Abordajes que desbordan

por Carolina Acevedo

La noche del pasado 25 de julio, Santiago “Chano” Moreno Charpentier recibió un disparo por parte de un integrante de la fuerza policial. Este hecho ocurrió en el intento de abordar un episodio de crisis emocional de Chano, quien se encontraba en su domicilio ubicado en el Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires.

Carolina Acevedo: ¿Qué cuestiones visibiliza el caso de Chano en relación a la Ley Nacional de Salud Mental?

Vanesa Jeifetz: Principalmente creo que visibiliza la dificultad en su implementación, haciendo eje en las internaciones involuntarias. En relación a las mismas, hay varias cuestiones a señalar: uno de los cambios más importantes que nos trajo la Ley Nacional de Salud Mental, es haber transferido la potestad, de los jueces a los equipos de salud, para poder internar a una persona en contra de su voluntad, cuando mediare situación de riesgo cierto e inminente. Esto indudablemente implica un enorme cambio en las prácticas cotidianas de lxs profesionales de la salud, que ahora se ven mucho más involucradxs, en dicha decisión terapéutica.

El problema que tenemos es que este cambio, en líneas generales, no sucedió. Lxs profesionales de la salud tienen mucho temor de realizar una internación involuntaria, suponiendo que en ese acto, estarían contraponiéndose al espíritu de la Ley que presenta un fuerte enfoque de derechos. Acá vemos un problema en la interpretación de la misma, que evidentemente, tras 11 años desde su sanción, no pudo ser adecuadamente internalizada por muchxs profesionales. Ese temor lxs lleva a su vez, a vulnerar el Art. 7 de la misma, donde se establecen los derechos de las personas con padecimiento mental, entre los cuales se destaca: “El derecho a recibir atención sanitaria (…) con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de la salud” y “El derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente (…)”.

Esta actitud negligente de muchxs profesionales, se explica en parte, por la falta de consolidación de equipos de trabajo y de una decisión institucional, que pueda respaldar esta decisión terapéutica, que implica un gran esfuerzo de trabajo tanto para efectivizarla como, para luego, sostenerla; una vez que la persona se encuentra internada, ya que como sabemos lxs que trabajamos en esta problemática, las personas que presentan una adicción, requieren de un enorme trabajo terapéutico, en cualquier dispositivo en el que estén realizando tratamiento.

Por otro lado, tenemos aquellxs profesionales que no presentan temor a la hora de realizar una internación involuntaria, sino que lo hacen principalmente al modo de “cubrirse” ante cualquier requerimiento jurídico; esto para acelerar el tiempo que implicaría trabajar con el/la paciente, a fin de que acceda a una internación voluntaria, y/o para que funcione de límite al potencial abandono de la internación y así no tener que vérselas con el trabajo terapéutico de sostener al/a paciente.

Podemos pensar que la Ley Nacional de Salud Mental demanda, para su implementación, un grado de compromiso de lxs profesionales del campo de la salud, que la mayoría no posee. Por lo tanto, si queremos que se implemente, debemos trabajar fuertemente en ello y que tal como establece el Art.31 y su reglamentación, la Autoridad de Aplicación, desarrolle las políticas por ella establecidas.

Otra cuestión a señalar, es la dificultad en el cumplimiento del Art. 21 de la Ley, donde se establecen las obligaciones de los jueces en relación a las internaciones involuntarias. Lo mismo se observa respecto al Órgano de Revisión, institución creada por la propia Ley Nacional en su Art. 38, “(…) con el objeto de proteger los derechos humanos, de los usuarios de los servicios de salud mental”.

Por último, podemos ubicar un grupo minoritario de profesionales que intenta cumplir con los principios establecidos por la Ley, con un alto grado de compromiso y vocación por aliviar el padecimiento mental.

Carolina Acevedo: ¿Por qué pensás que se llamó a la policía?

Vanesa Jeifetz: Un poco por lo que te decía recién, por la falta de compromiso de muchxs profesionales en esta problemática, el rechazo que todavía existe hacia las personas que presentan un consumo problemático y/o una adicción, la dificultad para apropiarse de los contenidos de la Ley Nacional de Salud Mental y también, no menos importante, la falta de formación para intervenir en estas situaciones tan difíciles.

Frente a este escenario, la institución que generalmente termina poniendo un límite a estos desbordes, más allá de que no sea lo esperable, es la policía. En este sentido, creo que tenemos una deuda importante desde el sistema de salud, para poder estar a la altura de las demandas existentes y responder adecuadamente a las mismas. Más allá de que tenemos vigente la Resolución 506/13 del Ministerio de Seguridad de la Nación de 2013, que incluye un protocolo de intervención para las fuerzas de seguridad, en situaciones de personas con padecimiento mental y consumo problemático, para los casos en que exista riesgo para sí o para terceros. La realidad de este caso y de otros, nos muestra que este protocolo no fue implementado de manera sistemática dentro de las fuerzas de seguridad.

Carolina Acevedo: Hablabas del rechazo de estas personas ¿con qué pensás que tiene que ver, este rechazo de lxs profesionales de la salud hacia las personas con consumos problemáticos y/o adicciones?

Vanesa Jeifetz: Creo que tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, podemos pensar que la Ley 23.737 perteneciente al Código Penal, que aún continua vigente, penaliza en su art.14 la tenencia de drogas para consumo personal. La representación social que produjo esta Ley, acerca de las personas con problemas de drogas, caló muy hondo en nuestra sociedad. La idea de un sujeto peligroso, que comete un delito, tiñó en gran medida, la posibilidad de ver a estas personas como padecientes. Esto lo podemos ver reflejado en la escasa accesibilidad que tienen las mismas, al sistema de salud. Según estadísticas de la Sedronar de 2017, sólo el 3,9% de las personas que presentan indicadores de dependencia de consumo o consumo de riesgo, buscan ayuda profesional.

En una investigación reciente sobre la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en personas con adicciones, un profesional nos decía: “yo no medico faloperos”. Esta respuesta, nos hace pensar que muchxs pacientes con adicciones, no son vistxs por lxs profesionales de la salud, como pacientes y esto constituye, una de las más importantes barreras en la accesibilidad a la atención.

Por otro lado, en esa misma investigación, pudimos relevar que no hay una comprensión adecuada de la problemática en muchxs profesionales y esto también suele producir rechazo.

En segundo lugar, estxs pacientes nos suelen interrogar la eficacia de las herramientas con las que contamos lxs profesionales. Nos incomodan, nos obligan a repensar nuestras prácticas, nuestras intervenciones, así como nuestras conceptualizaciones sobre la salud y la enfermedad. “Estos pacientes generan mucha bronca e impotencia y por eso, algunxs se habilitan a decir ‘yo no atiendo adictos’, aunque la Ley dice que tenemos que hacerlo”, me decía una profesional recientemente.

Asimismo, observo una dificultad generalizada, para asumir la complejidad que tienen estxs pacientes y, en consecuencia, el abordaje que necesitan. Nos exigen una gran disponibilidad, en varios sentidos: uno de ellos es el temporal, que se suele contraponer a los acelerados tiempos de atención institucionales. A veces, realizar una internación involuntaria por ejemplo nos puede llevar toda una tarde, o toda una mañana.

Por eso, sostengo la idea de que lxs profesionales que trabajan en esta problemática, tienen que elegir hacerlo, no que les toque porque sí, deben tener deseo de asumir tan grande desafío.