Cristian Diaz se halla en prisión preventiva desde hace más de 100 días, detenido por haber hecho un posteo en sus redes en el marco del evento BA celebra Israel. Su detención resulta llamativa por la falta de fundamentos jurídicos y constituye una violación a los más elementales derechos de las personas.
El día que Cristian Díaz posteó en facebook su indignación, al llevarse a cabo “BA celebra Israel”, mientras esta misma entidad estaba bombardeando niñxs, mujeres, hospitales y escuelas en la Franja de Gaza, no imaginó el infierno que le depararía un meses después.
El 14 de junio, un desproporcionado operativo de la Policía Federal allanaba su casa, incautaba como “pruebas” cuadernos de sus clases de árabe, dibujos con la bandera palestina y comprobantes de donaciones que había realizado a familias palestinas damnificadas y se lo llevaban detenido, condición en la que permanece hasta el día de hoy.
Cristian es un militante de la causa palestina, colabora para visibilizar la ocupación, el despojo y el exterminio que sufre el pueblo palestino, y ayuda a las familias desde su humilde posición de obrero metalúrgico del conurbano bonaerense.
Eso pareciera molestarle a los que poseen el poder, especialmente a los funcionarios de la Embajada de Israel en Argentina; quienes han ordenado su detención y quienes ya tienen un amplio historial en denunciar civil y penalmente a las personas que defienden los derechos humanos de lxs palestinxs, sean políticxs, diputadxs, periodistas o simplemente personas de a pie.
¿Por qué Cristian sigue detenido si no ha cometido ningún delito?
La permanencia de Cristian en prisión constituye una flagrante violación al Estado de Derecho y al debido proceso. Está procesado por un supuesto delito de odio racial que es excarcelable y, que si fuera condenado, no pasaría ni un solo día detenido.
Sin embargo, Cristian Diaz sigue detenido en prisión preventiva desde hace 100 días con la excusa de que aun falta realizar la pericia de su teléfono; pericia que, por otra parte, no es necesaria ni probatoria en el caso del delito que se le imputa.
Se suma a esto, que Policía Federal ha informado al juzgado que aún no tiene fecha programada para la pericia, ya que tienen más de 200 causas anteriores para peritar.
Esto implica que Cristian puede estar detenido más de un año esperando la pericia por un delito que, como dijimos, no admite ni un día de prisión porque es excarcelable y porque además Cristian no posee antecedentes penales, lo cual se suma a la inconsistencia de su detención arbitraria.
Un nítido y reciente ejemplo de un nuevo paso que consolida estos lazos, son los acuerdos, que impulsó el Ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro, entre nueve provincias argentinas y la empresa de agua israelí Mekorot. Esta firma es responsable de crímenes de Lesa Humanidad, como la expropiación de tierras y agua y el desplazamiento de familias y comunidades palestinas de sus territorios; prácticas que viene a enseñar, fortalecer y replicar aquí, apuntalando el control territorial para la profundización del régimen capitalista-extractivista en Argentina.
Como declaró el abogado Eduardo Soares, miembro de la Gremial de Abogadxs y parte del equipo de la defensa, “Cristian es un preso político del estado de Israel en la Argentina y del propio gobierno argentino que lo permite”.
A esta situación debemos agregar el accionar previo de la Embajada de Israel, que ha montado un aparato de espionaje sobre Cristian Diaz, en sus redes sociales y le ha infiltrado personas en su lugar de trabajo y en sus espacios de cotidianidad barrial y familiar.
Esta realidad es una muestra del grado de violación de derechos que estamos padeciendo en Argentina, en un marco en el que gran parte del arco político y de la sociedad defiende posturas que van en contra de las libertades civiles y los derechos sociales y económicos.
La vigilancia hacia lxs actvistas o hacia a aquellxs quienes pretenden manifestar desacuerdos con los poderes y defender el derecho de los pueblos es constante y los peligros que corren, letales. Sin ir más lejos, asistimos hace muy poco al asesinato de Facundo Molares, militante y fotoperiodista a manos de la Policía de la Ciudad,
La situación que está padeciendo Cristian Diaz es otra muestra sobre de la justicia discrecional y clasista que existe en Argentina, tal como sucede con la mayor parte de las personas que permanecen detenidas con prisión preventiva y sin ningún tipo de condena (cifra que actualmente asciende a más del 50% de las personas detenidas). Esta problemática que excede al caso puntual, forma parte de un marco estructural de legitimación del punitivismo y de los lugares de encierro como mecanismos de disciplinamiento social, que se ve intensificada en vísperas electorales y es común a todas las posiciones políticas.
En este sentido, es evidente que el accionar que han tomado estos Estados y sus instituciones hacia Cristian Diaz tiene como objetivo de intentar doblegar su moral, enviando al mismo tiempo un mensaje aleccionador y disciplinador a todas las personas que denuncian las prácticas criminales del Estado de apartheid israelí.
Desde Virginia Bolten nos sumamos a las innumerables organizaciones y personas defensoras de Derechos Humanos, así como a movimientos de base y organizaciones sociales que se han pronunciado denunciando la persecución y la violación de los derechos de Cristian Diaz, exigiendo su inmediata liberación.
…ensayo general, para la farsa actual, teatro antidisturbios.
El 22 de agosto, convocada por el Colectivo Ni Una Menos, se realizó una asamblea —una de las muchas que se están organizando en todo el país— abierta que contó con la presencia de varios espacios políticos y de activistas feministas con el objetivo de formar un frente unitario para afrontar el amenazante ascenso de la extrema derecha en Argentina.
La actividad reunió más de 300 personas y fue marcada por un llamado a la unidad y superación de las diferencias políticas a fin de generar los consensos necesarios para llevar adelante un plan de lucha para defender los sectores más vulnerados y los derechos conquistados.
Foto: Analia Cid
Frente a los dos proyectos que prometen soluciones al malestar social a través de la quita de derechos básicos y de la criminalización de los grupos en lucha por más y mejor democracia con perspectiva de género y de memoria, las asambleístas fueron unánimes en defender la consigna !ni un voto a la extrema derecha!
En casi todas las intervenciones se señaló que la deuda con el FMI es ilegítima y que las consecuencias del ajuste recaen sobre las mujeres y los sectores populares. Con fuerte llamado a la autocrítica, se registró la necesidad de seguir luchando contra las exigencias del Fondo y que se garantice trabajo y condiciones dignas de existencia a las personas en lugar de privilegiar a los sectores que obligan el Estado a desinvertir en los servicios públicos y los programas sociales. Así, los colectivos reafirmaron su posicionamiento: ¡la deuda es con nosotras!
Foto: Analia Cid
Frente a los hechos de violencia política que estigmatizan a través de discursos de odio y ponen en riesgo la integridad de dirigentes políticos, luchadores populares, activistas y defensores de los derechos humanos, se hizo recordar los 40 años de democracia y la memoria de las personas que lucharon para que en todo el mundo se escuchara: ¡no pasarán!
Foto: Analia Cid
La agenda nítidamente antifeminista que caracteriza los programas de gobierno que prometen eliminar ministerios y combatir a lo que llaman ideología de género rescata la necesidad de defender los avances logrados. Y dada la reacción revanchista de una sociedad estructuralmente patriarcal en contra de estos avances, se resaltó la urgencia de tomar las calles y reforzar el posicionamiento de los feminismos: ¡ni un derecho menos! Y se convocó a movilizarse en unidad el 28 de septiembre, día internacional de lucha por la despenalización y legalización del aborto.
Foto: Analia Cid
El ejemplo de lucha del pueblo jujeño se trajo a consideración, como inspiración de resistencia y alerta a necesidad de defender los territorios y los bienes comunes de los proyectos de saqueo y de abuso de poder en contra de las comunidades y del Estado democrático de derecho: !basta de extractivismo!
La asamblea terminó haciendo memoria de la Masacre de Trelew y convocando a la unidad entre los feminismos dentro de una agenda de lucha permanente: !frente la agenda machista, más lucha feminista!
La próxima asamblea abierta será el martes, 29 de agosto, se pueden encontrar más informaciones en las redes de Ni Una Menos.
En la actualidad, la angustia y el resentimiento social de las mayorías populares encuentra resonancia en los discursos de algunos líderes políticos que prometen un mundo plenamente neoliberalizado como respuesta y solución milagrosa a los conflictos que complican la vida cotidiana de la población. En el seno de este fenómeno, emerge una especie novedosa de agentes políticos, estas figuras llamadas outsiders, candidatos que no forman parte del escenario político-institucional tradicional y cuyas conductas y proclamas incendiarias y radicalizadas resuenan con su novedad lapidaria en todos los resquicios del cuerpo social.
Normalmente, sus trayectorias públicas se han desarrollado al margen de las modalidades tradicionales de legitimación política, aquellas que dirimen las demandas populares de representación mediante los resortes de la democracia institucionalizada. Más aún se muestran, en muchas oportunidades, en posiciones antagónicas y críticas a ésta, acusándola en sus diagnósticos de ser el origen y la causa de los supuestos vicios arraigados en el poder y en las dinámicas sociales y económicas. Proponen como respuesta una batería de medidas extremistas en clave de “renovación”, autoafirmándose como único remedio para resolver los malestares que producen los avatares de la “vieja política”.
Ejemplos de estos representantes de una “nueva política” pueden observarse en el candidato libertario Javier Milei en la Argentina, o el conservador liberal Jair Bolsonaro en Brasil que, aunque no necesariamente pueda ser considerado un “outsider”, comparte características similares. Un rasgo esencial observable en estas dos figuras es que, a pesar de renegar posicionarse en algún polo del espectro de la política moderna, sus propuestas pueden ser interpretadas como de ultraderecha, neoconservadurismo e, inclusive, de poseer tintes neofacistas.
En ambos se puede observar un virulento discurso tendiente a respaldar una libertad individual irrestricta que sólo puede ser realizada en el marco del libre mercado. Los principios y valores de su actuar se encuentran ligados genéticamente con una ideología neoliberal con improntas que pueden ser más o menos autoritarias, dependiendo del contexto. Ese autoritarismo, sin embargo, se presenta bajo una modalidad reactualizada, que no resulta necesariamente conservadora o reivindicadora de un régimen militar, pero que se revela explícitamente punitivista y promueve el endurecimiento de las leyes penales, a través de estrategias represivas de “mano dura”, de fortalecimiento y modernización de las fuerzas de seguridad, de un alto grado de control social y de la liberalización de la portación civil de armas, entre otros elementos.
Frente a las fallas estructurales del sistema capitalista, —productor de grupos excedentarios, muchas veces empujados a la supervivencia por los medios a su alcance, y ante la notoria ausencia del Estado— estos “outsiders” promueven un ideario del conflicto social, de la justicia por mano propia, donde la “gente de bien” precisa tener la libertad necesaria para responder a la inseguridad individual y a la violencia material de los “malos”, los delincuentes, promoviendo, generalmente, un sesgo estigmatizante a las clases populares. Este elemento —bolsonarista por excelencia— se encuentra presente también en los discursos de Patricia Bullrich, ex ministra de seguridad del gobierno de Mauricio Macri y actual candidata a presidente en la Argentina.
Es importante destacar que gran parte de los electores de estos candidatos no percibe la carga protofascista que arengan sus discursos, y tampoco la correlación política que existe entre estos. La construcción de un líder rupturista, “antisistema” y antipolítica, sin embargo, esconde —así como también ocurrió en la época de la primera campaña de Bolsonaro a la presidencia— un proyecto de quita de derechos, de regresividad social y concentración de poder económico, orquestando la construcción de una fuerza política vinculada a los sectores empresariales y privados, que no puede ser asimilado por la mayoría del electorado.
Bolsonaro, al contrario de todo aquello que podría ser considerado rupturista y nacionalista, generó el fortalecimiento de grupos de interés del establishment —dentro y fuera del ámbito político-institucional— que son antagónicos a los intereses y a la soberanía nacionales y de las personas trabajadoras. Fortaleció la reprimarización y la desindustrialización de la economía, lo que implicó, entre otras cuestiones, que durante su gobierno se produjese un aumento de la desigualdad de los ingresos y del deterioro del nivel de vida de la población, sobre todo en los sectores más empobrecidos, generado, en gran medida, por el aumento de la inflación.
En Argentina se abre un nuevo escenario en este sentido a partir de las últimas PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). Por un lado, el principal partido de la derecha electoral de la última década —el rebautizado “Juntos por el Cambio”— definió su interna hacia el ala más dura y extremista de su frente, representado por la ya mencionada Patricia Bullrich. Y, por otro lado, y más sorprendente aún, un tercio de los votos fue para “La Libertad Avanza”, la joven fuerza “ultraliberal” y “anarcocapitalista” encabezada por Javier Milei. Este escenario enrarecido todavía más por la peor elección que el peronismo ha dado en toda su historia —quedando en un tercer puesto—, lleva a las presidenciales de octubre no solo a una extrema derecha con amplias posibilidades de ganar, sino a dos. Estos resultados nos muestran cómo estos discursos represivos que se proponen como una medicina para resolver el malestar social han sido canalizados por esta modalidad política “outsider”.
Milei y Bullrich, al igual que Bolsonaro, son expresiones de una política que aboga por menos Estado, más mercado y una política necesariamente represiva que ve en el neoliberalismo la salida para todos los problemas económicos. Su desprecio por lo social y lo político dentro de un régimen democrático, donde deben estar garantizados los derechos básicos a la subsistencia por parte del Estado, es una tendencia creciente en las sociedades, a pesar de sus consecuencias catastróficas sobre las mayorías sociales.
El escenario marcado por la incertidumbre y la situación económica que pone al pueblo en continuo riesgo social, sumado a la angustia generada por la propia estructura del capitalismo, son utilizados por la política “outsider” para reafirmar su rol mesiánico de portadora de milagrosas soluciones contra la miseria y la ignominia que las fuerzas políticas tradicionales no han sabido solucionar.
En este estado de cosas, muchas cuestiones han de despertar interrogantes: ¿Es verdaderamente la autodenominada renovación política un cambio en las formas y los modos del capitalismo? ¿Qué de todos estos elementos resultan atractivos para un electorado cansado?
Hay algunas preguntas que estimulan la reflexión cuando atañen al bienestar de los pueblos: ¿Cómo es posible que una población amedrentada y mortificada hasta la pobreza y exclusión considere la opción de sus verdugos como única salida posible para su malestar? ¿Cómo una mayor precarización de la vida y envilecimiento de los valores democráticos puede aparecer como salida a lo que es su producto? ¿Cuán estructurales serán los cambios sociales frente a este nuevo paradigma político? Las respuestas no pueden ser simples, sin embargo se hace urgente pensar y construir salidas colectivas que sirvan para politizar el enojo y dialogar mejor con la realidad.
En la Cámara de Senadores de Paraguay se debate el proyecto de ley para “prohibir la perspectiva de género en la educación” y propone que sea criminalizado su abordaje. Conversamos con la activista feminista y psicóloga Monserrat Vera, miembra de ALAMES Paraguay y Psicofem[i].
Paraguay está gobernado por el Partido Colorado, y así sucede hace más de 70 años, con un breve período donde gobernó Fernando Lugo, quien intentó reformas estructurales que le costaron el gobierno. El gobierno entrante, tiene una facción llamada “Honor Colorado”; llegó al poder con una campaña basada en “Dios, Patria y Familia” cuyos legisladores y legisladoras son antiderechos, y desde esa bandera están arrancando con este proyecto, comenzó aclarando Monserrat Vera y subrayó que “los antiderechos están en todas las comisiones y tienen una mayoría en las Cámaras de Senadores y de Diputados también”.
En la Comisión de Adolescencia, Niñez y Juventud del Senado de Paraguay se inició una mesa de diálogo sobre el Proyecto de Ley que “prohíbe la enseñanza de la ideología de género en las instituciones educativas del país”, tanto para el sector público y privado.
La cara visible del proyecto es la Senadora Lizarella Valiente, quien preside la Comisión, y tiene autoría conjunta con otros senadores que representan al Partido Colorado. En la sesión destacó que “se habla de perspectiva, enfoque o apostolado de género pero sabemos que se refiere a ideología de género”. A la par representantes del Ministerio Público Fiscal reforzaron considerando que “la perspectiva de género en educación es abuso infantil porque le presenta al chico que el dato biológico con el que nace no es algo definitivo” y propusieron su tipificación penal.
La psicóloga Monserrat Vera, nos dio más precisiones, “En el marco de esa sesión quienes asistieron invitados a discutir el proyecto fueron las iglesias evangélicas, el Arzobispado de la iglesia católica del país, ongs. evangélicas representadas por Miguel Artigosa, que es la cara visible del movimiento evangélico antiderechos, y lo que hacen es difundir que la ideología de género busca destruir la familia tradicional, adoctrinar a los niños y niñas y lo que hacen es criminalizar la perspectiva de género, arrancando por las instituciones educativas”.
_ ¿Cuáles cree que serán las consecuencias de este proyecto de ley que busca consolidar la estructura patriarcal?
_ Lo que hacen es culpabilizar a la población LGBTI+ y al feminismo por la exigencia de derechos. Y así desinforman y sostienen prejuicios que van de la mano de la violencia. Una de las cosas más graves, además de la ley en sí misma, es el antecedente que es la Resolución Riera del 2016, que lleva el nombre de Riera que fue ministro de Educación, que prohibió la perspectiva de género en las escuelas y lo que sucedió fue que empezaron a perseguir docentes, a sumariar directores, cuando se detectaba que en algún lugar se hablaba de los tipos de familia por ejemplo. Y se arma toda una campaña a nivel nacional, un gran cuco de la diseminación social sobre la palabra género, que es peligrosa, es un pecado y que va a hacer que todos los niños y niñas se vuelvan gays. Esto ya paso y ahora vienen con una ley.
Este proyecto de ley tiene cinco o seis artículos, está mal elaborado, y quienes trabajan en lo jurídico dicen que no tiene ni pies ni cabeza, pero sin embargo el nivel de impunidad y como se manejan los poderes excede a cualquier lógica. Uno de los puntos de la ley, en su segundo artículo es derogar todas las leyes y resoluciones que se opongan a la ley que se busca sancionar, por ello está en peligro la Ley 5777 de protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia que se promulgó en el 2016.
Están amenazando con hacer desaparecer el Ministerio de la Mujer, que fue una conquista de la lucha histórica de las mujeres en este país y están hablando de la creación de un Ministerio de la Familia que absorba al ministerio de la mujer y al ministerio de niñez y adolescencia, y que entendemos que es la instalación de una sola forma de pensar de lo que es una “familia”, dejando desprotegidas a las mujeres que son madres solas y no tienen familia y no incluye a las diferentes formas de familia. Otra de las leyes que están en peligro es la ley 5777 que es de “protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia que se promulgó en el 2016 y que es la protección de las mujeres de la violencia”.
_ ¿Cómo se están organizando las organizaciones que luchan por la defensa de derechos?
_ La articulación feminista de Paraguay, con sus diferentes organizaciones que la componemos, nos estamos reuniendo de urgencia para salir con una campaña de difusión explicativa, y de información certera para desautorizar estas voces con las limitaciones que no deberían estar en el poder.
Además estamos presentando notas al Senado con propuestas de modificación de este proyecto de ley, con el rechazo absoluto, con la exigencia de participación en esos espacios, porque solo se puede participar con invitaciones, y a quienes invitan es a los evangélicos y no a las organizaciones de mujeres. Estamos pidiendo a las compañeras que tienen voces autorizadas desde la academia y participan en algunos otros espacios que puedan levantar su voz, y a la vez estamos reclamando al Ministerio de las Mujeres que no están diciendo nada con respecto a esas cosas.
En Paraguay las cifras muestran un 90% de la tierra concentrada en muy pocas manos, donde esperan justicia el alto índice de niñas y niños vulnerados por la pobreza, y la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, Lichita, y el asesinato de las niñas Lilian y María del Carmen Villalba. Queda poco lugar para preguntarse qué modelo se busca consolidar con este proyecto de ley.
El 1° de agosto, día de la Pachamama, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llenó de Wiphalas* recibiendo al 3er Malón de la Paz que recorrió 3300 kilómetros desde La Quiaca, sumando apoyos en Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fé y la provincia de Buenos Aires. Llegan para que su voz en defensa de sus territorios se oiga en el Congreso y ante la Corte Suprema de Justicia.
No es la primera vez que los pueblos originarios de Jujuy salen de su territorio con destino a Buenos Aires. El primer Malón de la Paz marchó hace casi 80 años —durante el gobierno de Juan Domingo Perón— exigiendo por sus tierras; un segundo Malón en agosto de 2006 también marchó con el mismo reclamo. Y nuevamente, desde el 25 de julio, esta tercera vez bajo la consigna: Arriba los derechos, Abajo la Reforma, Arriba la Whipala.
Foto: Periódico Virginia Bolten
Entre los reclamos de las comunidades indígenas, docentes y habitantes de la región, están el pedido de nulidad a la reforma constitucional llevada a cabo por el gobernador Gerardo Morales, el cese de la violencia por parte de las fuerzas represivas, y de las medidas arbitrarias tomadas por el gobierno provincial respecto del manejo de la protesta social.
Foto: Periódico Virginia Bolten
Desde que se aprobó la reforma —el 15 de junio— , el pueblo jujeño ha tomado las calles para reclamar el carácter antidemocrático, racista y neocolonial de la decisión. La sanción de la reforma se dio mientras miles de personas protestaban bajo una fuerte represión, detenciones ilegales y uso desproporcionado de la fuerza por parte de los contingentes policiales, que avanzaban en contra de la población con golpes, gases y balas de goma.
Foto: Periódico Virginia Bolten
La marcha que inició en Plaza Once hizo su primer parada frente al Congreso para pedir la inmediata intervención de la provincia de Jujuy frente a los atropellos del gobernador Morales y para exigir que se cumpla con la deuda y reparación histórica que manda la Constitución Nacional sobre el reconocimiento de tierras comunales, postergada desde hace más de 12 años, y que deja a las comunidades desamparadas frente a la voracidad del extractivismo.
Foto: Periódico Virginia Bolten
El texto de la reforma fue aprobado en un plazo récord de 20 días y no contó con la participación de la sociedad civil y tampoco cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, convenio internacional que asegura la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultadas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente.
Más allá de herir el derecho y la autonomía de los pueblos originarios sobre sus tierras, la reforma tiene un trasfondo que involucra grupos de intereses vinculados a la minería de litio en la región, y que es el motor de la reforma de Morales. En la región donde se pretende extender el negocio de la industria del litio eexisten 33 comunidades indígenas.
Foto: Periódico Virginia Bolten
Yendo a contramano de todas las alertas socioambientales a nivel mundial, la extracción de litio de forma predatoria es una amenaza al derecho de vivir en un ambiente sano, lo que pone en riesgo las comunidades locales, y la disponibilidad de agua, ya que las técnicas de extracción necesitan utilizar grandes cantidades de ese bien escaso.
La marcha llegó a la avenida 9 de Julio y desde el Obelisco sumó columnas para dirigirse hasta el Palacio de Tribunales, donde se presentó ante la Corte Suprema el pedido de inconstitucionalidad a la reforma perpetrada por Morales. “La reforma constitucional está viciada en su plenitud, porque rompió la independencia de poderes y viola los tratados internacionales con rango constitucional”, explica Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya y referente de las Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA).
La ceremonia reunió a quienes llegaron con el Malón en un primer círculo, alrededor del cual sikuris, organizaciones sociales, culturales, socioambientales y gremiales acompañaron para dar gracias a la Madre Tierra y fortalecerse en una espiritualidad de reencuentro con la ancestralidad. Cavaron un hoyo, la boca de la Madre Tierra, para ofrendarle hojas de coca y todo lo que de ella madura porque dicen, “Ella nos espera con hambre y por eso le damos de comer” al tiempo que los sahúmos de coa, una planta de la puna jujeña, y los cantos llenan de aroma y sonidos los círculos ceremoniales.
Foto: Miriam Djeordjian
Entre los muchos acompañantes del círculo periférico, la cantante salteña, discípula del Cuchi Leguizamón y militante de derechos humanos, Sara Mamani, se hizo presente para acompañar a los pueblos jujeños. “La resistencia nace de un convencimiento de que tierra no es solo un lugar de pastoreo —comparte— sino que la sienten como su casa mayor, el lugar donde viven dentro de un pensamiento colectivo”. Asegura que mientras el sistema multiplica las individualidades del “sálvese quien pueda” estos pueblos nos enseñan todo lo contrario: que “la lucha es entre todos”, y nos dan su ejemplo, “sobre todo las mujeres, que son mayoría y marcan en la resistencia un color diferente”, asegura.
Circuló la palabra de maloneros y maloneras, compartiendo la voz de cada territorio, entre agradecimientos al apoyo recibido desde que partieron, el abrazo simbólico a quienes fueron mutilados durante la represión como Misael y Joél, y el reclamo que ya no sólo pide la nulidad de la reforma, sino la renuncia del gobernador Gerardo Morales por desoír y reprimir como un dictador a su pueblo: “El pueblo lo votó para que gobierne. Ahora el pueblo le exige que renuncie”.
“En Tribunales, junto al Malón y la lucha de Jujuy, es donde estaría Santiago”, dice Sergio Maldonado, haciendo presente su voz, a seis años de la desaparición forzada de su hermano. Saludó a los que llegaron en el tercer malón, y también a quienes se quedaron en su territorio poniendo el cuerpo todos los días. “La lucha de Jujuy y de Chubut son la misma, atravesadas por la criminalización de la protesta, por el ataque a los pueblos originarios, y a quienes defienden la tierra”.
Foto: Miriam Djeordjian
Maldonado instó al Gobierno Nacional a que se digne a intervenir la provincia y que deje de especular, porque Jujuy también es Argentina y hay un silencio preocupante. “Por no reaccionar a lo que pasó con Santiago Maldonado hoy estamos viendo que Morales puede ser vicepresidente o Bullrich presidenta. Eso de no enfrentar a la derecha para que no venga la derecha es un error que hoy se está viendo”. Una voz serena y firme llegada desde la Cuenca de Salinas Grande sentenció: “No nos iremos de aquí hasta conseguir nuestro objetivo”, y cerró cantando su copla: De arriba vengo / soy de la puna / por mis derechos voy a luchar / con tu reforma quitas derechos / lastimas gentes y mucho más. Y como dijo Sergio Maldonado: ¡Abajo la reforma!, y que el pueblo jujeño vuelva a recuperar la alegría que tenía.
*La Wiphala es un símbolo que representa a la Pachamama, y la vida en armonía. Se representa en la bandera compuesta de 7 colores en diagonal que llevan como estandarte los pueblos andinos.
El día jueves 6 de julio de 2023 en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis, en el territorio denominado Argentina estuvieron presentes a modo de campaña política frente a las próximas elecciones, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y Claudio Poggi candidato por la provincia de San Luis.
Con un acto en el Solar Histórico dieron rienda, y sin miramientos, a un paquete de medidas respecto a educación donde expresaron: “La educación será un servicio esencial, las escuelas van a funcionar siempre. El derecho de huelga no puede estar por encima del derecho a aprender. Las clases no se suspenden más”. Y entre otras medidas indicó que habrá “prácticas laborales” en el último año de escuela secundaria, algo que en su momento generó un fuerte debate con el oficialismo, que rechazó la propuesta. Ya que se ha implementado en CABA porque solo favorece el trabajo precario sin remuneración y sin formación alguna.
A su lado al Gobernador Morales, de la provincia de Jujuy, que tiene los salarios docentes más bajos del territorio argentino.
La visita se llevó a cabo en el marco de un descontento y repudio por parte del pueblo de San Francisco por la situación de violencia y represión que continúa por estos días en la provincia de Jujuy.
Aquí es clave poner en evidencia las similitudes y luchas en común en las provincias de Jujuy y San Luis.
Jujuy modelo de exportación
En la provincia norteña de Jujuy el día 15 de junio la Convención Constituyente aprobó una reforma- que dio juramento el día 20- que no respetó los plazos previstos ni permitió la participación de actores sociales. Horas después de su aprobación, en varios puntos de la provincia se produjeron movilizaciones de rechazo, que fueron reprimidas por las fuerzas policiales. Represión que dejó cientos de personas heridas y decenas de detenidas. Una violencia desatada con persecuciones, hostigamientos y con intromisión en los hogares de las fuerzas de seguridad sin identificación, y hasta situaciones de tortura que tienen como antecedente la última dictadura cívico militar.
El rechazo a la reforma constitucional, que hasta hoy se sostiene, se debe a que proponían recortar la libertad de expresión, eliminación de elecciones de medio término, mayoría automática en el Congreso provincial para el Ejecutivo ganador, al tiempo que no reconoce tratados internacionales que legitiman el derecho territorial de las comunidades originarias, y eliminación del derecho a la protesta reconocido por la Constitución Nacional. Con algunas modificaciones a último momento, en secreto y sin participación de los pueblos se aprueba la reforma de manera inmediata. Una reforma que en síntesis favorece el extractivismo minero.
En Jujuy, donde la minería es tradicionalmente importante, con la llegada del actual gobernador se avanzó con las propuestas de extractivismo de litio, situado en territorios ancestrales, sin acuerdo con las comunidades que los habitan.
Gentileza Info blanco sobre negro
La nueva Constitución incorpora “mecanismos que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”.
Dicha situación se sumó al conflicto docente que viene atravesando hace varios años en una de las provincias que posee el menor nivel salarial docente del país. Bajo la consigna “arriba los salarios, abajo la reforma” se reunieron las luchas docentes y las comunidades originarias para poner en evidencia que las políticas del gobierno provincial no cuentan con licencia social, al tiempo que la sociedad en su conjunto acompaña los reclamos desde distintos lugares del país.
Créditos: Luan Colectiva fotográfica
Por su parte la provincia de San Luis desde el año 2015 viene resistiendo a la instalación de la megaminería.
San Francisco del Monte de Oro es una localidad ubicada en las sierras centrales, con una reserva hídrica conformada por cinco ríos caudalosos que alimentan la región, con flora y fauna autóctona, que generan el equilibrio natural y un estado de conservación del lugar.
Sin embargo esto se vio trastocado cuando comenzaron los rumores de la llegada de una empresa proveniente de Australia con el fin de extraer litio de la antigua mina de litio Géminis, ubicada a 8 km del pueblo.
La extracción de litio y de otros minerales se rige por el código minero aprobado durante el gobierno menemista, con mínimos pagos de regalías y sin restricciones para la exportación directa de carbonato de litio. Además los inversores extranjeros se reservan su área para una eventual explotación en el futuro.
El litio es un metal que, principalmente, se halla en salmueras naturales: pegmatitas, pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar. Su mercado es creciente, la demanda aumenta año tras año y su principal uso es para baterías, cerámica y vidrios, grasas y lubricantes, en la industria metalúrgica y como psicofármaco. Existen dos formas de extracción básica del mineral, la que ocurre en el triángulo conformado por Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentran las principales reservas, es a través de salinas, y otra modalidad es a partir de rocas duras. Este último caso corresponde a lo que sucede en San Francisco.
En la explotación a cielo abierto se perforan las rocas, se insertan dinamitas y se explotan para transportar el material a un proceso de molienda y poder separar el litio del resto de los componentes residuales.
Ante este contexto la comunidad de San Francisco se encuentra en estado de alerta y en Asamblea permanente bajo el lema “yo amo a mis sierras”.
Asamblea permanente San Francisco del Monte de Oro
Vemos así como ambas provincias se encuentran atravesadas por la misma lucha, ante la misma lógica colonialista que los territorios vienen atravesando y resistiendo desde la época de las invasiones, y cabe recalcar que no existe la tan mentada transición energética, si para ello se arrasa con comunidades, destinando miles de litros de agua , que afectará la disponibilidad para la comunidad, produciendo además contaminación en el aire y en el agua, modificando la naturaleza a su alrededor.
Se habla de una transición energética que es inviable, porque si bien se plantea como una alternativa a disminuir la dependencia de combustibles fósiles, y una vez fabricadas las baterías, las mismas se recargarían con energía renovables, la extracción de litio muy lejos está de ser progresista. Sin olvidar que el litio en nuestro país se exporta sin procesar y está destinado a sostener esta supuesta transición energética en los países centrales.
San Francisco del Monte de Oro
Y es que dicha transición tendría y tiene impactos contundentes en el tejido social y ambiental.
Lo que sucede en Jujuy así como en todo el Altiplano que forma parte del “triángulo del litio” (Chile, Bolivia y Argentina) es clave para comprender lo contradictorio de la utopía del desarrollo. Desde lo específico estos países se enfrentan a múltiples desafíos como: escasas capacidades técnicas, falta de financiamiento, ausencia de un ordenamiento jurídico que proteja los intereses locales.
Teniendo en cuenta nuestra madre tierra, los salares se convierten en zonas de sacrificio. En el Altiplano, en la zona de Jujuy viven desde hace siglos comunidades de los pueblos Kolla y Atacama, cuya fuente de trabajo está basado en la ganadería y la agricultura a pequeña escala, así como también la explotación de la sal de manera colaborativa. La extracción de litio pondría en riesgo dichas actividades y formas de vivir.
Los salares son ecosistemas frágiles que constituyen cuencas cerradas con poco acceso al agua. Son humedales que conservan una valiosa biodiversidad y dependen de los equilibrios entre los sistemas de agua dulce y de agua salobre (las salmueras). Y la minería de litio pone en peligro dicho equilibrio creando una amenaza a la disponibilidad de agua.
Gentileza LATFEM
Por último el llamado “desarrollo” que generaría a nivel social, y económico, la minería de litio también resulta obsoleto porque las regalías son mínimas, los puestos de trabajo nunca resultan lo prometido, sumado al uso de tecnología que requiere poca mano de obra, y a la destrucción y reemplazo de actividades tradicionales que vienen desarrollando hace años las comunidades.
En Salinas Grandes hay más de treinta comunidades en estado de Asamblea permanente que vienen reclamando su derecho a la participación y la consulta, y que se oponen al litio porque los despoja de sus territorios y pone en riesgo los recursos para su subsistencia.
Si contamina no es desarrollo.
Si arrasa pueblos y ecosistemas biodiversos no es transición energética.
El Bosque de la Esperanza, una instalación bordada compuesta de 400 bordados, organizada por la colectiva Zurciendo el Planeta se expuso entre el 11 y el 25 de junio de 2023 en el Museo del Hambre de la Ciudad de Buenos Aires. El Artivismo, una manera de expresar acciones en favor del planeta e invitar a otras personas a detenerse a reflexionar sobre cómo, todos y todas juntas, podemos cambiar el mundo.
El grupo comenzó a reunirse de manera virtual en el año 2020, como una salida al confinamiento, a partir del bordado y de la reivindicación del remiendo. En 2021 la instalación llegó, con enorme esfuerzo y como forma de protesta, a la contra cumbre de la COP 26 en Glasgow, Reino Unido. Esta instalación cuenta con bordados que llegaron de Mexico, Argentina, Chile y también de Suecia, Alemania, Irlanda, Francia, Inglaterra y Grecia.
La colectiva está conformada principalmente por mujeres latinoamericanas con distintos saberes. Más de 160 personas han contribuido a la creación de este “bosque” porque comparten la preocupación por el cambio climático y el anhelo de crear conciencia y modificaciones urgentes para el contexto actual a través del bordado como parte de la construcción de nuevos sentidos
Un “bosque” no solo está compuesto de árboles, tal como lo revelan estas variadas expresiones. Es además una oportunidad para abrir al dialogo, porque puntadas y palabras tejen una red extensa que va creciendo. “Hablar es hilar y el hilo teje al mundo”, así lo expresa en el cierre una de las integrantes de esta colectiva.
Foto: Miriam Djeordjian
Participamos de un sistema que ha construido un sentido común que naturaliza el descarte y la basura, restos de un orden excluyente que está degradando nuestras formas de vida en esta tierra. Sin embargo agrupaciones y asambleas, que resisten y luchan para enfrentar la degradación y la depredación de nuestros bienes comunes, vienen creciendo y multiplicándose.
Este bosque que trasmite esperanza va girando y se suman personas, van llegando nuevos bordados para hacer parte de la muestra que busca zurcir el planeta porque en diferentes lugares incendios, talas, inundaciones y otras formas de depredación ambiental destruyen las formas de vida, de las que formamos parte.
En cada lugar donde se presenta esta muestra se acompaña de un programa de actividades, talleres, conversatorios para mostrar ese diálogo entre saberes, inquietudes e iniciativas que buscan sanar, remendar a nuestro planeta. En este plan de actividades estuvieron presentes las abuelas comadronas de Guatemala, del Movimiento Nim Alaxik, médicas yuyeras de la Red Jarillas, del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos, entre otras participaciones y prácticas que acompañaron este bosque de esperanzas compartidas.
Una especie de exorcismo, para expulsar a los demonios y espíritus malignos que están destruyendo nuestro planeta y construir y recuperar sentidos amorosos.
El cierre de la muestra estuvo acompañado de narradoras e integrantes del campo sonoro de voces y tambores que nos llevaron con sus sonidos a un paseo por el bosque. “¿Alguna vez te susurraron al oído?” Preguntaban las narradoras que con una especie de corneta murmuraban palabras emotivas como las de Albert Camus, “En medio del odio, me pareció que había dentro de mí, un amor invencible”… Recuperar el amor, con prácticas que construyen y que ponen en evidencia que necesitamos zurcir nuestro planeta, remendarlo de los agujeros que le infringe este sistema despiadado basado en el consumo.
La colectiva se reúne de manera sistemática el primer sábado de cada mes en el Museo del Hambre a bordar, zurcir, para remendar, reutilizar y apostar a un patrón diferente de uso y de consumo en un sistema capitalista que destruye y acumula desechos.
Más informaciones sobre el colectivo: @zurciendoelplaneta
El sábado 10 de junio se presenta La vida es un juego. La nueva obra del prolífico escritor Martín Crespi, con ilustraciones de Diana Chereau, será lanzada en la Librería Interminable, a las 19 hs.
Martín Crespi
De forma didáctica y divertida, el libro invita a las infancias a repensar sus hábitos de consumo y sus relaciones interpersonales a través de narrativas que llaman la atención sobre las formas de vivir en comunidad y también los hábitos alimentarios.
La propuesta lúdica de Crespi lleva a los lectores a desarrollar una mirada crítica hacia los alimentos ofrecidos para la niñez y también para los sistemas de producción, consumo y distribución de los objetos comestibles y su implicancia socioambiental.
Las temáticas vinculadas a los agrotóxicos y la contaminación, en contraposición a la salud y el bienestar, son trabajadas a través textos y juegos que estimulan la imaginación y la participación activa de los personajes en el proceso de comprensión y apropiación de la problemática.
Editado por Pachamamita libros, La vida es un juego es una forma de abordar temas complejos e importantes que atraviesan la sociedad de consumo de forma amigable y consciente. Crespi firmará ejemplares en Alsina 685, Espacio Taura, San Telmo.
Mujeres de la tierra conforman una red de trabajadoras rurales de crecimiento incipiente. Allpa Warmi, un vivero de plantas nativas, es parte de un proyecto que busca ampliar y recuperar nuestra flora y fauna autóctonas con agroecología y autogestión
Por Miriam Djeordjian y Vivian Palmbaum
Cerquita de La Plata, en la localidad de Pereyra, florece un pequeño espacio símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres. Se llama Allpa Warmi (en quechua) o Mujeres de la Tierra, una iniciativa de crecimiento incipiente que se inauguró apenas hace unos meses, el 26 de septiembre de 2022. Un territorio de producción que incluye al vivero de plantas nativas que crece y florece, casi al lado del Parque Nacional Pereyra Iraola. Enclavado en un lugar silvestre, rodeado de quintas y chacras donde se multiplican las iniciativas para gestionar la vida.
Ileana, integrante de la organización, nos recibe acompañada de su pequeño Messi que hace rodar la pelota orgulloso con la diez y sus tres estrellas. Las plantas nativas son las originarias del lugar, que solo han sido alcanzadas por manos humanas para conservarlas y multiplicarlas. Su función es muy importante porque desarrollan relaciones muy cercanas con la fauna que las acompañan y así estas interacciones son las que componen el equilibrio de un ecosistema sano, donde cada especie cumple un rol.
Nuestra guía nos invita a recorrer el lugar mientras un chivito nos saluda balando y las gallinas se agolpan con la esperanza de ser liberadas. Más allá otro chivo nos mira en silencio y a un costado el espacio de compostaje de materia orgánica que espera pronto convertirse en bocashi.
La biodiversidad está garantizada con la presencia de mariposas, abejas, avispas, aves diversas que polinizan y facilitan la reproducción. En los alrededores distintos sectores de plantas-madre para que sus semillas continúen el ciclo de vida. Al fondo, una parcela se halla a la espera de empezar a componer el monte nativo, reservorio para la réplica de las futuras generaciones de especies.
En el invernáculo, Ileana nos muestra cómo se reproducen por esquejes y semillas, las diferentes especies arbóreas como fumo bravo, ñangapirí, tala, aromos, sen de campo, y otras que atraen mariposas como chilcas y tasi. Las aromáticas también tienen su lugar: salvias, ajenjo, romero y las lavandas que se destacan junto a las abejas y otras mariposas que pueblan este otoño primaveral.
Rosalía Pellegrini, que se suma a nuestro diálogo, nos introduce en el campo de las mujeres rurales, “hay compañeras que hace ocho años que vienen produciendo nativas y participando de la Red de Viveros de Nativas”.
La Red de Mujeres Trabajadoras de la Tierra surge a partir del desprendimiento de la Unión de Trabajadores de la Tierra, donde Rosalía Pellegrini ocupaba la Secretaría de Géneros. Ella nos cuenta que la Red surge “debido a diferencias en cuanto a cómo la cuestión de género se visibiliza en la estructura política de la organización, por eso nosotras decidimos dar un paso al costado y construir una organización rural de mujeres que no solo produce nativas sino que sigue la línea de agroecología, de empoderamiento de la situación económica, de las mujeres que están en la ruralidad y las capacitaciones de promotoras rurales de género.
“Feminismo para liberar. Plantas para curar”
En Allpa warmi, a partir de los dones que da la tierra, las mujeres generan también sahumos, tinturas madres, cremas y ungüentos de manera autogestiva, para sustentar el proyecto y, al mismo tiempo que se sanan la Pachamama, ofrecen productos para cuidar y sanarnos.
Allpa Warmi no está sola. Forma parte de varias redes y articulaciones, como la Red de Mujeres Productoras de Nativas y es integrante de Mujeres Trabajadoras de la Tierra, que reúne proyectos de mujeres agricultoras en la Provincia de Buenos Aires y otras incipientes iniciativas que se suman en distintas regiones del país.
Mujeres Trabajadoras de la Tierra, nació del movimiento agroecológico y apunta a garantizar la vida y el cuidado de la tierra al mismo tiempo que procura una vida libre de violencias, con independencia económica, autonomía y respeto a la Madre Tierra. En marzo, participaron del 1° Congreso Nacional Por la Tierra, la Producción y Nuestra Casa Común.
Como una de las impulsoras de las Mujeres Trabajadoras de la Tierra, Rosalía nos cuenta que la organización nació con la intención de poner en evidencia que “hay una nueva ruralidad protagonizada por las mujeres”, productoras de alimento, flores, plantas y biodiversidad y que hasta hace poco tiempo estaban invisibilizadas. Rosalía advierte que para ellas, un tema central es el acceso a la tierra para producir, pero que este “no es un tema de agenda en las políticas públicas de género”.
Ampliando la idea de agroecología para la producción de alimentos, nos cuenta también que desde el sector impulsan como propuesta al Estado: el Programa de Forestación Popular y Producción de Nativas para la Biodiversidad, que busca sumar el cultivo de nativas, a las tareas que desarrollan compañeras y compañeros del programa Potenciar Trabajo.
Con este programa, explica Pellegrini, se busca “incentivar que la agricultura familiar y la economía popular armen sus propios viveros de plantas nativas y reclamarle al Estado que compre las nativas a nuestro sector para poder recuperar lo que el Estado permitió que se desmonte”. De este modo se podrían plantar millones de árboles en territorios populares, tanto rurales como urbanos. Agrega “lo estamos articulando con distintas organizaciones y armando esta red de productoras y productores con distintas organizaciones”.
Hay mucho por sanar y reparar en la historia, en las relaciones, en los cuerpos y en los territorios. Y en muchos rincones, experiencias como estas ya lo están haciendo: la agroecología es la herramienta.
La crisis hídrica se profundiza en todo el país. En la provincia de Chubut y la región patagónica, están afectadas las cuencas de los ríos Senguer y Chubut. Una situación que se invisibiliza y se omite deliberadamente cuando se consideran los proyectos extractivos que necesitan de ese vital recurso.
Desde hace más de 15 años la Patagonia padece de una crisis hídrica, fruto de la sequía y de un manejo depredador. Al mismo tiempo, desde los Estados provinciales y nacionales, se impulsan proyectos extractivos para áreas como Chubut y distintos territorios de la Patagonia, sin tener en cuenta a sus poblaciones que se oponen, porque entienden que sin agua no hay vida.
Entrevistamos a Silvia Leanza, de la Fundación Ecosur, habitante de la Patagonia, prof. en Geografía y Educación Ambiental, especializada en el análisis de la organización del espacio y el territorio con los problemas socioambientales.
¿En qué situación se encuentran hoy las cuencas de Chubut?
Todos los ríos patagónicos, como las cuencas del río Chubut y del río Senguer, tienen sus nacientes en áreas glaciarias. En un gran tramo, cuando entran en la meseta (Chubut), no reciben más agua por varias razones: porque no hay precipitaciones, y porque el alimento básico son el agua de deshielo y las lluvias invernales y esto ha cambiado, además de haber disminuido la cantidad de precipitaciones.
Como lo revela el Informe Técnico sobre la situación socio ambiental de las cuencas de los ríos Senguer y Chubut presentado por el Grupo Técnico del Comité de la Cuenca del Río Chubut en diciembre de 2021, “en el último año se han cuantificado déficits de precipitación mayores al 85% y 55% en las cabeceras de estas cuencas, regiones donde se produce el agua que alimenta los principales cursos superficiales”.
Leanza explica sobre los distintos destinos del agua. “Hay toda una intervención muy importante sobre estos ríos, que son los desvíos de agua, sea para las estancias más grandes y las que tienen cabaña y cultivo de forrajeras bajo riego. Eso está mal regulado y no controlado. Muchos de estos desvíos son clandestinos y el gobierno provincial y los organismos responsables, como el Instituto Provincial del Agua de Chubut, no intervienen. Por otro lado, en la cuenca baja y media del Senguer, donde está el lago Musters y el antiguo lago Colhue
Huapi -que se ha secado- y hasta la costa, hay actividad petrolera que toma agua en algunos sectores de la cuenca, donde en general no hay control, salvo que declaren el consumo del agua y paguen, aunque el canon es muy bajo también. Después están las intervenciones en los pozos de las napas freáticas, que contribuyen a alimentar los ríos y los lagos, pero también están intervenidas”.
A la situación se le suma un negocio actual, el agua de vertientes para vender. “Agua pura de manantial”, dice la propaganda: las aguas envasadas. Hay varios negocios vinculados a la extracción del agua a lo que se suma la situación de crisis hídrica, explica.
¿Qué incidencia tienen los factores climáticos en la crisis hídrica?
El cambio climático no implicasolo factores como la escases de precipitaciones níveas y pluviales, sino también la variación estacional, y en este momento hay una alta variabilidad meteorológica (días de mucho frio que se siguen de calor) y la nieve que puede llegar a caer se derrite a la semana o se evapora rápidamente. En los lagos también se produce una disminución del agua por la falta de alimentación como por evaporación, debido a los procesos de cambio climático y el aumento generalizado de la temperatura, y por otro lado se produce el viento, que también ha aumentado en frecuencia y velocidad, que también favorece la evaporación.
El ciclo se retroalimenta por falta de controles a la actividad humana, porque se sigue extrayendo el mismo volumen de agua, entonces tanto los cauces como los lagos pierden volumen y caudal de agua.
Además, el acueducto de 250 km fue una obra que resolvió el problema para las localidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tily y Caleta Olivia que se proveen del lago Musters. Pero, el aumento de la población urbana, hizo que el volumen de agua consumida sea mayor.
Según la tradición comodorense buscando agua encontraron petróleo, pero es un mito local.
El manejo del recurso hídrico tiene una serie de variables. Leanza suma algunos elementos más a la evaluación, “pretenden concretar proyectos, como un dique o un azud y obras que son extemporáneas. Falta agua, pero el peor factor en esta escasez es el político institucional. Que la gente siga pensando que el agua es un recurso infinito es un tema de educación también. Las empresas hacen lo que les conviene y lo que el Estado y sus instituciones los deja hacer. La política de la corrupción es el peor elemento de la gestión del agua”.
La crítica situación de las cuencas es seguida por las “asambleas locales por el agua”, que vienen estudiando el tema y tienen información precisa, porque soportan las consecuencias de la crisis hídrica. El Observatorio por la Cuenca del Rio Senguer está funcionando desde el año pasado en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, que firmó un convenio con la cooperativa que gestiona el agua, Sociedad Cooperativa Popular de Comodoro Rivadavia, para iniciar acciones destinadas a mejorar la situación. Las asambleas por el agua se autoconvocaron para acercar sus voces y visibilizarse como actores necesarios en este proceso y finalmente fueron invitadas a unas jornadas de trabajo que se realizarán en el mes de junio. Javier, uno de los asambleístas expresó: “Como ciudadanos creemos importante nuestra presencia para traspasar esa barrera que excluye a la ciudadanía del ámbito académico”.
Puesto de Control en el acceso a la Mezquita de Ibrahimi, Al Khalil, Cisjordania, Palestina. Imagen: Verónica Raffaelli
Flor Niti y Guillermo Martínez
Desde Virginia Bolten venimos informando acerca de la instalación de sistemas de control en diversas ciudades del territorio denominado Argentina desde el año 2017. ¿Quiénes son las personas implicadas en la vigilancia y control?
A partir de la investigación judicial a cargo del juez porteño Roberto Gallardo se hizo público que, durante el gobierno de la alianza CAMBIEMOS en la Ciudad de Buenos Aires, se hicieron pedidos para acceder a los datos biométricos de 7 millones de personas con cámaras de reconocimiento facial.
El juez determinó que para esto el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta utilizó como excusa la necesidad de encontrar personas prófugas de la justicia mientras en realidad lo que hacía era controlar los movimientos de muchísimas personas. La vigilancia se realizó por medio de la empresa Danaide S. A.
El propietario de esta empresa es Hernan Carzalo, socio de Mario Montoto, quien es el presidente de la Cámara de Comercio argentina-israelí.
Carzalo está íntimamente ligado a Montoto. Fueron socios en la empresa Tecnoview S. A. Asimismo, su hermano Roberto Carzalo, que es también parte de Danaide S.A., es director de la empresa Surely S. A. de la cual es dueño Montoto.
Roberto Carzalo también fue director de la empresa de construcción de Mario Montoto y su compañera Claudia Spinelli, Consularqui S. A.
Los negocios de Mario Montoto
Montoto tiene diversos negocios, todos asociados con la vigilancia, el control y las máquinas de matar. Es el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí y, como tal, es representante de muchas empresas israelíes de este sector. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se encuentra entre sus principales compradores.
En el año 2021, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una licitación por el servicio de control vehicular. En la misma participaron varias empresas, entre ellas Danaide S.A. La Licitación Pública N°2900, finalmente fue adjudicada por un monto de $1.114.312.896, es decir, una contratación por más de mil millones de pesos, a la empresa Danaide S.A. De esta forma, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la mencionada empresa tendrán el registro de los vehículos que circulan por avenidas y calles de la ciudad.
Esta no ha sido la única contratación del año por parte del gobierno de Larreta. A partir de la resolución N°36/SSGA/21, con fecha de febrero de 2021, Danaide S.A. obtuvo una licitación por análisis de video y gestión de imágenes por otros $300 millones de pesos. En este caso, hubo solo otro oferente que el gobierno desestimó, quedando solo la oferta de la empresa de Montoto.
Montoto también es el beneficiario de negocios en lugares de encierro. Fundó hace más de 25 años la empresa Surely S.A., siendo uno de los principales proveedores de sistemas de control y vigilancia para lugares de encierro en la región.
Los productos que comercializa son pulseras electrónicas, tobilleras con GPS y botones antipánico. Surely S.A. ha realizado 144 importaciones al territorio sudamericano, de las cuales 79 corresponden a la sede uruguaya de la empresa en Carrasco, Montevideo. En este caso, todas las compras fueron realizadas a empresas de Israel, según informes comerciales de la consultora SEAIR.
Como se viene informando desde Virginia Bolten, Mario Montoto es uno de los mayores beneficiados con estos sistemas de control. La empresa líder mundial en este tipo de sistemas es la empresa NEC, instalada en los territorios denominados Argentina y Uruguay a partir de la compra del 85% de la empresa Global View, de Mario Montoto y Daniel Hadad (dueño de Infobae). El 15% restante de Global View quedó en manos del mayor vendedor de armas israelíes a este territorio.
De la licitación donde obtuvo el contrato participaron 3 empresas. CODESUR fue la que presentó la oferta de mayor monto. El medio Clarín informó que con la excusa de que las baterías “podían explotar porque producen hidrógeno” se hizo un nuevo llamado a licitación. CODESUR ofertó un valor 50% menor a la primera licitación, pero aun mayor que sus competidoras. Sin embargo, con artilugios legales se dieron de baja las otras dos ofertas y, por consiguiente, a CODESUR le fue adjudicada la compra.
Las campañas de BDS en solidaridad con Palestina
El BDS es un movimiento pacífico internacional que toma como referencia la lucha contra el régimen de apartheid en Sudáfrica. El BDS es el llamado de la sociedad civil palestina a los pueblos del mundo para ejercer una presión pacífica sobre el régimen de segregación racial y ocupación israelí.
Este movimiento consta de diversas formas de acción: boicot académico, boicot cultural y deportivo, boicot económico y boicot político y de sanciones. En la actualidad se están realizando campañas contra la cementera CEMEX y un embargo militar a empresas israelíes.
Adhieren al BDS destacadas personalidades internacionales, entre ellas, el músico Roger Waters, la filósofa Judith Butler, la activista Angela Davis y fue adherente el físico Stephen Hawking.
El apartheid es un sistema de segregación racial y opresión por parte de un grupo sobre otro. Asimismo, según la legislación internacional, es un Crimen de Lesa Humanidad. Hay un incremento de las campañas de BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) contra el crimen de apartheid israelí, y de voces internaciones contra la ocupación. A pesar de esto EE. UU., el principal aliado internacional israelí, continúa financiando este régimen.
Organizaciones en solidaridad con el pueblo palestino, están realizando acciones de boicot contra las empresas de vigilancia y control israelíes, teniendo importantes logros.
Como informa la ONG Access Now ,en las ciudades de Buenos Aires y San Pablo se suspendieron las cámaras de reconocimientos faciales. Access Now es una organización que defiende y extiende los derechos digitales de las y los usuarios en riesgo en todo el mundo.
Es de esperar, como se detalla en el informe, que otras ciudades de Latinoamérica continúen prohibiendo este tipo de cámaras de vigilancia. Mientras, las campañas de BDS continúan para que haya una legislación a nivel nacional en Brasil y Argentina para la prohibición de este tipo de control.
La comunidad educativa del Mariano Acosta, organismos de DD.HH, Sindicatos y legisladoras porteñas, ofrecieron una conferencia de prensa en apoyo y solidaridad con el Vicerrector Julio Pasquarelli a quien, según medios periodísticos, se le estaría sustanciando un “Sumario Administrativo”. Finalizada dicha conferencia, Virgina Bolten realizó la siguiente entrevista.
VB: Estamos en la puerta del Mariano Acosta con Julio Pasquarelli vicedirector de la institución recientemente sumariado por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y su ministra Soledad Acuña. Julio, ¿en qué situación te encuentras hoy, y qué sabes del sumario?
JP: Hasta el día de hoy yo no tengo noticias del sumario y ni del inicio del sumario. Me entero por las tapas de un diario y por los medios de comunicación. Calculo que deben estar pensándolo para ver qué más pueden encontrar y ubicarlo. Tengo entendido, que lo que le molestó a la señora Ministra fue mi alocución unos días después de la toma, no fue en la toma -esto quiero aclararlo- y creo que le pareció un discurso de adoctrinamiento cuando en realidad lo que sucedió fue que , después de muchos meses de pedidos formales para que pusieran en práctica todo lo que implica tener una escuela como edificio histórico y el mantenimiento no teníamos respuesta. Entonces hubo una serie de movilizaciones de estudiantes y un abrazo a la escuela (…) creo que le molestó mucho eso, yo lo lamento mucho… y bueno, ojalá, ella pudiera sentir el amor que yo siento y que recibí hoy.
Foto: Marcos Sierras
VB: Por este mismo medio (Virginia Bolten) te hicimos una entrevista, hace unas semanas atrás, y dijiste explícitamente que apoyabas a lxs pibis pero que no estabas de acuerdo con la metodología. Sin embargo, el argumento que la Ministra Acuña esgrime es que vos apoyás las tomas.
JP: Mira que entre al Instagram mío, al Instagram de Nacho Levy de la “Garganta Poderosa”, y va a encontrar ese discurso dónde yo empiezo diciendo a lxs estudiantes que no estoy a favor de una toma, porque lo hemos hablado, incluso, de puertas adentro. Lo que ocurre es que se editó ese video y obviamente que era una operación de prensa porque lo que necesitaban era tener un elemento de castigo y bueno ahí hay, indudablemente, una manipulación de la información.
Foto: Marcos Sierras
VB: Hablaste hace un rato de la pedagogía del miedo. ¿Cómo está operando en este momento?
JP: Se enseña que las acciones tienen consecuencias. Si bien es cierto, la consecuencia en el mensaje que yo leí de un tweet de la señora Ministra, pareciera ser que cualquier acción es mala, por lo tanto, habría algo del orden de pedido de obediencia. Alguien dijo, parafraseando Foucault, de Vigilar y Castigar… pareciera ser que ella, lo que necesita es que sean escuelas que no hablen, que no emitan opinión, que estén de acuerdo con sus lineamientos y no haya un acuerdo. Las escuelas tienen un contrato con la comunidad y ese contrato se tiene que encargar de cumplirlo el Ministerio de Educación.
Foto: Marcos Sierras
VB: ¿Y cómo están los lazos con la comunidad educativa?
JP: ¡Increibles!
Docentes, estudiantes, familias, exalumnos… ya no sé… ya estoy hasta mareado de la cantidad de gente que ha venido a solidarizarse. Calculo que en estos momentos que vienen de mundial, fin de año, quizás es lo que suele hacer el Gobierno de la Ciudad: comunicar cosas desagradables, en momentos donde la gente está prestando atención hacia otro lado. Creo que quizás están esperando algunos de esos momentos para correrme de este lugar o algo más, no lo sé porque después de que me amenazaron tantas veces y quisieran, como decían de las amenazas, no seguir hablando, no seguir contándola, la verdad que no sé…
En el marco del conflicto que los centros de estudiantes llevan adelante con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en particular con el Ministerio de Educación y su Ministra, Soledad Acuña, el día miércoles 28 se convocó a un abrazo histórico a la Escuela Normal Mariano Acosta ubicado en las calles Urquiza y Moreno de esta ciudad.
El abrazo fue propuesto por el propio Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CEMA) debido a la escalada de violencia, por parte del Gobierno, contra estudiantes, familiares y docentes de dicha institución.
Luego del multitudinario abrazo de la comunidad educativa, Virginia Bolten realizó entrevistas a Isabella, Coordinadora del CEMA, y a Julio Pasquarelli, Vicedirector del centro de estudios.
Marcos Sierras
VB: Isabella, ¿desde qué día y bajó qué circunstancias y presiones se está llevando adelante la permanencia (pernoctazo) en el colegio?
Isabella: Estamos desde el viernes a las 18h30′. La toma fue votada en ese momento luego de varias medidas de lucha. Primero lo que tuvimos que bancar fue la persecución política de parte del gobierno cuando nos mandaron a cortar la luz y pusieron en peligro a muchísimos menores de edad que estábamos acá dentro. Tuvimos que pasar una noche muy desgastante durmiendo en el Hall de entrada y en el patiecito que hay afuera. Éramos muchísimos pibes y lejos de levantar la toma, como se estaba buscando, nosotres juntamos muchísima más fuerza y seguimos acá. La toma duró hasta ayer a las siete de la mañana y obviamente tenemos pensado seguir reclamando por nuestros derechos, que nos escuchen y que la educación sea justa como lo venimos reclamando hace muchísimos años.
VB: El Gobierno de la Ciudad hizo denuncias contra los padres responsables de los adolescentes y estudiantes del Mariano Acosta. ¿Es verdad que empezaron a ir uniformados con patrulleros a las casa de lxs estudiantes?
Isabella: Sí, lastimosamente, es verdad. Así es como decidió actuar el Gobierno de la Ciudad, denunciando a nuestros padres que obviamente no tiene nada que ver. Les estudiantes somos quienes tenemos para tomar los colegios. Quienes estamos acá, que venimos bancando hace muchísimo tiempo, empezamos a recibir amenazas en relación a esto. En un principio Acuña salió a decirlo por los medios cuando ni siquiera nosotros nos habíamos enterado. Y ayer llamaron a nuestros padres por teléfono diciéndoles que tenían que ir a la comuna 13 a una comisaría a firmar y ellos se negaron, obviamente, entendiendo que no son responsables de que los colegios están tomados. Hoy nos encontramos con que la policía los fue a buscar a sus casas a decirles que bajen a firmar.
Marcos Sierras
VB: ¿Reconcés algún tipo de violencia vinculada a la violencia de género y a que no se lxs respeta como “Sujetos de Derecho”?
Isabella: Sí, nos está pasando. Las mujeres están representando un Movimiento Político muy fuerte y nos está criticando por un montón de cosas, desde la vestimenta, desde cómo nos manejamos en cuanto a medios, etc., lo que se intenta es descontextualizar. Nosotros no venimos a mostrar nuestras vestimentas ni nada por el estilo nosotros venimos a mostrar los problemas que tenemos en los Colegios públicos que no solamente son de los casos de tomas de hoy en día.
VB: Luego de la conferencia de prensa, en la puerta del Mariano Acosta, conversamos con su vicedirector y este nos comentaba sobre cómo se vivieron estos días desde el lugar de las autoridades, ¿cómo ha sido el acompañamiento?
JP: Muy intenso, complejo todo, con amenazas, con aprietes, con corte de luz, con cortes de internet, con sugerencias de sumarios, con indicaciones de sumarios. Un aparataje que se fue montando y agravando, a medida que se visibiliza la problemática que estaba sufriendo la escuela .
VB: ¿Concretamente las amenazas hacia el personal docente directivo ha sido con sumarios administrativos?
JP: La amenaza en lo que a mí respecta, ha sido una amenaza de muerte. Amenazarme en mi domicilio poniendo cerca de mi auto una inscripción. Después sé que hay otros directivos que recibieron llamados intimidatorios. Luego aparece el disciplinamiento más legal, que tiene que ver con sancionar a las familias, hacerle pagar los días de tomas, que tiene que ver un poco con tratar de que estos movimientos no sé repliquen porque son movimientos que hacen que la gente se vuelva a unir, después de 2 años de pandemia, para pensar qué escuela quiere, qué educación quiere y qué futuro quiere para sus hijos e hijas.
Marcos Sierras
VB:¿Pensaste alguna vez, en tu carrera como docente que ibas a sufrir amenazas de muerte como en este caso?
JP: La verdad que no, nunca me imaginé que me podía pasar en realidad. Lo que sí siento es que todas las agresiones o todas las acciones para amedrentar nos están fortaleciendo más, porque lo que vos acabás de ver ahora, la cantidad de gente, familiares, vecinos, lo estamos viviendo día a día. No paramos de recibir apoyo y solidaridad a pesar de estar siendo criminalizados y perseguidos. Hay una red muy fuerte.
VB: ¿La comunidad educativa ha contenido tanto a estudiantes como a docentes y autoridades?
JP:La comunidad educativa está formada por las familias, los docentes, los directivos, el barrio y gente de distintas partes del país. Nos llegan mensajes por Instagram por WhatsApp, etc. de solidaridad, que comprenden que acá no se está hablando de una “toma” (medida que no acuerdo) sino que acá se está hablando de qué tipo de Educación queremos y qué tipo de perfil de ciudadano queremos: si es alguien que sea dominado, si es alguien que sea reproductor de un sistema que le imponen o alguien independiente que pueda elegir, porque en realidad no queremos adoctrinar ni que no se note la elección en particular.
VB: ¿Quieres compartir alguna reflexión final?
JP: Como decía en otra nota, en cualquier momento puede ser que alguna vez decidan que yo tenga que salir de mi cargo de vicerrector pero mientras esté en mi cargo de vicerrector, voy a seguir peleando por los derechos que considero que debo pelear para mis estudiantes y para la comunidad que represento.
Marcos Sierras
Al cierre de esta nota (09:00hs), las declaraciones que hace minutos después en conferencia de prensa el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, junto a la Ministra Soledad Acuña, hacen flaco favor a la solución de este conflicto que está en pleno desarrollo (con más de veinte escuelas tomadas). Muy por el contrario, deslindan responsabilidades en lxs estudiantes y la comunidad educativa, en su conjunto, de ser generadores de violencia y aclaran “No vamos a dialogar con los que anulan el diálogo”.
El 04 de octubre, la Unidad de Estudiantes, Familias y Docentes marchan hasta la Jefatura de Gobierno, y los docentes hacen paro.
El 23 de septiembre, se presentó, en la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) La rebelión de las flores. Documental de la directora y documentalista María Laura Vásquez*.
Foto: Marcos Sierras
El largometraje es un grito en sí mismo, un grito de muchas voces de mujeres que asumieron la lucha de sus pueblos, una búsqueda incesante por la memoria colectiva de las distintas naciones indígenas y el reconocimiento al derecho de posesión comunal sobre los territorios ancestrales.
En este camino de resistencia y lucha, más de 23 mujeres indígenas emprendieron el largo viaje, desde distintos puntos del país hasta la ciudad de Buenos Aires para llevar adelante la ocupación pacífica del Ministerio del Interior en octubre del 2019.
Foto: Marcos Sierras
El documental, logra mostrar que ese salir de mujeres, desde los territorios, no es un peregrinar en búsqueda del amparo del Estado. Sino por el contrario, fue un recorrido, un camino de guerreras que confrontan al Estado en sus puntos permanentes de violencia como son el terricidio, la desaparición forzada de personas y la vaca sagrada del sistema capitalista: la propiedad privada.
La rebelión de las flores es un documental necesario para vernos en el espejo del despojo y sorprendernos de aquello que el espejo nos devuelve.
Sinopsis: En octubre de 2019 mujeres indígenas autoconvocadas de territorios en conflicto ocuparon pacíficamente el Ministerio del Interior argentino durante 11 días, reclamando el cese del Terricidio en sus comunidades. Allí se enfrentaron a la desidia del Estado y a la indiferencia de parte de la sociedad, pero lograron reivindicar la necesidad de recuperar un modo para habitar donde la reciprocidad y la solidaridad entre los pueblos y la naturaleza es una necesidad urgente.
Guión y dirección: María Laura Vásquez Producción: Valeria Roig y Maria Laura Vasquez
Estreno para público: viernes 30/9 – 19:00 hs
️Entradas desde el 25/09 en www.tuentrada.com o en las boleterías
Funciones en El Cultural San Martín, Sarmiento 1551
*María Laura Vásquez es directora, guionista y productora.
Nació en La Plata, provincia de Buenos Aires en 1976. Estudió dirección en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños, Cuba. Ha realizado entre Venezuela, Argentina, Bolivia, Nicaragua y Cuba más de 20 documentales de corte cultural y político-social y ha producido programas de televisión dentro de la misma temática documental. Entre los años 2000 al 2011 se radicó en Venezuela, donde trabajó para La Villa del Cine dirigiendo largometrajes documentales.
Foto: Marcos Sierras
También trabajó junto a Oliver Stone en la investigación y recopilación de material de archivo para el film Al sur de la frontera(2010) y para el film Mi amigo Hugo (2014). Desde mediados de 2011 reside en Buenos Aires. Entre sus documentales más importantes se destacan Cuando la brújula marcó el sur (2008); Proyecto independencia, el espíritu libertario de un pueblo (2011) y Los 120. La Brigada del café (2018). Actualmente está en proceso de edición de su documental En busca de Legeryn.
El escenario de destrucción masiva de la biodiversidad, de cuerpos y del Sistema Tierra tal como lo conocemos, da pistas de una decadencia vertiginosa de lo que llamamos civilización. Mientras muchas comunidades, sean ellas científicas, sociales u originarias alertan sobre lo que podría ser “el fin del mundo” —según la concepción del líder indígena Ailton Krenak—, la respuesta de la “humanidad zombie” es aumentar las ganancias para disminuir las pérdidas, sin tocar las estructuras del problema.
El contexto de colapso ambiental llama la atención de todo el mundo en cuanto a la necesidad de tomar medidas urgentes para impedir que se profundicen los eventos extremos vinculados a la emisión de CO2 y de gas metano en la atmósfera. Esta situación se agrava por la destrucción de las selvas tropicales —que son las responsables de equilibrar el clima— , dentro de las que se encuentra la Amazonía, que es la más grande del mundo, pues ocupa 6,8 millones de km2 y abriga a 33 millones de personas y miles de especies.
En los últimos años, climatólogxs y científicxs del clima vienen demostrando su preocupación respecto de la pérdida de cobertura forestal en los países sudamericanos y nombran esta situación como un punto de transformación sin retorno. Se estima que si la deforestación del bosque amazónico supera el 20% o 25%, el mundo —desde el punto de vista de un colapso climático— llegaría a su punto de inflexión. Hoy el porcentaje de deforestación de la Amazonía es de un 17%, y la tendencia es de aumento en los próximos años.
Sumado a la deforestación está el proceso de sabanización de la Amazonía como consecuencia del cambio climático, debido al calentamiento global, y de la muerte de los árboles típicos del clima húmedo que son responsables de absorber CO2. En el sur de la Amazonía, el periodo de sequía ya es más largo y se registra un aumento de 3 grados en las temperaturas. Debido a todos estos factores, hay una pérdida de capacidad de reciclar el agua y un cambio en el régimen de lluvias.
Todos estos cambios han transformado la región en un peligroso emisor de CO2. En lugar de cumplir con la función de ayudar a equilibrar la temperatura global, el bioma pasa a emitir más CO2: hoy el 20% de la Amazonía emite más dióxido de carbono de lo que absorbe, debido a la pérdida de árboles.
Bajo el lema “Uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático”, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) —celebrada en Glasgow (Reino Unido) del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021— reunió a representantes de 200 gobiernos con el objetivo de acelerar la acción climática para el cumplimiento del Acuerdo de París. Considerado uno de los grandes avances en los debates acerca de las estrategias a ser adoptadas para que se logre limitar el calentamiento global a 1.5 grados a finales del siglo XXI, líderes de más de 100 países se comprometieron a acabar con la deforestación para el año 2030. Esta intención contó con el compromiso de inversión de 10.340 millones de euros para medidas relacionadas a salvar los bosques.
Los pueblos indígenas estuvieron en el centro de la discusión acerca de la preservación y recuperación de los ecosistemas ya que sus territorios abarcan el 20% de la superficie mundial que conserva el 80% de la biodiversidad del planeta, y en la Amazonía brasileña, sobre todo, el grado de conservación es aún más notable. Frente al evidente rol de los pueblos indígenas como protectores de los territorios y aliados estratégicos en la lucha contra la emergencia climática, el Reino Unido, Noruega, Alemania, EE.UU, los Países Bajos y 17 donantes estadounidenses se han comprometido a apoyar con 1.470 millones de euros a los pueblos indígenas, desde ahora y hasta 2025.
El compromiso, sin embargo, no parece ser suficiente. Según los más recientes informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —el principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático—, hay más del 50% de posibilidades de que los 1.5 grados sean alcanzados entre 2021 y 2040 —con una estimación promedio de que ocurra a mediados de 2030—. Eso se debe al hecho de que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en lugar de disminuir, han aumentado los últimos años y la preocupación por reducir las actividades que contribuyen a las emisiones tampoco fue tomada en cuenta.
Foto: Marcos Sierras
Actividades como la ganadería industrial y la agricultura intensiva, que vienen cambiando significativamente los modos del uso del suelo, no están en la mesa de debates de estos mismos países que ahora quieren invertir para revertir la situación de colapso ambiental.
El informe del IPCC de 2022 es nítido respecto de las acciones a ser tomadas. Entre ellas está la reducción de la emisión de gas metano a un tercio, reducción drástica de los gases provenientes de la quema de combustibles fósiles, uso responsable del suelo y la recomposición de los bosques.
Frente a los retos que se imponen, la lógica de los negocios sigue su ambición predatoria y colonialista que tiene por objetivo la ganancia a cualquier costo —sin importar si quedará sobre la Tierra la posibilidad de manutención de la vida— dentro de un sistema que se reinventa cada día más violento e irracional. La destrucción de las fuentes de equilibrio que pueden garantizar el futuro de las especies, humana y no humanas, es el nítido desprecio por lo que llamamos casa común. Pensando en ese estado de cosas, desde Virginia Bolten nos preguntamos: ¿por qué seguimos permitiendo el desarrollo del capitalismo?
En un contexto de desidia absoluta, donde al momento de publicar esta entrevista está ardiendo el monte en la provincia de Córdoba, los incendios afectan la zona de Punilla, comprendida entre La Falda y Huerta Grande. ¿Casualidad?
Con una Ley de Humedales cajoneada, una Ley de Bosques desfinanciada y estando el territorio denominado Argentina entre los 10 países que más deforestan, el pueblo cordobés viene sosteniendo hace meses asambleas y una lucha cuerpo a cuerpo para impedir que se termine con los pocos bosques que quedan para realizar una autovía.
En esta ocasión entrevistamos a Juan Jacobs, periodista de Radio Panamericana FM 99.3, una radio comunitaria de Huerta Grande, Córdoba.
Virginia Bolten: ¿Cuál es el derrotero por el cual se ha llegado hasta esta situación de conflicto por la autovía entre vecinxs, militantes ambientales y la policía de la Provincia de Córdoba?
Juan Jacobs: El problema central que tiene este proyecto de autovía es que no cumple con la Ley general del ambiente y con otros estatutos y tratados internacionales. La primera plantea que el estudio de impacto ambiental debe ser acumulativo, es decir, que reúna todos los impactos posibles en el tiempo y en la distancia. El estudio de impacto que presenta el gobierno no es acumulativo, es insuficiente, carece de coherencia interna, sus datos son muy flojos.
Desde el vamos esto fue cuestionado, sin embargo el gobierno nunca tomó en consideración las críticas de base que se hacían, de que no se ajustaba al derecho de estudio de impacto ambiental y se avanzó igual con la obra de la autovía, a pesar de que el rechazo que tuvo en la audiencia pública fue de un 90%, en lo que fue la audiencia más larga de la historia de Córdoba (un mes y medio y más de 750 oradores). Entonces, es una obra que se califica de ilegal desde el primer momento por el tipo de proyecto que se presenta y que a pesar de eso se sostiene y se quiere hacer de todos modos, de manera violenta, porque no se escucha a la audiencia pública, no se da lugar a los amparos, y hay una complicidad judicial y del gobierno nacional al facilitar el préstamo para esta obra con un gasto excesivo. Es brutal para un valle de Punilla tan pobre gastar 100 millones de dólares.
Esto es lo que empuja a una situación en la que los ciudadanos nos vemos en la necesidad de llevar adelante la medida cautelar ya que no se cumple la justicia. Como hay un daño irreversible inminente y como sabemos de que esto técnicamente es inviable y nadie lo va a arreglar, nos empezamos a volcar a una lucha cuerpo a cuerpo por defender los restos arqueológicos, el territorio de los pueblos originarios – a los que no se consultó oportunamente- y a la espera de una medida cautelar que frene las obras. Los jueces hasta ahora no han leído el estudio de impacto ambiental, no son conscientes del riesgo que hay, y esto es la causal de la conflictividad social. Las leyes ambientales están pensadas para evitar esto. Si el gobierno hubiera respetado dichas leyes, seguramente este problema no existiría entre los defensores ambientales y la policía de Córdoba. El gobierno viendo que incumplió la Ley, viendo que no hay consenso para esto, decide hacer la obra solamente con la fuerza de la policía y de las armas.
VB: ¿Qué recorrido está previsto que tenga dicha autovía?
Juan: La autovía es parte del corredor bioceánico de IRSA que va del puerto de Coquimbo (Chile) a Brasil, algo que merece un debate más en profundidad si es que la Argentina acuerda realmente con la idea de ser la base, la factoría de las exportaciones de materias primas del mundo entero de manera indiscriminada como se está planteando porque es un corredor bioceánico donde no solamente se atraviesa zonas de bosque nativo sino que está pensado para llevarse toda la materia prima a China a través del Pacífico. En este caso, este tramo que se está discutiendo y que ya se inició, va desde la Comuna de San Roque hasta la ciudad de La Cumbre en 42 Km de obra por el oeste, zona de territorio de pueblos originarios, naciente de todos los arroyos que dan agua al río Cosquín y por ende a la ciudad de Córdoba. Es la zona de bosque nativo más valiosa que tenemos en el valle de Punilla y donde tenemos los restos arqueológicos y patrimoniales de Punilla. Esta carretera arranca en el puente De la Sota del lago San Roque y termina en la ciudad de La Cumbre.
VB: Concretamente, ¿Cuál es el impacto ambiental que tendría la autovía? ¿Por qué hablan de ecocidio?
Juan: El impacto ambiental de esta obra es prácticamente incalculable. Son ellos quienes tienen que demostrar cómo se va a aminorar el impacto. Nosotros creemos que el impacto va a ser irreversible, no solamente en las fuentes de agua -no nos olvidemos que el Río Primero lleva agua a Córdoba y que el San Roque es el dique más contaminado del país y que esto va a afectar seriamente a la cuenca del San Roque-, sino que hay otros impactos más graves como el cambio de uso del suelo. El oeste del Valle de Punilla, que es una zona rural, pasaría a ser zona de emprendimientos inmobiliarios (country, barrios privados, etc.) y la obra que es una autovía cerrada, que no tiene bajadas, que no tiene banquina, sino que está cercada por paredes, funcionaría como un muro que encerraría al Valle de Punilla entre la zona pobre del valle y la zona rica al oeste. Es una manera de “ordenar” el territorio como uso del suelo, y eso es muy grave porque no nos permiten opinar sobre el territorio en donde queremos vivir, apuntando a transformar nuestra sociedad en guetos, un gueto de pobres al este y otro de ricos al oeste. Estos impactos serían a mediano plazo.
Además de esto, un biólogo explicaría el impacto ambiental que tiene el dinamitar las sierras, impacto en el paisaje, en nuestra forma de vida. Tener que asumir que más allá de la juntura del Río Yuspe, más allá de La Muyuna o Piedras Grandes en La Falda, no vamos a poder transitar más, que allí va a haber una pared de cemento. Además, los pueblos de Punilla van a quedar más en el olvido, se va a producir un derroche de dinero en una obra insuficiente e innecesaria.
Sabemos que el estudio de impacto ambiental no contempla ningún posible impacto, que son innumerables, y eso ya es razón suficiente para no aprobar ese proyecto. Es el estudio de impacto ambiental el que debe dejar nítidos todos estos riesgos ambientales. Yo creo que si unx se pone a analizar los impactos en la vida, en las generaciones futuras, en el ambiente, en el ecosistema, en las especies en peligro de extinción como el puma, como ciertas especies de árboles como el guindillo, no terminaría nunca. Lamentablemente son ellos quienes proponen esta obra y son ellos los que tendrían que sanear estas dudas y no lo han hecho. El problema lo tienen ellos porque la carga de la prueba, los riesgos los tienen que demostrar ellos. No somos nosotrxs quienes tenemos que explicar los impactos de la obra. Lo tendría que decir el Gobierno, y hasta ahora no lo ha dicho. Pero no nos hace falta eso para saber que el impacto sería total, brutal sobre la cuenca del lago San Roque, sobre la forma de vida en el Valle de Punilla y ni hablar como corredor bioceánico en el avance del extractivismo en la Argentina.
VB: Existe una persecución a militantes y vecinxs que se oponen a la construcción. Eso está más que denunciado. ¿Concretamente, qué hechos puedes mencionar que consideres cómo persecución y hostigamiento?
Juan: No cabe duda de que existe una persecución a los defensores ambientales. En primer lugar los hechos que marcan esa situación tienen que ver con que la justicia no resuelve los amparos ambientales. Todo eso que estamos mencionando fue oportunamente denunciado ante la justicia de Córdoba, en un derrotero donde se fueron pateando las competencias. Ya va 5 años de esto, no nos olvidemos que el amparo es el mismo del año 2018, donde se plantea la carencia de un estudio de impacto ambiental acumulativo, la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos originarios, la falta de un plan metodológico de acuerdo al Método de Harris del tema arqueológico. Eso está hoy en la cámara de contención administrativo de la segunda nominación de Córdoba y no se resuelve. Si ellos resolvieran en contra del amparo, nos permitirá a nosotros apelar, ir a la corte suprema, seguir la discusión. Y si se resolviera a favor se frenaría la obra. El tema es que no resuelve la justicia, deja esto en un limbo, esperando que la obra se finalice para a partir de ahí dar un fallo. En ese caso ya va a ser tarde. Que nos den la razón cuando sea tarde sería totalmente abstracto, no tendría sentido. Así que tenemos un hecho donde la justicia es cómplice del avance ilegal de esta obra. Más allá de una justicia cómplice que no resuelve, está un gobierno que utiliza la policía como herramienta para avanzar con la obra, una cuestión absolutamente irregular e ilegal. Una policía ideologizada, eso es muy importante verlo, porque el efectivo policial no actúa de manera racional como servidores públicos, haciendo cumplir la ley, respetando al ciudadano. Lejos de eso, las fuerza policial está totalmente ideologizada, a favor de las empresas, contra los defensores ambientales, de una manera irreflexiva, irracional, carente de toda sensatez por parte de ellos, que actúan de manera violenta porque no tienen argumentos a la hora de chocar con los defensores ambientales. Y a esto le sumamos una fiscalía de Cosquín que no respondió a ninguna de las denuncias presentadas por este tema.
Ph: Vecinos por el Ambiente Punilla
Sobre el tema arqueológico se presentaron denuncias por daño irreversible al patrimonio arqueológico ancestral y deliberadamente no lo ha resuelto, porque fue presentado oportunamente, con prospecciones que fueron hechas previamente ante escribano público. Algo bastante indiscutible es que al menos la fiscal debería decir algo, pedir que se amplíe. Y sin embargo, actúan de manera muy veloz para imputar a los defensores ambientales. Hubo algunos sucesos puntuales, como por ejemplo el escrache que se hizo al intendente de Cosquín, al que se lo encontró en la calle casualmente un día de asamblea y se le hicieron algunos planteos, sin faltar el respeto, pero sí reclamando todo esto. Curiosamente comenzaron a llegar imputaciones a algunas de las personas que estuvieron ahí, sin saber porqué ni cómo fueron señaladas. O situaciones en las que la policía ha llegado al lugar de los hechos con cierta credencial, o un papel, preguntando por ciertas personas frente a los defensores ambientales, preguntando si estaba tal o cual. Y nosotros decíamos: si usted es oficial, tiene que notificar a la persona en su domicilio. No venga acá a preguntar para ver si le imputa o no. Además, el tipo de imputaciones que hubo, más de 20, dirigidas a los defensores ambientales más activos, utilizaban otra clase de acusación, como por ejemplo turbación a la posesión. Es decir, que uno, por haberse manifestado, está turbando la posesión de la empresa. Como si uno se quisiera quedar con los terrenos de la autovía. No es eso, estamos protestando. Además de eso, se suma el atentado a la Radio Panamericana, donde se rompieron los vidrios de la radio en dos oportunidades en un mismo día. También la detención de ciertos militantes de manera violenta, como pasó con el compañero Matias Pérez, que fue detenido en su propio domicilio, sin orden judicial, llevado a la fuerza delante de sus hijos, señalado por ser uno de los militantes activos. Acciones de patota a vecinos que van a ser expropiados y que están en negociación con la empresa Caminos de las Sierras y que por tener elementos bastante sólidos para demorar la expropiación, fueron patoteados por policías en representación de la empresa, señalados. Hay también micro hostigamientos permanentes, pero nosotros consideramos que hay persecusión y terrorismo de Estado porque hay una justicia que no resulve, hay un gobierno corrupto que utiliza las empresas constructoras para financiar la corrupción de la obra pública, y una fiscalía que lejos que fiscalizar todo eso oportunamente denunciado, se dedica a imputar a los defensores ambientales que además estamos protegidos por el Acuerdo de Escazú y por un habeas corpus que fue emitido por la juicia novena de Cordoba Capital hace 20 días atrás, diciendo que debemos ser cuidados en nuestra libertad ambulatoria, nuestra integridad física, moral y pscicológica como defensores ambientales. Nada de eso se respeta y se allana el camino para que la policía ideologizada comience a enfrentarse de manera absolutamente violenta, sin diplomacia, sin medida de diálogo a los defensores ambientales que nos manifestamos.
Consideramos que eso es persecución política, la fiscalía debería fiscalizar a todos los actores implicados en ese conflicto, que la justicia debería resolver, que no tienen que imputarnos a nosotros por estar defendiendo al ambiente, que nos protege el Acuerdo de Escazú, que además la polícia no debería estar instalada en los obradores de la autovía, que debería estar cuidando a la ciudad que es zona liberada. Acá hay un señalamiento claro de atacar a los defensores ambientales para que la obra se pueda realizar utilizando la policía, molestando y persiguiendo, ya sea penalmente, ya sea con la policía e inclusive absolutamente de manera patoteril como en algunos casos hemos visto.
VB: Como comunicador de Radio Panamericana fuiste detenido en pleno ejercicio de tus funciones como periodista. También, pocos días después, hubo un atentado a la sede de la emisora. ¿Qué pensás de esto? ¿Consideras que está en riesgo la libertad de expresión en la órbita de la Provincia de Córdoba?
Juan: Como comunicador he tratado siempre de hacer el trabajo lo más profesionalmente posible, sabiendo que uno está cubriendo un conflicto donde hay actores que se enfrentan y que uno no tiene una posición neutral frente a eso, sino que tenemos una posición tomada en defensa del ambiente. Pero bueno, uno hace el trabajo de forma profesional y yo me he visto en situaciones muy complicadas frente a esto. En primier lugar, denunciar la violación del derecho humano a la información. Que el estudio de impacto ambiental de esa obra es inconsistente, que se omitió mucha información, que no tenemos de hecho esa información, que no la están presentando, que los intendentes locales no dan explicación de las firmas que han otorgado avalando esa obra, que no explican los detalles de la obra, que no dan soluciones a la gente.
Además de esto, intendentes locales, como el de Huerta Grande, no brindan entrevistas. Sólo da entrevistas a ciertos medios que tienen una pauta del gobierno. El gobernador Schiaretti también sólo habla a los medios oficialistas, jamás responde a los señalamientos que le hacen los defensores ambientales o las comunidades indígenas. Además de esto, vemos la utilización de la pauta oficial como una manera de acallar las voces. Nosotros somos notícia en todo el país. Nos llaman de Buenos Aires, de San Juan, de Chubut, de Rio Negro, de Santa Fé por este tema. Sin embargo, los medios de la ciudad de La Falda no hablan de esto. Y no hablan porque tienen la pauta oficial. Ahí están censurando a los trabajadores de prensa de los medios grandes de la ciudad de La Falda, utilizando la pauta oficial que, si no la tienen, no pueden pagar los sueldos, y se los acalla de esa manera. En el caso nuestro, que somos un medio independiente, que no dependemos de la pauta para existir, nos acallan de otra forma, asfixiándonos, impidiendo nuestro trabajo, no dándonos información. El día que fui detenido estaba en un contexto de protesta, haciendo cobertura para la radio. Ningún efectivo policial me prestó atención, yo presenté mi carnet de prensa. No les importaba nada, no respondían nada. Nosotros les pedíamos precisamente información, le decíamos que si había una orden del fiscal que la muestren, que respondan a las denuncias presentadas. Le preguntábamos si había un arqueólogo trabajando, que se diera información de la prospección que iba a realizar, que informaran qué iban a hacer con las piezas arqueológicas que se encuentren. Nadie brinda esa información y lejos de eso, los policías estaban totalmente -no sé si drogados o sacados- fuera de sí, violentos. No son policías profesionales, actúan bajo una emoción violenta contra ciudadanos que nos estamos manifestando de manera pacífica. Fuimos golpeados, no solamente detenidos. Nos arrastraron, nos golpearon, nos trataron como delincuentes, nos cagaron a palos y nos metieron presos. Y yo estaba haciendo el trabajo de prensa. Y todavía más, a los dos días es atacada la radio en dos oportunidades. A la mañana rompen un ventanal y al mediodía otro. Y eso viene nítidamente del poder político local, que así como censura medios que dependen de la pauta, a nosotros nos quieren amedrentar con la policía, con detención y con la rotura de nuestros vidrios. Nítidamente se está violando la libertad de expresión en Córdoba desde hace mucho tiempo, incumpliendo con los deberes de brindar información pública, por ejemplo,nuestro derecho a filmar o a hacer cobertura de la ejecución de la obra de la autovía frente a los impactos que van ocurriendo. Y por otro lado manipulan la pauta oficial para silenciar a los medios que dependen de ella. Es todo un escenario donde los políticos del oficialismo, alineados con el gobernador, nos tratan a nosotros como “minoría extrema”, pero jamás nos dan entrevistas. Actúan con indiferencia, hacen de cuenta que no existimos. Solamente hablan a una parte de la sociedad y la otra es como si no existiera.
Eso no solamente es censurar y violar la libertad de expresión, sino que es algo absolutamente violento, negacionista, una manera de aplastarnos. Aunque podría ser que piensen que es un pensamiento minoritario, lo cual para mí es dudoso, tampoco les da el derecho a aplastarnos, ningunearnos y a insultarnos en la única vez que se dirigen a nosotros como sector de la sociedad. Nuestra emisora está siendo cada vez más oída. Ese conflicto, como ya se sabe, ha tenido alcance nacional, y estamos teniendo mucha audiencia. Sin embargo, acá hacen de cuenta que no existimos, no tenemos reconocimiento del municipio local. Somos el único medio de Huerta Grande y cuando celebran el día del periodista no nos invitan, no nos llegan noticias oficiales, no nos invitan a las conferencias de prensa, a los actos oficiales. Eso atenta contra la democracia, la libertad de expresión, contra el derecho humano de acceso a la información. Y además nos muestra que estamos en las manos de gobernantes que son bastante ignorantes e incapaces de entender las contradicciones de la política y de dialogar con sectores opositores. No solamente se vulnera el derecho a la libertad de expresión y al trabajador de prensa, sino que también a otros derechos como el derecho a la protesta y otras situaciones que tienen que ver con la participación de la sociedad y con los deberes de los funcionarios públicos de atender a todos los sectores sociales
VB: ¿Qué propuesta alternativa existe a la de la autovía impuesta desde la Provincia?
Juan: La alternativa que hemos propuesto ha sido clara y pública oportunamente: la solución para el tránsito en el Valle de Punilla es arreglar la ruta 38. Nada de todo esto tiene que ver con arreglar la ruta 38. ¿Qué van a hacer? ¿La van a dejar abandonada cómo está? En este punto hay que denunciar también el lobby de Vialidad Nacional con el Gobierno de Córdoba para realizar esta obra que ha dejado en estado de abandono la ruta 38: no tiene banquinas, es una ruta vieja que fue construida en la década de 1930, cuando no existían autos con las velocidades actuales. Es inminente y absolutamente necesario arreglar la ruta 38, y sería mucho más económico que la locura que están haciendo, tendría menos impacto ambiental, no tendría conflictividad social. La solución del tráfico en Punilla es arreglar la ruta 38, hacer de la 38 una autovía en los tramos que se pueda y generar alternativas junto con el ferrocarril. Deberíamos tener ferrocarril, ya estamos en el siglo XXI y la verdad es que estamos hablando de autovía y tenemos un ferrocarril de la década de 1940, en ese sentido, hay que mejorar el ferrocarril.
Y para el proyecto de corredor bioceánico del IRSA, si es tan necesario que lo hagan por la ruta 9 hasta Deán Funes, y desde Deán Funes a Cruz del Eje. Que se vaya a la cordillera por la ruta que va de Deán Funes sin pasar por acá. Esa sería la solución para el corredor bioceánico del IRSA.
Hay muchas alternativas, lo que pasa es que el negocio de las empresas constructoras que manejan esta provincia -Roggio, Sacde, Chediack- es mover tierra. Y si la obra que se propone -ya sea el arreglo de la 38 o hacer el corredor bioceánico por la ruta 9- son obras económicas que no implican suficiente movimiento de tierras, no es negocio para las empresas constructoras que se dedican a robar con eso. Uno nunca puede medir el movimiento de tierras y eso es un afano total. Este tramo de la autovía, sólo este tramo, estaba presupuestado en 100 millones de dólares y ya sabemos que se sobrefacturó en un 40%. A eso hay que sumarle los intereses que va a tener ese préstamo, más imponderables. Esto va a alcanzar, tal vez, los 200 millones de dólares sólo para el primer tramo. Ese es justamente el negocio. Si pensáramos en arreglar la 38 o hacer el corredor bioceánico por la ruta 9 no es negocio para Roggio, por lo tanto imponen de manera violenta este proyecto de la autovía por la montaña.
VB: ¿Quisieras agregar algo más?
Juan: Me parece importante tener en cuenta que se están sucediendo hechos de una gravedad supina en todo el país y que tienen que ver con el avance del extractivismo. Los condicionantes de la deuda externa, la situación económica en el país, no pueden ser motivo para querer avanzar sobre los recursos naturales de la patria, destruyendo, sacando y saqueando el subsuelo de la patria sin pensar en las generaciones futuras, sin pensar en el equilibrio biológico. Hay una necesidad económica de que esas energías y todos esos recursos y bienes comunes se utilicen de manera inteligente y no para el derroche, como se piensa hacer. Acá estamos frente a un escenario muy grave de extractivismo y de un avance irracional de lo que se quiere hacer. Sin ir más lejos, cuando se le preguntó al gobernador Schiaretti como iba a resolver el problema del agua en Córdoba si destruían las fuentes de agua que llevan al San Roque, el planteó un acueducto Santa Fe-Córdoba. Y esto está aprobado, y está aprobado por el Gobierno Nacional. Entonces, el Gobierno Nacional hoy está abalando quitarle millones de litros de agua al Río Paraná en la situación en la que ya se encuentra. Antes de resolver el problema de los humedales, de los incendios, el Gobierno Nacional ya autorizó hacer un acueducto Santa Fe-Córdoba… ¿Y qué pasa con la quema de los humedales? ¿Y qué pasa con el problema de la minería en Catamarca? …esa minería violenta que ha contaminado poblaciones enteras…¿Y qué pasa con las fumigaciones en la zona de la frontera agropecuaria?…la gente que tanto sufre, que vive cerca de los campos de soja…¿Y qué pasa con la explotación petrolera bestial y la intención de hacer explotación petrolera en Mar del Plata? ¿Y qué pasa con la llegada del litio y los intereses internacionales sobre el litio de Argentina? ¿Y qué pasa con la pelea por el agua? Es decir, acá nos quieren saquear a diestra y siniestra de manera absolutamente, no solo violenta sino veloz, que no podemos ni darnos cuenta.
Entonces, me parece que hay que empezar a plantear seriamente un frente nacional antiextractivista, a plantear una cuestión de sensatez económica para el país. Esto nos va a llevar a la pobreza. Nos quieren transformar en un país pobre de África en el corto plazo. A este ritmo en los próximos 20-30 años va a quedar un país saqueado, sin nada. Entendiendo las complicaciones de la economía, de la deuda externa, etc., etc., pero no es el camino utilizar el extractivismo y solamente la exportación de materias primas como salida económica para el país. Todas las gestiones de gobierno utilizan la misma excusa, el cortoplacismo de plantear que hay una necesidad inmediata hasta poder resolver, industrializar, y así seguimos en la misma situación hace 50-60 años.
Acá lo que hace falta y lo que planteamos claramente, y que tenemos que colaborar en todo el país, es frenar el extractivismo en el país al precio que sea. Que tengamos que perder algunas beneficios de la modernidad, de la tecnología y del confort que nos vende el mercado para ser parte del mundo pero entendiendo que el agua no se puede reemplazar, que no hay máquinas que fabriquen los árboles que se queman, que no hay máquinas que puedan arreglar las montañas que se rompen. Así que acá hay que avanzar a nivel nacional en todos los frentes nacionales, en las ciudades, en el campo, en la montaña, en la costa, en un frente nacional antiextractivista para frenar el saqueo de los recursos naturales. Ese es el mensaje que tengo para dar y esperamos que esto se pueda seguir profundizando en todos los territorios. Así como estamos peleando en Punilla, en todos los territorios está avanzando el saqueo extractivista, y hace falta el esfuerzo que estamos llevando acá de ir a frenar las máquinas. No alcanza con la declamación, no alcanza con los discursos, ni siquiera alcanza con las marchas ni las visibilizaciones. Hay que moverse para frenar las máquinas como hace el pueblo de Choya en Catamarca, como hacen los defensores ambientales de Punilla. Ir a frenar las máquinas y decirles, “hasta acá llegamos muchachos, ¡basta! ¡basta de saqueo!”.
El jueves, 31 de agosto, se llevó adelante en el SiPreBA (Solís 1158) la presentación de una nueva edición del libro La Patria Fusilada, de Paco Urondo. Libro que surge de la entrevista realizada por el autor a sobrevivientes de la masacre de Trelew.
La Patria Fusilada es una reconstrucción histórica, cuyo origen es una entrevista llevada a cabo por el mismísimo Paco Urondo a lxs tres sobrevivientes de la masacre: Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar. La noche del 24 de mayo de 1973 en la cárcel de Devoto.
Esta reedición suma los aportes de dos textos, uno de Ángela Urondo Raboy y otro de Raquel Camps —hijas de Paco Urondo y Alberto Camps— como así también las biografías de los entrevistados y entrevistador en un apartado titulado “Los caídos II”, secuestrados y desaparecidos, años más tarde, por la dictadura-eclesiástica-militar.
La presentación fue acompañada de la muestra fotográfica “1972-2022 Trelew”. Iniciativa del área de Cultura de ATE Nacional a cargo de la fotoperiodista Paloma Alexandra García.
La actividad estuvo enmarcada con la música, el canto y la poesía del cantautor Peteco Carabajal quien cantó “Guerrillero santiagueño” en homenaje a Roby Santucho.
Estuvieron en la mesa de presentación, Vicente Zito Lema, Raquel Camps y Daniel Riera (ambxs hijxs de sobreviviente de la masacre), Tato Dondero (socio fundador y primer Secretario General del SiPreBA). La mesa fue moderada por el Secretario General del SiPreBA, Agustín Lecci.
Luego de las emotivas palabras de lxs familiares de los sobrevivientes, el cierre del Panel, estuvo a cargo de Vicente Zito Lema, quien leyó un fragmento de “Glorias”, poema de Juan Gelman que cierra el libro.
La muestra, con algunas fotos inéditas, puede ser visitada en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y en la sede de ATE Nacional, Av. Belgrano 2527.
Glorias
(…)
¿acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? por las calles de Trelew y demás calles del país ¿no está corriendo la sangre? ¿hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora?
¿no están las sábanas pegajosas de sangre amantes?
¿y llena de sangre la pulpera y sus ojos celestes? ¿ahogados en sangre? ¿y la calandria hundida en sangre y la gloria del día con las alas empapadas de sangre sin poder volar? ¿no hay sangre en la penumbra de tus pechos amada?
¿y dónde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados en Trelew? ¿y no habría que ir a buscarla? ¿y no se la habría de oír en lo que está diciendo o cantando? ¿no está esa sangre acaso diciendo o cantando?
¿y quién la va a velar? ¿quién hará el duelo de esa sangre? ¿quién le retira amor? ¿quién le da olvido? ¿no está ella como astro brillando amurada a la noche? ¿no suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo la noche del país?
con sangre verdaderamente están regando el país ahora oh amores 16 que todavía volarán aromando la justicia por fin conseguida el trabajo furioso de la felicidad oh sangre así caída condúcenos al triunfo
como calandria de sus pechos caía y como sangre para apagar la muerte y como sangre para apagar la noche y como sol como día.
Brasil está en vías de cambiar el rumbo político tras el mandato autoritario y violento de Jair Messias Bolsonaro. Las encuestas dan cuenta de una posible victoria de Lula da Silva y muchas personas ya celebran el futuro con un nuevo presidente sin los rasgos fascistas que caracterizaron el gobierno del actual mandatario.
La esperanza se hace notar en los discursos y rostros de las personas que no forman parte del 30% que apoya al actual presidente. Sin embargo, el miedo es un elemento que está presente y evidencia que el proceso de bolsonarización de la sociedad brasilera ha funcionado como forma de disciplinamento. Esta se manifiesta a través de la auto-preservación frente a la vulnerabilidad que, en gran medida, es responsabilidad de la mala gestión del gobierno.
Es decir, en lugar de atacar a las causas del padecimiento, la sociedad entiende que el “otro” es el enemigo a ser derrotado. Un “sálvese quien pueda” dentro de una lógica individualista, meritocrática y racista que sobrevalora al “ciudadano de bien”; blanco, creyente, nacionalista y de “buena familia”.
Elasesinato de Marcelo Arrudacomprueba la eficacia de ese pensamiento trasladado a un hecho concreto. En un país que naturalizó el exterminio como forma aceptable de eliminar y/o negar la diferencia racial, étnica y política —que, en realidad, siempre existió velado y que salió a las calles con Bolsonaro— , lo que se ha de esperar es que, aunque Lula gane las elecciones el próximo 2 de octubre, la violencia política siga su curso.
Las elecciones en Brasil están marcadas por un clima de incertidumbre acerca de los límites. La libertad de expresión política, a pesar de estar garantizada, se ve coaccionada frente a los hechos de violencia y los sistemáticos cuestionamientos acerca de la legitimidad del proceso electoral, que dan a entender que el resultado – en caso de una derrota de Bolsonaro- no será fácilmente aceptado.
Durante su discurso de asunción del 17 de agosto, el Ministro del Tribunal Superior Electoral (TSE) Alexandre de Moraes, expresó: “somos la única democracia del mundo que presenta los resultados electorales en el mismo día con agilidad, seguridad, competencia y transparencia”, Bolsonaro, quién estaba presente en la ceremonia de la cual también participaron Dilma, Lula y Michel Temer, expresó un nítido descontento e incomodidad con la declaración del Ministro.
Brasil tiene en estas elecciones, según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), el mayor número de candidatos militares a la cámara baja de los últimos 20 años. Son 332 los policías inscriptos para concurrir al cargo de Diputado Nacional, un aumento de 55% en comparación a las últimas elecciones. Es notable la politización de las fuerzas de seguridad que se ven legitimadas por el gobierno de Bolsonaro, pero también por una parte de la sociedad que expresa una cierta nostalgia, aunque no la hayan vivido, de la Dictadura Cívico-Militar-Eclesiástica (1964 a 1985), está de acuerdo con la liberalización de las armas de fuego y con una política de mano dura para combatir el narcotráfico y la criminalidad.
Las elecciones serán caracterizadas por su condición plebiscitaria. El poco espacio para el debate de ideas es un elemento importante que marca este período post-golpe. Si durante el gobierno del PT hubo una apertura para debates —como en el caso del sistema de cuotas en las universidades y los programas de incentivo a la educación, ampliación del sistema de asistencia social, combate al hambre y la popularización de la cultura—, lo que caracteriza el proceso electoral de este año es un fuerte apelo a la emotividad agregado al tono de denuncia respecto de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo en el período de pandemia.
Sin embargo, también se abre una batalla de acusaciones y contra-acusaciones entre ambos candidatos —Bolsonaro y Lula— , que es acompañada y reproducida por sus electores. De esta forma, los casos de agresiones verbales y físicas, así como las amenazas por parte de los seguidores de Bolsonaro a militantes y electores de Lula y a sectores progresistas son una constante.
El proceso electoral en Brasil es una fotografía de una crisis política e institucional que parece marcar este período histórico. El rol protagónico de las redes sociales y la propagación de noticias falsas ayudan a despolitizar los procesos, ya que el control de su diseminación es casi imposible.
Frente a este escenario, no alcanza con disputar la atención de las personas en las redes sociales con poco o nulo contenido político. La crisis estructural, político-económica y ambiental que atraviesa el país evidencia que es necesario volver a debatir ideas para generar espacios de disputa y de sentido en el conjunto de la sociedad. Solo un cambio en la forma y en los contenidos puede empezar a generar las transformaciones necesarias para revertir el proceso de fascistización que tampoco será eliminado con la elección de Lula.
Miles de personas se movilizaron hacia la Plaza de Mayo este 11 de diciembre en Buenos Aires para rechazar el pago de la deuda Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El préstamo contraído durante la gestión de Cambiemos, cuando presidía el país el empresario Mauricio Macri, es históricamente el mayor monto otorgado por el organismo a un país, 44.500 millones de dólares.
Esta fue la mayor movilización en contra del acuerdo, destacándose la participación masiva de los sectores populares y de juventud, y dándose un día después del acto en celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia, que tuvo la presencia de íconos del progresismo latinoamericano, como Lula, ex presidente de Brasil, y Mujica, ex presidente de Uruguay.
Pese a todas las críticas de especialistas respecto de las condiciones en las cuales fue negociado el acuerdo con el FMI —la operación no tuvo la aprobación en el Congreso—, la actual gestión de Alberto Fernández da señales de que aprobará un plan económico que tiene por objetivo pagar la deuda, sin investigar la fuga de capitales informada por el Banco Central, que se dio en consecuencia de la toma del préstamo. Eso significará la vulneración de los Derechos Humanos en un contexto de grave crisis socioeconómica evidenciada por la cantidad de personas bajo la línea de pobreza, más de 50% de la población de Argentina.
En diálogo con Virginia Bolten el economista y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Julio Gambina expresó que la deuda es ilegítima y odiosa. Además remarcó que desde hace muchos años centros de investigación de diversas áreas producen informes que evidencian el carácter fraudulento de la deuda. Acerca de la importancia de la movilización en contra del Fondo, Gambina dijo: “esta semana Argentina va a pagarle 1900 millones de dólares al FMI que serían fundamentales para muchísimos proyectos que el movimiento popular está demandando y ni hablar de los casi 20 mil millones que vencen el próximo año. Por eso nuestra consigna es la suspensión de pagos ya, e investigación con participación popular.”
Para Claudio Katz, economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires quien sigue de cerca el proceso de endeudamiento del país, la movilización masiva es una respuesta de la población al ajuste y trae a la memoria experiencias de períodos anteriores.
En diálogo con Virginia Bolten expresó: “cómo han percibido muy bien esta es una gran marcha, probablemente la más grande en el último período, y también hay una gran participación no sólo de los sectores juveniles sino también de los sectores populares. Y creo que hay dos razones: la primera es que se vislumbra la inminencia de algún tipo de cierre del acuerdo y sus consecuencias, entonces se empieza a percibir el ajuste que vendrá, y en segundo lugar, que ya hay una experiencia durante este año del principio de ajuste que significó preparar el acuerdo con el FMI. Todo este año hemos visto un deterioro del salario, las jubilaciones, la inflación que se reflejó en los resultados electorales en un voto castigo al gobierno, y por lo tanto lo que hay, yo creo, es una recuperación de una tradición muy fuerte de oposición popular al FMI porque la Argentina carga con experiencias traumáticas, y la población está empezando a recordar qué pasó en 1989, en 2001, qué pasa cuando el Fondo presiona fuerte con un ajuste y produce un colapso económico y social sin precedentes.”
Foto: Virginia Bolten
Por su parte Eduardo Lucita, miembro de Economistas de Izquierda, nos señaló las contradicciones dentro del gobierno y cómo estas repercuten en la sociedad en su conjunto: “la movilización tiene que ver con una situación material, hay vastos sectores populares de la sociedad Argentina que no ven otro horizonte que no sea una agudización de la crisis y la pobreza. Pero hay otra cuestión también. La vicepresidenta Cristina Fernández ha dicho en más de una oportunidad que esta deuda es impagable y que el FMI tergiversó sus propios estatutos para dar el crédito más grande que dio en su historia. El presidente de la nación le pidió al Banco Central un informe, que se hizo, y que muestra el carácter fraudulento de esta deuda. El mismo presidente inició una querella criminal frente a quienes firmaron este acuerdo. Después se dijo “estamos haciendo la mejor negociación posible con el Fondo”. La ex presidenta vuelve a decir “queremos pagar”, aunque también es cierto que se dice “no en cualquier condición”. Entonces, lo que vemos es una contradicción constante, que repercute en las bases de la sociedad. Argentina tiene una tradición de haber firmado 26 acuerdos con el FMI que ninguno resultó. Muy por el contrario después de los acuerdos, la crisis fue mucho peor”. Lucita también comparó la situación Argentina con la de Grecia, salvando las diferencias. “Hay una inteligencia popular que se está dando cuenta de que no se puede pagar, hacemos un acuerdo a 10 años con 4 de gracia, pero ¿qué va a pasar después del quinto? No vamos a poder pagar, vamos a ir a una nueva renegociación y vamos a iniciar el camino de Grecia, que tuvo ayuda tras ayuda, negociación tras negociación y cada vez más pobres. Eso se expresa en lo multitudinario que es esta plaza y más allá de esta plaza también, muchos sectores que están con el gobierno hoy están planteándose estas mismas contradicciones y veremos a futuro qué es lo que pasa.”
El acto tuvo la participación de Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y titular de la cátedra de Poder Económico y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, quién hizo hincapié en la importancia de la resistencia popular: “desde esta Plaza que tiene magia va a salir el repudio al acuerdo con el Fondo monetario Internacional que nos quieren imponer para asfixiarnos. No vamos a pagar una estafa. Las estafas no se pagan. Las estafas se repudian. Que paguen el FMI y los que robaron, los que pidieron y fugaron. No vamos a permitir que nos roben. Que el presidente y los políticos en el Congreso sepan que estamos en resistencia.”
Días atrás se realizó en Bariloche, en el territorio denominado Argentina, una actividad contra los reclamos territoriales de los legítimos dueños de las tierras de la zona, la comunidad Mapuche. La misma se llamó “Foro de Consenso Bariloche por una Patagonia Sustentable y en Paz”.
El grupo organizador se denomina Consenso Bariloche. Allí confluyen diversas organizaciones con intereses sobre las tierras y contra los reclamos ancestrales de las comunidades originarias.
Las Huaytekas, integrantes de la comunidad mapuche, expresaron en un comunicado la finalidad de esta organización: “su objetivo es continuar fortaleciendo el accionar racista, xenofóbico, discriminatorio y violento que viene ejerciendo este grupo sobre las poblaciones más relegadas y empobrecidas”.
En este contexto, se realizaron acciones de repudio hacia la comunidad Mapuche. En la puerta del hotel donde se efectuó la actividad, hubo provocaciones de personas con banderas y carteles de la organización NOS -partido político fundado por Gómez Centurión– que en sus bases ideológicas expresa el odio a las minorías, la oposición a la educación sexual integral en instituciones educativas y a la posibilidad de decidir de los cuerpos gestantes a abortar.
Paradójicamente, la actividad se realizó en el hotel llamado Cacique Inakayal. El nombre proviene de uno de los últimos líderes indígenas que resistió la masacre perpetrada por el ejército al mando de Julio Argentino Roca, quien aún tiene un monumento en el centro cívico de Bariloche. Inakayal murió en el año 1888 mientras era exhibido vivo en el Museo de La Plata. La comunidad Mapuche aún reclama la restitución total de sus restos.
En los últimos años se incrementó
la violencia y estigmatización contra las comunidades mapuches. El
movimiento fascista Alerta Nacional, liderado por Biondini, está
repartiendo panfletos contra los pueblos originarios.
A ambos lados de la cordillera, los Estados utilizaron software de vigilancia y control israelí para generar una opinión pública contraria a los reclamos de las comunidades mapuches. El trabajo conjunto de los grupos paramilatares de Gendarmería y Carabineros, recuerda los vínculos entre las fuerzas represivas en las últimas dictaduras cívico-militar-eclesiásticas de la región.
Asimismo, varios medios de comunicación hegemónicos se están haciendo eco de falsas denuncias encabezadas por personajes ligados al grupo Consenso Bariloche.
Mientras tanto continúa, por parte de los Estados, el encierro y el genocidio contra el pueblo mapuche . No solo por el reclamo de sus tierras, sino por la lucha que llevan adelante, tal como lo expresó el lonko Facundo Jones Huala en una entrevista a Virginia Bolten: “Si bien se enmarca dentro de procesos anticapitalistas, antioligárquicos, antiimperialistas y evidentemente contra todo proceso de contaminación y destrucción de nuestro territorio, creo que allí es donde tenemos que ser capaces de discutir con la verdad, y consensuar desde la verdad cual es la identidad real que nosotros tenemos, cual es la identidad del otro, que también tenemos un enemigo común. Creo que esto es importante también para comprender que tenemos una casa común que es el planeta Tierra”.
El próximo jueves 29 de julio la multinacional mexicana Cemex presentará las ganancias del segundo trimestre del año, que confirmará la tendencia de sus ganancias a costa de negocios ilegales en los Territorios Ocupados Palestinos. En el reporte del primer trimestre, el pasado 25 de marzo, había anunciado que sus negocios en Israel aumentaron debido al impulso de la construcción relacionada con el programa de infraestructura del gobierno. Sin embargo ni en las presentaciones ni en sus informes oficiales la compañía declara para qué son usados muchos de los insumos que vende: la construcción sistemática de colonias ilegales como Mevo Horon, Atarot y Mishor Edomim, donde su subsidiaria Ready Mix mantiene canteras y provee de materiales a los colonos que siguen ocupando ilegalmente amplias zonas de Cisjordania.
Este crecimiento continúa con las ganancias que había logrado durante el año 2020 cuando, a pesar de la pandemia, logró ingresos de 754 millones de dólares en su subsidiaria de Israel, superando lo que había logrado en el 2019 (que había sido de 660 millones). Este incremento se produjo al mismo tiempo que compraba una nueva empresa de concreto, llamada Netivei Noy. Esta firma es reconocida porque “en el pasado proveyó de materiales de construcción para la construcción del tren ligero ilegal que comunica Jerusalén con colonias ilegales dentro del territorio palestino”, como lo ha señalado el colectivo que impulsa la campaña de boicot a esta empresa en Colombia.
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Por estas y otras razones la campaña #StopCemex, dentro de la que se encuentran involucradas organizaciones en los territorios denominados Argentina, México y Colombia, ha hecho un llamado a repudiar las acciones de esta empresa y a solicitarle el retiro de los negocios que facilitan el apartheid. Bajo esta premisa, invitan este 29 de julio a realizar acciones virtuales de apoyo durante la presentación que se hará a los accionistas de las ganancias obtenidas en el segundo trimestre del 2021; por lo que es un buen momento para recordarle a Cemex que debe dejar de ser cómplice de las violaciones de DDHH y del derecho Internacional. La campaña ha organizado una parrilla de publicaciones para que cualquier persona que quiera solidarizarte pueda hacerlo tan solo visitando este link y siguiendo las indicaciones, de tal forma que desde las redes sociales de cada uno y una se pueda apoyar esta causa de derechos humanos.
El Salvador
es el primero de los territorios globales que avala una moneda virtual.
Semanas
atrás, Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, anunciaba el tratamiento de un
proyecto de ley para que la moneda virtual Bitcoin sea de recepción
obligatoria. El Bitcoin competirá con la actual moneda de circulación, el dólar
estadounidense.
El
parlamento, también controlado por Bukele, finalmente aprobó la ley que consta
de dos páginas y no contiene detalles acerca de la implementación del Bitcoin. Solamente
hace mención a una zona salvadoreña en particular, El Zonte.
Esta ciudad
sobre el pacífico es famosa en el ambiente del surf por sus playas y olas,
aunque ahora también cobró notoriedad al ser reconocida en la ley de
criptomonedas como zona especial.
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Este proceso
se originó a partir de que un donante anónimo entregó como dádiva Bitcoin a la
población hace varios años. Posteriormente se masificó el
uso de la moneda virtual en la ciudad.
La entrega
se realizó por medio de Mike Peterson, un estadounidense surfista que reside en
El Zonte desde el 2005. Peterson comenzó a ofrecer dinero virtual a las
personas de la ciudad costera abonando los servicios que la población local
prestaba a Hope For Families Foundation.
Hope For
Families Foundation es una organización evangélica. En su página web se
presentan como “una organización legal sin
fines de lucro en el país de El Salvador, Centroamérica. Dios nos ha dado
una carga por las mujeres y los niños de este país”. Entre sus objetivos se
encuentra, “Señalar a los jóvenes a Cristo como la respuesta a
todas las preguntas de la vida.
Compartiendo el amor de Cristo a través del discipulado y
estudios bíblicos uno a uno”.
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Peterson
también fundó Mission Sake, una organización evangélica presente en las
ciudades El Zonte y Punta Mango. Entre las personas que pertenecen a Mission
Sake, según declaran en su página web, se encuentran ex marines estadounidenses
y profesionales del sector financiero.
El Bitcoin tiene una alta fluctuación de su valor, con lo
cual, las personas de El Salvador pueden, en cuestión de horas, perder un
importante porcentaje de su dinero. Esto no está contemplado en la ley “Bitcoin
Beach”. Asimismo, las comisiones para cambiar la moneda virtual a dólares varían
entre un 5% y 10% de la transacción.
Bukele tiene diversas denuncias por sus prácticas
autoritarias. A partir del control del Congreso que posee gracias a su partido
Nuevas Ideas, ya se reemplazó a la fiscalía general y jueces de la Suprema
Corte. Durante
la actual pandemia de COVID encerró a miles de personas que no cumplieron con
la estricta cuarentena. Los lugares de encierro en El Salvador se
encuentran superpoblados y en condiciones insalubres. Muchas de las personas
allí encerradas contrajeron COVID. A pesar de los reclamos internacionales y
organismos de DD.HH., Bukele no modificó esta política.
La presencia del evangelismo se está incrementando en el territorio denominado Argentina. El aumento en la cantidad de personas que se acercan al evangelismo no se da solo en la muy conocida Iglesia Universal (IURD), sino en todo el sector evangelista.
Los brazos políticos de la IURD son importantes en vastos territorios a nivel global, como ya hemos informado desde Virginia Bolten en Negocios, política y medios de comunicación de la iglesia universal. No obstante, en Argentina hay otras organizaciones político-comerciales-religiosas que están siendo seducidas por diversos movimientos políticos o fundan sus propios partidos. Iniciaremos una serie de notas donde informaremos la situación en las diferentes regiones de este territorio.
Hay un denominador común entre estas instituciones religiosas y sus
movimientos políticos: El odio a las minorías, la oposición a la educación
sexual integral en instituciones educativas y a la posibilidad de decidir de
cuerpos gestantes a abortar.
La
situación en Cordoba
En esta provincia mediterránea hay dos partidos políticos en pugna por el voto evangélico; el sector del PRO (Propuesta Republicana) alineado con Patricia Bullrich, y el peronismo del actual gobernador Juan Schiaretti.
En las últimas elecciones de esta democracia, las y los votantes de Córdoba aportaron un 30% de los votos a nivel nacional al partido evangélico NOS (Partido Político), fundado por Juan José Gómez Centurión. De esto se desprende las intenciones de acercamiento partidario, así como el desprecio a la separación Estado-Religión.
La mayor institución evangelista en Córdoba es Cita con la Vida, fundada por Carlos Belart. Sobre sus posiciones políticas en una entrevista dada al periódico La Voz en el año 2018, Belart expresó que Jair Bolsonaro, “Es un fenómeno”. Sobre la consulta de Educación Sexual en colegios respondió con el odio que pregona en sus sermones: “Yo no te puedo obligar a vos, no me vengas a instruir a mis hijos. Esta lucha la vamos a dar hasta la muerte. Esto es vida o muerte. Esto no es una opción, es canallesco, es antinatural, es anticientífico. Ahora, si alguien quiere elegir otra cosa, está bien. Si él nació varón y no siente como varón y se enamora de un hombre, para mi está mal, pero yo no puedo meterlo en cana. Eso no se dice: que nosotros respetamos. Si entra un homosexual, nadie se va a burlar, nadie lo va a discriminar. “Venga, siéntese”, le vamos a decir, lo vamos a saludar con respeto, pero no me digas que yo piense como él”.
Las intenciones del peronismo cordobés y el PRO son buscar alianzas con Encuentro Vecinal Córdoba, socio de NOS en la provincia. Actualmente Encuentro Vecinal tiene un legislador, Gerardo Grosso, quien es pastor de Cita con la Vida. Grosso, además de ser compañero de Belart en Cita con la Vida, es un ferviente seguidor de él. Como se expresa en una entrevista al periódico La nueva Mañana sobre la pregunta de su posición acerca del aborto precisó, “¿A todos los candidatos a la Legislatura le preguntás qué opinan del aborto, que es algo que se discute en el Congreso, o me lo preguntás a mí porque ya sabés que estamos en contra?”.
Asimismo, en diciembre del 2020 también se registró con personaría jurídica el partido evangelista UNO (Una Nueva Oportunidad), quien ya tiene representación en 13 provincias. UNO basa sus ideas políticas en su oposición al Matrimonio Igualitaria y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El partido fue fundado recientemente por el pastor Walter Ghione y otras personas del evangelismo pentecostal.
En Córdoba se estima que ya hay más de un 10% de la población que tiene un acercamiento al evangelismo. La carrera por esos votos en esta democracia en las elecciones del 2021 está en marcha.
De EzeH - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82011264
Violeta
Peirats, Flor Niti y Guillermo Martinez
Eduardo Elsztain es un empresario del territorio denominado
Argentina que tiene importantes negocios en diversos sectores a escala global.
Posee participación en empresas que operan en territorios
palestinos ocupados y que instalan misiles en las Islas Malvinas. Asimismo, es parte del negocio de
la explotación de la tierra, con su empresa Austral Gold, que opera a ambos
lados de la Cordillera de los Andes. También es dueño de empresas de producción agrícola y cárnica, así como del sector de la
construcción y centros comerciales.
Como explicamos en una nota
del año 2019, , Elsztain es Presidente de varias
empresas donde posee una importante participación accionaria: Cresud S.A.C.I.F. y A. –sector
agropecuario-, Austral
Gold Limited -sector minero- e IRSA
Inversiones y Representaciones S.A.
-empresa constructora-, desde la que controla Alto Palermo S.A. –poseedora de los más importantes centros
comerciales del país[1]–
y Banco Hipotecario S.A. –entre
otras-.
A partir de una investigación que llevó a cabo el Periódico
Virginia Bolten, se pudo encontrar las empresas que Elsztain utiliza a nivel
global para la presunta evasión de impuestos. Tiene varias empresas en Uruguay:
Consultores Venture
Capital Uruguay S.A.; Inversiones Financieras del Sur S.A. y Agroinvestment S.A.
así como IFIS Limited en Islas Bermudas y Consultores Venture Capital Limited
en Islas Caimán.
El agronegocio
La explotación de tierras con fines de producción agrícola y
cárnica, la lleva a cabo mediante la empresa CRESUD. Desde allí controla más de 800 mil hectáreas en territorios
sudamericanos, particularmente en Bolivia, Argentina, Brasil y Paraguay. Con la
empresa Carnes Pampeanas se posicionó como un importante exportador de carne,
como ya se informó en otra publicación
. Para el año 2010 Esztain ya
controlaba más de 500.000 hectáreas.
El negocio inmobiliario
La empresa constructora IRSA
tiene diversos negocios inmobiliarios, uno de ellos es particularmente
resistido por diversos sectores de la población: la construcción de torres y un
centro comercial en el barrio porteño de Caballito llamado Ciudad Palmera (que se sumaría a la enunciada larga lista de
centros comerciales de Alto Palermo S.A.). Hace 20 años se
inició este negocio en terrenos que pertenecían al club
Ferrocarril Oeste y en función del impacto ambiental que generará este
proyecto, hubo diversas demandas judiciales de ONG´s y de vecinas y vecinos que
lograron que el emprendimiento se frene.
No obstante, a pesar de esto, el gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires presentó una nueva zonificación y la construcción ya se inició.
En el barrio porteño de Palermo existe una situación similar,
donde el proyecto Palmeras Cañitas se
ha topado con objeciones dado el impacto ambiental, y encontrándose actualmente
judicializada su construcción.
El negocio bancario
La construcción no es el único negocio de IRSA. Elsztain adquirió el Banco Hipotecario en el año 1997. Este
banco tiene entre sus ingresos, el negocio de los préstamos de la línea PROCREAR. Por decisión de los diferentes
gobiernos argentinos, es el único banco que puede otorgarlos. Recientemente,
hubo intentos para ampliar la cartera de bancos por el sobre costo que conlleva
para las personas que acceden a su primera vivienda una línea de crédito
monopolizada, no obstante esta diversificación fracasó. El banco de Ezlstain
continúa siendo, al día de hoy, el único prestamista oficial del programa del
Estado para créditos a la vivienda. Esto a pesar de un déficit habitacional, según
diferentes estimaciones, de más de 3 millones de hogares.
En la próxima publicación se detallarán los negocios de
Elsztain en el sector minero, que generan repudio en las poblaciones locales.
El pasado 22 de abril, Día de la Tierra, se lanzó la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida. La actividad fue transmitida en línea con casi mil participantes y acompañada por un pequeño grupo de personas reunidas frente al Congreso de la Nación.
La iniciativa, que cuenta con la participación de decenas de organizaciones de varias provincias argentinas, nació con el objetivo de interpelar a los más variados sectores de la sociedad acerca de la importancia de defender el agua como un bien esencial para garantizar la vida en el Planeta, según relata el texto de la convocatoria. La campaña se da en un contexto de elecciones legislativas en el país, donde el 24 de octubre serán elegidos los y las representantes de la cámara baja y la cámara alta.
Con la consigna “La Otra Campaña” el colectivo cree que los partidos que últimamente se alternan en el gobierno tienen el extractivismo como política de Estado y no plantean alternativas ni transiciones hacia la búsqueda de la justicia socio-ambiental. Con lo cual se hace necesaria una consulta popular para proteger el agua como elemento vital para garantizar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.
En la actividad participaron personalidades reconocidas del
medio artístico argentino como Katja Alemann, Elena Rogers, Mirta Busnelli,
Natalia Juncos y Elvira Onetto. Las actrices forman parte de una colectiva que
se organizó a partir de una carta a favor de la legalización del aborto en
marzo de 2018, junto a más 400 compañeras de profesión. Desde entonces, la
organización ha militado por la igualdad de derechos y contra el abuso sexual y
violencia de género junto al acompañamiento de sus víctimas. Entre las muchas
comisiones organizativas que integran esta colectiva, se ha creado la comisión
ecofeminista
También estuvo presente Nora Cortiñas, quien hizo memoria
del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres y remarcó que el agua es
una riqueza que tiene que ser defendida día a día. Además, la Madre de Plaza de
Mayo de la Línea Fundadora, hizo una apelación para que se involucren, en la
defensa del agua, las personas jóvenes y niñas.
La campaña está organizada en bloques temáticos que se
desarrollarán durante todo el año, estos tienen por objeto dar debates
colectivos sobre las actividades económicas que generan problemáticas que
involucran el agua y su dimensión socio-ambiental. Más allá de la participación
de personas expertas y asambleas territoriales para los tópicos propuestos, la
campaña tendrá aportes de actores internacionales. Los colectivos esperan
finalizar la campaña de concientización e información con un llamado a una
consulta popular no vinculante y pretenden, para el año que viene, impulsar la
presentación de un proyecto de Ley protector del agua en su más alto espectro,
a través de una iniciativa popular para lo cual deberán juntar 500 mil
firmas.
En los últimos meses, se han dado protestas y conflictos por
el agua en por lo menos tres provincias argentinas —a resaltar Chubut,
Catamarca (Andalgalá) y Mendoza— donde se desea llevar a cabo proyectos
corporativos que no tienen licencia social.
La lamngen Emilia Herrera Obrecht (Bau) fue asesinada durante el proceso de recuperación territorial del Lof Llazkawe la noche del 16 de febrero de 2021 a manos de sicarios en Panguipulli en una recuperación territorial , en el condominio RiñiMapu. Te recordamos valiente, disidente y defensora de la tierra, los bosques, las aguas y todxs los seres que allí habitan.
Empezamos en la primera entrega de esta entrevista con Camila Zárate, candidata a la Asamblea Constituyente de Chile que se realizará en mayo, hablando sobre sus inicios y cómo la propuesta que lleva se construyó desde el movimiento ambiental y feminista. En esta entrega, desarrollaremos más sobre sus apuestas de articulación con los pueblos originarios y en contra del extractivismo.
Por Gerhard Dilger
Gerhard Dilger: En la anterior entrega nos hablaste sobre tu apuesta feminista, ahora quisiéramos que nos hablaras sobre cómo eso se relaciona con tu lucha antiextractivista.
Camila Zárate: Una de las propuestas que hemos vinculado es eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, las niñas y las disidencias, lo que tiene que ver con sus derechos sexuales. No solamente decidir sobre nuestras propias cuerpas en cuanto si queremos o no embarazarnos, sino también cómo queremos vernos, es decir, qué forma física queremos tener. Porque el Estado también decide respecto a eso.
Hay muchas demandas que son parte del programa, pero en lo particular a las feministas que nos reconocemos como ecofeministas también nos interesa las demandas en torno al fin del extractivismo; con eso queremos decir que queremos eliminar toda la explotación de cuerpos y territorios, entendiendo que en el momento en que existe una depredación territorial también quienes somos más afectadas somos las mujeres. Para dar un ejemplo: en las zonas de sacrificio, cuando a una comunidad se le despoja de sus economías locales, donde se obliga a los varones a ser parte de las mismas empresas que les están contaminando, finalmente: ¿quiénes tienen que hacerse cargo de la movilización, de la defensa del territorio, de los niños y niñas que han sido intoxicados, los enfermos, incluso los mismos maridos, que terminan enfermos de cáncer? Somos nosotras. Entonces, estas empresas terminan afectando a las mujeres el triple de lo que afecta a los varones.
Al mismo tiempo, está la labor en el campo: las temporeras que están viviendo bajo una forma de contratación sumamente precarizada y eso tiene que ver directamente con una agroindustria que discrimina no solamente por género, sino también de manera netamente colonial y racista en nuestro país.
Y cómo no mencionar a la minería, donde no solamente se está destruyendo el territorio, pero también se despoja, se contamina las cuencas de agua, se destruyen las economías locales. Al mismo tiempo las mujeres cumplen un rol relacionado con la minería desde la cosificación de nuestros cuerpos y territorios; no podemos olvidar que al momento de insertarse la minería, también se genera una economía masculinizada, en que las mujeres terminamos sosteniendo un rol desde el punto de vista de la prostitución en estos espacios que son muy masculinizados.
Esos son elementos concretos de cómo el extractivismo, además de depredar los territorios, depreda los cuerpos sobre todo de las niñas, mujeres y disidencias. Entonces, para nosotras también la demanda antiextractivista y la demanda por desprivatizar el agua y las semillas, para tener una alimentación que pueda nutrir nuestros cuerpos de manera sana tiene que ver con una demanda profundamente feminista.
Entendemos que el feminismo no es solamente una cuestión relacionada con la temática de las mujeres, sino más bien la perspectiva feminista transciende a todas las temáticas de la precarización de la vida en el ámbito laboral, de la salud y en otros espacios donde las mujeres somos protagonistas y estamos organizadas políticamente para cambiar las reglas de juego.
GD:¿Cómo imaginas que puede funcionar la colaboración en este proceso constituyente? ¿cómo trabajan ustedes con los distintos grupos indígenas?
CZ: Es una pregunta tremenda porque primero hay que considerar las diferencias políticas, o sea, las estrategias no son las mismas.
Hay una estrategia que es generar un Estado Plurinacional, un Estado que contemple distintos pueblos-naciones; sin embargo, también hay otra tendencia igual de válida, que es pensar no solamente desde un mirada del Estado, sino justamente cómo generamos autonomía territorial desde el control y la autodeterminación, independiente de lo que pase o no con el Estado. Y ambas estrategias tienen que ser capaces de estar presentes en este proceso constituyente.
El proceso constituyente no solo se construye por esta coyuntura que estamos viviendo, que se da con la revuelta social y que finalmente termina en este proceso institucional que estamos habitando, sino que el proceso constituyente es un espacio más amplio de deliberación de territorios y comunidades que incluso podría venirse dando desde el año 2016 donde ya estábamos creando un proceso de cabildos, de encuentro, o incluso antes.
En este sentido, la verdad es que todos los movimientos ancestrales tienen algo que decir. Tienen su propia estrategia y están dando un proceso constituyente de por sí porque están sustituyendo lo que había y constituyendo algo nuevo. Desde este punto de vista, hemos sido bien respetuosos de los movimientos en los territorios que plantean la perspectiva plurinacional no solamente hacia el Estado, pensando una articulación de políticas, haceres y saberes desde los distintos pueblos-naciones. Entendemos y respetamos las distintas estrategias.
Ahora, en concreto, nos gustaría que la constitución estableciera un reconocimiento no solamente a las autonomías y la autodeterminación sino también a las distintas formas de hacer economía, hacer política y hacer incluso sus propias estructuras jurídicas por parte de las comunidades ancestrales. Esto es muy importante porque en Chile hay una deuda histórica que no solo tiene que ver con una represión brutal de un país donde constantemente los gobiernos han declarado guerra a los pueblos-naciones ancestrales, sino también una deuda vinculada con el despojo territorial tanto del agua como de la tierra. Tiene que haber una forma de reparación que incluya la indemnización que se le debe por parte al Estado a los pueblos ancestrales, lo que es parte de las reivindicaciones, y no tiene sentido un reconocimiento de papel en la constitución: se debe poner en la práctica una autodeterminación real y una plurinacionalidad.
Se viene una discusión bien interesante: se estableció, a partir de la movilización social, que habría escaños reservados para pueblos originarios. Sin embargo, se estableció que no fue suficiente en números y hay distintas teorías en cuanto a esto: hay muchas personas que militan en partidos políticos a la vez que le están apostando directamente a hacer una lista independiente y tener una representación como cualquier chilena o chileno. Será interesante saber quiénes saldrán electas y electos y en esa perspectiva y qué tipo de estrategia será llevada adelante en el debate constitucional, si es más autonomía territorial o si es desde el Estado.
GD: ¿Hay feministas en los pueblos originarios y en los movimientos originarios ancestrales?
CZ: Se están construyendo procesos que no son fáciles: para cierta tendencia dentro de los pueblos ancestrales, está la idea que el feminismo es una práctica colonial que se viene a imponer a las comunidades. Por eso también la reivindicación de otras formas de feminismos también son interesantes: no es lo mismo un feminismo posmoderno que un feminismo de los pueblos y de los territorios. Entonces también hay elaboraciones donde la misma comunidad es quien genera ese proceso de construcción feminista, pero desde sus propias prácticas y saberes y no como las otras chilenas lo estamos habitando.
Pero con esto hay que ser justas y justos, sabemos también que hay todavía prácticas patriarcales en los pueblos ancestrales. Hay noticias que nos impactaron desde Rapa Nui, donde se legitimaba la posibilidad de violar a mujeres, y es justo decir que la lucha feminista allí es un proceso de deconstrucción. Eso lo digo incluso siendo animalista y entendiendo que hay procesos que se dan de forma lenta en cada lugar. Estos procesos se están habitando desde diferentes espacios en las comunidades y por supuesto entran en juego tensiones y no son fáciles. No esperamos que lo sean tampoco.
GD: ¿Estos procesos de diálogos entre feministas y pueblos originarios se dan en igualdad? ¿Dificulta la carga académica un lenguaje común?
CZ: Por esto decía la importancia de respetar los procesos, si desde la academia se intenta buscar un “cómo debiera ser un feminismo para los pueblos ancestrales y las comunidades” termina siendo una imposición igual. No hay una igualdad entre lo que podemos saber de feminismo desde la academia, o a través de los conocimientos a nivel mundial, frente al feminismo que se puede dar en las comunidades o territorios organizados; por eso siempre hay que tener ojo con esto, porque no hay una situación de igualdad frente a estos procesos de conocimiento. Son procesos más largos.
GD: ¿Cuál es la diferencia que encuentran ustedes entre el movimiento socioambiental y feminista frente a estas fuerzas feministas y ecologistas que habitan los partidos tradicionales?
CZ: Muchas. La primera diferencia sustancial es que lo que sucede hoy es una crisis política e institucional y en esta crisis todos los partidos están involucrados, casi sin excepción. Solo podríamos excluir a los partidos que se quedaron afuera del acuerdo de noviembre. Un acuerdo que fue firmado en cuatro paredes para ponerle fin a la revuelta social y calmar lo que estaba sucediendo en Chile, este despertar.
La mayoría de partidos pactaron dentro de la lógica: hasta aquí llegamos, o va a venir el alzamiento militar. Hicieron ese pacto desde el pensar: tenemos que hacer algo, hacer que las instituciones funcionen y legitimar lo que existe para seguir en el poder. De alguna manera eso también sirvió como una camisa de fuerza para Sebastián Piñera, que todos pedíamos su destitución, quien logra un respaldo del Congreso, que también estaba cuestionado por la ciudadanía, y podían salir arrastrados en esta crisis de legitimidad de poder. Entonces, por lo mismo, finalmente terminan todos siendo parte de esta complicidad y es por eso que finalmente existe una deslegitimación total.
En ese sentir, decía que algunos partidos quedan afuera, pero de todas maneras la gente ya no se siente representada por los partidos políticos, ya los ve como un espacio de poder donde el ciudadano común, que no milita en nada, no se siente parte. Hoy la ciudadanía no siente que puede tomar decisiones, ya que la democracia está totalmente restringida. Aquí no existen plebiscitos vinculantes, la única vía de plebiscito es muy restringida: aparece en la constitución y tiene que ver con que el Presidente de la República quiera insistir con algún proyecto de ley que no haya logrado aprobar en el parlamento. Acá tampoco existe la posibilidad de mandatos revocables. Ni siquiera con Sebastián Piñera, quien tiene una aceptación muy baja. Pero como no hay herramientas, continúa en el poder.
Tampoco hay iniciativas populares de ley: nosotras podríamos iniciar un proyecto precioso desde los cabildos que lideraran la campaña contra las Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile (AFP), y eso quedó como letra muerta porque no tiene cabida. Así como tampoco hay un instrumento institucional que haga que esto llegue a buen puerto.
Por ello hay un descontento total de la ciudadanía: porque no existe la cabida y tampoco viene la solución en la discusión, porque la clase política no solo se protege a sí misma sino que, además, protege al empresariado. Un actor que genera pobreza, pero que siempre va a tener el respaldo de los partidos políticos de nuestro país.
Entonces desde esa apuesta política es que dijimos que no vamos a ser parte de eso, y nos vamos a proyectar como siempre lo hemos hecho: desde los movimientos sociales con autonomía y en paralelo con lo que pase con los partidos políticos.
Quisimos hacerlo desde una lista independiente con todo lo que significó, es decir: juntándonos en Navidad, Año Nuevo, pero a última hora nos bajaron. Lo bueno es que las redes sociales nos acompañaron y pudimos hacerlo. Yo llegué a la candidatura con más de cuatro mil respaldos en todo el distrito, así que fui la candidata con más patrocinio del distrito 7, que incluye Valparaíso-Costa. Eso se logró porque la gente se concientizó y votará independiente en la papeleta. Y claro, en términos programáticos y de contenido también nos diferenciamos bastante, por ejemplo: en la agenda ecologista hay una diferencia fundamental y es que no apostamos a un capitalismo verde o a una versión más amigable del capitalismo, sino proponemos empezar a transitar a economías post extractivistas.
A pocos días del inicio de las elecciones para la nueva Asamblea Constituyente chilena, fruto de la lucha del pueblo en las calles, desde Virginia Bolten hemos entrevistado a Camila Zárate*, quien participará como candidata por Valparaíso. Como hacemos habitualmente, entregaremos esta entrevista en dos partes para presentar la totalidad de la interesante conversación que mantuvimos con ella.
Por Gerhard Dilger y Vanessa Dourado
Gerhard Dilger: ¿De dónde sos y por qué ahora eres candidata a la constituyente por Valparaíso?
Camila Zárate: Yo comencé a enfocarme en la temática socioambiental en el colegio, vengo movilizándome desde la Revolución Pingüina, en el año 2006. Acá en Chile, fui alumna del emblemático Liceo 7 luego de pasar la prueba de ingreso, porque no hay educación libre, gratuita y de calidad; quien quiere tener una mejor educación, tiene que ver como rascarse con sus propias uñas, trabajar y estudiar y ese tipo de cosas. Llegué ahí y empecé a movilizarme, luego fui parte del centro de alumnas y allí pasé a dedicarme a la temática ambiental en términos de activismo, de preocuparme por el tema del reciclaje.
Luego, ya en la universidad, empecé a levantar organización. Fui parte del centro de estudiantes y de la movilización en 2011; allí también fui del centro de alumnas y empecé a involucrarme en procesos en Valparaíso. Ahí conocí gente de la toma de la UPLA, de la universidad de Valparaíso, y empezamos a hacer estos nexos.
Ya con los años, empecé a quedarme acá, aunque estudiaba todavía en Santiago. Terminé la carrera de derecho en la Universidad de Chile, y desde allí seguí super enfocada en la temática ambiental. Fui delegada de la Federación (de estudiantes) donde levantamos una comisión de medio ambiente y un comité estamental de sustentabilidad.
En el año 2012, año en que yo hice un diplomado sobre sustentabilidad en la USACH, empieza a formarse el MAT (Movimiento por el Agua y los Territorios), que articula a distintas organizaciones territoriales, de estudiantes, de apoyo y feministas que les interesaba la temática ambiental. Lo que hicimos fue vincular demandas comunes e importantes para todas las organizaciones, que no solo tenían que ver con el conflicto local, por ejemplo: que se detenga IORISE, así como conflictos macro que estaban relacionados con la derogación del Código de Agua, una nueva constitución vía Asamblea Constituyente y la protección de los glaciares, los humedales, los bosques nativos, etc.
Entonces, más allá de demandas comunes, fuimos forjando un gran movimiento donde marchamos el 22 de marzo, que es el Día del Agua y el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. Al principio me involucré como estudiante, después fui parte de una organización que se llama Red por la Defensa de la Precordillera, en Santiago, y en el 2017 formé parte también de la EcoAgrupación Estero Cabritería, porque ya también me estaba quedando más a vivir en Valparaíso. Desde allí también formo parte como Red y soy co-vocera del MAT. Acá hemos levantado el MAT en Valparaíso y al mismo tiempo tuve la fortuna de ser electa como vocera del MAT Zona Centro, que va desde Valparaíso al Maule.
Trabajando la articulación, vino la necesidad que fuéramos los movimientos sociales quienes redactáramos la nueva constitución y por eso la iniciativa de que me lance como candidata a constituyente en este proceso. También podríamos decir que en algo influye los conocimientos jurídicos que una tiene, pero en realidad todo esto tiene que ver netamente con el movimiento social y con la importancia que los territorios se sientan representados con sus grandes demandas y reivindicaciones en esta constitución. En ese sentido, yo acá vengo a ser más portavoz de las demandas y reivindicaciones que a llevar mis propias propuestas. Siempre hemos estado al servicio de aportar y nutrir las necesidades que vienen y emergen de los territorios y las comunidades, las asambleas, los cabildos, los encuentros. Desde hace más de 10 años hemos estado conversando, deliberando; entonces ahora ya estamos en una etapa que queremos que estas grandes cosas que hemos conversado y que hemos construido puedan reflejarse en la constitución.
GD: A propósito de que eres una candidata joven, ¿no hay un límite de edad para ser constituyente?
CZ: Hay una edad mínima que es los 18 años, lo cual fue criticado porque acá la revolución social de octubre viene principalmente porque los estudiantes se saltaron los torniquetes en el metro, es decir, evadieron el pasaje. No sé si escucharon la consigna “no son 30 pesos, son 30 años”, justamente fue una alza en el precio de los transportes lo que hizo que los estudiantes empezaran a evadir. Entonces, obviamente dijimos: si somos los estudiantes quienes nos saltamos los torniquetes, ¿por qué no vamos a ser también quienes vamos a tener la oportunidad de redactar la nueva constitución? Sin embargo, lamentablemente, esto no se logró y quienes tienen menos de 18 años no pueden participar del proceso.
Vanessa Dourado: ¿Cómo y cuándo las luchas feministas pasan a tener más espacio en el escenario político chileno?
CZ: No había feminismo en Chile hace 5 años en términos macro, en términos de masas. Siempre hubo organizaciones feministas, articuladas y trabajando, pero de alguna manera se gana fuerza alrededor del año 2018 en el ámbito estudiantil cuando las estudiantes se atreven a denunciar profesores en el espacio universitario. Desde ahí se empieza, sobre todo, a recalcar la labor de los cuidados. En este momento se forma la Coordinadora Feminista 8 de Marzo (que hoy lleva 4 candidatas a la constituyente), que es una coordinación de organizaciones articuladas en función de la marcha del 8M en nuestro país. Este ha sido un espacio de encuentro, pero que también logra converger distintas plataformas y organizaciones feministas que antes de eso no estaban trabajando articuladas, como la articulación en función de la despenalización del aborto y la de no más violencia contra las mujeres. Pero al mismo tiempo hay un espacio mucho más grande que se llama Plataforma Feministas Constituyentes, donde también somos compañeras.
VD: ¿Cuáles son las propuestas para pensar una nueva constitución en clave feminista?
CZ: En esta Plataforma Feministas Constituyentes buscamos conformar un programa común para acabar con la penalización de la vida de las mujeres, las niñas y las disidencias. Al mismo tiempo poder ser capaces de construir desde la independencia política, porque somos puras mujeres independientes de partidos políticos. Construir una agenda feminista a través de una constitución que sea transversal en el ámbito de la disputa de temáticas que son importantes para nuestro movimiento y nuestra organización. Y en este sentido, entender también que no solamente nos interesa que estén las grandes demandas por parte del movimiento socioambiental feminista, sino también la participación que tengamos las mujeres, las niñas y las disidencias al momento de redactar la constitución.
Entendemos que, hasta ahora, la constitución ha sido redactada no solo antidemocráticamente, sino que, además, siempre por varones. Entonces también por esto la importancia de este proceso paritario que estamos habitando, porque también va a dar una perspectiva muy distinta. Una perspectiva que esperamos que sea no solo de género sino que sea una perspectiva feminista en la construcción de una nueva sociedad.
*Camila Zárate, candidata Constituyente Lista del pueblo distrito 7, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios de Valparaíso, co-vocera Red Parque Cabritería, parte de la Plataforma Feministas Constituyentes y de la campaña Animales en la Constitución. Egresada de Derecho especialista en Derecho Ambiental y derecho Animal.
En la siguiente entrega de esta entrevista, abordaremos la propuesta antirracista y contra el extractivismo desde esta apuesta feminista.
En el Día Internacional del Agua, productorxs de la UTT -Unión de lxs Trabajadorxs de la Tierra– organizaron un VERDURAZO frente al Congreso de la Nación en el marco de la Marcha Plurinacional por el Agua llevada a cabo por varias organizaciones y autocovocadxs.
Con el objetivo de visibilizar la problemática del modelo productivo dominante que contamina el agua, el aire y el suelo y que explota e invisibiliza quienes realmente trabajan y alimentan, los VERDURAZOS son una herramienta de lucha del movimiento que reivindica acceso a la tierra para vivir y producir de forma digna y sana.
Bajo la consigna “El agua es un derecho, no es un negocio, tampoco un privilegio” militantes de la UTT se juntaron a las diversas voces y cuerpos que ocuparon las calles de la Capital Federal este 22 de marzo.
Cerca de dos mil personas tomaron las calles de Buenos Aires el 4 de febrero en apoyo al pueblo de Chubut en contra del proyecto de zonificación minera en aquella provincia. Las protestas también ocurrieron en más 40 localidades de todo el territorio argentino en una de las jornadas conocidas como #ChubutAGUAzo. En la capital porteña, la actividad contó con la participación de más de 200 organizaciones ambientales y sociales, ONGs y colectivos de juventud, sindicatos, agrupaciones político-partidarias y una gran cantidad de personas autoconvocadas.
La presencia de la juventud es cada día mayor en las movilizaciones de bandera socioambiental y es novedosa una marcha tan masiva en apoyo a un reclamo territorial aparentemente lejano de la realidad vivida en las grandes ciudades. “Realmente nos quedamos sorprendidas con la convocatoria”, dijo una de las manifestantes. “Nosotres no queremos que el agua se convierta en mercancía, el agua es nuestro futuro”, expresó una joven adolescente autoconvocada.
A pesar de las restricciones por el distanciamiento físico por consecuencia de la pandemia, Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, hizo llegar su voz en apoyo a las protestas, manifestando: “Que el gobierno se dé cuenta que el camino que está emprendiendo no es el que quiere el pueblo”. Norita también denunció el falso argumento de la minería sustentable y llamó la atención para el estado de emergencia que vive el país: “Lo que estamos viviendo ya es el gran ajuste y se plantea seguir reduciendo el déficit fiscal en medio de la crisis de la pandemia y desempleo. Como afirma el fallo del juicio popular la deuda y los acuerdos con el FMI son crímenes de lesa humanidad y lesa naturalidad. No a la deuda perpetua. La vida antes que la deuda. La deuda real es con el pueblo y la naturaleza”, protestó.
La provincia de Chubut viene sufriendo grande interferencia de las corporaciones mineras que, con el apoyo de sectores político-partidários e institucionales, han intentado violar sistemáticamente el derecho de los pueblos a través de su intervención directa en la redacción de las normas para la implementación de los proyectos mineros y la compra de apoyo político. La insistencia en imponer los megaproyectos sin licencia social, sin tener en cuenta la voluntad colectiva expresada en plebiscito, ha generado una serie de manifestaciones y denuncias.
Según un informe de la Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT CONICET – CENPAT, los impactos negativos en la provincia son preocupantes, sobre todo en el escenario de emergencia climática. El informe proyecta la intensificación de eventos extremos generados por el aumento de las temperaturas a nivel global, lo que afectará la provincia de forma dramática, profundizando el proceso de desertificación y comprometiendo la ya escasa disponibilidad de agua apta para el consumo humano en la región. En este sentido, de acuerdo con el documento, el modelo de producción de la megaminería ofrece una amenaza evidente, ya que aumenta la probabilidad de contaminación del agua superficial, subterránea y de los suelos.
En el documento elaborado por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) leído en el cierre de la actividad que tuvo lugar en Buenos Aires, en frente al Ministerio de Desarrollo Productivo, se expresó: “Denunciamos la farsa de debate sobre el proyecto de zonificación minera promovida por el Gobierno Provincial la última semana y repudiamos el rol del Gobierno Nacional en la figura del presidente Alberto Fernández que, con sus declaraciones públicas y mediáticas, sigue promoviendo la violación de los Derechos Humanos en nuestros territorio”. Desde que inició su mandato, el presidente Alberto Fernández viene trabajando para la implementación de un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, pese al escepticismo de expertas y expertos en temas socioambientales que alertan sobre la imposibilidad de desarrollo sustentable de la actividad minera.
El Senado Argentino aprobó la Ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto. Los debates acerca del aborto en la ocasión de la votación de este año repitieron la tónica conservadora, religiosa —con rasgos fundamentalistas— y antifeministas que marcaron la votación del año 2018, donde el Proyecto de Ley fue rechazado con 31 votos a favor y 38 en contra. Sin embargo, el movimiento feminista y de mujeres, lesbianas, trans, travetis y no binaries parece haber logrado una mayor tensión en la correlación de fuerzas.
Tras décadas de articulación política involucrando a amplios sectores de la sociedad argentina alrededor de la problemática de salud pública y la práctica de abortos clandestinos, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se manifestó de forma contundente en los últimos años y la masiva adhesión de actores sociales interpelados por un fuerte llamado a la garantía de los derechos humanos de las personas con capacidad de gestar se volcó hacia una dimensión de diálogo que superó los círculos orgánicos de discusión.
Pese a la fuerte resistencia de los sectores religiosos antiaborto, el debate público y las evidencias de la necesidad de la aprobación de la Ley, sobre todo respecto de los embarazos infantiles y de adolescentes, muchos resultantes de violaciones, que estuvieron en la agenda pública bajo la consigna “Niñas, No Madres” ayudaron a develar el carácter retrógrado de las convicciones religiosas que se manifestaron de forma deshumanizante y antidemocrática, poniendo en jaque la legitimidad de la “ética humana” reivindicada por Jorge Bergoglio quién declaró que la aprobación de la Ley “ahondará más las divisiones en el país”.
El triunfo del último 30 de diciembre puede ser el inicio de un proceso que va más allá de la Ley en sí misma —lo que no retira la centralidad de su importancia—. El avance en la garantía de los derechos de las mujeres en Latinoamérica tiene un carácter distinto a nivel simbólico y material porque está no solo atravesado por la profunda desigualdad social que empuja las mujeres a la pobreza y la precariedad, como también se enmarca en un contexto histórico de territorio colonizado, hecho que tiene un impacto directo sobre la existencia de las mujeres en esta región.
Los resultados de una reciente investigación de secuenciamiento genético liderada por expertos de la Universidad de San Pablo muestran que la sociedad brasileña fue constituida a través de la violación de los cuerpos de mujeres negras e indígenas. También afirman los investigadores que esta no es una particularidad de Brasil, sino que este es el patrón latinoamericano. Se puede observar que esta insistencia en preservar las dos vidas es también parte de una construcción social que es una herencia de la colonización que naturaliza el control sobre los cuerpos de las mujeres, poniéndolos en el lugar de cuerpos violables y pasivos.
En este sentido, el derecho al aborto es también una reparación histórica. Asimismo, es igualmente necesario garantizar que el aborto sea legal en “cualquier lugar”, como dicen muchas de las personas que reivindican el derecho de decidir. Sin dejar de exigir que el Estado provea un sistema de salud pública, gratuito, de calidad y humanizado a las personas que quieran interrumpir su embarazo, el debate sobre las formas alternativas, como las practicadas a través de las medicinas ancestrales y por las mujeres originarias, no puede dejar de estar en la agenda de debates. La lucha de los feminismos debe garantizar que nadie quede afuera; permitir que se siga criminalizando a quienes no quieren someterse a la medicina hegemónica es admitir un logro incompleto.
El movimiento feminista y de mujeres en Argentina es una esperanza para toda la región, una fuerza inspiradora que viene moviendo las estructuras de la sociedad y que abre el camino para un cambio de paradigma y para la construcción de un mundo más justo y humanizado, poniendo en el centro del debate lo que más importa: la vida.
Marcha por la Alameda de Santiago, al finalizar la Cumbre de los Pueblos, noviembre de 2019
“Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro”
Violeta Parra
EDITORIAL
A lo largo de las próximas semanas, Virginia Bolten publicará una serie de notas y entrevistas especiales sobre la situación chilena. Haremos un recorrido histórico con el objetivo de rescatar narrativas que puedan dar cuenta de este proceso de cambio, por el cual pasa nuestro país hermano en el marco de las insurgencias del último año, las luchas territoriales, el vínculo con la impronta dictatorial como respuesta del Estado y las resistencias acumuladas entre los días de ayer y los de ahora.
En la segunda parte de esta entrevista, realizada el 3 de noviembre, damos la voz a Lucía Sepúlveda Ruiz. Lucía es periodista de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas RAP-Chile, miembro de la Plataforma Chile Mejor sin TLC, del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT y del Comité Feminista socioambiental de la 8M, quién nos cuenta los detalles del proceso constituyente.
Quería consultar quiénes son protagonistas de esta insurgencia en los últimos meses en Chile y cuál es la conexión con la memoria colectiva. Estamos pasando momentos muy complicados en Latinoamérica que son los golpes, no son militares, pero son golpes. También consultar sobre esta insurgencia, ¿cuáles son los consensos de los límites?
Primero, hay que mencionar que hasta la explosión del 2019 hubo un camino, una escalera que se fue subiendo; en esa escalera hay peldaños recorridos en la búsqueda de la justicia y la recuperación de la memoria histórica. El movimiento de los DD.HH., es uno de los actores. No es el más masivo, pero siempre estuvo presente en estos 30 años, hay una gran continuidad de este movimiento con altibajos, aciertos y otros no tanto, pero están ahí. Después en esos peldaños vemos ingresar a los primeros movilizados de los años 90, el movimiento Mapuche, ellos empezaron nuevamente su lucha, porque estuvieron muy activos durante el proceso de la Unidad Popular y tras el golpe fueron muy reprimidos, masacrados también en muchas localidades, forman parte de la lucha contra la dictadura y luego sectores mapuche comienzan las acciones directas de recuperación de tierra en los años noventa. Más adelante en esta ruta de ascenso de las luchas, vienen los estudiantes, en distintas oleadas.
Teníamos una educación pública totalmente deteriorada, porque con esta constitución pinochetista se municipaliza la educación, queda delegada en municipalidades que no tienen recursos ni capacidades, ya no dependen los establecimientos del Ministerio de Educación. Entonces los estudiantes comienzan las movilizaciones pidiendo educación de calidad y gratuita y se va viendo que estas luchas chocan contra el sistema. El gobierno de Bachelet les dice que sí, hacen una comisión y negocian con la derecha una nueva ley para que pase y se apruebe, pero esa ley en realidad no modifica la situación. Y por ello se dan oleadas sucesivas de protestas del movimiento estudiantil en los últimos años.
Luego vienen las primeras marchas por la previsión social. Una de las primeras privatizaciones realizada en dictadura tuvo que ver con abandonar el sistema de reparto colectivo de los ahorros previsionales, y entregarlo a las AFP, las Administradoras de Fondos Previsionales. Este es el negocio más grande del siglo, es el que financia el capitalismo y el extractivismo en Chile, el de mayores ganancias junto con los bancos. Entonces, se creó el movimiento “No Más AFP” y hubo grandes marchas de rechazo a este sistema, sin respuesta alguna de los diferentes gobiernos, más allá de su signo político. El movimiento ambiental también es parte de las luchas, en paralelo con esto se evidencia el problema de la escasez de agua, se van secando ríos, se destruyen glaciares, se deterioran los territorios. Hubo grandes marchas y movilizaciones y décadas de lucha contra proyectos mineros como el de Pascua Lama, por ejemplo, una lucha que nunca se detuvo y finalmente se logró detener ese proyecto. También el 2011 nace un movimiento en defensa de las semillas del cual participo, contra el modelo de Monsanto y luego la lucha contra el TPP. En síntesis, se comienza a criticar más abiertamente el modelo neoliberal en sus diversas expresiones.
En la revuelta los sectores movilizados son muy diversos, algunos son nuevos, como el veganismo, los artistas, los músicos, los poetas, el feminismo es tremendamente importante, entonces todos estos actores llegan a la plaza Italia, rebautizada por los movilizados como Plaza Dignidad. Cada uno tiene su discurso y sus demandas, no hay ninguna bandera de partidos, ya que quedaba nítido que los partidos no nos representan. Han sido incapaces de responder a estas demandas, además están marcados por la corrupción, como todas las instituciones del Estado. De manera que no queda nada en pie del sistema, los carabineros están desprestigiados por la corrupción y los montajes de secuestros y otras mentiras para criminalizar a los mapuche. Es un movimiento que no tiene líderes como los de antes. Está la imagen del Mata Paco, un perrito que acompañó en años anteriores las marchas, y que siempre estuvo del lado de los manifestantes cuando la policía atacaba. Es un símbolo impensado. Son generaciones que se expresan de otra manera, que desconfían de los poderosos en todas sus formas, y de los partidos políticos, por todo lo que han vivido. Esto ha sido muy lindo.
Por otra parte, está la apuesta del feminismo, que es muy transversal, está en todas las organizaciones. Es una ola que va permeando las movilizaciones, visibiliza lo que sabíamos. La violencia contra las mujeres en Chile es enorme; es violencia sexual, laboral, doméstica, es la opresión contra la mujer. Y en las movilizaciones de octubre en adelante, las mujeres del sector de la cultura y las artes comienzan a tener una creatividad impresionante, en las marchas se organizaban espontáneamente, formando improvisadas bandas, por ejemplo e incluso llegaban a las asambleas de los territorios. En el barrio donde vivo tenemos una asamblea autoconvocada, una vez teníamos un acto político cultural y uno de los asambleístas nos presentó un grupo fabuloso con el que se había conectado a través de su hijo, músico, y ellos comenzaron a interpretar canciones de una forma muy profesional, con gran calidad artistica. Como no los conocíamos de antes les preguntamos ¿Cómo se llama esta formación, esta banda? y nos dijeron “No tenemos nombre, nos conocimos ayer”. Se vive un espíritu de solidaridad, de pueblo, que se había perdido.
Cuando me preguntaban ustedes al principio qué hemos ganado hasta ahora (porque claro, ninguna de nuestras demandas han sido respondidas y estamos cada día peor en cuanto a la pérdida de derechos), yo decía: hemos ganado el espíritu de pueblo. Nadie hablaba de pueblo antes, se hablaba de ciudadanos, de personas, había palabras vetadas y olvidadas. Hoy día nos reconocemos como pueblo. Hay diversidad, están las disidencias sexuales, todos ellas, elles se incorporan también en este movimiento.
Respecto de lo que decías sobre la memoria, pienso que lo que queda es la ética de Allende, el compañero Presidente, que fue un hombre que nunca n se rindió e hizo lo que tenía que hacer, de acuerdo a su promesa ante el pueblo, entonces eso es tremendamente valorado en contraste con los políticos de hoy que no tienen honor ni palabra. La única bandera o símbolo que tú puedes ver en las movilizaciones de estos tiempos es la bandera mapuche, por una parte reconociendo que somos pueblos todos en lucha, ellos reprimidos en el campo, en sus comunidades y nosotras y nosotros viviendo una similar ferocidad y criminalización en las ciudades. La figura de Allende y la bandera mapuche podían convivir perfectamente en las marchas, sin ninguna otra. Esa es la memoria recuperada. Y también eso se percibe en la cultura, porque toda la lucha de resistencia antidictatorial de alguna manera nueva es rescatada por el arte cuando vuelven a entonarse las canciones de esos tiempos, cuando millones de voces cantan El Derecho de Vivir en Paz o El Pueblo Unido, o Pateando Piedras. El arte tiene un rol tan importante porque transmite, sintetiza el sentir. Era importante revivir todo por medio de la música. Para mí fue muy hermoso ver como las y los jóvenes de hoy podían reconocerse en ciertas canciones, porque hablan de la lucha del pueblo, más allá de lo que nos quieran imponer.
¿Qué quiere ser la sociedad chilena hoy? Si pudieras hacer un resumen de todo, ¿Qué seria?
Queremos ser plurinacionales. Queremos descolonizarnos. Estamos viviendo colonizados aún: a los pueblos originarios no se los reconocen sus derechos, tienen que recuperar su autonomía, recuperar territorio, cultura, etc. Entonces, este es un punto de partida.
Creo que quedó nítido también que no queremos un Estado subsidiario. Queremos tener derechos y que los derechos se garanticen constitucionalmente, pero también con una gestión distinta porque tampoco confiamos en el Estado. Una gestión más comunitaria, por ejemplo, en el tema del agua. Creo que hay un gran reconocimiento de la crisis ecológica en que estamos, percibido por mucha gente, más allá del movimiento ecologista o ambientalista, más allá de los que estamos en esta vereda de lucha por años: la desprivatización del agua es parte de las demandas más sentidas por los movilizados. Entonces, lo que queremos incorporar allí es mirar este derecho humano al agua no de forma aislada respecto de los derechos de la naturaleza: porque es también el propio derecho que tiene el agua en si a existir.
Estamos tratando de incorporar estos temas en las distintas agendas de discusiones constitucionales, plantear que haya una gestión comunitaria del agua, una gestión por cuencas por los territorios que asegure, por lo tanto, el derecho humano al agua, y también los derecho de la naturaleza toda, de las semillas, de los ecosistemas, de los glaciares, de todo aquello que no podemos seguir mirando como un recurso, y aprender a mirarlo como parte de nuestro ser. Porque somos parte de la naturaleza. Hay que abandonar esta constitución antropocéntrica para reemplazarla por una más biocéntrica. El agua como derecho humano está presente y cuando se dé esta discusión, vamos a estar allí tratando de que se avance un poquito más allá. Con el tema de las semillas es lo mismo y de los bienes naturales, que lo sean efectivamente, que dejen de ser una mercancía.
También están los temas muy sentidos como la educación, el derecho a la salud, de la previsión; son temas urgentes de abordar. Por ejemplo, en el tema previsional, la gente adulta mayor está viviendo, la gran mayoría, con pensiones que son menores que el sueldo mínimo… Están sobreviviendo. Están dependiendo de otros, viviendo como allegados, en casas de hijos, o de alguien. Y es grave el tema de la educación. Los jóvenes, para educarse, se endeudan por tres décadas porque tienen que pagar toda la universidad. Entonces, son cuestiones insostenibles. Y la demanda por salud también, esto quedó aún más en evidencia ahora con la pandemia. Los fallecidos por el COVID son, en su mayoría, de las comunas más pobres; estas muertes no ocurrieron en las tres comunas ricas que votaron al rechazo, pero están en todas las otras comunas del país que tienen una situación de salud totalmente precaria.
Se ve también la relación que hay entre estas mismas carencias que tenemos con los Tratados de Libre Comercio que dan enorme garantía a los inversores extranjeros a costa de depredar muchos territorios. Entonces, No al TPP11 es una demanda que nosotros levantamos antes como Chile Mejor Sin TLC junto a algunos movimientos sociales y organizaciones socioambientales que nos apoyaban. Con ellos hicimos un plebiscito ciudadano en julio de 2019, antes de la revuelta, donde ganó el No al TPP11. Desde octubre en adelante, cuando hubo esta convergencia de demandas, esta conversación entre pueblos, este sentirse uno con los otros, otras, otres; el “No Al TPP11” se escribió en las murallas y se hizo un grito anónimo y colectivo, o sea, permeó las conciencias. Hoy ves las personas con los carteles en contra del acuerdo, que no tienen una relación orgánica con Chile Mejor sin TLC. Es una demanda que efectivamente fue recogida por el pueblo porque se entiende que todo es parte del mismo paquete, de este modelo pinochetista que no hemos podido zafar en estos treinta años, así que hay que buscar la forma de que podamos desbordar o romper, o sitiar todas estas barreras que nos pusieron para que no logremos justamente incorporar estos puntos en la nueva constitución.
Comunidad Ecológica de Peñalolén
La represión es muy fuerte. Y vemos desde afuera cosas que movilizan mucho: la brutalidad, como siguen con la misma forma de reprimir… Tal vez esto sea una continuidad de la época de la dictadura. ¿Va a cambiar algo en este nuevo escenario respecto de la represión?
Cuando yo te decía que esto lo ganamos, lo ganamos con un costo terrible. Un costo de vidas, de mutilados y mutiladas, mujeres violadas, sometidas a violencia político-sexual y los y las presos políticos que aún están en las cárceles. Por parte del gobierno, inventaron un relato en el cual la protesta era dirigida por una brigada cubana y venezolana que venía a desatar el caos, que eran los responsables de la destrucción del metro, y después cambiaron el discurso y dijeron que nunca habían dicho esto. Dijeron que estábamos en guerra y que los invasores eran cubanos y venezolanos y los demás que estábamos en la calle.
Hace algunos días, hubo un juicio en el que un padre y su sobrino fueron acusados de ser autores de un incendio en el metro. Esto es tremendamente importante. Ellos estuvieron un año presos sin juicio por la llamada “prisión preventiva” que en el fondo es una forma de tortura porque no se debe mantener preventivamente preso a alguien por un año completo, y más aún en pandemia.. En la cárcel también hay Covid, hay contagios y las y los presos de la revuelta están sometidos a ese riesgo. . Entonces, la represión ha sido, efectivamente muy violenta, muy fuerte. Estos episodios mencionados en ese juicio, se refieren a incendios simultáneos de estaciones del metro y realmente son muy sospechosos porque fue una acción coordinada. Pero creemos que no había ningún grupo de gente del pueblo actuando de esa forma; ningún grupo del tipo comando porque se necesita una preparación extraordinaria y al mismo tiempo debiera ser un grupo muy numeroso para que se pudiera ejercer una acción de este tipo. Entonces hay una sospecha general, sobre todo porque hasta ahora no hay ninguna explicación de esos hechos y ha pasado más de un año. Tenemos la sospecha de que son organizaciones armadas, tenemos fuerzas armadas que perfectamente pueden hacer acciones de falsa bandera, equipo de inteligencia, paramilitares, o los mismos militares, los carabineros, porque tienen la experiencia anterior.
Y digo esto de posibles acciones de ese tipo porque en todas las décadas de la llamada transición a la democracia, no hubo ninguna ruptura en términos de educación, respecto de cómo eran las fuerzas armadas y militares ayer y hoy. Se sigue yendo a las escuelas de formación en Estados Unidos y se sigue con los manuales de contrainsurgencia; por ello Piñera se pone a hablar del enemigo, de que estamos en guerra. Hablan de un enemigo interno, o sea, nos tratan como enemigo interno en la calle. Con armas de guerra, disparan a las piernas, a los ojos, a la boca, a la cabeza. Los agentes del Estado actúan omo se hace en una guerra, al enemigo hay que aniquilarlo. Entonces, no ha habido un cambio en ello. Y efectivamente todo indica que es necesario disolver y reformular la policía y las fuerzas armadas y los carabineros, sobre todo, es necesario cambiar los principios de formación y de organización y esa nueva estructura tiene que ser estudiada por gente externa, no puede ser por los mismos, y esa es una propuesta del gobierno, autorestructurarse. Las fuerzas armadas tienen un carácter sumamente clasista porque hay una escuela para oficiales y otra para el resto. Entonces, es que muy claro que antes del plebiscito del pasado 25 de octubre, el punto de reunión de la gente que votó por el rechazo a la propuesta de escribir una nueva constituci, era la escuela militar, a las afueras de la Escuela Militar, que es donde se forman los oficiales. . Nítidamente los partidarios del “Rechazo hacer una nueva Constitución” están representados por ellos y claramente, para ellos, nosotros somos los enemigos.
Dentro de esta creatividad, dentro de esta diversidad, yo pienso que, de verdad, es imposible que nos puedan amordazar a todos, que no logremos permear esta constituyente. Lo más probable en términos fríos, dadas las trampas impuestas a la conformación de listas de independientes, es que la mayoría de los convencionales sea de ellos, los partidarios de seguir amarrados al neoliberalismo. Pero si es solamente gente de ellos, ¿para qué se quiere esta convención? No se va a poder sancionar esta convención. La mayor parte de la gente que fue a votar el 25 de octubre no sabía la letra chica, o sea cómo iba a ser elegida la convención. Creían que íbamos a poder ir libremente a elegir personas comunes como las que participamos en las asambleas territoriales autoconvocadas tras la protesta, o como los líderes de los movimientos sociales, como “NO Más AFP” o de la salud o de los profesores, que también jugaron un rol muy importante, los maestros. Queremos la autorepresentación de la gente común y corriente, esta gente que se volcó; esta gente que te hablo yo: ¡pueblo!, no organizados en partidos, sino los que estaban en la calle, que se sintieron confiados de ir a la Plaza porque ahora somos más. Como lo decimos las feministas: todas nos dimos cuenta que somos más; entonces, salimos a la calle. Salieron también los que nunca habían salido, y ellos no tenían ni idea de toda esta parte de las reglas tramposas que nos pusieron para elegir a los constituyentes, pero efectivamente tampoco van a aguantar sentirse traicionados, sentirse nuevamente que estas tres comunas que votaron en contra, estos 20%, van a ser los que hagan la constitución.
¿Desde lo personal, qué nos podrías compartir de todo este proceso?
Yo fui del MIR, estuve en Chile dando la lucha y la resistencia junto a todos los que nos sentíamos convocados a ello. En el principio éramos pocos, por el temor. Los primeros años fueron muy duros… Siempre lo fueron, pero los primeros años fueron tan duros que salías a la calle y no sabias si ibas a volver, muy parecido a lo que ocurrió en la Argentina. Y mi compañero, que también era periodista, fue asesinado en la puerta de la casa. Pero yo me negué a salir del país entonces, porque comprendí que esta era una razón más para continuar. Esto ocurrió en el año 77, pero ya en el año 86 nuestra organización había sido muy golpeada, estaba muy debilitada y hubo una represión selectiva muy grande después del intento de ajusticiamiento de Pinochet por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Tuve que salir del país ese año, porque no podía permanecer en ningún lugar sin que me detuvieran y además tenía una hija de mi compañero, una chica. Ella estaba en este momento cursando la básica. Y entonces nos fuimos a Argentina clandestinamente, no pedí asilo ni nada porque siempre pensé volver pronto. Pensé: ¿Cómo no nos vamos a arreglar? Vamos a tener que fortalecer la lucha.
Lucía y su hija Eva María durante su exilio en Argentina
Sin embargo no pude retornar hasta después que asumió Aylwin en el primer gobierno de la transición. Y mi hija estudió toda la secundaria en Moreno. Entonces tengo lazos muy importantes con Argentina, aprendí mucho allá. Fue una experiencia que valoro de manera muy especial. Y al final, el plebiscito del Si o el NO del año 1989 en Chile, nos tocó vivirlo en Argentina y era difícil captar qué pasaba realmente, pero más adelante se confirmó que era una trampa . Había un acuerdo secreto por atrás, no tocar la constitución de Pinochet, entre otras cosas. No podía ser que hubieran permitido que ganara el No. Pero bueno, la gente ya estaba cansada, eran muchos años de represión.
Por mi parte no me desdigo de nada de mi vida militante, de lo hecho y de lo combatido y sí agradezco a la vida por haber llegado a esta otra fase y ver que el pueblo en que siempre creí, se levanta de nuevo.
Lucía Sepúlveda Ruiz interviniendo en el Senado chileno (2019)
“A toda la humanidad Ningún cañón borrará El derecho de vivir en paz”
Victor Jara
EDITORIAL
A lo largo de las próximas
semanas, Virginia Bolten publicará una serie de notas y entrevistas especiales
sobre la situación chilena. Haremos un recorrido histórico con el objetivo de
rescatar narrativas que puedan dar cuenta de este proceso de cambio, por el
cual pasa nuestro país hermano en el marco de las insurgencias del último año,
las luchas territoriales, el vínculo con la impronta dictatorial como respuesta
del Estado y las resistencias acumuladas entre los días de ayer y los de ahora.
En esta entrevista, realizada el 3 de noviembre, damos la voz a Lucía Sepúlveda Ruiz. Lucía es periodista de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas RAP-Chile, miembro de la Plataforma Chile Mejor sin TLC, del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT y del Comité Feminista socioambiental de la 8M, quién nos cuenta los detalles del proceso constituyente.
Sabemos que Chile pasa por uno de los momentos más importantes de
su historia: el proceso constituyente que empieza a dejar atrás, dicen todas
las voces, la era Pinochet. Por lo que le preguntamos: ¿Nos podría contar cómo
fue todo el proceso y, sobre todo, por qué tardó tanto para lográrselo?
La constitución que nos ha
regido en estos últimos 30 años fue una constitución hecha en el año 1980,
cuando Chile seguía en lucha contra la dictadura y había entonces algunos
indicios de que el sistema para ellos se podía acabar. Había una reactivación
importante, luego vinieron las protestas masivas de los años 81 y 82, salidas a
la calle. Hubo antes tanta masacre que la lucha había decaído en masividad,
aunque siempre había resistencia, pero en los años 80 la resistencia era más
importante. Entonces ellos diseñaron esta constitución de forma
visionaria para la clase dominante, los militares, para que se dieran normas
hechas de tal manera que pudieran neutralizar cualquier situación futura que
pareciera desventajosa para ellos; es decir, tenían que imponer ciertas normas
en la constitución que impidiera cualquier cambio de fondo, y es lo que
lograron.
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Nos han tenido amarrados
durante estos años, porque es una constitución que para cualquier cambio
requiere, en el sistema legal del Congreso, una mayoría de dos tercios, que es
muy difícil lograr. Por lo tanto, todas las veces que se quiso hacer
modificaciones importantes no se logró, porque llegaban hasta ahí, abortaban en
el camino. Por ejemplo, muchas leyes relativas a la mujer: la Ley de Divorcio
costó muchísimas décadas sacarla, pero finalmente salió. Sin embargo, la del
aborto solamente salió con las tres causales, no como una ley del aborto total,
justamente por el poder que tiene la minoría organizada de esta manera con los
dos tercios. Esa es una de las trampas que tiene.
Lo otro es que además, si
llegará a pasar algo que no les gusta, tienen un organismo que se llama el
Tribunal Constitucional, que en la práctica es como una tercera cámara, más
allá de diputados y senadores. Si sale una ley que al sistema no le conviene,
el sistema, los poderes fácticos, a través del presidente y la derecha en el
congreso, manda esa ley al tribunal constitucional y el este la declara
inconstitucional y no importa que la haya hecho el parlamento. Así ha pasado
con leyes relativas a los derechos de consumidores, con leyes relativas a la
educación, con leyes que planteaban eliminar el multiholding, que es cuando una
sola empresa se pone distintos nombres para no pagar impuestos, para impedir la
sindicalización… todo esto lo frenó el tribunal constitucional. O sea, cada vez
que se quisieron cambios de fondo, en impuestos, en otras cosas, se declaraba
por el tribunal constitucional ilegal, inconstitucional.
Además, ¿cuáles son las
bases de esta constitución?, una constitución que no habla o no sostiene
derechos de los pueblos. Una constitución debiera posibilitar y habilitar que
un pueblo, una nación, pueda ir transitando siempre hacia una mejor vida
respecto de sus derechos, pero esta habla de libertades que son para quienes
están en un sistema privilegiado, habla de la libertad de enseñanza que quiere
decir que la educación es privada, hay educación pública, pero la que tiene
todas las ventajas es la educación privada. Habla entonces de libertad en la
salud, tú puedes escoger tu sistema de salud, pero evidentemente el sistema de
salud bueno no puedes escogerlo porque no tienes plata para pagarlo. Entonces,
el Estado deja su rol de entregar servicios y de facilitar que la población
tenga acceso a sus derechos y se lo entrega a los privados como así también la
inversión de los privados en estos servicios, que puede ser la previsión, la
educación, la salud; todo aquello que implique una ganancia está asegurada porque
garantiza la propiedad por sobre todas las cosas, de la inversión de las
empresas.
Cuando nosotros salimos de
la dictadura pinochetista en el año 89, a través también de un plebiscito, pero
con toda esta historia larga de resistencia anterior, hubo un pacto secreto, y
el pacto secreto implicaba no cuestionar la paz. Entonces el programa de la
oposición, en ese momento a dictadura, de los partidos legales o que tenían
existencia abierta, nunca fue la posición de los restantes grupos; era de que
iban a mantener la paz en el sistema. Primero dijeron que iban a cambiar la
constitución, ese fue su discurso público, pero en definitiva jamás se
plantearon en estos 30 años cambiar la constitución, derogarla y cambiarla por
una constitución democrática, porque esta había sido hecha por los militares y
sus asesores y sus ministros, ilegitima en su origen.
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Y hay otro tema que no es
menor, dada la crisis ecológica global y de Chile, que es lo relativo a los
bienes comunes, los tratan como recursos naturales y respecto del agua
establece que es una mercancía apropiable, entonces vienen las leyes que
permitan que el agua se venda, que los ríos se vendan, que los glaciares sean
intervenidos, de manera que todo esto tiene consecuencias enormes en la vida
cotidiana.
Ahora, ¿por qué nos
demoramos tanto?, porque al principio, luego de todas las décadas de lucha,
toda la cantidad de muertos, de desaparecidos, de ejecutados políticos, la
mayor parte de población confió. Estábamos los desconfiados, pero ya éramos los
menos, la gente estaba exhausta de haber resistido, de tener tantos muertos, de
todo lo que había pasado, entonces se decidió confiar en este que fue el
elegido. Un poco se fue para la casa y la gran lección al día que todos
decimos: nadie se puede ir para la casa, no podemos confiar en ninguna
estructura política de la vieja escuela. Si hacemos eso, seremos nuevamente
suicidas. Realmente este no sería el fin de la transición, porque el Congreso
nos impuso una serie de trabas para la realización del “proceso constituyente”
mismo, hasta la quitaron el nombre, le pusieron convención constitucional. En el plebiscito,
la opción a votar no fue “asamblea constituyente”, en cambio pusieron
“convención constitucional” y así, nos vimos obligados a optar entre las
opciones “convención constitucional” y “comisión
mixta”, que era elegir una convención integrada por parlamentarios y por
ciudadanos. Nuestra opción era asamblea
constituyente, eso era lo que queríamos todos y todas. Igual tuvimos que votar
“convención constitucional” como una forma de reafirmar que era el pueblo el
que iba a escribir la constitución.
De manera que en esa
situación nos vemos ahora, de forzar los límites. Antes de la pandemia, todos
los movimientos sociales rechazamos el llamado Acuerdo por la Paz que había
hecho el Congreso; era un acuerdo que ponía unas reglas de juego insólitas, que
eran estas preguntas que no nos gustaban para el plebiscito y, segundo, que la
Asamblea no podía tocar el tema de los tratados del libre comercio, porque la
ley del plebiscito decía que había que respetar todos los
tratados firmados por Chile.
Volvieron a imponer la norma de
los dos tercios para aprobar leyes que tiene la constitución actual, ahora aplicada
a las decisiones constituyentes, y además decían que los convencionales
debían ser elegidos por la ley que rige actualmente las elecciones normales de
diputados y senadores. Esta es una ley que no permite espacio alguno para los
independientes y este es un momento en que hay una crisis absoluta de
legitimidad de los partidos. Pero hemos tenido grandes logros. Lo de la
paridad de género se logró, porque la convención de esta constitucional tiene
que tener paridad de género, pero como están con esas reglas, eso puede no
significar nada, porque tú sabes que feminismos y mujeres hay muchas, entonces
no quiere decir que realmente esa paridad, esa mitad de 155 que van a ser
mujeres van a estar del lado del pueblo. Las reglas que nos ponen es ir a
votar por las listas de los partidos, hasta ahora ni siquiera aceptan primarias,
no abren sus listas.
Ellos ya están copados con
su propia gente, realmente es una situación muy lamentable, y lo que se está
planteando con las organizaciones es desbordar esto de manera que se vean
obligados a cambiar la ley, pero estamos sobre los plazos, es una cuestión muy
complicada, porque en enero hay que tener inscriptos los candidatos y en abril
es la elección. Entonces comprenderás que son estos dos meses los que se tienen
para lograr un cambio de fondo e imponer los criterios de las asambleas territoriales,
de los distintos movimientos que se han organizado; esto es lo que se discute
hoy en día, porque muchos están solamente por ir con listas independientes, que
cuesta muchísimo porque todavía no se ha pasado ninguna ley que cambie la
forma, se refiere a un quorum muy alto en proporción a los habitantes de cada
distrito y para eso habría que buscar firmas. En este periodo, imagínate en dos
meses, tener en pandemia una cantidad enorme de firmas para habilitar esas listas
independientes, en las cuales podrían estar los movimientos sociales y la gente realmente
representativa de los territorios, es la gente que ganó, en el fondo fue lo que
posibilitó que hubiera plebiscito.
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Fue una salida política
que buscaron cuando Piñera ya no daba más, o sea, su gobierno estaba pendiente
de un hilo, y el congreso lo salvó, o sea, la clase política salvó a Piñera con
este acuerdo, con este llamado a cambiar la constitución, que no era
tampoco el primer llamado de la gente, ni tampoco la primera
demanda; las demandas primarias estaban relacionadas con los problemas básicos que
tenemos: el tema de la previsión, la salud, la educación, el agua, la
alimentación, el extractivismo. Cuando estábamos discutiendo en la asamblea,
llegábamos a la conclusión que para cambiar todo esto teníamos que cambiar la
constitución, pero los carteles que vos veías en la marcha no eran sobre la
constitución precisamente, pero es la forma como te digo que encontró la clase
política para salvar a Piñera.
Bueno, yo te diría que con
la pandemia lo lograron, porque si no hubiera habido esto de que nos
encerraron desde marzo en adelante, este acuerdo no hubiera valido nada,
o habría sido cambiado ya; pero evidentemente que la pandemia generó, no te
diría desmoralización, sino un cambio de energía hacia la sobrevivencia: el
sobrevivir en términos de alimentación, hubo que organizarse territorialmente
en ollas comunes, formas de abastecerse también, buscando vínculo directo con
el campo en los territorios urbanos, hubo que ver la forma en que enfrentábamos
la crisis sanitarias, las cesantías enormes… de manera que la gente estaba abocada a ello. Estábamos las
organizaciones, los mismos movilizados, estábamos en otro giro y ahora tenemos
que volvernos a meternos en esto, lo otro no ha dejado de existir, por eso te
digo que es un momento extraordinariamente complejo.
Pero que a la vez es de
una riqueza extraordinaria, porque lo que ocurrió el domingo 25 de octubre, el
día del plebiscito, después de haber vivido las cuarentenas y restricciones y
los riesgos como adulta mayor, te puedo decir que es sentir la felicidad de haber llegado a ver
efectivamente que Chile era como pensábamos, no como nos decían. Porque ahí
estaba todo el pueblo en la calle, ahí no importó pandemia, los jóvenes que
habían dejado de votar hace mucho, se volcaron masivamente y tu salías a la
calle ese día y había un ambiente de jolgorio, o sea, todo el mundo presentía
lo que venía, era como de complicidad en los distintos sectores, una
complicidad total.
Era recuperar lo que habíamos
tenido en la Plaza Dignidad, en las grandes movilizaciones del 2019, en las primeras
marchas así como la del 8 de marzo, que fue la última grande antes del
plebiscito que tuvimos en el día internacional de la mujer, que ahí explotamos,
fueron millones y millones de mujeres; así que el 25 de octubre fue un momento en que las poblaciones más
afectadas se expresaron: las cifras promedio por la opción “Apruebo Convención
Constitucional” fueron de 78,1% para
todo el país, pero en las comunas (partidos, dirían ustedes) donde los efectos del
modelo neoliberal y pinochetista son más evidentes, las cifras sobrepasaron el
90%. Son territorios rurales y tú sabes que la población rural suele ser
la más conservadora, la que más reticencia puede presentar a los cambios; sin
embargo, los siete territorios a lo largo del país que tuvieron más del
90% son aquellos que han sufrido más gravemente el embate del extractivismo;
que están sin agua, que están con el aire totalmente contaminado, los que están
cerca de las mineras, que no pueden cultivar las tierras porque están cercados
por las forestales, etcétera. Entonces ahí es donde se expresa el resultado de
este modelo. También las comunas populares y las y los jóvenes que no
iban a votar, esta vez sí se volcaron a las urnas.
*Esta es la primera parte de la entrevista a Lucía Sepúlveda Ruiz, que tendrá dos entregas.
El militarismo israelí sigue profundizando sus lazos con los gobiernos autoritarios de Latinoamérica. El pasado mes de septiembre soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) viajaron a Colombia, uno de sus principales aliados en la región, para entrenar a la División de Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia. Este programa de entrenamiento se realizó en la base militar de Tolemaida en las instalaciones del Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE), el cual fue posible gracias a las gestiones realizadas por la Dirección de Relaciones Internacionales del Ejército de Colombia1.
La capacitación consistió en “técnicas antiterroristas”, métodos de observación y diagnóstico de la unidad, sistemas de defensa, tácticas de combate urbano, operaciones encubiertas, asalto aéreo y polígono.
Este encuentro estuvo liderado por el Brigadier General Dan Goldfus, comandante de la Brigada Nahal y jefe del Cuerpo de Infantería y Paracaidismo del Ejército de Israel. Es el segundo encuentro en el cual participa en el año 2020, el primero fue en febrero de este año.2 En el año 2019 el General Dan Goldfus, acompañado de una delegación de 10 soldados de la IDF, también estuvo entrenando al ejército filipino bajo el discurso de “guerra antiterroristas”3, esto a pesar que el gobierno filipino de Rodrigo Duterte ha sido denunciado internacionalmente por sus violaciones a los derechos humanos, denuncias que también han sido realizadas por activistas y periodistas israelíes.4
La Brigada Nahal5 del ejército israelí ha participado en diferentes guerras6 contra la población árabe y la ocupación de palestina en los últimos 60 años, donde se han cometido violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la población civil.7 Además, participa activamente en el hostigamiento cotidiano hacia la población palestina, donde también niños y niñas han sido víctimas, así como lo ha denunciado la organización Breaking The Silence.8
Es importante mencionar que la División de Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia forma parte del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que fue creado en el año 2007 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que está vinculado en diversas violaciones hacia los derechos humanos de la población colombiana. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales recientemente ha estado implicado en el bombardeo de un campamento de las disidencias de las FARC que mató a ocho menores de edad.9
De esta manera, la profundización del militarismo israelí en Colombia no sólo es perjudicial para el pueblo palestino, donde Israel exporta sus métodos de guerra, securitización, represión y tortura que usa contra la población palestina; también es perjudicial para el pueblo colombiano, el cual ha sido sometido a una guerra contrainsurgente durante décadas donde los costos han sido asumidos en gran parte por la población civil. Por esto, ante la complicidad de los Estados en la violación de los derechos humanos de la población palestina, el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (BDS) ha llamado a impulsar campañas de embargo militar para frenar la expansión militar israelí por el mundo y ponerle fin a la ocupación y apartheid que vive la población palestina.
El largometraje Acampe Originario, dirigido por Ernesto Gut, junta las piezas delproceso de resistencia que las naciones Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, en la provincia de Formosa, llevaron a cabo para defender su territorio.
Las escenas que comienzan en el año 2010 en el territorio de la nación Qom“Potae Napocna Navogoh”; contrastan la vida tranquila en la comunidad y la represión de las fuerzas de seguridad de la provincia. El conflicto que resulta en el asesinato del indígena Jorge López es el punto de partida para el desarrollo de una lucha que llevó a las comunidades a viajar a Buenos Aires con el objetivo de hablar con la entonces presidenta de Argentina, Cristina Kirchner. Sin embargo, retornan el año 2015 para intentar nuevamente establecer un diálogo con la Presidenta, aunque finalmente, a lo largo de 10 meses de Acampe, no los atendió.
El documental tiene su enfoque central en el acampe que armaron los pueblos originarios en el año 2015. Instalado en el corazón de la ciudad y en una de las avenidas más importantes y conocidas del mundo, la carpa fue abrigo de relatos, discursos e incontables conferencias de prensa. La denuncia en las venas de la ciudad y la verdad cruda develada a la vista de los turistas por las lentes de las cámaras es una mirada desde adentro y desde afuera.
Los relatos en primera persona cuentan historias de antepasados, comparten sentires y saberes, denuncian la lógica que mercantiliza la naturaleza y que, por ende, destruye la vida. Los diálogos con estas personas que se acostumbraron al peligro son un viaje hacia su mundo distante y vivo en el presente, en su memoria y continua caminata. Sin fronteras posibles, hablan de sus luchas con coraje y de su futuro con esperanza. Bajo la gigantesca carpa armada para abrigar sus cuerpos y sueños, comparten rituales que mezclan su cosmovisión ancestral y la fuerte influencia neopentecostal.
El carácter comunitario del espacio está muy marcado en la película; las reuniones alrededor del fuego, la presencia de varios colectivos y militantes de la ciudad de Buenos Aires, la solidaridad para sostener el acampe que duró diez meses. Entre marchas, actividades, entrevistas a los medios hegemónicos y reuniones, finalmente a través de su líder Félix Díaz lograron un acuerdo con el gobierno que, más tarde, significó desarticulación y más debilitamiento de las comunidades.
Félix Díaz en el Acampe // REINALDO ORTEGA
En un aparente mosaico de contradicciones, Gut logra construir un entramado de interrogantes que interpela el espectador sobre el existir indígena, pero también invita a reflexionar sobre el desprecio del Estado hacia los pueblos originarios y su poder como desarticulador de las luchas que se dan desde los territorios.
Acampe Originario
es una obra que deconstruye la mirada romántica hacia los pueblos originarios y
deja en evidencia, de forma sorprendente, el desenlace de una lucha que logró
dialogar directamente con la máxima autoridad del Estado.
Días atrás
el secretario de defensa de EE.UU. Mark Esper y Abdellatif Loudiyi, Ministro Delegado del Jefe de Gobierno a cargo de la
Administración de Defensa Nacional del Reino de Marruecos, firmaron un acuerdo
de cooperación militar para los próximos 10 años. En función de este acuerdo
Marruecos intensificará las compras de máquinas de matar a EE.UU. así como la
realización de ejercicios militares conjuntos como detalló un comunicado
oficial estadounidense.
En declaraciones a la prensa, Esper
expresó que: “ahora más que nunca, nuestras dos naciones están trabajando
estrechamente para abordar desafíos de un entorno de seguridad cada vez más
complejo que va desde el contraterrorismo y otras amenazas transnacionales
hasta la inestabilidad regional y desafíos estratégicos más “amplios”;al mismo
tiempo dejaba nítida la importancia que le dan a su vínculo con Marruecos al
decir sobre el reino que: “es un importante aliado no perteneciente a la OTAN”.
El Secretario de Defensa no hizo declaraciones sobre la ocupación del Sáhara
Occidental por parte de Marruecos, tampoco solicitó explicaciones al reino
sobre las personas
detenidas-desaparecidas saharauis.
Por su parte, Loudiyi detalló la
intención marroquí respecto del incremento en la producción de máquinas de
matar a partir de “la promoción de proyectos conjuntos para invertir en
Marruecos en el sector de la industria de defensa con el objetivo de transferir
tecnologías y construir gradualmente la independencia de Marruecos en este
ámbito” y prosiguió con excusas del incremento del militarismo en ”luchas
contra el terrorismo y adoptar medidas humanitarias para resolver la crisis
migratoria”. Loudiyi no expresó que las armas son utilizadas para mantener la
ocupación del Sáhara Occidental y reprimir al pueblo saharaui.
Las compras de armas por parte del Reino
de Marruecos se han intensificado con diferentes proveedores, como es el
caso de Israel, donde ya no se ocultan
los vínculos con quien sostiene un régimen de Apartheid contra el pueblo
palestino. Marruecos adquirió en el año 2020 los mismos drones que bombardean y
asesinan palestinas y palestinos.
Este acuerdo se da en el marco, como se
explica aquí, de la aceleración
de compras del Reino de Marruecos de material bélico pesado durante el 2019. El
estimado de las compras de armas del último año ronda un valor próximo a
U$S10,000 millones de dólares. Para dar una idea sobre el incremento del
militarismo marroquí, comparando las adquisiciones de armamento entre los años 1975 a 1991 que estuvo en guerra contra el
Frente POLISARIO por la ocupación del
Sáhara Occidental, el dinero destinado en solo el 2019 es un 100% mayor
que durante todo el período indicado donde las compras de material bélico fue
de U$S4692 millones.
El Sahara Occidental
El Sahara
Occidental es un territorio ocupado por el Reino de Marruecos desde el año
1976, en forma previa la potencia ocupante fue España. Durante la dictadura
fascista de Franco en el Reino de España, se produjeron constantes represiones
y asesinatos contra el pueblo saharaui. La ocupación del Sahara Occidental no
es reconocida por ningún organismo internacional y hay más de 100 resoluciones
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la ocupación del Sahara
Occidental.
Más de 85
países reconocen La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), no obstante, a
pesar de las diversas resoluciones de la ONU, la ocupación y el régimen de
apartheid continúan. Ningún país miembro permanente del Consejo de Seguridad de
la ONU reconoce la RASD. Sobre los motivos de la ocupación, Malainin Lakbal,
miembro del observatorio saharaui de recursos naturales, expresa: “el Sahara
Occidental es un territorio muy rico, con todo tipo de recursos, renovables y
no renovables. Esta es una de las principales razones, respaldado por Francia
por supuesto”. Sobre el motivo de apoyo de Francia a la ocupación
plantea: “también somos un objetivo para Francia, porque quiere tener un
Marruecos fuerte para conservar un cierto equilibrio y no permitir que Argelia
se convierta en la principal potencia en el norte de África”.
En 2016, el
gobierno de Rabat expulsó el personal de la Misión de Naciones Unidas para el
referendo en el Sáhara Occidental (MINURSO). En un nítido enfrentamiento con
quien fuera el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon que expresó su apoyo a
la RASD. Entre los territorios liberados y el territorio ocupado, el
Reino de Marruecos construyó el muro más largo del mundo denominado “el muro de
la vergüenza”, son 2.700 kilómetros con más de 7 millones de minas y vigilado
por 100.000 soldados. La ocupación es posible por el sostenimiento de los
vínculos políticos y comerciales con el Reino de Marruecos; ahora mismo la
Unión Europea y el Mercosur están intensificando los acuerdos comerciales con
el estado ocupante, lo que alimenta la capacidad financiera del Reino en su
ocupación. También las acciones criminales del Reino son posibles por las declaraciones
estériles de la comunidad internacional.
A partir de los años noventa se
intensificaron las firmas de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados
Bilaterales de Inversión (TBI) en todo el mundo. Con el objetivo de atraer
inversiones extranjeras hacia sus territorios, en un contexto histórico de
disolución de la Unión Soviética la cual planteaba el fin de las alternativas
al libre mercado y un fuerte discurso que resaltaba la necesidad de perseguir
el desarrollo y el bienestar, los Estados vieron en estos tratados una gran
oportunidad para insertarse en este “nuevo orden”: la economía globalizada con
garantía de libre mercado y libre comercio.
Para dar cuenta de este
objetivo, en 1995 nace la Organización Mundial del Comercio (OMC) que fue
fundamental para la rebaja de aranceles y para crear condiciones a un mayor
flujo comercial. Los organismos internacionales y las empresas transnacionales
aprovecharon el afán de los Estados en atraer nuevos inversores para diseñar
una arquitectura que pudiera proteger a las inversiones y también expandir la
lógica liberal de economías abiertas y de mercado libre y auto-regulador.
Esta forma de funcionamiento de
la economía sería especialmente interesante para los países llamados de tercer
mundo, ya que esta apertura generaría su integración a la económica mundial, el
desarrollo de los Estados y, por ende, la reducción de la pobreza.
Tras 25 años de TLC y TBI, América Latina ve su economía fragilizada y reprimarizada, los índices de pobreza y desigualdad no han disminuido y los Estados se encuentran endeudados. Las demandas de los inversionistas a través de los mecanismos de protección de inversión han traído más pérdidas que ganancias a los Estados y todas las externalidades —es decir, los costos sociales y ambientales— que involucran estos acuerdos han comprometido al bienestar los pueblos y la capacidad productiva de los países latinoamericanos.
Muchos son los argumentos
críticos desde la academia que ponen en evidencia las asimetrías de los
tratados de comercio e inversión, que generan ganadores con “cartas marcadas”,
es decir, hay un modus operandi que hace de estos tratados un juego
desigual en beneficio de los gigantes privados.
Asimismo, los movimientos territoriales, sindicatos, pequeños productores, pueblos originarios y campesinos han trabado una lucha histórica, y aún poco conocida por el conjunto de la sociedad, en contra de estos acuerdos. Los tratados han dejado tierras arrasadas, han expulsado a las personas de sus tierras y hogares, han destruido la forma de existir de comunidades ancestrales, en lo que se podría llamar de terricidio —término acuñado por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en Argentina—. Pero también han precarizado el empleo, dificultado el acceso a los medicamentos, socavado la soberanía de los Estados al punto que los gobiernos toman sus decisiones de acuerdo a los intereses de las transnacionales.
En un contexto de Emergencia
Climática, el transporte utilizado para el comercio de bienes es un agravante
importante. La facilitación del comercio termina por convertirse en una forma
perversa de ignorar rotundamente la realidad. El comercio por el comercio, que
no sirve para mucho más que garantizar que el capital circule, cobra un
análisis crítico.
A pesar de las evidentes
consecuencias, la desinformación hace que muchos sectores, incluso entre las
izquierdas, apoyen estos proyectos. Con la idea del progreso frente a los ojos,
muchos han defendido que sin inversiones extranjeras no hay forma de salir
adelante, no hay desarrollo.
Para mostrar que estos argumentos no corresponden a la realidad, la Plataforma América Latina Mejor sin TLC junto a la CLATE y la ISP, con el auspicio de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, está ofreciendo un seminario virtual, libre y gratuito —en español y portugués— sobre los impactos de los tratados en estos 25 años.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de octubre para el idioma español y 16 de octubre para el idioma portugués, a través de este enlace: http://registro.clate.org/
Policía mata a 34 trabajadores en un paro en África del Sur (Siphiwe Sibeko/Reuters, 2012)
EDITORIAL
El sistemático uso mortal de la fuerza por parte de la policía y el ejército en los países latinoamericanos ha pasado de ser una excepción a una constante. Muchas veces se utiliza la expresión de manzanas podridas cuando lo que está podrido son las cajas mismas en las que están las manzanas: la misma existencia de cuerpos armados que funcionan siguiendo órdenes jerárquicas, órdenes que obedecen más a mandatos de personas en el Estado que buscan salvaguardar sus intereses ideológicos o a los empresarios que les pagan sus campañas electorales.
Y lo podrido de esas cajas no son solo esas estructuras de dominación, sino además la forma en que se da instrucción a las personas que trabajan en ellas: a los soldados y policías se les forma para deshumanizar a quienes van a tratar; mantienen reglamentos de control que no funcionan cuando cometen arbitrariedades, ya que o no se les aplica o se construyen jueces dentro de sus filas para darles un trato especial. Se les paga mejor, se les garantizan otros derechos laborales que la población no tiene, en últimas el bloque dominante los acobija con tal ahínco que los convierte en unos privilegiados dentro de los excluidos a los que hacen parte.
En el año 1996 la revista Noticias, para la cual trabajaba el fotoperiodista Jose Luis Cabezas, secuestrado y asesinado a manos de la policía bonaerense por pedido del empresario Alfredo Yabrán, titulaba “Maldita Policía”. El asesinato de Cabezas generó una fuerte conmoción social pero no fue el único.
Según informa CORREPI la policía bonaerense asesinó desde el retorno de esta democracia, en el territorio denominado Argentina, a 1549 personas de las cuales 46 fueron durante la gestión de Sergio Berni como Ministro de Seguridad. Berni, quien ya lanzó su candidatura a presidente en 2023, no dejó dudas respecto de cuál considera que es el rol de las policía “reprimir” e indicó que estas fuerzas represivas no son “indios salvajes” algo que valió el repudio de las comunidades indígenas.
La policía
bonaerense es una de las más numerosas a nivel mundial, son 100.000 personas,
representando una tasa de 700 policías cada 100.000 habitantes, un valor
superior a lo recomendado por las ONU de 300 policías y muy superior a
cualquier otra fuerza represiva de la región exceptuando la ciudad de Buenos
Aires con una tasa de 850 policías cada 100.000 habitantes. Para comparar con otros países de
Latinoamérica la tasa más importante luego de Argentina es Uruguay con 540
policías.
En el caso de Colombia, ya es tristemente célebre que el Escuadrón Movil Antidisturbios (ESMAD) deje tras sus acciones el asesinato de personas que se manifiestan. El último caso muy visible fue el del joven Dylan Cruz al que le dispararon en la cabeza el 23 de noviembre del 2019 en medio de un Paro Nacional.
Sin embargo,
el resto de la policía no se queda atrás; el pasado 8 de septiembre fue
torturado y asesinado Javier Ordóñez, un abogado bogotano, a manos de la
policía nacional. La reacción popular a este asesinato desbordó las calles de
la ciudad de los siguientes días, con una respuesta desproporcionada de la
misma policía quien en distintas partes de la ciudad asesinó a otras 10
personas en medio de las manifestaciones.
Aunque autoridades del orden local ya han llamado a la investigación de los casos, desde el orden nacional se ha mantenido no solo el apoyo irrestricto a la institución, que en Colombia no es de carácter civil sino militar, y en cambio denuncian teorías conspirativas donde describen que sería milicias de las guerrillas las que estarían detrás de los hechos. Sin embargo, el descrédito al que ha llegado esta institución es irremediable, lo que abre el paso a las discusiones desde movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos quienes empiezan a hablar de la necesidad desde la reforma hasta la abolición de la misma.
En la región latinoamericana, las armas que brinda el estado son las mismas que realizaron golpes contra los gobiernos de estas democracias. Queda la duda: ¿El Estado representa los Gobiernos?
Es evidente que las sociedades funcionarían mejor sin las fuerzas represivas del Estado. Más allá de significar un avance en términos civilizacionales, la abolición de la policía permitiría a los seres humanos repensar sus formas de organización social y fortalecería los vínculos comunitarios. Frente a la barbarie y al miedo que es reproducido e impuesto por los cuerpos policiales hacia las personas y los territorios, desde Virginia Bolten preguntamos: ¿Para qué sirve la policía?
“Pertenezco a mi clase y a algunas ropas, voy de blanco por las calles sucias. Melancolías, mercaderías me acechan. ¿Debo seguir hasta la náusea?” Carlos Drummond de Andrade *
Por Vanessa Dourado
Victorio Spoltore llegó a Argentina a los 8 años de edad, viniendo de Italia con su familia al inicio del siglo XX, junto a tantos otros inmigrantes que huían de la Guerra. El pequeño Victorio empezó su vida laboral de niño; primero como lustrabotas y luego como sastre. Siempre manteniendo las costumbres de su país de origen, formó familia y desde que llegó al país siempre vivió en Munro.
En el año 1963 Spoltore empezó a trabajar en la fábrica de carpas y camperas Cacique Camping S.A., donde también trabajaba su esposa Rosalinda Campitelli. En esa época, la empresa todavía era un emprendimiento pequeño y familiar, pero de a poco fue conquistando más mercado a través de negocios con las Fuerzas Armadas y otras empresas para las que producían una gran variedad de productos.
A medida que crecía la empresa, Victorio vio su responsabilidad aumentar, llegando a ocupar el cargo de capataz. Con más carga de trabajo, el inmigrante italiano se dedicaba a la empresa con esmero y mucho orgullo. Su familia era casi una extensión de su lugar de trabajo, donde los hijos, Alejandro y Liliana, también solían frecuentar cuando eran chicos.
De izquierda a derecha: Rosalinda Campitelli, Liliana Spoltore, Victorio Spoltore y Alejandro Spoltore
Esta gran familia
laboral de fuertes vínculos afectivos, sin embargo, empezó a romperse el 17 de
mayo de 1984. Víctima de un infarto de miocardio mientras trabajaba, Victorio
perdió 40% de su capacidad laboral y, a pesar de no estar completamente
recuperado y aún en fase de rehabilitación, el trabajador fue presionado por
sus jefes a retornar a sus actividades laborales antes de tiempo.
A pesar de la visible debilidad de Spoltore, lo obligaron a seguir con las mismas responsabilidades que desarrollaba antes del infarto. Hostigado para forzarlo a renunciar —ya que llevaba 24 años en este mismo trabajo y la empresa no quería pagarle una indemnización— y con una carga de trabajo incompatible con su frágil condición de salud, seis meses después Victorio sufrió un segundo infarto mientras trabajaba, quedando con una incapacidad del 70%.
Tras los dos episodios
coronarios, se agregó, además, un cuadro de depresión que acompañó a Spoltore
hasta sus últimos días de vida. Dolido por el tratamiento que recibió de la que
pensaba era su familia laboral y sin poder trabajar por la enfermedad, Victorio
no logró volver a su estado de ánimo habitual.
Al acceder a la
justicia para reclamar una indemnización por enfermedad profesional, ya que
entendió que había tenido sus derechos laborales violados cuando la empresa lo
forzó a trabajar sin que estuviera en condiciones para hacerlo, agravando su
estado de salud, la Justicia tardó 12 años para tramitar el proceso.
No comprendiendo la
razón de la demora por parte de las autoridades judiciales, Spoltore inició un
proceso disciplinario para investigar las autoridades judiciales sobre esta
demora. Tras el rechazo de sus recursos que dio por terminado el asunto,
Victorio inició una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante 20 años,
Spoltore envió 12 cartas a la Comisión Interamericana, con sede en Washington
DC, que le dictaba a su hija Liliana para que las pasara primero a máquina y
luego a la computadora y enviaba por correo y luego por mail, entendiendo que
en Argentina le habían violado sus derechos como persona. Victorio falleció sin
ver el resultado de sus demandas.
El 28 de agosto pasado,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez en la historia,
condenó a un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por
la violación al derecho a la salud en el ámbito laboral. Argentina fue responsabilizada por violar los derechos laborales de Victorio
Spoltore.
El resultado logrado, fruto de la insaciable sed de justicia de Victorio, luego continuada por su familia y acompañada por el Colectivo de Derechos Humanos Yopoi, compuesto por los abogados Gabriel Fernando Bicinskas, Marcos Ezequiel Filardi y Juan Pablo Vismara, hicieron que la Corte Interamericana se consolide como un foro para hacer valer como derechos humanos los derechos laborales.
De izquierda a derecha: Gabriel Fernando Bicinskas, Liliana Spoltore y Marcos FIlardi
Según el abogado Marcos Filardi —quien afirma que el caso Spoltore es testigo de una situación estructural que siempre juega en perjuicio de las y los trabajadores— este es un precedente para que todos los tribunales laborales del país le impriman especial celeridad a las demandas por enfermedad profesional, porque caso contrario puede el Estado argentino verse expuesto a responder en instancia internacional por la violación a la garantía del plazo razonable.
*Fragmento del poema “La flor y la náusea”, Carlos Drummond de Andrade, Brasil
(1945)
Montaje de VB sobre la foto original del cabildo indígena de Corinto.
Gonzalo Bravo Neira
En el mes de agosto se endurecieron las acciones militares por parte
del Estado para recuperar la propiedad privada de empresas de
producción de azúcar, quienes insisten en desplazar a los
poseedores legítimos pertenecientes al pueblo Nasa. Esta situación
ha empeorado la semana pasada cuando el ejército, escoltando a
policía antimotines que desalojaban a la comunidad, asesinó a un
comunero y a un comunicador de esa comunidad.
Los
homicidios se han encubierto impunemente luego que el ejército, en
vez de reconocer su responsabilidad, afirmara en un comunicado el 13
de agosto que hubo disparos pero en medio de un enfrentamiento con
guerrillas y que “las comunidades son instrumentalizadas por grupos
al margen de la ley”. Dicha impunidad es la misma que ha encubierto
ya por décadas el asesinato de hombres y mujeres defensores de sus
tierras, recordados
por los Nasa así: “los veinte de El Nilo… los trece de
Gualanday… los ocho de San Pedro…” y muchos más asesinados de
forma individual por actores legales e ilegales en medio del
conflicto armado colombiano.
Sin
embargo, aunque la lucha por la tierra en este territorio puede
remontarse a siglos, la disputa actual se dibuja asociada a la
presencia de la producción de caña realizada por la empresa
Incauca; esta empresa, integrante del conglomerado del cuarto
hombre más rico de Colombia, acumula miles de hectáreas en los
territorios ancestrales de los nasas. Dichas tierras están en el
valle más fértil de la región, mientras que a la comunidad
indígena se le ha confinado a partes altas e improductivas del
territorio. En medio de esta tensión el Estado ha demostrado su
alineamiento con los terratenientes y no con la comunidad indígena;
muestra de ello es el nombramiento de uno de los hijos del dueño de
Incauca como embajador de Colombia frente al Reino Unido.
Por
eso, desde el año 2005 el pueblo Nasa ha reactivado la retoma de
posesión de sus territorios y la exigencia al gobierno colombiano de
legalizar su propiedad. En cuanto toman las nuevas tierras de
inmediato las ponen a producir, dándole una solución práctica a la
incapacidad de acceso y la pobreza en que viven miles de personas de
este pueblo. A este proceso de lucha territorial le han llamado el
Proceso de Liberación de la Madre Tierra y a quienes participan en
él Liberadores. Por eso los medios de comunicación propios
anunciaron muy rápidamente con indignación el asesinato de los
liberadores Johel rivera y José Avelardo Liz, de los que hablamos en
este artículo.
Foto tomada durante la represión, claramente se ve a los tractores tras el francotirador. Foto del cabildo de Corinto
La arremetida violenta, que terminó en estas dos ejecuciones extrajudiciales, es el punto más alto de acciones que hace semanas iniciaron con el envenenamiento de ganado vacuno, la quema de cultivos y la detonación de artefactos explosivos en las cercanías de las tierras recuperadas. Entre la comunidad se sabía que algo más fuerte venía, y lo corroboraron cuando a su territorio llegaron escuadrones antimotines acompañados por tractores para arrasar las cosechas y custodiados por el ejército.
Frente
a estas acciones han manifestado
que no solo no se dejarán intimidar sino que “vamos a seguir
liberando la Madre Tierra. Hoy nos dañaron estos cultivos, mañana
florecerán muchos más. Mataron dos compañeros, miles nacerán.
Recordamos las palabras de nuestro compañero Jhoel, asesinado por el
estado colombiano hoy 13 de agosto de 2020: “Nosotros tenemos esa
esperanza. Nuestra esperanza que tenemos: el agua, nuestra Madre
Tierra, nuestros animalitos que queremos criar, ahí tenemos nuestro
futuro, entonces tenemos que seguir adelante”.
Por
lo pronto, los liberadores anuncian que mantienen la cuarta Marcha de
la Comida, en donde llevan a algunas ciudades parte de las cosechas
que producen en las tierras liberadas, esto con el objetivo de
compartirla con las comunidades urbanas más empobrecidas. La
anterior marcha la hicieron en medio del abastecimiento popular
producido por las medias de confinamiento, llevando alimento en
momentos que la pandemia del Coronavirus había agudizado el hambre
en varios barrios populares de Cali.
Con esta terquedad demuestran que en medio de la adversidad la salida
más efectiva es la solidaridad.
