Por Vanessa Dourado

Cerca de dos mil personas tomaron las calles de Buenos Aires el 4 de febrero en apoyo al pueblo de Chubut en contra del proyecto de zonificación minera en aquella provincia. Las protestas también ocurrieron en más 40 localidades de todo el territorio argentino en una de las jornadas conocidas como #ChubutAGUAzo. En la capital porteña, la actividad contó con la participación de más de 200 organizaciones ambientales y sociales, ONGs y colectivos de juventud, sindicatos, agrupaciones político-partidarias y una gran cantidad de personas autoconvocadas. 

La presencia de la juventud es cada día mayor en las movilizaciones de bandera socioambiental y es novedosa una marcha tan masiva en apoyo a un reclamo territorial aparentemente lejano de la realidad vivida en las grandes ciudades. “Realmente nos quedamos sorprendidas con la convocatoria”, dijo una de las manifestantes. “Nosotres no queremos que el agua se convierta en mercancía, el agua es nuestro futuro”, expresó una joven adolescente autoconvocada. 

A pesar de las restricciones por el distanciamiento físico por consecuencia de la pandemia, Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora,  hizo llegar su voz en apoyo a las protestas, manifestando: “Que el gobierno se dé cuenta que el camino que está emprendiendo no es el que quiere el pueblo”. Norita también denunció el falso argumento de la minería sustentable y llamó la atención para el estado de emergencia que vive el país: “Lo que estamos viviendo ya es el gran ajuste y se plantea seguir reduciendo el déficit fiscal en medio de la crisis de la pandemia y desempleo. Como afirma el fallo del juicio popular la deuda y los acuerdos con el FMI son crímenes de lesa humanidad y lesa naturalidad. No a la deuda perpetua. La vida antes que la deuda. La deuda real es con el pueblo y la naturaleza”, protestó. 

La provincia de Chubut viene sufriendo grande interferencia de las corporaciones mineras que, con el apoyo de sectores político-partidários e institucionales, han intentado violar  sistemáticamente el derecho de los pueblos a través de su intervención directa en la redacción de las normas para la implementación de los proyectos mineros y la compra de apoyo político. La insistencia en imponer los megaproyectos sin licencia social, sin tener en cuenta la voluntad colectiva expresada en plebiscito, ha generado una serie de manifestaciones y denuncias. 

Según un informe de la  Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT CONICET – CENPAT, los impactos negativos en la provincia son preocupantes, sobre todo en el escenario de emergencia climática. El informe proyecta la intensificación de eventos extremos generados por el aumento de las temperaturas a nivel global, lo que afectará la provincia de forma dramática, profundizando el proceso de desertificación y comprometiendo la ya escasa disponibilidad de agua apta para el consumo humano en la región. En este sentido, de acuerdo con el documento, el modelo de producción de la megaminería ofrece una amenaza evidente, ya que aumenta la probabilidad de contaminación del agua superficial, subterránea y de los suelos. 

En el documento elaborado por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) leído en el cierre de la actividad que tuvo lugar en Buenos Aires, en frente al Ministerio de Desarrollo Productivo, se expresó: “Denunciamos la farsa de debate sobre el proyecto de zonificación minera promovida por el Gobierno Provincial la última semana y repudiamos el rol del Gobierno Nacional en la figura del presidente Alberto Fernández que, con sus declaraciones públicas y mediáticas, sigue promoviendo la violación de los Derechos Humanos en nuestros territorio”. Desde que inició su mandato, el presidente Alberto Fernández viene trabajando para la implementación de un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, pese al escepticismo de expertas y expertos en temas socioambientales que alertan sobre la imposibilidad de desarrollo sustentable de la actividad minera.