EDITORIAL

Según el informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) del 2016, en el área metropolitana de Buenos Aires, 20 femicidios fueron con armas reglamentarias de las fuerzas represivas del estado. Es decir, 20 asesinatos de mujeres por ser mujeres fueron con armas entregadas por el estado.

En la provincia de Buenos Aires, en 2014, se denunciaron 1158 hechos de violencias familiar por miembros de la policía bonaerense.

Según un informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en el año 2016, hubo una persona muerta cada 25 horas por gatillo fácil. Asimismo, María del Carmen Verdú integrante de CORREPI expresó sobre los femicidios de las fuerzas represivas “la violencia patriarcal sumado a la violencia estatal produce este tipo de desastres. Las conductas machistas se reiteran en quienes integran las fuerzas de hecho, en los números que nosotros manejamos más del 60 por ciento de los casos de mujeres asesinadas por la fuerza de seguridad, son femicidios”

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) en su informe sobre violencia institucional del periodo 2015 a septiembre de 2016, detalla que el 76% de la violencia institucional denunciada fue ejercida por la policía.

Los contundentes números muestran que el poder otorgado a los agentes de la policía es un punto preocupante que debería ser tomado en consideración. Además de la violencia simbólica, psicológica y física a las mujeres en su ámbito familiar, el porte de armas de fuego habilita una violencia aún más profunda. El miedo de ser asesinada sin chance a la defensa y por un “representante de la ley” es tan cruel como coercitivo. El estado funciona como un aliado del genocidio del sistema heteropatriarcal contra las mujeres.

La idea de autoridad construida a partir del entrenamiento de las fuerzas del estado es razón de debate y cuestionamiento por su carácter violento y represor, herencia de la época de la dictadura militar. Además del uso de su autoridad atentando contra la vida de las personas, la corrupción de las fuerzas es notoria. Hay denuncias sobre gendarmes que participaron en la represión en Cushamen durante la desaparición de Santiago Maldonado, reciben dinero de grandes terratenientes. Dentro de la estancia Leleque del empresario Benetton se encuentra una comisaria y una base de gendarmería, esto por un acuerdo de Benetton y la secretaría de seguridad durante el gobierno de Carlos Menem. Las fuerzas paramilitares de Argentina, copiadas de las de Francia, son legalmente llamadas gendarmería.

La misma policía que justifica el gatillo fácil alegando el problema del narcotráfico y del crimen organizado es también quien cobra sobornos y muchas veces, está por detrás de las operaciones de compra y venta de armas y drogas. No se nota diferencia en lo que los medios masivos de comunicación llaman “delincuencia”, no obstante, en el caso de la policía, la delincuencia es institucionalizada y sirve a los intereses del estado. Las armas son legales y los hechos de asesinatos por parte de la policía en los sectores más vulnerables de la sociedad son celebrados como un importante acto de “higiene social” que mucho aporta al ideario de la democracia de hoy: tenemos el poder, por lo tanto, podemos todo.

En los últimos meses, las denuncias hechas  sobre la violencia sufrida por trabajadorxs informales en los transportes públicos son frecuentes. La policía, nítidamente, es entrenada para reprimir quienes no están insertos en la ficción de felicidad que lava la realidad de la mayoría de la población. La lógica de reprimir a lxs “vagxs” y también a lxs trabajadorxs que no encuentran otras alternativas para sobrevivir es una persecución a la pobreza generada por el mismo estado. El estado atenta contra los derechos de lxs trabajadorxs con despidos en masa y aplicando una política gremiofóbica que exige el vaciamiento de los reclamos políticos por el derecho a la vida.

En las marchas populares de reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado, se expresó que el gobierno es responsable. No obstante, ¿es el gobierno o el estado? Quien arma a las fuerzas de represión es el estado. Los gobiernos dan órdenes políticas, y el macrismo no solo da las órdenes, sino que también decide no investigar. No es lo mismo la decisión política de no reprimir. No obstante, el estado indistintamente de quien gobierna, brinda las armas que luego reprimen y asesinan.

Nítidamente demofóbico, “el esencial es invisible al Estado”. Quien atente contra su autoridad desaparece. Quienes sufren las “tácticas de sostenimiento del orden” no figuran en las tapas de los periódicos y medios masivos de difusión del miedo. Nosotras, en Virginia Bolten nos preguntamos: ¿Para qué sirve la policía?