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Agrotóxicos: la sustentabilidad de las corporaciones

“Esas tradiciones, esas señas de identidad cultural, esas fiestas de la vida, están siendo apabulladas, de manera fulminante, por la imposición del saber químico y único: la globalización de la hamburguesa, la dictadura de la fast food.”

Eduardo Galeano

 

Vanessa Dourado y Braulio Domínguez

 El uso de agrotóxicos se expandió entre los años 1945 y 1985, período de la modernización de la agricultura. La eficiencia productiva, gerencial y organizativa fue de a poco convirtiéndose en regla. Los procedimientos empresariales para lograr rentabilidad y competitividad fueron impuestos a quienes deseaban seguir viviendo de la agricultura.

Mientras especialistas de todo el mundo, en la década de 60 –utilizando el mismo discurso repetido exhaustivamente–,  proclamaban la Revolución Verde como salida para el hambre, las grandes empresas, que nunca se preocuparon por la problemática de la hambruna, aprovechaban para lucrar con la venta de los paquetes de insumos agrícolas.

Casi 60 años después, los principales países que reciben estos alimentos producidos en  países llamados “en desarrollo” que adoptaron el paquete vendido por las grandes corporaciones son Japón, Estados Unidos y los países de la Unión Europea.  Si fuera  cierto que la revolución verde  solucionaría el problema del hambre, no tendríamos estos datos: los últimos números de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  muestran que los países del mundo que más sufren el hambre son Yemen, con 60 % sus habitantes en la hambruna severa, seguido de Sudán del Sur, con 45 % y Siria con 33 %.

Más allá de la posible honestidad de quienes, en la época, sostuvieron la necesidad de la modernización con la esperanza de que esta fuera un paso importante para la construcción de un futuro mejor, seguir defendiendo el uso de agrotóxicos no tiene ningún sentido lógico. A menos que quienes los estén defendiendo sean los dueños de las corporaciones que los venden.

El uso intensivo de venenos degrada el suelo, hace que este pierda la capacidad de absorción del agua. El cultivo con agroquímicos empobrece  la tierra y la hace, con el paso del tiempo, improductiva. Según la FAO, 25% de los suelos cultivables del mundo presentan un alto nivel de degradación. La no absorción del agua hace que crezca el número de inundaciones, causa costos a los Estados, compromete el bienestar de las poblaciones, propaga enfermedades, altera el ecosistema y daña a los cultivos. O sea, a largo plazo, el uso de agrotóxicos también es dañino para quienes los utilizan en sus tierras.

El discurso de las buenas prácticas, que intenta convencer de que el problema de los agrotóxicos es su uso de forma incorrecta, es uno de los últimos recursos utilizados por las corporaciones –en conjunto con los Estados– para evitar y esconder las evidencias de la toxicidad de estos productos y de sus pérdidas financieras frente al incremento en la producción de orgánicos.  El recrudecimiento de las leyes que garantizan el uso indiscriminado de agrotóxicos es una evidencia de que el mercado se ve amenazado. En cuanto al uso de agrotóxicos en Argentina, donde el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto  los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%, es necesario mencionar lo sucedido en dos provincias. En Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia resolvió que desde el 1 de enero del presente año se puede fumigar a 0 metros de poblaciones, escuelas rurales, o reservas naturales. De este modo, intenta invalidar ordenanzas municipales que habían sido producto de mucho trabajo y organización de parte de las asambleas de cada lugar que sufre con la problemática de las fumigaciones y que establecían algunos límites para la aplicación de los agrotóxicos, sin embargo, el 18 de febrero la resolución fue suspendida por un periodo de un año [1]. En  Entre Ríos, el Tribunal Superior de la Provincia confirmó la sentencia que prohíbe las fumigaciones en todas las escuelas rurales, establece un límite de 1.000 m para las fumigaciones terrestres y 3 km para las aéreas. Vale recordar que la sentencia que primero restringía estos usos había sido apelada curiosamente por la Provincia, no por empresarios de la soja.

En Misiones, conocida como la Capital Nacional de la Biodiversidad, la Secretaría de Agricultura Familiar avanza con un proyecto para siembra de maíz transgénico en la región.

Desde 2012, se intenta aprobar la Ley de Semillas que tiene por objetivo privatizarlas y lograr la prohibición a la libertad de siembra a través de regulaciones que incluso pueden criminalizar a productores que utilicen sus propias semillas. Muy posiblemente intenten avanzar con este proyecto el presente año en el Congreso Nacional.

Sin embargo, no solo las leyes se están poniendo más duras; el último 15 de febrero, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), que se dedica a la producción de alimentos agroecológicos, fue brutalmente reprimida en Plaza Constitución –Buenos Aires– cuando realizaba uno de sus famosos verdurazos. La feria de verduras es siempre realizada en plazas de la ciudad donde los alimentos son ofertados a la población a precios simbólicos, tratando también de visibilizar cómo funciona el mercado de alimentos y denunciando la situación en que se encuentran los productores frente al modelo productivo dominante. Realizando estas ferias, venden la verdura a $10 el kg. Según una integrante de la UTT, “si lo hacen de la manera convencional, los intermediarios se la compran a $2 y al público le llega a $50”.

El alto grado de conflictividad inaugurado en este momento histórico, de agotamiento de modelos contaminantes e insostenibles, será clave para la instalación del debate en el seno de la sociedad. América Latina es la región donde más se asesinó a defensores y defensoras de la Tierra en el año 2017 –según la Global Witness–. Es cada día más evidente que la política a nivel mundial pasa por la discusión del sostenimiento de la vida en lo más básico: la alimentación sana, segura y soberana.

Nota:

[1] https://boletinoficial.gba.gob.ar/sections/9394/view (páginas 10 y 11)

 
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Cambio Climático: G-20, COP24 y la receta de Macron

Foto: Marta Musić/Transición ecológica, basta de evasión fiscal.

Marta Musić y Vanessa Dourado

Luego del 3 de diciembre, dos días después de la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en la Argentina, se realizaba en Polonia la COP24 –Conferencia de las Partes Sobre Cambio Climático–.  Desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, la COP viene trabajando  la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Las evidencias científicas que señalan los efectos de la emisión de estos gases  –sobre todo el dióxido de carbono– como responsables por los eventos extremos que han sucedido en el mundo en la última década: sequías, huracanes, desertificación,  aumento del nivel del mar, extinción de especies animales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático.  Sin embargo, los esfuerzos para frenar la industria fósil y de carbón son parte de una retórica que toma los discursos de la mayoría de los líderes mundiales, pero los números muestran una realidad que no corresponde a la declarada preocupación.

En su último informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático –IPCC, por sus siglas en inglés– informa que es necesario disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 45% para el año 2030 y reducirlas a cero hasta el año 2050  para evitar una catástrofe ambiental sin precedentes. Además, el IPCC planteó un escenario de ecocidio –genocidio del planeta–  más allá de un calentamiento planetario de 1.5°C. No obstante, con la forma de producción y de consumo del sistema actual, este número se está dirigiendo a los 4°C, lo que pondría en riesgo toda forma de vida en la Tierra.

En la reunión del G-20, donde se celebró los diez años de la primera cumbre, la declaración final que  decía  tener por objetivo “construir consenso para un desarrollo equitativo y sostenible a través de una agenda inclusiva, centrada en las personas y con visión de futuro” no logró llegar a un acuerdo sobre el tema Cambio Climático. En los puntos 20 y 21 de la declaración, los países reafirman el carácter irreversible del Acuerdo de París mientras los EE.UU. ratifican su retirada del acuerdo. Cabe precisar que los países miembros del G-20 son responsables por un 80% del total de energía consumida en el mundo y del 78% de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Los EE.UU. es el país que históricamente más ha emitido gases de efecto invernadero en la atmósfera mientras que China –actual líder mundial de emisiones de CO2 con unos 27% de todas las emisiones en 2017– tendrá un aumento de 4.7% de sus emisiones este año. En otras palabras, los gobiernos más poderosos del mundo siguen agravando la crisis socio-ambiental que estamos enfrentando ahora y que sobre todo impacta las poblaciones más vulnerables del mundo.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– alerta que un promedio anual de 21,5 millones de personas han sido forzosamente desplazadas cada año desde 2008 por amenazas repentinas relacionadas con el clima. Asimismo, el tema  migraciones –una de las problemáticas más crecientes en el mundo– no fue uno de los ejes de preocupación en esta reunión del G-20. En el documento final, los puntos 16 y 17 se limitan a enfatizar  “la importancia de las acciones comunes para abordar las causas centrales de los desplazamientos y para dar una respuesta a las crecientes necesidades humanitarias”.

Después de esta desastrosa cumbre del G-20, no es sorprendente que las negociaciones sobre el cambio climático en la reunión de la COP24 avanzan muy difícilmente y que es poco probable que los países lleguen a algún acuerdo hasta mañana. Polonia, el país anfitrión, tiene una matriz energética dependiente de uno 80% del carbón. También está presente Arabia Saudita, cuya empresa petrolera paraestatal Saudi  Aramco es considerada la más rentable del mundo y una de las  más importantes en reserva  de óleo crudo y de producción. El príncipe Mohammad bin Salman –quien estuvo en la reunión del G-20 bajo mucha polémica respecto de denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos– cuestionó el informe del IPCC. A algunos días de la COP24, Bolsonaro anunció que Brasil no iba a organizar la próxima COP25 en 2019. Ni hablar del negacionismo climático de Trump. Mientras tanto, la situación actual en Francia destapa cada vez más la postura hipócrita del gobierno de Macron frente al cambio climático.

La receta  de Macron

Como entusiasta del fortalecimiento  del mecanismo de disputa de la OMC durante el G-20 para proteger el sistema de comercio mundial actual de medidas para la protección del medio ambiente como: la relocalización de los circuitos de producción y consumo, la reducción de transportes internacionales de bienes o la tasaciones sobre el queroseno;  Macron logra dejar muy nítido su política.

Durante el encuentro de líderes en la Argentina, el presidente francés dijo que apoyaba la agenda de reformas y el FMI y que este era el camino correcto no sólo para la Argentina como para toda Latinoamérica, mientras su país ardía en protestas contra el aumento en el precio de la gasolina. Alegando el coste de la “transición ecológica”, Macron evidencia con sus medidas: que lo paguen las personas trabajadoras. La movilización de los “Chalecos Amarillos” en Francia ya es considerada una de las más importantes de la historia del país.

Macron, llamado por la población francesa como el presidente de los ricos, presenta un 20% de aprobación popular. El presidente dijo que ratifica su compromiso con la transición energética, sin embargo exonera a la empresa petrolera Total de toda su contribución fiscal y apoya la explotación de petróleo.

El discurso verde de Macron es rechazado por la comunidad socio-ambiental que alega que los 500 millones del impuesto sobre carburantes van a ser utilizados no para la transición ecológica, sino a absorber el déficit presupuestario de 2019 y compensar así la recaudación de la supresión del impuesto sobre la fortuna.

Foto: Marta Musić /Fin del mundo, fin del mes: cambiemos el sistema, no el clima.

A pesar de la intensificación de la represión de Macron, el sábado 8 de Diciembre, el cuarto acto de los Chalecos Amarillos convergió con la Marcha Internacional por el Clima, organizada este mismo día. Los gritos de “fin del mundo, fin del mes: misma lucha!” cantados a lo largo del día destacaron los vínculos imprescindibles entre las cuestiones sociales y los imperativos ambientales. Las manifestaciones también ponen de relieve las consecuencias socioeconómicas de las reformas de austeridad de Macron, los pocos esfuerzos del gobierno francés cuanto a sus políticas contra el cambio climático  y su postura hipócrita frente a las numerosas crisis que viene atravesando el país. Un país donde la evasión fiscal nunca fue tan importante y las riquezas tan concentradas entre las manos de los más ricos. Un país donde las empresas que contaminan más son exoneradas de impuestos, donde las causas principales del cambio climático no están contempladas, los medios de transportes no están desarrollados, mientras la gentrificación fuerza que las personas se muden para lugares cada vez más lejos de las principales ciudades.

Francia no es un caso aislado. Como lo mostraron el G-20 y la COP24, los gobiernos más poderosos del mundo siguen preservando los intereses del capital transnacional y fomentando un sistema económico insostenible. La situación en Francia ahora está poniendo de relieve preocupaciones reales y concretas sobre cómo llegar a una transición ecológica que sea socio-económicamente justa, porque no es posible pensar justicia social sin justicia fiscal y sin justicia climática.

 
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Buenas Prácticas Agrícolas, un peligro inminente

El costo humano de los agrotóxicos: Pablo Piovano

Por Vanessa Dourado

Argentina avanza en las discusiones sobe las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas”. El Grupo de Trabajo Interministerial sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones fitosanitarias está conformado por los Ministerios de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación y tiene por objetivo discutir el uso de agrotóxicos en el país, pero, sobre todo, validarlo.

Para el Grupo de Trabajo Interministerial que discute las formas de aplicación de las exigencias  fitosanitarias, estás deben ser armónicas en el sentido de expresar su máxima capacidad y tratar de disminuir los posibles riesgos a la salud y el ambiente.

El intento de cambiar el eje del debate llevado a cabo por varias organizaciones socio-ambientales, abogado/as, científicos/as y las personas directamente afectadas con el uso de los venenos es nítido. Es decir, el objeto de discusión sería el conjunto de prácticas inadecuadas respecto del uso  y no los agrotóxicos per se.

Así, el grupo de trabajo propone un paquete de medidas que van desde la negación de que los agroquímicos son nocivos a la salud humana y los ecosistemas,  como también prevé un conjunto de estrategias técnicas, comunicaciones y hasta científicas para fundamentar y validar el uso de los agrotóxicos.

La propuesta del grupo para la incorporación de buenas prácticas agrícolas  y la gestión fitosanitaria al programa curricular de las carreras agronómicas  demuestra la intencionalidad de invalidar las investigaciones que evidencian que el uso de agroquímicos es incompatible con la búsqueda de una agricultura que sea sostenible.

Están previstas campañas a nivel nacional para sensibilizar acerca del llamado mal uso de los agrotóxicos  y un osado proyecto para involucrar a las poblaciones en la difusión, consolidación y validación de lo que serían las Buenas Prácticas. También están previstas capacitaciones obligatorias y programas de financiamiento de inversión para la transición hacia las Buenas Prácticas.

En la Argentina, el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto a los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%. Sin embargo, los ministros sostienen que las medidas son esfuerzos del gobierno argentino en producir alimentos y en  alimentar el mundo.

El artículo 41 de la Constitución Nacional sostiene: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Según Damián Marino –investigador del CONICET y la UNLP–, en los últimos diez años se consumieron más de 1000 millones de litros sólo del agroquímico Glifosato en la Argentina. La cantidad de uso de agroquímicos es de 10 litros por habitante/año.

La problemática de los pueblos fumigados hoy en Argentina,14 millones de personas son expuestas a los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos­  y de los casos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y una  gama de enfermedades está denunciada en la ONU.

Una vasta literatura científica da cuenta, en todo el mundo, de las consecuencias del uso de agrotóxicos a salud humana, de los animales y en los ecosistemas. Incentivar, desde del Estado, el uso de agroquímicos en lugar de sostener campañas para prohibirlos –como hicieron las autoridades responsables en Europa y EE.UU.– es exponer toda la población a riesgos y daños irreparables, con respaldo institucional.

 
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El G20 y su agenda regresiva

Escultura: Lento hundimiento - Isaac Cordal, 2013

Por Vanessa Dourado

Los países miembros del G20 representan  85% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y son responsables por 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmosfera. Los EE.UU. es el país que más ha emitido dióxido de carbono (CO2) en la historia.

Las COPs –Conferencias de las Partes Sobre Cambio Climático–, desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, vienen trabajando la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Para evitar un cambio climático peligroso, el acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global por debajo de 2 ºC.

En la declaración de los líderes del G20 en Hamburgo, en julio de 2017, se  reiteró la importancia de cumplir  los compromisos con la Comisión de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), proveyendo medios de implementación para la adaptación y mitigación, y anunciando la creación del Plan de Acción de Clima y Energía para el Crecimiento. El año pasado, el cambio climático fue retirado de la lista de prioridades de la agenda del G20 por presión de los EE.UU. el cual salió del Acuerdo de Paris –señalado por los propios líderes de los estados miembros del G20 como irreversible–.

Trump, con su política “America first”, viene declarando una guerra contra los esfuerzos en combatir el cambio climático, revertiendo las políticas contra el calentamiento global llevadas a cabo por su antecesor Barack Obama. En 2017, el presidente norteamericano decretó el fin del Plan de Acción del Clima, reactivando la industria del carbón en los EE.UU.

Este año, el Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20, que se reunió el último 27 de abril en Argentina, no discutió los precios del carbono, los cuales son fundamentales para tener en cuenta el daño ambiental, social y económico provocados por las emisiones de gases contaminantes y cambiar los patrones de inversión, producción y consumo, posibilitando la apertura de diálogos sobre las estrategias de transición. Tampoco se habló de Justicia Climática, de responsabilidad por daños y prejuicios, y tampoco se señaló un sentimiento de urgencia.

La limitación de la reunión en tener el enfoque en aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático –desde que este no afecte la capacidad de producción de alimentos– y desarrollar modelos para generación de infraestructura resiliente es una regresión en la lucha en contra del cambio climático.

Es nítido que las discusiones en las reuniones del G20 están ajustadas para no afectar mucho a los más poderosos. No hablan de erradicar el uso de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles es la mayor responsable por la emisión de dióxido de carbono (CO2) en la atmosfera.

Mientras tanto, los países miembros del G20 siguen planteando el desarrollo basado en una economía de crecimiento infinito frente a recursos no renovables, no respetando los límites planetarios, llevando el planeta a catástrofes, las cuales ya estamos pasando: eventos extremos, sequías, huracanes, aumento del nivel del mar, desapareciendo de especies animales y vegetales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático combinado con una lógica colonialista de crecimiento económico.

No hay ningún compromiso ético por parte de los países miembros del G20, hablan de desarrollo equitativo y sostenible, sin embargo no mencionan a la Justicia Climática. No les importa el hambre, la pobreza y la destrucción que afecta directamente las poblaciones más vulneradas del mundo; las sequías y las inundaciones que  perjudican a los productores y productoras locales y a los pueblos originarios, quienes dependen de sus cosechas para subsistir, y que también implica un aumento en el precio de los alimentos; profundizando la desigualdad social, impidiendo el acceso a una alimentación adecuada, imposibilitando el alcance de la soberanía alimentaria y provocando un aumento del número de refugiados.

La política del G20 es la del engaño. Hablan de garantizar el futuro de las próximas generaciones, sin embargo no discuten la crisis civilizatoria la cual compromete la existencia de los/las que vendrán. No hay progreso, ni trabajo, tampoco desarrollo, en tierra arrasada.

 
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Mauricio Macri y el desprecio por el cambio climático

Glaciares

Por Andreia Albratroz

Los glaciares contienen casi 70% de reserva de agua dulce disponible en el mundo.  Desde hace décadas, los glaciares ubicados entre la Patagonia y Venezuela han pasado por un proceso de deshielo importante. La principal causa del fenómeno es el Cambio Climático. El aumento de la temperatura global es un fenómeno causado por la intervención humana, mayoritariamente por la emisión de CO2 –gas productor de efecto invernadero–  en grandes escalas en la atmosfera. La principal causa del Cambio Climático en el mundo es la quema de combustibles fósiles, fuente de energía primaria para la denominada modernización económica.

Las consecuencias del derretimiento de los glaciares son muchas, todavía la más preocupante es el aumento del nivel del mar. Según Qin Dahe, co-director del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, en su sigla en inglés), en la medida que el océano se calienta; el hielo continental y marino se reduce, el nivel  global del mar seguirá aumentando, más rápidamente que en los últimos 40 años.  Según estudios de la NASA, un tercio de la elevación del nivel del mar entre los años 1880 y 2013 ocurrió en los últimos veinte años.

Según Luiz Marquez, autor del libro Capitalismo y Colapso Ambiental , las más importantes consecuencias del aumento en el nivel del mar serán: las inundaciones y lxs refugiadxs climáticos, el desaparecimiento de pequeñas islas,  la salinización de los deltas, la intrusión marina en los acuíferos, la destrucción de los ecosistemas costeros y la vulnerabilidad de las plantas nucleares ubicadas en las zonas costeras[1].

Frente al escenario de urgencia respecto a la preservación de las zonas de los glaciares, los gobiernos de muchos países vienen ignorando las evidencias y siguen en proceso de destrucción de los glaciares a través del desarrollo de actividades mineras en estas áreas.

En la Argentina, el año 2008, la diputada Marta Maffei presentó una ley con el objetivo de proteger los glaciares. La ley fue aprobada en 2010 y el año 2011 se dio inicio el inventario de los glaciares del país. Sin embrago, los intereses de las empresas mineras en avanzar sobre las áreas protegidas tienen el aval de Macri. Frente al pedido de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que busca modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley –que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la actividad  minera en estos sitios-  Macri confirmó que él mismo tratará de avanzar con la reforma de la ley. Desde el inicio del actual gobierno, la alianza entre el gobierno de la Argentina y las corporaciones mineras fue un hecho con la baja a las retenciones de las exportaciones minerales.

Imagen: Trump-Macri

En noviembre, se dará el encuentro del G-20 en la Argentina. Como presidente del G-20, Macri no considera el tema ecológico como eje central de discusión y prefiere no poner en riesgo su imagen frente, principalmente, a los EE.UU que se retiró del Acuerdo de París –acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A pesar de las duras críticas recibidas a nivel mundial –hasta mismo del primer ministro del vaticano Jorge Bergoglio, por quien Macri demuestra tener aparente aprecio–  por la no consideración de la problemática del Cambio Climático en las negociaciones, Macri mantiene su posición.

 

NOTAS:

[1]https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/consequencias-da-elevacao-do-nivel-do-mar-no-seculo-xxi

OTRAS FUENTES:

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/o-degelo-e-elevacao-do-nivel-do-mar#_ednref6

 
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Segunda fase del golpe: el avance minero sobre la Amazonia

Foto: Marcela Bonfim /AmReal

Por Vanessa Dourado

La época denominada “carrera del oro” ocurrió en Brasil en el siglo XVIII. Durante años hubo una gran extracción de metal con la utilización de mano de obra esclava africana e indígena. Una grande cantidad de personas migraron a las localidades donde había abundancia de oro y metales preciosos, particularmente a la región hoy denominada Minas Gerais. En este período, la mayoría de los negros africanos esclavizados morían después cinco años de actividad en las minas. Las causas de las muertes eran relacionadas a carencia de alimentación, falta de oxigeno dentro de las minas, exposición a bajas temperaturas y a la proliferación de enfermedades por la debilidad de la salud. Muchas muertes también se daban por ahogamiento causadas por el rompimiento de los diques de contención de las mineras. El trabajo en las minas fue considerado la actividad más brutal a la cual fueron sometidos los negros africanos esclavizados en Brasil.

En noviembre del 2015, en Mariana –en la misma región de Minas Gerais–, ocurrió el mayor desastre ambiental minero de la historia de Brasil. Un dique de contención de la empresa minera Samarco –una asociación entre la brasilera Vale S.A y la anglo-australiana BHP Billiton– se rompió. El dique contenía alrededor de 62 millones de metros cúbicos de agua y 50 millones de toneladas de mineral de hierro y residuos. Aproximadamente 6 millones de personas fueron afectadas. El abastecimiento de agua potable fue puesto en riesgo a 250 mil personas por  presencia de metales como arsénico, cadmio, plomo, cromo, níquel, cobre y mercurio. La contaminación del Río Doce, con más de 850 kilómetros de largo, provocó la muerte de un trillón de organismos vivos, entre ellas 19 humanas.

Los daños causados por la actividad minera parecen no ser un obstáculo en la continuación del modelo económico utilizado desde la época del Brasil colonial. En su afán por obtener ganancias a cualquier costo, empresa y Estado cierran los ojos a las cuestiones ambientales y siguen exterminando indígenas y ambientalistas –amenazas concretas a sus negocios. El año de 2016, hubo  49 asesinatos de ambientalistas en Brasil, 25% del total mundial –según el informe de la Global Witness– y 137 asesinatos de indígenas en 2015, según el Cimi (Consejo Indigenista Misionario).

En agosto de este año, el presidente de Brasil Michel Temer –quien ocupa el cargo después del golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia del país–  firmó un decreto para extinguir La Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca) y habilitar el área a la explotación por empresas privadas y extranjeras. La Renca fue creada en el año de 1984, en este momento, ya en fines de la dictadura militar-civil-empresarial-eclesiástica (1964-1985), la gran preocupación del gobierno militar tampoco era la preservación ambiental. Los militares temían la presencia de empresas extranjeras en la región y prohibieron las investigaciones minerales, restringiendo su actuación al Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM).

La decisión del presidente, tomada por decreto, habilita un 30% del área a actividades mineras. El decreto garantiza no avanzar sobre las áreas de conservación y de demarcación indígenas –puntos que ya estaban contemplados en la legislación anterior–, no obstante, no hay ningún dispositivo que contemple los daños socioambientales que implican las actividades mineras. Los párrafos de los artículos 1 y 3 del decreto apenas tratan de mencionar la responsabilidad con el manejo sustentable en términos generales. Entre ellos están: la correcta destinación y el uso sustentable del área; el dimensionamiento del impacto ambiental de la explotación minera; el manejo de tecnologías capaces de reparar posibles daños al medio ambiente; el aprovechamiento económico sustentable; el control ambiental; la recuperación del área degradada y la contención de posibles daños.[1]

La cuenca amazónica representa alrededor del 40% del remanente selvático en el mundo y 13% de la bioma mundial. En el área de la Renca hay dos territorios indígenas: Wajãpi, en Amapá, y Rio Paru d’Este, en Pará. A pesar que el texto mantiene el compromiso con la no explotación de las tierras indígenas, en 1996 fue presentado un proyecto de ley (PL 1610/1996) que propone la explotación de recursos minerales en tierras indígenas. El proyecto tramita en la cámara baja de Brasil en régimen de prioridad.[2]

La actividad minera en tierras indígenas está contemplada en el artículo 231 de la Constitución Federal, sin embargo sólo puede ser realizada a través de una legislación específica que todavía no existe. Por lo tanto, la actividad es ilegal. El PL 1610, presentado en 1996 por el senador Romero Jucá (PMDB-RR), volvió al escenario y es considerado por los pueblos indígenas como una gran amenaza. Desde año 2015, con el avance del bloque terrateniente en los poderes legislativo y ejecutivo de Brasil, el texto viene siendo tratado con celeridad. No hubo consulta a los pueblos indígenas acerca de la elaboración de la reglamentación del mencionado proyecto de ley.

Foto: VOA Protesta indígena en Brasilia.

Utilizando el discurso de recuperación económica y apertura de oportunidades a las inversiones, Michel Temer sigue ignorando las manifestaciones de los órganos nacionales e internacionales, más allá del propio sistema judicial brasilero. Entre 1991 y 2012, las pérdidas económicas acumuladas por eventos climáticos extremos en Brasil, sumaron 278 billones de reales -0,68% del PIB; además de 3.745 muertes y 46.022.011 personas afectadas –según revela una investigación llevada a cabo por economistas de la Universidad Federal del Rio de Janeiro (UFRJ).

 

Notas:

[1]http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9147.htm

[2]http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16969

Otras fuentes:

http://brasilescola.uol.com.br/historiab/trabalho-escravo-nas-minas.htm

http://www.nature.com/nature/journal/v535/n7610/full/nature18326.html

http://educacao.cemaden.gov.br/medialibrary_publication_attachment?key=AiWGBqNzLryG-ic02-Wte2gFJFp6GXPI

 
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Acuífero Guaraní, disputa y acaparamiento imperialista de una reserva única

Vanessa Dourado y R. Gómez de Mederos

El diseño de ocupación moderna de territorios completos es, a escala mundial, una arquitectura de formatos claramente parecidos. En esta ingeniería global, con el patrocinio de su más avezado protagonista, EEUU, requiere unir de manera radical y precisa dos elementos estratégicos de la visión imperialista relativa de la cuestión militar que es, “fusionar” dos elementos, la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, una estrategia que sea funcional a sus intereses y que desmembra y des-limita la frontera entre una y otra. En el fondo, es una reconfiguración de la Doctrina de Seguridad Nacional, tantas veces re-editada en el continente nuestroamericano.

El desenterramiento de lo que sobre 2.012 fue el programa estratégico dictado por expertos de los EEUU en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información, llamado en su momento “Lineamientos Estratégicos de la Defensa Nacional” [1], que formaba parte del Programa Expandido de Educación y Entrenamiento Militar (Expanded International Military Education and Training, E- IMET) de la Defense Security Cooperation Agency, es una posibilidad certera con el fortalecimiento de las derechas en el Cono Sur [1].

Según Elsa Bruzone, experta en Seguridad Nacional del CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia Argentina), Susana Malcorra, la actual Canciller Argentina, que integró como CEO, la norteamericana IBM y la gerencia de Telecom, quien fuera responsable del manejo, durante 12 años, del principal programa de Naciones Unidas contra el hambre (que cuenta con 30 barcos, 70 aviones, 5.000 camiones y 90.000 personas distribuidas en 86 países), es ahora la persona clave para re-dinamizar la idea de las bases militares en Misiones y Ushuaia, más otra posible en Jujuy, que aseguraran un pinzamiento sobre Bolivia y el reaseguro del Plan Belgrano, herramienta fundamental de las corporaciones para consolidar el manejo geoestratégico de la Triple Frontera del Litio, de los Salares de la Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra el 80% de las reservas más rentables del planeta.

El reflote de la instalación de las bases militares norteamericanas en la provincia de Misiones, se relaciona directamente, con que esta es una zona de carga y descarga del cuarto acuífero y reservorio de agua dulce más grande del mundo, compartido entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el llamado Acuífero Guaraní.

El avance de las derechas en el Cono Sur tiene como elemento fundamental “bajo la manga”, la idea de la Seguridad Interior, anexada al de ocupación de los territorios estratégicos de la región, por fuerzas extranjeras. Las bases propuestas, por el gobierno argentino, en Misiones, se relaciona con el Acuífero Guaraní, y la de Ushuaia, al interés norteamericano sobre la Antártida.

Tal vez no se puede afirmar tácitamente que el agua y sus reservorios son los únicos motivos de guerras futuras, pero sí podemos decir, que son todo el cúmulo de bienes naturales presentes en Nuestramerica, los que generan un alto grado de conflictos y escaramuzas en torno primero, de la disputa por su utilización y segundo, por la necesidad de acumularlos como reservorios de los países con mayor consumo de los mismos.

El agua, así como todos los bienes comunes, son recursos finitos, no reemplazables; eso hace del Cono Sur, un área de cada vez mayor interés. Las reservas de agua del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), concebido Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el marco del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, es el mayor manantial de agua dulce del mundo, con capacidad para abastecer a la población mundial por 200 años.

Pero la región está estipulada y destinada por los centros globales de poder, a cumplir el rol histórico de proveedor de bienes naturales de las grandes corporaciones extractivas, y sus países de procedencia, que no solamente los llevan a precio de nada, sino que además, dejan el rastro de la contaminación en la naturaleza, mientras legitiman un proceso de progreso ficticio.

Desde 2.001, el bien común estratégico agua, viene siendo objeto de debate y negociación por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y en el Acuerdo General Sobre Comercio de Servicios de la OMC (AGCS), con el objeto, en teoría, de garantizar agua potable y saneamiento básico, como derechos humanos y bien social; sin embargo, esto guarda un real interés, con garantizar los negocios de las corporaciones que necesitan del agua para seguir produciendo, en detrimento de los pueblos originarios, pequeños agricultores y comunidades campesinas.

Ya desde los años 1.992 y 1.994, estudios alertaban sobre posibles conflictos territoriales por la escasez del agua en el siglo XXI.

En la región del SAG existe una importante demarcación militar en expansión, como lo detallamos al principio del artículo, lo cual es denunciado desde el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA).

La región de la Triple Frontera, que abarca a Brasil, Paraguay y Argentina, está prospectada, sobre todo por el Pentágono, como zona de instalación de aparatos militares de inteligencia y logística, bajo la excusa de “frenar el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas”. La intención de instalar una base militar y una sede diplomática en la región, viene siendo fogueada por los EEUU, con mayor fuerza desde 1.999 aproximadamente.

El reciente acuerdo entre las embajadas de Argentina y EEUU, realizado en Buenos Aires, a puertas cerradas, por el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau y su par norteamericano, Noah Mamet, contempla un convenio entre la Guardia Nacional del Estado de Georgia y las Fuerzas Armadas Argentinas, como parte del State Partnership Program (SPP); dicho programa construye relaciones en todo el mundo desde hace más de 20 años, la incorporación de Argentina al SPP alcanzará la cifra total de 73 colaboraciones estatales. La Guardia Nacional norteamericana cuenta con 460.000 efectivos y con un amplio grupo de socios en el extranjero, en todos los niveles de comandos de combate.

La excusa del convenio: “La cooperación en el caso de la Argentina con los Estados Unidos y por prioridad de nuestro país será para atender desastres naturales, programas de aviación, colaboración en las fronteras, en el cuidado del medio ambiente, en medicina militar, en una red de educación a distancia y en misiones de paz” [2].

Es en el marco de un ascenso institucional de las derechas y un retroceso de los procesos llamados progresistas en Nuestramerica, que comienza a reformularse mediáticamente la peligrosidad de la Triple Frontera como hipótesis de conflicto; dentro de esta reformulación, que incluye a todo el Cono Sur, se pacta el acuerdo de cooperación militar que, incluye además, la instalación de una base científica en la región.

La Triple Frontera es “considerada” muy peligrosa, por el hecho de “abrigar” a supuestos “miembros de sectas terroristas” que todavía no se sabe dónde están. Sin embargo, la supuesta paranoia estadounidense (más bien, justificación política e ideológica para penetrar territorios estratégicos) tiene una selectividad muy peculiar. Preocuparse más con estas amenazas “terroristas” y buscar fortalecer su presencia en áreas estratégicas, cuando el escenario político de América Latina cambia de forma relevante, con procesos de pérdida del protagonismo de los gobiernos llamados bolivarianos.

La construcción de una zona militarizada que pueda garantizar la apropiación y el acaparamiento territorial, bajo el modo de “compra” de tierras abundantes en bienes naturales, muchas de estas sostenidas con un hipotético objetivo conservacionista, pone al Estado de manera explícita como subsidiario de, y al servicio de los intereses de las corporaciones extractivas. Este proceso, en que el Estado subsidiario del capital transnacional, cede de manera tácita el control de los territorios a manos de las compañías y de una estrategia de ocupación militar, desemboca en una exacerbación e intensificación de los conflictos territoriales, entre terratenientes, pueblos originarios y campesinos, entre las empresas transnacionales y las comunidades.

En el Mato Grosso del Sur, una área importante e histórica de resistencia de los pueblos Guaraní-Kaiowá, los empresarios del agronegócio llevan a cabo el genocidio de esta población indígena que lucha por la demarcación de sus tierras. El último 11 de julio de 2.016, en el marco del asesinato del líder indígena Semião Fernandes Vilhalva, los empresarios del agronegócio mencionaron el SAG como causa del conflicto, en contra los indígenas que buscan rescatar sus tierras ancestrales.

El SAG tiene casi 1.200.000 kilómetros cuadrados de extensión; se calcula que su cuenca cuenta con entre el 42 y el 45 % de las reservas de agua dulce del mundo. La población que vive sobre él, constituye solo el 7% del total mundial, mientras la mayoría de los países desarrollados, tienen las cuencas de sus ríos contaminadas, además de enfrentar una desertificación progresiva en sus territorios.

El Ministerio de Protección del Medio Ambiente de China reveló que un 57,3% de las agua subterráneas en 193 ciudades tienen una calificación de malas o muy malas, así como el 30% de los ríos. El río Mississippi, en los Estados Unidos, representa una de las vías navegables más importantes, con una extensión de 3.782 kilómetros, pasando por 10 estados en su recorrido. En su rivera se encuentran numerosos centros industriales y agrícolas; ejemplo de ello es que el 78 % de las explotaciones de cereales y de soja que se encuentran en gran parte de su extensión.

El surgimiento del neo extractivismo itinerante, como uno de los modelos de acumulación capitalista, marca un nuevo momento de la historia geopolítica y económica del mundo. La súper explotación gana un nuevo ropaje y el liberalismo más ortodoxo pasa a ser considerado un mal menor para muchos actores internacionales, incluidos los latinoamericanos, frente al neoliberalismo más crudo. Este nuevo período abierto en la región, claramente viene a crear un cerco sobre nuestros territorios, ricos en bienes naturales, críticos y estratégicos. El SAG es uno de los tantos objetivos imperialistas.

Notas:

1-http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/07/12/sustancioso-informe-sobre-la-instalacion-de-bases-militares-yanquis-en-argentina/

2- http://www.lanacion.com.ar/1966718-acuerdo-de-cooperacion-militar-con-la-guardia-nacional-de-eeuu