EDITORIAL

A partir de los años noventa se intensificaron las firmas de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) en todo el mundo. Con el objetivo de atraer inversiones extranjeras hacia sus territorios, en un contexto histórico de disolución de la Unión Soviética la cual planteaba el fin de las alternativas al libre mercado y un fuerte discurso que resaltaba la necesidad de perseguir el desarrollo y el bienestar, los Estados vieron en estos tratados una gran oportunidad para insertarse en este “nuevo orden”: la economía globalizada con garantía de libre mercado y libre comercio.

Para dar cuenta de este objetivo, en 1995 nace la Organización Mundial del Comercio (OMC) que fue fundamental para la rebaja de aranceles y para crear condiciones a un mayor flujo comercial. Los organismos internacionales y las empresas transnacionales aprovecharon el afán de los Estados en atraer nuevos inversores para diseñar una arquitectura que pudiera proteger a las inversiones y también expandir la lógica liberal de economías abiertas y de mercado libre y auto-regulador. 

Esta forma de funcionamiento de la economía sería especialmente interesante para los países llamados de tercer mundo, ya que esta apertura generaría su integración a la económica mundial, el desarrollo de los Estados y, por ende, la reducción de la pobreza.

Tras 25 años de TLC y TBI, América Latina ve su economía fragilizada y reprimarizada, los índices de pobreza y desigualdad no han disminuido y los Estados se encuentran endeudados.  Las demandas de los inversionistas a través de los mecanismos de protección de inversión han traído más pérdidas que ganancias a los Estados y todas las externalidades —es decir, los costos sociales y ambientales— que involucran estos acuerdos han comprometido al bienestar los pueblos y la capacidad productiva de los países latinoamericanos.

Muchos son los argumentos críticos desde la academia que ponen en evidencia las asimetrías de los tratados de comercio e inversión, que generan ganadores con “cartas marcadas”, es decir, hay un modus operandi que hace de estos tratados un juego desigual en beneficio de los gigantes privados.

Asimismo, los movimientos territoriales, sindicatos, pequeños productores, pueblos originarios y campesinos han trabado una lucha histórica, y aún poco conocida por el conjunto de la sociedad, en contra de estos acuerdos. Los tratados han dejado tierras arrasadas, han expulsado a las personas de sus tierras y hogares, han destruido la forma de existir de comunidades ancestrales, en lo que se podría llamar de terricidio —término acuñado por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en Argentina—. Pero también han precarizado el empleo, dificultado el acceso a los medicamentos, socavado la soberanía de los Estados al punto que los gobiernos toman sus decisiones de acuerdo a los intereses de las transnacionales.

En un contexto de Emergencia Climática, el transporte utilizado para el comercio de bienes es un agravante importante. La facilitación del comercio termina por convertirse en una forma perversa de ignorar rotundamente la realidad. El comercio por el comercio, que no sirve para mucho más que garantizar que el capital circule, cobra un análisis crítico.

A pesar de las evidentes consecuencias, la desinformación hace que muchos sectores, incluso entre las izquierdas, apoyen estos proyectos. Con la idea del progreso frente a los ojos, muchos han defendido que sin inversiones extranjeras no hay forma de salir adelante, no hay desarrollo.

Para mostrar que estos argumentos no corresponden a la realidad, la Plataforma América Latina Mejor sin TLC junto a la CLATE y la ISP, con el auspicio de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, está ofreciendo un seminario virtual, libre y gratuito —en español y portugués— sobre los impactos de los tratados en estos 25 años. 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de octubre para el idioma español y 16 de octubre para el idioma portugués, a través de este enlace: http://registro.clate.org/

Más informaciones:

Fuentes:

GHIOTTO, Luciana y LATERRA, Patricia. 25 Años de tratados de libre comercio e inversión en América Latina: análisis y perspectivas críticas

EDITORIAL

El sistemático uso mortal de la fuerza por parte de la policía y el ejército en los países latinoamericanos ha pasado de ser una excepción a una constante. Muchas veces se utiliza la expresión de manzanas podridas cuando lo que está podrido son las cajas mismas en las que están las manzanas: la misma existencia de cuerpos armados que funcionan siguiendo órdenes jerárquicas, órdenes que obedecen más a mandatos de personas en el Estado que buscan salvaguardar sus intereses ideológicos o a los empresarios que les pagan sus campañas electorales.

Y lo podrido de esas cajas no son solo esas estructuras de dominación, sino además la forma en que se da instrucción a las personas que trabajan en ellas: a los soldados y policías se les forma para deshumanizar a quienes van a tratar; mantienen reglamentos de control que no funcionan cuando cometen arbitrariedades, ya que o no se les aplica o se construyen jueces dentro de sus filas para darles un trato especial. Se les paga mejor, se les garantizan otros derechos laborales que la población no tiene, en últimas el bloque dominante los acobija con tal ahínco que los convierte en unos privilegiados dentro de los excluidos a los que hacen parte.

En el año 1996 la revista Noticias, para la cual trabajaba el fotoperiodista Jose Luis Cabezas, secuestrado y asesinado a manos de la policía bonaerense por pedido del empresario Alfredo Yabrán, titulaba “Maldita Policía”. El asesinato de Cabezas generó una fuerte conmoción social pero no fue el único.

Según informa CORREPI la policía bonaerense asesinó desde el retorno de esta democracia, en el territorio denominado Argentina, a 1549 personas de las cuales 46 fueron durante la gestión de Sergio Berni como Ministro de Seguridad. Berni, quien ya lanzó su candidatura a presidente en 2023, no dejó dudas respecto de cuál considera que es el rol de las policía “reprimir” e indicó que estas fuerzas represivas no son “indios salvajes” algo que valió el repudio de las comunidades indígenas.

La policía bonaerense es una de las más numerosas a nivel mundial, son 100.000 personas, representando una tasa de 700 policías cada 100.000 habitantes, un valor superior a lo recomendado por las ONU de 300 policías y muy superior a cualquier otra fuerza represiva de la región exceptuando la ciudad de Buenos Aires con una tasa de 850 policías cada 100.000 habitantes.   Para comparar con otros países de Latinoamérica la tasa más importante luego de Argentina es Uruguay con 540 policías.

Hace días que el gobierno nacional de Argentina informó un fuerte incremento para las fuerzas represivas y de encierro a pesar de la crisis social. La respuesta de la policía bonaerense fue iniciar protestas y rodear la casa presidencial con los patrulleros y las armas entregadas por el Estado en una nítida forma de intimidación. Estas mismas máquinas de matar asesinan por gatillo fácil y femicidios a una persona cada 26 horas.

En el caso de Colombia, ya es tristemente célebre que el Escuadrón Movil Antidisturbios (ESMAD) deje tras sus acciones el asesinato de personas que se manifiestan. El último caso muy visible fue el del joven Dylan Cruz al que le dispararon en la cabeza el 23 de noviembre del 2019 en medio de un Paro Nacional.

Sin embargo, el resto de la policía no se queda atrás; el pasado 8 de septiembre fue torturado y asesinado Javier Ordóñez, un abogado bogotano, a manos de la policía nacional. La reacción popular a este asesinato desbordó las calles de la ciudad de los siguientes días, con una respuesta desproporcionada de la misma policía quien en distintas partes de la ciudad asesinó a otras 10 personas en medio de las manifestaciones.

Aunque autoridades del orden local ya han llamado a la investigación de los casos, desde el orden nacional se ha mantenido no solo el apoyo irrestricto a la institución, que en Colombia no es de carácter civil sino militar, y en cambio denuncian teorías conspirativas donde describen que sería milicias de las guerrillas las que estarían detrás de los hechos. Sin embargo, el descrédito al que ha llegado esta institución es irremediable, lo que abre el paso a las discusiones desde movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos quienes empiezan a hablar de la necesidad desde la reforma hasta la abolición de la misma.

En la región latinoamericana, las armas que brinda el estado son las mismas que realizaron golpes contra los gobiernos de estas democracias. Queda la duda: ¿El Estado representa los Gobiernos?

Es evidente que las sociedades funcionarían mejor sin las fuerzas represivas del Estado. Más allá de significar un avance en términos civilizacionales, la abolición de la policía permitiría a los seres humanos repensar sus formas de organización social y fortalecería los vínculos comunitarios. Frente a la barbarie y al miedo que es reproducido e impuesto por los cuerpos policiales hacia las personas y los territorios, desde Virginia Bolten preguntamos: ¿Para qué sirve la policía?

“Cuando se tiene un dato que solo le interesa a un círculo pequeño, se lo pueden guardar hasta tener ajustado hasta el más mínimo detalle y se lo canaliza por medios para ese pequeño círculo. Pero cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva.”

Dr. Andrés Carrasco

EDITORIAL

Los últimos meses, en el contexto de Covid-19, los medios de comunicación hegemónicos han hablado de una vuelta a la normalidad y más allá de los diversos discursos que plantean la crisis económica como la principal preocupación a nivel global, no se pudo esconder la centralidad del debate ecológico relacionado a la pandemia.

La destrucción de la biodiversidad y las formas de producción y consumo dominantes han sido criticadas, aunque entre los discursos y las prácticas haya una distancia importante: poco se ha hecho desde los Estados para efectivamente dar un paso hacia un cambio de paradigma que ponga la preservación de la vida y de la salud —de las personas y los ecosistemas— por encima de las ganancias concentradas en un puñado de empresas que dominan el sistema de producción, consumo y distribución de las mercancías comestibles.

Esta mirada economicista que plantea el caos, en el caso que no se vuelva al crecimiento económico y a altos niveles de consumo, es un frágil correlato con la realidad concreta.  Como si esta fuera la única forma de salirse de la crisis. El desmonte ambiental y la producción de carne a través del confinamiento de animales es la principal causa de la crisis sanitaria que nos enfrentamos en este momento histórico. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un 75% de las nuevas enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos son zoonóticas.

Mientras tanto, el planteamiento de gobiernos y medios masivos de comunicación es que hay que volver a la productividad sin hacer ninguna crítica hacia el modelo productivo, de hecho lo que se nota es que la deforestación para la producción de carne aumentó durante la pandemia. No se tiene en cuenta las evidencias que demuestran la incompatibilidad entre esta “normalidad” y el sostenimiento de la vida.

Este discurso único, en gran parte promovido por las empresas que no quieren ver sus negocios afectados, es nocivo y perverso; no obstante, las voces disonantes no dejan de presentar los riesgos y las consecuencias de esta influencia  que hace  que las personas consuman enfermedades comestibles.

No son pocas las iniciativas y les periodistas que están dando la batalla narrativa, para que se de a conocer cómo las poblaciones están siendo sometidas a una dictadura alimentaria que ha destruido su salud, su bienestar y que ha contribuido de forma importante para el actual escenario de colapso ambiental al que se enfrenta la humanidad.

Entre las destacadas voces del periodismo que hacen un trabajo de investigación sólido y comprometido, sobre la temática de la alimentación desde una mirada holística, está la periodista argentina Soledad Barruti quién ha podido, incluso,  romper con las barreras mediáticas. Sus dos libros —best sellers editados por la editoral Planeta— “Malcomidos” y “Mala Leche” son un aporte imprescindible para el debate sobre la industria alimentaria en la sociedad civil. A pesar de los innumerables intentos de deslegitimación de su trabajo, Barruti sigue construyendo canales de  información y diálogo para alertar a las poblaciones de los riesgos del consumo de comestibles ultra procesados.

El último 30 de junio, Barruti anunció el lanzamiento del portal electrónico “Bocado”, una iniciativa de cronistas, comunicadores y reporteros de América Latina que busca juntar las voces del periodismo alimentario y hacer llegar información a más personas y colectivos.

“Información veraz, sensible y profunda para construir una realidad más justa, democrática y diversa”, es como se presenta el periódico. Al pensar cómo no volver a la normalidad, “Bocado” surge en una hora buena. Son las distintas formas de pensar acerca del mundo que pueden construir otras realidades y desde Virginia Bolten preguntamos: ¿no son estas herramientas las necesarias para la acción?

EDITORIAL

Desde la invasión de las Américas –lo que es conocido como “descubrimiento” – por los colonizadores europeos, el conflicto por la tierra siempre fue una constante en la historia de estos territorios. Indígenas, pueblos originarios, campesinos y comunidades quilombolas[1], entre otros actores que luchan por el derecho a la tierra, son el cuerpo resistente al proceso de colonización que nunca terminó.

El modelo de desarrollo basado en la extracción mineral sigue siendo un factor preponderante al pensar en los conflictos por la tierra. El caso más emblemático, y que desvela cómo se dan estos conflictos y el rol del Estado en el proceso de legitimación de la lógica de dominación es la Masacre del Eldorado dos Carajás, en la provincia de Pará, región Norte de Brasil.

El 17 de abril de 1996, 19 miembros del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra –MST, fueron asesinados por las fuerzas policiales de la provincia de Pará en una marcha que tenía por objetivo reivindicar junto al gobierno del Estado las promesas incumplidas de expropiación de una hacienda –Fazenda Macaxeira– ocupada por 3 500 familias, en septiembre de 1995. De los 154 agentes involucrados en la operación, sólo dos de ellos fueron responsabilizados por la masacre. En 2002, la fecha del 17 de abril fue establecida como el Día Internacional de la Lucha Campesina.

Según la constitución brasilera, en el artigo 184 de la Constitución Federal, “es deber del conjunto de las provincias expropiar por interés social, para llevar a cabo la reforma agraria, la propiedad que no esté cumpliendo su función social, mediante previa y justa indemnización en títulos de la deuda agraria, con clausulas de preservación real, rescatables en un plazo de veinte años, a partir del según año de emisión, y con utilización definida por la ley”.

Estos conflictos son una consecuencia de la concentración de tierras, de la concentración económica y del poder político. La articulación entre lo público y lo privado, y la no separación ente estas dos instancias, termina por concretar acciones sin autorizaciones judiciales y la consecuente profundización en la asimetría entre terratenientes y movimientos en lucha por la reforma agraria.

El índice de concentración de tierras en Brasil es uno de los más altos del mundo. Y, mientras los movimientos en lucha por la tierra siguen reivindicando el derecho a tener derechos, los terratenientes y las corporaciones actúan al margen de la legalidad.

En Brasil, las masacres como la de Carajás no son hechos aislados.  Según la Comisión Pastoral de la Tierra –CPT, entre los años 1985 y 2017, los casos de conflictos en el campo con registro de asesinatos fueron de 1 438, llegando al total de 1 904 víctimas.  De todos estos casos, sólo uno 8% fue juzgado. Y de los 70 asesinatos ocurridos sólo en el año 2017, 28 son caracterizados como masacres, lo que desvela un avance del genocidio hacia las comunidades campesinas en el último período.

La exclusión social impuesta de forma brutal lleva a cuestionar el “proceso civilizador” dominante lo cual naturaliza la barbarie. Un proceso que criminaliza las luchas de las personas trabajadoras del campo, utilizando estrategias de estigmatización –apoyados por los medios de comunicación. Así, estos sujetos en lucha son convertidos en no deseables y asesinables por el conjunto de la sociedad que guarda, aún hoy, un fuerte inconsciente colonial.

La lucha campesina y el poder de resistencia de estos movimientos, no sólo es capaz de denunciar  los aspectos ocultos de las estructuras de poder, como también demostrar una alternativa al modelo capitalista, generando nuevos modos de vida.

Pensando la lucha por la tierra como un dispositivo de radicalización del poder popular, nosotras desde de Virginia Bolten preguntamos: ¿es posible salir de la actual crisis sin apoyar a la lucha campesina y a la reforma agraria?

[1]Comunidades descendientes de quilombos son grupos cuyos ancestros fueron personas victimas de la esclavitud en Brasil. Son comunidades que generalmente vivieron sin contacto con el mundo urbano durante mucho tiempo.

Fuentes:

BARREIRA, Cesár. Crônica de um massacre anunciado: Eldorado dos Carajás

“¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.”

Berta Cáceres

EDITORIAL

En julio de 2010 la ONU reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, asimismo reafirmó que el agua es la fuente esencial para la realización de todos los derechos humanos.  La declaración da cuenta de una evidencia: sin agua no hay vida.

Del total de agua en el mundo, apenas un 2,75% es dulce y, por lo tanto, adecuada para el consumo humano. Un 31% de las fuentes de agua potable disponibles en el mundo está en Latinoamérica. Sin embargo, en esta región, 37 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 110 millones sufren con la falta de saneamiento. Se estima que el territorio latinoamericano será  de los que sufrirá más fuertemente los eventos extremos en consecuencia del cambio climático —como el aumento en el nivel del mar—, lo que significará la salinización de los deltas y la intrusión marina en los acuíferos.

La contaminación y  la escasez del agua son más sentidas por las personas con mayor exposición   a sus consecuencias, sobre todo por las mujeres y niñas que tienen que caminar varios kilómetros para obtenerla,  los pueblos indígenas que la necesitan para existir  y  campesinos y campesinas que necesitan del agua para su subsistencia y su producción. Más allá de esto, la falta de saneamiento genera la propagación de enfermedades infecciosas que afecta, sobre todo, a los niños y niñas.  

En un contexto en el cual el agua pasa a ser un elemento fundamental para evitar la propagación del Covid-19, una vez más se pone sobre la mesa la dramática situación de  poblaciones que no tienen acceso al agua en sus casas. Las autoridades sanitarias de todo el mundo recomiendan lavarse las manos con jabón como medida básica de control de la pandemia, sin embargo —según demuestra un informe del Programa de Monitoreo Conjunto (JMP) de la Organización Mundial de la Salud y Unicef— 3.000 millones de personas no disfrutan de esta posibilidad.

Las poblaciones vienen manifestándose respecto de las causas de estas problemáticas  hace mucho tiempo. Esto se ejemplifica en todas las luchas llamadas “guerras del agua” que tiene como uno de sus símbolos más importantes la revuelta popular  que se dió en Bolivia, entre enero y abril del año 2000, la cual puso en cuestión la privatización de este bien común frente a la presión del Banco Mundial.

Según el abogado y especialista en Derecho Internacional, Javier I. Echaide, la  privatización de tales bienes —entendibles comunitarios—, como el agua, resulta inaceptable, no porque sea imposible, sino porque las consecuencias aplicadas a una escala individual resultan injustas, y las posibles consecuencias a una escala social resultan aberrantes. El abogado también señala que la generación de derechos de exclusión —consecuencia propia de la mercantilización de cualquier bien común— equivale en el caso del agua potable como elemento fundamental al sostenimiento de la vida a otorgar derechos de vida y de muerte para quienes los detenten: una responsabilidad demasiado grande como para dejarla libre a las reglas del mercado.

Un ejemplo concreto de lo que menciona el especialista es el caso de Chile que se enfrenta a un estado de estrés hídrico y hoy ocupa el lugar número 18 entre los países con riesgo extremadamente alto de carencia de agua. A pesar de la crítica situación, el agua en este país está bajo el control de empresas privadas desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet. 

En los años 90, gran parte de los Estados latinoamericanos desarrollaron una reforma del marco legal para facilitar y promover las inversiones de empresas que operan a nivel mundial. En este marco, hubo un alza en la implementación de proyectos mineros en toda la región. La actividad minera está asociada a la liberación de componentes químicos, como el cianuro y el mercurio. Los sedimentos dejados por la minería se incorporan al ciclo hidrológico, contaminando aguas superficiales y subterráneas. Este modelo extractivo —exportador es causa de diversos conflictos por su carácter contaminante y colonizador—ya que la cultura minera atraviesa los territorios con su lógica neodesarrollista, cambiando paisajes y destruyendo la economía y las costumbres locales—.

Frente a las evidencias que evidencia la responsabilidad de los gobiernos, la respuesta se limita a enfocar en “prestaciones de servicios más eficientes, resilientes y amigables con el medio ambiente” y en “lograr una mayor eficiencia en el uso del agua”. Nada dicen respecto al modelo productivo dominante que contamina con  agrotóxicos, ni de las empresas que utilizan el agua para proyectos con fines de acumulación de capital como la minería. La búsqueda por el crecimiento y el desarrollo infinito utilizando recursos finitos  no renovables  choca con los límites innegables.

Sin embargo, desde la Sociedad Civil hay iniciativas que buscan denunciar y visibilizar la problemática. En diciembre de 2019 se llevó a cabo,  en Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la quinta sesión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. La iniciativa tuvo por objetivo interpelar las autoridades y el conjunto de la sociedad para la importancia de cuidar y preservar los bienes comunes. En esta ocasión, los casos tratados fueron: la minería de litio en el desierto de Atacama; las amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida; la privatización del agua: el agua como objeto en Chile; las quemas en la Amazonía y el caso de Vaca Muerta en Argentina.  Frente a la necesidad de defender la vida, lo que preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿hasta cuándo el derecho a la ganancia estará por encima de todo derecho?

Fuentes:

FILARDI, Marcos Ezequiel. Los derechos humanos al agua y al saneamiento: aportes para un debate

nacional pendiente.

ECHAIDE, J. AGUA COMO BIEN COMÚN DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA DEL ANÁLISIS ECONÓMICODEL DERECHO

SHIVA, Vandana. Water Wars

Otras Fuentes:

https://elpais.com/internacional/2015/05/13/actualidad/1431542093_232345.html

https://elpais.com/elpais/2020/03/20/3500_millones/1584717449_859914.html

EDITORIAL

Desde el año 2016 en Estados Unidos, se da un importante debate en la esfera público-institucional sobre el llamado “Green New Deal” (Nuevo Acuerdo Verde por su traducción al castellano). Ha tenido más visibilidad gracias a la legisladora estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), de ascendencia portorriqueña y  afiliada al Partido Demócrata, el texto es resultado del trabajo de los movimientos socioambientales que desde hace diez años en Estados Unidos e Inglaterra  luchan contra el cambio climático, y un grupo de economistas comprometides, quienes vienen formulando posibles salidas a la actual economía basada en los combustibles fósiles.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), los combustibles fósiles son fuente del 80% de toda la energía consumida en los Estados Unidos. El país es el segundo  emisor de gases de efecto invernadero (GEI) del mundo, el primero es China. La quema de combustibles fósiles es la mayor responsable del calentamiento global. A pesar del alerta sobre el Estado de Emergencia Climática inaugurado a partir de 2017, hubo un avance en las políticas de incentivo a la industria fósil por parte del gobierno de Donald Trump —abiertamente negacionista climático— y un ninguneo a los esfuerzos que tienen por objetivo problematizar la reducción de los GEI. Asimismo, un estudio realizado por The Washington Post en septiembre de 2019, desveló que un 80% de la población estadounidense está consciente que el cambio climático es resultado de la acción humana; la misma encuesta también demostró que la mitad cree que medidas urgentes deben ser adoptadas para evitar sus dramáticos efectos a nivel global.

El Nuevo Acuerdo Verde es una propuesta que plantea la descabornización de la economía sin que ese proceso de transición afecte negativamente a las mayorías sociales. El texto defendido por Ocasio-Cortez en la Cámara Baja tiene catorce páginas y  propone diálogos para conectar la crisis ambiental con la crisis social y económica. Según sus entusiastas, hay condiciones para la implementación del plan: ponen el subsidio ofrecido por parte del Estado a la industria fósil en el centro del debate para sostener la tesis de que no faltan recursos, sino voluntad política para priorizar la transición justa a fuentes de energía renovables. Esto lo ven como un aporte fundamental para frenar la crisis climática y, a la vez,  generar empleos dignos y combatir la desigualdad. Una versión actualizada de lo que fueron las medidas reformistas de Franklin Roosevelt para combatir la Crisis del 29.

Sin perder de vista los impactos financieros que implican las consecuencias del calentamiento global, se hace la pregunta sobre qué sería más costoso para el Estado: invertir en la transición o pagar por  los daños de las catástrofes. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) solo en el año 2017 hubo gastos de 306.000 millones de dólares debido a eventos extremos en Estados Unidos —los costos humanos no fueron contabilizados—.

Más allá de la cuestión económica y sus impactos en la sociedad, los grupos que llevan a cabo la propuesta son críticos a la concentración y acumulación financiera. AOC y activistas del Nuevo Acuerdo Verde también ven la situación como una oportunidad para un cambio de paradigma, la construcción de un nuevo modelo sería anclado en tres pilares fundamentales: Justicia Económica, Ambiental y Social.

En los últimos años, los EE.UU. fueron escenario de grandes protestas que denunciaban el poder de grandes corporaciones. Bajo la consigna “We are the 99%” (Somos el 99%), miles de personas tomaran las calles en todo el país haciendo conocer que el pueblo estaba consciente de que la riqueza del 1% significaba la pobreza del resto de les 99%. En el 2017, el país protagonizó un histórico paro de mujeres en el cual una de las demandas centrales fue la cuestión climática y sus impactos sobre las poblaciones más vulneradas. El movimiento mundial de jóvenes que lucha para frenar la crisis climática también tiene una fuerte organización en los Estados Unidos. El Sunrise Movement combina el activismo reivindicatorio con la acción en distintas instancias institucionales, exigiendo que el Estado se haga cargo de la crisis frente al dramático escenario de pérdida de derechos sociales básicos que se prevé para las próximas generaciones. En todos estos movimientos se nota atravesada la histórica lucha por los derechos de las personas afrodescendientes que hoy son también protagonistas de la lucha contra el cambio climático.

El Nuevo Acuerdo Verde aparece como una iniciativa más, gestada desde los movimientos sociales. Frente a la destrucción del Planeta, cuyas consecuencias no son sectorizadas, es necesario abrir canales de diálogo. Es evidente que lo que contaminan Estados Unidos, China y Europa impacta más fuertemente a los países del Sur;  sus negocios y políticas públicas de incentivo a una matriz productiva contaminante son responsables por la destrucción y el despojo de los territorios sureños; causan no solo una imposición económica y tecnológica a través de acuerdos y tratados comerciales asimétricos y perversos,  también someten las poblaciones de estos países a una realidad de extrema desigualdad, pobreza y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.

Acompañar los esfuerzos de los pueblos en lucha y proponer agendas que puedan mezclar perspectivas y complementar formulaciones de alternativas desde abajo es un paso importante para romper con los obstáculos que han destruido la capacidad de unidad en las luchas. Lo que preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿de la crisis climática es posible la salvación individual?

Fuentes:

https://www.washingtonpost.com/climate-environment/americans-increasingly-see-climate-change-as-a-crisis-poll-shows/2019/09/12/74234db0-cd2a-11e9-87fa-8501a456c003_story.html

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39092

EDITORIAL

El genocidio indígena empezó en el año 1492. A pesar que el término genocidio aparece mucho después de esta fecha, en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de la población indígena con la invasión de los europeos es un hecho histórico incontestable.  Más allá del exterminio en masa, las muertes por enfermedades, fatiga debido al uso de mano de obra indígena esclava y la destrucción de la cultura originaria de estas comunidades, también son considerados genocidio y siguen su curso en el siglo XXI.

Con el 90% de su población desaparecida, imposibilitando la reproducción de su cultura y de su reconstrucción, los pueblos originarios que resisten en los territorios llevan en su recorrido una historia de resistencia que atraviesa siglos y se contrapone al modelo de “civilización” vigente. Son muchos los desafíos contemporáneos que se profundizan aún más con el surgimiento del neoliberalismo.

El modelo neoliberal es el opuesto a la concepción de organización de los pueblos originarios. La destrucción de las formas comunitarias de organización combinadas con la amplia liberalización de la economía y la idea del Estado en favor de las corporaciones en detrimento de los sectores públicos, causan contradicciones que develan una fragilidad en su propia estructura.

El libre comercio y la transformación de todo lo que pueda ser explotado como mercancía, es la causa más importante del proceso de genocidio indígena contemporáneo. Las pocas –o casi nulas– políticas públicas que garanticen la demarcación de las tierras indígenas y consecuente manutención de su existencia, entran en conflicto con la expansión del agronegocio, sobre todo en Latinoamérica.

El ideario desarrollista no logra mirar a las comunidades, sus tradiciones, saberes y filosofía como algo que debe ser preservado siquiera  por una cuestión de reparación histórica. No hay apelo moral ni ético. La máquina desarrollista destruye todo lo que pueda ser un obstáculo a su reproducción.

La colonización mercantil que hace con que la única forma posible de existencia sea la mercantilizada, empuja a los pueblos originarios para un proceso de internalización de la “cultura blanca” que no termina de ser asimilada. Por ello, los casos de suicidios en los pueblos indígenas es un hecho que de preocupación en las comunidades.

El proceso de aculturación impuesto a los pueblos originarios y los conflictos entre terratenientes e indígenas  es el principal motivo del fenómeno de suicidio indígena. En Brasil, fueron registrados 782 casos de suicidios indígenas en los últimos 16 años, según el Consejo Indigenista Misionario (Cimi –en su sigla en portugués). La falta de tierra para trabajar es el factor de más relevancia en este escenario. Los pueblos indígenas tienen una relación simbólica con el territorio. Las tierras ancestrales son la única forma posible de reproducción de la vida, de su cultura y es la única razón por la cual existir. La imposibilidad de acceso a los territorios y trabajo en ellos debido a la contaminación del suelo combinado con el sistemático envenenamiento del agua y consecuente muerte de la fauna, hace con que las comunidades no  tengan razón por la cual vivir. Son imposibilitados de dedicarse a la pesca, caza y agricultura, con lo cual se los obliga a buscar otras formas de sobrevivencia que les quita la posibilidad de mantener su identidad indígena.

En Colombia, según informe de Medicina Legal, fueron registrados 61 casos de suicidio indígena entre enero de 2010 y junio de 2014, la mayoría de ellos niños y jóvenes entre 10 y 24 años. Perú también registra un aumento significativo del número de suicidios indígenas en los últimos años, con un importante incremento del suicidio femenino que se caracteriza por la minusvaloración de rol de la mujer en las comunidades debido a los cambios en las estructuras por la injerencia de la cultura patriarcal occidental.

En todos los casos, el contexto económico, social y político es de extrema violencia. El racismo y la discriminación –tanto institucional como por parte de la sociedad civil– validan el exterminio físico y cultural de estas comunidades. Lo que nos preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿Qué podemos hacer para frenar el genocidio a los pueblos originarios?

Fuentes:

https://www.unicef.org/lac/Suicidio_Adolescente_en_Pueblos_Indigenasl.pdf

EDITORIAL

La realidad que viven los pueblos afectados por los megaproyectos mineros es cruel, sin embargo no desconocida. Los sitios llamados “zonas de sacrificio ambiental”  —término utilizado por primera vez durante la Guerra Fría para referirse a las áreas contaminadas por proyectos mineros— siguen multiplicándose y modernizándose. En Latinoamérica, esos  proyectos son abundantes y no respetan siquiera las reglas mínimas impuestas que prohíben este tipo de  explotación en áreas que deberían ser protegidas.

El sacrificio se extiende también hacia los cuerpos de quienes viven en estas regiones, a destacar los cuerpos de las mujeres que ven sus existencias destruidas por el rediseño del espacio geográfico impuesto por la instalación de la industria minera. Las migraciones, sobre todo de  varones, a estas zonas  y el desplazamiento forzado de las comunidades que antes habitaban allí, tienen como consecuencia un aumento de la prostitución. Es en este contexto que ocurre la prostitución infantil, la trata y la violación —especialmente a las mujeres indígenas—.

A nivel socio-económico, las mujeres son una población vulnerable no solo por la estructura del sistema patriarcal sino también por la validación y reproducción de estas lógicas por  la sociedad. La violencia sufrida en los territorios es la misma sufrida por los cuerpos feminizados, los cuales son vistos como objetos utilizables para suplir las necesidades masculinas hegemónicas, y ser  desechables.  La masculinización de los espacios es una modificación simbólica que tiene como consecuencias prácticas de violación, sometimiento y deshumanización de estos cuerpos

El soterramiento del lugar de existencia y supervivencia de estas poblaciones obliga a la adaptación. Con sus fuentes de ingreso desplazadas por la instalación de  proyectos mineros, los empleos que son brindados mayoritariamente a los varones refuerzan la lógica del macho proveedor, lo que  retira la autonomía y modifica el lugar de las mujeres en la comunidad. Este lugar de poder otorgado a los  varones genera no solo la división y fragmentación de comunidad, trae también como consecuencia un aumento de la violencia intrafamiliar, ya que las mujeres  no tienen como subsistir.

La masculinización de los territorios es estratégica y funcional al saqueo promovido por las corporaciones, en convergencia con los Estados, que utilizan el ordenamiento territorial como herramienta política y técnica para imponer la ocupación y sostener el modelo de acumulación que responde a las necesidades e intereses del modelo de desarrollo hegemónico.

Teniendo en cuenta que las mujeres son las que, históricamente, defienden los territorios con sus cuerpos y desarrollan practicas completamente incompatibles con el modelo de saqueo —sostenidas por ética del cuidado y reproducción de la vida—, ellas son vistas como obstáculos a la implementación de los megaproyectos. Son una amenaza al sistema que, colocando a los varones en el lugar de poder,  utiliza las lógicas de dominación patriarcal para destruir las resistencias emergentes.

El futuro de tierra arrasada, que se dibuja en el horizonte llevado a cabo por las prácticas patriarcales, evidencia que la defensa del territorio debe caminar al lado  del empoderamiento de las mujeres y la reproducción de una lógica feminista que pueda recomponer los vínculos necesarios para garantizar el sostenimiento de la vida.  Solo así será posible frenar el avance del capital sobre la vida de todos y todas. Lo que preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿Es posible avanzar sobre los territorios se logramos romper con el patriarcado?

Fuentes:

Lira, Pedro Felipe: El ordenamiento territorial como opción de políticas urbanas y regionales en América Latina y el Caribe

http://defensoraspachamama.blogspot.com/2015/08/mujer-violencia-e-industria-minera-1.html