En un contexto de desidia absoluta, donde al momento de publicar esta entrevista está ardiendo el monte en la provincia de Córdoba, los incendios afectan la zona de Punilla, comprendida entre La Falda y Huerta Grande. ¿Casualidad?

Con una Ley de Humedales cajoneada, una Ley de Bosques desfinanciada y estando el territorio denominado Argentina entre los 10 países que más deforestan, el pueblo cordobés viene sosteniendo hace meses asambleas y una lucha cuerpo a cuerpo para impedir que se termine con los pocos bosques que quedan para realizar una autovía. 

Esta autovía será parte del corredor bioceánico de IRSA (la mayor empresa constructora de Argentina, con inversiones en toda Latinoamérica y en otras empresas que se calcula tienen un millón y medio de hectáreas en todo el país) que iría del puerto de Coquimbo (Chile) hasta Brasil, teniendo como principal objetivo la extracción y exportación de materias primas sin contemplar lo que el proyecto arrasa a su paso.

En esta ocasión entrevistamos a Juan Jacobs, periodista de Radio Panamericana FM 99.3, una radio comunitaria de Huerta Grande, Córdoba.

Virginia Bolten: ¿Cuál es el derrotero por el cual se ha llegado hasta esta situación de conflicto por la autovía entre vecinxs, militantes ambientales y la policía de la Provincia de Córdoba?

Juan Jacobs: El problema central que tiene este proyecto de autovía es que no cumple con la Ley general del ambiente y con otros estatutos y tratados internacionales. La primera plantea que el estudio de impacto ambiental debe ser acumulativo, es decir, que reúna todos los impactos posibles en el tiempo y en la distancia. El estudio de impacto que presenta el gobierno no es acumulativo, es insuficiente, carece de coherencia interna, sus datos son muy flojos. 

Desde el vamos esto fue cuestionado, sin embargo el gobierno nunca tomó en consideración las críticas de base que se hacían, de que no se ajustaba al derecho de estudio de impacto ambiental y se avanzó igual con la obra de la autovía, a pesar de que el rechazo que tuvo en la audiencia pública fue de un 90%, en lo que fue la audiencia más larga de la historia de Córdoba (un mes y medio y más de 750 oradores). Entonces, es una obra que se califica de ilegal desde el primer momento por el tipo de proyecto que se presenta y que a pesar de eso se sostiene y se quiere hacer de todos modos, de manera violenta, porque no se escucha a la audiencia pública, no se da lugar a los amparos, y hay una complicidad judicial y del gobierno nacional al facilitar el préstamo para esta obra con un gasto excesivo. Es brutal para un valle de Punilla tan pobre gastar 100 millones de dólares. 

Esto es lo que empuja a una situación en la que los ciudadanos nos vemos en la necesidad de llevar adelante la medida cautelar ya que no se cumple la justicia. Como hay un daño irreversible inminente y como sabemos de que esto técnicamente es inviable y nadie lo va a arreglar, nos empezamos a volcar a una lucha cuerpo a cuerpo por defender los restos arqueológicos, el territorio de los pueblos originarios – a los que no se consultó oportunamente- y a la espera de una medida cautelar que frene las obras. Los jueces hasta ahora no han leído el estudio de impacto ambiental, no son conscientes del riesgo que hay, y esto es la causal de la conflictividad social. Las leyes ambientales están pensadas para evitar esto. Si el gobierno hubiera respetado dichas leyes, seguramente este problema no existiría entre los defensores ambientales y la policía de Córdoba. El gobierno viendo que incumplió la Ley, viendo que no hay consenso para esto, decide hacer la obra solamente con la fuerza de la policía y de las armas.

VB: ¿Qué recorrido está previsto que tenga dicha autovía?

Juan: La autovía es parte del corredor bioceánico de IRSA que va del puerto de Coquimbo (Chile) a Brasil, algo que merece un debate más en profundidad si es que la Argentina acuerda realmente con la idea de ser la base, la factoría de las exportaciones de materias primas del mundo entero de manera indiscriminada como se está planteando porque es un corredor bioceánico donde no solamente se atraviesa zonas de bosque nativo sino que está pensado para llevarse toda la materia prima a China a través del Pacífico. En este caso, este tramo que se está discutiendo y que ya se inició, va desde la Comuna de San Roque hasta la ciudad de La Cumbre en 42 Km de obra por el oeste, zona de territorio de pueblos originarios, naciente de todos los arroyos que dan agua al río Cosquín y por ende a la ciudad de Córdoba. Es la zona de bosque nativo más valiosa que tenemos en el valle de Punilla y donde tenemos los restos arqueológicos y patrimoniales de Punilla. Esta carretera arranca en el puente De la Sota del lago San Roque y termina en la ciudad de La Cumbre.

VB: Concretamente, ¿Cuál es el impacto ambiental que tendría la autovía? ¿Por qué hablan de ecocidio?

Juan: El impacto ambiental de esta obra es prácticamente incalculable. Son ellos quienes tienen que demostrar cómo se va a aminorar el impacto. Nosotros creemos que el impacto va a ser irreversible, no solamente en las fuentes de agua -no nos olvidemos que el Río Primero lleva agua a Córdoba y que el San Roque es el dique más contaminado del país y que esto va a afectar seriamente a la cuenca del San Roque-, sino que hay otros impactos más graves como el cambio de uso del suelo. El oeste del Valle de Punilla, que es una zona rural, pasaría a ser zona de emprendimientos inmobiliarios (country, barrios privados, etc.) y la obra que es una autovía cerrada, que no tiene bajadas, que no tiene banquina, sino que está cercada por paredes, funcionaría como un muro que encerraría al Valle de Punilla entre la zona pobre del valle y la zona rica al oeste. Es una manera de “ordenar” el territorio como uso del suelo, y eso es muy grave porque no nos permiten opinar sobre el territorio en donde queremos vivir, apuntando a transformar nuestra sociedad en guetos, un gueto de pobres al este y otro de ricos al oeste. Estos impactos serían a mediano plazo. 

Además de esto, un biólogo explicaría el impacto ambiental que tiene el dinamitar las sierras, impacto en el paisaje, en nuestra forma de vida. Tener que asumir que más allá de la juntura del Río Yuspe, más allá de La Muyuna o Piedras Grandes en La Falda, no vamos a poder transitar más, que allí va a haber una pared de cemento. Además, los pueblos de Punilla van a quedar más en el olvido, se va a producir un derroche de dinero en una obra insuficiente e innecesaria. 

Sabemos que el estudio de impacto ambiental no contempla ningún posible impacto, que son innumerables, y eso ya es razón suficiente para no aprobar ese proyecto. Es el estudio de impacto ambiental el que debe dejar nítidos todos estos riesgos ambientales. Yo creo que si unx se pone a analizar los impactos en la vida, en las generaciones futuras, en el ambiente, en el ecosistema, en las especies en peligro de extinción como el puma, como ciertas especies de árboles como el guindillo, no terminaría nunca. Lamentablemente son ellos quienes proponen esta obra y son ellos los que tendrían que sanear estas dudas y no lo han hecho. El problema lo tienen ellos porque la carga de la prueba, los riesgos los tienen que demostrar ellos. No somos nosotrxs quienes tenemos que explicar los impactos de la obra. Lo tendría que decir el Gobierno, y hasta ahora no lo ha dicho. Pero no nos hace falta eso para saber que el impacto sería total, brutal sobre la cuenca del lago San Roque, sobre la forma de vida en el Valle de Punilla y ni hablar como corredor bioceánico en el avance del extractivismo en la Argentina.

VB: Existe una persecución a militantes y vecinxs que se  oponen a la construcción. Eso está más que denunciado. ¿Concretamente, qué hechos puedes mencionar que consideres cómo persecución y hostigamiento? 

Juan: No cabe duda de que existe una persecución a los defensores ambientales. En primer lugar los hechos que marcan esa situación tienen que ver con que la justicia no resuelve los amparos ambientales. Todo eso que estamos mencionando fue oportunamente denunciado ante la justicia de Córdoba, en un derrotero donde se fueron pateando  las competencias. Ya va 5 años de esto, no nos olvidemos que el amparo es el mismo del año 2018, donde se plantea la carencia de un estudio de impacto ambiental acumulativo, la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos originarios, la falta de un plan metodológico de acuerdo al Método de Harris del tema arqueológico. Eso está hoy en la cámara de contención administrativo de la segunda nominación de Córdoba y no se resuelve. Si ellos resolvieran en contra del amparo, nos permitirá a nosotros apelar, ir a la corte suprema, seguir la discusión. Y si se resolviera a favor se frenaría la obra. El tema es que no resuelve la justicia, deja esto en un limbo, esperando que la obra se finalice para a partir de ahí dar un fallo. En ese caso ya va a ser tarde. Que nos den la razón cuando sea tarde sería totalmente abstracto, no tendría sentido. Así que tenemos un hecho donde la justicia es cómplice del avance ilegal de esta obra. Más allá de una justicia cómplice que no resuelve, está un gobierno que utiliza la policía como herramienta para avanzar con la obra, una cuestión absolutamente irregular e ilegal. Una policía ideologizada, eso es muy importante verlo, porque el efectivo policial no actúa de manera racional como servidores públicos, haciendo cumplir la ley, respetando al ciudadano. Lejos de eso, las fuerza policial está totalmente ideologizada, a favor de las empresas, contra los defensores ambientales, de una manera irreflexiva, irracional, carente de toda sensatez por parte de ellos, que actúan de manera violenta porque no tienen argumentos a la hora de chocar con los defensores ambientales. Y a esto le sumamos una fiscalía de Cosquín que no respondió a ninguna de las denuncias presentadas por este tema. 

Ph: Vecinos por el Ambiente Punilla

Sobre el tema arqueológico se presentaron denuncias por daño irreversible al patrimonio arqueológico ancestral y deliberadamente no lo ha resuelto, porque fue presentado oportunamente, con prospecciones que fueron hechas previamente ante escribano público. Algo bastante indiscutible es que al menos la fiscal debería decir algo, pedir que se amplíe. Y sin embargo, actúan de manera muy veloz para imputar a los defensores ambientales. Hubo algunos sucesos puntuales, como por ejemplo el escrache que se hizo al  intendente de Cosquín, al que se lo encontró en la calle casualmente un día de asamblea y se le hicieron algunos planteos, sin faltar el respeto, pero sí reclamando todo esto. Curiosamente comenzaron a llegar imputaciones a algunas de las personas que estuvieron ahí, sin saber porqué ni cómo fueron señaladas. O situaciones en las que la policía ha llegado al lugar de los hechos con cierta credencial, o un papel, preguntando por ciertas personas frente a los defensores ambientales, preguntando si estaba tal o cual. Y nosotros decíamos: si usted es oficial, tiene que notificar a la persona en su domicilio. No venga acá a preguntar  para ver si le imputa o no. Además, el tipo de imputaciones que hubo, más de 20, dirigidas a los defensores ambientales más activos, utilizaban otra clase de acusación, como por ejemplo turbación a la posesión. Es decir, que uno, por haberse manifestado, está turbando la posesión de la empresa. Como si uno se quisiera quedar con los terrenos de la autovía. No es eso, estamos protestando. Además de eso, se suma el atentado a la Radio Panamericana, donde se rompieron los vidrios de la radio en dos oportunidades en un mismo día. También la detención de ciertos militantes de manera violenta, como pasó con el compañero Matias Pérez, que fue detenido en su propio domicilio, sin orden judicial, llevado a la fuerza delante de sus hijos, señalado por ser uno de los militantes activos. Acciones de patota a vecinos que van a ser expropiados y que están en negociación con la empresa Caminos de las Sierras y que por tener elementos bastante sólidos para demorar la expropiación, fueron patoteados por policías en representación de la empresa, señalados. Hay también micro hostigamientos permanentes, pero nosotros consideramos que hay persecusión y terrorismo de Estado porque hay una justicia que no resulve, hay un gobierno corrupto que utiliza las empresas constructoras para financiar la corrupción de la obra pública, y una fiscalía que lejos que fiscalizar todo eso oportunamente denunciado, se dedica a imputar a los defensores ambientales que además estamos protegidos por el Acuerdo de Escazú y por un habeas corpus que fue emitido por la juicia novena de Cordoba Capital hace 20 días atrás, diciendo que debemos ser cuidados en nuestra libertad ambulatoria, nuestra integridad física, moral y pscicológica como defensores ambientales. Nada de eso se respeta y se allana el camino para que la policía ideologizada comience a enfrentarse de manera absolutamente violenta, sin diplomacia, sin medida de diálogo a los defensores ambientales que nos manifestamos. 

Consideramos que eso es persecución política, la fiscalía debería fiscalizar a todos los actores implicados en ese conflicto, que la justicia debería resolver, que no tienen que imputarnos a nosotros por estar defendiendo al ambiente, que nos protege el Acuerdo de Escazú, que además la polícia no debería estar instalada en los obradores de la autovía, que debería estar cuidando a la ciudad que es zona liberada. Acá hay un señalamiento claro de atacar a los defensores ambientales para que la obra se pueda realizar utilizando la policía, molestando y persiguiendo, ya sea penalmente, ya sea con la policía e inclusive absolutamente de manera patoteril como en algunos casos hemos visto. 

VB: Como comunicador de Radio Panamericana fuiste detenido en pleno ejercicio de tus funciones como periodista. También, pocos días después, hubo un atentado a la sede de la emisora. ¿Qué pensás de esto? ¿Consideras que está en riesgo la libertad de expresión en la órbita de la Provincia de Córdoba? 

Juan: Como comunicador he tratado siempre de hacer el trabajo lo más profesionalmente posible, sabiendo que uno está cubriendo un conflicto donde hay actores que se enfrentan y que uno no tiene una posición neutral frente a eso, sino que tenemos una posición tomada en defensa del ambiente. Pero bueno, uno hace el trabajo de forma profesional y yo me he visto en situaciones muy complicadas frente a esto. En primier lugar, denunciar la violación del derecho humano a la información. Que el estudio de impacto ambiental de esa obra es inconsistente, que se omitió mucha información, que no tenemos de hecho esa información, que no la están presentando, que los intendentes locales no dan explicación de las firmas que han otorgado avalando esa obra, que no explican los detalles de la obra, que no dan soluciones a la gente. 

Además de esto, intendentes locales, como el de Huerta Grande, no brindan entrevistas. Sólo da entrevistas a ciertos medios que tienen una pauta del gobierno. El gobernador Schiaretti también sólo habla a los medios oficialistas, jamás responde a los señalamientos que le hacen los defensores ambientales o las comunidades indígenas. Además de esto, vemos la utilización de la pauta oficial como una manera de acallar las voces. Nosotros somos notícia en todo el país. Nos llaman de Buenos Aires, de San Juan, de Chubut, de Rio Negro, de Santa Fé por este tema. Sin embargo, los medios de la ciudad de La Falda no hablan de esto. Y no hablan porque tienen la pauta oficial. Ahí están censurando a los trabajadores de prensa de los medios grandes de la ciudad de La Falda, utilizando la pauta oficial que, si no la tienen, no pueden pagar los sueldos, y se los acalla de esa manera. En el caso nuestro, que somos un medio independiente, que no dependemos de la pauta para existir, nos acallan de otra forma, asfixiándonos, impidiendo nuestro trabajo, no dándonos información. El día que fui detenido estaba en un contexto de protesta, haciendo cobertura para la radio. Ningún efectivo policial me prestó atención, yo presenté mi carnet de prensa. No les importaba nada, no respondían nada. Nosotros les pedíamos precisamente información, le decíamos que si había una orden del fiscal que la muestren, que respondan a las denuncias presentadas. Le preguntábamos si había un arqueólogo trabajando, que se diera información de la prospección que iba a realizar, que informaran qué iban a hacer con las piezas arqueológicas que se encuentren. Nadie brinda esa información y lejos de eso, los policías estaban totalmente -no sé si drogados o sacados- fuera de sí, violentos. No son policías profesionales, actúan bajo una emoción violenta contra ciudadanos que nos estamos manifestando de manera pacífica. Fuimos golpeados, no solamente detenidos. Nos arrastraron, nos golpearon, nos trataron como delincuentes, nos cagaron a palos y nos metieron presos. Y yo estaba haciendo el trabajo de prensa. Y todavía más, a los dos días es atacada la radio en dos oportunidades. A la mañana rompen un ventanal y al mediodía otro. Y eso viene nítidamente del poder político local, que así como censura medios que dependen de la pauta, a nosotros nos quieren amedrentar con la policía, con detención y con la rotura de nuestros vidrios. Nítidamente se está violando la libertad de expresión en Córdoba desde hace mucho tiempo, incumpliendo con los deberes de brindar información pública, por ejemplo,nuestro derecho a filmar o a hacer cobertura de la ejecución de la obra de la autovía frente a los impactos que van ocurriendo. Y por otro lado manipulan la pauta oficial para silenciar a los medios que dependen de ella. Es todo un escenario donde los políticos del oficialismo, alineados con el gobernador, nos tratan a nosotros como “minoría extrema”, pero jamás nos dan entrevistas. Actúan con indiferencia, hacen de cuenta que no existimos. Solamente hablan a una parte de la sociedad y la otra es como si no existiera.

Eso no solamente es censurar y violar la libertad de expresión, sino que es algo absolutamente violento, negacionista, una manera de aplastarnos. Aunque podría ser que piensen que es un pensamiento minoritario, lo cual para mí es dudoso, tampoco les da el derecho a aplastarnos, ningunearnos y a insultarnos en la única vez que se dirigen a nosotros como sector de la sociedad. Nuestra emisora está siendo cada vez más oída. Ese conflicto, como ya se sabe, ha tenido alcance nacional, y estamos teniendo mucha audiencia. Sin embargo, acá hacen de cuenta que no existimos, no tenemos reconocimiento del municipio local. Somos el único medio de Huerta Grande y cuando celebran el día del periodista no nos invitan, no nos llegan noticias oficiales, no nos invitan a las conferencias de prensa, a los actos oficiales. Eso atenta contra la democracia, la libertad de expresión, contra el derecho humano de acceso a la información. Y además nos muestra que estamos en las manos de gobernantes que son bastante ignorantes e incapaces de entender las contradicciones de la política y de dialogar con sectores opositores. No solamente se vulnera el derecho a la libertad de expresión y al trabajador de prensa, sino que también a otros derechos como el derecho a la protesta y otras situaciones que tienen que ver con la participación de la sociedad y con los deberes de los funcionarios públicos de atender a todos los sectores sociales  

VB: ¿Qué propuesta alternativa existe a la de la autovía impuesta desde la Provincia?

Juan: La alternativa que hemos propuesto ha sido clara y pública oportunamente: la solución para el tránsito en el Valle de Punilla es arreglar la ruta 38. Nada de todo esto tiene que ver con arreglar la ruta 38. ¿Qué van a hacer? ¿La van a dejar abandonada cómo está? En este punto hay que denunciar también el lobby de Vialidad Nacional con el Gobierno de Córdoba para realizar esta obra que ha dejado en estado de abandono la ruta 38: no tiene banquinas, es una ruta vieja que fue construida en la década de 1930, cuando no existían autos con las velocidades actuales. Es inminente y absolutamente necesario arreglar la ruta 38, y sería mucho más económico que la locura que están haciendo, tendría menos impacto ambiental, no tendría conflictividad social. La solución del tráfico en Punilla es arreglar la ruta 38, hacer de la 38 una autovía en los tramos que se pueda y generar alternativas junto con el ferrocarril. Deberíamos tener ferrocarril, ya estamos en el siglo XXI y la verdad es que estamos hablando de autovía y tenemos un ferrocarril de la década de 1940, en ese sentido, hay que mejorar el ferrocarril. 

Y para el proyecto de corredor bioceánico del IRSA, si es tan necesario que lo hagan por la ruta 9 hasta Deán Funes, y desde Deán Funes a Cruz del Eje. Que se vaya a la cordillera por la ruta que va de Deán Funes sin pasar por acá. Esa sería la solución para el corredor bioceánico del IRSA. 

Hay muchas alternativas, lo que pasa es que el negocio de las empresas constructoras que manejan esta provincia -Roggio, Sacde, Chediack- es mover tierra. Y si la obra que se propone -ya sea el arreglo de la 38 o hacer el corredor bioceánico por la ruta 9- son obras económicas que no implican  suficiente movimiento de tierras, no es negocio para las empresas constructoras que se dedican a robar con eso. Uno nunca puede medir el movimiento de tierras y eso es un afano total. Este tramo de la autovía, sólo este tramo, estaba presupuestado en 100 millones de dólares y ya sabemos que se sobrefacturó en un 40%. A eso hay que sumarle los intereses que va a tener ese préstamo, más imponderables. Esto va a alcanzar, tal vez, los 200 millones de dólares sólo para el primer tramo. Ese es justamente el negocio. Si pensáramos en arreglar la 38 o hacer el corredor bioceánico por la ruta 9 no es negocio para Roggio, por lo tanto imponen de manera violenta este proyecto de la autovía por la montaña.

VB: ¿Quisieras agregar algo más?

Juan: Me parece importante tener en cuenta que se están sucediendo hechos de una gravedad supina en todo el país y que tienen que ver con el avance del extractivismo. Los condicionantes de la deuda externa, la situación económica en el país, no pueden ser motivo para querer avanzar sobre los recursos naturales de la patria, destruyendo, sacando y saqueando el subsuelo de la patria sin pensar en las generaciones futuras, sin pensar en el equilibrio biológico. Hay una necesidad económica de que esas energías y todos esos recursos y bienes comunes se utilicen de manera inteligente y no para el derroche, como se piensa hacer. Acá estamos frente a un escenario muy grave de extractivismo y de un avance irracional de lo que se quiere hacer. Sin ir más lejos, cuando se le preguntó al gobernador Schiaretti como iba a resolver el problema del agua en Córdoba si destruían las fuentes de agua que llevan al San Roque, el planteó un acueducto Santa Fe-Córdoba. Y esto está aprobado, y está aprobado por el Gobierno Nacional. Entonces, el Gobierno Nacional hoy está abalando quitarle millones de litros de agua al Río Paraná en la situación en la que ya se encuentra. Antes de resolver el problema de los humedales, de los incendios, el Gobierno Nacional ya autorizó hacer un acueducto Santa Fe-Córdoba… ¿Y qué pasa con la quema de los humedales? ¿Y qué pasa con el problema de la minería en Catamarca? …esa minería violenta que ha contaminado poblaciones enteras…¿Y qué pasa con las fumigaciones en la zona de la frontera agropecuaria?…la gente que tanto sufre, que vive cerca de los campos de soja…¿Y qué pasa con la explotación petrolera bestial y la intención de hacer explotación petrolera en Mar del Plata? ¿Y qué pasa con la llegada del litio y los intereses internacionales sobre el litio de Argentina? ¿Y qué pasa con la pelea por el agua? Es decir, acá nos quieren saquear a diestra y siniestra de manera absolutamente, no solo violenta sino veloz, que no podemos ni darnos cuenta. 

Entonces, me parece que hay que empezar a plantear seriamente  un frente nacional antiextractivista, a plantear una cuestión de sensatez económica para el país. Esto nos va a llevar a la pobreza. Nos quieren transformar en un país pobre de África en el corto plazo. A este ritmo en los próximos 20-30 años va a quedar un país saqueado, sin nada. Entendiendo las complicaciones de la economía, de la deuda externa, etc., etc., pero no es el camino utilizar el extractivismo y solamente la exportación de materias primas como salida económica para el país. Todas las gestiones de gobierno utilizan la misma excusa, el cortoplacismo de plantear que hay una necesidad inmediata hasta poder resolver, industrializar, y así seguimos en la misma situación hace 50-60 años. 

Acá lo que hace falta y lo que planteamos claramente, y que tenemos que colaborar en todo el país, es frenar el extractivismo en el país al precio que sea. Que tengamos que perder algunas beneficios de la modernidad, de la tecnología y del confort que nos vende el mercado para ser parte del mundo pero entendiendo que el agua no se puede reemplazar, que no hay máquinas que fabriquen los árboles que se queman, que no hay máquinas que puedan arreglar las montañas que se rompen. Así que acá hay que avanzar a nivel nacional en todos los frentes nacionales, en las ciudades, en el campo, en la montaña, en la costa, en un frente nacional antiextractivista para frenar el saqueo de los recursos naturales. Ese es el mensaje que tengo para dar y esperamos que esto se pueda seguir profundizando en todos los territorios. Así como estamos peleando en Punilla, en todos los territorios está avanzando el saqueo extractivista, y hace falta el esfuerzo que estamos llevando acá de ir a frenar las máquinas. No alcanza con la declamación, no alcanza con los discursos, ni siquiera alcanza con las marchas ni las visibilizaciones. Hay que moverse para frenar las máquinas como hace el pueblo de Choya en Catamarca, como hacen los defensores ambientales de Punilla. Ir a frenar las máquinas y decirles, “hasta acá llegamos muchachos, ¡basta! ¡basta de saqueo!”.