus estudios y horario de retorno a la casa. Otras escenas muestran calles llenas de carteles y ventanas que exponen los rostros de los mártires palestinos. Un dibujo de un paisaje de autos, motos, comercios y transeúntes mezclados a la aparente tranquilidad de una ciudad “normal”, aunque luego contrasta con la cautela con la cual las personas se manejan al aproximarse a los puestos de control donde son obligadas a mostrar identificación (checkpoints) a los soldados israelíes. La incertidumbre sobre lo que puede suceder en estas escenas es el sentimiento que se puede sentir desde la silla del cine.

La forma de celebrar los partidos, con canciones de resistencia  y los rituales religiosos da cuenta del fútbol también como herramienta de autodeterminación, hecho que se nota también por el árbol de olivo que es el símbolo de la asociación de fútbol palestina. La imposibilidad de entrenar de forma adecuada por falta de recursos e infraestructura y las sistemáticas prohibiciones, exigencias y violencias impuestas, atraviesan la vida de los protagonistas y es el hilo conductor que lleva a una visibilidad de la realidad colonial a la cual es sometida la comunidad deportiva palestina.

¡Yallah! ¡Yallah! es una película de deja muchas preguntas por responder. Sin duda no es obvia y no cierra en la última escena.  Tal vez una provocación deliberada de sus idealizadores que, por una tremenda coincidencia,  les tocó el momento de gran polémica frente a la cancelación del partido entre Argentina e Israel en Al Quds (Jerusalén). Sin dudas, no habría mejor contexto para seguir preguntando qué pasa en Palestina y qué está en juego en estos tiempos de demostración apasionada por el fútbol y el intento de esconder la realidad en territorio palestino.

 

Local y funciones:
Cine Cosmos UBA (Av Corrientes 2046 – CABA)
Sábado 9, Domingo 10 y miércoles 13 a las 18hs y a las 19:30hs, entrada general $40

Online por las próximas 5 semanas:
cine.ar/estrenos

 
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ArgentinaNoVayas, Repercusiones de la decisión del seleccionado masculino de futbol

IMAGEN: Campaña de BDS

El día de ayer,  el presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó la cancelación del partido que la selección masculina de futbol iba a disputar en Al Quds (Jerusalén) el 9 de junio. Aquí el detalle de cómo se realizó la campaña de Boicot Deportivo, los pormenores del acuerdo y las consecuencias de esta decisión histórica.

Guillermo Martinez

El acuerdo firmado para la realización del encuentro

Los partidos amistosos no se encuentran dentro del alcance del reglamento de la FIFA. Es un acuerdo entre dos asociaciones, la argentina, la israelí y en este caso, la empresa organizadora. Por esto, la AFA pudo declinar la realización de este evento sin consecuencias en la FIFA.

El acuerdo de la AFA firmado con la empresa israelí Comtec Group, fundada en 1982 por Danny Benaim, ascendía a un monto total de U$S11,5 millones. La erogación incluye U$S2 millones por la presentación del seleccionado masculino garantizando 60 minutos en juego de los futbolistas Messi, Agüero y Di Maria. También incluía más de 80 habitaciones en hoteles y un representante de la institución católica para oficiar una misa.

Si bien ya se han disputado 5 partidos entre ambos seleccionados, esta iba a ser la primera vez que se disputaría un partido entre ambas selecciones en Al Quds. Esta actividad deportiva se iba a desarrollar en el marco de la intensificación de los vínculos políticos entre ambos países, en el mes de marzo inclusive la Cancillería Argentina dejó entrever que Mauricio Macri podía llegar a asistir al mismo.

En el año 2017, Benjamín Netanyahu, quien se encuentra denunciado por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en Argentina, realizó la primera visita de un Primer Ministro Israelí al país. En este encuentro se firmaron 4 acuerdos que no fueron anunciados por Mauricio Macri, entre ellos se encuentra la intensificación de intercambio comercial sin especificar en qué productos. La alianza CAMBIEMOS en su gestión nacional, tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incrementó las compras de armas, dispositivos de control y vigilancia.

La campaña de BDS

La exitosa campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) coordinada a nivel internacional comenzó el día 4 de abril con la carta pública de organismos de DD.HH. solicitando ArgentinaNoVayas.

El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino envió cartas a la AFA (Asociación de Futbol Argentino) y a FAA (Futbolistas Argentinos Agremiados) instándoles a que el evento deportivo no se realice. Las mismas fundamentaban sus razones en las diversas resoluciones de la ONU incumplidas por Israel, el genocidio contra el pueblo palestino y apelaban a la solidaridad con los colegas futbolista asesinados o heridos por el ejército israelí.

El 12 de abril el ex director técnico de la selección masculina de futbol palestina en una carta pública se dirigió a sus colegas argentinos apelando a la solidaridad para que no se dispute el partido. En la misma expresaba, “Mientras fui entrenador de la selección de Palestina, fuimos objeto de vejaciones de todo tipo, se nos impedía salir a cumplir nuestros compromisos deportivos, se nos detenía en la frontera sin alimentos ni agua, detenidos en lugares incluso sin tener donde sentarnos y a veces esto duraba varios días  y se nos dejaba salir un día antes del partido” y prosigue, “Israel asesinó a 5 jugadores palestinos que participaban de un encuentro deportivo oficial en el campo de Jabalia, situación que significó la queja oficial contra ese estado por parte de la confederaciones árabes, africanas y asiáticas que solicitaron la expulsión de ese estado de la FIFA y que su expulsión fue evitada por el apoyo norteamericano a Israel”.

El 3 de junio, “los niños forzadamente desplazados de Al Malha” le escribieron una carta a su ídolo Leonel Messi donde se expresaban sobre el lugar donde se iba a desarrollar el encuentro: “No sabemos si escuchaste hablar de ella, pero estamos seguros que escucharás, porque según se nos ha dicho, vienes a jugar con tus amigos a Al Malha, en un estadio construido sobre nuestra aldea destruida”. Y continúan, “Pero nuestra felicidad se convirtió en lágrimas y se rompieron nuestros corazones. ¿Es acaso lógico que Messi, el héroe, vaya a jugar en un estadio construido sobre las tumbas de nuestros ancestros?”

En la semana previa al partido, durante la preparación en Barcelona del seleccionado masculino, el movimiento de BDS organizó una actividad afuera del predio donde entrena el equipo de Sampaoli, solicitando a los jugadores que no se presenten al partido.

El contexto palestino

El pedido de que la selección masculina de futbol no dispute un evento deportivo con su par israelí se realizó a pocos días de iniciada una serie de manifestaciones del pueblo palestino.

Durante la Gran Marcha del Retorno, una manifestación pacífica realizada en Gaza solicitando el fin de la ocupación y el retorno de los refugiados, donde participaron miles de palestinos, el ejército israelí apostó francotiradores que abrieron fuego frente a una multitud que escapaba de las balas. Hay diversas imágenes y videos que atestiguan el asesinato por la espalda de varias personas palestinas. Durante esta manifestación no violenta iniciada el 30 de marzo, hubo 120 personas asesinadas y más de 13.000 personas heridas.

El 14 de mayo, EE.UU. inauguró su embajada en Al Quds efectivizando la decisión de Donald Trump en 2017. El traslado se realizó contrariando las resoluciones de ONU y con el apoyo mundial de menos de 10 países.

Los últimos intentos de Benjamín Netanyahu para que no se cancele el partido

En las horas previas a la confirmación de la cancelación del evento por parte de los medios de comunicación, Netanyahu, quien se encontraba en París, se comunicó dos veces con Mauricio Macri. El primer ministro israelí inclusive propuso modificar el lugar en que se disputaría el encuentro. Pero los jugadores y el cuerpo técnico ya tenían la decisión tomada. La respuesta frente a esto fue que era competencia de la AFA la determinación de la realización del partido.

Israel está sopesando realizar una demanda por U$S1000 millones al Estado Argentino, AFA y la empresa torneos, consideran que el monto es acorde al daño a la imagen que le genera a Israel la cancelación del partido por parte del equipo conducido por Jorge Sampaoli.

“Espero que se entienda esta decisión que tomé como un aporte a la paz mundial”

Con estas declaraciones en una corta conferencia de prensa, Tapia informaba sobre la anulación del mismo. Los medios israelíes informaron que el partido se suspendía ya que el seleccionado esgrimía cuestiones de seguridad. Las declaraciones del Presidente de AFA dan por tierra estas afirmaciones.

El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino convocó a una conferencia de prensa el día de hoy, a las 17hs. donde brindará detalles sobre la cancelación del partido y expresará su gratitud al seleccionado masculino y el cuerpo técnico.

 
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La revolución feminista será interseccional, o no será

IMAGEN: Razan al-Najjar, Jewish Voice For Peace

EDITORIAL

El 04 de junio, en la Argentina, se realizó una nueva marcha NiUnaMenos. El movimiento de mujeres que viene tomando fuerza en los últimos tres años es la más potente expresión de los reclamos feministas del siglo XXI en Latinoamérica, no sólo por la masividad de las marchas sino también, y especialmente,  por su inserción en los sectores populares.  Hay una comprensión –fruto de debates colectivos y asamblearios– de que existen distintas formas de opresión, dominación y discriminación; que el internacionalismo y el debate decolonial tienen que estar presentes. La construcción de las herramientas feministas que tienen intención de romper con el patriarcado en todas sus bases estructurales, baja a la realidad concreta traducida en el deseo de vivir en un mundo que sea de y para todxs.

El último 2 de junio, una mujer palestina fue asesinada por el Ejército israelí en el marco de la Gran Marcha del Retorno. Razan Al-Najjar, 21 años, era enfermera y estaba en el ejercicio de su función en Gaza –ayudando a las personas heridas–. El asesinato de Al-Najjar fue motivo de rechazo por parte de la comunidad internacional y de los organismos de DD.HH., la foto de Al-Najjar ha recorrido el mundo, potenciando la denuncia de la ocupación israelí y evidenciando que lo que pasa en Palestina no es un conflicto y sí un genocidio. Desde el encarcelamiento de Ahed Tamimi -una joven palestina de 17 años quien se enfrentó contra el Ejército israelí-, muchas mujeres en todo el mundo, llevan pancartas con su rostro con la frase “Luche como Ahed Tamimi” y también contribuye para que muchxs compañerxs puedan conocer la lucha aguerrida de las mujeres palestinas por la tierra y la autodeterminación de su pueblo que no se separa de la lucha contra el patriarcado y el colonialismo.

El asesinato de la consejala brasilera, negra y lesbiana, Marielle Franco, en Rio de Janeiro, también tuvo un grande impacto a nivel mundial, y hoy es una herramienta de lucha, sobretodo de las mujeres negras. Denuncian el racismo estructural y la banalización de la violencia sufrida por los cuerpos entendidos como asesinables por el Estado y también por el conjunto de la sociedad. Estos hechos sistemáticamente invisibilizan la existencia de estos cuerpos, contribuyendo a su marginalización y la reproducción de la discriminación racial propia del persistente colonialismo que nunca ha terminado. “Marielle Vive” es la consigna llevada por millares de compañerxs en todo el mundo con la promesa de seguir la lucha antirracista.

Abrazar las luchas de las compañeras que aún siguen en la pelea  por su existencia como personas es clave para hacer del movimiento feminista una salida superadora a las demás alternativas las cuales insisten en no llevar la cuestión de género como transversal para la construcción de un mundo sin opresiones. En este sentido, un cambio de paradigma es la salida para que no haya una reproducción de opresiones –incluso dentro del propio movimiento.

Hoy, es para celebrar que se avancen los debates y que se escuchen atentamente todas las voces, apostando al dialogo y la construcción conjunta donde todas las problemáticas puedan ser contempladas, respetadas por las demás. Pero que, y sobre todo, puedan tejer una bandera única de lucha, donde ninguna realidad sea olvidada y donde se comprenda la complejidad de la tarea puesta al movimiento feminista. Frente a esto, nosotras en Virginia Bolten nos preguntamos ¿es posible que la revolución feminista no sea interseccional?

 
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Las FF.AA. realizarán tareas de seguridad interior

IMAGEN: Macri y Bullrich en Salta con fuerza paramilitar gendarme

Por Flor Niti y Guillermo Martinez

El gobierno nacional, mediante un decreto, reinterpretará la ley de defensa nacional –Ley N° 23.554 del año 1988 que fue reglamentada en 2006–. Mediante el decreto 276, se estableció cuales son las responsabilidades de las fuerzas armadas diferenciando la Seguridad Interior de la Defensa Nacional. El decreto también establece proyectar un Sistema de Defensa Regional y que la actuación será sólo en situaciones de agresiones externas perpetradas por fuerzas armadas de otro estado, según la Resolución 3314 de la ONU.

El decreto de reglamentación del 2006 y la ley 23.554, posterior a la dictadura cívico-militar-eclesiástica, tuvieron un intenso debate en la sociedad y con la participación de organismos de DD.HH.

El gobierno de la Alianza Cambiemos modificará el decreto de reglamentación de la ley de defensa posterior a la derogación del decreto de reglamentación. En el proyecto estudiado por el gobierno nacional, se contempla que las fuerzas armadas participan en la Seguridad Interior, haciendo una reinterpretación de la ley de defensa. La forma de hacerlo sería que las FF.AA. realicen tareas de seguridad o que se incorporen a la fuerza paramilitar gendarme. En cualquiera de las dos formas se utiliza como excusa el narcotráfico, terrorismo y el delito de trata de personas.

IMAGEN: Virginia Bolten

El monto destinado a las FF.AA. en el año 2016 es el mayor desde el año 2003 y se incrementó en el 2017. Durante el año 2018, asimismo se han realizado importantes compras de material bélico, por lo que es de esperar que el incremento de este año sea aún mayor.  A finales de mayo, en el marco del 208° Aniversario del Ejército Argentino, Mauricio Macri expresó: “necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en colaboración con otras aéreas del estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales”. De esta forma, hacía explícito las intenciones de que las FF.AA. participen en la seguridad interior.

En declaraciones el día hoy a Radio Mitre, Bullrich expresó: “Hace 35 que terminó la dictadura. Estamos en condiciones de darles la oportunidad” y continuó en defensa del nuevo rol de las FF.AA.: “Hay que darles la oportunidad a los militares de que se inserten en la democracia argentina¨.

La utilización del terrorismo y el narcotráfico vienen siendo utilizados por el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires para lograr una mayor injerencia de organizaciones de inteligencia de otros países en la Argentina. La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich mantuvo reuniones en Israel y EE.UU. al igual que el Ministro de Defensa, Aguad. Entre las actividades se volvieron a realizar ejercicios militares con EE.UU., se adquirieron armas a Israel y capacitación para las fuerzas represivas del estado. A principios del mes de mayo, Argentina asumió la Presidencia del Comité Interamericano contra el terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El 1 de junio, finalizó el curso “Política y Práctica en Ciberseguridad” realizado en el ministerio de defensa y organizado por la embajada de EE.UU. en el marco del programa IMET (International Military Education and Training). Las clases las realizó un coronel de la fuerza aérea de EE.UU. y con la participación del capitán Mathew Grill.

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, las fuerzas represivas del estado están realizando capacitaciones en Israel. Durante el mes de mayo, Cristian Ritondo –Ministro de Seguridad– visitó la Oficina de Inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York, tiene planificado también realizar un nuevo para a EE.UU pero para visitar la oficina de la DEA.

 
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Brasil reacciona contra las desmedidas de Temer

Foto: EBC

Por Vanessa Dourado

Con un gobierno ilegitimo, corrupto e impopular, Brasil sufre las consecuencias de años de conciliación combinadas con un avance reaccionario no tomado en serio por el conjunto de la izquierda la cual no sólo no supo cumplir con su rol de izquierda, sino también se alejó de tal manera de las bases que ni siquiera encuentra formas de apoyarlas en momentos de insurgencia espontánea.

La huelga de los camioneros en Brasil –que ya es hoy una de las más importantes de la Historia del país– abre una oportunidad para un análisis del nivel del impacto político, económico y cultural del golpe institucional sobre el tejido social por un lado; y por otro, también permite una caracterización de las izquierdas.

Con un inicio difuso, la huelga de los camioneros fue, en un primer momento, caracterizada como Lock Out patronal –y hay sectores que siguen creyendo en esta caracterización, sea por incapacidad de lectura o por oportunismo político en contexto electoral–. Hay un sector que sólo apoya a lo que pueda dirigir, ninguna novedad en la clásica disputa burocrática. Las centrales sindicales, frente a la movilización de los trabajadores, en lugar de llamar un paro general, prefirieron colocarse a disposición para mediar las negociaciones con el gobierno.

Sin embargo, también hay un sector que está con miedo de salir a protestar por un motivo legítimo y después ser instrumentalizado por un movimiento pro dictadura. Se notan reivindicaciones, aparentemente espontaneas, que solicitan una intervención militar. El apoyo a la intervención militar por muchxs de lxs que están en las calles tiene muchos matices, no es un consenso y tampoco es mayoría, pero asusta. La crisis de representatividad y el discurso anticorrupción instalado por los medios de comunicación hegemónicos que, en gran medida, llevaron la población a apoyar el impeachment de la presidenta electa Dilma Rousseff, el año de 2016 y también al encarcelamiento del expresidente Lula, son los elementos centrales del pedido por la intervención.

El desconocimiento de gran parte de la población sobre lo que fue el período de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, en Brasil y en la región, es una realidad la cual parece ser una sorpresa para muchxs. La idea de que la intervención rescate la moral de la política y la figura del político convencional visto como agente de la corrupción, es un hecho y, en este caso, no hay diferencia entre derecha o izquierda en el ideario popular. Esto también ayuda a comprender porque Jair Bolsonaro –el Trump brasilero– es el segundo favorito en las encuestas presidenciales, con un 19% de intenciones de voto, según la última investigación del  Ibope (Instituto de Brasilero de Opinión Pública y Estadística).

En este contexto de presión del mercado financiero a Temer, de convulsión social y de equívocos de las izquierdas, surge la oportunidad de encontrar puntos de acuerdo entre las fuerzas progresistas y también de reconocer las grietas históricas que necesitan ser cerradas. La radicalización de la democracia no se dará en una sociedad que ve en la autoridad y en la violencia institucional la salida para su crisis.

La incertidumbre sobre lo que viene por adelante después de Temer haber decretado el GLO (Garantía de la Ley y del Orden) –es importante destacar que el decreto no suspende garantías constitucionales– para permitir la actuación de las fuerzas armadas en todo el territorio con el objetivo de desobstruir las vías e intimidar al movimiento de los trabajadores, generó un sentido de urgencia, pero parece que aún no fue suficiente. Mientras las centrales emitieron una nota de repudio a la respuesta de Temer, la población y los frentes populares Pueblo Sin Miedo y Frente Brasil Popular están en la calle, apoyando la lucha de los camioneros.

El próximo 30 de mayo, los trabajadores petroleros convocan un paro por 72 horas contra la alza en el precio de los combustibles, contra la privatización de Petrobras y por la renuncia de su presidente Pedro Parente.

 

 
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La criminalización de la pobreza y la doctrina chocobar

FOTO: La Garganta Poderosa, represión en villa 21

EDITORIAL

El salario real en Argentina viene disminuyendo un 5% en promedio en los años 2016 y 2017. Asimismo los incrementos de los servicios públicos durante el gobierno de la Alianza CAMBIEMOS rondan el 1000%. En los últimos presupuestos se triplicó el monto destinado al pago de la deuda contraída los últimos años.

Frente a esta situación de empobrecimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad, la única forma de sostenimiento de estas políticas económicas es mediante la represión de la protesta social y el silenciamiento de quienes, aún en forma previa a este gobierno, nunca tuvieron una voz escuchada masivamente. Durante el gobierno de Mauricio Macri, diversas estimaciones dan como resultado que hay 1,5 millones de personas más en la pobreza y 600 mil personas indigentes.

En diversas notas publicadas en Virginia Bolten, se detalla la información de los incrementos en compras de armas por parte de este gobierno. En el último año fiscal se incrementó un 300% la importación de armas de guerra. Este dato cuando se compara con el ajuste en áreas como salud, educación y política social no deja dudas sobre las prioridades de este gobierno.

Las excusas para aumentar el presupuesto en adquisiciones de máquinas de matar son: el terrorismo, el narcotráfico y la reunión del G20 que se realizará en noviembre. Argentina aprobó, años atrás, una ley antiterrorista denunciada por organismos de DD.HH. ya que la misma puede ser utilizada para la persecución política de los movimientos sociales. Esta ley fue aprobada por las presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que supuestamente lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El actual gobierno tiene varias personas implicadas en investigaciones internacionales de lavado de dinero, una vez más, la justicia y las leyes sólo sirven para determinar a quienes se incriminan.

¿A quienes está armando el gobierno?

En Argentina, las fuerzas represivas del estado asesinan cada 25hs. a una persona por gatillo fácil. La violencia policial siempre recae sobre lxs jóvenes pobres de las villas. Con la nueva Doctrina Chocobar, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales están institucionalizando la masacre contra quienes consideran indeseables, lxs pobres, migrantes y minorías. La pobreza se convierte en un problema a ser combatido a través de la violencia contra los cuerpos. Utilizar determinada ropa, hablar de una determinada forma o vivir en un determinado territorio parece ser suficiente para saber sobre la identidad de la persona, que de esta forma se  torna menos que las demás por no estar acorde con los patrones de la sociedad.

Cada 24hs. se comete un femicidio en Argentina. El 22% de estos asesinatos a mujeres es cometido con armas oficiales del estado. La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) –en su informe sobre violencia institucional del periodo 2015 a septiembre de 2016–, detalla que el 76% de la violencia institucional denunciada fue ejercida por la policía.

Frente la profundización de la represión y de la doctrina del choque la cual viene pasando –no sólo Argentina, sino que toda Latinoamérica–, la mayoría de las izquierdas cierran los ojos a las sistemáticas políticas de guerra del estado contra la existencia de las mayorías empobrecidas y asesinadas por su condición de clase. Mientras tanto, más personas ingresan en esta condición a través del modelo neoliberal que es una verdadera máquina de fabricar pobres.

La no respuesta del conjunto de la sociedad a la militarización en las villas es una señal de que la idea impuesta por los medios de comunicación hegemónicos, de que ser pobre significa ser violento, está ganando esta batalla político-cultural.  O sea, ser pobre significaría ser enemigo de la sociedad. Nos preguntamos desde Virginia Bolten ¿qué hacemos para acabar con esta trágica farsa?

 
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El cambio climático y el poder de las corporaciones

FOTO: Getty Image

EDITORIAL

“El cambio climático es la contranarrativa más poderosa que tenemos frente al capitalismo.”

Naomi Klein

 

Vivimos en la era del Antropoceno –la etapa en que las actividades humanas tienen un impacto significativo y acelerado en el clima de la Tierra y en sus ecosistemas–. Reconocer y discutir sobre la era del Antropoceno no es sólo una cuestión de semántica, es una cuestión política y legal. Y, pese a las evidencias científicas sobre las causas del cambio climático, el negacionismo aún está muy presente y es una estrategia utilizada para deslegitimar las investigaciones.

Frente a esto,  es necesario demarcar que estos cambios están ocurriendo para que se puedan lograr acuerdos legales con base en esta perspectiva, sobre todo de responsabilidad respecto de las consecuencias del aumento de la temperatura global fruto de la alta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

La emisión del dióxido de carbono (CO2) es la mayor responsable del calentamiento global. La principal actividad humana que causa este fenómeno es la quema de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. Las principales empresas relacionadas con estas actividades son gigantes como Shell, Exxon,Chevron, BP y muchas otras que están en el listado de las mayores corporaciones del mundo.

El poder económico y político de estas corporaciones es factor de influencia en la toma de decisiones en las instancias dónde se plantea el control de las emisiones de CO2 con el objetivo de frenar el calentamiento global.

Las COPs –Conferencias de las Partes Sobre Cambio Climático–, desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, vienen trabajando  la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, estos acuerdos son ajustados para no afectar mucho a los más poderosos; no hablan de erradicar el uso de combustibles fósiles, de responsabilidad por daños y prejuicios y tampoco hay un sentimiento de urgencia.

Pensar un cambio en la matriz productiva es fundamental para lograr frenar el calentamiento global y garantizar la manutención de la vida. En este sentido, no se puede dejar de cuestionar al sistema capitalista de producción y a la lógica hegemónica de desarrollo. La economía basada en un crecimiento infinito frente a recursos no renovables, no respetando los límites planetarios, sólo puede llevar el planeta a catástrofes, las cuales ya estamos pasando. Los eventos extremos, sequías, huracanes, aumento del nivel del mar, desapareciendo de especies animales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático, son una realidad concreta, visible e innegable.

Más allá de esto, es menester pensar en términos de justicia climática, porque la problemática del cambio climático no es un tema objetivamente ambiental o físico de la naturaleza, disociado del ser humano, es un problema ético y político. El hambre, la pobreza y la destrucción afectan directamente las poblaciones más vulneradas del mundo. Las sequías y las inundaciones perjudican a los productores y productoras locales que dependen de sus cosechas para subsistir y también implica un aumento en el precio de los alimentos, profundizando la desigualdad social, impidiendo el acceso a una alimentación adecuada, imposibilitando el alcance de la soberanía alimentaria y provocando un aumento del número de refugiados.

En este sentido, los tratados de libre comercio y el modelo neoliberal que permiten a las corporaciones influenciar en las políticas de los Estados y, consecuentemente, destruir nuestra base de construcción democrática, deben ser considerados enemigos de los pueblos. Las privatizaciones del sector público, la desregulación del sector privado y la reducción de la presión fiscal a las empresas son parte de un mismo sistema que tiene por objetivo mantener privilegios a cualquier costo, priorizando lo privado en detrimento del bien común. Desde Virginia Bolten nos preguntamos, ¿Hasta cuando sostendremos el poder de las corporaciones?

 
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A 70 años de la Nakba

Imagen; AFP

Opinión

Guillermo Martinez

Hace unos días alguien me envió el artículo de Electronic Intifada “Stories of the catastrophe exile” con la leyenda, “porque no quiero sufrir sola” y me pregunto, ¿no es acaso el ejercicio de la memoria exactamente eso? ¿No sufrir solo e interpelarnos? Compartir, ¿que sea escuchado nuestro dolor? Leí la nota con profundo interés, deseando experimentar, palpar, inclusive saborear esa última baya que se ha vuelto el objeto del deseo, de la reivindicación de Fatima, una víctima de la Nakba y de todo un pueblo clamando por una justicia que no llega.

¿Cómo Informar y escribir sobre la masacre diaria contra el pueblo palestino, sin afectación?

Me resulta profundamente dificultoso, cómo informar objetivamente sobre los últimos sucesos, más de 100 palestinas y palestinos fueron masacradxs en una manifestación. Imaginemos que en cualquier país occidental, aún con estas democracias suceda lo mismo. Los periódicos masivos harían titulares informando los hechos, dependiendo quien gobierne, lo matizaría, pero no harían un intento por justificar la matanza de personas.

Hace varios años ya, a partir de escribir para algunos medios de comunicación intenté ingresar a Gaza. Lo hice sin conocimiento respecto a las restricciones que imponen los ocupantes para poder entrar a esa inmensa cárcel a cielo abierto que es Gaza. Al llegar a la ruta de acceso, dos jóvenes israelíes de no más de 20 años con armas de guerra sobre sus hombros impidieron que continúe. Esas jóvenes israelíes, son parte del ejército que asesina con el manto protector del estado.

¿Cuáles son las consecuencias del colonialismo y la ocupación?

Los crímenes de segregación racial, crímenes de Apartheid, se encuentran dentro de la legislación internacional como tales desde el año 2002. No obstante, el pueblo palestino sigue sufriendo y resistiendo la ocupación. Mientras francotiradores y drones del ejército israelí asesinaban a personas palestinas por la espalda, se celebraba en Al Quds (Jerusalén) el traslado de la embajada de EE.UU. Esta modificación del estatuto de Al Quds es contraria a las resoluciones de la ONU.

Las niñas y niños son quienes más sufren de un sistema económico y político con privilegios para unos pocos. Los potreros de donde provienen mayoritariamente los jugadores de la selección masculina de futbol de Argentina son una esperanza de llegar a convertirse en futbolistas profesionales. Este seleccionado disputará un partido en territorios ocupados. Las niñas y niños palestinos sufren las consecuencias también de este sistema sumado a la ocupación. En 2014, niños palestinos jugaban al futbol en una playa de Gaza, la marina israelí bombardeó y asesinó a Ahed Atef, de 10 años, Zakaria Ahed (10) , Mohammed Ramez (11), e Ismail Mohammed (9). Estos crímenes, aún continúan sin un juzgamiento civil e internacional. Los derechos humanos, parecerían ser solo letra muerta para quienes no son consideradas personas de derechos. El pueblo palestino y las personas palestinas asesinadas, para la comunidad internacional, no son pasibles de ser consideradas humanas.

Los crímenes cometidos por el ejército ocupante son juzgados por tribunales militares, donde siempre sus resoluciones son laxas para con los soldados asesinos israelíes. Es una limpieza étnica contra el pueblo palestino avalado por las instituciones de un nacionalismo del siglo IXX y el silencio de la comunidad internacional.

El llamado desde la sociedad civil palestina apela a la solidaridad de los pueblos a través del BDS (Boicot, desinversión y Sanciones), que toma como referencia la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Será responsabilidad de quienes comunicamos, informar sobre lo que está sucediendo en Palestina, y será responsabilidad de todxs solidarizarnos en la lucha contra el colonialismo y el genocidio contra el pueblo palestino.

Imagen; AFP
 
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Sapucaí, Vanessa Dourado (2018), Ay nadie, GR (2017)

Lagrimas de sangre, Oswaldo Guayasamín (1973)

SAPUCAÍ

Sapucaí las bocas más rebeldes un su encuentro
en calles miles,
Capitanes de Arena,
sin piernas
la muerte anuncia
el renacimiento.

Sapucaí los brazos de más abrazos y el viento
en caras miles,
romper cadenas,
en fiesta
el cuerpo resucita
el aliento.

Sapucaí los dolores de “ays” sin el otro
en lamentos miles,
la lágrima serena,
retinas secas,
llenan la lucha
de puro tormento.

Sapucaí,
allá,
allí.
Sapucaí para revivir
el  mundo-lobo
y nunca morir.

Sa pu caí
eternidad
de un uno constante
de lugar distante
de luto e instante
una se cae para seguir.

Vanessa Dourado

 

Ay nadie

Corriendo tras de nadie
con la carga expuesta de la ficción,
ay en el atisbo
un encierro de dolor,
las preguntas malogradas
y las respuestas afirmadas.
Ay un ojo entrecerrado
durante la penumbra de quien espera,
ay calma en la velocidad
de no permitirse el tiempo del lamento.
Ay lo que se es, ay lo que se quiere,
también ay que sociabilizar.
Ay que asistir
a los tormentos creados
por los deseos de todes
y sentir.

Ay que ser.
Ay que estar y participar.
Ay que tener una voz y concurrir.
Dejar de hacer alianzas estratégicas
para conversar con ella
sabiendo que es lo único auténtico
que tendremos.
La lamentación de la existencia
siendo parte de los engranajes
de crear una humanidad
de odio, exclusiva
de quien ay en ella.

Ay libertad de ser,
ay dolor en lo que hacemos.

GR

 
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Argentina: las urnas hablan pero las calles muerden

EDITORIAL

El Fondo Monetario Internacional  (FMI)  fue creado el año de 1944, en una conferencia de las Naciones Unidas en Bretton Woods. El objetivo del fondo es de cooperación económica para evitar devaluaciones competitivas y asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional.

La salida pensada para mantener el mundo financiero estable nunca ha funcionado como lo planeado. Las implicancias sociales y económicas de los países que toman la deuda son importantes. El FMI es un prestamista de última instancia. Las altas tasas de interés impuestas por el fondo exigen un conjunto de cambios estructurales y económicos para que se cumpla con el pago.

Para cumplir con el compromiso de pago, los países ajustan sus gastos públicos de forma que la deuda adquirida sea priorizada –y la deuda también es pública–, esto significa recortes presupuestarios, ajustes, reformas. Traduciendo esto concretamente, se paga los intereses de la deuda en detrimento de los gastos en salud, educación, vivienda, cultura. Más allá de esto, la reducción de salarios y jubilaciones da muestras de quienes pagan esta deuda.

Imagen: FMI

En un artículo publicado el año 2016 por el departamento de investigación del propio FMI, Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri concluyen que las políticas de austeridad hacen más mal que bien. El artículo es una crítica a la doctrina neoliberal y también remarca que el aumento de las inversiones extranjeras directas no producen las mejoras esperadas. Además de esto, señala que los costos de mayor desigualdad son evidentes y que el aumento de la desigualdad perjudica el nivel de sostenibilidad del crecimiento.

El gobierno de Macri ha ganado las elecciones con promesas de cambio. Las medidas tomadas por el equipo económico del presidente desde su inicio evidenciaban una apertura del país al mercado contando con el sacrificio de la población, de la clase trabajadora. Los ajustes combinados con los recortes y el pedido de espera por la llamada “lluvia de inversiones” caracterizaron estos dos primeros dos años del macrismo. Lo esperado frente a los equívocos en las decisiones tomadas  ahora se desvela. El retorno al Fondo no es una sorpresa.

Distinto de lo que pasa en otros países de Latinoamérica, estas medidas de austeridad –nítidamente formuladas afuera de la región sudaca– vienen de mano de un gobierno legítimo. En la Argentina hay un fuerte respeto por la institución democrática, sin embargo también las calles son un espacio de disputa política que traduce los reclamos populares como forma de exigir sus demandas, demostrar desacuerdos y garantizar los derechos sociales.

La tradición de protestas masivas hacen de Argentina un país con vida política dinámica y su alto nivel de organización popular permite resistencias que cambian el rumbo de las políticas públicas. Tal vez por ello, en los últimos años –y no sólo en el gobierno de Macri–, se intensificaron las medidas para reprimir y acallar a las calles. Con la profundización de la crisis mundial, el avance del neoliberalismo y la reacomodación geopolítica del mercado, es necesario que se disminuya el poder del pueblo, hecho que se pretende lograr a través de la ley antiterrorista y de las inversiones en el sistema represivo del Estado.

Macri ganó las elecciones por voluntad del pueblo. A pesar de esto, las respuestas a su intento de aplicar una agenda contra los derechos de las personas trabajadoras y jubiladas a lo largo de su mandato fueron contundentes, sobre todo en las protestas de diciembre del año 2017. La consigna traída en muchas protestas en contra de los tarifazos, los despidos y la precarización laboral “Macri Pará la Mano” fue un aviso popular. Y si las urnas –con la victoria de Macri–hablan de un pueblo que desea una sociedad mejor, las calles, más allá de hablar, también muerden. La memoria colectiva sigue viva. Lo que preguntamos desde Virginia Bolten es ¿Así como en 2001, las calles argentinas volverán a morder?

 

Fuentes:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/06/ostry.htm