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Segunda fase del golpe: el avance minero sobre la Amazonia

Foto: Marcela Bonfim /AmReal

Por Vanessa Dourado

La época denominada “carrera del oro” ocurrió en Brasil en el siglo XVIII. Durante años hubo una gran extracción de metal con la utilización de mano de obra esclava africana e indígena. Una grande cantidad de personas migraron a las localidades donde había abundancia de oro y metales preciosos, particularmente a la región hoy denominada Minas Gerais. En este período, la mayoría de los negros africanos esclavizados morían después cinco años de actividad en las minas. Las causas de las muertes eran relacionadas a carencia de alimentación, falta de oxigeno dentro de las minas, exposición a bajas temperaturas y a la proliferación de enfermedades por la debilidad de la salud. Muchas muertes también se daban por ahogamiento causadas por el rompimiento de los diques de contención de las mineras. El trabajo en las minas fue considerado la actividad más brutal a la cual fueron sometidos los negros africanos esclavizados en Brasil.

En noviembre del 2015, en Mariana –en la misma región de Minas Gerais–, ocurrió el mayor desastre ambiental minero de la historia de Brasil. Un dique de contención de la empresa minera Samarco –una asociación entre la brasilera Vale S.A y la anglo-australiana BHP Billiton– se rompió. El dique contenía alrededor de 62 millones de metros cúbicos de agua y 50 millones de toneladas de mineral de hierro y residuos. Aproximadamente 6 millones de personas fueron afectadas. El abastecimiento de agua potable fue puesto en riesgo a 250 mil personas por  presencia de metales como arsénico, cadmio, plomo, cromo, níquel, cobre y mercurio. La contaminación del Río Doce, con más de 850 kilómetros de largo, provocó la muerte de un trillón de organismos vivos, entre ellas 19 humanas.

Los daños causados por la actividad minera parecen no ser un obstáculo en la continuación del modelo económico utilizado desde la época del Brasil colonial. En su afán por obtener ganancias a cualquier costo, empresa y Estado cierran los ojos a las cuestiones ambientales y siguen exterminando indígenas y ambientalistas –amenazas concretas a sus negocios. El año de 2016, hubo  49 asesinatos de ambientalistas en Brasil, 25% del total mundial –según el informe de la Global Witness– y 137 asesinatos de indígenas en 2015, según el Cimi (Consejo Indigenista Misionario).

En agosto de este año, el presidente de Brasil Michel Temer –quien ocupa el cargo después del golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia del país–  firmó un decreto para extinguir La Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca) y habilitar el área a la explotación por empresas privadas y extranjeras. La Renca fue creada en el año de 1984, en este momento, ya en fines de la dictadura militar-civil-empresarial-eclesiástica (1964-1985), la gran preocupación del gobierno militar tampoco era la preservación ambiental. Los militares temían la presencia de empresas extranjeras en la región y prohibieron las investigaciones minerales, restringiendo su actuación al Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM).

La decisión del presidente, tomada por decreto, habilita un 30% del área a actividades mineras. El decreto garantiza no avanzar sobre las áreas de conservación y de demarcación indígenas –puntos que ya estaban contemplados en la legislación anterior–, no obstante, no hay ningún dispositivo que contemple los daños socioambientales que implican las actividades mineras. Los párrafos de los artículos 1 y 3 del decreto apenas tratan de mencionar la responsabilidad con el manejo sustentable en términos generales. Entre ellos están: la correcta destinación y el uso sustentable del área; el dimensionamiento del impacto ambiental de la explotación minera; el manejo de tecnologías capaces de reparar posibles daños al medio ambiente; el aprovechamiento económico sustentable; el control ambiental; la recuperación del área degradada y la contención de posibles daños.[1]

La cuenca amazónica representa alrededor del 40% del remanente selvático en el mundo y 13% de la bioma mundial. En el área de la Renca hay dos territorios indígenas: Wajãpi, en Amapá, y Rio Paru d’Este, en Pará. A pesar que el texto mantiene el compromiso con la no explotación de las tierras indígenas, en 1996 fue presentado un proyecto de ley (PL 1610/1996) que propone la explotación de recursos minerales en tierras indígenas. El proyecto tramita en la cámara baja de Brasil en régimen de prioridad.[2]

La actividad minera en tierras indígenas está contemplada en el artículo 231 de la Constitución Federal, sin embargo sólo puede ser realizada a través de una legislación específica que todavía no existe. Por lo tanto, la actividad es ilegal. El PL 1610, presentado en 1996 por el senador Romero Jucá (PMDB-RR), volvió al escenario y es considerado por los pueblos indígenas como una gran amenaza. Desde año 2015, con el avance del bloque terrateniente en los poderes legislativo y ejecutivo de Brasil, el texto viene siendo tratado con celeridad. No hubo consulta a los pueblos indígenas acerca de la elaboración de la reglamentación del mencionado proyecto de ley.

Foto: VOA Protesta indígena en Brasilia.

Utilizando el discurso de recuperación económica y apertura de oportunidades a las inversiones, Michel Temer sigue ignorando las manifestaciones de los órganos nacionales e internacionales, más allá del propio sistema judicial brasilero. Entre 1991 y 2012, las pérdidas económicas acumuladas por eventos climáticos extremos en Brasil, sumaron 278 billones de reales -0,68% del PIB; además de 3.745 muertes y 46.022.011 personas afectadas –según revela una investigación llevada a cabo por economistas de la Universidad Federal del Rio de Janeiro (UFRJ).

 

Notas:

[1]http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9147.htm

[2]http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16969

Otras fuentes:

http://brasilescola.uol.com.br/historiab/trabalho-escravo-nas-minas.htm

http://www.nature.com/nature/journal/v535/n7610/full/nature18326.html

http://educacao.cemaden.gov.br/medialibrary_publication_attachment?key=AiWGBqNzLryG-ic02-Wte2gFJFp6GXPI

 
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Acuífero Guaraní, disputa y acaparamiento imperialista de una reserva única

Vanessa Dourado y R. Gómez de Mederos

El diseño de ocupación moderna de territorios completos es, a escala mundial, una arquitectura de formatos claramente parecidos. En esta ingeniería global, con el patrocinio de su más avezado protagonista, EEUU, requiere unir de manera radical y precisa dos elementos estratégicos de la visión imperialista relativa de la cuestión militar que es, “fusionar” dos elementos, la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, una estrategia que sea funcional a sus intereses y que desmembra y des-limita la frontera entre una y otra. En el fondo, es una reconfiguración de la Doctrina de Seguridad Nacional, tantas veces re-editada en el continente nuestroamericano.

El desenterramiento de lo que sobre 2.012 fue el programa estratégico dictado por expertos de los EEUU en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información, llamado en su momento “Lineamientos Estratégicos de la Defensa Nacional” [1], que formaba parte del Programa Expandido de Educación y Entrenamiento Militar (Expanded International Military Education and Training, E- IMET) de la Defense Security Cooperation Agency, es una posibilidad certera con el fortalecimiento de las derechas en el Cono Sur [1].

Según Elsa Bruzone, experta en Seguridad Nacional del CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia Argentina), Susana Malcorra, la actual Canciller Argentina, que integró como CEO, la norteamericana IBM y la gerencia de Telecom, quien fuera responsable del manejo, durante 12 años, del principal programa de Naciones Unidas contra el hambre (que cuenta con 30 barcos, 70 aviones, 5.000 camiones y 90.000 personas distribuidas en 86 países), es ahora la persona clave para re-dinamizar la idea de las bases militares en Misiones y Ushuaia, más otra posible en Jujuy, que aseguraran un pinzamiento sobre Bolivia y el reaseguro del Plan Belgrano, herramienta fundamental de las corporaciones para consolidar el manejo geoestratégico de la Triple Frontera del Litio, de los Salares de la Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra el 80% de las reservas más rentables del planeta.

El reflote de la instalación de las bases militares norteamericanas en la provincia de Misiones, se relaciona directamente, con que esta es una zona de carga y descarga del cuarto acuífero y reservorio de agua dulce más grande del mundo, compartido entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el llamado Acuífero Guaraní.

El avance de las derechas en el Cono Sur tiene como elemento fundamental “bajo la manga”, la idea de la Seguridad Interior, anexada al de ocupación de los territorios estratégicos de la región, por fuerzas extranjeras. Las bases propuestas, por el gobierno argentino, en Misiones, se relaciona con el Acuífero Guaraní, y la de Ushuaia, al interés norteamericano sobre la Antártida.

Tal vez no se puede afirmar tácitamente que el agua y sus reservorios son los únicos motivos de guerras futuras, pero sí podemos decir, que son todo el cúmulo de bienes naturales presentes en Nuestramerica, los que generan un alto grado de conflictos y escaramuzas en torno primero, de la disputa por su utilización y segundo, por la necesidad de acumularlos como reservorios de los países con mayor consumo de los mismos.

El agua, así como todos los bienes comunes, son recursos finitos, no reemplazables; eso hace del Cono Sur, un área de cada vez mayor interés. Las reservas de agua del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), concebido Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el marco del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, es el mayor manantial de agua dulce del mundo, con capacidad para abastecer a la población mundial por 200 años.

Pero la región está estipulada y destinada por los centros globales de poder, a cumplir el rol histórico de proveedor de bienes naturales de las grandes corporaciones extractivas, y sus países de procedencia, que no solamente los llevan a precio de nada, sino que además, dejan el rastro de la contaminación en la naturaleza, mientras legitiman un proceso de progreso ficticio.

Desde 2.001, el bien común estratégico agua, viene siendo objeto de debate y negociación por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y en el Acuerdo General Sobre Comercio de Servicios de la OMC (AGCS), con el objeto, en teoría, de garantizar agua potable y saneamiento básico, como derechos humanos y bien social; sin embargo, esto guarda un real interés, con garantizar los negocios de las corporaciones que necesitan del agua para seguir produciendo, en detrimento de los pueblos originarios, pequeños agricultores y comunidades campesinas.

Ya desde los años 1.992 y 1.994, estudios alertaban sobre posibles conflictos territoriales por la escasez del agua en el siglo XXI.

En la región del SAG existe una importante demarcación militar en expansión, como lo detallamos al principio del artículo, lo cual es denunciado desde el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA).

La región de la Triple Frontera, que abarca a Brasil, Paraguay y Argentina, está prospectada, sobre todo por el Pentágono, como zona de instalación de aparatos militares de inteligencia y logística, bajo la excusa de “frenar el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas”. La intención de instalar una base militar y una sede diplomática en la región, viene siendo fogueada por los EEUU, con mayor fuerza desde 1.999 aproximadamente.

El reciente acuerdo entre las embajadas de Argentina y EEUU, realizado en Buenos Aires, a puertas cerradas, por el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau y su par norteamericano, Noah Mamet, contempla un convenio entre la Guardia Nacional del Estado de Georgia y las Fuerzas Armadas Argentinas, como parte del State Partnership Program (SPP); dicho programa construye relaciones en todo el mundo desde hace más de 20 años, la incorporación de Argentina al SPP alcanzará la cifra total de 73 colaboraciones estatales. La Guardia Nacional norteamericana cuenta con 460.000 efectivos y con un amplio grupo de socios en el extranjero, en todos los niveles de comandos de combate.

La excusa del convenio: “La cooperación en el caso de la Argentina con los Estados Unidos y por prioridad de nuestro país será para atender desastres naturales, programas de aviación, colaboración en las fronteras, en el cuidado del medio ambiente, en medicina militar, en una red de educación a distancia y en misiones de paz” [2].

Es en el marco de un ascenso institucional de las derechas y un retroceso de los procesos llamados progresistas en Nuestramerica, que comienza a reformularse mediáticamente la peligrosidad de la Triple Frontera como hipótesis de conflicto; dentro de esta reformulación, que incluye a todo el Cono Sur, se pacta el acuerdo de cooperación militar que, incluye además, la instalación de una base científica en la región.

La Triple Frontera es “considerada” muy peligrosa, por el hecho de “abrigar” a supuestos “miembros de sectas terroristas” que todavía no se sabe dónde están. Sin embargo, la supuesta paranoia estadounidense (más bien, justificación política e ideológica para penetrar territorios estratégicos) tiene una selectividad muy peculiar. Preocuparse más con estas amenazas “terroristas” y buscar fortalecer su presencia en áreas estratégicas, cuando el escenario político de América Latina cambia de forma relevante, con procesos de pérdida del protagonismo de los gobiernos llamados bolivarianos.

La construcción de una zona militarizada que pueda garantizar la apropiación y el acaparamiento territorial, bajo el modo de “compra” de tierras abundantes en bienes naturales, muchas de estas sostenidas con un hipotético objetivo conservacionista, pone al Estado de manera explícita como subsidiario de, y al servicio de los intereses de las corporaciones extractivas. Este proceso, en que el Estado subsidiario del capital transnacional, cede de manera tácita el control de los territorios a manos de las compañías y de una estrategia de ocupación militar, desemboca en una exacerbación e intensificación de los conflictos territoriales, entre terratenientes, pueblos originarios y campesinos, entre las empresas transnacionales y las comunidades.

En el Mato Grosso del Sur, una área importante e histórica de resistencia de los pueblos Guaraní-Kaiowá, los empresarios del agronegócio llevan a cabo el genocidio de esta población indígena que lucha por la demarcación de sus tierras. El último 11 de julio de 2.016, en el marco del asesinato del líder indígena Semião Fernandes Vilhalva, los empresarios del agronegócio mencionaron el SAG como causa del conflicto, en contra los indígenas que buscan rescatar sus tierras ancestrales.

El SAG tiene casi 1.200.000 kilómetros cuadrados de extensión; se calcula que su cuenca cuenta con entre el 42 y el 45 % de las reservas de agua dulce del mundo. La población que vive sobre él, constituye solo el 7% del total mundial, mientras la mayoría de los países desarrollados, tienen las cuencas de sus ríos contaminadas, además de enfrentar una desertificación progresiva en sus territorios.

El Ministerio de Protección del Medio Ambiente de China reveló que un 57,3% de las agua subterráneas en 193 ciudades tienen una calificación de malas o muy malas, así como el 30% de los ríos. El río Mississippi, en los Estados Unidos, representa una de las vías navegables más importantes, con una extensión de 3.782 kilómetros, pasando por 10 estados en su recorrido. En su rivera se encuentran numerosos centros industriales y agrícolas; ejemplo de ello es que el 78 % de las explotaciones de cereales y de soja que se encuentran en gran parte de su extensión.

El surgimiento del neo extractivismo itinerante, como uno de los modelos de acumulación capitalista, marca un nuevo momento de la historia geopolítica y económica del mundo. La súper explotación gana un nuevo ropaje y el liberalismo más ortodoxo pasa a ser considerado un mal menor para muchos actores internacionales, incluidos los latinoamericanos, frente al neoliberalismo más crudo. Este nuevo período abierto en la región, claramente viene a crear un cerco sobre nuestros territorios, ricos en bienes naturales, críticos y estratégicos. El SAG es uno de los tantos objetivos imperialistas.

Notas:

1-http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/07/12/sustancioso-informe-sobre-la-instalacion-de-bases-militares-yanquis-en-argentina/

2- http://www.lanacion.com.ar/1966718-acuerdo-de-cooperacion-militar-con-la-guardia-nacional-de-eeuu