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El cambio climático y la Amazonía

Foto: Verónica Raffaelli

EDITORIAL*

El escenario de destrucción masiva de la biodiversidad, de cuerpos y del Sistema Tierra tal como lo conocemos, da pistas de una decadencia vertiginosa de lo que llamamos civilización. Mientras muchas comunidades, sean ellas científicas, sociales u originarias alertan sobre lo que podría ser “el fin del mundo”  —según la concepción del líder indígena Ailton Krenak—, la respuesta de la “humanidad zombie” es aumentar las ganancias para disminuir las pérdidas, sin tocar las estructuras del problema. 

El contexto de colapso ambiental llama la atención de todo el mundo en cuanto a la necesidad de tomar medidas urgentes para impedir que se profundicen los eventos extremos vinculados a la emisión de CO2 y de gas metano en la atmósfera. Esta situación se agrava por la destrucción de las selvas tropicales —que son las responsables de equilibrar el clima— , dentro de las que se encuentra la Amazonía, que es la más grande del mundo, pues ocupa 6,8 millones de km2 y abriga a 33 millones de personas y miles de especies.

En los últimos años, climatólogxs y científicxs del clima vienen demostrando su preocupación respecto de la pérdida de cobertura forestal en los países sudamericanos y nombran esta situación como un punto de transformación sin retorno. Se estima que si la deforestación del bosque amazónico supera el 20% o 25%, el mundo —desde el punto de vista de un colapso climático— llegaría a su punto de inflexión. Hoy el porcentaje de deforestación de la Amazonía es de un 17%, y la tendencia es de aumento en los próximos años. 

Sumado a la deforestación está el proceso de sabanización de la Amazonía como consecuencia del cambio climático, debido al calentamiento global, y de la muerte de los árboles típicos del clima húmedo que son responsables de absorber CO2. En el sur de la Amazonía, el periodo de sequía ya es más largo y se registra un aumento de 3 grados en las temperaturas. Debido a todos estos factores, hay una pérdida de capacidad de reciclar el agua y un cambio en el régimen de lluvias.

Todos estos cambios han transformado la región en un peligroso emisor de CO2. En lugar de cumplir con la función de ayudar a equilibrar la temperatura global, el bioma pasa a emitir más CO2: hoy el 20% de la Amazonía emite más dióxido de carbono de lo que absorbe, debido a la pérdida de árboles. 

Bajo el lema “Uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático”, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) —celebrada en Glasgow (Reino Unido) del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021— reunió a representantes de 200 gobiernos con el objetivo de acelerar la acción climática para el cumplimiento del Acuerdo de París. Considerado uno de los grandes avances en los debates acerca de las estrategias a ser adoptadas para que se logre limitar el calentamiento global a 1.5 grados a finales del siglo XXI, líderes de más de 100 países se comprometieron a acabar con la deforestación para el año 2030. Esta intención contó con el compromiso de inversión de 10.340 millones de euros para medidas relacionadas a salvar los bosques. 

Los pueblos indígenas estuvieron en el centro de la discusión acerca de la preservación y recuperación de los ecosistemas ya que sus territorios abarcan el 20% de la superficie mundial que conserva el 80% de la biodiversidad del planeta, y en la Amazonía brasileña, sobre todo, el grado de conservación es aún más notable. Frente al evidente rol de los pueblos indígenas como protectores de los territorios y aliados estratégicos en la lucha contra la emergencia climática, el Reino Unido, Noruega, Alemania, EE.UU, los Países Bajos y 17 donantes estadounidenses se han comprometido a apoyar con 1.470 millones de euros a los pueblos indígenas, desde ahora y hasta 2025. 

El compromiso, sin embargo, no parece ser suficiente. Según los más recientes informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —el  principal órgano internacional para la evaluación del cambio climático—, hay más del 50% de posibilidades de que los 1.5 grados sean alcanzados entre 2021 y 2040 —con una estimación promedio de que ocurra a mediados de 2030—. Eso se debe al hecho de que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en lugar de disminuir, han aumentado los últimos años y la preocupación por reducir las actividades que contribuyen a las emisiones tampoco fue tomada en cuenta. 

Foto: Marcos Sierras

Actividades como la ganadería industrial y la agricultura intensiva, que vienen cambiando significativamente los modos del uso del suelo, no están en la mesa de debates de estos mismos países que ahora quieren invertir para revertir la situación de colapso ambiental.

El informe del IPCC de 2022 es nítido respecto de las acciones a ser tomadas. Entre ellas está la reducción de la emisión de gas metano a un tercio, reducción drástica de los gases provenientes de la quema de combustibles fósiles, uso responsable del suelo y la recomposición de los bosques. 

Frente a los retos que se imponen, la lógica de los negocios sigue su ambición predatoria y colonialista que tiene por objetivo la ganancia a cualquier costo —sin importar si quedará sobre la Tierra la posibilidad de manutención de la vida— dentro de un sistema que se reinventa cada día más violento e irracional. La destrucción de las fuentes de equilibrio que pueden garantizar el futuro de las especies, humana y no humanas, es el nítido desprecio por lo que llamamos casa común. Pensando en ese estado de cosas, desde Virginia Bolten nos preguntamos: ¿por qué seguimos permitiendo el desarrollo del capitalismo?

*Texto adaptado de:

DOURADO, Vanessa; POTH, Carla y VILLALOBOS, Guillermo. ¿Cuáles serán los impactos del Acuerdo Mercosur-UE en la Amazonía?

 
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Córdoba: infraestructura para el saqueo

Ph: Vecinos por el Ambiente Punilla

En un contexto de desidia absoluta, donde al momento de publicar esta entrevista está ardiendo el monte en la provincia de Córdoba, los incendios afectan la zona de Punilla, comprendida entre La Falda y Huerta Grande. ¿Casualidad?

Con una Ley de Humedales cajoneada, una Ley de Bosques desfinanciada y estando el territorio denominado Argentina entre los 10 países que más deforestan, el pueblo cordobés viene sosteniendo hace meses asambleas y una lucha cuerpo a cuerpo para impedir que se termine con los pocos bosques que quedan para realizar una autovía. 

Esta autovía será parte del corredor bioceánico de IRSA (la mayor empresa constructora de Argentina, con inversiones en toda Latinoamérica y en otras empresas que se calcula tienen un millón y medio de hectáreas en todo el país) que iría del puerto de Coquimbo (Chile) hasta Brasil, teniendo como principal objetivo la extracción y exportación de materias primas sin contemplar lo que el proyecto arrasa a su paso.

En esta ocasión entrevistamos a Juan Jacobs, periodista de Radio Panamericana FM 99.3, una radio comunitaria de Huerta Grande, Córdoba.

Virginia Bolten: ¿Cuál es el derrotero por el cual se ha llegado hasta esta situación de conflicto por la autovía entre vecinxs, militantes ambientales y la policía de la Provincia de Córdoba?

Juan Jacobs: El problema central que tiene este proyecto de autovía es que no cumple con la Ley general del ambiente y con otros estatutos y tratados internacionales. La primera plantea que el estudio de impacto ambiental debe ser acumulativo, es decir, que reúna todos los impactos posibles en el tiempo y en la distancia. El estudio de impacto que presenta el gobierno no es acumulativo, es insuficiente, carece de coherencia interna, sus datos son muy flojos. 

Desde el vamos esto fue cuestionado, sin embargo el gobierno nunca tomó en consideración las críticas de base que se hacían, de que no se ajustaba al derecho de estudio de impacto ambiental y se avanzó igual con la obra de la autovía, a pesar de que el rechazo que tuvo en la audiencia pública fue de un 90%, en lo que fue la audiencia más larga de la historia de Córdoba (un mes y medio y más de 750 oradores). Entonces, es una obra que se califica de ilegal desde el primer momento por el tipo de proyecto que se presenta y que a pesar de eso se sostiene y se quiere hacer de todos modos, de manera violenta, porque no se escucha a la audiencia pública, no se da lugar a los amparos, y hay una complicidad judicial y del gobierno nacional al facilitar el préstamo para esta obra con un gasto excesivo. Es brutal para un valle de Punilla tan pobre gastar 100 millones de dólares. 

Esto es lo que empuja a una situación en la que los ciudadanos nos vemos en la necesidad de llevar adelante la medida cautelar ya que no se cumple la justicia. Como hay un daño irreversible inminente y como sabemos de que esto técnicamente es inviable y nadie lo va a arreglar, nos empezamos a volcar a una lucha cuerpo a cuerpo por defender los restos arqueológicos, el territorio de los pueblos originarios – a los que no se consultó oportunamente- y a la espera de una medida cautelar que frene las obras. Los jueces hasta ahora no han leído el estudio de impacto ambiental, no son conscientes del riesgo que hay, y esto es la causal de la conflictividad social. Las leyes ambientales están pensadas para evitar esto. Si el gobierno hubiera respetado dichas leyes, seguramente este problema no existiría entre los defensores ambientales y la policía de Córdoba. El gobierno viendo que incumplió la Ley, viendo que no hay consenso para esto, decide hacer la obra solamente con la fuerza de la policía y de las armas.

VB: ¿Qué recorrido está previsto que tenga dicha autovía?

Juan: La autovía es parte del corredor bioceánico de IRSA que va del puerto de Coquimbo (Chile) a Brasil, algo que merece un debate más en profundidad si es que la Argentina acuerda realmente con la idea de ser la base, la factoría de las exportaciones de materias primas del mundo entero de manera indiscriminada como se está planteando porque es un corredor bioceánico donde no solamente se atraviesa zonas de bosque nativo sino que está pensado para llevarse toda la materia prima a China a través del Pacífico. En este caso, este tramo que se está discutiendo y que ya se inició, va desde la Comuna de San Roque hasta la ciudad de La Cumbre en 42 Km de obra por el oeste, zona de territorio de pueblos originarios, naciente de todos los arroyos que dan agua al río Cosquín y por ende a la ciudad de Córdoba. Es la zona de bosque nativo más valiosa que tenemos en el valle de Punilla y donde tenemos los restos arqueológicos y patrimoniales de Punilla. Esta carretera arranca en el puente De la Sota del lago San Roque y termina en la ciudad de La Cumbre.

VB: Concretamente, ¿Cuál es el impacto ambiental que tendría la autovía? ¿Por qué hablan de ecocidio?

Juan: El impacto ambiental de esta obra es prácticamente incalculable. Son ellos quienes tienen que demostrar cómo se va a aminorar el impacto. Nosotros creemos que el impacto va a ser irreversible, no solamente en las fuentes de agua -no nos olvidemos que el Río Primero lleva agua a Córdoba y que el San Roque es el dique más contaminado del país y que esto va a afectar seriamente a la cuenca del San Roque-, sino que hay otros impactos más graves como el cambio de uso del suelo. El oeste del Valle de Punilla, que es una zona rural, pasaría a ser zona de emprendimientos inmobiliarios (country, barrios privados, etc.) y la obra que es una autovía cerrada, que no tiene bajadas, que no tiene banquina, sino que está cercada por paredes, funcionaría como un muro que encerraría al Valle de Punilla entre la zona pobre del valle y la zona rica al oeste. Es una manera de “ordenar” el territorio como uso del suelo, y eso es muy grave porque no nos permiten opinar sobre el territorio en donde queremos vivir, apuntando a transformar nuestra sociedad en guetos, un gueto de pobres al este y otro de ricos al oeste. Estos impactos serían a mediano plazo. 

Además de esto, un biólogo explicaría el impacto ambiental que tiene el dinamitar las sierras, impacto en el paisaje, en nuestra forma de vida. Tener que asumir que más allá de la juntura del Río Yuspe, más allá de La Muyuna o Piedras Grandes en La Falda, no vamos a poder transitar más, que allí va a haber una pared de cemento. Además, los pueblos de Punilla van a quedar más en el olvido, se va a producir un derroche de dinero en una obra insuficiente e innecesaria. 

Sabemos que el estudio de impacto ambiental no contempla ningún posible impacto, que son innumerables, y eso ya es razón suficiente para no aprobar ese proyecto. Es el estudio de impacto ambiental el que debe dejar nítidos todos estos riesgos ambientales. Yo creo que si unx se pone a analizar los impactos en la vida, en las generaciones futuras, en el ambiente, en el ecosistema, en las especies en peligro de extinción como el puma, como ciertas especies de árboles como el guindillo, no terminaría nunca. Lamentablemente son ellos quienes proponen esta obra y son ellos los que tendrían que sanear estas dudas y no lo han hecho. El problema lo tienen ellos porque la carga de la prueba, los riesgos los tienen que demostrar ellos. No somos nosotrxs quienes tenemos que explicar los impactos de la obra. Lo tendría que decir el Gobierno, y hasta ahora no lo ha dicho. Pero no nos hace falta eso para saber que el impacto sería total, brutal sobre la cuenca del lago San Roque, sobre la forma de vida en el Valle de Punilla y ni hablar como corredor bioceánico en el avance del extractivismo en la Argentina.

VB: Existe una persecución a militantes y vecinxs que se  oponen a la construcción. Eso está más que denunciado. ¿Concretamente, qué hechos puedes mencionar que consideres cómo persecución y hostigamiento? 

Juan: No cabe duda de que existe una persecución a los defensores ambientales. En primer lugar los hechos que marcan esa situación tienen que ver con que la justicia no resuelve los amparos ambientales. Todo eso que estamos mencionando fue oportunamente denunciado ante la justicia de Córdoba, en un derrotero donde se fueron pateando  las competencias. Ya va 5 años de esto, no nos olvidemos que el amparo es el mismo del año 2018, donde se plantea la carencia de un estudio de impacto ambiental acumulativo, la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos originarios, la falta de un plan metodológico de acuerdo al Método de Harris del tema arqueológico. Eso está hoy en la cámara de contención administrativo de la segunda nominación de Córdoba y no se resuelve. Si ellos resolvieran en contra del amparo, nos permitirá a nosotros apelar, ir a la corte suprema, seguir la discusión. Y si se resolviera a favor se frenaría la obra. El tema es que no resuelve la justicia, deja esto en un limbo, esperando que la obra se finalice para a partir de ahí dar un fallo. En ese caso ya va a ser tarde. Que nos den la razón cuando sea tarde sería totalmente abstracto, no tendría sentido. Así que tenemos un hecho donde la justicia es cómplice del avance ilegal de esta obra. Más allá de una justicia cómplice que no resuelve, está un gobierno que utiliza la policía como herramienta para avanzar con la obra, una cuestión absolutamente irregular e ilegal. Una policía ideologizada, eso es muy importante verlo, porque el efectivo policial no actúa de manera racional como servidores públicos, haciendo cumplir la ley, respetando al ciudadano. Lejos de eso, las fuerza policial está totalmente ideologizada, a favor de las empresas, contra los defensores ambientales, de una manera irreflexiva, irracional, carente de toda sensatez por parte de ellos, que actúan de manera violenta porque no tienen argumentos a la hora de chocar con los defensores ambientales. Y a esto le sumamos una fiscalía de Cosquín que no respondió a ninguna de las denuncias presentadas por este tema. 

Ph: Vecinos por el Ambiente Punilla

Sobre el tema arqueológico se presentaron denuncias por daño irreversible al patrimonio arqueológico ancestral y deliberadamente no lo ha resuelto, porque fue presentado oportunamente, con prospecciones que fueron hechas previamente ante escribano público. Algo bastante indiscutible es que al menos la fiscal debería decir algo, pedir que se amplíe. Y sin embargo, actúan de manera muy veloz para imputar a los defensores ambientales. Hubo algunos sucesos puntuales, como por ejemplo el escrache que se hizo al  intendente de Cosquín, al que se lo encontró en la calle casualmente un día de asamblea y se le hicieron algunos planteos, sin faltar el respeto, pero sí reclamando todo esto. Curiosamente comenzaron a llegar imputaciones a algunas de las personas que estuvieron ahí, sin saber porqué ni cómo fueron señaladas. O situaciones en las que la policía ha llegado al lugar de los hechos con cierta credencial, o un papel, preguntando por ciertas personas frente a los defensores ambientales, preguntando si estaba tal o cual. Y nosotros decíamos: si usted es oficial, tiene que notificar a la persona en su domicilio. No venga acá a preguntar  para ver si le imputa o no. Además, el tipo de imputaciones que hubo, más de 20, dirigidas a los defensores ambientales más activos, utilizaban otra clase de acusación, como por ejemplo turbación a la posesión. Es decir, que uno, por haberse manifestado, está turbando la posesión de la empresa. Como si uno se quisiera quedar con los terrenos de la autovía. No es eso, estamos protestando. Además de eso, se suma el atentado a la Radio Panamericana, donde se rompieron los vidrios de la radio en dos oportunidades en un mismo día. También la detención de ciertos militantes de manera violenta, como pasó con el compañero Matias Pérez, que fue detenido en su propio domicilio, sin orden judicial, llevado a la fuerza delante de sus hijos, señalado por ser uno de los militantes activos. Acciones de patota a vecinos que van a ser expropiados y que están en negociación con la empresa Caminos de las Sierras y que por tener elementos bastante sólidos para demorar la expropiación, fueron patoteados por policías en representación de la empresa, señalados. Hay también micro hostigamientos permanentes, pero nosotros consideramos que hay persecusión y terrorismo de Estado porque hay una justicia que no resulve, hay un gobierno corrupto que utiliza las empresas constructoras para financiar la corrupción de la obra pública, y una fiscalía que lejos que fiscalizar todo eso oportunamente denunciado, se dedica a imputar a los defensores ambientales que además estamos protegidos por el Acuerdo de Escazú y por un habeas corpus que fue emitido por la juicia novena de Cordoba Capital hace 20 días atrás, diciendo que debemos ser cuidados en nuestra libertad ambulatoria, nuestra integridad física, moral y pscicológica como defensores ambientales. Nada de eso se respeta y se allana el camino para que la policía ideologizada comience a enfrentarse de manera absolutamente violenta, sin diplomacia, sin medida de diálogo a los defensores ambientales que nos manifestamos. 

Consideramos que eso es persecución política, la fiscalía debería fiscalizar a todos los actores implicados en ese conflicto, que la justicia debería resolver, que no tienen que imputarnos a nosotros por estar defendiendo al ambiente, que nos protege el Acuerdo de Escazú, que además la polícia no debería estar instalada en los obradores de la autovía, que debería estar cuidando a la ciudad que es zona liberada. Acá hay un señalamiento claro de atacar a los defensores ambientales para que la obra se pueda realizar utilizando la policía, molestando y persiguiendo, ya sea penalmente, ya sea con la policía e inclusive absolutamente de manera patoteril como en algunos casos hemos visto. 

VB: Como comunicador de Radio Panamericana fuiste detenido en pleno ejercicio de tus funciones como periodista. También, pocos días después, hubo un atentado a la sede de la emisora. ¿Qué pensás de esto? ¿Consideras que está en riesgo la libertad de expresión en la órbita de la Provincia de Córdoba? 

Juan: Como comunicador he tratado siempre de hacer el trabajo lo más profesionalmente posible, sabiendo que uno está cubriendo un conflicto donde hay actores que se enfrentan y que uno no tiene una posición neutral frente a eso, sino que tenemos una posición tomada en defensa del ambiente. Pero bueno, uno hace el trabajo de forma profesional y yo me he visto en situaciones muy complicadas frente a esto. En primier lugar, denunciar la violación del derecho humano a la información. Que el estudio de impacto ambiental de esa obra es inconsistente, que se omitió mucha información, que no tenemos de hecho esa información, que no la están presentando, que los intendentes locales no dan explicación de las firmas que han otorgado avalando esa obra, que no explican los detalles de la obra, que no dan soluciones a la gente. 

Además de esto, intendentes locales, como el de Huerta Grande, no brindan entrevistas. Sólo da entrevistas a ciertos medios que tienen una pauta del gobierno. El gobernador Schiaretti también sólo habla a los medios oficialistas, jamás responde a los señalamientos que le hacen los defensores ambientales o las comunidades indígenas. Además de esto, vemos la utilización de la pauta oficial como una manera de acallar las voces. Nosotros somos notícia en todo el país. Nos llaman de Buenos Aires, de San Juan, de Chubut, de Rio Negro, de Santa Fé por este tema. Sin embargo, los medios de la ciudad de La Falda no hablan de esto. Y no hablan porque tienen la pauta oficial. Ahí están censurando a los trabajadores de prensa de los medios grandes de la ciudad de La Falda, utilizando la pauta oficial que, si no la tienen, no pueden pagar los sueldos, y se los acalla de esa manera. En el caso nuestro, que somos un medio independiente, que no dependemos de la pauta para existir, nos acallan de otra forma, asfixiándonos, impidiendo nuestro trabajo, no dándonos información. El día que fui detenido estaba en un contexto de protesta, haciendo cobertura para la radio. Ningún efectivo policial me prestó atención, yo presenté mi carnet de prensa. No les importaba nada, no respondían nada. Nosotros les pedíamos precisamente información, le decíamos que si había una orden del fiscal que la muestren, que respondan a las denuncias presentadas. Le preguntábamos si había un arqueólogo trabajando, que se diera información de la prospección que iba a realizar, que informaran qué iban a hacer con las piezas arqueológicas que se encuentren. Nadie brinda esa información y lejos de eso, los policías estaban totalmente -no sé si drogados o sacados- fuera de sí, violentos. No son policías profesionales, actúan bajo una emoción violenta contra ciudadanos que nos estamos manifestando de manera pacífica. Fuimos golpeados, no solamente detenidos. Nos arrastraron, nos golpearon, nos trataron como delincuentes, nos cagaron a palos y nos metieron presos. Y yo estaba haciendo el trabajo de prensa. Y todavía más, a los dos días es atacada la radio en dos oportunidades. A la mañana rompen un ventanal y al mediodía otro. Y eso viene nítidamente del poder político local, que así como censura medios que dependen de la pauta, a nosotros nos quieren amedrentar con la policía, con detención y con la rotura de nuestros vidrios. Nítidamente se está violando la libertad de expresión en Córdoba desde hace mucho tiempo, incumpliendo con los deberes de brindar información pública, por ejemplo,nuestro derecho a filmar o a hacer cobertura de la ejecución de la obra de la autovía frente a los impactos que van ocurriendo. Y por otro lado manipulan la pauta oficial para silenciar a los medios que dependen de ella. Es todo un escenario donde los políticos del oficialismo, alineados con el gobernador, nos tratan a nosotros como “minoría extrema”, pero jamás nos dan entrevistas. Actúan con indiferencia, hacen de cuenta que no existimos. Solamente hablan a una parte de la sociedad y la otra es como si no existiera.

Eso no solamente es censurar y violar la libertad de expresión, sino que es algo absolutamente violento, negacionista, una manera de aplastarnos. Aunque podría ser que piensen que es un pensamiento minoritario, lo cual para mí es dudoso, tampoco les da el derecho a aplastarnos, ningunearnos y a insultarnos en la única vez que se dirigen a nosotros como sector de la sociedad. Nuestra emisora está siendo cada vez más oída. Ese conflicto, como ya se sabe, ha tenido alcance nacional, y estamos teniendo mucha audiencia. Sin embargo, acá hacen de cuenta que no existimos, no tenemos reconocimiento del municipio local. Somos el único medio de Huerta Grande y cuando celebran el día del periodista no nos invitan, no nos llegan noticias oficiales, no nos invitan a las conferencias de prensa, a los actos oficiales. Eso atenta contra la democracia, la libertad de expresión, contra el derecho humano de acceso a la información. Y además nos muestra que estamos en las manos de gobernantes que son bastante ignorantes e incapaces de entender las contradicciones de la política y de dialogar con sectores opositores. No solamente se vulnera el derecho a la libertad de expresión y al trabajador de prensa, sino que también a otros derechos como el derecho a la protesta y otras situaciones que tienen que ver con la participación de la sociedad y con los deberes de los funcionarios públicos de atender a todos los sectores sociales  

VB: ¿Qué propuesta alternativa existe a la de la autovía impuesta desde la Provincia?

Juan: La alternativa que hemos propuesto ha sido clara y pública oportunamente: la solución para el tránsito en el Valle de Punilla es arreglar la ruta 38. Nada de todo esto tiene que ver con arreglar la ruta 38. ¿Qué van a hacer? ¿La van a dejar abandonada cómo está? En este punto hay que denunciar también el lobby de Vialidad Nacional con el Gobierno de Córdoba para realizar esta obra que ha dejado en estado de abandono la ruta 38: no tiene banquinas, es una ruta vieja que fue construida en la década de 1930, cuando no existían autos con las velocidades actuales. Es inminente y absolutamente necesario arreglar la ruta 38, y sería mucho más económico que la locura que están haciendo, tendría menos impacto ambiental, no tendría conflictividad social. La solución del tráfico en Punilla es arreglar la ruta 38, hacer de la 38 una autovía en los tramos que se pueda y generar alternativas junto con el ferrocarril. Deberíamos tener ferrocarril, ya estamos en el siglo XXI y la verdad es que estamos hablando de autovía y tenemos un ferrocarril de la década de 1940, en ese sentido, hay que mejorar el ferrocarril. 

Y para el proyecto de corredor bioceánico del IRSA, si es tan necesario que lo hagan por la ruta 9 hasta Deán Funes, y desde Deán Funes a Cruz del Eje. Que se vaya a la cordillera por la ruta que va de Deán Funes sin pasar por acá. Esa sería la solución para el corredor bioceánico del IRSA. 

Hay muchas alternativas, lo que pasa es que el negocio de las empresas constructoras que manejan esta provincia -Roggio, Sacde, Chediack- es mover tierra. Y si la obra que se propone -ya sea el arreglo de la 38 o hacer el corredor bioceánico por la ruta 9- son obras económicas que no implican  suficiente movimiento de tierras, no es negocio para las empresas constructoras que se dedican a robar con eso. Uno nunca puede medir el movimiento de tierras y eso es un afano total. Este tramo de la autovía, sólo este tramo, estaba presupuestado en 100 millones de dólares y ya sabemos que se sobrefacturó en un 40%. A eso hay que sumarle los intereses que va a tener ese préstamo, más imponderables. Esto va a alcanzar, tal vez, los 200 millones de dólares sólo para el primer tramo. Ese es justamente el negocio. Si pensáramos en arreglar la 38 o hacer el corredor bioceánico por la ruta 9 no es negocio para Roggio, por lo tanto imponen de manera violenta este proyecto de la autovía por la montaña.

VB: ¿Quisieras agregar algo más?

Juan: Me parece importante tener en cuenta que se están sucediendo hechos de una gravedad supina en todo el país y que tienen que ver con el avance del extractivismo. Los condicionantes de la deuda externa, la situación económica en el país, no pueden ser motivo para querer avanzar sobre los recursos naturales de la patria, destruyendo, sacando y saqueando el subsuelo de la patria sin pensar en las generaciones futuras, sin pensar en el equilibrio biológico. Hay una necesidad económica de que esas energías y todos esos recursos y bienes comunes se utilicen de manera inteligente y no para el derroche, como se piensa hacer. Acá estamos frente a un escenario muy grave de extractivismo y de un avance irracional de lo que se quiere hacer. Sin ir más lejos, cuando se le preguntó al gobernador Schiaretti como iba a resolver el problema del agua en Córdoba si destruían las fuentes de agua que llevan al San Roque, el planteó un acueducto Santa Fe-Córdoba. Y esto está aprobado, y está aprobado por el Gobierno Nacional. Entonces, el Gobierno Nacional hoy está abalando quitarle millones de litros de agua al Río Paraná en la situación en la que ya se encuentra. Antes de resolver el problema de los humedales, de los incendios, el Gobierno Nacional ya autorizó hacer un acueducto Santa Fe-Córdoba… ¿Y qué pasa con la quema de los humedales? ¿Y qué pasa con el problema de la minería en Catamarca? …esa minería violenta que ha contaminado poblaciones enteras…¿Y qué pasa con las fumigaciones en la zona de la frontera agropecuaria?…la gente que tanto sufre, que vive cerca de los campos de soja…¿Y qué pasa con la explotación petrolera bestial y la intención de hacer explotación petrolera en Mar del Plata? ¿Y qué pasa con la llegada del litio y los intereses internacionales sobre el litio de Argentina? ¿Y qué pasa con la pelea por el agua? Es decir, acá nos quieren saquear a diestra y siniestra de manera absolutamente, no solo violenta sino veloz, que no podemos ni darnos cuenta. 

Entonces, me parece que hay que empezar a plantear seriamente  un frente nacional antiextractivista, a plantear una cuestión de sensatez económica para el país. Esto nos va a llevar a la pobreza. Nos quieren transformar en un país pobre de África en el corto plazo. A este ritmo en los próximos 20-30 años va a quedar un país saqueado, sin nada. Entendiendo las complicaciones de la economía, de la deuda externa, etc., etc., pero no es el camino utilizar el extractivismo y solamente la exportación de materias primas como salida económica para el país. Todas las gestiones de gobierno utilizan la misma excusa, el cortoplacismo de plantear que hay una necesidad inmediata hasta poder resolver, industrializar, y así seguimos en la misma situación hace 50-60 años. 

Acá lo que hace falta y lo que planteamos claramente, y que tenemos que colaborar en todo el país, es frenar el extractivismo en el país al precio que sea. Que tengamos que perder algunas beneficios de la modernidad, de la tecnología y del confort que nos vende el mercado para ser parte del mundo pero entendiendo que el agua no se puede reemplazar, que no hay máquinas que fabriquen los árboles que se queman, que no hay máquinas que puedan arreglar las montañas que se rompen. Así que acá hay que avanzar a nivel nacional en todos los frentes nacionales, en las ciudades, en el campo, en la montaña, en la costa, en un frente nacional antiextractivista para frenar el saqueo de los recursos naturales. Ese es el mensaje que tengo para dar y esperamos que esto se pueda seguir profundizando en todos los territorios. Así como estamos peleando en Punilla, en todos los territorios está avanzando el saqueo extractivista, y hace falta el esfuerzo que estamos llevando acá de ir a frenar las máquinas. No alcanza con la declamación, no alcanza con los discursos, ni siquiera alcanza con las marchas ni las visibilizaciones. Hay que moverse para frenar las máquinas como hace el pueblo de Choya en Catamarca, como hacen los defensores ambientales de Punilla. Ir a frenar las máquinas y decirles, “hasta acá llegamos muchachos, ¡basta! ¡basta de saqueo!”.

 
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Juicio Ético Popular a los Ecocidas: decir la verdad y proclamar la justicia

“Tenemos la necesidad de decir la verdad por la valentía de proclamar la verdadera justicia.”

Osvaldo Bayer 

El último 4 de junio se realizó en Santa Fe (Rosario) — también en Mendoza y Catamarca— una audiencia del Juicio Ético Popular a los Ecocidas. La actividad forma parte de un proceso que se viene construyendo desde marzo de 2022 y busca escuchar a las y los actores afectados, directa e indirectamente, por el modelo de producción, distribución y consumo del sistema vigente. La denuncia es no solo hacia la violación de los derechos humanos, sino también a los derechos de la naturaleza y su asimétrico impacto en los territorios y poblaciones del sistema-mundo. 

Los juicios ético-populares en el territorio denominado Argentina remiten a la histórica lucha contra la impunidad en el período de recuperación de la democracia post dictadura cívico-militar-eclesiástica. Es un recurso utilizado desde los sectores no institucionalizados, y/o populares, para producir sentido, unir, argumentar, distinguir y visibilizar lo que se oculta desde los lugares y discursos hegemónicos. 

El cuestionamiento acerca de la justicia —para qué sirve y para quiénes trabaja— trata de poner en tensión el sentido mismo de justicia a través de los testimonios que evidencian las sistemáticas prácticas que deberían ser consideradas ilegales o, por lo menos, dignas de investigación y, en muchos casos, punición a los involucrados en estas prácticas nítidamente violadoras de derechos básicos. 

La potencia está puesta en la polifonía de voces, en la construcción participativa e integradora que abarca distintas cosmovisiones. Hecho que desafía los discursos oficiales y que apela a solidaridad y a la construcción popular frente a un sistema jurídico parcial y funcional a los intereses del capitalismo —que apuesta a un crecimiento económico infinito frente a recursos finitos y no renovables— y a sus distintas formas de representación de poder. 

La audiencia llevada a cabo en Rosario, y que también forma parte de un proceso iniciado el año 2011 a través de un Juicio Ético a las Transnacionales, hace un rescate histórico que pone énfasis en la estructura de la matriz extractivista y su desarrollo en distintos contextos (geo)políticos y económicos. Una forma de nombrar a los y las responsables en todos los niveles, evitando reproducir un discurso binario que tiende al vaciamiento argumentativo (y político) y que termina por dificultar la comprensión de los hechos y el reconocimiento de los culpables, recurso muy utilizado por los medios hegemónicos de comunicación. 

Una sentencia final tendrá lugar en diciembre de 2022. Todo el proceso puede ser acompañado por la página del Tribunal. Abajo compartimos el trabajo de sistematización de la audiencia  en la causa “agronegocios”, elaborado por el comité organizativo del juicio compuesto por la Multisectorial Paren de Fumigarnos. En las próximas semanas, compartiremos otros documentos de las causas de salud, hidrovía, extractivismo urbano e incendios en los humedales. 

JUICIO ÉTICO Y POPULAR A LOS ECOCIDAS – ARGENTINA 

AUDIENCIA EN ROSARIO – sábado 4 de junio del 2022

Ciudad de Rosario. Bv Oroño y el Río Paraná

TRIBUNAL: 

Sandra Gallo, Álvaro Álvarez, Damián Verzeñassi, Beverly Keene, Alicia Massarini

TESTIMONIOS: 

Agronegocios: Daniel Romano de la Multisectorial Paren de Fumigarnos y Martín Montiel de la Asamblea Contra los Agrotóxicos La 18 y de la Red de Comercio Justo del Litoral

Salud: Dra Analía Zamorano, del Instituto de Salud Socioambiental de la UNR

Hidrovía: Juan Pablo Guadagnoli, del Equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía. 

Extractivismo urbano: Lidia Aranda, vecina de Playa Norte, Santa Fe y Antonia Pereyra, de Vecinas de la Sexta en Lucha.

Incendios en los humedales: Cintia Pendino, Lucía Crosetto y Melisa Ceballos, del Colectivo Amaranto – Multisectorial por los Humedales. 

Los pueblos tienen la palabra. En defensa de los cuerpos y territorios.

AGRONEGÓCIOS

Exponemos aquí a personas, entidades o sectores del gobierno/estado, algunos de los que consideramos responsables del ecocidio generado a consecuencia del modelo agroindustrial. Son organismos del estado o de la actividad privada, encargados de generar conocimiento o controlar los procesos para evitar daños a la población. Si bien hay en ellos científicas/os o trabajadores que se diferencian y trabajan correctamente. Estas reparticiones y sus directivos aportan decididamente a la continuidad del modelo genocida.

CARLOS MENEM / FELIPE SOLA: presidente y secretario de agricultura, que habilitaron en marzo de 1996 el paquete tecnológico de la soja RR transgénica, que fue determinante en el crecimiento del uso de agrotóxicos, monocultivos, depredación de la biodiversidad, expulsión de pobladores de los territorios y el crecimiento de enfermedades y muertes producto de exponer a la población a los pesticidas. Este hecho fue determinante para que de los 30 millones de litros de agrotóxicos por el año 1995, arrojados en la zona más poblada del país a nivel nacional, estemos hoy llegando a los casi 600 millones de litros.

TRASNACIONALES – SEMILLERAS – PUERTOS: los grandes responsables y ganadores del modelo agroindustrial vigente. Modificaron nuestras semillas, nuestra comida, destruyen nuestros hábitats con el flujo de millones de camiones. Impusieron los commodities actuales. Amparándose en las ART se han desentendido de la salud, la seguridad laboral y la vida de sus trabajadores. Envenenan los cursos de agua, napas y humedales y el Paraná con sus afluentes tóxicos.

BIOCERES: debemos mencionar a esta empresa argentina que ha desarrollado los últimos eventos transgénicos, el HB4 trigo y el HB4 soja, apoyada en las universidades, en especial la UNL. Hay una tendencia en seguir por este camino, que significa menos seguridad alimentaria y más contaminación.

CONICET: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha permitido la promoción de los eventos transgénicos y las tecnologías que ponen en riesgo la salud de la población por acción o por omisión. Cuando el Dr. Andrés Carrasco, referente de la ciencia digna, denunció las afectaciones a la salud que producía el glifosato, no lo respaldó, lo dejo librado a su suerte y a la persecución de Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina entre 2007 y 2018.

UNL: Universidad Nacional del Litoral: universidad pública donde se realizan estudios sobre eventos transgénicos como el trigo HB4 resistente al glifosinato de amonio, mucho más tóxico que el famoso glifosato. Esto aumentará las fumigaciones sobre los territorios, y pondrá en riesgo nuestro pan y nuestra salud.

RAQUEL CHAN:  profesora titular en la Universidad Nacional del Litoral e investigadora principal de CONICET. En 2008 es elegida directora del recientemente creado Instituto de Agrobiotecnología del Litoral 3 (IAL), un centro conformado por la UNL y CONICET para el estudio de la biotecnología y biología molecular vegetal.             

GROBOCOPATEL: fue miembro del directorio de AAPRESID durante 8 años. Fundador de Bioceres S. A., donde fue Presidente del Directorio durante sus primeros 8 años. Ambos han tenido una destacada tarea en la creación de nuevos eventos transgénicos, como el caso HB4 resistente al glufosinato. Enlazando a la universidad pública con una empresa privada como Bioceres.

FUNDACIÓN LIBERTAD: una entidad creada para el debate de temas sociales, económicos, políticos y empresariales. Es el ámbito donde se legitiman las políticas, que tienden en nombre de la libertad, a concentrar la riqueza y apoyar modelos como el agroindustrial que nos envenena. Algunos de sus disertantes han sido figuras como Mario Vargas Llosa, los Premios Nobel de Economía: Gary Becker, Douglas North, John Harsanyi, Robert Lucas, James Buchanan, James Mirless, el historiador Paul Johnson, o Lech Walessa. Todos exponentes de derecha, de un pensamiento elitista, al servicio de la impunidad de los más ricos y poderosos.

BCR: Bolsa de Comercio de Rosario es una asociación civil fundada en 1884, para garantizar negocios, defender a los inversores y asegurar el avance de los agronegocios. Se realiza ahí, todos los años el simbólico y determinante primer remate de la soja transgénica. Generalmente en el mes de abril. 

ASOCIACION ARGENTINA DE SIEMBRA DIRECTA (Aapresid): es una organización civil, fundada en agosto de 1989 por productores rurales de la zona central del país. Tiene sede en la Ciudad de Rosario. Promueve y defiende la aplicación del modelo actual químico dependiente y de semillas transgénicas. Corresponsable del aumento de las cantidades de venenos arrojados sobre la población.

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: en relación al Senasa  podemos decir entre otras cosas, que no han reclasificado al glifosato  y el 2 4D como debería haberlo hecho en base a la re categorización del IARC/OMS que los considera como probables y posibles agentes cancerígenos y como el SENASA es responsable de categorizar a los plaguicidas y eso significa que el glifo siga siendo banda verde y no amarillo o rojo como correspondería…y tengamos en cuenta que se utilizan más de 300 millones de litros x campaña de formulados en base al glifosato, todos categorizados aun como banda verde, que facilita su aspersión frente a viviendas, escuelas, cursos de agua etc. 

GOBIERNOS PROVINCIALES Y SUS MINISTERIOS de Salud, Medio Ambiente, Producción y Educación. Todas las expresiones políticas han apostado y propagandizado el modelo de producción. Aquí no hay grieta. Ninguno tuvo iniciativa para al menos iniciar una transición hacia otros modos de producir junto a la mayoría de las y los legisladores del último cuarto de siglo que han impedido el avance de legislaciones que, de aprobarse, sin dudas preservarían la salud de las personas y de los territorios.

Debemos destacar, en estos últimos años, a todas/os quienes integran la actual Cámara de Senadoras de la provincia de Santa Fe.  En 2019 el proyecto modificatorio de la vieja ley de agrotóxicos (Nº 11273/95), fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 33 votos a favor y una vez más perdió estado parlamentario en la Cámara Alta.

PROFESIONALES DE LA SALUD: Médicas/os fundamentalmente de pueblos fumigados, han mirado para otro lado. No se ocuparon de conocer el origen de las enfermedades de sus pacientes, o las han ocultado cuando comprobaron las verdaderas causas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: son uno de los pilares fundamentales a la hora de promocionar las “virtudes” del sistema. Habilitan micros radiales y programas para el agronegocio. Una de sus principales fuentes de ingresos son los dineros de la agroindustria. Y paralelamente operan para desautorizar las voces serias, comprometidas y dignas que cuestionan, denuncian y proponen otro camino posible.

MESA DE ENLACE: Integrada por los representantes de grandes, medianos y pequeños productores. Sociedad Rural Argentina, CRA, Coninagro, FAA

Agrupamiento conformado en marzo de 2008, a partir del anuncio por parte del gobierno nacional a cargo de Cristina Fernández, de la resolución 125/08 que establecía un nuevo régimen de retenciones al agro.

Sólo se han preocupado y ocupado de discutir las cuestiones economicistas del modelo de agronegocios. Jamás quisieron debatir en relación con la salud, la pérdida de biodiversidad, la vulneración a los derechos de la naturaleza y la violación a los derechos humanos.

SECTORES MAYORITARIOS DEL INTA: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo de investigación, estatal, descentralizado con autarquía financiera y operativa dependiente del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.

El INTA es un instituto de investigación al servicio de los productores agropecuarios en el desarrollo agro-tecnológico mundial. Su accionar para alertar sobre las consecuencias negativas del modelo es poca, aunque hay sectores que lo han intentado. Su accionar es similar a otras reparticiones, siendo funcional también. Aunque valoramos el esfuerzo de algunos de sus integrantes. El director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Trebino, en mayo de 2017 envió un correo a algunas autoridades de la institución. El asunto-título señalaba “directivas sobre la comunicación institucional”. El correo electrónico aparece con la etiqueta de “Importancia: alta”. En el mismo se les pide que se “abstengan” de utilizar la palabra “agrotóxicos”.

No es de extrañarse, si se tiene en cuenta que el INTA integra la “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”, donde confluyen todas las empresas de agrotóxicos y que funciona como espacio de lobby político y técnico para maquillar las consecuencias del modelo basado en uso de químicos. En la red sobresale la Cámara de Sanidad Animal y Fertilizantes (Casafe, integrada por Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow y todas las empresas de agrotóxicos), Asociación de Semilleros de Argentina (ASA, todas las compañías de semillas transgénicas), Argenbio (académicos con vinculaciones con empresas del agronegocio), Aapresid, CREA, Facultad de Agronomía de la UBA y el Ministerio de Agroindustria.

 FUERZAS DE SEGURIDAD: siempre defienden la propiedad privada, a la Bolsa de Comercio, a los empresarios. Nunca a los asambleístas que defendemos la vida, incluso la de ellos y sus familias. En San Lorenzo en el 2005 liberaron la zona para que la patota mandada por la intendenta y el senador nos golpeara a los vecinos, que cortamos la calle por el paso de los camiones sojeros por el barrio.

JUSTICIA: en casi 3 décadas de modelo transgénico, es muy pobre su actuación en una provincia dónde, por ejemplo, el gremio docente denunciaba 700 escuelas fumigadas. Pero la movilización de los vecinos  lograron  3 fallos a favor, donde se destaca el aval de la Suprema Corte de Justicia a la sentencia de la Cámara de Apelaciones N° 2 que fija un área de resguardo ambiental de 1000m libres de pesticidas que abren una perspectiva diferente para el futuro.

 
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¿Nuclear? no, gracias

Créditos: Radio Comunitaria La Revuelta.

Como ya bien hemos analizado e investigado acerca de la peligrosidad de la instalación de centrales nucleares en el territorio denominado Argentina, desde el 22 y hasta el 30 de abril de este 2022 se dieron lugar a diferentes manifestaciones con el mismo fin de generar conciencia acerca de los impactos de estas instalaciones.

En el marco de un nuevo aniversario de la catástrofe de Chernóbil (el pasado 26 de abril) y contra la energía nuclear e instalación del HuaLong One —rebautizado ahora como Atucha III—  varios pueblos levantaron su voz bajo el lema “Nuclear? no, gracias”. Algunos de los territorios que adhirieron a la causa fueron: Trelew , Chubut; Valcheta, Rio Negro; La Rioja; San Miguel de Tucumán; Zárate, Buenos Aires; Mar del Plata y Buenos Aires. Y también contó con la presencia de Norita Cortiñas —Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora— siempre con su incondicional apoyo a la lucha de los pueblos.

Si bien en dicho territorio la energía nuclear ha sido promovida e instalada en épocas de dictadura cívico-militar-eclesiástica, es cierto que su crecimiento no ha cesado durante los gobiernos democráticos posteriores. Hablar de energía nuclear es hablar de contaminación, de carrera armamentista y de un sinfín de mentiras y mitos.

“Visibilizar la cuestión nuclear es fundamental y urgente para comprender que tampoco es una alternativa en la transición energética como se plantea. Porque para reemplazar a los combustibles fósiles deberíamos instalar muchas más centrales nucleares de las ya existentes, y las consecuencias serían devastadoras” (Movimiento Antinuclear Zárate-Campana). Además del gasto económico que implican, así como el alto uso de tantos recursos no renovables para su sostenimiento. Como también la falta de un planteo de reducción de consumo energético.

Las centrales nucleares funcionan mediante el uso de reactores en los cuales se da la fisión de Uranio 235, por grandes fuerzas que suceden dentro de su núcleo. El proceso termina por producir otros materiales como plutonio – utilizado para fabricación de misiles – titrio, cesio, entre otros. Esos residuos tóxicos se llevan luego a grandes piletas de refrigeración (debido a su alta temperatura) por años. Convirtiéndose así en un pasivo ambiental eterno.

Es de público conocimiento las consecuencias que ha provocado y provoca la radiación —como por ejemplo las mutaciones genéticas—  y los contaminantes (radionucleidos) despedidos por las centrales nucleares, así como la presencia de basureros nucleares y elementos tóxicos presentes en aguas y napas para uso de los pueblos. Hay que destacar que, como bien explican miembros del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA), no son solo una amenaza en caso de que ocurriese un accidente, sino que aún sin una catástrofe hay peligro de manera constante debido a las emisiones radiactivas al ambiente. Hay estudios en Europa que demuestran el aumento de las tasas de mortalidad infantil y leucemia en cercanías a centrales nucleares.

Créditos: Movimiento Antinuclear Zárate- Campana.

El lobby nuclear

 “El actual proyecto de guerra en Ucrania apoyado por la OTAN ha puesto de rehén al planeta entero con sus misiles nucleares. El cual solo el país de Rusia sostiene su geopolítica con 5000 misiles. El territorio Argentino ha hecho acuerdos nucleares con las dos actuales potencias mundiales —Rusia y China—  éste último ya financió los programas nucleares de Pakistán y Corea del Norte, y en la actualidad financia el de Arabia Saudita. Poniéndolo así en medio de una carrera armamentista entre ambas potencias”. Sostiene el movimiento antinuclear Zárate-Campana.

El MARA advierte que ya desde 2017, “el lobby nuclear intentó implantar el reactor chino Hualong One en Sierra Grande, Río Negro. Pero la gran movilización de decenas de ciudades y localidades de toda la Patagonia logró frenar este proyecto, conquistando finalmente la ley provincial antinuclear. Desde entonces, el mismo reactor continuó siendo negociado para ser instalado en el partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, en el más absoluto de los silencios cómplices de todo el arco político, los medios de comunicación hegemónicos, y a espaldas de la gran mayoría inconsulta de las poblaciones que potencialmente se verían afectadas de manera directa por un accidente.”

Agustín Sainza, llama a la conciencia sobre las implicancias del plan nuclear, tanto como un problema sanitario, como un condicionamiento geopolítico porque “traslada la guerra del capital financiero a nuestro territorio”. Tanto la oposición como el oficialismo pretenden ingenuamente poder sostener al mismo tiempo dos frentes de financiamiento contrapuestos, actualmente en guerra comercial por la hegemonía del planeta. Al actual endeudamiento del Fondo Monetario, se le suma la incorporación de un reactor hasta 3 veces más caro que cualquier otra alternativa de menor impacto. (Movimiento antinuclear Zárate-Campana).

Contaminación y negligencia

Hoy son siete las minas de uranio abandonadas en el país. El lago de Embalse donde opera el reactor en Córdoba está contaminado con tritio radiactivo y el acuífero “El Puelche”, una de las fuentes  de agua dulce más importante de la región, está contaminado con uranio y plutonio, elementos tóxicos que se filtraron al subsuelo desde el basurero nuclear de Ezeiza.

Sostenemos que la energía nuclear, y por ende las centrales nucleares, son otra forma de extractivismo. Transforman a los territorios en zonas de sacrificio para abastecer la carrera armamentista. Y permiten que el empresariado multinacional siga vulnerando las regiones en donde se instalan estos proyectos.  Exponiendo de forma constante y sostenida a los pueblos a radiactividad que afectará también a las generaciones futuras.

Muy lejos está de ser una energía limpia, ya que conocidos estudios dejan en evidencia los altos grados de contaminación y las enfermedades que afectan a los pueblos que habitan zonas aledañas a las centrales nucleares. La contaminación radiactiva es silenciosa y mortal. El aumento de cáncer, leucemia, tiroides, malformaciones genéticas, abortos espontáneos y trastornos psíquicos han sido detectados en poblaciones afectadas por contaminación radiactiva.

Créditos: Movimiento Antinuclear Zárate- Campana.

Chernóbil

Los efectos de la radioactividad, 36 años después del accidente, siguen estando presentes. Según el ministerio de salud de Ucrania, son 2,5 millones los recursos destinados a los tratamientos de salud después de la catástrofe.

Los niños y las niñas que viven en áreas altamente contaminadas por la lluvia radioactiva de Chernóbil sufren de enfermedades crónicas. Entre las más comunes se encuentran la fatiga asociada a alteraciones del sistema cardiovascular, incluyendo hipertensión arterial, murmullo cardíaco sistólico, y alteraciones electrocardiográficas de conducción y alteraciones metabólicas en los casos de medidas elevadas de Cs137 en los organismos de estos niños/niñas.

La mayor fuente de radiación para los seres humanos tras Chernóbil en los días de hoy, es la ingesta de alimentos producidos localmente.

Por todo ello decimos que la energía nuclear es otra forma de ecocidio. Y una de las maneras de frenar dicho ecocidio es derribar los mitos acerca de qué es la energía nuclear y cómo funciona.

Adhiriendo a la lucha, Nora Cortiñas, quien estuvo presente en la manifestación, expresó: “Las madres tenemos un compromiso de recoger la lucha. Estaremos donde haya que estar. Ofrezco mi solidaridad para esto que me parece un peligro para toda la humanidad. Y que hoy me entero acá, que además están usando la plata de ANSES para esto. Así que yo los felicito. Los aplaudo. Estamos juntxs y vamos a seguir trabajando. La lucha de todos los días vale. Hoy recordando a Chernóbil, ese crimen que se cometió,  ese crimen de Lesa Humanidad, porque tocó y sigue tocando a los seres humanos. Donde no hubo justicia, donde no hubo denuncia de ninguna institución. Agradezco a todxs el esfuerzo por salir adelante con algo tan grave, en un pueblo que está pasando hambre y miseria. Y que tengamos que soportar otros peligros mayores, con una política económica desastrosa que está cada día contra el pueblo”.

Cuestionar el modelo establecido y exigir el cese de instalaciones de centrales nucleares en nuestro territorio es en principio, urgente.

Créditos: Movimiento Antinuclear Zárate- Campana.
 
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Por un MAR LIBRE de petroleras. Entrevista a la compañera y asambleísta Fernanda Génova

Tal como venimos visibilizando el reclamo social ante la instalación de plataformas petroleras off shore en la costa sur de la provincia de Buenos Aires, estuvimos en la ciudad de Mar del Plata durante el mes de febrero. Y en diálogo con Virginia Bolten la compañera Fernanda Génova, integrante de la Asamblea Por un Mar Libre de petroleras nos comparte su análisis como habitante residente de la ciudad pero también como activista en esta causa.

A partir de la Resolución 436/2021 firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible que autorizó a la empresa noruega Equinor a realizar exploraciones sísmicas en las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo han sido estos meses de movilizaciones desde tu perspectiva tanto política como social? Y cómo surge la Asamblea?

F.G: La asamblea Por un Mar Libre de Petroleras arrancó su actividad en el mes de junio de 2021. En una primera acción de difusión y volanteada que hicimos en la rambla, donde se convocó a la comunidad y luego pudimos hacer una asamblea más grande. A partir de ahí se fue definiendo como continuar. Y si bien en esa primera instancia no se acercaron muchas organizaciones sociales y políticas, sí había cierta participación y se logró que se aglutinara cierta cantidad de gente que venía escuchando sobre el tema.

A partir de allí se fueron haciendo más volanteadas, sobre todo por el desconocimiento que había sobre el tema, convocamos para una audiencia pública virtual que comenzaba el 1º de Julio. La actividad no solo estuvo compuesta por vecines autoconvocades sino también por compañeras y compañeros de otras organizaciones sociales y políticas.

La movilización se mantuvo en estos meses con algunos altibajos y con asamblea permanente, pero donde cobró mayor fuerza y masividad fue ahora con la resolución del ministerio. La comunidad venía escuchando lo que nosotres veníamos denunciando pero sin tener una participación tan activa.  Es decir, sabiendo que ya habíamos opinado sobre el tema y veníamos manifestando nuestra postura, y sin embargo el gobierno no nos escuchó. Eso provocó un aumento de esa participación.

A pesar de la escasa difusión sobre el proyecto de exploración sísmica en el mar argentino, el Gobierno llamó a una audiencia pública para pronunciarse frente a la actividad. ¿Cómo fue esa audiencia? ¿Qué opinión te merece como asambleísta?

F.G: Esa audiencia pública fue un amague de consulta porque en realidad fue en forma virtual y con poca gente, convocada 15 días antes con una información difícil de compartir y entender. Por lo que fue un hecho totalmente antidemocrático donde el Estado reafirmó su vocación de entregar los bienes comunes y avanzó con esto. Sentimos que hubo así una repercusión importante a nivel social, fue un cimbronazo para la ciudad, para todas las comunidades costeras, y para todo el activismo ambiental. Así como ocurrió en Chubut también repercutió en cómo las comunidades podemos alcanzar cierto impacto. El Atlanticazo fue realmente un momento importante donde se acercaron más sectores de todo el país, hubo un marco de solidaridad muy grande. La campaña Mira también abrazó la causa, y organizaciones de otros países se sumaron el 4 de febrero en el Oceanazo. Eso se dio a partir de esa sensación de que vienen por todo, porque ya ni siquiera el mar es algo que van a respetar.

Posterior a la movilización del 1º de enero, dada su masividad, el gobierno lo que hizo fue atacarnos duramente, ningunear nuestros argumentos, ningunear nuestra lucha, tratarnos de “ambientalistas bobos”, de que estamos en contra del “desarrollo del país”, y que no “entendemos” que se necesitan recursos para salir de la emergencia económica. Todos argumentos falaces y que son ataques de un Gobierno que no puede sostener su política de entrega contando con apoyo popular. Porque quedó muy nítido que no hay licencia social para eso.

¿Cómo son los vínculos con otros  movimientos en diferentes territorios?

F.G: Venimos en un proceso de coordinación con otras luchas ambientales, de compañeros que están en otros territorios y que levantan nuestro reclamo, y a su vez nosotres replicamos lo que sucede en esos espacios. La decisión de tomar el 4 de marzo de cada mes como día de lucha tiene que ver con intentar vincular los procesos que se dan contra el extractivismo. Porque desde Chubut ya había una fecha que se venía sosteniendo para la movilización, y nos pareció bien sumar a lo que ya existía, para no solo construir organizaciones entre las comunidades costeras, sino también aunar esfuerzos en la lucha con todos los territorios y pensar en un posible encuentro en algún momento.

Incluso no solamente en nuestro país. El mes pasado viajamos con Víctor Quilaqueo de Observatorio Petrolero Sur y con un compañero que vino de Amigos de la tierra  Holanda, quienes vienen acompañando comunidades de África contra la instalación de petroleras. Eso fue muy bueno porque son los primeros pasos que estamos dando para conectarnos como comunidades costeras y fortalecer ese espacio de coordinación. La idea es lograr un encuentro presencial a futuro.

Siendo Mar del Plata una destacada y popular ciudad turística. ¿Cuál es la respuesta de lxs turistas? ¿Sentís que hubo acompañamiento y toma de conciencia por parte de ellxs?

F.G: Sí, desde el inicio comenzó a haber gente acompañando la causa, y no solo acá en la ciudad de Mar del Plata sino también en otras ciudades costeras. La recepción de las y los turistas es impresionante. Por allí si no se suman a la marcha acompañan igualmente con aplausos, bocinas cuando pasamos. Ha sido muy grande la participación en el reclamo de quienes han visitado estas ciudades.

¿Hay sectores partidarios divergentes que apoyan la exploración?

F.G: Sí. Obviamente el sector afín al Gobierno que lamentablemente no se da el lugar para plantarse desde una posición crítica a la política que lleva adelante este proyecto y que es por supuesto una continuidad de la política de entrega que viene de hace muchos años.  Viene del Macrismo pero también del Kirchnerismo anteriormente. Estos procesos no se dan de un día para otro, entonces lo que denunciamos es que hay una política de entrega que continúa Gobierno tras Gobierno y que este actual la toma en sus manos y la pone como bandera, planteando que a través de esto se va a conseguir sacar el país adelante, que se van a conseguir divisas, se van a generar fuentes de trabajo etc. Pero me parece que la discusión es falsa y que eso no va a suceder, sabiendo que hay territorios impactados por el extractivismo. En donde llegaron con la misma promesa y que no solamente no sucedió, sino que dejaron el territorio totalmente devastado.

Lamentablemente estas organizaciones que son parte del gobierno (Frente de Todos) nos atacan con un discurso muy violento diciendo que hacemos el juego a la derecha, y en verdad sabemos que toda la derecha apoya estos proyectos extractivos. Entonces…

Sectores del sindicalismo también están apoyando la exploración diciendo que es necesaria porque Mar del Plata “va a salir adelante gracias a la instalación de las plataformas petroleras”.

Foto: Asamblea Plaza España

En el año 2017 La Comisión de Límites de la plataforma continental marina de Naciones Unidas creado por la Convención sobre Derecho del Mar aprobó el reclamo presentado por Argentina, convalidando así la anexión de más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados a la plataforma continental nacional. ¿Crees que es una trampa de la ONU la extensión de la plataforma para la exploración off shore?

F.G: Lo que entendemos es que hubo un proceso de reclamo sobre la soberanía de la plataforma continental marina, y que eso tiene que ver justamente con ir armando todo el espacio necesario para luego hacer exploración y explotación de lo que llaman recursos naturales, en este caso hidrocarburo. Esa extensión obviamente tiene que ver con poder instalar en esas áreas estos proyectos de explotación petrolera. No es casual que la ONU  resolvió otorgar esa extensión a la Argentina en el año 2016, y en el año 2018 ya se estaba analizando la exploración.

Por ejemplo en el Caribe cuando hay disputas territoriales, automáticamente se resuelve eso y automáticamente hay un proceso de licitación o de otorgamiento de área.

Los medios hegemónicos hicieron campaña para la exploración offshore. ¿Por qué crees que sucede esto?

F.G: Porque son parte del sistema. Los medios por un lado silenciaron durante mucho tiempo estos proyectos generando desinformación en la comunidad, y eso lo que trae como consecuencia es que al no estar enterades no tenemos poder para resolver, decidir, opinar. Y cuando la población pudo enterarse, opinar e informarse -por decisión propia-, nos atacaron haciendo campaña en contra nuestro; y por otro, hablan a favor de la explotación petrolera. Aunque no siempre de manera directa por supuesto, pero sí lo que hacen es levantar opiniones de algunos personajes locales y nacionales que están hablando a favor de este proyecto extractivista.

El intendente de la ciudad de Mar del Plata Guillermo Montenegro se mantuvo en un principio, en silencio, neutral. Pero luego cambió radicalmente en oposición al proyecto de exploración. ¿Cuál es su postura? ¿A qué se debe ese cambio?

F.G: Lo que sucedió con el intendente es llamativo, él es de Cambiemos, es decir es parte de esa fuerza que entregó las áreas marítimas a las corporaciones petroleras, es parte de esos acuerdos que se hicieron en ese momento. Y cuando nosotres en el mes de julio presentamos la nota al concejo deliberante y al Intendente mismo, ninguno de ellos tuvo la delicadeza de convocarnos una reunión o contestarnos. Pero posterior a las marchas masivas y manifestaciones populares el Intendente (Montenegro) sale a anunciar que no está de acuerdo. Que él en realidad lo que quiere es “tener la certeza de que no va a haber impactos en nuestra ciudad”. Es decir, no dice que está en contra del proyecto petrolero, lo que dice es “bueno, veamos cuáles son los impactos, investiguemos un poco más”. Y por eso el amparo que se presentó es tal vez el más tibio de los 4 que se presentaron en relación a lo que se plantea. Pero bueno como entraron dentro de ese paquete, se tratan de la misma forma. Y todo esto tiene que ver con una actitud oportunista de no quedar “pegado“con la situación. Porque también se juegan las cuestiones electorales, es decir, puede correr riesgo su candidatura y su continuidad como intendente de la ciudad. Entonces se desmarca políticamente de esa decisión y lo deja a manos de la justicia.

Haber logrado la medida cautelar que pone freno a la búsqueda y exploración en el mar es un paso importante.

F.G: Las acciones judiciales nosotres las entendemos como parte de toda la lucha. No hay acción judicial que resuelva por sí sola. Si se hace, es en el marco del proceso de lucha que venimos sosteniendo. Obviamente celebramos cuando el Juez del Juzgado nº 2 dictaminó la medida cautelar, pero entendiendo también que no era el fin. Esto va a llevar un tiempo. Es por eso que seguimos organizándonos, informando a la comunidad y movilizándonos para reclamar al Estado Nacional que anule la resolución del Ministerio de Ambiente. Y que también se anulen todas las adjudicaciones sobre las áreas marítimas. Porque hay otras áreas que están adjudicadas a otras empresas  (no es solamente Equinor) y que también son parte del problema. Porque ponen en riesgo al ecosistema marino y a las comunidades costeras. La lucha es a fondo porque no queremos que se instalen plataformas ni acá, ni en la costa bonaerense, ni en ningún lugar. El mar no es una zona de sacrificio.

¿Cómo sigue todo ahora? ¿Cómo seguirán las campañas en contra de las petroleras hasta lograr finalmente la anulación definitiva de la Resolución 436/21?

F.G: Las manifestaciones siguen, todos los 4 de cada mes. Un poco como el lema utilizado en la lucha contra los agrotóxicos todos los 25 hasta que se vaya Monsanto es en este caso todos los 4 hasta que se vayan las petroleras. Y seguiremos convocando a la comunidad con distintos eventos, distintas actividades culturales, porque necesitamos que toda la población pueda expresarse desde distintos espacios artísticos, ya que esta lucha tiene diversas aristas y nosotres las tomamos todas.

Este es un nuevo Atlanticazo que se va a replicar en distintas ciudades costeras y seguramente en otros lugares del territorio. Y también el próximo 22 de marzo vamos a participar de una acción mundial por el agua que nos unifica con otros territorios en lucha. Por lo que estamos preparades para esta pelea larga. Y convencides que no hay otra alternativa.

 
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Plataformas petroleras offshore y un reclamo social que continúa

El pasado 30 de diciembre de 2021, se dio a conocer la Resolución 436/2021 firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien autorizó a la empresa noruega Equinor a realizar exploraciones sísmicas a 160 millas de las costas del sur de la provincia de Buenos Aires.

Previamente en el año 2018 la Secretaría de Energía llamó a licitación para la exploración de 18 áreas petroleras repartidas en 3 cuencas: Cuenca Argentina Norte (CAN), Cuenca Austral (AUS) y Cuenca Malvinas Oeste (MLO). Adjudicándose estos 18 bloques  —225.000 km2  de superficie marítima— a 13 empresas oferentes.

El Bloque CAN 100, localizado a 200 kilómetros de Mar del Plata, es el más grande de la Cuenca Norte, adjudicado a la empresa noruega Equinor en el año 2019 bajo la gestión del ex presidente Mauricio Macri para avanzar con el proyecto y que continuó durante la actual gestión de Alberto Fernández.

La compañía Equinor  —que opera también en San Juan y Vaca Muerta— había pedido un permiso en el año 2020 para realizar estas acciones de exploración sísmica en búsqueda de petróleo para futuras explotaciones, desarrollada en conjunto con las empresas Shell e YPF. Pese a no contar con licencia social y desoyendo la opinión de la población, fue autorizada el último día hábil del año 2021 en medio de una crisis climática con 11 provincias en llamas, como abordamos desde Virginia Bolten.

Las primeras movilizaciones y asambleas comenzaron en la ciudad de Mar del Plata en Junio de 2021 bajo el lema un mar sin petroleras en la que participaron activistas, sociedad civil y sectores de pesca marítima, expresando su rechazo a la medida. Pocos días antes de la audiencia pública convocada por parte del Gobierno para el día 1º de Julio.

Una asamblea que desde ese entonces no ha parado de crecer, y lleva el nombre de Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, logró no solo apoyo en varias ciudades costeras con su activismo —junto a otras iniciativas como el Atlanticazo y Oceanazo— sino también la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración sísmica en la costa bonaerense que dictó el Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata el pasado 11 de febrero de 2022. Teniendo en cuenta los deficientes mecanismos de participación popular, sin la suficiente difusión; las falencias que hay en el estudio de impacto ambiental, y la falta de consulta al Municipio de General Pueyrredón.

Queda en evidencia la importancia de los movimientos sociales y la lucha que aún continúa.

Exploración sísmica offshore

El procedimiento consiste en una flota de buques con sensores que recopilan información,  lanzando breves ráfagas de aire comprimido (bombardeo sonoro) desde una fuente de sonido hacia el agua, subsuelo y el fondo marino, cada cinco o quince segundos. A continuación, las ondas sonoras emitidas se reflejan hasta la superficie del mar, donde son registradas por los sensores, de esta manera es posible identificar los lugares para realizar perforaciones.

Es de conocimiento que este procedimiento genera efectos en las especies que habitan el mar, y aunque en su justificación aleguen que van a “vigilar” la cercanía para no alterar su hábitat, es sabido que las ondas vibracionales y sonoras impactan de forma contundente el medio marino, generando estrés y problemas auditivos en los animales, desplazamiento de hábitat, entre otras problemáticas.

Eso solo sería el principio, ya que de continuar el proyecto los efectos serían más graves debido a los impactos de la explotación de hidrocarburos. Hay ejemplos de ello, tal es el caso del conocido derrame en el Golfo de México, pero también el reciente en las costas de Perú, considerado como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima. En 2019, en la Bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), hubo un derrame de petróleo en la Plataforma Santa Cruz del Sur.

Hablar de plataformas petroleras es hablar más tarde o más temprano de derrames, en mayor o en menor medida.

Plataforma marítima Argentina

En estas zonas hay un corredor biológico de suma importancia. Es la prolongación natural del territorio que comprende lecho y subsuelo de áreas submarinas culminando en el talud rico en bienes comunes.

En este lugar se pretende instalar una actividad extractiva, trátese de un sitio donde no se desarrolla actividad hidrocarburífera y donde la cercanía a la costa genera alarmas.

Dicha actividad no sorprende, y lo venimos denunciando desde Virginia Bolten. La política de Estado en el territorio denominado Argentina se basa en un extractivismo elocuente y devastador en la que bajo este mecanismo de entrega de bienes comunes se intenta justificar un discurso de “progreso” y “crecimiento económico” que está muy lejos de la realidad.

La explotación dejaría solo un 6% por las regalías y la creación de puestos de trabajo es ficticia, considerando que se emplea un alto porcentaje de mano de obra barata, que muchas veces la trae la misma empresa y genera concentración de riqueza en un pequeño sector de la sociedad.

Prueba de ello es la deforestación con expansión y avance de la frontera agrícola, basada en la producción de soja transgénica, ganadería intensiva mediante feedlot, la extracción minera y la explotación petrolera, como es el caso emblemático de Vaca Muerta.

Todos estos proyectos impactan en territorio aledaño. No se puede dejar de mencionar el desplazamiento de pueblos indígenas, campesinos y otras comunidades; la contaminación de las aguas, aumento de fumigaciones, y eliminación/reemplazo de actividades tradicionales productivas locales y agroecológicas.

Hay que considerar en este caso la pesca, el turismo, el desarrollo socio-cultural, recreativo y deportivo que tiene la ciudad costera y, en consecuencia, cómo eso generará una dependencia económica basada en la explotación de hidrocarburos que afectará a todo el tejido social.

En una próxima nota entrevistamos a Fernanda Génova, referente y asambleísta de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, quien contará en primera persona el proceso de resistencia contra las plataformas offshore (o costa afuera) en la ciudad de Mar del Plata.

 
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Ecocidio y Terricidio como sistema imperante

Créditos: La voz de Misiones.

Ya son 11 las provincias en el territorio denominado Argentina, que se encuentran bajo fuego (Misiones, Formosa, Santa Fé, San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). El Gobierno del mismo territorio con total desidia, permite el avance del lobby agropecuario, inmobiliario y minero en connivencia con los terratenientes y empresarios ligados a multinacionales que siguen acumulando su capital en detrimento de los derechos de los pueblos.

Para que esta alianza siga funcionando fue necesario cajonear la Ley de Humedales, que viene siendo promulgada e impulsada por el activismo en las calles y por la creciente conciencia social acerca de las problemáticas medioambientales. Dicha Ley promueve la protección de ecosistemas sensibles, penaliza los incendios intencionales en estos territorios, regula la aplicación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier origen, fumigaciones incluidas. También crea un Inventario Nacional de Humedales, es decir, un mapa que daría cuenta de dónde están los humedales en Argentina, qué características tienen y qué función cumplen en cada lugar. Una ley que nítidamente va a contramano del empresariado.

Es menester que el gobierno tome medidas urgentes para eliminar los focos de incendio. Las condiciones climáticas no son favorables y con tendencia a empeorar, y el aumento de temperaturas en esta época del año deja la situación aún más grave.

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, consideró que hay “un escenario que puede tender a repetirse de manera recurrente en el tiempo, es decir, un período de sequías prolongadas, de corrimiento de las temporadas secas en cada estación y de temporadas sin lluvias”.

Sin embargo es necesario dejar en evidencia quiénes son los responsables de este ecocidio y terricidio que desde Virginia Bolten venimos denunciando. Somos con la naturaleza y debemos cuidar de ella, algo que bien nos enseñan las comunidades predecesoras. Es fundamental tener conciencia de quiénes tienen el poder, quiénes siguen saqueando y haciendo tratados y acuerdos a espaldas del pueblo, en total clandestinidad.

Además del dramático cuadro de incendios al tiempo que escribimos esta nota, en el día de la fecha mediante Boletín Oficial se comunica que ha sido aprobada la Ley que permite la exploración sísmica y detonaciones de aire comprimido en subsuelo en las costas de la Provincia de Buenos Aires y Río Negro (cuenca Argentina norte). A pesar de las manifestaciones acontecidas durante el año y asambleas en la localidad de Mar del Plata en contra del proyecto.

Se autorizaron cesiones parciales de participación del permiso de exploración otorgado sobre el área CAN_100 a favor de las empresas EQUINOR ARGENTINA BV SUCURSAL ARGENTINA y SHELL ARGENTINA S.A., respectivamente.

Que YPF S.A., EQUINOR ARGENTINA BV SUCURSAL ARGENTINA y SHELL ARGENTINA S.A., en su carácter de permisionarios del área CAN_100, solicitaron a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA una reducción de la alícuota de regalías hidrocarburíferas de hasta el CINCO POR CIENTO (5 %)”.

Lo que sucedió hoy es brindar por parte del Gobierno las condiciones políticas y jurídicas para hacerlo. Es el corrimiento de la frontera extractiva fósil en un momento en que todo el mundo está haciendo esfuerzos para dejar los fósiles en el suelo, yendo así a contramano de los retos esenciales para hacer frente a la situación de emergencia climática.

El Estado es responsable y debe actuar y responder a la altura de la situación y no avanzar con proyectos que a mediano y largo plazo traerán más daños que beneficios.

Hace pocos días se conmemoró el retorno de esta democracia en el territorio, por lo que el Estado debería escuchar y contemplar al pueblo de acuerdo a las “premisas teóricas” de dicho régimen político.

 
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Acuerdo pandémico

Foto: Verónica Raffaelli

Por Marcela González Marcos

En el día de ayer,  en lo que ya se ha convertido en la jornada 25A, cientos de personas se concentraron en las inmediaciones de la Embajada de la República Popular China para repudiar  el “Acuerdo Porcino”.

Hace pocas semanas, desde Virginia Bolten, desarrollamos una investigación acerca de los fines de las centrales nucleares y el interés de China en financiar la instalación de una cuarta planta en el territorio denominado Argentina.

Pues no es sólo esta la apuesta que pretende hacer el gigante asiático en el territorio. Como ya es de público conocimiento, existe un borrador del memorándum de entendimiento entre ambos países para la futura instalación de granjas porcinas, que exportarían unas 900.000 toneladas de carne por año a Beijing y también a otros países del sudeste asiático.

Se estima que se instalarían en una primera etapa unas 25 granjas, de 12500 cerdos cada una, para satisfacer la creciente demanda de esta carne en China. Cada granja sería una instalación integrada, desde el procesamiento de granos para alimentación animal hasta la cría de cerdos, matadero y envasado.

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Vale recordar que dicho país sufrió un brote de Peste Porcina Africana (PPA). Este virus, por cierto contagioso, afecta a los cerdos alterando de muchas formas su vitalidad. Para evitar su propagación en ese país, se estima que se habrían sacrificado aproximadamente entre 180 y 250 millones de cerdos (quemándolos o enterrándolos vivos), lo que disminuyó la producción entre un 20% y 50 %.

La firma del acuerdo estaba pautada para fin del año 2020, pero fue demorada hasta septiembre por un agregado de último momento: cuestionamientos de organizaciones sociales y ambientalistas.

Sin embargo, con o sin memorándum, el proyecto ya fue iniciado en la provincia de Chaco, donde el gobernador Jorge Capitanich firmó un acuerdo con la empresa de capitales chino-argentinos Feng Tian Food, a través del cual se buscarán inversiones chinas para instalar 3 plantas productoras de carne de cerdo.

Foto: Verónica Raffaelli

Argentina es el cuarto país en el que más ha invertido China en América Latina en la última década, luego de Venezuela, Brasil y Ecuador. Y todas estas negociaciones se han dado en el marco de la pandemia y la nítida diplomacia de las vacunas que desplegó el país asiático en el mundo para combatir el Covid.

Por su parte, agrupaciones ambientalistas, defensoras de animales, así como personas investigadoras y científicas, han dado a conocer las consecuencias que generarían estas factorías.

En principio, hablamos de un proyecto que no ha sido consultado a la población, ni del cual se ha brindado información pertinente a la sociedad. Poniendo en duda las formas mediante las que se aprobaría e implementaría, tal como sucedió con la introducción de soja transgénica allá por el año 1996, en combinación con los agrotóxicos necesarios para su crecimiento.

Por otro lado, es importante cuestionar el mito de que estas mega granjas generarían muchos puestos de trabajo, mejorando el déficit laboral y la crisis económica que atraviesa el territorio argentino. Y es mito ya que hablamos de un modelo industrial, con capital intensivo y sus números en puestos de trabajo son exagerados con un motivo elocuente.

Foto: Verónica Raffaelli

Asimismo, el impacto socioambiental también será contundente. Criar este número importante de cerdos requiere de gran cantidad de agua, por lo que la ubicación de las granjas estará en cercanía a lugares habitados, con todo lo que ello implica: contaminación, olor, y consumo de agua.

A esto debemos agregar que estos animales demandarán más soja transgénica como alimento, lo que implica seguir con el circuito de deforestación y siembra con agrotóxicos -que hoy ocupa un 60% de la tierra cultivable- dando lugar a un aumento de enfermedades, despojo de tierras a la población que las habitan, desbordes de ríos y futuras enfermedades generadas en estas granjas de hacinamiento, que a su vez debido al uso de antibióticos, culminará en una resistencia bacteriana, y serán estas nuevos focos de contaminación y pandemias.

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Por último, dejar en evidencia y poner en reflexión las formas en las que una y otra vez se argumenta salir de las crisis, sin tener en consideración los impactos ecosistémicos a largo plazo. Ejemplos nos sobran. Vaca Muerta y la introducción de Soja transgénica son dos modelos elocuentes, que además de responder a un sistema económico extractivista con intereses de los grandes capitales, han generado un sinfín de cambios e impactos atroces en la población, como son los numerosos sismos que se han registrado en la región de Vaca Muerta, el aumento de la prostitución, la falta de inversión en fuentes de trabajo, desaparición de pequeños productores, así como los impactos ya conocidos del modelo transgénico: contaminación por Glifosato (Bayer-Monsanto) de aguas, ríos y población aledaña, malformaciones, aumento de cáncer y expulsión de poblaciones originarias para avanzar con la frontera agropecuaria.

Seguir respondiendo al modelo capitalista-extractivista y en este caso agroindustrial, no nos sacará de la crisis, muy por el contrario.

Comprender que estas industrias responden a grandes empresas (extranjeras), que poco o nada dejan en el territorio, y van a contramano de una soberanía alimentaria que garantice una inversión en la producción local, en las economías regionales con alimentos sanos, y agroecológicos, es hoy fundamental.

Ni en septiembre ni nunca. Ni chinas ni de ninguna parte.

¡No a las megagranjas!

Foto: Verónica Raffaelli
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Costanera para pocos

Foto: Verónica Raffaelli

Por Verónica Raffaelli

El 19 de agosto la Legislatura Porteña, con los votos del PRO, UCR, Socialismo y Coalición Cívica, aprobó en primera lectura el proyecto inmobiliario impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Grupo IRSA, llamado Costa Urbana.

Como informó el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la votación se realizó violando la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú, por no haber convocado a audiencia pública previa a ese tratamiento legislativo y no haber realizado la evaluación de impacto ambiental correspondiente, sumado a que se votó el proyecto de ley con la mayoría absoluta (la mitad + 1) cuando corresponde que se vote con la mayoría agravada de los ⅔ (40 votos).

El proyecto Costa Urbana surge de la posibilidad que el GCBA le otorgó a IRSA de construir decenas de torres de 145 metros de altura y aproximadamente 900 mil metros cuadrados en la Costanera Sur, que destruirían el humedal costanero. Las torres se destinarán principalmente a viviendas de lujo pero también a comercios, shoppings y hoteles, alcanzando una superficie total construida de 24 hectáreas.

Paradójicamente, esto sucedió en una semana donde se produjeron nuevos incendios en la provincia de Córdoba, una gran movilización hacia el Congreso en reclamo de la sanción de una Ley de Humedales y la mediática “invasión” de carpinchos en Nordelta.

La aprobación también se produjo a pocas semanas de conocerse el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU. En este se advirtió sobre un impacto irreversible, pronosticándose para los próximos años escasez de agua, hambre, enfermedades, extinción de especies, éxodos y ciudades sumergidas por la crecida de los océanos.

Una catástrofe ambiental que no reviste nada de casual sino que es producto de siglos de capitalismo, extractivismo y colonialismo, a costa de la expoliación de nuestras poblaciones, territorios y recursos naturales.

Situación a la que los gobiernos de turno responden con más cemento, destrucción de la flora y la fauna autóctona, mayor contaminación y aumento de la brecha social.

Foto: Verónica Raffaelli

Para entender el entramado de poder entre dirigencia política y empresarial detrás del otorgamiento y aprobación de estos negocios, como hemos investigado en un caso de iguales características en la Provincia de Santa Fe, basta con conocer algunos datos.

El 20 de julio de 2021 se firmó un convenio urbanístico, entre IRSA y el GCBA, por el cual se le otorgó a esta empresa la excepción para poder construir un nuevo Puerto Madero.

Los terrenos, que en la zonificación figuraban como “Villa Soldati”, IRSA los compró a 51 millones de dólares, a sabiendas de que a partir de la firma del convenio urbanístico el valor del suelo se multiplicaría 32 veces como mínimo.

Asistimos nuevamente a otro caso más de especulación inmobiliaria, en un territorio donde miles de familias tienen la calle como hogar y donde otras tantas miles no pueden acceder a una vivienda, teniendo que pagar alquileres que cada vez son más inaccesibles. Costa Urbana es un proyecto que en ningún caso apunta al acceso a la vivienda de las clases populares ni a solucionar el déficit de habitacional, sino que solo aspira a llenar los bolsillos de quienes se enriquecen con las burbujas inmobiliarias.

Para comprender un poco más cómo es que funciona el negocio inmobiliario, nos basta con saber que Eduardo Elsztain, el dueño de IRSA – empresa dedicada a la construcción-, es el mismo dueño del Banco Hipotecario, único banco autorizado a otorgar los créditos del Plan Procrear, que a su vez es la única política pública existente, completamente limitada y sectorizada, que posee hoy el estado argentino para el acceso a la vivienda.

Desde Virginia Bolten, ya hace tiempo venimos investigando e informando acerca de los negociados y empresas de Eduardo Elsztain, que posee participación en empresas que operan en territorios palestinos ocupados  y que  instalan misiles en las Islas Malvinas.

IRSA, y en mayor medida, Euardo Elztain (a través de otras empresas que están a su nombre, como la Austral Gold, el Banco Hipotecario, Cresud, Alto Palermo SA, etc.) viene desarrollando negocios con todos los niveles de poder, nacionales y provinciales, así como con todos los sectores políticos (Juntos por el Cambio, peronismo, kirchnerismo).

A causa del peligro que supone la efectiva realización de este proyecto, dado su impacto socio-ambiental, una multitud se movilizó el pasado domingo 22, en protesta por la aprobación que otorgó la Legislatura Porteña y en reclamo de una Costanera verde y pública para toda la ciudadanía.

Foto: Verónica Raffaelli

La acción, una enorme bicicleteada, se inició en las puertas del Congreso y recorrió varios puntos, como el Obelisco y Plaza de Mayo, para terminar sobre la entrada Sur de la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, que forma parte de los humedales donde se pretende construir.

Foto: Verónica Raffaelli
 
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Medioambiente y negociados: la trama política detrás de las obras de la UNL

Gentileza de @comunidad.por.la.naturaleza

Por Verónica Raffaelli

Un mes atrás, en la Ciudad de Santa Fe, comenzaron las obras de un nuevo edificio de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en la zona de la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria (RECU), que como tal, es un área protegida.

“El Aulario Común Costanera Este” (así se denomina el proyecto) fue presentado a la comunidad santafesina como una “obra de arquitectura sustentable que relaciona la naturaleza, la educación y la cultura con nuevos espacios para el desarrollo escolar, científico y académico”, según palabras del Rector Enrique Mammarella.

Al acto adjudicatario de las obras asistieron el Gobernador Omar Perotti; el Intendente Emilio Jatón; el Secretario Nacional de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación Jaime Perczyk (de manera virtual), autoridades y funcionarixs de la UNL y el Ing. Julio Allaio, Presidente de Coemyc SA (empresa que resultó ganadora).

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Dicho encuentro evidencia que el entramado que está  detrás de la realización de esta obra lo constituyen fuerzas políticas partidarias de todos los colores y por organismos de todos los niveles de poder, tanto nacionales, provinciales como municipales.

De hecho, el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Jaime Perczyk, aseguró que “es (…) trascedente para la política pública, garantizar trabajo a las empresas constructoras, a los trabajadores, (…) es una señal hacia el sistema educativo y hacia el sistema universitario, que en el medio de este desastre que estamos viviendo haya obras de aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres (…), habla de un gobierno que quiere abrazar a las universidades, que cree que son parte del desarrollo nacional, que son parte de la Argentina que está peleando con la pandemia”.

La coincidencia en el discurso de Mamarella y Perczyk forma parte de la estrategia de  los sectores de poder  de mostrar la “cara amable” de este proyecto, intentando presentarlo como respetuoso de las condiciones naturales del entorno. La insistencia en resaltar que  cuenta con todas las certificaciones ambientales provinciales y municipales y que está actualizado bajo los parámetros del “Manual de Arquitectura Sustentable”, va en la misma línea.

DESARMANDO EL RELATO: UN ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

“El Aulario Común Costanera Este”, cuyo edificio contará con un Salón de Usos Múltiples, 22 aulas para educación inicial, primaria, media, grado y posgrado universitario, 3 talleres y una biblioteca, fue categorizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia como una obra de bajo impacto ambiental. En relación a esto, cabe aclarar que no se ha realizado el necesario estudio de impacto ambiental para dicha categorización.

De acuerdo al análisis elaborado por el colectivo “Comunidad por la naturaleza” (integrado por organizaciones sociales y ambientales; profesionales, investigadorxs, docentes y estudiantes -muchos de ellxs pertenecientes a la UNL o que han pasado por la UNL- y  ciudadanxs en general) el impacto de la obra no es bajo, sino que es alto, por varios motivos:

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-Implica el desmonte de, al menos, 3,5 has. de ambiente natural, hogar de lo que representa aproximadamente el 45% de la flora del valle del río Paraná y hogar de más de 200 especies de aves, que representan el 50% de las aves de la provincia de Santa Fe, incluyendo al menos 3 especies amenazadas (tachurí canela, aguilucho alas largas y canastero enano).

– La reducción del hábitat natural implica el desplazamiento de animales en busca de refugios alternativos. Algunos de ellos se establecerán en edificaciones de los sectores más urbanos de la ciudad, como por ejemplo, los murciélagos que buscan refugio en los techos y persianas de edificios. Esta situación aumenta el contacto con posibles reservorios de virus y bacterias aumentando el riesgo de enfermedades zoonóticas.

– El funcionamiento de los diferentes niveles implica que las instalaciones se utilicen todos los días (excepto el domingo) y probablemente de 8 a 22hs. Esto implica la presencia, entrada y salida de miles de personas que transitarán por el lugar.

– Se producirán efluentes cloacales que para ser evacuados requieren de una conexión con la red cloacal. La cañería que brindará los servicios de agua, desagües y cloacas, atravesará 150 metros de la Reserva Ecológica implicando más daño aún al interior de la misma.

– Aumentará el nivel de contaminación sonora y lumínica en el sector perturbando la tranquilidad del lugar para la fauna y las personas.

– Aumentará el número de kioscos, carribares, y restoranes para vender comida a estudiantes y docentes que utilicen esas aulas, incrementando la contaminación de basura, que podría también alterar el equilibrio de la fauna.

– Aumentará la presencia de ratas, perros y gatos en la zona, lo que acrecentará la depredación sobre la fauna de la reserva.

-Se producirá un mayor nivel de tránsito por la costanera, incluyendo transporte público.

Gentileza @comunidad.por.la.naturaleza

UNA ALIANZA EN POS DEL NEGOCIO Y LA CARRERA POLÍTICA

¿Cuál es, entonces, el verdadero interés detrás del aulario? ¿Por qué coinciden en su aprobación y construcción lo que desde el discurso político se enuncia como oficialismo y oposición?

Para empezar debemos tener en cuenta que el edificio a construir conlleva una inversión de $239.778.129,60. El dinero llega por intermedio del Ministerio de Obras Públicas que, en conjunto con el Ministerio de Educación, impulsan el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, a través de un convenio del Gobierno Nacional con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF-Corporación Andina de Fomento). 

En lo que concierne a la UNL podemos decir, que como de casi todas las universidades tradicionales del Centro Argentino  (característica que no escapa a la UBA), que es un histórico bastión del radicalismo, gobierne quien gobierne a nivel nacional o provincial.

La gestión de la UNL, enquistada hace más de 40 años, responde a este espacio político y ya hace tiempo conforma la pata radical de Juntos por el Cambio (en el actual contexto electoral, la gestión de Mamarella apoya a Rodríguez Larreta en la interna de este frente). En este sentido,  la inyección de dinero para el “aulario” está relacionada con la financiación de la campaña para el retorno al poder a nivel nacional de esta fuerza política partidaria.

La UNL, además,  ha sido utilizada históricamente por los cuadros partidarios como trampolín hacia cargos de la política clásica (caso Estorero, Barletta, por ejemplo), como en el senado, intendencia, etc.

Los cargos en la universidad, al mejor estilo feudal, se van heredando y en esto juega un importante rol la presencia muy fuerte, en todos los estamentos, de la Franja Morada que, como brazo estudiantil del radicalismo, opera como apoyo encubierto (y no tanto) de las gestiones de turno.

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La connivencia de fuerzas políticas en teoría “opositoras” en este desguace ambiental está más que a la vista. A este entramado  se suman medios de comunicación que  lavan la cara a este tipo de proyectos -como el diario “El Litoral”[1]-, jueces que lo autorizan y la propia empresa ganadora de la licitación (que ya ha ganado otras obras de la UNL). También cabría mencionar el rol de la “Fundación Hábitat”, que mediante este convenio se asegura una gran suma de dinero para  el “mantenimiento de la reserva”[2].

En cuanto a los intereses económicos, que atañen a todos estos sectores mencionados, es importante resaltar que la UNL, a pesar de su discurso ambientalista[3], es pionera en el desarrollo de transgénicos (el polémico trigo HB4, por ejemplo) y que actualmente el tema de la trasferencia y vinculación tecnológica[4] es lo que más peso político tiene en la institución dado las abultadas sumas de dinero que entran por esa vía.

En conclusión, si bien hay un uso político partidario en cuanto al aulario y al dinero habilitado para la construcción del mismo, esto no reviste motivo para una confrontación entre la gestión de la universidad (radicalismo/Juntos por el Cambio) y los poderes provinciales (peronismo en diálogo con algunos sectores del kirchnerismo y la burocracia sindical) y nacionales (Frente de Todos), dado el acuerdo de todos estos espacios en relación al sistema productivo ( en especial la agroindustria biotecnológica) y las políticas desarrollistas y extractivistas; que precisamente no tienen nada de sustentable, al igual que la obra del aulario.

Aun bajo este panorama desalentador, diversos sectores de la sociedad civil santafesina nucleados en el colectivo “Comunidad por la Naturaleza”, que se resisten al avasallamiento de sus derechos, presentaron el día 6 de julio una nota ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Juan Cabandié,  solicitando que intime a la UNL a cesar con las obras y al homónimo Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia a que revea y recategorice el nivel de impacto ambiental de dicha obra.

Aguilucho de alas largas
Tachurí canela
Canastero enano

[1] https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/306256-rechazo-y-razon-a-la-construccion-de-un-aulario-de-la-unl-en-la-costanera-este-todas-las-voces-area-metropolitana-todas-las-voces.html

[2] La Fundación Habitat recibe financiamiento de corporaciones como Hewlett Packard, Bank Boston o Nestlé, entre otras.

[3] El programa UNL Verde forma parte del greenwashing.

[4] CETRI (Centro para la Transferencia de los Resultados de la Investigación), a partir del cual muchas facultades realizan servicios tecnológicos a terceros (empresas y sector productivo).

 
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Centrales nucleares: una amenaza silenciosa continúa creciendo

Foto: Verónica Raffaelli

Por Marcela González Marcos

En los últimos días, se dio a conocer un avance en las negociaciones para la construcción e instalación de una nueva central nuclear —con fondos e inversión China— donde mediante reunión virtual estuvieron el secretario de Energía, Darío Martínez, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja y el director de Nucleoeléctrica Argentina, Isidro Baschar, con directivos de la Agencia Nacional de Energía de China (NEA) y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC).

Sin embargo, también se supo que Rusia intenta hacer presencia fuerte en argentina, impulsando la construcción de una central flotante con fondos rusos, aprovechando la extensa plataforma marina que posee el territorio, y con el actual respaldo de la vacuna Sputnik V.

Esto ratifica la insistencia de los gobiernos en este territorio de seguir apostándole a lo nuclear como salida a las necesidades energéticas, pero a su vez, a lavar la cara a una industria que amenaza al medioambiente y a la humanidad. A continuación, se explican las amenazas que trae este pronunciamiento.

La ley 25022,  sancionada en el año 1998, aprueba la total prohibición de ensayos nucleares a nivel mundial,  adoptada a partir de la recomendación de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, fue necesario el tratado de prohibición de armas nucleares, cuyo acuerdo internacional se realizó en el año 2017, que prohíbe el desarrollo, producción y almacenamiento de armamento nuclear con miras a su total eliminación.

Para su entrada en vigor, fue ratificado por 50 países en octubre de 2020, lo necesario para convertirlo en ley internacional, que tendría vigencia a partir del 22 de enero del año 2021. Lo preocupante es que dicho acuerdo no ha sido firmado por las potencias atómicas: Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos. Y según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), se calcula que estos cinco países, junto con India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, poseen un arsenal de 13.400 armas nucleares. Así como tampoco fue ratificado por ciertos países miembros de la OTAN.

Para  la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), este tipo de actividades sigue proliferando en países como Bélgica, Alemania, Países Bajos, Italia y Turquía, albergando entre todas, alrededor de 150 armas nucleares estadounidenses. 

Existen actualmente alrededor de 440 centrales nucleares en todo el mundo, y están camino a construcción 50 más, en países como China, India, Pakistán, Bangladesh, Bielorrusia, Turquía y Emiratos Árabes.

Pese a la actual pandemia de covid-19, las nueve naciones nucleares del planeta aumentaron en 2020 el gasto en arsenales de armas atómicas a 1.400 millones de dólares, revela un nuevo informe también de (ICAN). Según el documento, publicado este lunes, las nueve potencias gastaron el año pasado un total de 72.600 millones de dólares en sus armas nucleares.

América Latina, en particular, viene desarrollando un papel importante avalando la prohibición de armas nucleares en toda la región, y varios de esos países han firmado el tratado internacional. Pero en el caso del territorio denominado Argentina, decidió no suscribir al último acuerdo.

El territorio cuenta ya con la Central Nuclear Atucha I que aporta energía desde 1974, situada en la localidad de Lima, partido de Zárate. La Central Nuclear Atucha II es una nucleoeléctrica con una potencia bruta de 745 MW, a base de uranio natural y agua pesada, y está situada en el mismo complejo que Atucha I. Y la Central Nuclear Embalse se encuentra situada en la costa sur del Embalse del Río Tercero, provincia de Córdoba, a 665 msnm., siendo de tipo CANDU (Canadian Uranium Deuterium), y pertenece al tipo de centrales de tubos de presión, que utiliza como combustible el uranio natural y su refrigerante y moderador es el agua pesada.

Repasando, allá por el año 2015, y durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cabe recordar, se aprobó mediante un convenio, la instalación de dos centrales nucleares más: proyecto Atucha III con una tecnología canadiense, y otra con tecnología china.

El acuerdo nuclear está en línea con la “alianza estratégica integral” firmada entre Argentina y China. Durante dicho gobierno, los dos países firmaron más de 20 tratados. El proyecto Atucha III contempla la construcción de una central nuclear de tecnología china, Hualong que se trata de un reactor de 1.200 MW que permitiría sostener la capacidad instalada de origen nuclear en la matriz energética, y se ubicaría en el Complejo Nuclear Atucha situado en la localidad de Lima, Provincia de Buenos Aires.

Más tarde durante el año 2018 —ya con la presidencia de Mauricio Macri— en la cumbre del G20, Argentina y Rusia firmaron un documento estratégico de colaboración en el uso de energía nuclear, el mismo incluyó la posibilidad de construir una central nuclear flotante y otra de alta potencia.

Pero fuera del debate si es con fondos chinos o rusos, existe otro del cual se habla poco, que es acerca de los verdaderos fines de las centrales nucleares, sus impactos socio-ambientales y la amenaza escalofriante que representa.

Existe un discurso, sobre la supuesta importancia de las centrales como proveedoras de energía, así como también por ser consideradas como “seguras y baratas”. Pero, ¿es realmente esto así?

La tecnología pacífica y la tecnología militar son en verdad la misma cosa, es decir, se construyen centrales nucleares que producen electricidad, para luego fabricar bombas, como explica el economista Antonio Brailovsky.

La materia prima para la fabricación de las mismas es el plutonio (utilizado para recubrir todo tipo de munición), elemento que no se encuentra en la naturaleza, y que sólo se genera en las centrales eléctricas nucleares, quemando el combustible de las mismas (reprocesamiento). Y es por ello, que se sustenta con el gran apoyo financiero, por parte de ciertos gobiernos.

Un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA) muestra que en 2008 a nivel mundial, “la fisión y fusión nuclear atrajo el 40% del presupuesto gubernamental destinado a investigación y desarrollo de energías (78% del cual fue destinado a reactores de fisión tradicionales)”. Para el caso de argentina, entre 2003 y 2014, se invirtieron en el país más de U$S 11.000 millones en materia nuclear. Pero, ¿por qué no se invierte eso mismo en energías renovables?

Y lo cierto es que —tal como lo ha expresado la revista francesa ”Mundo Científico”— todos los países que dominan esta tecnología disponen, aunque sea a nivel laboratorio, de los medios para fabricar armamento nuclear. Y la historia nos da ejemplos de ello, países que comenzaron con el mismo discurso “pacífico” pero que, en cuanto tuvieron las condiciones políticas, detonaron las primeras bombas (Antonio Brailovsky).

Entonces, sabiendo que existen otras formas de generar energía, menos peligrosas como las renovables, es evidente porqué se sigue destinando presupuestos irrisorios para tal fin.

Impactos y consecuencias

Además de la amenaza bélica que representa la construcción de centrales nucleares, existen otros riesgos de los que poco se habla. Tal es así los ya conocidos accidentes nucleares con pérdidas de radiactividad al exterior, como fue el caso de: Francia (1969), Estados Unidos (1979), Ucrania, Chernóbil (1986) el mayor accidente conocido, Japón (1999), Estados Unidos (2000).

Las centrales nucleares en funcionamiento normal (como Atucha) descargan radionucleidos al ambiente, el más significativo es el tritio, y se han detectado en algunas muestras de sedimentos y de suelos, trazas de cobalto-60, un producto de activación formado principalmente en el viejo reactor.

Debemos hablar también de impactos por contaminación con uranio de aguas, ríos y napas subterráneas, acumulación de residuos tóxicos, basureros nucleares, enterramiento de plutonio, que conlleva a enfermedades cancerígenas, malformaciones, infertilidad, problemas neurológicos, mutación de especies animales, hacia la población circundante.

Y no olvidemos tampoco que otra pieza aquí fundamental es la minería de uranio, que cumple una función importante para poder armar las barras de combustibles para los reactores y generar así el subproducto de plutonio. Por lo que la fuerte y constante presencia de este tipo de minería en territorio sudamericano tiene su elocuente motivo.

Por último y como dato no menor, una central atómica tiene una vida útil de unos 30 años, la cual luego se convierte en un gran basurero radiactivo. Sumado a la enorme cantidad de agua que se requiere, y por lo tanto a su ubicación en lugares estratégicos, de gran presencia poblacional, generan una verdadera amenaza que parecen no contemplar los gobiernos.

Pero paradójicamente desmantelar una central nuclear es mucho más costoso que instalarla, por lo que destinar presupuesto a ello, tampoco está en la agenda.

Fuentes:

Antonio Brailovsky, Esta, nuestra única tierra (2009). Ed. Maipue

Movimiento Antinuclear Zárate y Campana

 
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Medioambiente: deuda y transición ecotóxica

Foto: Verónica Rafaelli

Vanessa Dourado 

 El debate sobre emergencia climática y ecológica, sumada a la sanitaria, está en la agenda de gobiernos de todo el mundo y, finalmente, se volvió hegemónica. Los nítidos efectos del cambio climático sumado a la pandemia —que también está íntimamente relacionada con la destrucción masiva de los ecosistemas por su carácter reconocidamente zoonótico— interpelan a todos los sectores de la sociedad sobre la necesidad de dar una respuesta urgente. Que la misma sea capaz de reducir los impactos venideros que no solo afectarán a los históricamente perjudicados; los pueblos de los territorios del Sur Global, sino que también significa perjudicar a los grandes negocios que garantizan el funcionamiento del sistema capitalista y su modelo de producción, distribución y consumo. La era pós-fósil llegó y con ella se abren, por otro lado, los debates sobre las transiciones hacia la economía verde. 

Un sinfín de propuestas verdes proliferan y tienen marcadas diferencias de forma y contenido que, sin embargo, repiten una misma fórmula; por un lado están los países del Norte buscando no perder su lugar como protagonistas y detentores de las soluciones para imponerlas al resto del mundo, esto combinado con el poder corporativo, por otro están las mayorías sociales que buscan disputar un proyecto que garantice otro modelo de sistema que ponga la vida en el centro de la discusión. 

La apuesta de los sectores que buscan salir de la crisis reforzando el modelo económico y de mercado es la implementación masiva de tecnologías verdes y digitales. Esa economía moderna, competitiva y eficiente en recursos donde no haya emisiones netas de carbono en 2050 —como lo sugerido por la Comisión Europea—, sin embargo, inaugura un proceso de externalización de los procesos industriales hacia los países que con menor capacidad tecnológica que, y más allá de ser más vulnerables ante los impactos devastadores de la crisis, son los que tienden a la desregulación y a brindar mano de obra barata e/o informal, exacerbando aún más la desigualdad entre el Norte y el Sur. 

El afán por digitalizar todos los procesos productivos, al contrario de lo que se dice, poco tiene que ver con la preservación del medioambiente, sino que busca garantizar el liderazgo de aquellos que detentan el poder sobre esas tecnologías. El consumo de energía de la economía digitalizada es altísimo y tiende a crecer a la medida que se impone como única forma de inclusión al mundo globalizado. Asimismo, estas tecnologías dependen de la extracción de litio, cobalto, cobre, alumínio y otros elementos que transforman, una vez más, los territorios del Sur en zonas de sacrificio y que dan continuidad a una cultura extractivista y colonialista que mira hacia estos territorios como meros proveedores de materias primas.

Las grandes discusiones que se dan en torno de la transición, urgente y necesaria para garantizar la vida en el Planeta, proponen una ayuda a los países vulnerables, pero en ningún momento hablan desde una perspectiva de justicia climática —teniendo en cuenta que los países del Norte son los grandes responsables por el actual estado de cosas— sino que diseñan un futuro donde la deuda verde condenará los dichos subdesarrollados a la entrega de sus territorios en nombre del futuro sustentable. Ese escenario de injusticia se suma a proyectos que buscan cercenar las resistencias y también deslegitimar las alternativas propuestas por las comunidades campesinas, indígenas y los movimientos sociales. 

Cuando el tema es tan sensible como la alimentación —asunto curiosamente poco debatido entre los tomadores de decisión—, lo que se nota es una aceptación acrítica de los modelos contaminantes que son llevados a cabo por las grandes corporaciones productoras de agrotóxicos. Más allá de los conocidos efectos negativos de la agricultura industrial y su contribución a los procesos de desertificación y contaminación y, por ende, de profundización del cambio climático, su uso combinado con procesos de automatización de todos los segmentos de la producción busca reemplazar los saberes históricos de la agricultura, en el sentido original del término. Proyectos como el Ag-Tech y el Ag-One, propuesto por Bill Gates, son nítidos ejemplos de cómo las empresas y organizaciones dichas filantrópicas, además de imponer un modelo de transición 4.0, se esfuerzan en destruir la posibilidad de reproducción, transmisión y propagación de alternativas a los modelos de producción hegemónicos.

Esta batalla desigual se ve concretamente reflejada cuando los Estados compran las soluciones que tienen por objetivo beneficiar a unos pocos en detrimento de las mayorías. En el territorio denominado Argentina, que más consume agrotóxicos por habitante —12 litros cada año— en el mundo, se aprobó el primer caso de trigo transgénico a nivel mundial. El Trigo HB4 es resistente a sequías y su producción está directamente relacionada con su capacidad de aumento de productividad frente a circunstancias de estrés hídrico, cada vez más comunes como consecuencia del cambio climático y del uso irracional de los recursos. Sin embargo, este organismo genéticamente modificado también es tolerante al Glufosinato de Amonio, un poderoso agrotóxico que, según la FAO, es 15 veces más tóxico que el Glifosato. Pese a todas las advertencias de personas expertas acerca de los riesgos involucrados, el Estado argentino busca poner en marcha la producción apenas sea aprobada su importación en Brasil, mayor importador del commodity. 

Tales evidencias demuestran que la transición pensada desde los Estados y corporaciones está lejos de ser la deseable, justa y sana, para garantizar una salida posible a los retos que se imponen para los próximos años y que serán determinantes en la construcción de un mundo habitable. Mientras tanto, las voces de las mayorías siguen gritando por justicia ambiental acompañada de justicia social y económica que sea capaz de romper con las estructuras coloniales, patriarcales y racistas que sostienen este sistema y su máquina necromercantilizadora. 

Fuentes: 

SHIVA, Vandana; ANILKUMAR, Prerna y AHLUWALIA, Urvee.  Ag One: Recolonisation of Agriculture 

PÉREZ, Alfons. Pactos Verdes en Tiempos de Pandemias

De trigo, transgénicos y herbicidas. Un modelo de agricultura que profundiza la inequidad y daña al ambiente.

 
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Argentina: consulta popular por el agua

Foto: Verónica Raffaelli

Por Vanessa Dourado y Mariano Sánchez Toranzo

El pasado 22 de abril, Día de la Tierra, se lanzó la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida. La actividad fue transmitida en línea con casi mil participantes y acompañada por un pequeño grupo de personas reunidas frente al Congreso de la Nación.

La iniciativa, que cuenta con la participación de decenas de organizaciones de varias provincias argentinas, nació con el objetivo de interpelar a los más variados sectores de la sociedad acerca de la importancia de defender el agua como un bien esencial para garantizar la vida en el Planeta, según relata el texto de la convocatoria. La campaña se da en un contexto de elecciones legislativas en el país, donde el 24 de octubre serán elegidos los y las representantes de la cámara baja y la cámara alta.

Con la consigna “La Otra Campaña” el colectivo cree que los partidos que últimamente se alternan en el gobierno tienen el extractivismo como política de Estado y no plantean alternativas ni transiciones hacia la búsqueda de la justicia socio-ambiental. Con lo cual se hace necesaria una consulta popular para proteger el agua como elemento vital para garantizar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.

En la actividad participaron personalidades reconocidas del medio artístico argentino como Katja Alemann, Elena Rogers, Mirta Busnelli, Natalia Juncos y Elvira Onetto. Las actrices forman parte de una colectiva que se organizó a partir de una carta a favor de la legalización del aborto en marzo de 2018, junto a más 400 compañeras de profesión. Desde entonces, la organización ha militado por la igualdad de derechos y contra el abuso sexual y violencia de género junto al acompañamiento de sus víctimas. Entre las muchas comisiones organizativas que integran esta colectiva, se ha creado la comisión ecofeminista

También estuvo presente Nora Cortiñas, quien hizo memoria del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres y remarcó que el agua es una riqueza que tiene que ser defendida día a día. Además, la Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora, hizo una apelación para que se involucren, en la defensa del agua, las personas jóvenes y niñas.

La campaña está organizada en bloques temáticos que se desarrollarán durante todo el año, estos tienen por objeto dar debates colectivos sobre las actividades económicas que generan problemáticas que involucran el agua y su dimensión socio-ambiental. Más allá de la participación de personas expertas y asambleas territoriales para los tópicos propuestos, la campaña tendrá aportes de actores internacionales. Los colectivos esperan finalizar la campaña de concientización e información con un llamado a una consulta popular no vinculante y pretenden, para el año que viene, impulsar la presentación de un proyecto de Ley protector del agua en su más alto espectro, a través de una iniciativa popular para lo cual deberán juntar 500 mil firmas. 

En los últimos meses, se han dado protestas y conflictos por el agua en por lo menos tres provincias argentinas —a resaltar Chubut, Catamarca (Andalgalá) y Mendoza— donde se desea llevar a cabo proyectos corporativos que no tienen licencia social.

 
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La salud es prioridad nacional, mientras no seas de Andalgalá

Foto: Verónica Raffaelli

Por Carolina Acevedo y Vanessa Dourado 

El último 22 de marzo, Día Mundial del Agua, el pueblo de Andalgalá, de la provincia de Catamarca localizada en el Norte de Argentina, inició bloqueos selectivos en las rutas que dan acceso a la zona del Nevado de Aconquija, región donde hay glaciares y ambientes periglaciares, a fin de impedir que avancen las máquinas, empleados y proveedores de la empresa canadiense Yamana Gold. La empresa logró autorización del Ejecutivo provincial que encabeza Raúl Jali para perforar la cordillera y, por ende, dar seguimiento al proyecto MARA, una integración del proyecto Agua Rica con la planta de la Minera Alumbrera.  

El ejecutivo de Yamana —que tiene operaciones en Cerro Moro (Santa Cruz), Glencore en Aguilar (Jujuy) y Goldcorp en Cerro Negro (Santa Cruz)—, Peter Marrone, afirma que el emprendimento en Catamarca aprovecha la infraestructura existente,  mejora economicamente el proyecto y simplifica la concesión de permisos. 

En el año 2008, en Argentina, la diputada Marta Maffei presentó una ley con el objetivo de proteger los glaciares y el ambiente periglacial. La ley fue aprobada en 2010 y en el año 2011 se dio inicio el inventario de los glaciares del país. Los glaciares contienen casi 70% de la reserva de agua dulce disponible en el mundo.

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Los proyectos mineros a cielo abierto, vía de regla, consumen muchos millones de litros de agua, contaminan el agua, el aire y los suelos con una alta concentración de metales pesados y otros compuestos químicos necesarios para la extracción de minerales como Cobre, Oro y Molibdeno, que son explotados por esta empresa norteamericana en Catamarca. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una vasta literatura académica, la minería artesanal e industrial es una amenaza a la preservación de la calidad del agua dulce necesaria para el abastecimiento de agua potable, su uso recreativo y la producción de alimentos. También se relaciona a estas actividades un nivel considerable de exposición humana y graves problemas de salud pública.

El alto costo socioambiental y el impacto directo e indirecto sobre el bienestar y el derecho humano a un ambiente sano, hizo que un grupo de vecinos de Andalgalá, con poco más de 20 mil habitantes y cerca de 300 años de existencia, conformarse una Asamblea para denunciar y resistir a los proyectos mineros en la región. La Asamblea El Algarrobo se formó en 2010 y en ese mismo año, el gobierno de Catamarca reprimió brutalmente al pueblo con palos, bombas de gas lacrimógeno y balas de goma. Más de 150 personas fueron detenidas por el hecho de protestar. 

Ana Gloria Chayle, ciudadana andalgalense y miembro de la Asamblea El Algarrobo, relata que Andalgalá es territorio de resistencias y que las mujeres son las que están en la línea de frente de las distintas movilizaciones que se están dando desde esta primera represión en el año 2010. Ana cuenta que Las Mujeres del Silencio, grupo de mujeres andalgalenses, fueron golpeadas por las fuerzas represivas del municipio. A raiz de esto, se organizaron para salir todos los miércoles con las bocas vendadas y las manos atadas como una forma de denunciar y resistir a la represión y a la violación de los derechos de los pueblos y de la naturaleza. 

Chayle también habla de lo que llama “contaminación social”. Según la asambleísta, esta es una contaminación que atraviesa desde el momento cero a las poblaciones donde los proyectos extractivistas intentan instalarse. La ilusión de lograr un futuro mejor, dice ella, hace que las personas dejen de poner el bien común como prioridad y genera una división social que termina por beneficiar a las empresas y a unos pocos. 

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En un contexto de pandemia, Andalgalá está fuertemente militarizada a fin de garantizar el distanciamiento físico, sin embargo, no ha aumentado el contingente de personal de salud e insumos. Asimismo, este refuerzo policial se dio justo después del levantamiento popular, observa Ana Chayle.

La industria minera es una de las más rentables del mundo, sus ganancias han aumentado significativamente en los últimos años. En el año 2017, las 50 empresas más importantes del sector en la bolsa de valores sumaron 896.000 mil millones de dólares. Según el Banco Mundial, la minería es un motor clave para el desarrollo económico de los países dichos del tercer mundo y una oportunidad para el desarrollo territorial y el combate a las desigualdades. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Catamarca —donde los proyectos mineros funcionan desde el año 1997— es una de las provincias más pobres del NOA (Noroeste Argentino).

El 1 de mayo de 2019, el mismo Banco Mundial puso en marcha el Mecanismo para una Minería Climáticamente Inteligente, según el organismo, el primer fondo destinado a lograr una explotación de minerales climáticamente inteligente y sostenible. En abril de 2020, el presidente Alberto Fernández decretó la minería como servicio esencial. El 30 de julio de 2020 se llevó a cabo la primera reunión para la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, en esta ocasión Fernández dijo “vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable”. 

Mientras sale la publicación de la presente nota, activistas de la Asamblea El Algarrobo comunican que las fuerzas represivas de Catamarca, por orden de la fiscalía, están llevando detenidas a varias personas que están luchando por el agua en Andalgalá.

 
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Las guerras del agua; Egipto, Sudán y Etiopía

https://www.pietrangeli.com

German Romano

Hace varios años se viene alertando sobre las consecuencias del cambio climático, la privatización del agua y la falta de acceso a la misma como se ha expresado anteriormente en una Editorial de Virginia Bolten que titulaba: El agua y el derecho a la vida y la Fotogaleria: Verdurazo por el agua.

En la actualidad, en lugar de cooperación se está dando un importante conflicto entre tres de los 11 territorios que se encuentran dentro de la cuenca del mayor río africano, el rio Nilo. Esta compleja situación se da entre Egipto, Sudán y Etiopía.

El río Nilo, junto con el río Amazonas, es considerado uno de los más largos del mundo. Tiene dos fuentes principales: el Nilo Blanco que es cerca del 20% de la fuente del Nilo y el Nilo Azul que representa el 80%. Este último tiene su nacimiento en el Lago Tana  en Etiopía y fluye hacia el norte en dirección a Sudán y posteriormente a Egipto para luego desembocar en el mar Mediterráneo.

Etiopía está construyendo en el Nilo Azul la Gran Presa del Renacimiento Etíope, la más grande de África. Para dar una idea de la importancia de esta hidroeléctrica para el país, muchas personas trabajadoras donan parte de su sueldo para financiarla. No solicitar financiamiento externo fue una estrategia para que no haya posibles presiones por parte de Egipto que frenen su construcción.

Si bien el proyecto data de fines de la década del 50, no se hizo efectivo por el golpe militar y la guerra civil etíope. La represa comenzó su construcción en el año 2011, sin un acuerdo transfronterizo entre Sudán y Egipto. Sin embargo, en el año 2015 se firmó un acuerdo entre los gobiernos de estos territorios (dos dictaduras; Egipto y Sudán) en el que Etiopía se comprometía a no afectar la disponibilidad de agua a Sudán y Egipto.

A pesar de este acuerdo, cuando Etiopía comenzó el llenado del embalse construido, del tamaño de 2 a 3 veces el lago Tana, se intensificó el conflicto con Egipto y Sudán. Es importante destacar que en este último, en el año 2019, el gobierno dictatorial de Omar Hasán Ahmad al Bashir, quien gobernó durante 30 años, fue derrocado por masivas protestas civiles. El nuevo gobierno de transición cambió de posición respecto a muchas de las políticas de Omar al Bashir, entre ellas un acercamiento a Egipto y Occidente. 

La postura de Egipto es histórica respecto del uso del agua del Nilo, ya que fue crucial para su población desde la antigua civilización egipcia.  Desde el año 1902, viene realizando acuerdos afianzando su posición dominante sobre el Nilo con apoyo internacional. Butros Butros-Ghali, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, en una entrevista al periódico BBC en el año 1985 presentó la posición de este territorio respecto del Nilo: “la próxima guerra en Oriente Medio se librará por el agua, no por política”. Su postura se modificó siendo el Secretario General de la ONU entre 1991 y 1996, al expresarse a favor de la cooperación.

La actual fase del conflicto sobre el Nilo Azul, es alimentada por la situación política en cada uno de los países. En el caso de Egipto, el gobierno se encuentra frente a una grave crisis económica y social; Etiopía está en una guerra civil desde que el Primer Ministro Abiy Ahmed Ali anunció en noviembre de 2020 una ofensiva militar contra el Frente de Liberación Popular de Tigray. Irónicamente Ali recibió un año antes el Premio Nobel de la Paz.

En caso de un conflicto armado entre estos países, las consecuencias recaerán sobre las poblaciones que sufren los efectos de gobiernos que no son elegidos por el pueblo. Asimismo está en riesgo el acceso sin distinción de fronteras para el riego utilizado por agricultoras y agricultores.

 
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Verdurazo por el agua

Foto: Verónica Raffaelli

En el Día Internacional del Agua, productorxs de la UTT -Unión de lxs Trabajadorxs de la Tierra– organizaron un VERDURAZO frente al Congreso de la Nación en el marco de la Marcha Plurinacional por el Agua llevada a cabo por varias organizaciones y autocovocadxs.

Con el objetivo de visibilizar la problemática del modelo productivo dominante que contamina el agua, el aire y el suelo y que explota e invisibiliza quienes realmente trabajan y alimentan, los VERDURAZOS son una herramienta de lucha del movimiento que reivindica acceso a la tierra para vivir y producir de forma digna y sana.

Bajo la consigna “El agua es un derecho, no es un negocio, tampoco un privilegio” militantes de la UTT se juntaron a las diversas voces y cuerpos que ocuparon las calles de la Capital Federal este 22 de marzo.

📷 Fotos: Verónica Raffaelli.


#diainternacionaldelagua #soberanialimentaria #utt #agroecologia #verdurazo

 
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Grito de la Selva: escuchar para recuperar y transformar

Vanessa Dourado

Tras un año de pandemia, las consecuencias económicas que sufre América Latina ya llegan a ser consideradas sin precedentes. Según un informe de la CEPAL (2020b) sobre el Impacto del COVID-19 en los Pueblos Indígenas de América Latina-Abya Yala, el efecto de la pandemia conducirá a la peor contracción económica sufrida en la región desde que se iniciaron los registros en 1900. 

Tal escenario afecta de forma distinta y mucho más severa a los pueblos indígenas y originarios que —más allá del racismo institucional que hace que sus derechos no sean respetados y sus necesidades básicas no sean satisfechas— son los que más padecen a raíz de la profunda desigualdad que caracteriza los territorios latinoamericanos. 

La respuesta a estas condiciones, que debería ser la más responsable posible, teniendo en cuenta la grave crisis ambiental que acompaña la pandemia y que es un agravante a la dramática situación, es la propuesta de negocios que destruyen los ecosistemas, emiten más gases de efecto invernadero y que avanzan sobre los territorios ancestrales de quienes parecen ser los únicos verdaderamente preocupados por defender la vida: los pueblos originarios.

La retórica, que llena los documentos de corporaciones y Gobiernos, sobre la evidente necesidad de preservar el medioambiente y aplicar un plan de mitigación y adaptación cae por tierra cuando en lugar de defender a los defensores de la vida, estos mismos Gobiernos y corporaciones  los matan y vulneran sus derechos.

Queda, sin embargo, a las personas blancas que aún pueden mirar este desastre y sacar una chispa de esperanza, aprender de los pueblos indígenas y ponerse a su lado en defensa de la casa común. La capacidad de resiliencia, comunicación, protección, defensa y autoorganización de los pueblos del bosque para lidiar con la pandemia es una lección que merece ser conocida por todas las personas. De la misma manera, la protección de estos saberes y estas formas de vida deben ser protegidas no solo por los pueblos originarios, sino por todos los habitantes de la Tierra.

En este sentido, siguiendo la organización que empezó el año 2020 en el marco de la Asamblea Mundial por la Amazonía, los pueblos de la Amazonía y sus organizaciones convocan al Grito de la Selva: Voces de la Amazonía. La actividad contará con la participación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, la Red Eclesial Panamazónica – REPAM y el Foro Social Panamazónico – FOSPA; junto a activistas, científicos y aliados del Sur y el Norte Global.  Se llevará a cabo el viernes 26 y sábado 27 de febrero a las 13:00 horas de Ecuador y contará con traducción simultánea al español, portugués e inglés.

Para lograr una recuperación transformadora de esta gran tragedia que atraviesa a toda la humanidad, es esencial la escucha atenta a quienes son las y los guardianes de los únicos bienes capaces de garantizar la vida y, sobre todo, luchar para que ellos y ellas sigan existiendo.

Informaciones:

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Buenos Aires por Chubut: el agua vale más que todo

Por Vanessa Dourado

Cerca de dos mil personas tomaron las calles de Buenos Aires el 4 de febrero en apoyo al pueblo de Chubut en contra del proyecto de zonificación minera en aquella provincia. Las protestas también ocurrieron en más 40 localidades de todo el territorio argentino en una de las jornadas conocidas como #ChubutAGUAzo. En la capital porteña, la actividad contó con la participación de más de 200 organizaciones ambientales y sociales, ONGs y colectivos de juventud, sindicatos, agrupaciones político-partidarias y una gran cantidad de personas autoconvocadas. 

La presencia de la juventud es cada día mayor en las movilizaciones de bandera socioambiental y es novedosa una marcha tan masiva en apoyo a un reclamo territorial aparentemente lejano de la realidad vivida en las grandes ciudades. “Realmente nos quedamos sorprendidas con la convocatoria”, dijo una de las manifestantes. “Nosotres no queremos que el agua se convierta en mercancía, el agua es nuestro futuro”, expresó una joven adolescente autoconvocada. 

A pesar de las restricciones por el distanciamiento físico por consecuencia de la pandemia, Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora,  hizo llegar su voz en apoyo a las protestas, manifestando: “Que el gobierno se dé cuenta que el camino que está emprendiendo no es el que quiere el pueblo”. Norita también denunció el falso argumento de la minería sustentable y llamó la atención para el estado de emergencia que vive el país: “Lo que estamos viviendo ya es el gran ajuste y se plantea seguir reduciendo el déficit fiscal en medio de la crisis de la pandemia y desempleo. Como afirma el fallo del juicio popular la deuda y los acuerdos con el FMI son crímenes de lesa humanidad y lesa naturalidad. No a la deuda perpetua. La vida antes que la deuda. La deuda real es con el pueblo y la naturaleza”, protestó. 

La provincia de Chubut viene sufriendo grande interferencia de las corporaciones mineras que, con el apoyo de sectores político-partidários e institucionales, han intentado violar  sistemáticamente el derecho de los pueblos a través de su intervención directa en la redacción de las normas para la implementación de los proyectos mineros y la compra de apoyo político. La insistencia en imponer los megaproyectos sin licencia social, sin tener en cuenta la voluntad colectiva expresada en plebiscito, ha generado una serie de manifestaciones y denuncias. 

Según un informe de la  Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT CONICET – CENPAT, los impactos negativos en la provincia son preocupantes, sobre todo en el escenario de emergencia climática. El informe proyecta la intensificación de eventos extremos generados por el aumento de las temperaturas a nivel global, lo que afectará la provincia de forma dramática, profundizando el proceso de desertificación y comprometiendo la ya escasa disponibilidad de agua apta para el consumo humano en la región. En este sentido, de acuerdo con el documento, el modelo de producción de la megaminería ofrece una amenaza evidente, ya que aumenta la probabilidad de contaminación del agua superficial, subterránea y de los suelos. 

En el documento elaborado por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) leído en el cierre de la actividad que tuvo lugar en Buenos Aires, en frente al Ministerio de Desarrollo Productivo, se expresó: “Denunciamos la farsa de debate sobre el proyecto de zonificación minera promovida por el Gobierno Provincial la última semana y repudiamos el rol del Gobierno Nacional en la figura del presidente Alberto Fernández que, con sus declaraciones públicas y mediáticas, sigue promoviendo la violación de los Derechos Humanos en nuestros territorio”. Desde que inició su mandato, el presidente Alberto Fernández viene trabajando para la implementación de un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, pese al escepticismo de expertas y expertos en temas socioambientales que alertan sobre la imposibilidad de desarrollo sustentable de la actividad minera.

 
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Asamblea Mundial por la Amazonia: cuidar la vida para que nos salvemos entre todos

Vanessa Dourado

La pandemia de este siglo, el COVID-19, es una historia que se repite y también es parte de un proceso que nunca ha terminado. Si mencionar al colonialismo como un proceso inacabado molesta a quienes reivindican todos los avances tecnológicos de nuestro espacio-tiempo, para los pueblos originarios esto es una realidad concreta. Han pasado  siglos, sin embargo poco se ha aprendido sobre las consecuencias de este divorcio entre el ser humano y la naturaleza.

¿Podemos nosotras, personas blancas, prever los próximos años? Muchos especialistas han alertado por la amenaza de nuevas infecciones zoonóticas directamente relacionadas con nuestra intromisión en los ecosistemas y hay evidencias de que la forma de producción de la industria cárnica es una gran aliada para el agravamiento de esta situación. Asimismo, no han cesado los ataques a los ecosistemas sensibles que son no solo importantes para garantizar nuestra salud como también para la vida misma en el planeta. Al fin y al cabo, pareciera que es preferible la muerte colectiva al cambio en el modelo de producción y consumo.

Los pueblos originarios, sin embargo, guardan en la memoria las enfermedades traídas por los  “conquistadores” europeos  y, a pesar del sufrimiento guardado dentro de la historia, la resistencia y la capacidad de luchar de sus ancestros les convoca a luchar con coraje contra una amenaza más a  sus existencias. Y si la situación para nosotras, personas blancas, es devastadora, para los indígenas se suma a otras problemáticas como la epidemia de dengue y la carencia de acceso a un sistema de salud adecuado para los indígenas, más allá del envenenamiento de sus aguas y suelos que son sus fuentes de subsistencia y que, para muchos de ellos, significa el envenenamiento de sus propios cuerpos.

Si lo que nos convoca es el retorno a una cierta normalidad que nos de condiciones para seguir luchando  contra  un sistema genocida, que ahora se hace más evidente porque está tocando a los sectores —incluso dentro de las izquierdas y sectores progresistas— que siempre se negaron a reconocer que nuestra sociedad se sostiene desde una estructura racista, entonces lo que tendremos será solo un genocidio más radicalizado, será la consolidación del ecofascismo.

En medio de esta realidad, los próximos días 18 y 19 de julio, se llevará a cabo la Asamblea Mundial por la Amazonia. La autoconvocatoria es un esfuerzo de varias organizaciones y activistas para organizar la resistencia y  pensar salidas a la encrucijada en la cual nos encontramos.  La propuesta está organizada en tres ejes (campañas): COVID-19, Boicot y Movilización.

El COVID-19 consiste  en una campaña mundial para hacer frente a los graves impactos del Covid19 sobre poblaciones indígenas, afrodescendientes y de toda la Amazonía. El Boicot diseña una campaña mundial  para dejar de comprar productos de empresas e inversiones,  al mismo tiempo que luchando contra políticas gubernamentales, acuerdos comerciales y extractivismos que destruyen la Amazonía. Y la Movilización está pensada en forma de jornadas mundiales para detener el etnocidio, el ecocidio y el extractivismo, apuntando a  salvar  la Amazonía que es esencial para hacer frente al cambio climático.

Esta crisis —por supuesto sistémica, pero sobre todo civilizatoria— convoca a repensar el concepto de progreso, crecimiento, desarrollo y sentido de la vida. Juntarnos a los pueblos originarios para proteger a nuestros bienes comunes parece ser una de las salidas más asertivas.

Informaciones:

Website:
https://asambleamundialamazonia.org

Facebook:
https://www.facebook.com/asambleamazonica

 
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Desmonte ambiental: acuerdos comerciales con Brasil bajo críticas y resistencias

Por Vanessa Dourado

En el contexto del COVID-19 los mercados sufrieron una baja contundente y las medidas tomadas por los distintos gobiernos han sido —en mayor o menor medida— contener la propagación del virus, sobre todo porque esto significa una disminución de lo que es llamado “business as usual”.

La pandemia saca a la luz algunos elementos importantes para pensar cómo estos negocios han contribuido a la actual crisis sanitaria. Más allá del colapso de los sistemas de salud, que tienen una relación directa con el proceso de privatización y mercantilización de los servicios esenciales, la cuestión climática y ambiental, de una forma más amplia, no permite esconder los hechos. La destrucción masiva de los ecosistemas —especialmente los sensibles—  y el modelo de producción vigente están intrínsecamente relacionados con la pérdida de control y respuesta ante el surgimiento de nuevas enfermedades.

No obstante, los países del mundo, en el afán de volver rápidamente a la normalidad, siguen negociando acuerdos comerciales que profundizarán los problemas antiguos y no resueltos. Con el fracaso en llevar adelante las consideradas ambiciosas medidas del Acuerdo de París, lo que hacen los países que más se mostraban comprometidos con su cumplimiento es contradecir sus narrativas tras el avance en las negociaciones de acuerdos como el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

El polémico tratado que viene dividiendo opiniones de Estados y de la sociedad civil, contiene clausulas que —en caso de que sea ratificado— profundizarán la deforestación y significará un incremento en la emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). La realidad pronunciada como Estado de Emergencia Climática prende una luz roja que alerta para el riesgo de la imposibilidad de manutención del Sistema Tierra como lo conocemos.

En un reciente estudio sobre las cláusulas y efectos del tratado entre los bloques Mercosur y Unión Europea, realizado por la investigadora Luciana Ghiotto y el abogado de derechos humanos Javier Echaide, se devela que las consecuencias sobre el medioambiente serán devastadoras. A pesar de las discusiones sobre el tema en el parlamento europeo y la postura de congresistas del parlamento holandés rechazando la ratificación del acuerdo comercial debido a los evidentes impactos sobre el medioambiente, Alemania —que estará en la presidencia del consejo de la Unión Europea por los próximos meses— es favorable al acuerdo.

El escenario es particularmente complejo desde el punto de vista político. Brasil, que lleva en la presidencia Jair Bolsonaro (actualmente sin afiliación partidaria) y un equipo ministerial abiertamente alineado con la expansión de los agronegocios y la restricción de los derechos laborales, ha sufrido uno de los mayores impactos a la raíz de la crisis del coronavirus. Según las palabras del Ministro del Medio Ambiente Ricardo Salles, el gobierno brasileño tiene que tomar medidas para relajar las leyes de protección ambiental mientras las personas están distraídas con la pandemia. Las declaraciones del ministro es una evidencia de que no hay preocupación por la preservación del medioambiente.

El manejo de la crisis y la impronta autoritaria del mandatario brasileño, sin embargo, ha atraído a otras partes interesadas. Donald Trump, presidente del país con el mayor número de muertos e infectados por el coronavirus, ha señalado que el libre flujo de comercio entre los dos países es una prioridad económica. Los dos presidentes, entusiastas del uso de la hidroxicloroquina en el tratamiento de la COVID-19, también comparten del negacionismo climático.

Por otro lado, los Demócratas estadounidenses han emitido una carta en desacuerdo con el plan de expandir lazos económicos con Brasil bajo la administración de Bolsonaro dado el historial de, según las palabras de los congresistas, “total indiferencia  con los  derechos humanos básicos”. La carta también cita la vulneración de los derechos laborales y la destrucción de la selva amazónica con el objetivo de liberalización comercial y que el avance de acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Brasil es inapropiado.


 
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Greta Thunberg y las emergencias en debate

Greta Thunberg y Bruno Rodríguez // Fuente: Reuters - Crédito: Carlo Allegri

Vanessa Dourado  

Los últimos meses fueron, seguramente, de una modificación importante en los debates y diálogos acerca de las problemáticas ambientales —sobre todo el calentamiento global, que es la causa del cambio climático—. A pesar de que las temáticas son las mismas, el método de abordaje es distinto y está llevando a una mayor visibilidad y su consecuente masificación en todo el globo. El hecho se da, como factor determinante, por las intervenciones de Greta Thunberg.

La joven sueca de 16 años, sin embargo, despierta admiradores y críticos con la misma intensidad. Más allá de los históricos negacionistas que son financiados por las grandes empresas petroleras y por los gobiernos del Norte Global, lo que más llama la atención es la desconfianza de ambientalistas que, en lugar de apoyar y celebrar el proceso de involucramiento de sociedad en el debate, son críticos a la figura de Greta, su edad, su poca experiencia política, su supuesto tibio discurso y hasta su nacionalidad.

Es evidente que cada persona habla desde donde puede sentir —aún más cuando esta persona es todavía una adolecente— y, en este caso, si es importante remarcar las diferencias entre una activista que vive en un país cuyo Índice de Desarrollo Humano es uno de los más altos del mundo y que, históricamente, también tiene una responsabilidad mayor en el escenario de tierra arrasada que se dibuja en este espacio-tiempo. Sin embrago, Greta subvierte su propio territorio. Su discurso es radicalizado y su impronta es de no conciliación.

Si por un lado, hay un resentimiento por el proceso de invisibilización de las y los que históricamente dan las peleas y sacrifican sus existencias en defensa de  la Tierra; por otro también hay un movimiento que comprende la importancia de dialogar con “el otro”, para no reproducir lo que fue impuesto a los pueblos del Sur en épocas abiertamente coloniales. Es comprensible que haya un cierto rechazo por el hecho de las lágrimas y los sentimientos de Greta —masivamente difundidos a nivel global y expuestos en las cumbres de la “alta política”— sean tomados como más importantes que las vidas de indígenas y campesinos, niños y niñas, mujeres y afrodescendientes exterminadas por la saña del capitalismo por la práctica generalizada de una necropolítica adoptada por los mismos actores que dicen querer resolver el problema ecológico.

No obstante, el momento histórico impone el desafío de refundar las prácticas políticas y la radicalidad de la empatía. Y esto necesita el involucramiento de los pueblos frente a la amenaza del exterminio de la especie, porque el tema central ya no es la defensa de los bienes comunes —tomado como externo a lo humano— sino del conjunto de condiciones que hace posible la continuidad de la vida desde una lógica integradora, que comprenda el ser humano como parte de la naturaleza.

Seguramente, la realidad de Greta —cuando ella habla sobre los derechos de niñes y adolescentes— no es la misma de les que están en el Sur Global, sin embargo esto no significa que esta  realidad no exista y que sus protagonistas no tengan fuerza para hacerse ver, es notorio que hay matices y que estas están puestas sobre la mesa. El hecho que el movimiento “Viernes por el Futuro” tiene sus representantes en distintos países, permite traer a luz los debates urgentes en cada territorio.

La Historia muestra que la humanidad supo aprender de sus errores, pero superarlos siempre ha sido un proceso complejo de deconstrucción y reconstrucción de un sentido colectivo que inauguró una etapa distinta —no necesariamente justa— que avanzó para una mejora en lo que conocemos como humano. Por ello, en la problemática socio-ambiental, es menester disputar temas centrales como la Justicia Climática y el cambio de la matriz productiva a fin de garantizar que el inevitable cambio por el cual pasará la humanidad no siga repitiendo los errores del pasado que tiene que ver —sobre todo en América Latina— con la reproducción sistemática de violencias y opresiones.

Subestimar la fuerza de pueblos que han resistido a cinco siglos de genocidio es también una actitud que remite al colonialismo. Es admitir que la fuerza del blanco y dominador estará siempre presente en la piel europea y contra el cual es imposible dar las batallas. Desde que se proteja el protagonismo que corresponde a cada pueblo en su lucha y que se garantice el respeto por su historia y sus cosmovisiones, sus saberes, sus sentires y sus sentidos, no hay justificativo plausible para invalidar la lucha de una persona que está activando un debate tan urgente como es lo de crisis climática y su consecuente reto civilizatorio.

 
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Ley de Semillas: Macri y las corporaciones

Por Vanessa Dourado

Los últimos días, los ojos del mundo están sobre la región latinoamericana. El escenario de guerra contra los pueblos y la naturaleza se hace ver en las quemas, criminales en la región amazónica brasilera, orquestadas por los agentes del agronegocio.  Seguros de la impunidad, terratenientes y sus socios internacionales no pensaron dos veces antes de avanzar sobre la selva amazónica, dejando con ellos un rastro de destrucción que viene siendo rechazado en todo el mundo.

El gobierno autoritario y ecocida de Jair Bolsonaro, sin embargo, parece haber inspirado al presidente argentino Mauricio Macri. Presionado por el apetito de las gigantes semilleras, Macri anunció un decreto que tiene el objetivo de modificar la Ley de Semillas. El texto, que ya había sido rechazado en el Congreso, tiene como objetivo concentrar el control de las semillas en las manos de las corporaciones —además de garantizar la utilización del paquete tecnológico—. Tal decisión, si es llevada adelante, significará la criminalización de los movimientos campesinos y de los/las agricultores/as y sería una fuerte amenaza a la soberanía alimentaria en el país, ya que las semillas determinan como se producen los alimentos.

Argentina se encuentra hoy en una profunda crisis que, en gran medida, tiene sus causas en la administración fallida de Macri y su equipo. Hecho que se evidenció en las urnas en las últimas PASO. El mismo gobierno que fue electo democráticamente y cumplió su mandato —más allá de todos sus problemas de mala administración que llevaron el país a números importantes de desocupación, endeudamiento y pobreza— se olvidó de los valores republicanos que tantas veces  resaltó para garantizar que no fuera desestalibilizado.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que saca el presidente para hacer valer, de forma forzosa, una Ley que no avanzó en las instancias correspondientes, desvela  los intereses involucrados en la gestión del mismo. Frente a este hecho, los movimientos sociales que hacen parte del Foro Agrario han sacado un documento denunciando su carácter autoritario  y calificándolo como “un insulto a la democracia” y se comprometen en “redoblar esfuerzos en los espacios de diálogo y en las calles”.

Tal vez sea demasiado tarde para adoptar la táctica bolsonarista de desprecio a la voluntad popular y el uso de los medios de comunicación hegemónicos para hacer parecer amigable y rentable la entrega de los bienes comunes a las transnacionales. Sin embargo, el intento dice mucho sobre los planes de las corporaciones para América Latina.

Referencias:

Declaración del Foro Agrario: http://foroagrario.org/macri-el-presidente-de-las-corporaciones-se-burla-del-congreso-de-la-nacion-y-del-pueblo-argentino/

 
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Acuerdo Mercosur-UE: desacuerdo con el medioambiente

Vanessa Dourado

El momento histórico por el cual pasa Argentina está marcado por una profunda voluntad de poner el país a la orden del las transnacionales a través de una mayor liberalización económica, frente al escenario agónico y desastroso en que se enfrenta el sistema capitalista vigente en su fase neoliberal. 

Durante su mandato, Mauricio Macri hizo esfuerzos para auspiciar dos de los más importantes eventos a nivel geopolítico, comercial, económico y diplomático del mundo: la Conferencia Ministerial de la OMC (Organización Mundial del Comercio) en 2017 y la Cumbre del G-20, en 2018. Sobre el resultado de la conferencia, el  Director General de la organización la describió como “decepcionante”. La conferencia no llegó a un consenso entre los Estados miembros. El resultado de la Cumbre del G-20 que tenía como consigna “construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible”; tampoco logró consenso, sobre todo en la temática ambiental, además de apartarse vergonzosamente de uno de los temas más importantes y dramáticos que el mundo se enfrenta que son las personas refugiadas –muchas de ellas refugiadas climáticas–. En 2018, el mismo año de la Cumbre del G-20, el gobierno argentino volvió al FMI (Fondo Monetario Internacional) y hoy es el país más endeudado de América Latina, seguido de Brasil.

Tras más de 20 años de negociación entre la Unión Europea y el Mercosur –que tiene como miembros Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay–, los dos bloques avanzan con el acuerdo comercial que tiene por objetivo aumentar el flujo de negocios entre ellos. El acuerdo prevé que la UE liberalizará 99% de su comercio agrícola con el Mercosur y promete la eliminación de aranceles de importación de productos agrícolas hasta llegar a 0% siendo que  81,7% es solamente de exportaciones, y aunque podría  ser motivo para celebrar, preocupa a las redes ambientalistas a nivel mundial. 

Tomando la profunda crisis climática, que es un hecho concreto y reconocido como uno de los grandes desafíos de este siglo por la comunidad internacional en su conjunto –teniendo como expresión máxima de un compromiso colectivo el Acuerdo de París–,   la expansión de las exportaciones de commodities es un agravante del problema.

El acuerdo prevé  un conjunto de requisitos técnicos-ambientales que deben ser cumplidos,  como la producción en áreas deforestadas anteriormente y el respeto por las áreas de conservación. No obstante, una mayor demanda de producción  agrícola impulsará la deforestación para responder a otros importadores que no imponen las mismas reglas. O sea, el hecho  que la UE no importa productos que advengan de áreas deforestadas directamente, no impide que haya un aumento de la deforestación, sino que contribuye para que otras zonas que no estaban disponibles para la producción pasen a ser utilizadas.

Además de esto, la UE  tiene mayor peso en la decisión de cuáles son los requisitos y las reglas –en cierta medida asimétricas entre los dos bloques y más beneficiosa a la UE–. Esto influye directamente en la formulación de Leyes para el desarrollo de políticas públicas locales, compras gubernamentales, regulación de servicios.

En una perspectiva socio-ambiental internacional, la expansión del agronegocio a través de una mayor exportación por la agricultura industrial y la industria cárnica destruye la agricultura y la producción familiar local de los países europeos. El tener a los países del Mercosur como “supermercado del mundo”  beneficia a unas pocas empresas  gigantes en detrimento del quiebre de  pequeñas, incluso en los países miembros del bloque del Sur Global, ya que las reglas prevén el principio no discriminatorio en la participación de licitaciones públicas. Es decir, las Leyes de fomento a la agricultura o producción de pequeña escala  a nivel local pueden ser cuestionadas o consideradas desleales, posibilitando demandas que pueden resultar en enormes pérdidas para  los países demandados. De hecho, Argentina ya acumula 61 demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), por incumplimiento de normas previstas en sus acuerdos de libre comercio con otros países.

En términos políticos, la impronta brasilera, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, se hace sobre los derechos de los pueblos indígenas por encima de la demarcación de sus tierras ancestrales –incluso en áreas protegidas y consideradas estratégicas para garantizar el equilibrio de las temperaturas en un contexto de calentamiento global, como la selva amazónica–. Esto con el fin de beneficiar a los sectores agroindustriales (como la ganadería y la agricultura industrial) y extractivistas no puede entenderse como un hecho menor: Brasil es el mayor exportador de carne del mundo y, en 200 días, el gobierno autorizó el comercio de 290 nuevos  agrotóxicos, 32 de ellos prohibidos en la UE. Frente a esta expansión del uso de agroquímicos, el acuerdo evidencia un apoyo de los bloques al mercado de químicos y a la agricultura intensiva.

Las actividades agropecuarias tienen fuerte influencia en el calentamiento global, no solo porque son responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también por la cantidad de agua necesaria para sostener la actividad, entre de 20 y 30% de toda el agua potable del mundo, más allá de ser responsable por 70% de la desertificación a nivel mundial. Por todas estas razones, el aumento de la exportación de carne también debería ser una preocupación desde los países miembros de la UE y del Mercosur. Sin embargo, el acuerdo posibilitará un mayor consumo de este producto, yendo a contramano de las recomendaciones de la ONU.

El texto del acuerdo habla de “desarrollar el comercio internacional de forma a contribuir con el objetivo del desarrollo sostenible, para el bienestar de las presentes y futuras generaciones”, sin embargo, no establece ninguna propuesta concreta sobre cómo este objetivo será alcanzado. El bienestar de las futuras generaciones está en constante debate en las instancias de discusión sobre el cambio climático, millones de jóvenes alrededor del mundo –en sus movilizaciones “Viernes por el futuro”–  interpelan a las autoridades para que tomen medidas concretas sobre la problemática que les afecta directamente.

Tratar el acuerdo apenas desde el  punto de vista económico es ignorar las voces de científicos, organizaciones ambientales, la sociedad civil y las propias agencias internacionales en sus recomendaciones frente a la profunda crisis ambiental que está llevando el Planeta al borde del colapso. El  mencionar, diplomáticamente, a las recomendaciones –presentes en varios momentos el texto– no hace del acuerdo un instrumento que respete los límites previstos por los informes oficiales en materia de sustentabilidad, adaptación y mitigación. Mientras se impulsa el desarrollo, las medidas para combatir las causas de la crisis socioambiental siguen en el papel.


 
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Las incoherencias de Macri y el cuento de las buenas prácticas agrícolas

Foto: Pablo Piovano //El costo humano de los agrotóxicos

 

Braulio Domínguez y Vanessa Dourado

 

300 millones de litros de Glifosato consume Argentina por año, superada solo por Brasil –con 1.000 millones–, y Estados Unidos. También en Uruguay, México y Paraguay el uso del agroquímico y sus similares es masivo. A pesar de las muchas evidencias que dan cuenta de que el uso de estas sustancias es nocivo para la salud de humanos y que es la causa de la degradación ambiental que hoy llega a niveles alarmantes –debido a su relación directa con los monocultivos y consecuente impacto sobre el clima–,  Estados, corporaciones y organismos internacionales apuestan a lo que llaman “Buenas Prácticas Agrícolas” como una salida posible al problema que se esconde detrás de la punta del iceberg.

El discurso de Mauricio Macri en su última visita a la provincia de Entre Ríos resalta la importancia de combatir al cambio climático, alegando que su gobierno ha sido uno de los que más se preocupa por el medio ambiente, hecho que –según el presidente– quedó nítido en la reunión del G20 que ocurrió el año pasado en la Argentina. No obstante, uno de los puntos débiles de la cumbre,  apuntado por diversos analistas de todos los colores, nacionales e internacionales, fue justamente la falta de consenso respecto de la lucha contra el cambio climático. Macri, ya en la cumbre de la OMC realizada el año 2017, señaló su intención de no molestar a los intereses de Donald Trump que había salido del Acuerdo de París meses antes, hecho que resultó en la retirada del punto cambio climático de los ejes centrales de la reunión de los 20.

Más allá del intento de justificar su defensa a los sectores del agronegocio en detrimento de la salud de les niñes y personas trabajadoras de las escuelas de la provincia, el presidente trata a los agroquímicos como “fertilizantes” y sale a decir que no hay estudios científicos que puedan amparar la ley que prohíbe las fumigaciones cerca de las escuelas y apela a la narrativa de defensa de los puestos de trabajo cuando, en realidad,  el número de despidos durante enero y febrero de este año ya llega a 12.149 en las empresas privadas, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Estos despidos fueron en el sector industrial y de servicios, ninguno en el sector primario.

Investigaciones de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), en Brasil, muestran un aumento en los casos de cáncer y malformaciones en fetos ligados al uso extensivo de agrotóxicos. El Instituto Nacional de Cáncer, también de Brasil,  señala que los agrotóxicos tienen una relación estrecha con el número de casos de esta enfermedad detectados en edades cada vez más precoces.

Son muchos los estudios científicos que evidencian el poder de intoxicación de los agroquímicos. Sin embargo, el equipo del gobierno parece priorizar a las empresas y pone la salud de las personas y del medio ambiente en segundo plano, como si esos millones de litros de glifosato desaparecieran por arte de magia luego de su uso. Tanto es así, que en reciente entrevista en radio La Retaguardia, el ingeniero agrónomo responsable de redactar el manual de buenas prácticas agrícolas –y defensor de las mismas–, Mario Bogliani, dice no tener conocimiento de los datos precisos de la cantidad de agrotóxicos utilizados en el país, aunque ante la pregunta sobre este tema, con cierta resignación sentenció “y… mucho… mucho…”. Según el ingeniero,  “el problema de intoxicación por la aplicación de los agroquímicos tiene que ver con la desinformación, discapacitación y negligencia”.

El negacionismo también es un hecho. Sobre los casos de intoxicación en áreas fumigadas, Bogliani dice que “el problema es que los diagnósticos están basados en los síntomas que presentan, y no por la causa que los provocó”. Y que, por lo tanto, no se puede asegurar que los agroquímicos son los responsables por los daños a la salud de la población que está directamente expuesta a las fumigaciones. Aún sobre este punto, dice que “el problema es que hay muy pocos médicos toxicólogos y que las personas intoxicadas deberían traer los envases y las etiquetas de los productos para poder orientar al profesional”. El ingeniero también niega que el problema sean los agroquímicos: “muchas veces no tiene que ver con los fitosanitarios y sí con otras cuestiones y residuos de otros orígenes”. Se trata de otro argumento recurrente en este sistema: desautorizar las voces que se oponen, por supuestas faltas de formación. Siempre hay alguien más especializado, y por lo tanto “más capaz”, aunque estemos hablando de profesionales de la salud con todos los años de estudio –y experiencia en muchos casos– que ello supone.

Sobre el efecto deriva –que es la consecuencia indeseable de la aplicación del agrotóxico, la cual hace que llegue donde no debería ni se hubiera calculado–, a pesar del manual orientar sobre su control, Bogliani admite que “no hay garantía de que el fitosanitario va a un lugar que no deba caer y que el efecto indeseable de la aplicación tiene varias causas”. De este modo es evidente que, aunque tengamos las mejores prácticas, las consecuencias son imprevisibles. También reconoce el ingeniero que si se siguen estos lineamientos que él especifica en el manual, queda un lapso muy breve de tiempo para aplicar estos productos, dado que hay que tener en cuenta temperatura, viento, inercia térmica, y más variables. Por lo tanto, también se cae en el riesgo de que para el productor  estas buenas prácticas afecten su rentabilidad. Y contra la rentabilidad, en una tarea que se hace persiguiendo justamente ese único objetivo, es difícil competir.

Incluso hay quienes usan glifosato en el ámbito doméstico, para evitar tener que cortar los yuyos que crecen en el alambrado. También era frecuente que se utilizara en distintas ciudades y pueblos del país en las vías de los trenes hasta hace pocos años con la misma finalidad. Así queda evidente que no hay un control sobre la comercialización de los agroquímicos.

En respuesta a la entrevista de Mario Bogliani, la ingeniera agrónoma Nora Tamagno dice que, en primer lugar, “el uso del término fitosanitario da a entender que los agrotóxicos solo hacen mal si son aplicados mal”. Tamagno también alerta sobre el hecho de que las buenas prácticas no surgieron ahora, que ya vienen desde fines de los 90, y que la disputa de sentido se hace importante ya que hasta Monsanto habla de sustentabilidad.

Según la ingeniera, es perfectamente posible una producción, incluso extensiva, con perspectiva agroecológica. Teniendo en cuenta que la deriva es incontrolable –lo que hace de las buenas prácticas algo poco eficaz en sentido práctico–, una vez que la deriva secundaria hace que los agrotóxicos migren por procesos bilógicos y químicos poco conocidos, la contaminación es inevitable y hace que el modelo agroindustrial sea insostenible.

Por último, señala Tamagno: “no puede haber agricultura sin agricultores, la agricultura familiar no puede ser una isla en un mar de agronegocio”.

 

Entrevistas concedidas por Bogliani y Tamagno en radio La Retaguardia:

Fuentes:

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-protocolo_versin_final.pdf

http://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf

https://www.bioecoactual.com/2017/04/26/47-alimentos-eu-residuos-pesticidas/

https://centrocepa.com.ar/informes/154-2019-un-inicio-critico-analisis-de-los-despidos-y-suspensiones-en-el-primer-bimestre.html

https://www.esglobal.org/america-latina-continente-infestado-los-pesticidas/

 
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Agrotóxicos: la sustentabilidad de las corporaciones

“Esas tradiciones, esas señas de identidad cultural, esas fiestas de la vida, están siendo apabulladas, de manera fulminante, por la imposición del saber químico y único: la globalización de la hamburguesa, la dictadura de la fast food.”

Eduardo Galeano

 

Vanessa Dourado y Braulio Domínguez

 El uso de agrotóxicos se expandió entre los años 1945 y 1985, período de la modernización de la agricultura. La eficiencia productiva, gerencial y organizativa fue de a poco convirtiéndose en regla. Los procedimientos empresariales para lograr rentabilidad y competitividad fueron impuestos a quienes deseaban seguir viviendo de la agricultura.

Mientras especialistas de todo el mundo, en la década de 60 –utilizando el mismo discurso repetido exhaustivamente–,  proclamaban la Revolución Verde como salida para el hambre, las grandes empresas, que nunca se preocuparon por la problemática de la hambruna, aprovechaban para lucrar con la venta de los paquetes de insumos agrícolas.

Casi 60 años después, los principales países que reciben estos alimentos producidos en  países llamados “en desarrollo” que adoptaron el paquete vendido por las grandes corporaciones son Japón, Estados Unidos y los países de la Unión Europea.  Si fuera  cierto que la revolución verde  solucionaría el problema del hambre, no tendríamos estos datos: los últimos números de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  muestran que los países del mundo que más sufren el hambre son Yemen, con 60 % sus habitantes en la hambruna severa, seguido de Sudán del Sur, con 45 % y Siria con 33 %.

Más allá de la posible honestidad de quienes, en la época, sostuvieron la necesidad de la modernización con la esperanza de que esta fuera un paso importante para la construcción de un futuro mejor, seguir defendiendo el uso de agrotóxicos no tiene ningún sentido lógico. A menos que quienes los estén defendiendo sean los dueños de las corporaciones que los venden.

El uso intensivo de venenos degrada el suelo, hace que este pierda la capacidad de absorción del agua. El cultivo con agroquímicos empobrece  la tierra y la hace, con el paso del tiempo, improductiva. Según la FAO, 25% de los suelos cultivables del mundo presentan un alto nivel de degradación. La no absorción del agua hace que crezca el número de inundaciones, causa costos a los Estados, compromete el bienestar de las poblaciones, propaga enfermedades, altera el ecosistema y daña a los cultivos. O sea, a largo plazo, el uso de agrotóxicos también es dañino para quienes los utilizan en sus tierras.

El discurso de las buenas prácticas, que intenta convencer de que el problema de los agrotóxicos es su uso de forma incorrecta, es uno de los últimos recursos utilizados por las corporaciones –en conjunto con los Estados– para evitar y esconder las evidencias de la toxicidad de estos productos y de sus pérdidas financieras frente al incremento en la producción de orgánicos.  El recrudecimiento de las leyes que garantizan el uso indiscriminado de agrotóxicos es una evidencia de que el mercado se ve amenazado. En cuanto al uso de agrotóxicos en Argentina, donde el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto  los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%, es necesario mencionar lo sucedido en dos provincias. En Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia resolvió que desde el 1 de enero del presente año se puede fumigar a 0 metros de poblaciones, escuelas rurales, o reservas naturales. De este modo, intenta invalidar ordenanzas municipales que habían sido producto de mucho trabajo y organización de parte de las asambleas de cada lugar que sufre con la problemática de las fumigaciones y que establecían algunos límites para la aplicación de los agrotóxicos, sin embargo, el 18 de febrero la resolución fue suspendida por un periodo de un año [1]. En  Entre Ríos, el Tribunal Superior de la Provincia confirmó la sentencia que prohíbe las fumigaciones en todas las escuelas rurales, establece un límite de 1.000 m para las fumigaciones terrestres y 3 km para las aéreas. Vale recordar que la sentencia que primero restringía estos usos había sido apelada curiosamente por la Provincia, no por empresarios de la soja.

En Misiones, conocida como la Capital Nacional de la Biodiversidad, la Secretaría de Agricultura Familiar avanza con un proyecto para siembra de maíz transgénico en la región.

Desde 2012, se intenta aprobar la Ley de Semillas que tiene por objetivo privatizarlas y lograr la prohibición a la libertad de siembra a través de regulaciones que incluso pueden criminalizar a productores que utilicen sus propias semillas. Muy posiblemente intenten avanzar con este proyecto el presente año en el Congreso Nacional.

Sin embargo, no solo las leyes se están poniendo más duras; el último 15 de febrero, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), que se dedica a la producción de alimentos agroecológicos, fue brutalmente reprimida en Plaza Constitución –Buenos Aires– cuando realizaba uno de sus famosos verdurazos. La feria de verduras es siempre realizada en plazas de la ciudad donde los alimentos son ofertados a la población a precios simbólicos, tratando también de visibilizar cómo funciona el mercado de alimentos y denunciando la situación en que se encuentran los productores frente al modelo productivo dominante. Realizando estas ferias, venden la verdura a $10 el kg. Según una integrante de la UTT, “si lo hacen de la manera convencional, los intermediarios se la compran a $2 y al público le llega a $50”.

El alto grado de conflictividad inaugurado en este momento histórico, de agotamiento de modelos contaminantes e insostenibles, será clave para la instalación del debate en el seno de la sociedad. América Latina es la región donde más se asesinó a defensores y defensoras de la Tierra en el año 2017 –según la Global Witness–. Es cada día más evidente que la política a nivel mundial pasa por la discusión del sostenimiento de la vida en lo más básico: la alimentación sana, segura y soberana.

Nota:

[1] https://boletinoficial.gba.gob.ar/sections/9394/view (páginas 10 y 11)

 
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Cambio Climático: G-20, COP24 y la receta de Macron

Foto: Marta Musić/Transición ecológica, basta de evasión fiscal.

Marta Musić y Vanessa Dourado

Luego del 3 de diciembre, dos días después de la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en la Argentina, se realizaba en Polonia la COP24 –Conferencia de las Partes Sobre Cambio Climático–.  Desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, la COP viene trabajando  la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Las evidencias científicas que señalan los efectos de la emisión de estos gases  –sobre todo el dióxido de carbono– como responsables por los eventos extremos que han sucedido en el mundo en la última década: sequías, huracanes, desertificación,  aumento del nivel del mar, extinción de especies animales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático.  Sin embargo, los esfuerzos para frenar la industria fósil y de carbón son parte de una retórica que toma los discursos de la mayoría de los líderes mundiales, pero los números muestran una realidad que no corresponde a la declarada preocupación.

En su último informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático –IPCC, por sus siglas en inglés– informa que es necesario disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 45% para el año 2030 y reducirlas a cero hasta el año 2050  para evitar una catástrofe ambiental sin precedentes. Además, el IPCC planteó un escenario de ecocidio –genocidio del planeta–  más allá de un calentamiento planetario de 1.5°C. No obstante, con la forma de producción y de consumo del sistema actual, este número se está dirigiendo a los 4°C, lo que pondría en riesgo toda forma de vida en la Tierra.

En la reunión del G-20, donde se celebró los diez años de la primera cumbre, la declaración final que  decía  tener por objetivo “construir consenso para un desarrollo equitativo y sostenible a través de una agenda inclusiva, centrada en las personas y con visión de futuro” no logró llegar a un acuerdo sobre el tema Cambio Climático. En los puntos 20 y 21 de la declaración, los países reafirman el carácter irreversible del Acuerdo de París mientras los EE.UU. ratifican su retirada del acuerdo. Cabe precisar que los países miembros del G-20 son responsables por un 80% del total de energía consumida en el mundo y del 78% de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Los EE.UU. es el país que históricamente más ha emitido gases de efecto invernadero en la atmósfera mientras que China –actual líder mundial de emisiones de CO2 con unos 27% de todas las emisiones en 2017– tendrá un aumento de 4.7% de sus emisiones este año. En otras palabras, los gobiernos más poderosos del mundo siguen agravando la crisis socio-ambiental que estamos enfrentando ahora y que sobre todo impacta las poblaciones más vulnerables del mundo.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– alerta que un promedio anual de 21,5 millones de personas han sido forzosamente desplazadas cada año desde 2008 por amenazas repentinas relacionadas con el clima. Asimismo, el tema  migraciones –una de las problemáticas más crecientes en el mundo– no fue uno de los ejes de preocupación en esta reunión del G-20. En el documento final, los puntos 16 y 17 se limitan a enfatizar  “la importancia de las acciones comunes para abordar las causas centrales de los desplazamientos y para dar una respuesta a las crecientes necesidades humanitarias”.

Después de esta desastrosa cumbre del G-20, no es sorprendente que las negociaciones sobre el cambio climático en la reunión de la COP24 avanzan muy difícilmente y que es poco probable que los países lleguen a algún acuerdo hasta mañana. Polonia, el país anfitrión, tiene una matriz energética dependiente de uno 80% del carbón. También está presente Arabia Saudita, cuya empresa petrolera paraestatal Saudi  Aramco es considerada la más rentable del mundo y una de las  más importantes en reserva  de óleo crudo y de producción. El príncipe Mohammad bin Salman –quien estuvo en la reunión del G-20 bajo mucha polémica respecto de denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos– cuestionó el informe del IPCC. A algunos días de la COP24, Bolsonaro anunció que Brasil no iba a organizar la próxima COP25 en 2019. Ni hablar del negacionismo climático de Trump. Mientras tanto, la situación actual en Francia destapa cada vez más la postura hipócrita del gobierno de Macron frente al cambio climático.

La receta  de Macron

Como entusiasta del fortalecimiento  del mecanismo de disputa de la OMC durante el G-20 para proteger el sistema de comercio mundial actual de medidas para la protección del medio ambiente como: la relocalización de los circuitos de producción y consumo, la reducción de transportes internacionales de bienes o la tasaciones sobre el queroseno;  Macron logra dejar muy nítido su política.

Durante el encuentro de líderes en la Argentina, el presidente francés dijo que apoyaba la agenda de reformas y el FMI y que este era el camino correcto no sólo para la Argentina como para toda Latinoamérica, mientras su país ardía en protestas contra el aumento en el precio de la gasolina. Alegando el coste de la “transición ecológica”, Macron evidencia con sus medidas: que lo paguen las personas trabajadoras. La movilización de los “Chalecos Amarillos” en Francia ya es considerada una de las más importantes de la historia del país.

Macron, llamado por la población francesa como el presidente de los ricos, presenta un 20% de aprobación popular. El presidente dijo que ratifica su compromiso con la transición energética, sin embargo exonera a la empresa petrolera Total de toda su contribución fiscal y apoya la explotación de petróleo.

El discurso verde de Macron es rechazado por la comunidad socio-ambiental que alega que los 500 millones del impuesto sobre carburantes van a ser utilizados no para la transición ecológica, sino a absorber el déficit presupuestario de 2019 y compensar así la recaudación de la supresión del impuesto sobre la fortuna.

Foto: Marta Musić /Fin del mundo, fin del mes: cambiemos el sistema, no el clima.

A pesar de la intensificación de la represión de Macron, el sábado 8 de Diciembre, el cuarto acto de los Chalecos Amarillos convergió con la Marcha Internacional por el Clima, organizada este mismo día. Los gritos de “fin del mundo, fin del mes: misma lucha!” cantados a lo largo del día destacaron los vínculos imprescindibles entre las cuestiones sociales y los imperativos ambientales. Las manifestaciones también ponen de relieve las consecuencias socioeconómicas de las reformas de austeridad de Macron, los pocos esfuerzos del gobierno francés cuanto a sus políticas contra el cambio climático  y su postura hipócrita frente a las numerosas crisis que viene atravesando el país. Un país donde la evasión fiscal nunca fue tan importante y las riquezas tan concentradas entre las manos de los más ricos. Un país donde las empresas que contaminan más son exoneradas de impuestos, donde las causas principales del cambio climático no están contempladas, los medios de transportes no están desarrollados, mientras la gentrificación fuerza que las personas se muden para lugares cada vez más lejos de las principales ciudades.

Francia no es un caso aislado. Como lo mostraron el G-20 y la COP24, los gobiernos más poderosos del mundo siguen preservando los intereses del capital transnacional y fomentando un sistema económico insostenible. La situación en Francia ahora está poniendo de relieve preocupaciones reales y concretas sobre cómo llegar a una transición ecológica que sea socio-económicamente justa, porque no es posible pensar justicia social sin justicia fiscal y sin justicia climática.

 
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Buenas Prácticas Agrícolas, un peligro inminente

El costo humano de los agrotóxicos: Pablo Piovano

Por Vanessa Dourado

Argentina avanza en las discusiones sobe las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas”. El Grupo de Trabajo Interministerial sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones fitosanitarias está conformado por los Ministerios de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación y tiene por objetivo discutir el uso de agrotóxicos en el país, pero, sobre todo, validarlo.

Para el Grupo de Trabajo Interministerial que discute las formas de aplicación de las exigencias  fitosanitarias, estás deben ser armónicas en el sentido de expresar su máxima capacidad y tratar de disminuir los posibles riesgos a la salud y el ambiente.

El intento de cambiar el eje del debate llevado a cabo por varias organizaciones socio-ambientales, abogado/as, científicos/as y las personas directamente afectadas con el uso de los venenos es nítido. Es decir, el objeto de discusión sería el conjunto de prácticas inadecuadas respecto del uso  y no los agrotóxicos per se.

Así, el grupo de trabajo propone un paquete de medidas que van desde la negación de que los agroquímicos son nocivos a la salud humana y los ecosistemas,  como también prevé un conjunto de estrategias técnicas, comunicaciones y hasta científicas para fundamentar y validar el uso de los agrotóxicos.

La propuesta del grupo para la incorporación de buenas prácticas agrícolas  y la gestión fitosanitaria al programa curricular de las carreras agronómicas  demuestra la intencionalidad de invalidar las investigaciones que evidencian que el uso de agroquímicos es incompatible con la búsqueda de una agricultura que sea sostenible.

Están previstas campañas a nivel nacional para sensibilizar acerca del llamado mal uso de los agrotóxicos  y un osado proyecto para involucrar a las poblaciones en la difusión, consolidación y validación de lo que serían las Buenas Prácticas. También están previstas capacitaciones obligatorias y programas de financiamiento de inversión para la transición hacia las Buenas Prácticas.

En la Argentina, el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto a los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%. Sin embargo, los ministros sostienen que las medidas son esfuerzos del gobierno argentino en producir alimentos y en  alimentar el mundo.

El artículo 41 de la Constitución Nacional sostiene: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Según Damián Marino –investigador del CONICET y la UNLP–, en los últimos diez años se consumieron más de 1000 millones de litros sólo del agroquímico Glifosato en la Argentina. La cantidad de uso de agroquímicos es de 10 litros por habitante/año.

La problemática de los pueblos fumigados hoy en Argentina,14 millones de personas son expuestas a los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos­  y de los casos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y una  gama de enfermedades está denunciada en la ONU.

Una vasta literatura científica da cuenta, en todo el mundo, de las consecuencias del uso de agrotóxicos a salud humana, de los animales y en los ecosistemas. Incentivar, desde del Estado, el uso de agroquímicos en lugar de sostener campañas para prohibirlos –como hicieron las autoridades responsables en Europa y EE.UU.– es exponer toda la población a riesgos y daños irreparables, con respaldo institucional.

 
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El G20 y su agenda regresiva

Escultura: Lento hundimiento - Isaac Cordal, 2013

Por Vanessa Dourado

Los países miembros del G20 representan  85% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y son responsables por 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmosfera. Los EE.UU. es el país que más ha emitido dióxido de carbono (CO2) en la historia.

Las COPs –Conferencias de las Partes Sobre Cambio Climático–, desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, vienen trabajando la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Para evitar un cambio climático peligroso, el acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global por debajo de 2 ºC.

En la declaración de los líderes del G20 en Hamburgo, en julio de 2017, se  reiteró la importancia de cumplir  los compromisos con la Comisión de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), proveyendo medios de implementación para la adaptación y mitigación, y anunciando la creación del Plan de Acción de Clima y Energía para el Crecimiento. El año pasado, el cambio climático fue retirado de la lista de prioridades de la agenda del G20 por presión de los EE.UU. el cual salió del Acuerdo de Paris –señalado por los propios líderes de los estados miembros del G20 como irreversible–.

Trump, con su política “America first”, viene declarando una guerra contra los esfuerzos en combatir el cambio climático, revertiendo las políticas contra el calentamiento global llevadas a cabo por su antecesor Barack Obama. En 2017, el presidente norteamericano decretó el fin del Plan de Acción del Clima, reactivando la industria del carbón en los EE.UU.

Este año, el Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20, que se reunió el último 27 de abril en Argentina, no discutió los precios del carbono, los cuales son fundamentales para tener en cuenta el daño ambiental, social y económico provocados por las emisiones de gases contaminantes y cambiar los patrones de inversión, producción y consumo, posibilitando la apertura de diálogos sobre las estrategias de transición. Tampoco se habló de Justicia Climática, de responsabilidad por daños y prejuicios, y tampoco se señaló un sentimiento de urgencia.

La limitación de la reunión en tener el enfoque en aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático –desde que este no afecte la capacidad de producción de alimentos– y desarrollar modelos para generación de infraestructura resiliente es una regresión en la lucha en contra del cambio climático.

Es nítido que las discusiones en las reuniones del G20 están ajustadas para no afectar mucho a los más poderosos. No hablan de erradicar el uso de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles es la mayor responsable por la emisión de dióxido de carbono (CO2) en la atmosfera.

Mientras tanto, los países miembros del G20 siguen planteando el desarrollo basado en una economía de crecimiento infinito frente a recursos no renovables, no respetando los límites planetarios, llevando el planeta a catástrofes, las cuales ya estamos pasando: eventos extremos, sequías, huracanes, aumento del nivel del mar, desapareciendo de especies animales y vegetales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático combinado con una lógica colonialista de crecimiento económico.

No hay ningún compromiso ético por parte de los países miembros del G20, hablan de desarrollo equitativo y sostenible, sin embargo no mencionan a la Justicia Climática. No les importa el hambre, la pobreza y la destrucción que afecta directamente las poblaciones más vulneradas del mundo; las sequías y las inundaciones que  perjudican a los productores y productoras locales y a los pueblos originarios, quienes dependen de sus cosechas para subsistir, y que también implica un aumento en el precio de los alimentos; profundizando la desigualdad social, impidiendo el acceso a una alimentación adecuada, imposibilitando el alcance de la soberanía alimentaria y provocando un aumento del número de refugiados.

La política del G20 es la del engaño. Hablan de garantizar el futuro de las próximas generaciones, sin embargo no discuten la crisis civilizatoria la cual compromete la existencia de los/las que vendrán. No hay progreso, ni trabajo, tampoco desarrollo, en tierra arrasada.

 
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Mauricio Macri y el desprecio por el cambio climático

Glaciares

Por Andreia Albratroz

Los glaciares contienen casi 70% de reserva de agua dulce disponible en el mundo.  Desde hace décadas, los glaciares ubicados entre la Patagonia y Venezuela han pasado por un proceso de deshielo importante. La principal causa del fenómeno es el Cambio Climático. El aumento de la temperatura global es un fenómeno causado por la intervención humana, mayoritariamente por la emisión de CO2 –gas productor de efecto invernadero–  en grandes escalas en la atmosfera. La principal causa del Cambio Climático en el mundo es la quema de combustibles fósiles, fuente de energía primaria para la denominada modernización económica.

Las consecuencias del derretimiento de los glaciares son muchas, todavía la más preocupante es el aumento del nivel del mar. Según Qin Dahe, co-director del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, en su sigla en inglés), en la medida que el océano se calienta; el hielo continental y marino se reduce, el nivel  global del mar seguirá aumentando, más rápidamente que en los últimos 40 años.  Según estudios de la NASA, un tercio de la elevación del nivel del mar entre los años 1880 y 2013 ocurrió en los últimos veinte años.

Según Luiz Marques, autor del libro Capitalismo y Colapso Ambiental , las más importantes consecuencias del aumento en el nivel del mar serán: las inundaciones y lxs refugiadxs climáticos, el desaparecimiento de pequeñas islas,  la salinización de los deltas, la intrusión marina en los acuíferos, la destrucción de los ecosistemas costeros y la vulnerabilidad de las plantas nucleares ubicadas en las zonas costeras[1].

Frente al escenario de urgencia respecto a la preservación de las zonas de los glaciares, los gobiernos de muchos países vienen ignorando las evidencias y siguen en proceso de destrucción de los glaciares a través del desarrollo de actividades mineras en estas áreas.

En la Argentina, el año 2008, la diputada Marta Maffei presentó una ley con el objetivo de proteger los glaciares. La ley fue aprobada en 2010 y el año 2011 se dio inicio el inventario de los glaciares del país. Sin embrago, los intereses de las empresas mineras en avanzar sobre las áreas protegidas tienen el aval de Macri. Frente al pedido de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que busca modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley –que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la actividad  minera en estos sitios-  Macri confirmó que él mismo tratará de avanzar con la reforma de la ley. Desde el inicio del actual gobierno, la alianza entre el gobierno de la Argentina y las corporaciones mineras fue un hecho con la baja a las retenciones de las exportaciones minerales.

Imagen: Trump-Macri

En noviembre, se dará el encuentro del G-20 en la Argentina. Como presidente del G-20, Macri no considera el tema ecológico como eje central de discusión y prefiere no poner en riesgo su imagen frente, principalmente, a los EE.UU que se retiró del Acuerdo de París –acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A pesar de las duras críticas recibidas a nivel mundial –hasta mismo del primer ministro del vaticano Jorge Bergoglio, por quien Macri demuestra tener aparente aprecio–  por la no consideración de la problemática del Cambio Climático en las negociaciones, Macri mantiene su posición.

NOTAS:

[1]https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/consequencias-da-elevacao-do-nivel-do-mar-no-seculo-xxi

OTRAS FUENTES:

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/o-degelo-e-elevacao-do-nivel-do-mar#_ednref6

 
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Segunda fase del golpe: el avance minero sobre la Amazonia

Foto: Marcela Bonfim /AmReal

Por Vanessa Dourado

La época denominada “carrera del oro” ocurrió en Brasil en el siglo XVIII. Durante años hubo una gran extracción de metal con la utilización de mano de obra esclava africana e indígena. Una grande cantidad de personas migraron a las localidades donde había abundancia de oro y metales preciosos, particularmente a la región hoy denominada Minas Gerais. En este período, la mayoría de los negros africanos esclavizados morían después cinco años de actividad en las minas. Las causas de las muertes eran relacionadas a carencia de alimentación, falta de oxigeno dentro de las minas, exposición a bajas temperaturas y a la proliferación de enfermedades por la debilidad de la salud. Muchas muertes también se daban por ahogamiento causadas por el rompimiento de los diques de contención de las mineras. El trabajo en las minas fue considerado la actividad más brutal a la cual fueron sometidos los negros africanos esclavizados en Brasil.

En noviembre del 2015, en Mariana –en la misma región de Minas Gerais–, ocurrió el mayor desastre ambiental minero de la historia de Brasil. Un dique de contención de la empresa minera Samarco –una asociación entre la brasilera Vale S.A y la anglo-australiana BHP Billiton– se rompió. El dique contenía alrededor de 62 millones de metros cúbicos de agua y 50 millones de toneladas de mineral de hierro y residuos. Aproximadamente 6 millones de personas fueron afectadas. El abastecimiento de agua potable fue puesto en riesgo a 250 mil personas por  presencia de metales como arsénico, cadmio, plomo, cromo, níquel, cobre y mercurio. La contaminación del Río Doce, con más de 850 kilómetros de largo, provocó la muerte de un trillón de organismos vivos, entre ellas 19 humanas.

Los daños causados por la actividad minera parecen no ser un obstáculo en la continuación del modelo económico utilizado desde la época del Brasil colonial. En su afán por obtener ganancias a cualquier costo, empresa y Estado cierran los ojos a las cuestiones ambientales y siguen exterminando indígenas y ambientalistas –amenazas concretas a sus negocios. El año de 2016, hubo  49 asesinatos de ambientalistas en Brasil, 25% del total mundial –según el informe de la Global Witness– y 137 asesinatos de indígenas en 2015, según el Cimi (Consejo Indigenista Misionario).

En agosto de este año, el presidente de Brasil Michel Temer –quien ocupa el cargo después del golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia del país–  firmó un decreto para extinguir La Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca) y habilitar el área a la explotación por empresas privadas y extranjeras. La Renca fue creada en el año de 1984, en este momento, ya en fines de la dictadura militar-civil-empresarial-eclesiástica (1964-1985), la gran preocupación del gobierno militar tampoco era la preservación ambiental. Los militares temían la presencia de empresas extranjeras en la región y prohibieron las investigaciones minerales, restringiendo su actuación al Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM).

La decisión del presidente, tomada por decreto, habilita un 30% del área a actividades mineras. El decreto garantiza no avanzar sobre las áreas de conservación y de demarcación indígenas –puntos que ya estaban contemplados en la legislación anterior–, no obstante, no hay ningún dispositivo que contemple los daños socioambientales que implican las actividades mineras. Los párrafos de los artículos 1 y 3 del decreto apenas tratan de mencionar la responsabilidad con el manejo sustentable en términos generales. Entre ellos están: la correcta destinación y el uso sustentable del área; el dimensionamiento del impacto ambiental de la explotación minera; el manejo de tecnologías capaces de reparar posibles daños al medio ambiente; el aprovechamiento económico sustentable; el control ambiental; la recuperación del área degradada y la contención de posibles daños.[1]

La cuenca amazónica representa alrededor del 40% del remanente selvático en el mundo y 13% de la bioma mundial. En el área de la Renca hay dos territorios indígenas: Wajãpi, en Amapá, y Rio Paru d’Este, en Pará. A pesar que el texto mantiene el compromiso con la no explotación de las tierras indígenas, en 1996 fue presentado un proyecto de ley (PL 1610/1996) que propone la explotación de recursos minerales en tierras indígenas. El proyecto tramita en la cámara baja de Brasil en régimen de prioridad.[2]

La actividad minera en tierras indígenas está contemplada en el artículo 231 de la Constitución Federal, sin embargo sólo puede ser realizada a través de una legislación específica que todavía no existe. Por lo tanto, la actividad es ilegal. El PL 1610, presentado en 1996 por el senador Romero Jucá (PMDB-RR), volvió al escenario y es considerado por los pueblos indígenas como una gran amenaza. Desde año 2015, con el avance del bloque terrateniente en los poderes legislativo y ejecutivo de Brasil, el texto viene siendo tratado con celeridad. No hubo consulta a los pueblos indígenas acerca de la elaboración de la reglamentación del mencionado proyecto de ley.

Foto: VOA Protesta indígena en Brasilia.

Utilizando el discurso de recuperación económica y apertura de oportunidades a las inversiones, Michel Temer sigue ignorando las manifestaciones de los órganos nacionales e internacionales, más allá del propio sistema judicial brasilero. Entre 1991 y 2012, las pérdidas económicas acumuladas por eventos climáticos extremos en Brasil, sumaron 278 billones de reales -0,68% del PIB; además de 3.745 muertes y 46.022.011 personas afectadas –según revela una investigación llevada a cabo por economistas de la Universidad Federal del Rio de Janeiro (UFRJ).

 

Notas:

[1]http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9147.htm

[2]http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16969

Otras fuentes:

http://brasilescola.uol.com.br/historiab/trabalho-escravo-nas-minas.htm

http://www.nature.com/nature/journal/v535/n7610/full/nature18326.html

http://educacao.cemaden.gov.br/medialibrary_publication_attachment?key=AiWGBqNzLryG-ic02-Wte2gFJFp6GXPI

 
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Acuífero Guaraní, disputa y acaparamiento imperialista de una reserva única

Vanessa Dourado y R. Gómez de Mederos

El diseño de ocupación moderna de territorios completos es, a escala mundial, una arquitectura de formatos claramente parecidos. En esta ingeniería global, con el patrocinio de su más avezado protagonista, EEUU, requiere unir de manera radical y precisa dos elementos estratégicos de la visión imperialista relativa de la cuestión militar que es, “fusionar” dos elementos, la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, una estrategia que sea funcional a sus intereses y que desmembra y des-limita la frontera entre una y otra. En el fondo, es una reconfiguración de la Doctrina de Seguridad Nacional, tantas veces re-editada en el continente nuestroamericano.

El desenterramiento de lo que sobre 2.012 fue el programa estratégico dictado por expertos de los EEUU en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información, llamado en su momento “Lineamientos Estratégicos de la Defensa Nacional” [1], que formaba parte del Programa Expandido de Educación y Entrenamiento Militar (Expanded International Military Education and Training, E- IMET) de la Defense Security Cooperation Agency, es una posibilidad certera con el fortalecimiento de las derechas en el Cono Sur [1].

Según Elsa Bruzone, experta en Seguridad Nacional del CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia Argentina), Susana Malcorra, la actual Canciller Argentina, que integró como CEO, la norteamericana IBM y la gerencia de Telecom, quien fuera responsable del manejo, durante 12 años, del principal programa de Naciones Unidas contra el hambre (que cuenta con 30 barcos, 70 aviones, 5.000 camiones y 90.000 personas distribuidas en 86 países), es ahora la persona clave para re-dinamizar la idea de las bases militares en Misiones y Ushuaia, más otra posible en Jujuy, que aseguraran un pinzamiento sobre Bolivia y el reaseguro del Plan Belgrano, herramienta fundamental de las corporaciones para consolidar el manejo geoestratégico de la Triple Frontera del Litio, de los Salares de la Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra el 80% de las reservas más rentables del planeta.

El reflote de la instalación de las bases militares norteamericanas en la provincia de Misiones, se relaciona directamente, con que esta es una zona de carga y descarga del cuarto acuífero y reservorio de agua dulce más grande del mundo, compartido entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el llamado Acuífero Guaraní.

El avance de las derechas en el Cono Sur tiene como elemento fundamental “bajo la manga”, la idea de la Seguridad Interior, anexada al de ocupación de los territorios estratégicos de la región, por fuerzas extranjeras. Las bases propuestas, por el gobierno argentino, en Misiones, se relaciona con el Acuífero Guaraní, y la de Ushuaia, al interés norteamericano sobre la Antártida.

Tal vez no se puede afirmar tácitamente que el agua y sus reservorios son los únicos motivos de guerras futuras, pero sí podemos decir, que son todo el cúmulo de bienes naturales presentes en Nuestramerica, los que generan un alto grado de conflictos y escaramuzas en torno primero, de la disputa por su utilización y segundo, por la necesidad de acumularlos como reservorios de los países con mayor consumo de los mismos.

El agua, así como todos los bienes comunes, son recursos finitos, no reemplazables; eso hace del Cono Sur, un área de cada vez mayor interés. Las reservas de agua del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), concebido Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el marco del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, es el mayor manantial de agua dulce del mundo, con capacidad para abastecer a la población mundial por 200 años.

Pero la región está estipulada y destinada por los centros globales de poder, a cumplir el rol histórico de proveedor de bienes naturales de las grandes corporaciones extractivas, y sus países de procedencia, que no solamente los llevan a precio de nada, sino que además, dejan el rastro de la contaminación en la naturaleza, mientras legitiman un proceso de progreso ficticio.

Desde 2.001, el bien común estratégico agua, viene siendo objeto de debate y negociación por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y en el Acuerdo General Sobre Comercio de Servicios de la OMC (AGCS), con el objeto, en teoría, de garantizar agua potable y saneamiento básico, como derechos humanos y bien social; sin embargo, esto guarda un real interés, con garantizar los negocios de las corporaciones que necesitan del agua para seguir produciendo, en detrimento de los pueblos originarios, pequeños agricultores y comunidades campesinas.

Ya desde los años 1.992 y 1.994, estudios alertaban sobre posibles conflictos territoriales por la escasez del agua en el siglo XXI.

En la región del SAG existe una importante demarcación militar en expansión, como lo detallamos al principio del artículo, lo cual es denunciado desde el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA).

La región de la Triple Frontera, que abarca a Brasil, Paraguay y Argentina, está prospectada, sobre todo por el Pentágono, como zona de instalación de aparatos militares de inteligencia y logística, bajo la excusa de “frenar el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas”. La intención de instalar una base militar y una sede diplomática en la región, viene siendo fogueada por los EEUU, con mayor fuerza desde 1.999 aproximadamente.

El reciente acuerdo entre las embajadas de Argentina y EEUU, realizado en Buenos Aires, a puertas cerradas, por el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau y su par norteamericano, Noah Mamet, contempla un convenio entre la Guardia Nacional del Estado de Georgia y las Fuerzas Armadas Argentinas, como parte del State Partnership Program (SPP); dicho programa construye relaciones en todo el mundo desde hace más de 20 años, la incorporación de Argentina al SPP alcanzará la cifra total de 73 colaboraciones estatales. La Guardia Nacional norteamericana cuenta con 460.000 efectivos y con un amplio grupo de socios en el extranjero, en todos los niveles de comandos de combate.

La excusa del convenio: “La cooperación en el caso de la Argentina con los Estados Unidos y por prioridad de nuestro país será para atender desastres naturales, programas de aviación, colaboración en las fronteras, en el cuidado del medio ambiente, en medicina militar, en una red de educación a distancia y en misiones de paz” [2].

Es en el marco de un ascenso institucional de las derechas y un retroceso de los procesos llamados progresistas en Nuestramerica, que comienza a reformularse mediáticamente la peligrosidad de la Triple Frontera como hipótesis de conflicto; dentro de esta reformulación, que incluye a todo el Cono Sur, se pacta el acuerdo de cooperación militar que, incluye además, la instalación de una base científica en la región.

La Triple Frontera es “considerada” muy peligrosa, por el hecho de “abrigar” a supuestos “miembros de sectas terroristas” que todavía no se sabe dónde están. Sin embargo, la supuesta paranoia estadounidense (más bien, justificación política e ideológica para penetrar territorios estratégicos) tiene una selectividad muy peculiar. Preocuparse más con estas amenazas “terroristas” y buscar fortalecer su presencia en áreas estratégicas, cuando el escenario político de América Latina cambia de forma relevante, con procesos de pérdida del protagonismo de los gobiernos llamados bolivarianos.

La construcción de una zona militarizada que pueda garantizar la apropiación y el acaparamiento territorial, bajo el modo de “compra” de tierras abundantes en bienes naturales, muchas de estas sostenidas con un hipotético objetivo conservacionista, pone al Estado de manera explícita como subsidiario de, y al servicio de los intereses de las corporaciones extractivas. Este proceso, en que el Estado subsidiario del capital transnacional, cede de manera tácita el control de los territorios a manos de las compañías y de una estrategia de ocupación militar, desemboca en una exacerbación e intensificación de los conflictos territoriales, entre terratenientes, pueblos originarios y campesinos, entre las empresas transnacionales y las comunidades.

En el Mato Grosso del Sur, una área importante e histórica de resistencia de los pueblos Guaraní-Kaiowá, los empresarios del agronegócio llevan a cabo el genocidio de esta población indígena que lucha por la demarcación de sus tierras. El último 11 de julio de 2.016, en el marco del asesinato del líder indígena Semião Fernandes Vilhalva, los empresarios del agronegócio mencionaron el SAG como causa del conflicto, en contra los indígenas que buscan rescatar sus tierras ancestrales.

El SAG tiene casi 1.200.000 kilómetros cuadrados de extensión; se calcula que su cuenca cuenta con entre el 42 y el 45 % de las reservas de agua dulce del mundo. La población que vive sobre él, constituye solo el 7% del total mundial, mientras la mayoría de los países desarrollados, tienen las cuencas de sus ríos contaminadas, además de enfrentar una desertificación progresiva en sus territorios.

El Ministerio de Protección del Medio Ambiente de China reveló que un 57,3% de las agua subterráneas en 193 ciudades tienen una calificación de malas o muy malas, así como el 30% de los ríos. El río Mississippi, en los Estados Unidos, representa una de las vías navegables más importantes, con una extensión de 3.782 kilómetros, pasando por 10 estados en su recorrido. En su rivera se encuentran numerosos centros industriales y agrícolas; ejemplo de ello es que el 78 % de las explotaciones de cereales y de soja que se encuentran en gran parte de su extensión.

El surgimiento del neo extractivismo itinerante, como uno de los modelos de acumulación capitalista, marca un nuevo momento de la historia geopolítica y económica del mundo. La súper explotación gana un nuevo ropaje y el liberalismo más ortodoxo pasa a ser considerado un mal menor para muchos actores internacionales, incluidos los latinoamericanos, frente al neoliberalismo más crudo. Este nuevo período abierto en la región, claramente viene a crear un cerco sobre nuestros territorios, ricos en bienes naturales, críticos y estratégicos. El SAG es uno de los tantos objetivos imperialistas.

Notas:

1-http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/07/12/sustancioso-informe-sobre-la-instalacion-de-bases-militares-yanquis-en-argentina/

2- http://www.lanacion.com.ar/1966718-acuerdo-de-cooperacion-militar-con-la-guardia-nacional-de-eeuu