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¿Nuclear? no, gracias

Créditos: Radio Comunitaria La Revuelta.

Como ya bien hemos analizado e investigado acerca de la peligrosidad de la instalación de centrales nucleares en el territorio denominado Argentina, desde el 22 y hasta el 30 de abril de este 2022 se dieron lugar a diferentes manifestaciones con el mismo fin de generar conciencia acerca de los impactos de estas instalaciones.

En el marco de un nuevo aniversario de la catástrofe de Chernóbil (el pasado 26 de abril) y contra la energía nuclear e instalación del HuaLong One —rebautizado ahora como Atucha III—  varios pueblos levantaron su voz bajo el lema “Nuclear? no, gracias”. Algunos de los territorios que adhirieron a la causa fueron: Trelew , Chubut; Valcheta, Rio Negro; La Rioja; San Miguel de Tucumán; Zárate, Buenos Aires; Mar del Plata y Buenos Aires. Y también contó con la presencia de Norita Cortiñas —Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora— siempre con su incondicional apoyo a la lucha de los pueblos.

Si bien en dicho territorio la energía nuclear ha sido promovida e instalada en épocas de dictadura cívico-militar-eclesiástica, es cierto que su crecimiento no ha cesado durante los gobiernos democráticos posteriores. Hablar de energía nuclear es hablar de contaminación, de carrera armamentista y de un sinfín de mentiras y mitos.

“Visibilizar la cuestión nuclear es fundamental y urgente para comprender que tampoco es una alternativa en la transición energética como se plantea. Porque para reemplazar a los combustibles fósiles deberíamos instalar muchas más centrales nucleares de las ya existentes, y las consecuencias serían devastadoras” (Movimiento Antinuclear Zárate-Campana). Además del gasto económico que implican, así como el alto uso de tantos recursos no renovables para su sostenimiento. Como también la falta de un planteo de reducción de consumo energético.

Las centrales nucleares funcionan mediante el uso de reactores en los cuales se da la fisión de Uranio 235, por grandes fuerzas que suceden dentro de su núcleo. El proceso termina por producir otros materiales como plutonio – utilizado para fabricación de misiles – titrio, cesio, entre otros. Esos residuos tóxicos se llevan luego a grandes piletas de refrigeración (debido a su alta temperatura) por años. Convirtiéndose así en un pasivo ambiental eterno.

Es de público conocimiento las consecuencias que ha provocado y provoca la radiación —como por ejemplo las mutaciones genéticas—  y los contaminantes (radionucleidos) despedidos por las centrales nucleares, así como la presencia de basureros nucleares y elementos tóxicos presentes en aguas y napas para uso de los pueblos. Hay que destacar que, como bien explican miembros del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA), no son solo una amenaza en caso de que ocurriese un accidente, sino que aún sin una catástrofe hay peligro de manera constante debido a las emisiones radiactivas al ambiente. Hay estudios en Europa que demuestran el aumento de las tasas de mortalidad infantil y leucemia en cercanías a centrales nucleares.

Créditos: Movimiento Antinuclear Zárate- Campana.

El lobby nuclear

 “El actual proyecto de guerra en Ucrania apoyado por la OTAN ha puesto de rehén al planeta entero con sus misiles nucleares. El cual solo el país de Rusia sostiene su geopolítica con 5000 misiles. El territorio Argentino ha hecho acuerdos nucleares con las dos actuales potencias mundiales —Rusia y China—  éste último ya financió los programas nucleares de Pakistán y Corea del Norte, y en la actualidad financia el de Arabia Saudita. Poniéndolo así en medio de una carrera armamentista entre ambas potencias”. Sostiene el movimiento antinuclear Zárate-Campana.

El MARA advierte que ya desde 2017, “el lobby nuclear intentó implantar el reactor chino Hualong One en Sierra Grande, Río Negro. Pero la gran movilización de decenas de ciudades y localidades de toda la Patagonia logró frenar este proyecto, conquistando finalmente la ley provincial antinuclear. Desde entonces, el mismo reactor continuó siendo negociado para ser instalado en el partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, en el más absoluto de los silencios cómplices de todo el arco político, los medios de comunicación hegemónicos, y a espaldas de la gran mayoría inconsulta de las poblaciones que potencialmente se verían afectadas de manera directa por un accidente.”

Agustín Sainza, llama a la conciencia sobre las implicancias del plan nuclear, tanto como un problema sanitario, como un condicionamiento geopolítico porque “traslada la guerra del capital financiero a nuestro territorio”. Tanto la oposición como el oficialismo pretenden ingenuamente poder sostener al mismo tiempo dos frentes de financiamiento contrapuestos, actualmente en guerra comercial por la hegemonía del planeta. Al actual endeudamiento del Fondo Monetario, se le suma la incorporación de un reactor hasta 3 veces más caro que cualquier otra alternativa de menor impacto. (Movimiento antinuclear Zárate-Campana).

Contaminación y negligencia

Hoy son siete las minas de uranio abandonadas en el país. El lago de Embalse donde opera el reactor en Córdoba está contaminado con tritio radiactivo y el acuífero “El Puelche”, una de las fuentes  de agua dulce más importante de la región, está contaminado con uranio y plutonio, elementos tóxicos que se filtraron al subsuelo desde el basurero nuclear de Ezeiza.

Sostenemos que la energía nuclear, y por ende las centrales nucleares, son otra forma de extractivismo. Transforman a los territorios en zonas de sacrificio para abastecer la carrera armamentista. Y permiten que el empresariado multinacional siga vulnerando las regiones en donde se instalan estos proyectos.  Exponiendo de forma constante y sostenida a los pueblos a radiactividad que afectará también a las generaciones futuras.

Muy lejos está de ser una energía limpia, ya que conocidos estudios dejan en evidencia los altos grados de contaminación y las enfermedades que afectan a los pueblos que habitan zonas aledañas a las centrales nucleares. La contaminación radiactiva es silenciosa y mortal. El aumento de cáncer, leucemia, tiroides, malformaciones genéticas, abortos espontáneos y trastornos psíquicos han sido detectados en poblaciones afectadas por contaminación radiactiva.

Créditos: Movimiento Antinuclear Zárate- Campana.

Chernóbil

Los efectos de la radioactividad, 36 años después del accidente, siguen estando presentes. Según el ministerio de salud de Ucrania, son 2,5 millones los recursos destinados a los tratamientos de salud después de la catástrofe.

Los niños y las niñas que viven en áreas altamente contaminadas por la lluvia radioactiva de Chernóbil sufren de enfermedades crónicas. Entre las más comunes se encuentran la fatiga asociada a alteraciones del sistema cardiovascular, incluyendo hipertensión arterial, murmullo cardíaco sistólico, y alteraciones electrocardiográficas de conducción y alteraciones metabólicas en los casos de medidas elevadas de Cs137 en los organismos de estos niños/niñas.

La mayor fuente de radiación para los seres humanos tras Chernóbil en los días de hoy, es la ingesta de alimentos producidos localmente.

Por todo ello decimos que la energía nuclear es otra forma de ecocidio. Y una de las maneras de frenar dicho ecocidio es derribar los mitos acerca de qué es la energía nuclear y cómo funciona.

Adhiriendo a la lucha, Nora Cortiñas, quien estuvo presente en la manifestación, expresó: “Las madres tenemos un compromiso de recoger la lucha. Estaremos donde haya que estar. Ofrezco mi solidaridad para esto que me parece un peligro para toda la humanidad. Y que hoy me entero acá, que además están usando la plata de ANSES para esto. Así que yo los felicito. Los aplaudo. Estamos juntxs y vamos a seguir trabajando. La lucha de todos los días vale. Hoy recordando a Chernóbil, ese crimen que se cometió,  ese crimen de Lesa Humanidad, porque tocó y sigue tocando a los seres humanos. Donde no hubo justicia, donde no hubo denuncia de ninguna institución. Agradezco a todxs el esfuerzo por salir adelante con algo tan grave, en un pueblo que está pasando hambre y miseria. Y que tengamos que soportar otros peligros mayores, con una política económica desastrosa que está cada día contra el pueblo”.

Cuestionar el modelo establecido y exigir el cese de instalaciones de centrales nucleares en nuestro territorio es en principio, urgente.

Créditos: Movimiento Antinuclear Zárate- Campana.
 
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Te están vigilando y espiando, Mario Montoto detrás de los sistemas de control

Aquí encontrarás lo que no te cuentan los medios de comunicación masiva sobre quien es el dueño de las empresas encargadas de esta vigilancia

Flor Niti

Desde Virginia Bolten venimos informando la instalación de sistemas de control en diversas ciudades del territorio denominado Argentina desde el año 2007.

A partir de una investigación judicial, se hizo pública la información que durante el gobierno de la alianza CAMBIEMOS en la Ciudad de Buenos Aires, se hicieron pedidos de acceder a los datos biométricos de 7 millones de personas con cámaras de reconocimiento facial.

Una investigación a cargo del juez porteño Roberto Gallardo, determinó que el gobierno de Horacio Larreta utilizó como excusa encontrar personas prófugas de la justicia para saber los movimientos de muchas personas. Entre ellas, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.

Solo mencionamos dos dirigentas. Las personas controladas, con cámaras por el gobierno porteño, representan el 17% de la población de este territorio. Si estás leyendo este artículo, seguramente estás en la base de datos.  Si se tiene en cuenta la población del AMBA, la cifra espiada representa el 40% de la población.

Sospechosamente durante el allanamiento al Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de Monitoreo Urbano, se cayó el sistema de la empresa Danaide S.A.

El propietario de esta empresa es Hernan Carzalo socio de Mario Montoto, el presidente de la Cámara de Comercio argentina-israelí. Carzalo está íntimamente ligado a Montoto. Fueron socios en la empresa Tecnoview S. A. Asimismo su hermano, Roberto Carzalo, que es también parte de Danaide S.A., es director de la empresa Surely S. A. de la cual es dueño Montoto.  Roberto Carzalo también fue director de la empresa de construcción de Mario Montoto y su compañera Claudia Spinelli, Consularqui S. A.

Los negocios de Mario Montoto

Montoto tiene diversos negocios, todos asociados con la vigilancia, el control y máquinas de matar. El gobierno de Horacio Larreta está entre sus principales compradores.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una licitación por el servicio de control vehicular. En la misma participaron varias empresas, entre ellas Danaide S.A. La Licitación Pública N°2900, finalmente fue adjudicada por un monto de $1.114.312.896, es decir, una contratación por más de mil millones de pesos a la empresa Danaide S.A. De esta forma, el gobierno de Buenos Aires y la mencionada empresa tendrán el registro de los vehículos que circulan por avenidas y calles de la ciudad.

Esta no ha sido la única contratación del año por parte del gobierno de Larreta. A partir de la resolución N°36/SSGA/21, con fecha de febrero de 2021, Danaide S.A. obtuvo una licitación por análisis de video y gestión de imágenes por otros $300 millones de pesos. En este caso, hubo solo otro oferente que el gobierno desestimó, quedando solo la oferta de la empresa de Montoto.

Montoto también es el beneficiario de negocios en lugares de encierro Fundó hace más de 25 años la empresa Surely S.A., siendo uno de los principales proveedores de sistemas de control y vigilancia para lugares de encierro en la región. Los productos que comercializa son pulseras electrónicas, tobilleras con GPS y botones antipánico. Surely S.A. ha realizado 144 importaciones al territorio sudamericano, de las cuales 79 corresponden a la sede uruguaya de la empresa en Carrasco. En este caso, todas las compras fueron realizadas a empresas de Israel, según informes comercial de la consultora SEAIR.

Como se viene informando desde Virginia Bolten, Mario Montoto es uno de los mayores beneficiados con estos sistemas de control. La empresa líder mundial en este tipo de sistemas es la empresa NEC, instalada en los territorios denominados Argentina y Uruguay a partir de la compra del 85% de la empresa Global View, de Mario Montoto y Daniel Hadad (dueño de Infobae). El 15% restante de Global View quedó en manos del mayor vendedor de armas israelíes a este territorio.

Montoto también realiza negocios en el sector naval. Con CODESUR, otra de sus empresas, realizó el mantenimiento de las baterías del submarino Ara San Juan. De la licitación donde obtuvo el contrato participaron 3 empresas. CODESUR fue la que presentó la oferta de mayor monto. El medio Clarín informó que con la excusa de que las baterías “podían explotar porque producen hidrógeno” se hizo un nuevo llamado a licitación. CODESUR ofertó un valor 50% menor a la primera licitación, pero aun mayor que sus competidoras. Sin embargo, con artilugios legales se dieron de baja las otras dos ofertas y, por consiguiente, a CODESUR le fue adjudicada la compra.

 
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Por un MAR LIBRE de petroleras. Entrevista a la compañera y asambleísta Fernanda Génova

Tal como venimos visibilizando el reclamo social ante la instalación de plataformas petroleras off shore en la costa sur de la provincia de Buenos Aires, estuvimos en la ciudad de Mar del Plata durante el mes de febrero. Y en diálogo con Virginia Bolten la compañera Fernanda Génova, integrante de la Asamblea Por un Mar Libre de petroleras nos comparte su análisis como habitante residente de la ciudad pero también como activista en esta causa.

A partir de la Resolución 436/2021 firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible que autorizó a la empresa noruega Equinor a realizar exploraciones sísmicas en las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo han sido estos meses de movilizaciones desde tu perspectiva tanto política como social? Y cómo surge la Asamblea?

F.G: La asamblea Por un Mar Libre de Petroleras arrancó su actividad en el mes de junio de 2021. En una primera acción de difusión y volanteada que hicimos en la rambla, donde se convocó a la comunidad y luego pudimos hacer una asamblea más grande. A partir de ahí se fue definiendo como continuar. Y si bien en esa primera instancia no se acercaron muchas organizaciones sociales y políticas, sí había cierta participación y se logró que se aglutinara cierta cantidad de gente que venía escuchando sobre el tema.

A partir de allí se fueron haciendo más volanteadas, sobre todo por el desconocimiento que había sobre el tema, convocamos para una audiencia pública virtual que comenzaba el 1º de Julio. La actividad no solo estuvo compuesta por vecines autoconvocades sino también por compañeras y compañeros de otras organizaciones sociales y políticas.

La movilización se mantuvo en estos meses con algunos altibajos y con asamblea permanente, pero donde cobró mayor fuerza y masividad fue ahora con la resolución del ministerio. La comunidad venía escuchando lo que nosotres veníamos denunciando pero sin tener una participación tan activa.  Es decir, sabiendo que ya habíamos opinado sobre el tema y veníamos manifestando nuestra postura, y sin embargo el gobierno no nos escuchó. Eso provocó un aumento de esa participación.

A pesar de la escasa difusión sobre el proyecto de exploración sísmica en el mar argentino, el Gobierno llamó a una audiencia pública para pronunciarse frente a la actividad. ¿Cómo fue esa audiencia? ¿Qué opinión te merece como asambleísta?

F.G: Esa audiencia pública fue un amague de consulta porque en realidad fue en forma virtual y con poca gente, convocada 15 días antes con una información difícil de compartir y entender. Por lo que fue un hecho totalmente antidemocrático donde el Estado reafirmó su vocación de entregar los bienes comunes y avanzó con esto. Sentimos que hubo así una repercusión importante a nivel social, fue un cimbronazo para la ciudad, para todas las comunidades costeras, y para todo el activismo ambiental. Así como ocurrió en Chubut también repercutió en cómo las comunidades podemos alcanzar cierto impacto. El Atlanticazo fue realmente un momento importante donde se acercaron más sectores de todo el país, hubo un marco de solidaridad muy grande. La campaña Mira también abrazó la causa, y organizaciones de otros países se sumaron el 4 de febrero en el Oceanazo. Eso se dio a partir de esa sensación de que vienen por todo, porque ya ni siquiera el mar es algo que van a respetar.

Posterior a la movilización del 1º de enero, dada su masividad, el gobierno lo que hizo fue atacarnos duramente, ningunear nuestros argumentos, ningunear nuestra lucha, tratarnos de “ambientalistas bobos”, de que estamos en contra del “desarrollo del país”, y que no “entendemos” que se necesitan recursos para salir de la emergencia económica. Todos argumentos falaces y que son ataques de un Gobierno que no puede sostener su política de entrega contando con apoyo popular. Porque quedó muy nítido que no hay licencia social para eso.

¿Cómo son los vínculos con otros  movimientos en diferentes territorios?

F.G: Venimos en un proceso de coordinación con otras luchas ambientales, de compañeros que están en otros territorios y que levantan nuestro reclamo, y a su vez nosotres replicamos lo que sucede en esos espacios. La decisión de tomar el 4 de marzo de cada mes como día de lucha tiene que ver con intentar vincular los procesos que se dan contra el extractivismo. Porque desde Chubut ya había una fecha que se venía sosteniendo para la movilización, y nos pareció bien sumar a lo que ya existía, para no solo construir organizaciones entre las comunidades costeras, sino también aunar esfuerzos en la lucha con todos los territorios y pensar en un posible encuentro en algún momento.

Incluso no solamente en nuestro país. El mes pasado viajamos con Víctor Quilaqueo de Observatorio Petrolero Sur y con un compañero que vino de Amigos de la tierra  Holanda, quienes vienen acompañando comunidades de África contra la instalación de petroleras. Eso fue muy bueno porque son los primeros pasos que estamos dando para conectarnos como comunidades costeras y fortalecer ese espacio de coordinación. La idea es lograr un encuentro presencial a futuro.

Siendo Mar del Plata una destacada y popular ciudad turística. ¿Cuál es la respuesta de lxs turistas? ¿Sentís que hubo acompañamiento y toma de conciencia por parte de ellxs?

F.G: Sí, desde el inicio comenzó a haber gente acompañando la causa, y no solo acá en la ciudad de Mar del Plata sino también en otras ciudades costeras. La recepción de las y los turistas es impresionante. Por allí si no se suman a la marcha acompañan igualmente con aplausos, bocinas cuando pasamos. Ha sido muy grande la participación en el reclamo de quienes han visitado estas ciudades.

¿Hay sectores partidarios divergentes que apoyan la exploración?

F.G: Sí. Obviamente el sector afín al Gobierno que lamentablemente no se da el lugar para plantarse desde una posición crítica a la política que lleva adelante este proyecto y que es por supuesto una continuidad de la política de entrega que viene de hace muchos años.  Viene del Macrismo pero también del Kirchnerismo anteriormente. Estos procesos no se dan de un día para otro, entonces lo que denunciamos es que hay una política de entrega que continúa Gobierno tras Gobierno y que este actual la toma en sus manos y la pone como bandera, planteando que a través de esto se va a conseguir sacar el país adelante, que se van a conseguir divisas, se van a generar fuentes de trabajo etc. Pero me parece que la discusión es falsa y que eso no va a suceder, sabiendo que hay territorios impactados por el extractivismo. En donde llegaron con la misma promesa y que no solamente no sucedió, sino que dejaron el territorio totalmente devastado.

Lamentablemente estas organizaciones que son parte del gobierno (Frente de Todos) nos atacan con un discurso muy violento diciendo que hacemos el juego a la derecha, y en verdad sabemos que toda la derecha apoya estos proyectos extractivos. Entonces…

Sectores del sindicalismo también están apoyando la exploración diciendo que es necesaria porque Mar del Plata “va a salir adelante gracias a la instalación de las plataformas petroleras”.

Foto: Asamblea Plaza España

En el año 2017 La Comisión de Límites de la plataforma continental marina de Naciones Unidas creado por la Convención sobre Derecho del Mar aprobó el reclamo presentado por Argentina, convalidando así la anexión de más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados a la plataforma continental nacional. ¿Crees que es una trampa de la ONU la extensión de la plataforma para la exploración off shore?

F.G: Lo que entendemos es que hubo un proceso de reclamo sobre la soberanía de la plataforma continental marina, y que eso tiene que ver justamente con ir armando todo el espacio necesario para luego hacer exploración y explotación de lo que llaman recursos naturales, en este caso hidrocarburo. Esa extensión obviamente tiene que ver con poder instalar en esas áreas estos proyectos de explotación petrolera. No es casual que la ONU  resolvió otorgar esa extensión a la Argentina en el año 2016, y en el año 2018 ya se estaba analizando la exploración.

Por ejemplo en el Caribe cuando hay disputas territoriales, automáticamente se resuelve eso y automáticamente hay un proceso de licitación o de otorgamiento de área.

Los medios hegemónicos hicieron campaña para la exploración offshore. ¿Por qué crees que sucede esto?

F.G: Porque son parte del sistema. Los medios por un lado silenciaron durante mucho tiempo estos proyectos generando desinformación en la comunidad, y eso lo que trae como consecuencia es que al no estar enterades no tenemos poder para resolver, decidir, opinar. Y cuando la población pudo enterarse, opinar e informarse -por decisión propia-, nos atacaron haciendo campaña en contra nuestro; y por otro, hablan a favor de la explotación petrolera. Aunque no siempre de manera directa por supuesto, pero sí lo que hacen es levantar opiniones de algunos personajes locales y nacionales que están hablando a favor de este proyecto extractivista.

El intendente de la ciudad de Mar del Plata Guillermo Montenegro se mantuvo en un principio, en silencio, neutral. Pero luego cambió radicalmente en oposición al proyecto de exploración. ¿Cuál es su postura? ¿A qué se debe ese cambio?

F.G: Lo que sucedió con el intendente es llamativo, él es de Cambiemos, es decir es parte de esa fuerza que entregó las áreas marítimas a las corporaciones petroleras, es parte de esos acuerdos que se hicieron en ese momento. Y cuando nosotres en el mes de julio presentamos la nota al concejo deliberante y al Intendente mismo, ninguno de ellos tuvo la delicadeza de convocarnos una reunión o contestarnos. Pero posterior a las marchas masivas y manifestaciones populares el Intendente (Montenegro) sale a anunciar que no está de acuerdo. Que él en realidad lo que quiere es “tener la certeza de que no va a haber impactos en nuestra ciudad”. Es decir, no dice que está en contra del proyecto petrolero, lo que dice es “bueno, veamos cuáles son los impactos, investiguemos un poco más”. Y por eso el amparo que se presentó es tal vez el más tibio de los 4 que se presentaron en relación a lo que se plantea. Pero bueno como entraron dentro de ese paquete, se tratan de la misma forma. Y todo esto tiene que ver con una actitud oportunista de no quedar “pegado“con la situación. Porque también se juegan las cuestiones electorales, es decir, puede correr riesgo su candidatura y su continuidad como intendente de la ciudad. Entonces se desmarca políticamente de esa decisión y lo deja a manos de la justicia.

Haber logrado la medida cautelar que pone freno a la búsqueda y exploración en el mar es un paso importante.

F.G: Las acciones judiciales nosotres las entendemos como parte de toda la lucha. No hay acción judicial que resuelva por sí sola. Si se hace, es en el marco del proceso de lucha que venimos sosteniendo. Obviamente celebramos cuando el Juez del Juzgado nº 2 dictaminó la medida cautelar, pero entendiendo también que no era el fin. Esto va a llevar un tiempo. Es por eso que seguimos organizándonos, informando a la comunidad y movilizándonos para reclamar al Estado Nacional que anule la resolución del Ministerio de Ambiente. Y que también se anulen todas las adjudicaciones sobre las áreas marítimas. Porque hay otras áreas que están adjudicadas a otras empresas  (no es solamente Equinor) y que también son parte del problema. Porque ponen en riesgo al ecosistema marino y a las comunidades costeras. La lucha es a fondo porque no queremos que se instalen plataformas ni acá, ni en la costa bonaerense, ni en ningún lugar. El mar no es una zona de sacrificio.

¿Cómo sigue todo ahora? ¿Cómo seguirán las campañas en contra de las petroleras hasta lograr finalmente la anulación definitiva de la Resolución 436/21?

F.G: Las manifestaciones siguen, todos los 4 de cada mes. Un poco como el lema utilizado en la lucha contra los agrotóxicos todos los 25 hasta que se vaya Monsanto es en este caso todos los 4 hasta que se vayan las petroleras. Y seguiremos convocando a la comunidad con distintos eventos, distintas actividades culturales, porque necesitamos que toda la población pueda expresarse desde distintos espacios artísticos, ya que esta lucha tiene diversas aristas y nosotres las tomamos todas.

Este es un nuevo Atlanticazo que se va a replicar en distintas ciudades costeras y seguramente en otros lugares del territorio. Y también el próximo 22 de marzo vamos a participar de una acción mundial por el agua que nos unifica con otros territorios en lucha. Por lo que estamos preparades para esta pelea larga. Y convencides que no hay otra alternativa.

 
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Plataformas petroleras offshore y un reclamo social que continúa

El pasado 30 de diciembre de 2021, se dio a conocer la Resolución 436/2021 firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien autorizó a la empresa noruega Equinor a realizar exploraciones sísmicas a 160 millas de las costas del sur de la provincia de Buenos Aires.

Previamente en el año 2018 la Secretaría de Energía llamó a licitación para la exploración de 18 áreas petroleras repartidas en 3 cuencas: Cuenca Argentina Norte (CAN), Cuenca Austral (AUS) y Cuenca Malvinas Oeste (MLO). Adjudicándose estos 18 bloques  —225.000 km2  de superficie marítima— a 13 empresas oferentes.

El Bloque CAN 100, localizado a 200 kilómetros de Mar del Plata, es el más grande de la Cuenca Norte, adjudicado a la empresa noruega Equinor en el año 2019 bajo la gestión del ex presidente Mauricio Macri para avanzar con el proyecto y que continuó durante la actual gestión de Alberto Fernández.

La compañía Equinor  —que opera también en San Juan y Vaca Muerta— había pedido un permiso en el año 2020 para realizar estas acciones de exploración sísmica en búsqueda de petróleo para futuras explotaciones, desarrollada en conjunto con las empresas Shell e YPF. Pese a no contar con licencia social y desoyendo la opinión de la población, fue autorizada el último día hábil del año 2021 en medio de una crisis climática con 11 provincias en llamas, como abordamos desde Virginia Bolten.

Las primeras movilizaciones y asambleas comenzaron en la ciudad de Mar del Plata en Junio de 2021 bajo el lema un mar sin petroleras en la que participaron activistas, sociedad civil y sectores de pesca marítima, expresando su rechazo a la medida. Pocos días antes de la audiencia pública convocada por parte del Gobierno para el día 1º de Julio.

Una asamblea que desde ese entonces no ha parado de crecer, y lleva el nombre de Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, logró no solo apoyo en varias ciudades costeras con su activismo —junto a otras iniciativas como el Atlanticazo y Oceanazo— sino también la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración sísmica en la costa bonaerense que dictó el Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata el pasado 11 de febrero de 2022. Teniendo en cuenta los deficientes mecanismos de participación popular, sin la suficiente difusión; las falencias que hay en el estudio de impacto ambiental, y la falta de consulta al Municipio de General Pueyrredón.

Queda en evidencia la importancia de los movimientos sociales y la lucha que aún continúa.

Exploración sísmica offshore

El procedimiento consiste en una flota de buques con sensores que recopilan información,  lanzando breves ráfagas de aire comprimido (bombardeo sonoro) desde una fuente de sonido hacia el agua, subsuelo y el fondo marino, cada cinco o quince segundos. A continuación, las ondas sonoras emitidas se reflejan hasta la superficie del mar, donde son registradas por los sensores, de esta manera es posible identificar los lugares para realizar perforaciones.

Es de conocimiento que este procedimiento genera efectos en las especies que habitan el mar, y aunque en su justificación aleguen que van a “vigilar” la cercanía para no alterar su hábitat, es sabido que las ondas vibracionales y sonoras impactan de forma contundente el medio marino, generando estrés y problemas auditivos en los animales, desplazamiento de hábitat, entre otras problemáticas.

Eso solo sería el principio, ya que de continuar el proyecto los efectos serían más graves debido a los impactos de la explotación de hidrocarburos. Hay ejemplos de ello, tal es el caso del conocido derrame en el Golfo de México, pero también el reciente en las costas de Perú, considerado como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima. En 2019, en la Bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), hubo un derrame de petróleo en la Plataforma Santa Cruz del Sur.

Hablar de plataformas petroleras es hablar más tarde o más temprano de derrames, en mayor o en menor medida.

Plataforma marítima Argentina

En estas zonas hay un corredor biológico de suma importancia. Es la prolongación natural del territorio que comprende lecho y subsuelo de áreas submarinas culminando en el talud rico en bienes comunes.

En este lugar se pretende instalar una actividad extractiva, trátese de un sitio donde no se desarrolla actividad hidrocarburífera y donde la cercanía a la costa genera alarmas.

Dicha actividad no sorprende, y lo venimos denunciando desde Virginia Bolten. La política de Estado en el territorio denominado Argentina se basa en un extractivismo elocuente y devastador en la que bajo este mecanismo de entrega de bienes comunes se intenta justificar un discurso de “progreso” y “crecimiento económico” que está muy lejos de la realidad.

La explotación dejaría solo un 6% por las regalías y la creación de puestos de trabajo es ficticia, considerando que se emplea un alto porcentaje de mano de obra barata, que muchas veces la trae la misma empresa y genera concentración de riqueza en un pequeño sector de la sociedad.

Prueba de ello es la deforestación con expansión y avance de la frontera agrícola, basada en la producción de soja transgénica, ganadería intensiva mediante feedlot, la extracción minera y la explotación petrolera, como es el caso emblemático de Vaca Muerta.

Todos estos proyectos impactan en territorio aledaño. No se puede dejar de mencionar el desplazamiento de pueblos indígenas, campesinos y otras comunidades; la contaminación de las aguas, aumento de fumigaciones, y eliminación/reemplazo de actividades tradicionales productivas locales y agroecológicas.

Hay que considerar en este caso la pesca, el turismo, el desarrollo socio-cultural, recreativo y deportivo que tiene la ciudad costera y, en consecuencia, cómo eso generará una dependencia económica basada en la explotación de hidrocarburos que afectará a todo el tejido social.

En una próxima nota entrevistamos a Fernanda Génova, referente y asambleísta de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, quien contará en primera persona el proceso de resistencia contra las plataformas offshore (o costa afuera) en la ciudad de Mar del Plata.

 
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Ecocidio y Terricidio como sistema imperante

Créditos: La voz de Misiones.

Ya son 11 las provincias en el territorio denominado Argentina, que se encuentran bajo fuego (Misiones, Formosa, Santa Fé, San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). El Gobierno del mismo territorio con total desidia, permite el avance del lobby agropecuario, inmobiliario y minero en connivencia con los terratenientes y empresarios ligados a multinacionales que siguen acumulando su capital en detrimento de los derechos de los pueblos.

Para que esta alianza siga funcionando fue necesario cajonear la Ley de Humedales, que viene siendo promulgada e impulsada por el activismo en las calles y por la creciente conciencia social acerca de las problemáticas medioambientales. Dicha Ley promueve la protección de ecosistemas sensibles, penaliza los incendios intencionales en estos territorios, regula la aplicación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier origen, fumigaciones incluidas. También crea un Inventario Nacional de Humedales, es decir, un mapa que daría cuenta de dónde están los humedales en Argentina, qué características tienen y qué función cumplen en cada lugar. Una ley que nítidamente va a contramano del empresariado.

Es menester que el gobierno tome medidas urgentes para eliminar los focos de incendio. Las condiciones climáticas no son favorables y con tendencia a empeorar, y el aumento de temperaturas en esta época del año deja la situación aún más grave.

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, consideró que hay “un escenario que puede tender a repetirse de manera recurrente en el tiempo, es decir, un período de sequías prolongadas, de corrimiento de las temporadas secas en cada estación y de temporadas sin lluvias”.

Sin embargo es necesario dejar en evidencia quiénes son los responsables de este ecocidio y terricidio que desde Virginia Bolten venimos denunciando. Somos con la naturaleza y debemos cuidar de ella, algo que bien nos enseñan las comunidades predecesoras. Es fundamental tener conciencia de quiénes tienen el poder, quiénes siguen saqueando y haciendo tratados y acuerdos a espaldas del pueblo, en total clandestinidad.

Además del dramático cuadro de incendios al tiempo que escribimos esta nota, en el día de la fecha mediante Boletín Oficial se comunica que ha sido aprobada la Ley que permite la exploración sísmica y detonaciones de aire comprimido en subsuelo en las costas de la Provincia de Buenos Aires y Río Negro (cuenca Argentina norte). A pesar de las manifestaciones acontecidas durante el año y asambleas en la localidad de Mar del Plata en contra del proyecto.

Se autorizaron cesiones parciales de participación del permiso de exploración otorgado sobre el área CAN_100 a favor de las empresas EQUINOR ARGENTINA BV SUCURSAL ARGENTINA y SHELL ARGENTINA S.A., respectivamente.

Que YPF S.A., EQUINOR ARGENTINA BV SUCURSAL ARGENTINA y SHELL ARGENTINA S.A., en su carácter de permisionarios del área CAN_100, solicitaron a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA una reducción de la alícuota de regalías hidrocarburíferas de hasta el CINCO POR CIENTO (5 %)”.

Lo que sucedió hoy es brindar por parte del Gobierno las condiciones políticas y jurídicas para hacerlo. Es el corrimiento de la frontera extractiva fósil en un momento en que todo el mundo está haciendo esfuerzos para dejar los fósiles en el suelo, yendo así a contramano de los retos esenciales para hacer frente a la situación de emergencia climática.

El Estado es responsable y debe actuar y responder a la altura de la situación y no avanzar con proyectos que a mediano y largo plazo traerán más daños que beneficios.

Hace pocos días se conmemoró el retorno de esta democracia en el territorio, por lo que el Estado debería escuchar y contemplar al pueblo de acuerdo a las “premisas teóricas” de dicho régimen político.

 
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Multitudinaria marcha contra el FMI en Argentina

Foto: Virginia Bolten

Por Marcela González Marcos y Vanessa Dourado 

Miles de personas se movilizaron hacia la Plaza de Mayo este 11 de diciembre en Buenos Aires para rechazar el pago de la deuda Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El préstamo contraído durante la gestión de Cambiemos, cuando presidía el país el empresario Mauricio Macri, es históricamente el mayor monto otorgado por el organismo a un país, 44.500 millones de dólares. 

Esta fue la mayor movilización en contra del acuerdo, destacándose la participación masiva de los sectores populares y de juventud, y dándose un día después del acto en celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia, que tuvo la presencia de íconos del progresismo latinoamericano, como Lula, ex presidente de Brasil, y Mujica, ex presidente de Uruguay. 

Pese a todas las críticas de especialistas respecto de las condiciones en las cuales fue negociado el acuerdo con el FMI  —la operación no tuvo la aprobación en el Congreso—, la actual gestión de Alberto Fernández da señales de que aprobará un plan económico que tiene por objetivo pagar la deuda, sin investigar la fuga de capitales informada por el Banco Central,  que se dio en consecuencia de la toma del préstamo. Eso significará  la vulneración de los Derechos Humanos en un contexto de grave crisis socioeconómica evidenciada por la cantidad de personas bajo la línea de pobreza, más de 50% de la población de Argentina. 

En diálogo con Virginia Bolten el economista y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Julio Gambina expresó que la deuda es ilegítima y odiosa. Además remarcó que desde hace muchos años centros de investigación de diversas áreas producen informes que evidencian el carácter fraudulento de la deuda. Acerca de la importancia de la movilización en contra del Fondo, Gambina dijo: “esta semana Argentina va a pagarle 1900 millones de dólares al FMI que serían fundamentales para muchísimos proyectos que el movimiento popular está demandando y ni hablar de los casi 20 mil millones que vencen el próximo año. Por eso nuestra consigna es la suspensión de pagos ya, e investigación con participación popular.”

Para Claudio Katz, economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires quien sigue de cerca el proceso de endeudamiento del país, la movilización masiva es una respuesta de la población al ajuste y trae a la memoria experiencias de períodos anteriores. 

En diálogo con Virginia Bolten expresó: “cómo han percibido muy bien esta es una gran marcha, probablemente la más grande en el último período, y también hay una gran participación no sólo de los sectores juveniles sino también de los sectores populares. Y creo que hay dos razones: la primera es que se vislumbra la inminencia de algún tipo de cierre del acuerdo y sus consecuencias, entonces se empieza a percibir el ajuste que vendrá, y en segundo lugar, que ya hay una experiencia durante este año del principio de ajuste que significó preparar el acuerdo con el FMI. Todo este año hemos visto un deterioro del salario, las jubilaciones, la inflación que se reflejó en los resultados electorales en un voto castigo al gobierno, y por lo tanto lo que hay, yo creo, es una recuperación de una tradición muy fuerte de oposición popular al FMI porque la Argentina carga con experiencias traumáticas, y la población está empezando a recordar qué pasó en 1989, en 2001, qué pasa cuando el Fondo presiona fuerte con un ajuste y produce un colapso económico y social sin precedentes.”

Foto: Virginia Bolten

Por su parte Eduardo Lucita, miembro de Economistas de Izquierda, nos señaló las contradicciones dentro del gobierno y cómo estas repercuten en la sociedad en su conjunto: “la movilización tiene que ver con una situación material, hay vastos sectores populares de la sociedad Argentina que no ven otro horizonte que no sea una agudización de la crisis y la pobreza. Pero hay otra cuestión también. La vicepresidenta Cristina Fernández ha dicho en más de una oportunidad que esta deuda es impagable y que el FMI  tergiversó sus propios estatutos para dar el crédito más grande que dio en su historia. El presidente de la nación le pidió al Banco Central un informe, que se hizo, y que muestra el carácter fraudulento de esta deuda. El mismo presidente inició una querella criminal frente a quienes firmaron este acuerdo. Después se dijo “estamos haciendo la mejor negociación posible con el Fondo”. La ex presidenta vuelve a decir “queremos pagar”, aunque también es cierto que se dice “no en cualquier condición”.  Entonces, lo que vemos es una contradicción constante, que repercute en las bases de la sociedad. Argentina tiene una tradición de haber firmado 26 acuerdos con el FMI que ninguno resultó. Muy por el contrario después de los acuerdos, la crisis fue mucho peor”. Lucita también comparó la situación Argentina con la de Grecia, salvando las diferencias. “Hay una inteligencia popular que se está dando cuenta de que no se puede pagar, hacemos un acuerdo a 10 años con 4 de gracia, pero ¿qué va a pasar después del quinto? No vamos a poder pagar, vamos a ir a una nueva renegociación y vamos a iniciar el camino de Grecia, que tuvo ayuda tras ayuda, negociación tras negociación y cada vez más pobres. Eso se expresa en lo multitudinario que es esta plaza y más allá de esta plaza también, muchos sectores que están con el gobierno hoy están planteándose estas mismas contradicciones y veremos a futuro qué es lo que pasa.”

El acto tuvo la participación de Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y titular de la cátedra de Poder Económico y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, quién hizo hincapié en la importancia de la resistencia popular: “desde esta Plaza que tiene magia va a salir el repudio al acuerdo con el Fondo monetario Internacional que nos quieren imponer para asfixiarnos. No vamos a pagar una estafa. Las estafas no se pagan. Las estafas se repudian. Que paguen el FMI y los que robaron, los que pidieron y fugaron. No vamos a permitir que nos roben. Que el presidente y los políticos en el Congreso sepan que estamos en resistencia.”

 
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Ley de etiquetado frontal sin quórum y en peligro

Foto: Violeta Peirats

Se confirmó finalmente para el día martes 5 de Octubre del año 2021 el debate en cámara de Diputadxs del Congreso Nacional, de la Ley de Etiquetado frontal luego de haber sido tratada y que cuenta con media sanción en cámara de Senadores, en el territorio denominado Argentina.

Sin embargo desde el oficialismo, dieron a conocer que peligraba dicho debate debido a la falta de quórum por parte de la oposición, aludiendo que el temario formaba parte de una agenda que no fue consensuada previamente con la oposición.

Es por esto que se ha convocado a la población a acercarse al congreso en el día de ayer, para demostrar apoyo al tratamiento de la Ley, así como lograr ejercer presión a los diputadxs que podrían sesionar ante un reclamo y preocupación que ha demostrado la sociedad, debido a lo que consumimos y la falta de información al respecto.

Diversas organizaciones sociales y agrupaciones que reivindican el derecho a la información respecto de los comestibles que son comercializados en los supermercados estuvieron presentes en el Congreso de la Nación. El licenciado en nutrición y vocero de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, Juan Esteche, quien estuvo presente en la actividad, expresó: “este rotulado alerta si un alimento tiene exceso de grasas o azúcares refinados, todos estos ingredientes que lo que hacen es aumentar la probabilidad de padecer muchísimas enfermedades que conocemos como enfermedades crónicas no transmisibles: la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes tipo 2 y todas estas enfermedades están relacionadas con complicaciones cardiovasculares que es la principal causa de mortalidad en Argentina y en la mayoría de los países”.

La Ley establece un etiquetado de sellos frontales en productos ultraprocesados, con una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas, dispuestos en las góndolas, advirtiendo y  brindando así información concreta acerca de niveles y excesos de azucares, edulcorantes, sodio y grasas en los alimentos. Además, determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.

La propuesta fue impulsada por la bancada del Frente de Todos mediante una sesión especial, y en acompañamiento de la sociedad civil de FIC Argentina, las cartas fueron firmadas por Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), Consumidores Argentinos, Fundeps, Sanar y Consciente Colectivo. Con el fin de promover los derechos de la población a tener conocimiento de lo que consume, pudiendo de esta forma decidir lo que quiere y desea consumir.

La UCR mantuvo varias reuniones para definir su postura ya que la mayoría de sus diputados respalda el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, pero finalmente se prefirió consensuar con el PRO y la Coalición Cívica —los otros socios de la coalición— la postura común de no dar quórum y abrir una negociación con el oficialismo para acordar un temario para la semana próxima que incluya la emergencia educativa y la ley ovina.

De todas maneras, desde el radicalismo se había ratificado que si el FdT reunía quórum, participaría del debate.

Asimismo se supo que existe una fuerte resistencia por parte de empresas de la alimentación, que temen a que se vea afectado su millonario negocio, así como entre legisladores de las provincias del norte, sin distinción de alineamientos políticos, ya que desde esa región del país, sostienen que el etiquetado frontal perjudicará a la producción azucarera.

Es importante destacar que a esos reclamos se sumó también el pedido de casi 160 mil personas que, con su firma, adhirieron a una petición motorizada a través de la plataforma de Change.org (http://change.org/malcomidos) por la periodista Soledad Barruti, autora de los libros “Mal comidos” y “Mala leche”.

Resaltando entre otros datos, que: “Vivimos en uno de los países con mayor número de muertes atribuibles directamente al consumo de bebidas azucaradas (74 muertes por millón). Alrededor de 10 niños cada 100 mil en nuestro país desarrollarán diabetes y el 80% de los niños tienen caries”.  Desde sus inicios, acompañamos el debate desde Virginia Bolten.

La alimentación saludable es un indiscutible derecho, pero también lo es saber la presencia de ciertos elementos en los productos que consumimos, información que está por demás ocultada, poniendo en riesgo la salud de la población y vulnerando nítidamente ese derecho.

La sesión de ayer fue levantada por falta de quórum, sin embargo una nueva sesión fue consensuada para el miércoles 13 de octubre. Las organizaciones que llevan a cabo una importante campaña de concientización sobre la problemática de los comestibles lesa-salud afirmaron: “no vamos a descansar mientras las personas no tengan acceso a la información sobre lo que están consumiendo, este es un derecho humano”.

Foto: Violeta Peirats

 
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Represión a comunidad Mapuche en la Lof Quemquemtrew de Cuesta del Ternero- El Bolsón

Mientras ciertos medios y voces de la política partidaria acusan y siguen estigmatizando a la comunidad mapuche de “usurpación y violencia”, el gobierno argentino y provincial de Rio Negro en connivencia con empresarios, hace sus negocios y reparto de tierras en la Patagonia.

En la mañana del día viernes 24, se realizó un violento operativo policial represivo, que incluyó la tortura de un niño de la comunidad. Esta represión se enmarca en el proceso de levantamiento y  recuperación de tierras de diversas comunidades Mapuche Tehuelche en Puelmapu, La Pampa, Chubut, Río Negro y otros territorios”. 

 La comunidad de la Lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero, cercanías de El Bolsón en el territorio denominado Argentina, comenzó la recuperación territorial el sábado 18 de septiembre, anunciando así en un comunicado de la población Mapuche Tehuelche: “retornamos al territorio con la intención de revincularnos con las fuerzas antiguas de esta mapu y desarrollar una vida acorde al az mapu, al mupiltun (la verdadera conexión con la tierra), y a el itrofilmongen (todas las fuerzas que lo componen). Sabemos que determinadas prácticas espirituales colaboran en restablecer este equilibrio natural”. 

Estas zonas están a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hídricos, denunció la comunidad originaria.

Último bastión de la denominada “conquista del desierto” que con el noreste argentino fueron los últimos territorios en ser incorporados a la constitución del polémico Estado Nacional. A base de: genocidio aborigen, violencia y tortura por parte de los gobiernos.

Y a pesar del tiempo transcurrido y la resistencia inclaudicable del pueblo Mapuche Tehuelche, la persecución y represión violenta, no ha desaparecido en el territorio ancestral. Muy por el contrario, ha ido en aumento y fogoneado por ciertos sectores de la sociedad, logrando desarticular así la lucha contra la posesión y venta de tierras, que viene denunciando hace décadas el pueblo Mapuche.

Es por esto que la comunidad Mapuche pide máxima difusión ya que las autoridades no cumplieron con el acuerdo de dejar ingresar por lo menos a lxs integrantes de la Comitiva que sí ingresó al Lof Quemquemtrew por la mañana.
Fuerzas represivas negaron la entrada primeramente a grupo de hermanas y hermanos que se acercaron a realizar un cordón humanitario para asistir a los pu lamien – hermanxs que están resistiendo este desalojo ilegal y violento, desde el viernes 24 de Septiembre del año 2021.
Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir expresaron un comunicado diciendo:
“Es fundamental que toda la sociedad en su conjunto y en particular los organismos de DDHH y organizaciones sociales se manifiesten repudiando el hecho. Si naturalizamos los mecanismos represivos y coercitivos del Estado, no solamente las comunidades indígenas, sino en particular contra la niñez Indígena estamos admitiendo un genocidio que se extiende a lo largo de todos los territorios”.

La Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) y el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, junto a autoconvocadxs y medios alternativos y populares de la comarca armaron una red de difusión y adhesión al documento acordado por diferentes organizaciones de la comarca andina

Asimismo, fue convocada para el día de hoy, de 17 a 19, a la población frente a la Casa de Río Negro (Tucumán 1916) en la Ciudad de Buenos Aires, contra el racismo, hostigamiento, represión y aislamiento de las fuerzas policiales rionegrinas – que responden a la gobernadora Arabela Carreras – contra la Lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero.

 
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Elección confirma deslegitimación de los partidos políticos en Argentina

Flor Niti

Las elecciones primarias legislativas de medio término en el territorio denominado Argentina han tenido su mínimo histórico de participación, desde la ley electoral de 2011, a pesar de que el voto es obligatorio. En la elección a diputadas el voto a partidos políticos fue solo del 61,1%.

La campaña de los partidos estuvo marcada por la despolitización del electorado. En lugar de propuestas las publicidades estuvieron marcadas por características físicas de candidatas y candidatos. Las discusiones en los debates televisivos giraron mayormente en trivialidades y banalidades. Esto sucedió mientras se vive una desesperante situación económica: según el INDEC (organismo oficial de estadística) el 42% de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y la inflación anual está  próxima al 50%.

Los dos partidos mayoritarios han tenido menos caudal de votos que en elecciones anteriores, es decir, los votaron menos personas. En el caso de la derecha de Juntos (ex CAMBIEMOS), no se refleja en su porcentaje ya que se toma sobre una menor participación de personas en la votación, en un porcentaje del 10% del electorado.

También es destacable los votos a partidos políticos que, más allá del oxímoron, se presentan por fuera del sistema. Esto es muy similar a lo que ocurre con Donald Trump en EE.UU. y Jair Bolsonaro en Brasil. Los candidatos de Avanza Libertad obtuvieron 14,6% y 5% en CABA y provincia de Buenos Aires respectivamente. A nivel nacional, Avanza Libertad logró un 3,2% de los votos emitidos.

Asimismo, hay varios territorios donde la mayoría decidió no elegir partidos políticos.

En el caso de Salta en la elección para diputadas y diputados, en la provincia votó menos del 60% de posibles electoras y electores. Si a este número restamos la cantidad de votos en blanco y nulos, la cantidad de votos a partidos políticos fue de tan solo 48,7%, es decir la mayoría de las personas de Salta decidieron que no están de acuerdo con la actual representación partidaria. El caso más emblemático sucedió en el distrito de Rivadavia, donde solo eligió partidos políticos el 30,7% de la población.

En el caso del territorio de Catamarca, hubo una participación del 58,3% pero con 7,3% de votos en blancos y 1,4% nulos. Lo que da una elección partidaria menor también al 50%, en este caso 49,6%.

Dentro de este territorio hay dos municipios que se destacan por su baja elección partidaria:

Municipio de Santa maría

  
Votos en blanco1.84814,6%
Votos nulos2291,8%
Votantes12.66361,5%

Votos a favor de partidos políticos: 45,1%

Municipio de Santa Rosa

  
Votos en blanco1.62526,0%
Votos válidos6.22599,5%
Votos nulos260,4%
Votantes6.25765,2%

Votos a favor de partidos políticos: 38,8%

En el caso de la provincia de Buenos Aires fueron varios los municipios donde las personas optaron por no elegir partidos políticos. En estos municipios los votos partidarios no superaron el 50%: Necochea 48,6%, Villarino 49,2%, Tornquist 49,3% y Trenque Lauquen con 49,4%.

Resta aún por ver si esta histórica elección contra los partidos políticos se traducirá en nuevas formas de organización política en los territorios.

 
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Los reclamos de las comunidades Wichís de Tartagal

Foto: Violeta Peirats

Por Violeta Peirats

Miembrxs de comunidades Wichís de Tartagal, Salta, estuvieron acampando desde el 12 al 25 de agosto en la Plaza Congreso.

Les tomó 20 días en llegar a la Ciudad de Buenos Aires, trayecto que fueron haciendo a dedo y con la colaboración y solidaridad de quienes encontraban por el camino, en los pueblos, y que los fueron arrimando hasta la capital.

El 19 de agosto lograron ser recibidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Vivienda de la Nación.

En esa reunión lograron exponer sus reclamos que concretamente consisten en:

-Aprobación de la Ley de propiedad comunitaria

-Prórroga de la Ley 26160 de relevamiento territorial

-Participación en los programas de vivienda

-Derecho al agua

-Derecho al trabajo

Foto: Violeta Peirats
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¿En qué situación se encuentran las comunidades?

En la actualidad, la relación de las comunidades y sus territorios es endeble, dada la escasa seguridad jurídica que les brinda el estado. La Ley de propiedad comunitaria lleva muchísimo tiempo cajoneada en el Congreso, siendo la que realmente puede efectivizar y proteger de manera colectiva los territorios de las comunidades.

No existiendo aun, solamente están bajo el amparo de la Ley de relevamiento territorial, que tiene la particularidad de ser provisoria, con una vigencia de 4 años. Por lo que, cumplido ese plazo, se tiene que solicitar la renovación.

Las comunidades Wichís ya van por su tercera renovación y están a punto de que la última se venza en noviembre.

Por lo tanto, el reclamo también implica una nueva renovación para tener una mínima protección de sus tierras. El problema mayor es que a muchas comunidades no les han hecho efectivamente el relevamiento de sus territorios, viviendas, etc., por lo que no poseen la documentación y las carpetas que los amparan y que certifican lo que hace siglos vienen haciendo: vivir allí.

La Ley de relevamiento territorial en ningún caso resuelve el problema, pero hasta tanto no se sancione la Ley de propiedad comunitaria, funciona como un paraguas jurídico ante las amenazas constantes, que sufren las comunidades, de desalojos y expoliación de sus tierras y recursos.

Como las tierras donde se encuentran las comunidades son territorios fiscales es usual que, con los favores y connivencia de los jueces y funcionarios, aparezcan súbitamente empresarios o gente con títulos de “propiedad” pudiendo luego expulsar e ir corriendo a las comunidades de sus propios territorios para instalar nuevos negocios.

Por eso el énfasis en el reclamo de la efectiva implementación y prórroga de la Ley de relevamiento territorial.

Foto: Violeta Peirats
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Las amenazas de siempre: colonialismo-capitalismo-extractivismo

El derecho al agua está en el centro de los reclamos de las comunidades Wichís, un recurso que les es negado progresivamente.

Las comunidades ya no pueden extraer prácticamente nada de los pozos, ya que las napas están cada vez más secas. Las grandes culpables son las empresas multinacionales de gaseosas que están instaladas en la zona, especialmente la firma MANAOS.

El otro gran problema son las empresas mineras que se dedican a las perforaciones para la extracción de litio, lo que suma a la escasez del agua la contaminación.

Las comunidades Wichís de Tartagal, dada la geografía de la región, se dedican mayormente a la cría de ganado, con lo cual el problema del agua afecta tanto a su propia subsistencia y su salud, tanto como a su actividad productiva.

En el día de ayer, las comunidades que llevaron adelante el acampe convocaron a una conferencia de prensa donde anunciaron los acuerdos logrados hasta el momento; lo que hizo que decidieran levantar el acampe.

En principio, tuvieron una nueva reunión con el INAI en la cual el organismo se comprometió en algunos de los puntos reclamados.

En principio, integrarán a las comunidades en la mesa de diálogo del INAI, junto a miembros de APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), para poder dialogar directamente con el organismo temas de desalojos, propiedad comunitaria, relevamientos, etc.

El otro punto importante que acordaron es que los programas de vivienda pasarán directamente por la cooperativa de las comunidades y no por la Provincia de Salta (ya que esa intermediación provocaba que el dinero no le llegara nunca a las comunidades).

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Son 7 las comunidades Wichís que estuvieron acampando a la espera de la resolución a todos estos conflictos. Cada una de ellas está conformada aproximadamente por 100 familias.

Miles de personas estaban a la espera de que un estado invasor legalice lo que es suyo desde hace siglos, y asegure sus derechos fundamentales.

 
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Abordajes que desbordan

Ilustración por Luciano D´amico

por Carolina Acevedo

La noche del pasado 25 de julio, Santiago “Chano” Moreno Charpentier recibió un disparo por parte de un integrante de la fuerza policial. Este hecho ocurrió en el intento de abordar un episodio de crisis emocional de Chano, quien se encontraba en su domicilio ubicado en el Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires.

Ante este suceso, desde Virginia Bolten nos encontramos con Vanesa Jeifetz, Psicóloga y Magíster en Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Docente de la Cátedra II Salud Pública/Salud Mental, de la Facultad de Psicología de la misma universidad e integrante de la organización social “RESET – Política de drogas y Derechos Humanos”. Invitamos a Vanesa para que nos comparta su opinión y nos ayude a pensar sobre lo sucedido, dado su conocimiento como profesional especializada en este campo.

Carolina Acevedo: ¿Qué cuestiones visibiliza el caso de Chano en relación a la Ley Nacional de Salud Mental?

Vanesa Jeifetz: Principalmente creo que visibiliza la dificultad en su implementación, haciendo eje en las internaciones involuntarias. En relación a las mismas, hay varias cuestiones a señalar: uno de los cambios más importantes que nos trajo la Ley Nacional de Salud Mental, es haber transferido la potestad, de los jueces a los equipos de salud, para poder internar a una persona en contra de su voluntad, cuando mediare situación de riesgo cierto e inminente. Esto indudablemente implica un enorme cambio en las prácticas cotidianas de lxs profesionales de la salud, que ahora se ven mucho más involucradxs, en dicha decisión terapéutica.

El problema que tenemos es que este cambio, en líneas generales, no sucedió. Lxs profesionales de la salud tienen mucho temor de realizar una internación involuntaria, suponiendo que en ese acto, estarían contraponiéndose al espíritu de la Ley que presenta un fuerte enfoque de derechos. Acá vemos un problema en la interpretación de la misma, que evidentemente, tras 11 años desde su sanción, no pudo ser adecuadamente internalizada por muchxs profesionales. Ese temor lxs lleva a su vez, a vulnerar el Art. 7 de la misma, donde se establecen los derechos de las personas con padecimiento mental, entre los cuales se destaca: “El derecho a recibir atención sanitaria (…) con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de la salud” y “El derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente (…)”.

Esta actitud negligente de muchxs profesionales, se explica en parte, por la falta de consolidación de equipos de trabajo y de una decisión institucional, que pueda respaldar esta decisión terapéutica, que implica un gran esfuerzo de trabajo tanto para efectivizarla como, para luego, sostenerla; una vez que la persona se encuentra internada, ya que como sabemos lxs que trabajamos en esta problemática, las personas que presentan una adicción, requieren de un enorme trabajo terapéutico, en cualquier dispositivo en el que estén realizando tratamiento.

Por otro lado, tenemos aquellxs profesionales que no presentan temor a la hora de realizar una internación involuntaria, sino que lo hacen principalmente al modo de “cubrirse” ante cualquier requerimiento jurídico; esto para acelerar el tiempo que implicaría trabajar con el/la paciente, a fin de que acceda a una internación voluntaria, y/o para que funcione de límite al potencial abandono de la internación y así no tener que vérselas con el trabajo terapéutico de sostener al/a paciente.

Podemos pensar que la Ley Nacional de Salud Mental demanda, para su implementación, un grado de compromiso de lxs profesionales del campo de la salud, que la mayoría no posee. Por lo tanto, si queremos que se implemente, debemos trabajar fuertemente en ello y que tal como establece el Art.31 y su reglamentación, la Autoridad de Aplicación, desarrolle las políticas por ella establecidas.

Otra cuestión a señalar, es la dificultad en el cumplimiento del Art. 21 de la Ley, donde se establecen las obligaciones de los jueces en relación a las internaciones involuntarias. Lo mismo se observa respecto al Órgano de Revisión, institución creada por la propia Ley Nacional en su Art. 38, “(…) con el objeto de proteger los derechos humanos, de los usuarios de los servicios de salud mental”.

Por último, podemos ubicar un grupo minoritario de profesionales que intenta cumplir con los principios establecidos por la Ley, con un alto grado de compromiso y vocación por aliviar el padecimiento mental.

Carolina Acevedo: ¿Por qué pensás que se llamó a la policía?

Vanesa Jeifetz: Un poco por lo que te decía recién, por la falta de compromiso de muchxs profesionales en esta problemática, el rechazo que todavía existe hacia las personas que presentan un consumo problemático y/o una adicción, la dificultad para apropiarse de los contenidos de la Ley Nacional de Salud Mental y también, no menos importante, la falta de formación para intervenir en estas situaciones tan difíciles.

Frente a este escenario, la institución que generalmente termina poniendo un límite a estos desbordes, más allá de que no sea lo esperable, es la policía. En este sentido, creo que tenemos una deuda importante desde el sistema de salud, para poder estar a la altura de las demandas existentes y responder adecuadamente a las mismas. Más allá de que tenemos vigente la Resolución 506/13 del Ministerio de Seguridad de la Nación de 2013, que incluye un protocolo de intervención para las fuerzas de seguridad, en situaciones de personas con padecimiento mental y consumo problemático, para los casos en que exista riesgo para sí o para terceros. La realidad de este caso y de otros, nos muestra que este protocolo no fue implementado de manera sistemática dentro de las fuerzas de seguridad.

Carolina Acevedo: Hablabas del rechazo de estas personas ¿con qué pensás que tiene que ver, este rechazo de lxs profesionales de la salud hacia las personas con consumos problemáticos y/o adicciones?

Vanesa Jeifetz: Creo que tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, podemos pensar que la Ley 23.737 perteneciente al Código Penal, que aún continua vigente, penaliza en su art.14 la tenencia de drogas para consumo personal. La representación social que produjo esta Ley, acerca de las personas con problemas de drogas, caló muy hondo en nuestra sociedad. La idea de un sujeto peligroso, que comete un delito, tiñó en gran medida, la posibilidad de ver a estas personas como padecientes. Esto lo podemos ver reflejado en la escasa accesibilidad que tienen las mismas, al sistema de salud. Según estadísticas de la Sedronar de 2017, sólo el 3,9% de las personas que presentan indicadores de dependencia de consumo o consumo de riesgo, buscan ayuda profesional.

En una investigación reciente sobre la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en personas con adicciones, un profesional nos decía: “yo no medico faloperos”. Esta respuesta, nos hace pensar que muchxs pacientes con adicciones, no son vistxs por lxs profesionales de la salud, como pacientes y esto constituye, una de las más importantes barreras en la accesibilidad a la atención.

Por otro lado, en esa misma investigación, pudimos relevar que no hay una comprensión adecuada de la problemática en muchxs profesionales y esto también suele producir rechazo.

En segundo lugar, estxs pacientes nos suelen interrogar la eficacia de las herramientas con las que contamos lxs profesionales. Nos incomodan, nos obligan a repensar nuestras prácticas, nuestras intervenciones, así como nuestras conceptualizaciones sobre la salud y la enfermedad. “Estos pacientes generan mucha bronca e impotencia y por eso, algunxs se habilitan a decir ‘yo no atiendo adictos’, aunque la Ley dice que tenemos que hacerlo”, me decía una profesional recientemente.

Asimismo, observo una dificultad generalizada, para asumir la complejidad que tienen estxs pacientes y, en consecuencia, el abordaje que necesitan. Nos exigen una gran disponibilidad, en varios sentidos: uno de ellos es el temporal, que se suele contraponer a los acelerados tiempos de atención institucionales. A veces, realizar una internación involuntaria por ejemplo nos puede llevar toda una tarde, o toda una mañana.

Por eso, sostengo la idea de que lxs profesionales que trabajan en esta problemática, tienen que elegir hacerlo, no que les toque porque sí, deben tener deseo de asumir tan grande desafío.

 
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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le entrega a Montoto el negocio de control vehicular

Flor Niti y Guillermo Martínez

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una licitación por el servicio de control vehicular. En la misma participaron varias empresas, entre ellas Danaide S.A., de Mario Montoto. La Licitación Pública N°2900, finalmente fue adjudicada por un monto de $1.114.312.896, es decir, una contratación por más de mil millones de pesos a la empresa Denaide S.A. De esta forma, el gobierno de Buenos Aires y la mencionada empresa tendrán el registro de los vehículos que circulan por avenidas y calles de la ciudad.

Esta no ha sido la única contratación del año por parte del gobierno de Larreta. A partir de la resolución N°36/SSGA/21, con fecha de febrero de 2021, Danaide S.A. obtuvo una licitación por análisis de video y gestión de imágenes por otros $300 millones de pesos. En este caso, hubo solo otro oferente que el gobierno desestimó, quedando solo la oferta de la empresa de Montoto.

Montoto es el Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí y el mayor proveedor de sistemas de vigilancia y control, así como de máquinas de matar, en el territorio denominado Argentina.

Montoto también es el beneficiario de negocios en lugares de encierro Fundó hace más de 25 años la empresa Surely S.A., siendo uno de los principales proveedores de sistemas de control y vigilancia para lugares de encierro en la región. Los productos que comercializa son pulseras electrónicas, tobilleras con GPS y botones antipánico. Surely S.A. ha realizado 144 importaciones al territorio sudamericano, de las cuales 79 corresponden a la sede uruguaya de la empresa en Carrasco. En este caso, todas las compras fueron realizadas a empresas de Israel, según informes comercial de la consultora SEAIR.

Como se viene informando desde Virginia Bolten, Mario Montoto es uno de los mayores beneficiados con estos sistemas de control. La empresa líder mundial en este tipo de sistemas es la empresa NEC, instalada en los territorios denominados Argentina y Uruguay a partir de la compra del 85% de la empresa Global View, de Mario Montoto y Daniel Hadad (dueño de Infobae). El 15% restante de Global View quedó en manos del mayor vendedor de armas israelíes a este territorio.

Montoto también realiza negocios en el sector naval. Con CODESUR, otra de sus empresas, realizó el mantenimiento de las baterías del submarino Ara San Juan. De la licitación donde obtuvo el contrato participaron 3 empresas. CODESUR fue la que presentó la oferta de mayor monto. El medio Clarín informó que con la excusa de que las baterías “podían explotar porque producen hidrógeno” se hizo un nuevo llamado a licitación. CODESUR ofertó un valor 50% menor a la primera licitación pero aun mayor que sus competidoras. Sin embargo, con artilugios legales se dieron de baja las otras dos ofertas y, por consiguiente, a CODESUR le fue adjudicada la compra.

 
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El fuego que envolvió a la locura

Carolina Acevedo

No lo sabía, no lo había escuchado. No solo eso, sino que, hablando con varias personas muy activas y presentes en el mundo de la Salud Mental fue llamativo ver que tampoco estaban al tanto. Esto me generaba más ganas de buscar información. En mi cabeza sonaban “78 muertos”, 78 personas (entre usuarixs y trabajadorxs) que fallecieron como resultado del incendio ocurrido la noche del 26 de abril de 1985 en la Clínica Saint Emilien, un neuropsiquiátrico en el cual se encontraban internadxs en ese momento más de 400 personas. En esta búsqueda de saber más me encontré con Diego, un vecino del barrio que esa noche ayudó a abrir la puerta del frente de la clínica, para que pudieran salir las personas que se encontraban ahí. El fuego se inició en el 3° piso, donde se alojaban la gran mayoría de las personas internadas. Según los registros que encontré en algunas plataformas web, ya habían cenado y estaban dispuestas a dormir. 

Diego recuerda que entre las 20hs. y las 21hs. él y sus amigos, se encontraban a solo una cuadra, charlando y compartiendo un rato la esquina (una escena muy común en los barrios, donde la muchachada de siempre se juntaba a hablar de nada o de todo). De repente, escucharon fuertes explosiones que provenían de la clínica. Al acercarse al edificio, que se encontraba en Republiquetas al 3390 (hoy Av. Crisólogo Larralde), aquella gran estructura imponente de varios pisos se volvió ruidosa debido al estallido de sus vidrios, como resultado del fuego que parecía querer salir de las paredes para avisar que había llegado.

Ante este relato, se me ocurre preguntarle a Diego si recuerda alguna alarma previa que indicase el fuego. Con gesto de seguridad él me respondió: “ninguna alarma”. En ese momento supuse que sería lo más común que esos lugares tuvieran alarmas contraincendio, aunque a la vez recordé que esto sucedió en 1985; habría que ver cómo era la regulación en ese momento, pensé. Buscando información sobre este aspecto, pude ver que en varios medios se mencionan ciertas irregularidades, que ya venían sucediendo en el edificio. Existió un informe, emitido días previos al incendio, en el cual constaba información suficiente para que la ex_Municipalidad (hoy Gobierno de la Ciudad) emitiera contra la clínica algún tipo de sanción, penalidad o hasta clausura. Pero eso no ocurrió. A la vez, hasta el año 1980 existió una normativa que exigía a estos sitios un permiso del Cuerpo de Bomberos, pero esa disposición, para 1985, ya no tenía vigencia.

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Yendo al encuentro de información acerca de la causa descubro que la misma se encuentra cerrada por el paso de tiempo. La causa penal por esta tragedia se cerró sin responsables. Por otro lado, el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal da cuenta de que el incendio se debió a notorias deficiencias edilicias en las instalaciones de la clínica. Se probó que faltaba ventilación en el subsuelo, había poca iluminación y exceso de camas. Además, en 1999, la familia de una de las víctimas fatales del incendio recibió una indemnización por dicha perdida. En este marco, debido a la muerte de Susana Escasany -una paciente internada por un cuadro de depresión y fallecida durante el incendio-, se encontraron culpables a las autoridades de la clínica, así como a la ex_Municipalidad y a la Obra Social para el Personal de los Ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social.

Al escribir esto recuerdo expresiones de Diego que, confundido, mencionaba el recuerdo de una persona que se tiraba por la ventana del tercer piso, como un acto de desesperación ante la presencia del fuego. Luego, pude constatar que seguramente su recuerdo se trataba de una enfermera de la clínica, Beatriz Bustos, de 34 años, que se arrojó por una ventana del tercer piso para escapar de las llamas y falleció por la caída. Es interesante que Diego mencionara que esa imagen le hacía recordar a los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en las emblemáticas torres gemelas de Estados Unidos. Esto me hace pensar, cómo nuestra cabeza conecta episodios que, aunque muy alejados se repiten, se nos instalan, dejan de ser un hecho histórico, para pasar a ser parte de nuestras imágenes.

Foto: Violeta Peirats

Caminando con Diego, rodeando la clínica, seguimos charlando sobre lo llamativo de lo abandonado del lugar después de tantos años. Es de conocimiento de todes que, desde hace algunas décadas, la gentrificación (o palermización, como popularmente se le suele llamar en la Ciudad de Buenos Aires, dado que el fenómeno comenzó por aquel barrio porteño) se viene extendiendo más allá del su núcleo de origen, invadiendo barrios de alrededores y más allá. Este fenómeno, ya hace algunos años, ha llegado a Saavedra, junto con la especulación inmobiliaria que implica. Por este motivo, no deja de ser extraño que un terreno con las características de la ex clínica no tenga ya hace tiempo un cartel que anuncie la construcción de un nuevo e imponente edificio de categoría con imperdibles amenities, al que solo podrá acceder un acotado sector social.

La pregunta que más tenía ganas de hacerle a Diego fue si una vez ocurrido el incendio el barrio había realizado algún tipo de ceremonia, o si las familias habían llevado adelante algún encuentro con velas, un ritual o práctica que permitiera despedir a las víctimas fatales. Fueron 78 las personas que perdieron su vida tras el hecho. Diego me cuenta que no recuerda nada de eso, al otro día solo quedaban comentarios en el barrio, pero nada más. Ante esto se me vienen a la mente palabras de la autora Judith Butler, cuando habla de vidas precarias y sostiene: “Algunas vidas valen la pena, otras no; la distribución diferencial del dolor que decide qué clase de sujeto merece un duelo y qué clase de sujeto no, produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de quién es normativamente humano: ¿qué cuenta como vida vivible y muerte lamentable?”.

Según varias fuentes, algunas de las personas internadas murieron calcinadas debido al elevado nivel de calmantes que les habían dado antes de dormir y que les impidieron reaccionar, mientras que otres no estaban dormides pero igualmente no pudieron evadir el fuego debido a que se encontraba atades a sus camas o con las puertas de sus habitaciones bajo llave. En este sentido, es importante recordar que la Ley Nacional de Salud Mental, promulgada en el año 2010, dice en su Art. 7° que las personas con padecimientos mentales deben recibir atención sanitaria y humanizada, a la vez que remarca su derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia. Esta ley no estaba vigente al momento del incendio. Uno de los registros más importantes que dieron fundamentos a la mencionada Ley fue el libro “Vidas Arrasadas”, realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el cual se relata aquello que sucedía en algunos nosocomios con el fin de mostrar la importancia de una normativa que propicie que esas situaciones de abuso, abandono y desidia dejen de ocurrir. Sin embargo, muches sabemos que esto sigue ocurriendo.  

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Me pregunto, qué hubiera pasado si el incendio hubiera sucedido en una clínica no psiquiátrica, es decir, un sitio distinto, que no se encontrara lleno de personas con las etiquetas de sus diagnósticos, que las vuelven lo extraño, lo no normal, lo loco. ¿Hubiera pasado lo mismo? ¿Sería tan desconocido todo esto? ¿Existiría la misma cantidad de personas que en este momento recién se están enterando de este episodio al leer esta sencilla nota? Entonces, ¿será que en realidad fue la locura la que envolvió al fuego?

 
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Medioambiente y negociados: la trama política detrás de las obras de la UNL

Gentileza de @comunidad.por.la.naturaleza

Por Violeta Peirats

Un mes atrás, en la Ciudad de Santa Fe, comenzaron las obras de un nuevo edificio de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en la zona de la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria (RECU), que como tal, es un área protegida.

“El Aulario Común Costanera Este” (así se denomina el proyecto) fue presentado a la comunidad santafesina como una “obra de arquitectura sustentable que relaciona la naturaleza, la educación y la cultura con nuevos espacios para el desarrollo escolar, científico y académico”, según palabras del Rector Enrique Mammarella.

Al acto adjudicatario de las obras asistieron el Gobernador Omar Perotti; el Intendente Emilio Jatón; el Secretario Nacional de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación Jaime Perczyk (de manera virtual), autoridades y funcionarixs de la UNL y el Ing. Julio Allaio, Presidente de Coemyc SA (empresa que resultó ganadora).

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Dicho encuentro evidencia que el entramado que está  detrás de la realización de esta obra lo constituyen fuerzas políticas partidarias de todos los colores y por organismos de todos los niveles de poder, tanto nacionales, provinciales como municipales.

De hecho, el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Jaime Perczyk, aseguró que “es (…) trascedente para la política pública, garantizar trabajo a las empresas constructoras, a los trabajadores, (…) es una señal hacia el sistema educativo y hacia el sistema universitario, que en el medio de este desastre que estamos viviendo haya obras de aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres (…), habla de un gobierno que quiere abrazar a las universidades, que cree que son parte del desarrollo nacional, que son parte de la Argentina que está peleando con la pandemia”.

La coincidencia en el discurso de Mamarella y Perczyk forma parte de la estrategia de  los sectores de poder  de mostrar la “cara amable” de este proyecto, intentando presentarlo como respetuoso de las condiciones naturales del entorno. La insistencia en resaltar que  cuenta con todas las certificaciones ambientales provinciales y municipales y que está actualizado bajo los parámetros del “Manual de Arquitectura Sustentable”, va en la misma línea.

DESARMANDO EL RELATO: UN ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

“El Aulario Común Costanera Este”, cuyo edificio contará con un Salón de Usos Múltiples, 22 aulas para educación inicial, primaria, media, grado y posgrado universitario, 3 talleres y una biblioteca, fue categorizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia como una obra de bajo impacto ambiental. En relación a esto, cabe aclarar que no se ha realizado el necesario estudio de impacto ambiental para dicha categorización.

De acuerdo al análisis elaborado por el colectivo “Comunidad por la naturaleza” (integrado por organizaciones sociales y ambientales; profesionales, investigadorxs, docentes y estudiantes -muchos de ellxs pertenecientes a la UNL o que han pasado por la UNL- y  ciudadanxs en general) el impacto de la obra no es bajo, sino que es alto, por varios motivos:

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-Implica el desmonte de, al menos, 3,5 has. de ambiente natural, hogar de lo que representa aproximadamente el 45% de la flora del valle del río Paraná y hogar de más de 200 especies de aves, que representan el 50% de las aves de la provincia de Santa Fe, incluyendo al menos 3 especies amenazadas (tachurí canela, aguilucho alas largas y canastero enano).

– La reducción del hábitat natural implica el desplazamiento de animales en busca de refugios alternativos. Algunos de ellos se establecerán en edificaciones de los sectores más urbanos de la ciudad, como por ejemplo, los murciélagos que buscan refugio en los techos y persianas de edificios. Esta situación aumenta el contacto con posibles reservorios de virus y bacterias aumentando el riesgo de enfermedades zoonóticas.

– El funcionamiento de los diferentes niveles implica que las instalaciones se utilicen todos los días (excepto el domingo) y probablemente de 8 a 22hs. Esto implica la presencia, entrada y salida de miles de personas que transitarán por el lugar.

– Se producirán efluentes cloacales que para ser evacuados requieren de una conexión con la red cloacal. La cañería que brindará los servicios de agua, desagües y cloacas, atravesará 150 metros de la Reserva Ecológica implicando más daño aún al interior de la misma.

– Aumentará el nivel de contaminación sonora y lumínica en el sector perturbando la tranquilidad del lugar para la fauna y las personas.

– Aumentará el número de kioscos, carribares, y restoranes para vender comida a estudiantes y docentes que utilicen esas aulas, incrementando la contaminación de basura, que podría también alterar el equilibrio de la fauna.

– Aumentará la presencia de ratas, perros y gatos en la zona, lo que acrecentará la depredación sobre la fauna de la reserva.

-Se producirá un mayor nivel de tránsito por la costanera, incluyendo transporte público.

Gentileza @comunidad.por.la.naturaleza

UNA ALIANZA EN POS DEL NEGOCIO Y LA CARRERA POLÍTICA

¿Cuál es, entonces, el verdadero interés detrás del aulario? ¿Por qué coinciden en su aprobación y construcción lo que desde el discurso político se enuncia como oficialismo y oposición?

Para empezar debemos tener en cuenta que el edificio a construir conlleva una inversión de $239.778.129,60. El dinero llega por intermedio del Ministerio de Obras Públicas que, en conjunto con el Ministerio de Educación, impulsan el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, a través de un convenio del Gobierno Nacional con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF-Corporación Andina de Fomento). 

En lo que concierne a la UNL podemos decir, que como de casi todas las universidades tradicionales del Centro Argentino  (característica que no escapa a la UBA), que es un histórico bastión del radicalismo, gobierne quien gobierne a nivel nacional o provincial.

La gestión de la UNL, enquistada hace más de 40 años, responde a este espacio político y ya hace tiempo conforma la pata radical de Juntos por el Cambio (en el actual contexto electoral, la gestión de Mamarella apoya a Rodríguez Larreta en la interna de este frente). En este sentido,  la inyección de dinero para el “aulario” está relacionada con la financiación de la campaña para el retorno al poder a nivel nacional de esta fuerza política partidaria.

La UNL, además,  ha sido utilizada históricamente por los cuadros partidarios como trampolín hacia cargos de la política clásica (caso Estorero, Barletta, por ejemplo), como en el senado, intendencia, etc.

Los cargos en la universidad, al mejor estilo feudal, se van heredando y en esto juega un importante rol la presencia muy fuerte, en todos los estamentos, de la Franja Morada que, como brazo estudiantil del radicalismo, opera como apoyo encubierto (y no tanto) de las gestiones de turno.

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La connivencia de fuerzas políticas en teoría “opositoras” en este desguace ambiental está más que a la vista. A este entramado  se suman medios de comunicación que  lavan la cara a este tipo de proyectos -como el diario “El Litoral”[1]-, jueces que lo autorizan y la propia empresa ganadora de la licitación (que ya ha ganado otras obras de la UNL). También cabría mencionar el rol de la “Fundación Hábitat”, que mediante este convenio se asegura una gran suma de dinero para  el “mantenimiento de la reserva”[2].

En cuanto a los intereses económicos, que atañen a todos estos sectores mencionados, es importante resaltar que la UNL, a pesar de su discurso ambientalista[3], es pionera en el desarrollo de transgénicos (el polémico trigo HB4, por ejemplo) y que actualmente el tema de la trasferencia y vinculación tecnológica[4] es lo que más peso político tiene en la institución dado las abultadas sumas de dinero que entran por esa vía.

En conclusión, si bien hay un uso político partidario en cuanto al aulario y al dinero habilitado para la construcción del mismo, esto no reviste motivo para una confrontación entre la gestión de la universidad (radicalismo/Juntos por el Cambio) y los poderes provinciales (peronismo en diálogo con algunos sectores del kirchnerismo y la burocracia sindical) y nacionales (Frente de Todos), dado el acuerdo de todos estos espacios en relación al sistema productivo ( en especial la agroindustria biotecnológica) y las políticas desarrollistas y extractivistas; que precisamente no tienen nada de sustentable, al igual que la obra del aulario.

Aun bajo este panorama desalentador, diversos sectores de la sociedad civil santafesina nucleados en el colectivo “Comunidad por la Naturaleza”, que se resisten al avasallamiento de sus derechos, presentaron el día 6 de julio una nota ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Juan Cabandié,  solicitando que intime a la UNL a cesar con las obras y al homónimo Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia a que revea y recategorice el nivel de impacto ambiental de dicha obra.

Aguilucho de alas largas
Tachurí canela
Canastero enano

[1] https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/306256-rechazo-y-razon-a-la-construccion-de-un-aulario-de-la-unl-en-la-costanera-este-todas-las-voces-area-metropolitana-todas-las-voces.html

[2] La Fundación Habitat recibe financiamiento de corporaciones como Hewlett Packard, Bank Boston o Nestlé, entre otras.

[3] El programa UNL Verde forma parte del greenwashing.

[4] CETRI (Centro para la Transferencia de los Resultados de la Investigación), a partir del cual muchas facultades realizan servicios tecnológicos a terceros (empresas y sector productivo).

 
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Evangelismo y política partidaria

Marcha antiderechos

Camila Gonzalez Iglesias

La presencia del evangelismo se está incrementando en el territorio denominado Argentina. El aumento en la cantidad de personas que se acercan al evangelismo no se da solo en la muy conocida Iglesia Universal (IURD), sino en todo el sector evangelista.

Los brazos políticos de la IURD son importantes en vastos territorios a nivel global, como ya hemos informado desde Virginia Bolten en Negocios, política y medios de comunicación de la iglesia universal. No obstante, en Argentina hay otras organizaciones político-comerciales-religiosas que están siendo seducidas por diversos movimientos políticos o fundan sus propios partidos. Iniciaremos una serie de notas donde informaremos la situación en las diferentes regiones de este territorio.

Hay un denominador común entre estas instituciones religiosas y sus movimientos políticos: El odio a las minorías, la oposición a la educación sexual integral en instituciones educativas y a la posibilidad de decidir de cuerpos gestantes a abortar.

La situación en Cordoba

En esta provincia mediterránea hay dos partidos políticos en pugna por el voto evangélico; el sector del PRO (Propuesta Republicana) alineado con Patricia Bullrich, y el peronismo del actual gobernador Juan Schiaretti. 

En las últimas elecciones de esta democracia, las y los votantes de Córdoba aportaron un 30% de los votos a nivel nacional al partido evangélico NOS (Partido Político), fundado por Juan José Gómez Centurión. De esto se desprende las intenciones de acercamiento partidario, así como el desprecio a la separación Estado-Religión.

La mayor institución evangelista en Córdoba es Cita con la Vida, fundada por Carlos Belart. Sobre sus posiciones políticas en una entrevista dada al periódico La Voz en el año 2018, Belart expresó que Jair Bolsonaro, “Es un fenómeno”. Sobre la consulta de Educación Sexual en colegios respondió con el odio que pregona en sus sermones: “Yo no te puedo obligar a vos, no me vengas a instruir a mis hijos. Esta lucha la vamos a dar hasta la muerte. Esto es vida o muerte. Esto no es una opción, es canallesco, es antinatural, es anticientífico. Ahora, si alguien quiere elegir otra cosa, está bien. Si él nació varón y no siente como varón y se enamora de un hombre, para mi está mal, pero yo no puedo meterlo en cana. Eso no se dice: que nosotros respetamos. Si entra un homosexual, nadie se va a burlar, nadie lo va a discriminar. “Venga, siéntese”, le vamos a decir, lo vamos a saludar con respeto, pero no me digas que yo piense como él”.

Las intenciones del peronismo cordobés y el PRO son buscar alianzas con Encuentro Vecinal Córdoba, socio de NOS en la provincia. Actualmente Encuentro Vecinal tiene un legislador, Gerardo Grosso, quien es pastor de Cita con la Vida. Grosso, además de ser compañero de Belart en Cita con la Vida, es un ferviente seguidor de él. Como se expresa en una entrevista al periódico La nueva Mañana sobre la pregunta de su posición acerca del aborto precisó, “¿A todos los candidatos a la Legislatura le preguntás qué opinan del aborto, que es algo que se discute en el Congreso, o me lo preguntás a mí porque ya sabés que estamos en contra?”.

Asimismo, en diciembre del 2020 también se registró con personaría jurídica el partido evangelista UNO (Una Nueva Oportunidad), quien ya tiene representación en 13 provincias. UNO basa sus ideas políticas en su oposición al Matrimonio Igualitaria y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El partido fue fundado recientemente por el pastor Walter Ghione y otras personas del evangelismo pentecostal.

En Córdoba se estima que ya hay más de un 10% de la población que tiene un acercamiento al evangelismo. La carrera por esos votos en esta democracia en las elecciones del 2021 está en marcha.

 
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Centrales nucleares: una amenaza silenciosa continúa creciendo

Foto: Violeta Peirats

Por Marcela González Marcos

En los últimos días, se dio a conocer un avance en las negociaciones para la construcción e instalación de una nueva central nuclear —con fondos e inversión China— donde mediante reunión virtual estuvieron el secretario de Energía, Darío Martínez, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja y el director de Nucleoeléctrica Argentina, Isidro Baschar, con directivos de la Agencia Nacional de Energía de China (NEA) y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC).

Sin embargo, también se supo que Rusia intenta hacer presencia fuerte en argentina, impulsando la construcción de una central flotante con fondos rusos, aprovechando la extensa plataforma marina que posee el territorio, y con el actual respaldo de la vacuna Sputnik V.

Esto ratifica la insistencia de los gobiernos en este territorio de seguir apostándole a lo nuclear como salida a las necesidades energéticas, pero a su vez, a lavar la cara a una industria que amenaza al medioambiente y a la humanidad. A continuación, se explican las amenazas que trae este pronunciamiento.

La ley 25022,  sancionada en el año 1998, aprueba la total prohibición de ensayos nucleares a nivel mundial,  adoptada a partir de la recomendación de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, fue necesario el tratado de prohibición de armas nucleares, cuyo acuerdo internacional se realizó en el año 2017, que prohíbe el desarrollo, producción y almacenamiento de armamento nuclear con miras a su total eliminación.

Para su entrada en vigor, fue ratificado por 50 países en octubre de 2020, lo necesario para convertirlo en ley internacional, que tendría vigencia a partir del 22 de enero del año 2021. Lo preocupante es que dicho acuerdo no ha sido firmado por las potencias atómicas: Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos. Y según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), se calcula que estos cinco países, junto con India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, poseen un arsenal de 13.400 armas nucleares. Así como tampoco fue ratificado por ciertos países miembros de la OTAN.

Para  la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), este tipo de actividades sigue proliferando en países como Bélgica, Alemania, Países Bajos, Italia y Turquía, albergando entre todas, alrededor de 150 armas nucleares estadounidenses. 

Existen actualmente alrededor de 440 centrales nucleares en todo el mundo, y están camino a construcción 50 más, en países como China, India, Pakistán, Bangladesh, Bielorrusia, Turquía y Emiratos Árabes.

Pese a la actual pandemia de covid-19, las nueve naciones nucleares del planeta aumentaron en 2020 el gasto en arsenales de armas atómicas a 1.400 millones de dólares, revela un nuevo informe también de (ICAN). Según el documento, publicado este lunes, las nueve potencias gastaron el año pasado un total de 72.600 millones de dólares en sus armas nucleares.

América Latina, en particular, viene desarrollando un papel importante avalando la prohibición de armas nucleares en toda la región, y varios de esos países han firmado el tratado internacional. Pero en el caso del territorio denominado Argentina, decidió no suscribir al último acuerdo.

El territorio cuenta ya con la Central Nuclear Atucha I que aporta energía desde 1974, situada en la localidad de Lima, partido de Zárate. La Central Nuclear Atucha II es una nucleoeléctrica con una potencia bruta de 745 MW, a base de uranio natural y agua pesada, y está situada en el mismo complejo que Atucha I. Y la Central Nuclear Embalse se encuentra situada en la costa sur del Embalse del Río Tercero, provincia de Córdoba, a 665 msnm., siendo de tipo CANDU (Canadian Uranium Deuterium), y pertenece al tipo de centrales de tubos de presión, que utiliza como combustible el uranio natural y su refrigerante y moderador es el agua pesada.

Repasando, allá por el año 2015, y durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cabe recordar, se aprobó mediante un convenio, la instalación de dos centrales nucleares más: proyecto Atucha III con una tecnología canadiense, y otra con tecnología china.

El acuerdo nuclear está en línea con la “alianza estratégica integral” firmada entre Argentina y China. Durante dicho gobierno, los dos países firmaron más de 20 tratados. El proyecto Atucha III contempla la construcción de una central nuclear de tecnología china, Hualong que se trata de un reactor de 1.200 MW que permitiría sostener la capacidad instalada de origen nuclear en la matriz energética, y se ubicaría en el Complejo Nuclear Atucha situado en la localidad de Lima, Provincia de Buenos Aires.

Más tarde durante el año 2018 —ya con la presidencia de Mauricio Macri— en la cumbre del G20, Argentina y Rusia firmaron un documento estratégico de colaboración en el uso de energía nuclear, el mismo incluyó la posibilidad de construir una central nuclear flotante y otra de alta potencia.

Pero fuera del debate si es con fondos chinos o rusos, existe otro del cual se habla poco, que es acerca de los verdaderos fines de las centrales nucleares, sus impactos socio-ambientales y la amenaza escalofriante que representa.

Existe un discurso, sobre la supuesta importancia de las centrales como proveedoras de energía, así como también por ser consideradas como “seguras y baratas”. Pero, ¿es realmente esto así?

La tecnología pacífica y la tecnología militar son en verdad la misma cosa, es decir, se construyen centrales nucleares que producen electricidad, para luego fabricar bombas, como explica el economista Antonio Brailovsky.

La materia prima para la fabricación de las mismas es el plutonio (utilizado para recubrir todo tipo de munición), elemento que no se encuentra en la naturaleza, y que sólo se genera en las centrales eléctricas nucleares, quemando el combustible de las mismas (reprocesamiento). Y es por ello, que se sustenta con el gran apoyo financiero, por parte de ciertos gobiernos.

Un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA) muestra que en 2008 a nivel mundial, “la fisión y fusión nuclear atrajo el 40% del presupuesto gubernamental destinado a investigación y desarrollo de energías (78% del cual fue destinado a reactores de fisión tradicionales)”. Para el caso de argentina, entre 2003 y 2014, se invirtieron en el país más de U$S 11.000 millones en materia nuclear. Pero, ¿por qué no se invierte eso mismo en energías renovables?

Y lo cierto es que —tal como lo ha expresado la revista francesa ”Mundo Científico”— todos los países que dominan esta tecnología disponen, aunque sea a nivel laboratorio, de los medios para fabricar armamento nuclear. Y la historia nos da ejemplos de ello, países que comenzaron con el mismo discurso “pacífico” pero que, en cuanto tuvieron las condiciones políticas, detonaron las primeras bombas (Antonio Brailovsky).

Entonces, sabiendo que existen otras formas de generar energía, menos peligrosas como las renovables, es evidente porqué se sigue destinando presupuestos irrisorios para tal fin.

Impactos y consecuencias

Además de la amenaza bélica que representa la construcción de centrales nucleares, existen otros riesgos de los que poco se habla. Tal es así los ya conocidos accidentes nucleares con pérdidas de radiactividad al exterior, como fue el caso de: Francia (1969), Estados Unidos (1979), Ucrania, Chernóbil (1986) el mayor accidente conocido, Japón (1999), Estados Unidos (2000).

Las centrales nucleares en funcionamiento normal (como Atucha) descargan radionucleidos al ambiente, el más significativo es el tritio, y se han detectado en algunas muestras de sedimentos y de suelos, trazas de cobalto-60, un producto de activación formado principalmente en el viejo reactor.

Debemos hablar también de impactos por contaminación con uranio de aguas, ríos y napas subterráneas, acumulación de residuos tóxicos, basureros nucleares, enterramiento de plutonio, que conlleva a enfermedades cancerígenas, malformaciones, infertilidad, problemas neurológicos, mutación de especies animales, hacia la población circundante.

Y no olvidemos tampoco que otra pieza aquí fundamental es la minería de uranio, que cumple una función importante para poder armar las barras de combustibles para los reactores y generar así el subproducto de plutonio. Por lo que la fuerte y constante presencia de este tipo de minería en territorio sudamericano tiene su elocuente motivo.

Por último y como dato no menor, una central atómica tiene una vida útil de unos 30 años, la cual luego se convierte en un gran basurero radiactivo. Sumado a la enorme cantidad de agua que se requiere, y por lo tanto a su ubicación en lugares estratégicos, de gran presencia poblacional, generan una verdadera amenaza que parecen no contemplar los gobiernos.

Pero paradójicamente desmantelar una central nuclear es mucho más costoso que instalarla, por lo que destinar presupuesto a ello, tampoco está en la agenda.

Fuentes:

Antonio Brailovsky, Esta, nuestra única tierra (2009). Ed. Maipue

Movimiento Antinuclear Zárate y Campana

 
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Los negocios de Eduardo Elsztain, uno de los mayores dueños de tierras en Argentina

De EzeH - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82011264

Violeta Peirats, Flor Niti y Guillermo Martinez

Eduardo Elsztain es un empresario del territorio denominado Argentina que tiene importantes negocios en diversos sectores a escala global. Posee participación en empresas que operan en territorios palestinos ocupados  y que  instalan misiles en las Islas Malvinas. Asimismo, es parte del negocio de la explotación de la tierra, con su empresa Austral Gold, que opera a ambos lados de la Cordillera de los Andes. También es dueño de empresas de producción agrícola y cárnica, así como del sector de la construcción y centros comerciales.

Como explicamos en una nota del año 2019, , Elsztain es Presidente de varias empresas donde posee una importante participación accionaria: Cresud S.A.C.I.F. y A. –sector agropecuario-, Austral Gold Limited -sector minero- e IRSA Inversiones y Representaciones S.A. -empresa constructora-, desde la que controla Alto Palermo S.A. –poseedora de los más importantes centros comerciales del país[1]– y Banco Hipotecario S.A. –entre otras-.

A partir de una investigación que llevó a cabo el Periódico Virginia Bolten, se pudo encontrar las empresas que Elsztain utiliza a nivel global para la presunta evasión de impuestos. Tiene varias empresas en Uruguay: Consultores Venture Capital Uruguay S.A.; Inversiones Financieras del Sur S.A. y Agroinvestment S.A. así como IFIS Limited en Islas Bermudas y Consultores Venture Capital Limited en Islas Caimán.

El agronegocio

La explotación de tierras con fines de producción agrícola y cárnica, la lleva a cabo mediante la empresa CRESUD. Desde allí controla más de 800 mil hectáreas en territorios sudamericanos, particularmente en Bolivia, Argentina, Brasil y Paraguay. Con la empresa Carnes Pampeanas se posicionó como un importante exportador de carne, como ya se informó en otra publicación . Para el año 2010 Esztain ya controlaba más de 500.000 hectáreas.

El negocio inmobiliario

La empresa constructora IRSA tiene diversos negocios inmobiliarios, uno de ellos es particularmente resistido por diversos sectores de la población: la construcción de torres y un centro comercial en el barrio porteño de Caballito llamado Ciudad Palmera (que se sumaría a la enunciada larga lista de centros comerciales de Alto Palermo S.A.). Hace 20 años  se inició este negocio en terrenos que pertenecían al club Ferrocarril Oeste y en función del impacto ambiental que generará este proyecto, hubo diversas demandas judiciales de ONG´s y de vecinas y vecinos que lograron que el emprendimiento se frene.  No obstante, a pesar de esto, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó una nueva zonificación y la construcción ya se inició.

En el barrio porteño de Palermo existe una situación similar, donde el proyecto Palmeras Cañitas se ha topado con objeciones dado el impacto ambiental, y encontrándose actualmente judicializada su construcción.

El negocio bancario

La construcción no es el único negocio de IRSA. Elsztain adquirió el Banco Hipotecario en el año 1997. Este banco tiene entre sus ingresos, el negocio de los préstamos de la línea PROCREAR. Por decisión de los diferentes gobiernos argentinos, es el único banco que puede otorgarlos. Recientemente, hubo intentos para ampliar la cartera de bancos por el sobre costo que conlleva para las personas que acceden a su primera vivienda una línea de crédito monopolizada, no obstante esta diversificación fracasó. El banco de Ezlstain continúa siendo, al día de hoy, el único prestamista oficial del programa del Estado para créditos a la vivienda. Esto a pesar de un déficit habitacional, según diferentes estimaciones, de más de 3 millones de hogares.

En la próxima publicación se detallarán los negocios de Elsztain en el sector minero, que generan repudio en las poblaciones locales.


[1] Alto Palermo, Abasto, Alto Avellaneda, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, Alto NOA, Buenos Aires Design, Alto Rosario, Mendoza Plaza, Córdoba Shopping – Villa Cabrera, Dot Baires Shopping, Soleil Factory y Patio Olmos.

 
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Hidrovía Paraná-Paraguay: la postergación eterna

Por Marcela González Marcos

El pasado 30 de abril, en un contexto actual de situación pandémica, y con la repentina muerte del ministro de transporte de la nación, Mario Meoni, venció la concesión del servicio de dragado, balizamiento, señalización y cobro de peajes de la Hidrovía Paraguay-Paraná, otorgada y administrada por la empresa belga Jan de Nul, desde los años 90, en la dura etapa neoliberal del menemato. Y se confirmó la prórroga por 90 días de dicha concesión, para avanzar en los pliegos de la nueva licitación.

Por aquellos fatídicos años 90, con el propósito de alentar obras para el desarrollo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el corredor fluvial, pasó a convertirse en el más importante de la región. Dando lugar a un elevado porcentaje de exportaciones agroindustriales (80%).

Pero no todo es tan bonito como parece, porque hablar de la hidrovía es hablar de contrabando, de fuga de capital, de lucha popular, soberanía alimentaria y pérdida de reservas naturales y ecosistemas, que se extienden a lo largo de sus 3400 km de longitud. Temas que siguen siendo ocultados, postergados y con poca importancia en la agenda política partidaria, pero reclamados por los movimientos campesinos y la lucha popular.

La reconocida y recién fallecida socióloga Alcira Argumedo, en una de sus últimas entrevistas, expresa nítidamente los tejes y manejes en los puertos a lo largo de la hidrovía. Argumentando que una de las principales causas de aumento de la pobreza en argentina, es el constante saqueo que viene sucediendo desde la última dictadura cívico-militar hasta ahora.

Bajo un modelo neoliberal imperante, los países de América latina siguen sosteniendo dicho modelo económico, acompañado de privatizaciones y saqueos de bienes comunes. Estamos hablando de la vía con mayores exportaciones agropecuarias, y minerales del Mercosur al mundo, pero que no son declarados en su totalidad. Por lo que gran parte de sus ingresos es a través del contrabando.

Tal es el caso del oro por ejemplo, proveniente de la Barrick Gold, que exporta por tierra y aire gran cantidad de este mineral que desde ya, no declara. Cereales que oportunamente salen por tierra del país, hacia Bolivia y Paraguay evitando puestos de control, al igual que sucede con el harto conocido tema de la pesca ilegal, en la caliente milla 200 hacia el sur.

Tema aparte y de gran importancia también en los últimos años son las denominadas “tierras raras”, que en pocas palabras son 17 minerales no conocidos, pero con extraordinarias propiedades, imprescindibles para la fabricación de tecnología avanzada, y material militar. Estos metales se encuentran principalmente en China, quien es el mayor exportador a nivel mundial, y del cual Estados Unidos depende en un 80% para la fabricación de su industria electrónica.

Pero el papel que juega aquí Argentina es sumamente estratégico, según declaró la ex diputada Argumedo en una de sus últimas investigaciones, geólogos de Tucumán analizaron barro de exportación de la polémica Minera La Alumbrera, quien declara 3 metales, pero de contrabando hay 22 más: son estas llamadas «tierras raras», que por cierto, son más valiosas que el oro. Y determinaron que el monto del contrabando de dichas tierras asciende a 8.267 millones de dólares.

Por último, y como dato no por ello menor, es lo que acontece con el tráfico de cocaína. En febrero se detectó en el puerto de Hamburgo (Alemania), un cargamento de 16 toneladas que iban en tarros de pintura, cuyo origen eran puertos de Argentina. Asimismo Alemania considera que Argentina es el principal emisor de cocaína a Europa de toda América Latina. Apuntaba también la socióloga.

A todo esto, hace pocos días asumió el ahora nuevo ministro de transporte, Alexis Guerrera, quien en una entrevista por un canal de tv, al preguntarle por el vencimiento y el dilema de la hidrovía, respondió que no era factible que el estado se hiciera cargo de la misma, porque Argentina no cuenta con ese presupuesto, así como tampoco con la tecnología necesaria, que sí poseen empresas extranjeras, como la belga en este caso. Y que no sería viable empezar de cero como empresa estatal en este contexto, ni con esta situación económica que atraviesa el país. Y recalcó que el tiempo de prórroga no alcanzaría para semejante decisión. Desestimando el tiempo que han tenido para analizarlo. Pero, y para aliviar tanta negatividad, intentando una especie de contentamiento, sostuvo que sí habrá una “recuperación” del rol estatal, que hoy no tiene en el manejo, como es el calado y señalización.

 Vale aquí reflexionar, por último, que este tipo de argumentos son un discurso repetitivo del modelo neoliberal, desprestigiando siempre lo público y estatal, como si lo extranjero y privado fuera superior sin lugar a dudas. Pero que, sin embargo, nos ha llevado a ser uno de los países con mayor desigualdad y vertiginoso aumento de la pobreza en los últimos 40 años. Y donde tampoco existe una consulta popular ni participación del pueblo al respecto.

Entonces, deberíamos reflexionar sobre estas cuestiones, qué sectores controla el estado, y cómo lo hace, porqué no ha habido mayores inversiones al respecto, qué participación tiene la población en la gestión de los recursos, así como el gobierno dar prioridad a temas de suma importancia, como lo es el contrabando, los alimentos, los bienes comunes, y la soberanía alimentaria. De lo contrario, seguiremos repitiendo modelos económicos que llevan a la pérdida, la pobreza, el hambre y el beneficio para unos pocos.

 
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Las empresas en EE.UU. de Mario Montoto, vendedor de armas en Argentina

Mario Montoto

Flor Niti y Guillermo Martinez

Días atrás, se anunció en el territorio denominado Argentina que las empresas que poseen cuentas en el extranjero no recibirían ayuda oficial del gobierno, esto por los problemas económicos generados por la pandemia. No obstante, esta medida no es llevada adelante en la selección de proveedores que realiza el Estado y particularmente en empresas para la adquisición de sistemas de control, vigilancia y máquinas de matar.

Luego de una intensa investigación de Virginia Bolten, se accedió en exclusiva a la información de las empresas en EE.UU. que posee Mario Montoto. Además de ser el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, Montoto es uno de los mayores vendedores de máquinas de matar y sistemas de vigilancia y control en Argentina. Con su empresa Surely participa del negocio de lugares de encierro. Esta empresa en Argentina tiene contratos con la mayoría de las provincias. A días de la finalización del mandato en la Provincia de Buenos Aires de Maria Eugenia Vidal, el 28 de octubre se publicó en el boletín oficial la contratación de Surely por un monto de $1.470.804.000 durante dos años, pero con la posibilidad que se extienda un tercer año con un incremento del 100% del presupuesto. Este contrato contempla el control de 2000 personas privadas de su libertad. La compra se realizó mediante el decreto 1344-GPBA-19.

Montoto tiene asociadas  tres empresas activas en EE.UU. una de ellas es Frank Carro LLC en la dirección 9100 S Dadeland Boulevard en Miami, Estado de Florida, la misma fue creada en el año 2010, en la misma Montoto se indica como el gerenciador.

Codesur USA, LLC, empresa creada en el año 2015, constituida en la dirección 355 de Alhambra Circle, también en Miami. Montoto nuevamente figura como el gerenciador. En Argentina este empresario posee la empresa CODESUR (Corporación para la Defensa del Sur) quien representa o se encuentra vinculada a empresas israelíes- Aeronautics, Azimut, Saymar, Metax y Soltam. Asimismo; CODESUR es la empresa que se encargó del mantenimiento del submarino ARA San Juan, hundido con 44 personas dentro sin aún conocerse las causas.

La tercera empresa con fines de lucro que posee Montoto es Loderdile II, CORP. Esta fue creada en el año 2004 en la dirección 9100 S Dadeland Boulevard en Miami. En esta empresa tiene participación su compañera, Claudia Spinelli quien figura como Vice Presidenta y Secretaria.

Montoto también es mencionado en la coordinación del control poblacional a partir del miedo, es uno de las personas que estuvo detrás de la ley anti terrorista en Argentina. Asimismo, otra de las formas de generar una subjetividad en la población sobre el temor a hechos punitivos es su participación en la propiedad de medios de comunicación donde regala miedo para vender seguridad.

 
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Fallo histórico: Spoltore v. Argentina, derechos laborales como derechos humanos

Victorio Spoltore


“Pertenezco a mi clase y a algunas ropas,
voy de blanco por las calles sucias.
Melancolías, mercaderías me acechan.
¿Debo seguir hasta la náusea?”
Carlos Drummond de Andrade
*

Por Vanessa Dourado

Victorio Spoltore llegó a Argentina a los 8 años de edad, viniendo de Italia con su familia al inicio del siglo XX, junto a tantos otros inmigrantes que huían de la Guerra. El pequeño Victorio empezó su vida laboral de niño; primero como lustrabotas y luego como sastre. Siempre manteniendo las costumbres de su país de origen, formó familia y desde que llegó al país siempre vivió en Munro.

En el año 1963 Spoltore empezó a trabajar en la fábrica de carpas y camperas Cacique Camping S.A., donde también trabajaba su esposa Rosalinda Campitelli. En esa época, la empresa todavía era un emprendimiento pequeño y familiar, pero de a poco fue conquistando más mercado a través de negocios con las Fuerzas Armadas y otras empresas para las que producían una gran variedad de productos.

A medida que crecía la empresa, Victorio vio su responsabilidad aumentar, llegando a ocupar el cargo de capataz. Con más carga de trabajo, el inmigrante italiano se dedicaba a la empresa con esmero y mucho orgullo. Su familia era casi una extensión de su lugar de trabajo, donde los hijos, Alejandro y Liliana, también solían frecuentar cuando eran chicos.

De izquierda a derecha: Rosalinda Campitelli, Liliana Spoltore, Victorio Spoltore y Alejandro Spoltore

Esta gran familia laboral de fuertes vínculos afectivos, sin embargo, empezó a romperse el 17 de mayo de 1984. Víctima de un infarto de miocardio mientras trabajaba, Victorio perdió 40% de su capacidad laboral y, a pesar de no estar completamente recuperado y aún en fase de rehabilitación, el trabajador fue presionado por sus jefes a retornar a sus actividades laborales antes de tiempo.

A pesar de la visible debilidad de Spoltore, lo obligaron a seguir con las mismas responsabilidades que desarrollaba antes del infarto. Hostigado para forzarlo a renunciar —ya que llevaba 24 años en este mismo trabajo y la empresa no quería pagarle una indemnización— y con una carga de trabajo incompatible con su frágil condición de salud, seis meses después Victorio sufrió un segundo infarto mientras trabajaba, quedando con una incapacidad del 70%.

Tras los dos episodios coronarios, se agregó, además, un cuadro de depresión que acompañó a Spoltore hasta sus últimos días de vida. Dolido por el tratamiento que recibió de la que pensaba era su familia laboral y sin poder trabajar por la enfermedad, Victorio no logró volver a su estado de ánimo habitual.

Al acceder a la justicia para reclamar una indemnización por enfermedad profesional, ya que entendió que había tenido sus derechos laborales violados cuando la empresa lo forzó a trabajar sin que estuviera en condiciones para hacerlo, agravando su estado de salud, la Justicia tardó 12 años para tramitar el proceso.

No comprendiendo la razón de la demora por parte de las autoridades judiciales, Spoltore inició un proceso disciplinario para investigar las autoridades judiciales sobre esta demora. Tras el rechazo de sus recursos que dio por terminado el asunto, Victorio inició una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante 20 años, Spoltore envió 12 cartas a la Comisión Interamericana, con sede en Washington DC, que le dictaba a su hija Liliana para que las pasara primero a máquina y luego a la computadora y enviaba por correo y luego por mail, entendiendo que en Argentina le habían violado sus derechos como persona. Victorio falleció sin ver el resultado de sus demandas.

El 28 de agosto pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez en la historia, condenó a un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la violación al derecho a la salud en el ámbito laboral. Argentina fue responsabilizada por violar los derechos laborales de Victorio Spoltore.

El resultado logrado, fruto de la insaciable sed de justicia de Victorio, luego continuada por su familia y acompañada por el Colectivo de Derechos Humanos Yopoi, compuesto por los abogados Gabriel Fernando Bicinskas, Marcos Ezequiel Filardi y Juan Pablo Vismara, hicieron que la Corte Interamericana se consolide como un foro para hacer valer como derechos humanos los derechos laborales.

De izquierda a derecha: Gabriel Fernando Bicinskas, Liliana Spoltore y Marcos FIlardi

Según el abogado Marcos Filardi —quien afirma que el caso Spoltore es testigo de una situación estructural que siempre juega en perjuicio de las y los trabajadores— este es un precedente para que todos los tribunales laborales del país le impriman especial celeridad a las demandas por enfermedad profesional, porque caso contrario puede el Estado argentino verse expuesto a responder en instancia internacional por la violación a la garantía del plazo razonable.

*Fragmento del poema “La flor y la náusea”, Carlos Drummond de Andrade, Brasil (1945)

 
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La empresa detrás del negocio de lugares de encierro de personas en Argentina

German Romano

El punitivismo tiene consecuencias directas contra las personas privadas de su libertad y sus familias. En este territorio, como informamos previamente, se viene incrementando en forma acelerada la cantidad de personas en lugares de encierro. Regalan miedo para vender seguridad y hay varias empresas que se benefician del padecimiento de este sistema punitivo, utilizando medios de comunicación hegemónicos para generar una opinión pública que apoye más cárceles y más encierro.

Entre quienes ganan dinero con el encierro se destaca un empresario, Mario Montoto, quien tiene una red de empresas que vende máquinas de matar y sistemas de vigilancia y control. Desde su rol como Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, se vincula con empresas denunciadas por sostener el régimen de Apartheid israelí contra el pueblo palestino, comercializando sus productos en la región. Montoto tiene una columna semanal de su editorial DEF en Infobae, periódico que se caracteriza por el temor que insufla en las personas con sus notas. Este empresario inclusive está asociado a la legislación de la ley antiterrorista en el territorio denominado Argentina.

Montoto fundó hace, más de 25 años, la empresa Surely S.A. con la cual es uno de los principales proveedores de sistemas de control y vigilancia para lugares de encierro en la región. Los productos que comercializa son pulseras electrónicas, tobilleras con GPS y botones antipánico. Surely S.A. ha realizado 144 importaciones al territorio sudamericano. De las cuales 79 corresponden a la sede uruguaya de la empresa en Carrasco, en este caso, todas las compras fueron realizadas a empresas de Israel según informes comercial de la consultora SEAIR.

En el caso del territorio denominado Argentina, gracias a la consulta de documentos de la consultora Veritrade, en los últimos 5 años Surely S.A. importó un valor próximo a los U$S5 millones, representando Israel un 97% del origen de las compras. Las compras de máquinas de matar y sistemas de control se incrementaron notablemente durante el gobierno de la alianza CAMBIEMOS, para dar cuenta de esto, en el año 2016 fue el record de importación de la empresa Surely con un valor de U$S3 millones. El 25 de noviembre de 2019, a días de la finalización del mandato del gobierno macrista, se le concedió a Surely S.A. un contrato por casi $4300 millones ($4.298.280.000), según la licitación pública 01/19 por una duración de dos años.

La empresa Surely en Argentina tiene contratos con la mayoría de las provincias. Para dar magnitud de las contrataciones, también a días de la finalización del mandato en la Provincia de Buenos Aires de Maria Eugenia Vidal, el 28 de octubre se publicó en el boletín oficial la contratación de Surely por un monto de $1.470.804.000 durante dos años, pero con la posibilidad que se extienda un tercer año con un incremento del 100% del presupuesto. Este contrato contempla el control de 2000 personas privadas de su libertad. La compra se realizó mediante el decreto 1344-GPBA-19.

En este territorio durante la actual gestión de Horacio Rodriguez Larreta, en la Ciudad de Buenos Aires, también han realizado importantes compras a Surely, en mayo de 2019, mediante la licitación pública N° 2900-1379-LPU18 se adjudicaron sistemas de control por U$S 1.476.000. Fue en esta ciudad donde se realizó la prueba piloto en junio de 2015, durante la gestión de Macri, que dio inicio a este tipo de vigilancia de personas. Surely también tiene importantes contratos en Uruguay. La metodología es similar que en Argentina, se inicia un contrato y en forma posterior el mismo es renovado como la licitación pública 12 del año 2012 por un monto de más de U$S600 mil dólares.

 
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Alberto Fernandez: “No estoy contento por crear cárceles, estoy conforme”

German Romano

Durante una actividad pública donde inauguró 364 nuevos espacios en las cárceles de Florencio Varela, Magdalena y San Martín, Alberto Fernandez anunció la realización de 2 mil plazas de encierro en los próximos meses.

En una actividad similar en mayo, Fernandez  expresó sin dejar dudas su posición respecto de los lugares de encierro, “La pena es la lógica consecuencia del delito. Quien delinque merece una pena, es el modo que tiene la sociedad para recomponer el orden que se altera ante el delito”, continuó también de modo contundente “Necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada”.

Estas declaraciones se dieron en el marco de una aceleración en los últimos años de personas privadas de su libertad en el territorio denominado Argentina. Entre los años 1997 a 2015 se incrementó en un 145% las personas en lugares legales de encierro. Entre los años 2008 a 2016 el crecimiento anual fuel 3% pero a partir del año 2017 el aumento ha sido superior al 10% anual.

En la actualidad en este territorio hay más de 100.000 personas encerradas teniendo en cuenta el sistema punitivo federal, provincial y comisarias. Según el último informe del servicio penitenciario, en el año 2018 murieron en condición de encierro 266 personas, en un contexto de hacinamiento, en deplorables medidas de higiene y sin que se brinden cuidados a la salud; algo que se profundizó durante la actual pandemia.

Respecto de las persecución del sistema punitivo, en su mayoría las personas encerradas tienen menos de 30 años y en los últimos años el segundo lugar  de frecuencia de causas son vinculadas a drogas no legales. Es decir, el Estado que penaliza drogas no persigue a grupos narcos sino a jóvenes que luego condena en promedio a seis años en lugares de encierro.  Asimismo, según las estadísticas oficiales, el 43% no tenía trabajo al momento de la detención y el 39% trabajaba de forma precaria.

A pesar de esta situación y según las declaraciones y la línea del actual gobierno, es de esperar que se agudice el punitivismo en un momento de crisis social frente a la extrema situación que lleva la pandemia de la COVID19.

En el mundo hay más de 11 millones de personas privadas de su libertad, con un incremento del 30% en los últimos 30 años. Esto es una industria que la sociedad aún no se plantea como solucionar, lo que mantiene vigente el abolicionismo penal.

En una próxima entrega, hablaremos sobre los empresarios detrás del negocio del encierro de personas en Argentina y Uruguay. Siendo el mayor beneficiado, Mario Montoto quien es uno de los mayores vendedores de máquinas de matar en este territorio y Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. Un dato para dar cuenta de esto, solo por los sistemas de control electrónico de tobilleras y pulseras, el gobierno argentino le abona a su empresa Surely S.A. 45 millones de pesos mensuales.

 
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Banco israelí Hapoalim facilita la fuga de dinero de empresas de Argentina

Flor Niti y Guillermo Martinez

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) presentó un informe sobre las empresas que operan en territorios palestinos ocupados. Hay varias empresas que operan a nivel global como es el caso de las empresas ligadas al sector del turismo como Airbnb, Expedia y Tripadvisor, pero también hay una fuerte presencia del sector bancario.

El Banco israelí Hapoalim es una de las entidades denunciadas por la ONU. Es el mayor banco israelí, tiene cajeros y financia la construcción de asentamientos en territorios palestinos ocupados.

Hapoalim está asociado a varias causas de corrupción y lavado de dinero a nivel global. En abril de este año, llegó a un acuerdo en EE.UU. donde debe abonar U$S900 millones para que retiren las denuncias por lavado de dinero, tras ocultar más de U$S7000 millones en cuentas secretas en Israel y Suiza. Este banco también acordó abonar U$S30 millones por haber sido parte del pago de sobornos en  la causa llamada FIFAgate.

En la denunciada e investigación desarrollada en EE.UU., el Banco Hapoalim conspiró con ejecutivos de la empresa Full Group S.A. (Full Play) quien se encargó de varias transmisiones del torneo de fútbol masculino llamado Copa América. La asociación del banco y la empresa de medios sirvió para lavar más de U$S20 millones en pagos de sobornos. Entre los clientes de Hapoalim se encuentra Luis Bedoya, ex presidente de la Federación Colombiana de Futbol y Hugo y Mariano Jinkis de Full Play.

En Argentina también ha operado para evadir impuestos. El Consorcio internacional de Periodistas de Investigación difundió la información de cuentas offshore en diversos territorios conocidos como los Panamá Papers y Paradise Papers. En Argentina hay más de 1 200 personas vinculadas a cuentas no declaradas utilizadas para lavar dinero y no pagar impuestos, entre ellas se encontraba el ex presidente Mauricio Macri. Varias de estas cuentas están asociadas al Banco Hapoalim como es el caso de Romina Grosskopf quien pertenece a la familia del Grupo Chateau, esta empresa hizo la construcción de los shoppings Abasto y Alto Palermo controlados por Eduardo Elzstain quien tiene la mayor empresa israelí, IDBD Holding, operando en territorios palestinos ocupados y también denunciada por la ONU.

En el territorio denominado Argentina, Hapoalim fue también conocido ya que el ex fiscal Nisman tenía una cuenta con U$S 200.000 en la sede uruguaya del banco, dinero no declarado en Argentina.

El Boicot Global a Hapoalim

Hapoalim ha tenido varios perjuicios económicos a partir del sostenimiento de la ocupación y el régimen de apartheid contra el pueblo palestino. En el año 2014 el banco más grande de Dinamarca, el Banco Danés, lo incluyó en una lista de empresas vetadas a realizar negocios por financiar la construcción de asentamientos. Ese mismo año el fondo de pensión más importante de Países Bajos, PGGM, decidió retirar todas las inversiones en bancos israelíes que operan en territorios ocupados, Hapoalim fue uno de ellos.

Recientemente, en el año 2018, el banco más grande de Alemania, Deutsche Bank, señaló a Hapoalim como una inversión moralmente dudosa incluyendo al banco en una lista de empresas de cuestionable ética.

 
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Las extremas derechas se preparan para la elecciones del 2023 en Argentina

Twitter Sergio Berni

German Romano

Mientras se incrementan las consecuencias de la pandemia, evitable al igual que el cambio climático, las derechas hacen una utilización política de esta lamentable situación.

En el caso del territorio denominado Argentina hay dos personalidades políticas que vienen haciendo declaraciones extremas para posicionarse partidariamente. Estas dos personas representan las voces alineadas con Mario Montoto, Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí.

Argentina, durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, tenía un embargo militar de compras de armas por violación a los DD.HH. no obstante Israel fue quien proveyó armas para el aparato represivo del Estado. En el retorno de esta democracia, había un consenso implícito entre los partidos políticos de mayor representación de no comprar armas a Israel. Esto fue así hasta los últimos 15 años. El tiempo y la oportunidad partidaria lamentablemente olvida los hechos.

Sergio Berni es el actual Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Durante su gestión a nivel nacional se incrementaron las compras de sistemas de vigilancia y control israelíes. Participó en varias actividades junto a quien fue Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y amigo de Montoto, Daniel Scioli, donde se promocionaron máquinas de matar israelíes.

Patricia Bullrich, fue Ministra de Seguridad durante el gobierno de la Alianza CAMBIEMOS. La militarización durante su gestión se incrementó sustancialmente, mayoritariamente con las compras de máquinas de matar y sistemas de control israelíes y estadounidenses. Su compañero sexo-afectivo, Guillermo Yanco, ha sido uno de los beneficiados como representante de empresas de seguridad de estas compras por parte del gobierno argentino.

Covid-19: el aliado silencioso de las extremas derechas

Bullrich como opositora, sin cargo ejecutivo, es quien enarbola las críticas más duras sobre la actuación del gobierno nacional y porteño respecto de la cuarentena, teniendo constantemente críticas a las medidas de prevención ponderando la situación economía. Tiene un no menor 15% de apoyo de la sociedad Argentina como líder de la oposición. No obstante, otros sectores de la oposición y con responsabilidades de gobernabilidad como es el caso de Horacio Rodriguez Larreta, intentan mostrar formas menos extremas a pesar que también apelan al militarismo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha equipado patrulleros con la excusa de la pandemia con cámaras de control de 360° de filmación durante la cuarentena.

En el caso de Berni, con su histórica reivindicación a la utilización de las fuerzas represivas del Estado, es quien dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires lidera el sector más próximo a las extremas derechas; sobre el manejo de esta situación por parte de algunas personas del gobierno expresó: “Lo que le pasa a la gente en la calle no es lo mismo que se siente a veces en algunas oficinas donde se toman definiciones”. 

Bullrich y Berni se encuentran en campaña presidencial para el 2023, hablan habitualmente sobre esto mientras se prueban el traje de candidatas. Se miran en el espejo de los triunfos de las extremas derechas en la región teniendo a Jair Bolsonaro de Brasil como el máximo exponente. Resta por ver si habrá un mayor corrimiento a las derechas en las elecciones por parte de la población de este territorio.

Berni viene realizando actividades políticas de amplia repercusión en los medios de comunicación. El 9 de julio, fecha de celebración de la Independencia, fue quien encabezó el acto en territorio bonaerense. Como es costumbre en él, enalteció las fuerzas represivas del Estado; en la actividad expresó: “Un policía de esta Provincia no puede conocer lo que es la indiferencia, solamente tiene que conocer la gloria”.

 
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Alberto Fernandez visitó frigorífico de empresario que opera en territorios palestinos ocupados

Flor Niti y Guillermo Martínez

Días atrás Alberto Fernandez visitó la provincia de La Pampa, donde recorrió el frigorífico Carnes Pampeanas  controlado por CRESUD, del cual es presidente el empresario Eduardo Elsztain. Uno de los mayores productores de carne en Argentina, a inicios del 2010 controlaba 17 campos, con total de 450.000 hectáreas propias y otras 53.000 rentadas.

Eduardo Elsztain es un empresario argentino que posee diversas empresas a nivel global. Su experiencia se inició en la empresa familiar dedicada a la  construcción, IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima). La misma en la actualidad, es la mayor corporación inmobiliaria del país. Elsztain asimismo por medio de CRESUD S.A. posee varios centros comerciales de Argentina; Alto Palermo, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Rosario, DOT Baires Shopping, Paseo Alcorta y Patio Bullrich entre otros. Algunas operaciones comerciales de Elsztain, durante las gestiones del menemismo y del macrismo, en la Ciudad de Buenos Aires han estado bajo sospecha de corrupción.

En el año 2013, IRSA adquirió el 81% de la corporación israelí IDBD Holding, empresa que representa el 5% de la economía israelí en función del aporte de diversos rubros que la componen.

IDBD Holding es quien controla la red de supermercados Shufersal. Esta empresa se encuentra dentro del listado, recientemente publicado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), de compañías que operan en territorios palestinos ocupados. Esto es considerado ilegal según la legislación internacional.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en marzo de 2016 la resolución 31/36 que establece la realización de una compilación de empresas que operan en territorios palestinos ocupados. En diciembre de 2017 el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos envió cartas a 150 empresas que operan en Jerusalén Este y Cisjordania, solicitando información sobre sus actuaciones. Ante el silencio como respuesta de las empresas, Michelle Bachelet, Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, decidió hacer público el listado.

Incremento de los vínculos comerciales con Israel

Alberto Fernandez tiene un intenso vínculo con el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien se encuentra denunciado en el territorio denominado Argentina por Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad. Fernandez tuvo un encuentro con Netanyahu en su primera visita al exterior y tuvieron en la última semana una conversación telefónica. Según lo expresado por la Cancillería argentina, Netanyahu le expresó su apoyo contra el COVID-19 y ambos se comprometieron a incrementar el intercambio comercial. Fernandez no realizó mención alguna al régimen de Apartheid contra el pueblo palestino y las nuevas anexiones de territorios que realizará Israel.

En este contexto, no es menor la fecha de la visita de Fernandez al frigorífico pampeano.  La primera semana de junio se autorizó un vuelo desde Israel operado por la empresa aérea Al Israel Airlines. Arribaron al aeropuerto de Ezeiza, varios auditores para certificar empresas productoras de carne kosher para exportar a Israel. Recordemos que los vuelos comerciales están prohibidos hasta el 1 de septiembre a causa de la pandemia del COVID-19.

 
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Pueblo organizado derrota a multinacional y salvaguarda semillas y biodiversidad

Gerardo Segovia*

El siguiente es el relato de como el pueblo organizado en Misiones, provincia de Argentina, derrotó al gobierno provincial y a la multinacional Syngenta, quienes intentaron hacer un convenio para contaminar con semillas transgénicas a su territorio.

Un 5 de Junio diferente…

Desde muy temprano las organizaciones campesinas de Misiones y el país festejaban, por comunicación virtual en este tiempo de cuarentena obligatoria, la decisión del gobierno nacional de reincorporar parte de las compañeras y compañeros de la SAF (Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación), despedidos injusta e ilegítimamente en la era Macri; la organización de Productores Independientes de Piray preparaba los festejos de 7 años de la aprobación de la Ley Provincial XXIV Nº 11, conquista histórica que permitió expropiar a la multinacional Alto Parana, hoy ARAUCO, 600 hectareas. Otros sectores invitaban a charlas virtuales como por ejemplo “La agricultura Familiar en el marco del Plan Argentina contra el hambre”, organizadas por el Ministerio de Agricultura. De repente, una noticia irrumpió cortando toda posibilidad de festejo o conmemoración del Día del Ambiente, como se había planificado.

La noticia que recorrió todas las redes fue: “Syngenta colabora con la producción de alimentos y promueve la biodiversidad en Misiones”, publicada, en la página web de la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar de la provincia. La información rápidamente se compartió y generó en primer lugar indignación ante la inexplicable, polémica e inconsulta decisión. En la Capital Nacional de la Biodiversidad, una corporación multinacional que concentra y controla las semillas en el mundo y su paquete tecnológico anunciaba la donación de semillas y capacitación a la provincia de Misiones.

Hagamos urgente un comunicado de rechazo”, compartían algunos, “totalmente, esto no puede ser”, decían otros. “Este regalo guaú (palabra en guaraní que significa de mentira, engañosa) es bomba de muerte para la biodiversidad y para el pueblo misiones”. “Primero Maizar y ahora Syngenta”. “La verdad es que esto es lamentable. Si, debemos hacer algo como Foro Agrario de Misiones. Siempre quisieron terminar con nosotros los campesinos, es la política de siempre”. Fueron Varias expresiones compartidas entre los agricultores de la provincia. “No sea cosa que los productores podamos abastecer de semillas a los propios productores.” “Ya nos usaron el año pasado y engañaron con el desembarco del Plan maldito de Maizar. Quemaron y talaron montes nativos y se plantaron cientos de hectáreas de maíz transgénico y ahora los productores que plantaron quedaron con las promesas de venta a Brasil y Paraguay. El maíz salió regular o mal pero ahora nadie da la cara y lo peor fue que nos hicieron pelear entre los agricultores de la colonia Eso fue una gran mentira una estafa. Esta vez no nos van a mentir más y nos organizaremos para decir que no”.

6 de junio, la resistencia organizada y esperanzada

La propuesta acordada fue que cada organización nucleada en el Foro Agrario y de otros sectores realizara una comunicación de repudio y rechazo al convenio y se diera un tiempo para la elaboración de un documento conjunto.

En la mañana, empezaron a salir los comunicados. Uno de ellos decía: “Alianzas que demuestran conveniencias, complicidades e incapacidades”.

Más allá de los comunicados

A medida que pasaban las horas, el ambiente era parecido a una caldera. Cada organización armando comunicados, flyer de repudio, otras personas comunicándose con funcionarios. “Nos parece que con los comunicados nos vamos quedar cortos”, expresaba una organización. Decían que se reunían el martes pero que no había nada firmado. Por eso debíamos presionar con todo para que no se firmara, por eso había que enviar el comunicado a todos los medios de comunicación de la provincia y del país. Cada organización debe hacer su difusión con lo que se tenga a disposición.

Mientras crecía la comunicación entre todas las organizaciones y movimientos, más se iba redondeando la propuesta y aparecía más información sobre la historia de Syngenta.

El rol de las corporaciones en tiempo de confinamiento de Pandemia

Una compañera reflexiona y comparte lo siguiente: “Las multinacionales aprovechan la pandemia del COVID-19 para convencer a las personas de obtener producciones rápidas, con esta agricultura verde (engañosa) que ellos instalan, con la alianza con los gobiernos, fomenta el paquete tecnológico con agrotóxicos. Esto es un plan vil y aprovechan el contexto para hacerlo, ya que no podemos salir a manifestarnos en las plazas y rutas. Pero nosotros tenemos que demostrar que no nos vamos a quedar callados o quietos porque los que nos quieren dar las semillas y colaborar con la biodiversidad vienen de sembrar soja transgénica en la zona de amortiguamiento del Parque Iguazú y matar a sangre fría a productores”.

18.00 hs

Hace su aparición el comunicado consensuado por el Foro Agrario y otras organizaciones sociales y ambientales, el que puedes consultar acá.

“NO al convenio entre el gobierno de Misiones y Syngenta en la Capital Nacional de la Biodiversidad. Mantener durante miles de años la biodiversidad silvestre y cultivada ha sido uno de los factores que permitió a los agricultoras/es de todo el mundo y de Misiones asegurar sustentabilidad ambiental, su independencia productiva y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de sus comunidades.”

El comunicado acordado por todas las organizaciones y compartido a todos los medios fue un envión de alegría y fortaleza para seguir pensando otras acciones más directas. Se realizó una plataforma para firmar la petición y en pocas horas recibimos miles de adhesiones de toda la provincia, el país y de otros países de Latinoamérica.

Se realizaron comunicados del Foro Agrario de Misiones, de a Red de Agricultura Orgánica de Misiones RAOM, de las Semillas Autoconvocadas de Montecarlo, Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera, Movimiento Nacional de Salud LAICRIMPO, Movimiento Agrario de Misiones, Asociación de Trabajadores del Estado ATE (CTA-A), de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del Movimiento Nacional Campesina Indígena (MNCI), Oberá Agroecológica, Frente Nacional Campesino (FNC) , Movimiento agroecológico de America Latina (MAELA) entre otros.

Luego surgió la propuesta de realizar otra actividad que uniera la lucha en toda la provincia: Debemos pensar una acción como Provincia. Frenar el convenio es el Objetivo.

7 de junio

Y la resistencia organizada siguió el camino hacia acciones directas de lucha, así fue que se propuso que cada organización de productores salga de su chacra y que las organizaciones salgan de sus casas para el martes 09 de junio, día de reunión del gobierno provincial con Syngenta. Así es que las organizaciones de productores confirmaron que saldrían de distintos lugares de la provincia por las rutas Nacional 12 y 14 con sus pancartas y sus semillas nativas y criollas en las manos, demostrando que hay muchas semillas en manos de sus verdaderos dueños: los agricultores.

La convocatoria central fue propuesta para ser realizada en Posadas, capital de la Provincia en la plaza 9 de Julio, frente a la casa de gobierno, a las 9 de la mañana.

8 de junio

Marcha atrás con el convenio

Mientras seguían las muestras de apoyo a la movilización en todo el territorio Misionero, se fortalecía la convocatoria central a la plaza 9 de Julio; entonces recibimos a las 13:30 la comunicación oficial del gobierno donde, a través de la nota firmada por la Ministra de Agricultura familiar Marta Ferreira, expresaba lo siguiente : “Se desea llevar tranquilidad a toda la comunidad Misionera, señalando que recibió instrucciones precisas del Gobernador Herrera Ahuad de no avalar nada que atente sobre la Soberanía Alimentaria”. “Todo material genético deberá estar avalado por Biofábrica Misiones S.A. por lo mismo vale aclarar que la propuesta con Syngenta queda sin efecto”, afirmó la Funcionaria.

Los diferentes medios de comunicación de la Provincia referían: “Herrera Ahuad frena acuerdo por semillas con Syngenta”.

Festejo de las victorias del pueblo organizado

Logramos que no se firme el acuerdo con Syngenta. Hay que festejar las pequeñas y grandes victorias de los Pueblos en sus luchas por defender la Biodiversidad; está es una de ellas. Agradecemos a las organizaciones y a todas las personas del país y de América Latina, nuestra Abya Yala, que nos apoyaron. INSTAMOS a todas y todos a seguir ALERTA en pos de construir mundos que defiendan a la vida, con semillas nativas y criollas en manos de las agricultoras/es, hacia la soberanía alimentaria y la libertad de los pueblos.

Globo de ensayo en la Provincia de Misiones

Creemos importante compartir nuestras experiencias de unidad en la lucha entre las diversas organizaciones del campo y la ciudad de Misiones, para defender la ya amenazada y saqueada biodiversidad.

Alertamos a todas las organizaciones del país para que estén atentas, que estén alertas porque en este tiempo histórico de pandemia provocada por el Modelo Neoliberal, de esta misma pertenencia, vienen otra vez los espejitos de colores pintados de verde a prometer combatir el hambre con propuestas que ya fracasaron como la famosa Revolución Verde, que dejó como resultado la concentración de la tierra en pocas manos, envenenó nuestras tierras, agua y aire, eliminando la biodiversidad y expulsando a las comunidades campesinas e indígenas a las barriadas urbanas pobres; “Barrios Populares“ de las grandes capitales de provincias que hoy son los que están siendo discriminados nuevamente y poniendo la mayor parte de los muertos por el COVID-19.

*Gerardo Segovia es integrante de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones RAOM , el Movimiento Agroecológico de América Latina MAELA, Movimiento Nacional de la Salud LAICRIMPO y el Foro Agrario Misionero

 
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Mario Montoto, Marteau y Federeci, los nombres detrás de la coordinación del control poblacional a partir del miedo: la elaboración de la Ley Antiterrorista

Montoto Marteau en conferencia

Flor Niti  y Guillermo Martinez 

Como ya hemos publicado en diversas notas en Virginia Bolten, Mario Montoto, quien es Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, tiene participación en muchas empresas que venden sistemas de control y monitoreo para lugares de encierro, cámaras de vigilancia, software de espionaje y diversas máquinas de matar. Asimismo, es Presidente de la Fundación TAEDA y la Editorial DEF, desde donde intenta cambiar la percepción y consecuencias negativas de los productos que vende.

Las ventas las realiza a partir de los vínculos políticos que ha tejido tempranamente en su juventud y que ha podido incrementar a partir de su rol institucional. Los picos de comercialización de los productos represivos israelíes vendidos por Montoto, llegarían durante el gobierno de Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en el territorio denominado Argentina de la mano de la Alianza CAMBIEMOS con Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad.

Montoto por medio de la Fundación TAEDA tiene un importante vínculo con Juan Félix Marteau, quien es presidente de la Fundación FININT (Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera). Ambas organizaciones realizan actividades en forma conjunta y crearon una organización: Hemisphere Security Network, que como explica FININT en su página web “es una iniciativa de las fundaciones FININT y TAEDA que tiene por objeto reunir expertos capaces de analizar y comprender los riesgos que afectan el orden, la paz y la prosperidad de los países del hemisferio occidental”. Su campo de acción lo establecieron para combatir “narcotráfico, tráfico y trata de personas, contrabando y comercio ilícito…lavado de activos y financiación del terrorismo… (y)…Ciberseguridad y ciberterrorismo”.

Marteau insufla miedo y Montoto te vende seguridad

Juan Marteau fue quien elaboró el “Proyecto de Ley sobre Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo”, es decir, la primera Ley Antiterrorista en el territorio denominado Argentina. Tuvo un cargo durante el gobierno de Nestor Kirchner dentro del programa  contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo hasta los primeros meses de la asunción de Cristina Fernandez. A partir de esto comenzó una aproximación con la oposición, inclusive fue mencionado en el  cable 1257 de la embajada de EE.UU. difundido por Wikileaks,  donde se lo nombra como informante junto a Mariano Federici, asesor de FININT.

Federici fue Presidente de la UIF (Unidad de Información Financiera) durante la gestión de la alianza CAMBIEMOS. El detalle de su experiencia aún es posible por medio del CV publicado en páginas oficiales del gobierno. Allí se detalla toda su participación en diferentes organismos como el FMI (Fondo Monetario Internacional) o países en prevención de delitos financieros. El lugar de Marteau en el gobierno de Mauricio Macri fue el de Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

FININT y FAEDA realizan actividades donde las personas y organizaciones que participan no tienen mucha variación y siempre son ligadas a sectores relacionados con el comercio de la seguridad, un ejemplo es Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad del gobierno de Macri y representante del sector más extremo de las derechas. Las actividades no se circunscriben solo a este territorio, en el año 2019 realizaron una actividad donde participó Farah Urrutia, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, quien brindó su visión sobre los desafíos institucionales frente al crimen organizado y la financiación del terrorismo.

 
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Pueblos indígenas repudian la declaración del Ministro de Seguridad

El día 10 de abril el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Alejandro Berni, habló en una entrevista sobre la represión hacia las personas trabajadoras del frigorífico Penta, en Quilmes. Al explicar que la función de la policía es reprimir, completó diciendo que la represión debe ser ejercida con “técnica” y que los policías no eran “indios salvajes”. Tras las palabras racistas del Ministro, los pueblos originarios hacen pública su declaración de repudio.

Pronunciamiento del Parlamento de Pueblos Originarios en Argentina

En nombre del Parlamento de Pueblos Originarios, coordinación de organizaciones y comunidades de Pueblos Originarios a lo largo y ancho del país, manifestamos nuestra preocupación y disconformidad ante los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad de Quilmes.

Hemos escuchado y leído las manifestaciones del Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni, en relación a la represión desatada en contra de los compañeros trabajadores del Frigorífico Penta. Al respecto:

– Expresamos nuestro apoyo y acompañamiento a los trabajadores y su justo reclamo.
– Rechazamos abiertamente la irracional represión que padecieron mientras manifestaban exigiendo el pago de sus salarios.
– Repudiamos con firmeza las expresiones racistas y retrógradas emitidas por el Ministro de Seguridad.

En declaraciones a un programa radial, Sergio Berni manifestó que “La función de la policía cuando hay un delito es reprimir, pero todo tiene una técnica, no somos indios salvajes”.

Estas declaraciones causan profunda tristeza e indignación; aún más viniendo de un alto funcionario del gobierno. Sergio Berni utiliza desgraciadamente una frase tan peyorativa como violenta, adscribiendo a su vez al perimido concepto racista, eurocentrista y colonizante de “indio” como raza o cultura inferior.

Las palabras crean sentido, y la utilización “ligera” de frases como “La función de la policía cuando hay un delito es reprimir”, nos convoca a repensar cada día el rol de las fuerzas de seguridad en democracia en el marco de una conflictividad social cada vez más compleja. Berni utiliza sesgadamente la noción de represión. Si bien es una de las atribuciones policiales, el Código de Procedimientos establece también deberes. Para el Ministro el error es el cómo reprimieron, no que hayan reprimido.

Después de muchos años de lucha en el ámbito nacional e internacional, los Pueblos Originarios de este continente hemos logrado que se reconozcan nuestros derechos ancestrales. Estos derechos se encuentran plasmados en la Constitución de argentina, en leyes y convenios internacionales de los cuales el estado argentino es signatario.

Es lamentable que un alto funcionario de un gobierno democrático, demuestre ignorancia y una clara manifestación racista; sobre todo en momentos en que todo el pueblo está luchando contra el Virus COVID 19. No solo nos preocupa el cómo podemos salir de esta Pandemia, sino también cómo podemos reconstruir una sociedad más justa y armoniosa con la Madre Naturaleza.

La penosa actitud del señor Berni no nos sorprende. En su paso por la gestión pública como Secretario de Seguridad durante los años 2012 y 2015 también nos dejó un discurso punitivo que apelaba a la profundización de la represión a la protesta social.

Por todo lo expuesto, solicitamos al Gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicilloff y al Presidente Alberto Fernández, que evalúen el pedido de cese inmediato en sus funciones al Ministro de Seguridad. Del mismo modo solicitamos que en el futuro se prevea que las personas elegidas para ocupar funciones públicas sean respetuosas de los derechos del pueblo; estén informadas sobre las distintas culturas que habitan esta tierra y conozcan los derechos que nos asisten como Pueblos Originarios.

Por último, instamos y hacemos un llamado a todo el pueblo argentino a manifestarse sobre estas actitudes racistas e ignorantes, y promovemos se comience a debatir sobre qué tipo de sociedad queremos dejar a las próximas generaciones.

BUENOS AIRES, VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020

PARLAMENTO DE PUEBLOS Y NACIONES ORIGINARIAS

 
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Covid-19: la cara del sistema

Pintura: Francisco de Goya, // Saturno devorando a su hijo, 1823

Vanessa Dourado

La pandemia que asola el mundo, y que empezó desde finales de 2019, ha dejado un rastro de desesperación, miedo, ansiedad, incertidumbre y dolor. Las emociones ya vividas en otros momentos históricos remiten a los períodos de las grandes guerras y de otras pandemias. Entretanto, no se puede dejar de mencionar que muchas situaciones extremas nunca dejaron de ocurrir: las guerras por el petróleo,  por el agua, contra los pobres, mujeres, comunidad LGBT; las ocupaciones colonialistas contemporáneas, las cárceles, el hambre, el terricidio,  el exterminio de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el, tal vez más dramático, cambio climático.

Desde hace un mes, los medios de comunicación —de todos los colores—, gobiernos e instituciones reportan segundo a segundo la evolución del COVID-19.  En un contexto en que hay que informarse sobre las medidas sanitarias y de seguridad y en que las sociedades están hiperconectadas, a pesar del distanciamiento social, hay poca oportunidad para pensar críticamente sobre todo lo que está ocurriendo. El bombardeo de noticias es mayor que la capacidad para metabolizarlas. Pensando en una sola dirección, y con el agregado del miedo —a morirse, a perder el empleo, a infectarse, a perder un familiar o persona amiga—, se construye un clima de terror. El sentimiento de impotencia genera parálisis y, en muchos casos, el pánico.

El individualismo, implantando por el capitalismo en su etapa neoliberal, se hace más visible en una lógica de “sálvese quien pueda” en la cual personas privilegiadas, encerradas en sus casas, critican y denuncian aquellas que no cuentan con otra opción más que salir a trabajar corriendo el riesgo de infectarse. Lo que también desnuda las falencias del Estado, que por seguir las lógicas del mercado y las reglas del libre comercio, gobierna para las empresas/corporaciones y no para el pueblo, además de permitir la depredación de los bienes comunes (conocidos comercialmente como recursos naturales). 

Completamente sin preparación para cuidar de sus ciudadanos y ciudadanas y con su sistema de servicios públicos destruido —en muchos casos por falta de recursos que son destinados a pagar deudas impagables e ilegitimas a organismos como el Fondo Monetario Internacional o por las privatizaciones—, al Estado no le queda otra sino usar medidas coercitivas, lo que da a las fuerzas represivas la legitimidad para desplegar violencia sobre los cuerpos de las villas/favelas —hecho que es un costumbre en tiempos sin pandemia—. Pero también da muestras de cómo funciona la comprensión de las personas trabajadoras de los sectores más precarizados. En Argentina, critican al gobierno por no dejarlas trabajar debido a la cuarentena obligatoria; en Brasil, apoyan a Bolsonaro que dice que la economía no puede parar, que el Coronavirus es una “gripecita” y que hay que ir a trabajar y llevar una vida normal.

Asimismo, poco se habla sobre las personas que están en lugares de encierro  y que son obligadas a compartir celda, normalmente sobrecargadas, con casos positivos del Coronavirus. Las condiciones de higiene en las penitenciarías latinoamericanas no permiten que las personas privadas de su libertad puedan ascender a lo mínimo recomendable por los órganos sanitarios: agua y jabón. En un contexto “normal”, estas personas son sistemáticamente torturadas, humilladas y asesinadas por los órganos y agentes de seguridad; la mayoría de ellas afrodescendientes y/o pobres.

Los pueblos indígenas se ven, una vez más, obligados a defenderse de las enfermedades que generan los humanos blancos. Sin embargo, sin acceso al sistema de salud de estos mismos blancos, están en situación de mayor vulnerabilidad. Las mujeres (todas ellas) se enfrentan con la intensificación de su carga de trabajo de reproducción social en un sistema y sociedad patriarcales que nunca hacen la pregunta “¿quién cuida de quien cuida?” —la pregunta también sirve para interpelar sobre las precarias condiciones de trabajo enfrentadas por los y las profesionales de la salud—.

Y si por un lado el Covid-19 deja ver las cómo funcionan las sociedades, por otro también desvela la cara y el cuerpo del Capital ya moribundo. El discurso y las acciones direccionadas a no congelar las actividades económicas cobran vidas y vienen acompañadas de  una perversa sugerencia de sacrificio de personas mayores para evitar un posible colapso económico “no podemos dejar que el remedio sea peor que la enfermedad”, declaró el presidente Donald Trump. También el vicegobernador de Texas, EE.UU. dejó el mensaje “volvamos a trabajar, a vivir, seamos inteligentes. Y los que tenemos más de 70 años, ya nos cuidaremos, pero no sacrifiques el país, no lo hagan, no sacrifiquen el gran sueño americano”.

El neoliberalismo, la lógica de que la sociedad no existe como tal y que lo individual no solo  debe estar por encima de lo comunitario sino que debe también destruirlo, esta puesto a prueba. Lo que no funcionó en Chile, que hoy tiene su pueblo de pie contra el gobierno de Sebastián Piñera y todo lo que significó estos 30 años de “capitalismo en serio” para la sociedad chilena, tampoco está funcionando en el resto del mundo.

La relación capital-vida es evidente y ahora no está solo en los círculos de lucha y resistencia. El momento abre una oportunidad para debatir otro modelo de sociedad, ya que los modelos de producción, consumo y acumulación están sobre la mesa. Otras enfermedades y  situaciones extremas vendrán en consecuencia del calentamiento global. El Coronavirus dejará las personas en estado de alerta. El rol del Estado y el cuidado del medioambiente serán temas centrales en el escenario pos-pandemia. Salir del lugar de organizar la resistencia para organizar la transición es urgente. Necesitamos un nuevo pacto social, económico y, sobre todo, ecológico.

 
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Sospechas de corrupción del gobierno de Tucumán en compras de armas a Israel

Guillermo Martinez

Días atrás, el legislador tucumano Jose Ascarete pidió información al gobierno de esta provincia por la compra de armas semiautomáticas Jericho, para las fuerzas represivas del Estado. La misiva solicita la cantidad  y calidad de armas adquirida y donde fueron  ensambladas.  Esta máquina de matar en la región latinoamericana es también operada en los territorios de Perú, Colombia y Chile.

La adquisición se realizó mediante compra directa por un decreto de necesidad y urgencia, el número 02/07 en diciembre de 2018, http://boletin.tucuman.gov.ar/aviso?nroboletin=29402&tipo=2&nroaviso=70081 por un monto próximo a los U$S8,5 millones y U$S700 mil dólares de impuestos. La firma adjudicada es Emprendimientos Grupo Patagónico S.R.L. de la Ciudad de Buenos Aires, quien representa en el territorio denominado Argentina a la empresa Israel Weapons Industry (IWI). El 28 de diciembre de ese mismo año se presentó una denuncia por un sobreprecio del 50% del valor del contrato, no obstante posteriormente la justicia desestimó la misma.

El vínculo entre la provincia de Tucumán e Israel ha tenido un fuerte incrementó desde la llegada de Juan Luis Manzur a la gobernación. En noviembre de 2018 realizó una visita a Israel con una importante comitiva provincial compuesta por el Diputado Nacional Pablo Yedlin, el Secretario de Relaciones Internacionales Jorge Neme, la Secretaria de Comunicación Pública Valeria Zapesochny, el Vicepresidente Primero de la Legislatura Antonio Ruíz Olivares y la legisladora Nancy Bulacio. Durante la visita a Israel se reunieron con el parlamentario israelí-argentino Haim Jelin del partido Yesh Atid, quien en 2014 se opuso al cese de los bombardeos contra la Franja de Gaza donde Israel asesinó a 2.200 personas en 51 días, entre ellas más de 550 niñas y niños. La relación con Jelin le permitió a la provincia de Tucumán realizar la primera exportación a Israel desde su aeropuerto local, enviando productos químicos. En junio de 2019 la empresa Tensac despachó 200 litros de insecticida a Israel.

El importante vínculo entre Tucumán e Israel llevó a que se realizará una reunión en diciembre de 2019 en la provincia de Tucumán entre Manzur y el Presidente de la Organización Sionista Mundial, Abraham Duvdevani, a quien nombró Huésped de Honor de la provincia.

La perspectiva de Manzur sobre la ocupación de Palestina y las sistemáticas violaciones a los DD.HH. por parte de Israel es similar a la del Presidente de EE.UU. y aliado de Benjamín Netanyahu, Donald Trump; en la visita que realizó a Israel en 2018 expresó “Somos una provincia en la que conviven los hijos y nietos de los inmigrantes que arribaron a nuestra tierra hace más de un siglo. Nuestros abuelos italianos, españoles, libaneses, judíos, llegaron a Tucumán, convivieron con criollos, y pudieron crecer y vivir en paz. Por eso creemos firmemente que toda iniciativa de paz que proponga Israel para el conflicto en la región, va a ser apoyada por el Gobierno y el pueblo tucumano”. Es decir, apoyará iniciativas desde Israel que no incluyan la posición del pueblo palestino.

 
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Mario Montoto, el embajador encubierto en Brasil

Mario Montoto

Flor Niti y Guillermo Martinez

Mario Montoto es el Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. Tiene múltiples empresas de ventas de máquinas israelíes de matar y sistemas de control y vigilancia. Es proveedor para las diferentes fuerzas represivas del Estado. Durante años fue socio de Daniel Hadad en una empresa de ventas de cámaras, donde han sido denunciados por presiones al sector político con tapas de diarios si no compraban sus productos. Montoto ha tenido vínculos con todos los gobiernos desde el retorno de esta democracia ya sean nacionales, provinciales o municipales.

Montoto fue mencionado como una de las personas más poderosas del territorio denominado Argentina en las escuchas a Marcelo D´Alessio, quien diría también que Montoto “Es el dueño de todas las cámaras de seguridad que hay en la Argentina, socio de Hadad y tiene el 50% de Infobae”. Se lo mencionó como el responsable que Patricia Bullrich tenga el cargo de Ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. No tuvo repercusión en los medios de comunicación y fue silenciada la posible complicidad de Montoto con D´Alessio. El gobierno de Macri le brindó su apoyo, fue sentado próximo a Macri en el último día del ejército presidido por este.

Montoto y Fernandez

A pesar de la expectativa generada por el nuevo gobierno de Alberto Fernandez, sus primeras medidas en política internacional decepcionaron notablemente a un sector de la sociedad comprometida con los DD.HH. La primera visita como Presidente en ejercicio será a Israel donde ya solicitó una reunión con quien se encuentra denunciado en Argentina por Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad, Benjamín Netanyahu. Asimismo nombró casi de inmediato a dos ex gobernadores como embajadores en Brasil e Israel, dando cuenta de la importancia para su gobierno de estos países; esto a pesar de ser gobernados por las extremas derechas y en el caso de Israel a pesar de la ocupación de Palestina y sostener un régimen de Apartheid contra el pueblo palestino.

Hubo varios comunicados de repudio redactados por organismos de DD.HH. entre ellos, la Red Internacional Judía Antisionista – Argentina. En este  expresó su condena de la siguiente forma:

Condenamos en particular la participación de nuestro Presidente Alberto Fernández en dicho evento, en su primera visita oficial a otro país, en total incoherencia con su supuesto apoyo a los derechos humanos. Los derechos humanos son universales e innegociables y de ninguna manera deben ser usados como moneda de cambio diplomático, político ni económico. Los del Pueblo Palestino deben ser defendidos de la misma forma que los de cualquier pueblo originario del mundo bajo acecho del colonialismo y el genocidio. Así como fue en el caso de Sudáfrica, el colonialismo racista y el apartheid impuestos por el imperialismo y el sionismo en Palestina pueden ser abolidos mediante amplio apoyo internacional al BDS y ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado terrorista de Israel”.

El embajador en Brasil es el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, ex cliente y amigo de Montoto. En esta elección Alberto Fernandez priorizó la alianza y ayuda de Mario Montoto, según consigna el periodista Carlos Pagni en su columna de noviembre de 2019 “Los dilemas económicos de Alberto Fernández”. Monto actúa como interlocutor con el gobierno de Bolsonaro en una diplomacia paralela. El vínculo de Montoto con el gobierno fascista de Brasil surge a partir de los intereses militaristas compartidos.  El empresario participó en varios espacios de debate para lograr una mayor unión entre las fuerzas militares de ambos países. El 30 de enero se realizó una actividad oficial para despedir a Scioli antes de su viaje a Brasilia ,de la misma como era de esperar participó Montoto, quien no viajó a Israel en la comitiva presidencial. El saludo público de Scioli a Montoto da una idea de la importancia de este último “Marito, gracias por haber venido”.

Agustín Rossi, Ministro de Defensa, brindó una entrevista exclusiva al medio DEF del cual es dueño Mario Montoto, este medio tiene su columna semanal en Infobae. Durante la gestión anterior de Rossi, hubo varias compras de máquinas de matar israelíes.

Otra de las concesiones a Montoto  de parte del gobierno de Fernandez fue la entrega del cargo de Director en representación del Estado en Aeropuertos Argentina 2000 a Patricio Gorosito, hijo de Carlos Gorosito socio de Montoto en varias empresas. Montoto y Gorosito junto con los empresarios Hadad y Sokolowicz (ex Página 12), cierran un circulo de variados y diversos negocios. Cambian los gobiernos, pero Montoto permanece.

 
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Autoridades argentinas posan con el logo de Rafael, Empresa israelí fabricante de los misiles apostados en las Islas Malvinas

Flor Niti y Guillermo Martínez

A escasos ocho días  de la asunción del nuevo gobierno argentino, se realizó un evento organizado por la CCAI (Cámara de Comercio Argentina-Israelí), el Israel Business Cocktail 2019 el 18 de diciembre. En esta actividad participaron varias autoridades nacionales, provinciales y municipales. La mayoría de las empresas que publicitaron en el evento son del sector militarista de sistemas de control y máquinas de matar, entre ellas la empresa israelí de misiles Rafael, proveedora del ejército británico. En 2017 Reino Unido llegó a un acuerdo con el departamento de defensa de Israel por U$S95 millones para instalar misiles en las Islas Malvinas según informó el portal Mercopress. El sistema incluye una red de gestión de batalla, comando, control, comunicaciones e informática (BMC4I). Junto a una empresa británica, Rafael suministrará un sistema de misiles para defensa aérea terrestre que estará listo en el transcurso del 2020.

No hubo comentarios de las autoridades sobre este hecho, lo que llama la atención pues se trata de un gobierno que ha expresado su intención de intensificar la presión para discutir la soberanía de las islas ocupadas por Gran Bretaña. En lo que respecta a la relación con Israel y la importación de militarismo, las primeras señales dan cuenta de que continuará la alianza tejida por el anterior gobierno.

Nuevo gobierno en Argentina, ¿distinta alianza con Israel?

La importante participación de personas de la coalición gobernante en la mencionada actividad nos da una idea de cómo será el vínculo con Israel. El anterior gobierno nacional de la Alianza CAMBIEMOS, tuvo fuertes vínculos con Israel. Se firmaron varios acuerdos sobre inteligencia y comercio; Benjamín Netanyahu, denunciado por Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad en Argentina, realizó la primera visita de un Primer Ministro Israeli en ejercicio; así como también se incrementó notablemente la importación del militarismo israelí que oprime al pueblo palestino. Con el nuevo gobierno, proclive a escuchar a los organismos de DD.HH., se generaron expectativas más allá de la mejora de la economía para los sectores más vulnerables; como terminar con la compra de máquinas de matar israelíes y atender al histórico reclamo por el fin del régimen de apartheid contra el pueblo palestino.

Dos ex gobernadores de provincias del territorio denominado Argentina, Daniel Scioli (Provincia de Buenos Aires) y Sergio Urribarri (Entre Rios) fueron designados como embajadores en Brasil e Israel. Esto nos muestra el valor estratégico que tienen estos países para el nuevo gobierno nacional. Brasil es uno de los principales socios comerciales de Argentina y un país limítrofe. En el caso de Israel, ¿Qué lo puede explicar?

El frente político que ganó en primera vuelta electoral tiene entre sus principales aliados personas con fuertes vínculos con Israel, uno es el caso del gobernador de Tucumán, Juan Luis Manzur, quien desde hace años viene obteniendo de Israel formación y armas para las fuerzas represivas de la provincia.

A pesar de los cambios de gobiernos, quien se mantiene a las sombras del poder político es el empresario de la vigilancia, el control, encierro y muerte, Mario Montoto. El Presidente de la CCAI (Cámara de Comercio Argentina-Israelí) ha tenido vínculos con los gobiernos anteriores y los mantiene con el actual. Durante el encuentro de fin de año que celebró la CCAI, Montoto expresó sobre las relación entre Argentina e Israel “En ambos países, y en épocas similares, hubo comicios para elegir a sus primeros mandatarios. Pero lejos de que esos procesos electorales entorpecieran las relaciones entre las naciones, el compromiso y el trabajo conjunto se intensificó”. Recientemente Alberto Fernandez confirmó que su primera visita internacional como presidente sería a Israel, confirmando la intensificación declarada por Montoto.

Criminalización de la solidaridad con Palestina

A estas situaciones se sumó un hecho de posible persecución política para personas y organizaciones que realizan acciones políticas en solidaridad con Palestina. Luego de una entrevista entre la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo y directivos de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) el Presidente de la entidad expresó al medio RADIO JAI “la ministra estuvo de acuerdo y coincidió que para ella el antisionismo es claramente una manifestación de antisemitas”. El dirigente expresó que se le solicitó ayuda a Losardo para modificar la Ley Antidiscriminatoria.

Sobre esta posible modificación de la Ley 23592, El LLAMAMIENTO Argentino Judío publicó un comunicado de repudio donde expresan, “El sionismo no es una religión, no es una etnia, es una idea política. Y como tal puede provocar adhesiones, rechazos o indiferencia” al mismo tiempo que indica su repudio a intenciones ocultas en la modificación de la ley que solo servirá para acallar cualquier crítica a Israel.

 
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Argentina debate la Deuda Pública

Entre los días 27 y 29 de noviembre, se lleva a cabo en Buenos Aires la VIII Asamblea Continental del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas – Abya Yala Nuestra América (CADTM/AYNA).

La actividad que reúne referentes de 6 países de América Latina —con la participación especial del economista y politólogo belga Éric Toussaint— es realizada por ATTAC Argentina y busca debatir la Deuda y el FMI como mecanismos de dominación y plantea alternativas para una solución soberana. 

Sobre la actividad que se realiza en la ciudad porteña, en un contexto de endeudamiento del país con su retorno al Fondo Monetario Internacional durante la presidencia de Mauricio Macri, hablamos con Maria Elena Saludas, Coordinadora del CADTM para América Latina. 

“Queremos hablar del no pago de la deuda no como un slogan, sino debatir y analizar las alternativas desde CADTM, que es la suspensión del pago y auditoría; auditoría integral y participativa”, sostuvo Saludas que más allá de resaltar la importancia que reunir especialistas de América Latina para discutir la cuestión, también lamentó la no participación de los representantes de Haití —imposibilitados de viajar dado las duras exigencias respecto de la visa para ingresar en Argentina—.

Sobre la articulación con las organizaciones sociales para la realización de la actividad, Saludas dijo que es esencial que nadie se apropie de la temática y que la discusión sobre la de pública debe venir de la mano con el debate sobre las deudas privadas que afectan directamente las poblaciones, sobre todo los sectores más vulnerados como mujeres y disidencias. 

“Entendemos la Deuda como un sistema, es un mecanismo de dominación, así como lo son también los Tratados de Libre Comercio en todas sus formas”, explicó la coordinadora quien también aclaró que la Deuda es ilegitima y que sirve para sostener la “bicicleta financiera” cuyas consecuencias concretas son la gran devaluación del dólar y la inflación, hechos de la realidad económica argentina.

Asimismo, son fuertes los impactos de la deuda en materia de medio ambiente, ya que el endeudamiento para la realización de proyectos de infrastructura, como por ejemplo la construcción de mega represas, afectan de forma directa a las poblaciones y dañan a los territorios.  En este sentido, el carácter colonial de las deudas se sigue sosteniendo y no se aleja demasiado de las prácticas desde 1824 —fecha del primer endeudamiento que contrajo Argentina—.

Sobre las actividades, que cuenta con una audiencia pública en la Cámara de Diputados, la representante de CADTM dijo que el objetivo es sensibilizar la población y para ejercer presión popular sobre todo respecto del último tramo de la deuda en relación al Fondo Monetario Internacional. Sobre la influencia de la actividad en el diseño de las políticas públicas del próximo gobierno, Saludas celebró que por lo menos se instale el debate; sin embrago dijo que no es posible saber cuál será la postura de la próxima administración, una vez que aún no se sabe cómo estará conformado el equipo económico.

Cronograma de actividades:

MIERCOLES 27/11 – Audiencia Pública “Deuda Externa – Alternativas para una solución soberana”, 17 horas, en el Anexo A, Sala I, del Congreso Nacional.  

JUEVES 28/11 – Conversatorio “Deuda Pública, FMI y los condicionantes políticos en la Argentina”,   a partir de las 14 horas, en Facultad de Ciencias Sociales, UBA (Santiago del Estero 1029) – culminará con una Mesa Redonda sobre “Qué hacer con la Deuda Pública Argentina”, la misma contará con la presencia de referentes nacionales e internacionales.

VIERNES 29/11 – Conversatorio “La Deuda y el FMI como mecanismos de dominación. Experiencias de discusión de Deudas Soberanas” en Santiago del Estero 1148.

Contactos de prensa:

María Elena Saludas: + 54 9 341 2711700

Adrián Ruíz: + 54 9 11 6003 8677

Para consultas: attacargentina@gmail.com

 
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Los muros de segregación en Argentina*

Muro entre Argentina y Paraguay

German Romano

¿Por qué hablar de lugares de encierro encubiertos?

En un Municipio de la Provincia de Buenos Aires, San Isidro, donde viven personas de altos ingresos, el ejecutivo municipal realizó un muro en un espacio público, en una calle que funciona como límite con otro municipio.  El intento de segregación duró solo unos días, ya que luego las personas se encargaron de derribarlo. Las declaraciones del intendente Gustavo Posse sobre la intencionalidad que tuvieron deja expuesto el intento de guetización. Posse expresó  “Es cierto que el proyecto, que en muchos lados se lleva adelante, es bloquear el cruce de las calles de modo tal que la circulación sea obligada por dos o tres lados para que allí haya destacamentos policiales, cámaras, refugios para la gente a la espera de transporte público”.

Asimismo continuó en la misma línea sobre la extrema vigilancia a un sector de la sociedad: “Es mucho mejor, es un patrullaje muy fuerte, pero ese lugar sigue siendo un lugar de preocupación. Hoy se satura con patrullaje y no con un muro, pero en algún momento sería bueno, no digo un muro, pero que la circulación sea obligada por tres lugares de fuertísima presencia policial”. Hoy con las nuevas tecnologías de reconocimiento facial y sistemas de vigilancia, el control sobre la población de parte de las fuerzas represivas del Estado, se incrementó notablemente.

Hay cinco  provincias argentinas que poseen la mayor cantidad de muros, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza,  Córdoba y Santa Fe, no obstante hay muros realizados en todo el territorio.

En todas las dictaduras militares o gobiernos de derechas hubo planes de expulsión de personas migrantes y pobres y en esta democracia no difiere mucho.  Un ejemplo de esta situación, la villa 31 en Buenos Aires, tuvo 4 programas de erradicación, uno  de ellos fue durante el gobierno dictatorial de derechas de Agustín Justo en 1935; el otro fue en el año 1968 durante el gobierno del radical Arturo Illia; en la dictadura cívico-militar-eclesiástica en 1976 (redujo la población de los barrios de casi 200.000 personas en 1976 a poco más de 10000 en 1983) y el último en esta democracia en el gobierno de las derechas de la alianza CAMBIEMOS.

La vergüenza nacional

Estos no son los únicos muros construidos en este territorio, hay en varias ciudades del país. El más extenso es el construido en la frontera con Paraguay en Posadas, capital de la provincia de Misiones, donde en el 2015 se levantó un muro de 5 metros de alto y 1300 metros de extensión.

La obra fue construida por las autoridades de la represa binacional de Yacyretá, primeramente se colocaron alambrados en 2014 y luego se comenzó con la construcción del muro con un costo de U$S15 millones.  Este muro segregacionista imposibilita el paso a pie de personas, por lo que solo es posible cruzar la frontera por medio de vehículos o Tren y ómnibus. Es importante destacar que el transporte público está operado por la misma empresa, Don Casimiro. Se han realizado diversas protestas por este muro y solo se logró que en 2017 las autoridades derribaran 8 metros para permitir el paso directo de los vehículos.

Las autoridades nacionales y provinciales nunca expresaron cuales eran los motivos de la construcción de este muro, no obstante una diputada salteña, Liliana Mazzone, durante la construcción expresó en redes sociales: “Me alegro !!! Cansada de paraguayos que votan y cobran en Argentina !!! A controlar !!!!” dejando muy nítido el sentir xenófobo, que podría representar a  una parte de la población argentina. En los últimos años, lo que no pudieron impedir las autoridades argentinas es el aprovechamiento de las personas con vehículos que cruzan la frontera para cargar combustible en Paraguay, donde tiene un costo muy inferior.

Es un muro similar al de Gaza o México

En una entrevista en el año 2017 para el periódico Hoy de Paraguay, el concejal de la ciudad de Encarnación, lindera a Posadas, Andrés Morel se expresó sobre el muro, “Nosotros los paraguayos, al cruzar la frontera, vemos una especie de animadversión, porque es un muro similar al que está en Gaza. Nosotros sentimos que ellos se quieren separar de alguna forma de nosotros” y detalló que la población encarnacena estaba completamente en desacuerdo con el muro.

Se hizo una petición en Change.org desde Paraguay donde se solicita firmar para acompañar el pedido del fin del muro, “Parece que se ha adoptado localmente la idea del reaccionario ultraderechista norteamericano Donald Trump que pidió la construcción de un muro en la frontera entre México y USA. En nuestra frontera con Paraguay eso no es para nada necesario. Los funcionarios que hicieron posible este mamotreto son ignorantes de los usos y costumbres antiquísimas. Con esta construcción se hiere de muerte al ‘comercio fronterizo de pacotilla’ con el cual muchísima gente humilde puede sobrevivir. Tanto argentinos como paraguayos. Además es horrible para la vista de una costanera que es un ejemplo de belleza natural. Amurallan el sector de ingreso más importante de la provincia de Misiones, mientras que descuidan cientos de puntos fronterizos por donde se cruza droga y contrabando a granel”.

Los muros de odio contra las personas están proliferando en el cono sur  hace varios años, además de los lugares de encierro explícitos, es decir las cárceles. Esto se hizo a partir de crear  estigma y miedo de otras personas que siempre son pobres o migrantes; los emprendimientos privados permitidos por el Estado o el mismo Estado son quienes ejecutan estas políticas. Las excusas que se utilizan para encubrir el verdadero motivo -el odio a pobres y migrantes- de estos presidios encubiertos son siempre los mismos; la inseguridad o el narcotráfico.

La alianza entre empresas privadas, Estado y medios de comunicación para llevar adelante estas políticas es muy nítida. El medio digital más leído en Argentina es infobae, del cual su dueño es Daniel Hadad quien fundó una empresa junto a Mario Montoto, Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí,  que se dedica a la venta de cámaras de control y sistemas de vigilancia.  Este periódico como generador de  opinión pública insufla con sus titulares y notas el temor a la inseguridad. Las personas por el miedo a perder su propiedad privada, luego exigen muros y más seguridad votando a partidos políticos con plataformas basadas en mano dura y gatillo fácil, que no es más que asesinar a las personas que temen.

*Este artículo será publicado en la compilación 2019 por el Día Internacional por un Mundo sin Muros

 
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Los gobiernos de Argentina y Chile hicieron espionaje con software israelí sobre la familia de Santiago Maldonado y la comunidad mapuche

Flor Niti y Guillermo Martinez

Las fuerzas represivas del estado de los territorios denominados Chile y Argentina, coordinaron el espionaje, persecución y criminalización de la comunidad mapuche a ambos lados de la cordillera. En la denominada “operación Huracán”, carabineros chilenos y la fuerza paramilitar gendarmería, intentaron inculpar a la comunidad mapuche para encarcelarla y generar un sentido social de terrorismo coordinado.

Actualmente, la justicia federal porteña se encuentra investigando sobre las denuncias de seguimiento de inteligencia que se le realizó a la familia de Santiago Maldonado durante los dos meses y medio que lo buscó luego de la represión en Cuchamen. El juzgado recibió información de Chile donde se detalló la connivencia entre las fuerzas represivas de ambos países contra la comunidad mapuche. Para encontrar evidencia de situaciones similares de acuerdos de inteligencia conjunta hay que remontarse al Plan Cóndor durante las últimas dictaduras.

El software utilizado para el espionaje a las familias de Santiago Maldonado y Facundo Jonas Huala es de la empresa Voyager Labs –de origen israelí–. La empresa que se encuentra en el puesto 29 de las startups más “prometedoras” según el diario de negocios israelí Calcalist, fue fundada en el año 2012 por Avi Korenblum, quien trabajo para los servicios de inteligencia israelíes durante más de 20 años. Para tener en cuenta el gasto en estos sistemas, según detalle del periódico Hareetz sobre el costo de la utilización de esta empresa,  “Una licencia para su motor de búsqueda Scorpio cuesta varios cientos de miles de dólares al año”.

Esta no sería la primera vez que se utiliza tecnología israelí en la región para perseguir movimientos sociales y de DD.HH.  Según el documento de diversas organizaciones civiles de México, “Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”, el sistema de control PEGASUS fue instalado en los celulares de al menos 12 personas que luchan por los DD.HH. y contra la corrupción estatal. Dentro de las personas afectadas se encuentran abogadas de familiares de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

Pegasus es un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group que puede capturar el micrófono o cámara de teléfonos celulares. La empresa declara que solo es vendido a gobiernos y con la condición que sea para combatir el terrorismo o grupos criminales. El software ha sido vendido en la región a países como Panamá, México y Colombia.

Las importaciones de máquinas de matar y espionaje israelí se vienen incrementando en los últimos años en la región. Asimismo, el anterior pico superior de compras de armas israelíes en Latinoamérica fue durante las últimas dictaduras.

 
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Smartmatic, la empresa detrás del próximo recuento de votos y su vínculo con Mario Montoto

Logo Smartmatic

Hace unos días, Mauricio Macri expresó frente a diversas personas que representan el sector empresarial que le ganaría a Cristina Kirchner por 52% a 48% frente a un eventual balotaje. Sorprende su certeza en días donde hasta las encuestadoras oficialistas informan sobre una derrota del macrismo frente a cualquier escenario.

 Por Flor Niti

 

Las relaciones de Smartmatic

En las últimas elecciones de esta democracia la empresa Indra, de capitales del Reino de España, fue la encargada de realizar el conteo. En un proceso de selección confuso, el gobierno de la alianza CAMBIEMOS eligió otra empresa proveedora. La  misma es Smartmatic, quien en sus inicios recibió créditos a tasas subsidiadas del gobierno bolivariano de Hugo Chávez, pero luego de su radicación fuera de Latinoamérica, particularmente en Londres, anunció supuestas diferencias en la cantidad de votos efectivos.

Smartmatic es conocida en la región también por su alianza con la empresa NEC Argentina, subsidiaria de la empresa NEC de Japón. Esta es la misma empresa que adquirió el 85% de la empresa Global View (GV) de Daniel Hadad y Mario Montoto –quien se quedó con el 15%–. Esta última empresa ha tenido varias denuncias públicas de intendentes donde exponían la lógica; si los municipios no adquirían las cámaras de GV, el periódico Infobae (del cual es dueño Daniel Hadad) fustigaba mediáticamente a los responsables políticos.

Pero este no sería el único vínculo del círculo entre Montoto y Smartmatic. El operador comercial y político para que el contrato sea ganado por Smartmatic fue Jorge Born hijo. Este apellido puede sonar conocido por muchas razones, no obstante aquí nos vamos a detener en sus negocios con mencionado como doble agente en el genocidio contra el pueblo argelino, Rodolfo Galimberti. Este último era el encargado de las compras de armas de la organización Montoneros junto a Mario Montoto y a partir de allí tuvieron un fuerte lazo de amistad y negocios en común. Montoto es el presidente de la cámara de comercio argentina-israelí y el mayor vendedor de máquinas de matar israelíes a este territorio.

DEF Online – Francisco Reyes

El anterior presidente, en este territorio, de la empresa Smartmatic, fue hasta hace poco tiempo, Francisco Reyes.  La empresa inscripta en Argentina es SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING quien en enero de 2017 designó como representante a Andrés Rombola. La imagen adjunta es una captura de pantalla del periódico digital DEF, propiedad de Mario Montoto, donde los últimos artículos publicados allí fueron firmados por Francisco Reyes.

La empresa NEC, tal como se informó previamente en Virginia Bolten, es líder en tecnología de reconocimiento facial, donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y nacional vienen destinando importantes partes de los presupuestos.

Smartmatic participó de las últimas elecciones presidenciales del Plurinacional Estado de Bolivia. En este territorio, a la empresa se le fue denegada la participación del proceso de licitación por cuestiones técnicas, pero NEC Argentina fue a quien se le otorgó el contrato quien a su vez subcontrató a Smartmatic.

Esta empresa informó las funciones de cada corporación en la alianza:

– Como líder del proyecto, NEC Argentina proporcionará el equipo que se utilizará en las estaciones de captura de datos, como computadoras y escáneres de huellas digitales.

– Además, NEC suministrará su software de detección de huellas digitales y reconocimiento de vanguardia (AFIS).

-Smartmatic estará a cargo del suministro de equipos periféricos y capacitación del personal técnico; y de la logística de todo el evento, incluida la asignación de equipos y personal a las distintas oficinas de la CNE en el país.

Sobre las dudas técnicas de la empresa, un experto en seguridad informática , Ariel Garbanz, declaró al portal Agenda Sur que el software Election-360 de Smartmatic encargado de enviar la información al correo, tiene un punto intermedio que estaría a disposición de quien realizó el contrato, en este caso la alianza CAMBIEMOS. Sobre esto último, Garbanz expresó: “Les mostré a los políticos en la cara cómo se hace fraude, cómo se cambiaba el voto del candidato rojo al verde (o viceversa), acercando a la máquina o a la boleta un celular que tuviera instalado este software. Se cambia el estado electrónico del chip con un campo electromagnético que sale del celular, similar al que usa Bluetooth”.

 
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Mario Montoto y NEC en el uso de tecnología de reconocimiento facial

Flor Niti

El vicejefe de Buenos Aires, Diego Santilli informó que desde el 22 de abril se utilizará tecnología de reconocimiento facial. Este anuncio lo realizó durante el Primer Congreso Internacional sobre delito transnacional organizado por la reciente creada institución Corporación Empresaria de Buenos Aires. La cantidad de puntos de reconocimiento facial serán inicialmente 300.

El 19 de enero de este año, en una nota publicada en el medio Clarín, “Rastrearán a prófugos y personas buscadas con un sistema de reconocimiento facial”, ya se informaba sobre la medida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se confirma que se instalará en la red de subte, pero también será utilizada por el gobierno nacional en las estaciones de trenes.

El Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich, anunció que realizó convenios con municipios bonaerenses para la instalación del software de control y vigilancia. Las intendencias que participarán son gestionadas por gobiernos de la alianza CAMBIEMOS, fuerza política a la cual pertenece Bullrich, Morón, Lanús y Pilar. También se instalará este dispositivo en las autopistas metropolitanas.

No se ha difundido la información de la empresa contratada por el gobierno nacional, no obstante la empresa líder mundial en este tipo de sistemas es la empresa NEC. Esta empresa se ha instalado en el territorio denominado Argentina y Uruguay a partir de la compra del 85% de la empresa Global View de Mario Montoto y Daniel Hadad. El 15% restante de Global View quedó en manos del mayor vendedor de armas israelíes a este territorio, Montoto.

Diversos organismos de DD.HH. y organizaciones civiles presentaron protestas frente a esta situación considerando que brinda un mayor poder a las fuerzas represivas del estado. Asimismo, según diversos estudios de estos sistemas, los falsos positivos (errores en la identificación) son superiores al 90%.

El precedente del gobierno del PRO durante la gestión de Horacio Rodriguez Larreta es sumamente preocupante. Durante los últimos 4 años, se instalaron más de 10000 cámaras de vigilancia y control. La distribución de las mismas es 1510 en el subte, 7882 en colectivos y 2100 en la vía pública. Junto con la instalación de estos dispositivos de control se realizaron centros de vigilancia donde confluyen las imágenes, Centro de Monitoreo 9 de Julio, Plaza Lavalle, Centro de Monitoreo urbano (Chacarita), estos se sumaron a los ya existentes: Centro de Monitoreo Balbín (Anillo Digital); el Centro de Monitoreo La Noria (Anillo Digital); el Centro de Monitoreo MJyS (Monitoreo Urbano y Subte), y el Centro de Monitoreo Jefatura PDC. También se ha adquirido a la empresa israelí, RT, tecnología de vigilancia como el globo aerostático de 360° SkyStar.

 
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Servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses operan en Argentina

Imagen: Bullrich y D´Alessio

Flor Niti y Guillermo Martinez

El juez Alejo Ramón Padilla ordenó días atrás la detención y el allanamiento de la casa del personaje mediático Marcelo D´Alessio, experto en seguridad, tras denuncias de extorsión a empresarios para no mencionarlos en causas judiciales. En la investigación se menciona la connivencia entre el fiscal federal Carlos Stornelli y D´Alessio.

La investigación está arrojando mucha información que podría ser el disparador para desenmascarar un grupo de actuación a espaldas del sistema judicial argentino. En el allanamiento a la casa de D´Alessio se encontraron documentos oficiales de la embajada estadounidense y del ministerio de defensa israelí, así como un listado de periodistas y personas espiadas ilegalmente. Según consta en el fallo “Se ha hallado material fílmico y fotográfico de las operaciones que habría realizado, así como documentación con datos sensibles y de la intimidad de las personas investigadas, tales como listados de llamadas entrantes y salientes, informes migratorios, domicilios, historial laboral y financiero y recolección de datos personales diversos”.

En las comunicaciones entre D´Alessio y Stornelli es mencionada Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, llegada al cargo por sugerencia de los servicios de inteligencia de los EE.UU. e Israel como explicó Mauricio Macri. Durante la actual gestión se incrementó notablemente las compras de materiales represivos a Israel y ejercicios conjuntos con las fuerzas estadounidenses. Otra de las personas mencionadas en las comunicaciones es Mario Montoto, presidente de la cámara de comercio argentina-israelí- y el mayor vendedor de cámaras de vigilancia y aparatos represivos en Argentina.

El fiscal federal Carlos Stornelli y el empresario Mario Montoto, tienen un importante vínculo que data más de 10 años atrás.

Stornelli fue nombrado como fiscal por el ex presidente Carlos Menem, y este sería quien luego lo investigó por el tráfico de armas a Croacia. Daniel Scioli durante su gestión en la provincia de Buenos Aires lo nombró ministro de seguridad a partir de lo cual inició su licencia como Fiscal Federal.

Durante su paso por el ministerio de seguridad, Stornelli tuvo polémicas declaraciones. Entre ellas por acusaciones a su predecesor en el cargo – León Arslanian – de tener una mirada abolicionista de la policía y lugares de encierro. Sus expresiones se condicen con su accionar, durante su gestión de 2007 a 20120, se incrementaron los asesinatos de parte de las fuerzas represivas del estado en la provincia de Buenos Aires. Según un informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) la situación durante esos 4 años profundizó el accionar represivos de la policía,

Año 2007: 4 víctimas de asesinato
Año 2008: 95 víctimas de asesinato
Año 2009: 98 víctimas de asesinato
Año 2010: 96 víctimas de asesinato

Stornelli fue ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires, periodo en el cual se  duplicaron la cantidad de personal en la policía bonaerense y la cantidad de personas destinadas a lugares de encierro.

 

 
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Argentina y Brasil: libre pensamiento, pecado capital

“No aceptes lo habitual como cosa natural.
Porque en tiempos de desorden,
de confusión organizada,
de humanidad deshumanizada,
nada debe parecer natural.
Nada debe parecer imposible de cambiar.”

Bertolt Brecht

 

Por Vanessa Dourado

El término “desideologización” es uno de los más utilizados en los últimos años en Brasil y Argentina en los ámbitos políticos y mediáticos. La idea de que hay una posición neutra o desideologizada transmitida en discursos que propagan más democracia y libertad permite evaluar, a través de los hechos concretos, la imprecisión del planteamiento.

Luego de su ascenso a la presidencia del país, Mauricio Macri habló de una “desideologización del comercio exterior”. En una visita a España en el año 2017, el presidente afirmó “el cambio empieza desde la búsqueda de la libertad de derechos, de expresión, de sentirse capaz de elegir, y hay que entender que hay una reforma desde lo económico para fortalecer esta libertad”. Meses después de esta visita, Amnistía Internacional –en su informe 2017/2018– denunció que había una criminalización contra grupos indígenas y a la protesta social y un retroceso en las políticas migratorias y de los derechos de las mujeres en la Argentina.

Asimismo, los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), indican que la pobreza alcanzó un 33,6% y un 10% de la población está desocupada. Especialistas de varios institutos prevén un futuro aún más difícil y un aumento de la pobreza y de la desigualdad estructural en el país.

A pesar de la nítida situación del país frente a las reformas desde lo económico aplicadas por el gobierno, la respuesta hacia la sociedad es violenta y autoritaria. Hechos que se pueden notar en el fuerte aparato represor armado para la cumbre del G-20, seguida de amenazas y persecuciones a los movimientos sociales. La libertad de expresión y de pensamiento también se ve amenazada.

El último 20 de diciembre, se tornó público la desvinculación del Dr. Julio C. Gambina de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luís (FCJES-UNSL) por  supuestas diferencias políticas e ideológicas. Gambina es presidente alterno de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA) y un intelectual reconocido internacionalmente. Sin embargo, la  decisión del decano de la FCJES parece seguir la misma línea de los últimos hechos de persecución a docentes en Brasil.

Entre los años 1964 y 1985 –período de la dictadura cívico-militar-eclesiástica brasilera­­– la Universidad de São Paulo (USP) fue marcada por graves violaciones a los DD.HH. Entre otras prácticas, estaba la persecución política e ideológica a docentes, funcionarios y estudiantes, relatada el informe de la Comisión Nacional de la Verdad de la USP que tiene por objetivo también difundir estos hechos históricos de forma que no se repitan. No obstante, desde del año 2017, utilizando el argumento de que hay una amenaza de “adoctrinamiento ideológico” y en línea con la llamada “Escuela Sin Partido” –movimiento creado en 2014 contra un supuesto abuso de la libertad de enseñar– el poder judicial brasileiro viene persiguiendo a docentes de varias universidades. En mayo de 2017, el docente André LuizMonteiro Mayer, de la carrera de Servicio Social de la Universidad de Federal de OuroPreto (UFOP) recibió un orden judicial que le prohibía promover estudios sobre el autor Carlos Marx. Durante la campaña electoral de este año, 13 universidades públicas fueron prohibidas, vía judicial, de utilizar símbolos anti-fascistas y dar clases con contenido anti-fascista.

Bolsonaro, quien empezará su mandato el 1° de enero, es un defensor del proyecto Escuela Sin Partido y promete no tolerar ningún tipo de “ideología izquierdista o de género” en el sistema educativo. Su futuro Ministro de Educación, el colombiano Ricardo Vélez Rodríguez, más allá de estar alineado con el futuro presidente, también cree que el futuro de la educación está en la iniciativa privada.

 
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La ruleta rusa fascista en Argentina, ¿Quién será Bolsonaro?

Flor Niti

El espacio-tiempo de los últimos 40 años de este territorio podría indicar que la posibilidad de ascenso al poder de figuras similares a Benjamín Netanyahu, Donald Trump o Jair Bolsonaro no serían permitidas por esta sociedad. Las masivas manifestaciones durante los últimos años contra el intento de impunidad de represores y asesinos en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica darían cuenta de ello. No obstante, surgen preguntas sobre la actual situación estatal-partidaria; ¿las políticas de Mauricio Macri guardan similitud con las políticas de los mencionados gobiernos? ¿Hay facciones de extrema derecha en la actual coalición gobernante elegida por esta democracia? ¿Quién podría erigirse como líder del fascismo en Argentina?

En el Reino de España hay tres partidos políticos que pugnan por votos a las derechas. Vox, Partido Popular (PP) y Ciudadano. Corresponderá la caracterización de quien se encuentra más a las derechas y próximo al fascismo a las personas de este territorio. El punto de comparación con Argentina  surge que haya tres partidos disputando un espacio partidario similar sin aglutinamiento pero generando corrimientos a las derechas. ¿Cuáles podrían ser los partidos argentinos que guarden similitudes con estos tres españoles? Aquí se inicia una serie de notas con la siguiente pregunta, ¿Quién es Bolsonaro en Argentina?

Los reclamos punitivistas en los últimos 15 años en Argentina

El territorio denominado Argentina ha tenido manifestaciones populares reclamando una mayor dureza legislativa frente a hechos punibles. En marzo de 2004 en una marcha organizada por Juan Carlos Blumberg convocó más de 100 mil personas y donde participaron sectores de las izquierdas como el Partido Obrero. En forma posterior a una seria de convocatorias masivas fue recibido por el entonces presidente Nestor Kirchner. A partir de estos reclamos y la empatía o astucia política de parte de diversos sectores partidarios se promulgó en el congreso la Ley 25.886 denominada Ley Blumberg.

La figura de Blumberg se fue apagando a partir de sus expresiones que justificaban el asesinato de personas por parte de la policía sin juicio previo y su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires junto con la boleta presidencial de quien fuera el gobernador de Neuquén Jorge Sobisch y el dirigente justicialista Jorge Asis. Sobisch fue denunciado por ser el responsable político del asesinato del docente Carlos Fuentealba en una represión de la policía neuquina.

En septiembre de 2018 un jurado popular por unanimidad absolvió al denominado “Carnicero Asesino”. Daniel Oyarzún quien según las pericias “Estaba en plena conciencia” cuando con su vehículo persiguió, arroyó y asesinó a quien le había robado 500 pesos de su comercio tuvo el apoyo de la actual ministra de seguridad Patricia Bullrich, quien luego del fallo expresó, “Ganó el sentido común”. Asimismo hubo diversas expresiones de la sociedad en apoyo a Oyarzún.

Estos indicios también muestran una contraposición de realidad sobre la posibilidad que gobierne el fascismo, está a la vuelta de la esquina, o será que ya está gobernando.

Patricia Bullrich, ¿la Bolsonaro Argentina?

Patricia Bullrich es la actual ministra de seguridad del gobierno de la alianza CAMBIEMOS. Su discurso se encuentra entre los de mayor dureza contra los movimientos sociales y las protestas de una población que sufre las consecuencias de la crisis económica generada por el actual gobierno. Días atrás declaró sobre las organizaciones barriales: “han permitido el narcotráfico como el mal menor”. Este es un nuevo intento de criminalizar los movimientos populares en las calles. Sus expresiones tienen una similitud con las de Bolsonaro, al igual que sus vínculos con las fuerzas represivas del estado. Otro dato que caracteriza a ambas personas es que a pesar de estar dentro de cargos ejecutivos y legislativos por más de 25 años, muestran una imagen de lucha contra las elites gobernantes.

Así como Bolsonaro expresó que el primer país a visitar sería Israel, Bullrich, mantiene una fluida y fuerte comunicación con sectores bélicos y políticos de este país.

Los vínculos de Bullrich

Los inicios de Bullrich en la política partidaria fue con la organización Montoneros, donde también participó su aliado político Mario Montoto, quien fuera secretario de Mario Firmenich y quien hoy con manejos camaleónicos, es uno de los empresarios detrás de la venta de armas y sistemas de control israelíes a Argentina. asimismo es dueño de la empresa CODESUR (Corporación para la Defensa del Sur) que representa o se encuentra vinculada a las empresas israelíes- Aeronautics, Azimut, Saymar, Metax y Soltam.

El medio La Política Online expresó sobre el sostenimiento de Patricia Bullrich como ministra de seguridad “El más importante de sus apoyos es el empresario Mario Montoto”. Bullrich firmó acuerdos por compras de armas a Israel por decenas de millones de dólares luego de visitar este país.

El medio digital Vis A Vis, informó sobre la capacitación en Israel de las fuerzas represivas del gobierno bonaerense. Visàvis dirigido por el esposo de la ministra, Guillermo Yanco, se encuentra financiado por publicidad del municipio de San Martin, de Lanús y el Banco Ciudad. Entre las empresas que publicitan en el medio, se encuentran quienes financian también la cámara empresarial israelí argentina de la cual es presidente Mario Montoto.

Bullrich tiene un importante vínculo con los servicios de inteligencia de EE.UU. e Israel. En noviembre de 2017 firmó un acuerdo con su par israelí para el trabajo conjunto y recientemente anunció en Estados Unidos la posibilidad de instalar una “fuerza de intervención” de la agencia antinarcóticos (DEA) en Misiones para supuestamente combatir al terrorismo y narcotráfico.

La disposición de estos últimos días del gobierno nacional del uso de máquinas de matar por parte de las fuerzas represivas del estado y que la ministra se seguridad sea sondeada como posible candidata en una fórmula Macri-Bullrich en 2019, dan cuenta de la lectura de triunfos de la ola fascista mundial por parte de la alianza CAMBIEMOS.