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Acuerdo pandémico

Foto: Verónica Raffaelli

Por Marcela González Marcos

En el día de ayer,  en lo que ya se ha convertido en la jornada 25A, cientos de personas se concentraron en las inmediaciones de la Embajada de la República Popular China para repudiar  el “Acuerdo Porcino”.

Hace pocas semanas, desde Virginia Bolten, desarrollamos una investigación acerca de los fines de las centrales nucleares y el interés de China en financiar la instalación de una cuarta planta en el territorio denominado Argentina.

Pues no es sólo esta la apuesta que pretende hacer el gigante asiático en el territorio. Como ya es de público conocimiento, existe un borrador del memorándum de entendimiento entre ambos países para la futura instalación de granjas porcinas, que exportarían unas 900.000 toneladas de carne por año a Beijing y también a otros países del sudeste asiático.

Se estima que se instalarían en una primera etapa unas 25 granjas, de 12500 cerdos cada una, para satisfacer la creciente demanda de esta carne en China. Cada granja sería una instalación integrada, desde el procesamiento de granos para alimentación animal hasta la cría de cerdos, matadero y envasado.

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Vale recordar que dicho país sufrió un brote de Peste Porcina Africana (PPA). Este virus, por cierto contagioso, afecta a los cerdos alterando de muchas formas su vitalidad. Para evitar su propagación en ese país, se estima que se habrían sacrificado aproximadamente entre 180 y 250 millones de cerdos (quemándolos o enterrándolos vivos), lo que disminuyó la producción entre un 20% y 50 %.

La firma del acuerdo estaba pautada para fin del año 2020, pero fue demorada hasta septiembre por un agregado de último momento: cuestionamientos de organizaciones sociales y ambientalistas.

Sin embargo, con o sin memorándum, el proyecto ya fue iniciado en la provincia de Chaco, donde el gobernador Jorge Capitanich firmó un acuerdo con la empresa de capitales chino-argentinos Feng Tian Food, a través del cual se buscarán inversiones chinas para instalar 3 plantas productoras de carne de cerdo.

Foto: Verónica Raffaelli

Argentina es el cuarto país en el que más ha invertido China en América Latina en la última década, luego de Venezuela, Brasil y Ecuador. Y todas estas negociaciones se han dado en el marco de la pandemia y la nítida diplomacia de las vacunas que desplegó el país asiático en el mundo para combatir el Covid.

Por su parte, agrupaciones ambientalistas, defensoras de animales, así como personas investigadoras y científicas, han dado a conocer las consecuencias que generarían estas factorías.

En principio, hablamos de un proyecto que no ha sido consultado a la población, ni del cual se ha brindado información pertinente a la sociedad. Poniendo en duda las formas mediante las que se aprobaría e implementaría, tal como sucedió con la introducción de soja transgénica allá por el año 1996, en combinación con los agrotóxicos necesarios para su crecimiento.

Por otro lado, es importante cuestionar el mito de que estas mega granjas generarían muchos puestos de trabajo, mejorando el déficit laboral y la crisis económica que atraviesa el territorio argentino. Y es mito ya que hablamos de un modelo industrial, con capital intensivo y sus números en puestos de trabajo son exagerados con un motivo elocuente.

Foto: Verónica Raffaelli

Asimismo, el impacto socioambiental también será contundente. Criar este número importante de cerdos requiere de gran cantidad de agua, por lo que la ubicación de las granjas estará en cercanía a lugares habitados, con todo lo que ello implica: contaminación, olor, y consumo de agua.

A esto debemos agregar que estos animales demandarán más soja transgénica como alimento, lo que implica seguir con el circuito de deforestación y siembra con agrotóxicos -que hoy ocupa un 60% de la tierra cultivable- dando lugar a un aumento de enfermedades, despojo de tierras a la población que las habitan, desbordes de ríos y futuras enfermedades generadas en estas granjas de hacinamiento, que a su vez debido al uso de antibióticos, culminará en una resistencia bacteriana, y serán estas nuevos focos de contaminación y pandemias.

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Por último, dejar en evidencia y poner en reflexión las formas en las que una y otra vez se argumenta salir de las crisis, sin tener en consideración los impactos ecosistémicos a largo plazo. Ejemplos nos sobran. Vaca Muerta y la introducción de Soja transgénica son dos modelos elocuentes, que además de responder a un sistema económico extractivista con intereses de los grandes capitales, han generado un sinfín de cambios e impactos atroces en la población, como son los numerosos sismos que se han registrado en la región de Vaca Muerta, el aumento de la prostitución, la falta de inversión en fuentes de trabajo, desaparición de pequeños productores, así como los impactos ya conocidos del modelo transgénico: contaminación por Glifosato (Bayer-Monsanto) de aguas, ríos y población aledaña, malformaciones, aumento de cáncer y expulsión de poblaciones originarias para avanzar con la frontera agropecuaria.

Seguir respondiendo al modelo capitalista-extractivista y en este caso agroindustrial, no nos sacará de la crisis, muy por el contrario.

Comprender que estas industrias responden a grandes empresas (extranjeras), que poco o nada dejan en el territorio, y van a contramano de una soberanía alimentaria que garantice una inversión en la producción local, en las economías regionales con alimentos sanos, y agroecológicos, es hoy fundamental.

Ni en septiembre ni nunca. Ni chinas ni de ninguna parte.

¡No a las megagranjas!

Foto: Verónica Raffaelli
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Costanera para pocos

Foto: Verónica Raffaelli

Por Verónica Raffaelli

El 19 de agosto la Legislatura Porteña, con los votos del PRO, UCR, Socialismo y Coalición Cívica, aprobó en primera lectura el proyecto inmobiliario impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Grupo IRSA, llamado Costa Urbana.

Como informó el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la votación se realizó violando la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú, por no haber convocado a audiencia pública previa a ese tratamiento legislativo y no haber realizado la evaluación de impacto ambiental correspondiente, sumado a que se votó el proyecto de ley con la mayoría absoluta (la mitad + 1) cuando corresponde que se vote con la mayoría agravada de los ⅔ (40 votos).

El proyecto Costa Urbana surge de la posibilidad que el GCBA le otorgó a IRSA de construir decenas de torres de 145 metros de altura y aproximadamente 900 mil metros cuadrados en la Costanera Sur, que destruirían el humedal costanero. Las torres se destinarán principalmente a viviendas de lujo pero también a comercios, shoppings y hoteles, alcanzando una superficie total construida de 24 hectáreas.

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Paradójicamente, esto sucedió en una semana donde se produjeron nuevos incendios en la provincia de Córdoba, una gran movilización hacia el Congreso en reclamo de la sanción de una Ley de Humedales y la mediática “invasión” de carpinchos en Nordelta.

La aprobación también se produjo a pocas semanas de conocerse el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU. En este se advirtió sobre un impacto irreversible, pronosticándose para los próximos años escasez de agua, hambre, enfermedades, extinción de especies, éxodos y ciudades sumergidas por la crecida de los océanos.

Una catástrofe ambiental que no reviste nada de casual sino que es producto de siglos de capitalismo, extractivismo y colonialismo, a costa de la expoliación de nuestras poblaciones, territorios y recursos naturales.

Situación a la que los gobiernos de turno responden con más cemento, destrucción de la flora y la fauna autóctona, mayor contaminación y aumento de la brecha social.

Foto: Verónica Raffelli

Para entender el entramado de poder entre dirigencia política y empresarial detrás del otorgamiento y aprobación de estos negocios, como hemos investigado en un caso de iguales características en la Provincia de Santa Fe, basta con conocer algunos datos.

El 20 de julio de 2021 se firmó un convenio urbanístico, entre IRSA y el GCBA, por el cual se le otorgó a esta empresa la excepción para poder construir un nuevo Puerto Madero.

Los terrenos, que en la zonificación figuraban como “Villa Soldati”, IRSA los compró a 51 millones de dólares, a sabiendas de que a partir de la firma del convenio urbanístico el valor del suelo se multiplicaría 32 veces como mínimo.

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Asistimos nuevamente a otro caso más de especulación inmobiliaria, en un territorio donde miles de familias tienen la calle como hogar y donde otras tantas miles no pueden acceder a una vivienda, teniendo que pagar alquileres que cada vez son más inaccesibles. Costa Urbana es un proyecto que en ningún caso apunta al acceso a la vivienda de las clases populares ni a solucionar el déficit de habitacional, sino que solo aspira a llenar los bolsillos de quienes se enriquecen con las burbujas inmobiliarias.

Para comprender un poco más cómo es que funciona el negocio inmobiliario, nos basta con saber que Eduardo Elsztain, el dueño de IRSA – empresa dedicada a la construcción-, es el mismo dueño del Banco Hipotecario, único banco autorizado a otorgar los créditos del Plan Procrear, que a su vez es la única política pública existente, completamente limitada y sectorizada, que posee hoy el estado argentino para el acceso a la vivienda.

Desde Virginia Bolten, ya hace tiempo venimos investigando e informando acerca de los negociados y empresas de Eduardo Elsztain, que posee participación en empresas que operan en territorios palestinos ocupados  y que  instalan misiles en las Islas Malvinas.

IRSA, y en mayor medida, Euardo Elztain (a través de otras empresas que están a su nombre, como la Austral Gold, el Banco Hipotecario, Cresud, Alto Palermo SA, etc.) viene desarrollando negocios con todos los niveles de poder, nacionales y provinciales, así como con todos los sectores políticos (Juntos por el Cambio, peronismo, kirchnerismo).

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A causa del peligro que supone la efectiva realización de este proyecto, dado su impacto socio-ambiental, una multitud se movilizó el pasado domingo 22, en protesta por la aprobación que otorgó la Legislatura Porteña y en reclamo de una Costanera verde y pública para toda la ciudadanía.

Foto: Verónica Raffaelli

La acción, una enorme bicicleteada, se inició en las puertas del Congreso y recorrió varios puntos, como el Obelisco y Plaza de Mayo, para terminar sobre la entrada Sur de la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, que forma parte de los humedales donde se pretende construir.

Foto: Verónica Raffaelli
 
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Medioambiente y negociados: la trama política detrás de las obras de la UNL

Gentileza de @comunidad.por.la.naturaleza

Por Verónica Raffaelli

Un mes atrás, en la Ciudad de Santa Fe, comenzaron las obras de un nuevo edificio de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en la zona de la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria (RECU), que como tal, es un área protegida.

“El Aulario Común Costanera Este” (así se denomina el proyecto) fue presentado a la comunidad santafesina como una “obra de arquitectura sustentable que relaciona la naturaleza, la educación y la cultura con nuevos espacios para el desarrollo escolar, científico y académico”, según palabras del Rector Enrique Mammarella.

Al acto adjudicatario de las obras asistieron el Gobernador Omar Perotti; el Intendente Emilio Jatón; el Secretario Nacional de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación Jaime Perczyk (de manera virtual), autoridades y funcionarixs de la UNL y el Ing. Julio Allaio, Presidente de Coemyc SA (empresa que resultó ganadora).

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Dicho encuentro evidencia que el entramado que está  detrás de la realización de esta obra lo constituyen fuerzas políticas partidarias de todos los colores y por organismos de todos los niveles de poder, tanto nacionales, provinciales como municipales.

De hecho, el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Jaime Perczyk, aseguró que “es (…) trascedente para la política pública, garantizar trabajo a las empresas constructoras, a los trabajadores, (…) es una señal hacia el sistema educativo y hacia el sistema universitario, que en el medio de este desastre que estamos viviendo haya obras de aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres (…), habla de un gobierno que quiere abrazar a las universidades, que cree que son parte del desarrollo nacional, que son parte de la Argentina que está peleando con la pandemia”.

La coincidencia en el discurso de Mamarella y Perczyk forma parte de la estrategia de  los sectores de poder  de mostrar la “cara amable” de este proyecto, intentando presentarlo como respetuoso de las condiciones naturales del entorno. La insistencia en resaltar que  cuenta con todas las certificaciones ambientales provinciales y municipales y que está actualizado bajo los parámetros del “Manual de Arquitectura Sustentable”, va en la misma línea.

DESARMANDO EL RELATO: UN ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

“El Aulario Común Costanera Este”, cuyo edificio contará con un Salón de Usos Múltiples, 22 aulas para educación inicial, primaria, media, grado y posgrado universitario, 3 talleres y una biblioteca, fue categorizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia como una obra de bajo impacto ambiental. En relación a esto, cabe aclarar que no se ha realizado el necesario estudio de impacto ambiental para dicha categorización.

De acuerdo al análisis elaborado por el colectivo “Comunidad por la naturaleza” (integrado por organizaciones sociales y ambientales; profesionales, investigadorxs, docentes y estudiantes -muchos de ellxs pertenecientes a la UNL o que han pasado por la UNL- y  ciudadanxs en general) el impacto de la obra no es bajo, sino que es alto, por varios motivos:

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-Implica el desmonte de, al menos, 3,5 has. de ambiente natural, hogar de lo que representa aproximadamente el 45% de la flora del valle del río Paraná y hogar de más de 200 especies de aves, que representan el 50% de las aves de la provincia de Santa Fe, incluyendo al menos 3 especies amenazadas (tachurí canela, aguilucho alas largas y canastero enano).

– La reducción del hábitat natural implica el desplazamiento de animales en busca de refugios alternativos. Algunos de ellos se establecerán en edificaciones de los sectores más urbanos de la ciudad, como por ejemplo, los murciélagos que buscan refugio en los techos y persianas de edificios. Esta situación aumenta el contacto con posibles reservorios de virus y bacterias aumentando el riesgo de enfermedades zoonóticas.

– El funcionamiento de los diferentes niveles implica que las instalaciones se utilicen todos los días (excepto el domingo) y probablemente de 8 a 22hs. Esto implica la presencia, entrada y salida de miles de personas que transitarán por el lugar.

– Se producirán efluentes cloacales que para ser evacuados requieren de una conexión con la red cloacal. La cañería que brindará los servicios de agua, desagües y cloacas, atravesará 150 metros de la Reserva Ecológica implicando más daño aún al interior de la misma.

– Aumentará el nivel de contaminación sonora y lumínica en el sector perturbando la tranquilidad del lugar para la fauna y las personas.

– Aumentará el número de kioscos, carribares, y restoranes para vender comida a estudiantes y docentes que utilicen esas aulas, incrementando la contaminación de basura, que podría también alterar el equilibrio de la fauna.

– Aumentará la presencia de ratas, perros y gatos en la zona, lo que acrecentará la depredación sobre la fauna de la reserva.

-Se producirá un mayor nivel de tránsito por la costanera, incluyendo transporte público.

Gentileza @comunidad.por.la.naturaleza

UNA ALIANZA EN POS DEL NEGOCIO Y LA CARRERA POLÍTICA

¿Cuál es, entonces, el verdadero interés detrás del aulario? ¿Por qué coinciden en su aprobación y construcción lo que desde el discurso político se enuncia como oficialismo y oposición?

Para empezar debemos tener en cuenta que el edificio a construir conlleva una inversión de $239.778.129,60. El dinero llega por intermedio del Ministerio de Obras Públicas que, en conjunto con el Ministerio de Educación, impulsan el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, a través de un convenio del Gobierno Nacional con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF-Corporación Andina de Fomento). 

En lo que concierne a la UNL podemos decir, que como de casi todas las universidades tradicionales del Centro Argentino  (característica que no escapa a la UBA), que es un histórico bastión del radicalismo, gobierne quien gobierne a nivel nacional o provincial.

La gestión de la UNL, enquistada hace más de 40 años, responde a este espacio político y ya hace tiempo conforma la pata radical de Juntos por el Cambio (en el actual contexto electoral, la gestión de Mamarella apoya a Rodríguez Larreta en la interna de este frente). En este sentido,  la inyección de dinero para el “aulario” está relacionada con la financiación de la campaña para el retorno al poder a nivel nacional de esta fuerza política partidaria.

La UNL, además,  ha sido utilizada históricamente por los cuadros partidarios como trampolín hacia cargos de la política clásica (caso Estorero, Barletta, por ejemplo), como en el senado, intendencia, etc.

Los cargos en la universidad, al mejor estilo feudal, se van heredando y en esto juega un importante rol la presencia muy fuerte, en todos los estamentos, de la Franja Morada que, como brazo estudiantil del radicalismo, opera como apoyo encubierto (y no tanto) de las gestiones de turno.

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La connivencia de fuerzas políticas en teoría “opositoras” en este desguace ambiental está más que a la vista. A este entramado  se suman medios de comunicación que  lavan la cara a este tipo de proyectos -como el diario “El Litoral”[1]-, jueces que lo autorizan y la propia empresa ganadora de la licitación (que ya ha ganado otras obras de la UNL). También cabría mencionar el rol de la “Fundación Hábitat”, que mediante este convenio se asegura una gran suma de dinero para  el “mantenimiento de la reserva”[2].

En cuanto a los intereses económicos, que atañen a todos estos sectores mencionados, es importante resaltar que la UNL, a pesar de su discurso ambientalista[3], es pionera en el desarrollo de transgénicos (el polémico trigo HB4, por ejemplo) y que actualmente el tema de la trasferencia y vinculación tecnológica[4] es lo que más peso político tiene en la institución dado las abultadas sumas de dinero que entran por esa vía.

En conclusión, si bien hay un uso político partidario en cuanto al aulario y al dinero habilitado para la construcción del mismo, esto no reviste motivo para una confrontación entre la gestión de la universidad (radicalismo/Juntos por el Cambio) y los poderes provinciales (peronismo en diálogo con algunos sectores del kirchnerismo y la burocracia sindical) y nacionales (Frente de Todos), dado el acuerdo de todos estos espacios en relación al sistema productivo ( en especial la agroindustria biotecnológica) y las políticas desarrollistas y extractivistas; que precisamente no tienen nada de sustentable, al igual que la obra del aulario.

Aun bajo este panorama desalentador, diversos sectores de la sociedad civil santafesina nucleados en el colectivo “Comunidad por la Naturaleza”, que se resisten al avasallamiento de sus derechos, presentaron el día 6 de julio una nota ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Juan Cabandié,  solicitando que intime a la UNL a cesar con las obras y al homónimo Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia a que revea y recategorice el nivel de impacto ambiental de dicha obra.

Aguilucho de alas largas
Tachurí canela
Canastero enano

[1] https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/306256-rechazo-y-razon-a-la-construccion-de-un-aulario-de-la-unl-en-la-costanera-este-todas-las-voces-area-metropolitana-todas-las-voces.html

[2] La Fundación Habitat recibe financiamiento de corporaciones como Hewlett Packard, Bank Boston o Nestlé, entre otras.

[3] El programa UNL Verde forma parte del greenwashing.

[4] CETRI (Centro para la Transferencia de los Resultados de la Investigación), a partir del cual muchas facultades realizan servicios tecnológicos a terceros (empresas y sector productivo).

 
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Centrales nucleares: una amenaza silenciosa continúa creciendo

Foto: Verónica Raffaelli

Por Marcela González Marcos

En los últimos días, se dio a conocer un avance en las negociaciones para la construcción e instalación de una nueva central nuclear —con fondos e inversión China— donde mediante reunión virtual estuvieron el secretario de Energía, Darío Martínez, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja y el director de Nucleoeléctrica Argentina, Isidro Baschar, con directivos de la Agencia Nacional de Energía de China (NEA) y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC).

Sin embargo, también se supo que Rusia intenta hacer presencia fuerte en argentina, impulsando la construcción de una central flotante con fondos rusos, aprovechando la extensa plataforma marina que posee el territorio, y con el actual respaldo de la vacuna Sputnik V.

Esto ratifica la insistencia de los gobiernos en este territorio de seguir apostándole a lo nuclear como salida a las necesidades energéticas, pero a su vez, a lavar la cara a una industria que amenaza al medioambiente y a la humanidad. A continuación, se explican las amenazas que trae este pronunciamiento.

La ley 25022,  sancionada en el año 1998, aprueba la total prohibición de ensayos nucleares a nivel mundial,  adoptada a partir de la recomendación de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, fue necesario el tratado de prohibición de armas nucleares, cuyo acuerdo internacional se realizó en el año 2017, que prohíbe el desarrollo, producción y almacenamiento de armamento nuclear con miras a su total eliminación.

Para su entrada en vigor, fue ratificado por 50 países en octubre de 2020, lo necesario para convertirlo en ley internacional, que tendría vigencia a partir del 22 de enero del año 2021. Lo preocupante es que dicho acuerdo no ha sido firmado por las potencias atómicas: Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos. Y según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), se calcula que estos cinco países, junto con India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, poseen un arsenal de 13.400 armas nucleares. Así como tampoco fue ratificado por ciertos países miembros de la OTAN.

Para  la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), este tipo de actividades sigue proliferando en países como Bélgica, Alemania, Países Bajos, Italia y Turquía, albergando entre todas, alrededor de 150 armas nucleares estadounidenses. 

Existen actualmente alrededor de 440 centrales nucleares en todo el mundo, y están camino a construcción 50 más, en países como China, India, Pakistán, Bangladesh, Bielorrusia, Turquía y Emiratos Árabes.

Pese a la actual pandemia de covid-19, las nueve naciones nucleares del planeta aumentaron en 2020 el gasto en arsenales de armas atómicas a 1.400 millones de dólares, revela un nuevo informe también de (ICAN). Según el documento, publicado este lunes, las nueve potencias gastaron el año pasado un total de 72.600 millones de dólares en sus armas nucleares.

América Latina, en particular, viene desarrollando un papel importante avalando la prohibición de armas nucleares en toda la región, y varios de esos países han firmado el tratado internacional. Pero en el caso del territorio denominado Argentina, decidió no suscribir al último acuerdo.

El territorio cuenta ya con la Central Nuclear Atucha I que aporta energía desde 1974, situada en la localidad de Lima, partido de Zárate. La Central Nuclear Atucha II es una nucleoeléctrica con una potencia bruta de 745 MW, a base de uranio natural y agua pesada, y está situada en el mismo complejo que Atucha I. Y la Central Nuclear Embalse se encuentra situada en la costa sur del Embalse del Río Tercero, provincia de Córdoba, a 665 msnm., siendo de tipo CANDU (Canadian Uranium Deuterium), y pertenece al tipo de centrales de tubos de presión, que utiliza como combustible el uranio natural y su refrigerante y moderador es el agua pesada.

Repasando, allá por el año 2015, y durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cabe recordar, se aprobó mediante un convenio, la instalación de dos centrales nucleares más: proyecto Atucha III con una tecnología canadiense, y otra con tecnología china.

El acuerdo nuclear está en línea con la “alianza estratégica integral” firmada entre Argentina y China. Durante dicho gobierno, los dos países firmaron más de 20 tratados. El proyecto Atucha III contempla la construcción de una central nuclear de tecnología china, Hualong que se trata de un reactor de 1.200 MW que permitiría sostener la capacidad instalada de origen nuclear en la matriz energética, y se ubicaría en el Complejo Nuclear Atucha situado en la localidad de Lima, Provincia de Buenos Aires.

Más tarde durante el año 2018 —ya con la presidencia de Mauricio Macri— en la cumbre del G20, Argentina y Rusia firmaron un documento estratégico de colaboración en el uso de energía nuclear, el mismo incluyó la posibilidad de construir una central nuclear flotante y otra de alta potencia.

Pero fuera del debate si es con fondos chinos o rusos, existe otro del cual se habla poco, que es acerca de los verdaderos fines de las centrales nucleares, sus impactos socio-ambientales y la amenaza escalofriante que representa.

Existe un discurso, sobre la supuesta importancia de las centrales como proveedoras de energía, así como también por ser consideradas como “seguras y baratas”. Pero, ¿es realmente esto así?

La tecnología pacífica y la tecnología militar son en verdad la misma cosa, es decir, se construyen centrales nucleares que producen electricidad, para luego fabricar bombas, como explica el economista Antonio Brailovsky.

La materia prima para la fabricación de las mismas es el plutonio (utilizado para recubrir todo tipo de munición), elemento que no se encuentra en la naturaleza, y que sólo se genera en las centrales eléctricas nucleares, quemando el combustible de las mismas (reprocesamiento). Y es por ello, que se sustenta con el gran apoyo financiero, por parte de ciertos gobiernos.

Un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA) muestra que en 2008 a nivel mundial, “la fisión y fusión nuclear atrajo el 40% del presupuesto gubernamental destinado a investigación y desarrollo de energías (78% del cual fue destinado a reactores de fisión tradicionales)”. Para el caso de argentina, entre 2003 y 2014, se invirtieron en el país más de U$S 11.000 millones en materia nuclear. Pero, ¿por qué no se invierte eso mismo en energías renovables?

Y lo cierto es que —tal como lo ha expresado la revista francesa ”Mundo Científico”— todos los países que dominan esta tecnología disponen, aunque sea a nivel laboratorio, de los medios para fabricar armamento nuclear. Y la historia nos da ejemplos de ello, países que comenzaron con el mismo discurso “pacífico” pero que, en cuanto tuvieron las condiciones políticas, detonaron las primeras bombas (Antonio Brailovsky).

Entonces, sabiendo que existen otras formas de generar energía, menos peligrosas como las renovables, es evidente porqué se sigue destinando presupuestos irrisorios para tal fin.

Impactos y consecuencias

Además de la amenaza bélica que representa la construcción de centrales nucleares, existen otros riesgos de los que poco se habla. Tal es así los ya conocidos accidentes nucleares con pérdidas de radiactividad al exterior, como fue el caso de: Francia (1969), Estados Unidos (1979), Ucrania, Chernóbil (1986) el mayor accidente conocido, Japón (1999), Estados Unidos (2000).

Las centrales nucleares en funcionamiento normal (como Atucha) descargan radionucleidos al ambiente, el más significativo es el tritio, y se han detectado en algunas muestras de sedimentos y de suelos, trazas de cobalto-60, un producto de activación formado principalmente en el viejo reactor.

Debemos hablar también de impactos por contaminación con uranio de aguas, ríos y napas subterráneas, acumulación de residuos tóxicos, basureros nucleares, enterramiento de plutonio, que conlleva a enfermedades cancerígenas, malformaciones, infertilidad, problemas neurológicos, mutación de especies animales, hacia la población circundante.

Y no olvidemos tampoco que otra pieza aquí fundamental es la minería de uranio, que cumple una función importante para poder armar las barras de combustibles para los reactores y generar así el subproducto de plutonio. Por lo que la fuerte y constante presencia de este tipo de minería en territorio sudamericano tiene su elocuente motivo.

Por último y como dato no menor, una central atómica tiene una vida útil de unos 30 años, la cual luego se convierte en un gran basurero radiactivo. Sumado a la enorme cantidad de agua que se requiere, y por lo tanto a su ubicación en lugares estratégicos, de gran presencia poblacional, generan una verdadera amenaza que parecen no contemplar los gobiernos.

Pero paradójicamente desmantelar una central nuclear es mucho más costoso que instalarla, por lo que destinar presupuesto a ello, tampoco está en la agenda.

Fuentes:

Antonio Brailovsky, Esta, nuestra única tierra (2009). Ed. Maipue

Movimiento Antinuclear Zárate y Campana

 
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Medioambiente: deuda y transición ecotóxica

Foto: Verónica Rafaelli

Vanessa Dourado 

 El debate sobre emergencia climática y ecológica, sumada a la sanitaria, está en la agenda de gobiernos de todo el mundo y, finalmente, se volvió hegemónica. Los nítidos efectos del cambio climático sumado a la pandemia —que también está íntimamente relacionada con la destrucción masiva de los ecosistemas por su carácter reconocidamente zoonótico— interpelan a todos los sectores de la sociedad sobre la necesidad de dar una respuesta urgente. Que la misma sea capaz de reducir los impactos venideros que no solo afectarán a los históricamente perjudicados; los pueblos de los territorios del Sur Global, sino que también significa perjudicar a los grandes negocios que garantizan el funcionamiento del sistema capitalista y su modelo de producción, distribución y consumo. La era pós-fósil llegó y con ella se abren, por otro lado, los debates sobre las transiciones hacia la economía verde. 

Un sinfín de propuestas verdes proliferan y tienen marcadas diferencias de forma y contenido que, sin embargo, repiten una misma fórmula; por un lado están los países del Norte buscando no perder su lugar como protagonistas y detentores de las soluciones para imponerlas al resto del mundo, esto combinado con el poder corporativo, por otro están las mayorías sociales que buscan disputar un proyecto que garantice otro modelo de sistema que ponga la vida en el centro de la discusión. 

La apuesta de los sectores que buscan salir de la crisis reforzando el modelo económico y de mercado es la implementación masiva de tecnologías verdes y digitales. Esa economía moderna, competitiva y eficiente en recursos donde no haya emisiones netas de carbono en 2050 —como lo sugerido por la Comisión Europea—, sin embargo, inaugura un proceso de externalización de los procesos industriales hacia los países que con menor capacidad tecnológica que, y más allá de ser más vulnerables ante los impactos devastadores de la crisis, son los que tienden a la desregulación y a brindar mano de obra barata e/o informal, exacerbando aún más la desigualdad entre el Norte y el Sur. 

El afán por digitalizar todos los procesos productivos, al contrario de lo que se dice, poco tiene que ver con la preservación del medioambiente, sino que busca garantizar el liderazgo de aquellos que detentan el poder sobre esas tecnologías. El consumo de energía de la economía digitalizada es altísimo y tiende a crecer a la medida que se impone como única forma de inclusión al mundo globalizado. Asimismo, estas tecnologías dependen de la extracción de litio, cobalto, cobre, alumínio y otros elementos que transforman, una vez más, los territorios del Sur en zonas de sacrificio y que dan continuidad a una cultura extractivista y colonialista que mira hacia estos territorios como meros proveedores de materias primas.

Las grandes discusiones que se dan en torno de la transición, urgente y necesaria para garantizar la vida en el Planeta, proponen una ayuda a los países vulnerables, pero en ningún momento hablan desde una perspectiva de justicia climática —teniendo en cuenta que los países del Norte son los grandes responsables por el actual estado de cosas— sino que diseñan un futuro donde la deuda verde condenará los dichos subdesarrollados a la entrega de sus territorios en nombre del futuro sustentable. Ese escenario de injusticia se suma a proyectos que buscan cercenar las resistencias y también deslegitimar las alternativas propuestas por las comunidades campesinas, indígenas y los movimientos sociales. 

Cuando el tema es tan sensible como la alimentación —asunto curiosamente poco debatido entre los tomadores de decisión—, lo que se nota es una aceptación acrítica de los modelos contaminantes que son llevados a cabo por las grandes corporaciones productoras de agrotóxicos. Más allá de los conocidos efectos negativos de la agricultura industrial y su contribución a los procesos de desertificación y contaminación y, por ende, de profundización del cambio climático, su uso combinado con procesos de automatización de todos los segmentos de la producción busca reemplazar los saberes históricos de la agricultura, en el sentido original del término. Proyectos como el Ag-Tech y el Ag-One, propuesto por Bill Gates, son nítidos ejemplos de cómo las empresas y organizaciones dichas filantrópicas, además de imponer un modelo de transición 4.0, se esfuerzan en destruir la posibilidad de reproducción, transmisión y propagación de alternativas a los modelos de producción hegemónicos.

Esta batalla desigual se ve concretamente reflejada cuando los Estados compran las soluciones que tienen por objetivo beneficiar a unos pocos en detrimento de las mayorías. En el territorio denominado Argentina, que más consume agrotóxicos por habitante —12 litros cada año— en el mundo, se aprobó el primer caso de trigo transgénico a nivel mundial. El Trigo HB4 es resistente a sequías y su producción está directamente relacionada con su capacidad de aumento de productividad frente a circunstancias de estrés hídrico, cada vez más comunes como consecuencia del cambio climático y del uso irracional de los recursos. Sin embargo, este organismo genéticamente modificado también es tolerante al Glufosinato de Amonio, un poderoso agrotóxico que, según la FAO, es 15 veces más tóxico que el Glifosato. Pese a todas las advertencias de personas expertas acerca de los riesgos involucrados, el Estado argentino busca poner en marcha la producción apenas sea aprobada su importación en Brasil, mayor importador del commodity. 

Tales evidencias demuestran que la transición pensada desde los Estados y corporaciones está lejos de ser la deseable, justa y sana, para garantizar una salida posible a los retos que se imponen para los próximos años y que serán determinantes en la construcción de un mundo habitable. Mientras tanto, las voces de las mayorías siguen gritando por justicia ambiental acompañada de justicia social y económica que sea capaz de romper con las estructuras coloniales, patriarcales y racistas que sostienen este sistema y su máquina necromercantilizadora. 

Fuentes: 

SHIVA, Vandana; ANILKUMAR, Prerna y AHLUWALIA, Urvee.  Ag One: Recolonisation of Agriculture 

PÉREZ, Alfons. Pactos Verdes en Tiempos de Pandemias

De trigo, transgénicos y herbicidas. Un modelo de agricultura que profundiza la inequidad y daña al ambiente.

 
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Argentina: consulta popular por el agua

Foto: Verónica Raffaelli

Por Vanessa Dourado y Mariano Sánchez Toranzo

El pasado 22 de abril, Día de la Tierra, se lanzó la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida. La actividad fue transmitida en línea con casi mil participantes y acompañada por un pequeño grupo de personas reunidas frente al Congreso de la Nación.

La iniciativa, que cuenta con la participación de decenas de organizaciones de varias provincias argentinas, nació con el objetivo de interpelar a los más variados sectores de la sociedad acerca de la importancia de defender el agua como un bien esencial para garantizar la vida en el Planeta, según relata el texto de la convocatoria. La campaña se da en un contexto de elecciones legislativas en el país, donde el 24 de octubre serán elegidos los y las representantes de la cámara baja y la cámara alta.

Con la consigna “La Otra Campaña” el colectivo cree que los partidos que últimamente se alternan en el gobierno tienen el extractivismo como política de Estado y no plantean alternativas ni transiciones hacia la búsqueda de la justicia socio-ambiental. Con lo cual se hace necesaria una consulta popular para proteger el agua como elemento vital para garantizar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.

En la actividad participaron personalidades reconocidas del medio artístico argentino como Katja Alemann, Elena Rogers, Mirta Busnelli, Natalia Juncos y Elvira Onetto. Las actrices forman parte de una colectiva que se organizó a partir de una carta a favor de la legalización del aborto en marzo de 2018, junto a más 400 compañeras de profesión. Desde entonces, la organización ha militado por la igualdad de derechos y contra el abuso sexual y violencia de género junto al acompañamiento de sus víctimas. Entre las muchas comisiones organizativas que integran esta colectiva, se ha creado la comisión ecofeminista

También estuvo presente Nora Cortiñas, quien hizo memoria del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres y remarcó que el agua es una riqueza que tiene que ser defendida día a día. Además, la Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora, hizo una apelación para que se involucren, en la defensa del agua, las personas jóvenes y niñas.

La campaña está organizada en bloques temáticos que se desarrollarán durante todo el año, estos tienen por objeto dar debates colectivos sobre las actividades económicas que generan problemáticas que involucran el agua y su dimensión socio-ambiental. Más allá de la participación de personas expertas y asambleas territoriales para los tópicos propuestos, la campaña tendrá aportes de actores internacionales. Los colectivos esperan finalizar la campaña de concientización e información con un llamado a una consulta popular no vinculante y pretenden, para el año que viene, impulsar la presentación de un proyecto de Ley protector del agua en su más alto espectro, a través de una iniciativa popular para lo cual deberán juntar 500 mil firmas. 

En los últimos meses, se han dado protestas y conflictos por el agua en por lo menos tres provincias argentinas —a resaltar Chubut, Catamarca (Andalgalá) y Mendoza— donde se desea llevar a cabo proyectos corporativos que no tienen licencia social.

 
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La salud es prioridad nacional, mientras no seas de Andalgalá

Foto: Verónica Raffaelli

Por Carolina Acevedo y Vanessa Dourado 

El último 22 de marzo, Día Mundial del Agua, el pueblo de Andalgalá, de la provincia de Catamarca localizada en el Norte de Argentina, inició bloqueos selectivos en las rutas que dan acceso a la zona del Nevado de Aconquija, región donde hay glaciares y ambientes periglaciares, a fin de impedir que avancen las máquinas, empleados y proveedores de la empresa canadiense Yamana Gold. La empresa logró autorización del Ejecutivo provincial que encabeza Raúl Jali para perforar la cordillera y, por ende, dar seguimiento al proyecto MARA, una integración del proyecto Agua Rica con la planta de la Minera Alumbrera.  

El ejecutivo de Yamana —que tiene operaciones en Cerro Moro (Santa Cruz), Glencore en Aguilar (Jujuy) y Goldcorp en Cerro Negro (Santa Cruz)—, Peter Marrone, afirma que el emprendimento en Catamarca aprovecha la infraestructura existente,  mejora economicamente el proyecto y simplifica la concesión de permisos. 

En el año 2008, en Argentina, la diputada Marta Maffei presentó una ley con el objetivo de proteger los glaciares y el ambiente periglacial. La ley fue aprobada en 2010 y en el año 2011 se dio inicio el inventario de los glaciares del país. Los glaciares contienen casi 70% de la reserva de agua dulce disponible en el mundo.

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Los proyectos mineros a cielo abierto, vía de regla, consumen muchos millones de litros de agua, contaminan el agua, el aire y los suelos con una alta concentración de metales pesados y otros compuestos químicos necesarios para la extracción de minerales como Cobre, Oro y Molibdeno, que son explotados por esta empresa norteamericana en Catamarca. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una vasta literatura académica, la minería artesanal e industrial es una amenaza a la preservación de la calidad del agua dulce necesaria para el abastecimiento de agua potable, su uso recreativo y la producción de alimentos. También se relaciona a estas actividades un nivel considerable de exposición humana y graves problemas de salud pública.

El alto costo socioambiental y el impacto directo e indirecto sobre el bienestar y el derecho humano a un ambiente sano, hizo que un grupo de vecinos de Andalgalá, con poco más de 20 mil habitantes y cerca de 300 años de existencia, conformarse una Asamblea para denunciar y resistir a los proyectos mineros en la región. La Asamblea El Algarrobo se formó en 2010 y en ese mismo año, el gobierno de Catamarca reprimió brutalmente al pueblo con palos, bombas de gas lacrimógeno y balas de goma. Más de 150 personas fueron detenidas por el hecho de protestar. 

Ana Gloria Chayle, ciudadana andalgalense y miembro de la Asamblea El Algarrobo, relata que Andalgalá es territorio de resistencias y que las mujeres son las que están en la línea de frente de las distintas movilizaciones que se están dando desde esta primera represión en el año 2010. Ana cuenta que Las Mujeres del Silencio, grupo de mujeres andalgalenses, fueron golpeadas por las fuerzas represivas del municipio. A raiz de esto, se organizaron para salir todos los miércoles con las bocas vendadas y las manos atadas como una forma de denunciar y resistir a la represión y a la violación de los derechos de los pueblos y de la naturaleza. 

Chayle también habla de lo que llama “contaminación social”. Según la asambleísta, esta es una contaminación que atraviesa desde el momento cero a las poblaciones donde los proyectos extractivistas intentan instalarse. La ilusión de lograr un futuro mejor, dice ella, hace que las personas dejen de poner el bien común como prioridad y genera una división social que termina por beneficiar a las empresas y a unos pocos. 

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En un contexto de pandemia, Andalgalá está fuertemente militarizada a fin de garantizar el distanciamiento físico, sin embargo, no ha aumentado el contingente de personal de salud e insumos. Asimismo, este refuerzo policial se dio justo después del levantamiento popular, observa Ana Chayle.

La industria minera es una de las más rentables del mundo, sus ganancias han aumentado significativamente en los últimos años. En el año 2017, las 50 empresas más importantes del sector en la bolsa de valores sumaron 896.000 mil millones de dólares. Según el Banco Mundial, la minería es un motor clave para el desarrollo económico de los países dichos del tercer mundo y una oportunidad para el desarrollo territorial y el combate a las desigualdades. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Catamarca —donde los proyectos mineros funcionan desde el año 1997— es una de las provincias más pobres del NOA (Noroeste Argentino).

El 1 de mayo de 2019, el mismo Banco Mundial puso en marcha el Mecanismo para una Minería Climáticamente Inteligente, según el organismo, el primer fondo destinado a lograr una explotación de minerales climáticamente inteligente y sostenible. En abril de 2020, el presidente Alberto Fernández decretó la minería como servicio esencial. El 30 de julio de 2020 se llevó a cabo la primera reunión para la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, en esta ocasión Fernández dijo “vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable”. 

Mientras sale la publicación de la presente nota, activistas de la Asamblea El Algarrobo comunican que las fuerzas represivas de Catamarca, por orden de la fiscalía, están llevando detenidas a varias personas que están luchando por el agua en Andalgalá.

 
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Las guerras del agua; Egipto, Sudán y Etiopía

https://www.pietrangeli.com

German Romano

Hace varios años se viene alertando sobre las consecuencias del cambio climático, la privatización del agua y la falta de acceso a la misma como se ha expresado anteriormente en una Editorial de Virginia Bolten que titulaba: El agua y el derecho a la vida y la Fotogaleria: Verdurazo por el agua.

En la actualidad, en lugar de cooperación se está dando un importante conflicto entre tres de los 11 territorios que se encuentran dentro de la cuenca del mayor río africano, el rio Nilo. Esta compleja situación se da entre Egipto, Sudán y Etiopía.

El río Nilo, junto con el río Amazonas, es considerado uno de los más largos del mundo. Tiene dos fuentes principales: el Nilo Blanco que es cerca del 20% de la fuente del Nilo y el Nilo Azul que representa el 80%. Este último tiene su nacimiento en el Lago Tana  en Etiopía y fluye hacia el norte en dirección a Sudán y posteriormente a Egipto para luego desembocar en el mar Mediterráneo.

Etiopía está construyendo en el Nilo Azul la Gran Presa del Renacimiento Etíope, la más grande de África. Para dar una idea de la importancia de esta hidroeléctrica para el país, muchas personas trabajadoras donan parte de su sueldo para financiarla. No solicitar financiamiento externo fue una estrategia para que no haya posibles presiones por parte de Egipto que frenen su construcción.

Si bien el proyecto data de fines de la década del 50, no se hizo efectivo por el golpe militar y la guerra civil etíope. La represa comenzó su construcción en el año 2011, sin un acuerdo transfronterizo entre Sudán y Egipto. Sin embargo, en el año 2015 se firmó un acuerdo entre los gobiernos de estos territorios (dos dictaduras; Egipto y Sudán) en el que Etiopía se comprometía a no afectar la disponibilidad de agua a Sudán y Egipto.

A pesar de este acuerdo, cuando Etiopía comenzó el llenado del embalse construido, del tamaño de 2 a 3 veces el lago Tana, se intensificó el conflicto con Egipto y Sudán. Es importante destacar que en este último, en el año 2019, el gobierno dictatorial de Omar Hasán Ahmad al Bashir, quien gobernó durante 30 años, fue derrocado por masivas protestas civiles. El nuevo gobierno de transición cambió de posición respecto a muchas de las políticas de Omar al Bashir, entre ellas un acercamiento a Egipto y Occidente. 

La postura de Egipto es histórica respecto del uso del agua del Nilo, ya que fue crucial para su población desde la antigua civilización egipcia.  Desde el año 1902, viene realizando acuerdos afianzando su posición dominante sobre el Nilo con apoyo internacional. Butros Butros-Ghali, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, en una entrevista al periódico BBC en el año 1985 presentó la posición de este territorio respecto del Nilo: “la próxima guerra en Oriente Medio se librará por el agua, no por política”. Su postura se modificó siendo el Secretario General de la ONU entre 1991 y 1996, al expresarse a favor de la cooperación.

La actual fase del conflicto sobre el Nilo Azul, es alimentada por la situación política en cada uno de los países. En el caso de Egipto, el gobierno se encuentra frente a una grave crisis económica y social; Etiopía está en una guerra civil desde que el Primer Ministro Abiy Ahmed Ali anunció en noviembre de 2020 una ofensiva militar contra el Frente de Liberación Popular de Tigray. Irónicamente Ali recibió un año antes el Premio Nobel de la Paz.

En caso de un conflicto armado entre estos países, las consecuencias recaerán sobre las poblaciones que sufren los efectos de gobiernos que no son elegidos por el pueblo. Asimismo está en riesgo el acceso sin distinción de fronteras para el riego utilizado por agricultoras y agricultores.

 
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Verdurazo por el agua

Foto: Verónica Raffaelli

En el Día Internacional del Agua, productorxs de la UTT -Unión de lxs Trabajadorxs de la Tierra– organizaron un VERDURAZO frente al Congreso de la Nación en el marco de la Marcha Plurinacional por el Agua llevada a cabo por varias organizaciones y autocovocadxs.

Con el objetivo de visibilizar la problemática del modelo productivo dominante que contamina el agua, el aire y el suelo y que explota e invisibiliza quienes realmente trabajan y alimentan, los VERDURAZOS son una herramienta de lucha del movimiento que reivindica acceso a la tierra para vivir y producir de forma digna y sana.

Bajo la consigna “El agua es un derecho, no es un negocio, tampoco un privilegio” militantes de la UTT se juntaron a las diversas voces y cuerpos que ocuparon las calles de la Capital Federal este 22 de marzo.

📷 Verónica Raffaelli // @veroraffaph


#diainternacionaldelagua #soberanialimentaria #utt #agroecologia #verdurazo

 
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Grito de la Selva: escuchar para recuperar y transformar

Vanessa Dourado

Tras un año de pandemia, las consecuencias económicas que sufre América Latina ya llegan a ser consideradas sin precedentes. Según un informe de la CEPAL (2020b) sobre el Impacto del COVID-19 en los Pueblos Indígenas de América Latina-Abya Yala, el efecto de la pandemia conducirá a la peor contracción económica sufrida en la región desde que se iniciaron los registros en 1900. 

Tal escenario afecta de forma distinta y mucho más severa a los pueblos indígenas y originarios que —más allá del racismo institucional que hace que sus derechos no sean respetados y sus necesidades básicas no sean satisfechas— son los que más padecen a raíz de la profunda desigualdad que caracteriza los territorios latinoamericanos. 

La respuesta a estas condiciones, que debería ser la más responsable posible, teniendo en cuenta la grave crisis ambiental que acompaña la pandemia y que es un agravante a la dramática situación, es la propuesta de negocios que destruyen los ecosistemas, emiten más gases de efecto invernadero y que avanzan sobre los territorios ancestrales de quienes parecen ser los únicos verdaderamente preocupados por defender la vida: los pueblos originarios.

La retórica, que llena los documentos de corporaciones y Gobiernos, sobre la evidente necesidad de preservar el medioambiente y aplicar un plan de mitigación y adaptación cae por tierra cuando en lugar de defender a los defensores de la vida, estos mismos Gobiernos y corporaciones  los matan y vulneran sus derechos.

Queda, sin embargo, a las personas blancas que aún pueden mirar este desastre y sacar una chispa de esperanza, aprender de los pueblos indígenas y ponerse a su lado en defensa de la casa común. La capacidad de resiliencia, comunicación, protección, defensa y autoorganización de los pueblos del bosque para lidiar con la pandemia es una lección que merece ser conocida por todas las personas. De la misma manera, la protección de estos saberes y estas formas de vida deben ser protegidas no solo por los pueblos originarios, sino por todos los habitantes de la Tierra.

En este sentido, siguiendo la organización que empezó el año 2020 en el marco de la Asamblea Mundial por la Amazonía, los pueblos de la Amazonía y sus organizaciones convocan al Grito de la Selva: Voces de la Amazonía. La actividad contará con la participación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, la Red Eclesial Panamazónica – REPAM y el Foro Social Panamazónico – FOSPA; junto a activistas, científicos y aliados del Sur y el Norte Global.  Se llevará a cabo el viernes 26 y sábado 27 de febrero a las 13:00 horas de Ecuador y contará con traducción simultánea al español, portugués e inglés.

Para lograr una recuperación transformadora de esta gran tragedia que atraviesa a toda la humanidad, es esencial la escucha atenta a quienes son las y los guardianes de los únicos bienes capaces de garantizar la vida y, sobre todo, luchar para que ellos y ellas sigan existiendo.

Informaciones:

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Buenos Aires por Chubut: el agua vale más que todo

Por Vanessa Dourado

Cerca de dos mil personas tomaron las calles de Buenos Aires el 4 de febrero en apoyo al pueblo de Chubut en contra del proyecto de zonificación minera en aquella provincia. Las protestas también ocurrieron en más 40 localidades de todo el territorio argentino en una de las jornadas conocidas como #ChubutAGUAzo. En la capital porteña, la actividad contó con la participación de más de 200 organizaciones ambientales y sociales, ONGs y colectivos de juventud, sindicatos, agrupaciones político-partidarias y una gran cantidad de personas autoconvocadas. 

La presencia de la juventud es cada día mayor en las movilizaciones de bandera socioambiental y es novedosa una marcha tan masiva en apoyo a un reclamo territorial aparentemente lejano de la realidad vivida en las grandes ciudades. “Realmente nos quedamos sorprendidas con la convocatoria”, dijo una de las manifestantes. “Nosotres no queremos que el agua se convierta en mercancía, el agua es nuestro futuro”, expresó una joven adolescente autoconvocada. 

A pesar de las restricciones por el distanciamiento físico por consecuencia de la pandemia, Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora,  hizo llegar su voz en apoyo a las protestas, manifestando: “Que el gobierno se dé cuenta que el camino que está emprendiendo no es el que quiere el pueblo”. Norita también denunció el falso argumento de la minería sustentable y llamó la atención para el estado de emergencia que vive el país: “Lo que estamos viviendo ya es el gran ajuste y se plantea seguir reduciendo el déficit fiscal en medio de la crisis de la pandemia y desempleo. Como afirma el fallo del juicio popular la deuda y los acuerdos con el FMI son crímenes de lesa humanidad y lesa naturalidad. No a la deuda perpetua. La vida antes que la deuda. La deuda real es con el pueblo y la naturaleza”, protestó. 

La provincia de Chubut viene sufriendo grande interferencia de las corporaciones mineras que, con el apoyo de sectores político-partidários e institucionales, han intentado violar  sistemáticamente el derecho de los pueblos a través de su intervención directa en la redacción de las normas para la implementación de los proyectos mineros y la compra de apoyo político. La insistencia en imponer los megaproyectos sin licencia social, sin tener en cuenta la voluntad colectiva expresada en plebiscito, ha generado una serie de manifestaciones y denuncias. 

Según un informe de la  Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT CONICET – CENPAT, los impactos negativos en la provincia son preocupantes, sobre todo en el escenario de emergencia climática. El informe proyecta la intensificación de eventos extremos generados por el aumento de las temperaturas a nivel global, lo que afectará la provincia de forma dramática, profundizando el proceso de desertificación y comprometiendo la ya escasa disponibilidad de agua apta para el consumo humano en la región. En este sentido, de acuerdo con el documento, el modelo de producción de la megaminería ofrece una amenaza evidente, ya que aumenta la probabilidad de contaminación del agua superficial, subterránea y de los suelos. 

En el documento elaborado por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) leído en el cierre de la actividad que tuvo lugar en Buenos Aires, en frente al Ministerio de Desarrollo Productivo, se expresó: “Denunciamos la farsa de debate sobre el proyecto de zonificación minera promovida por el Gobierno Provincial la última semana y repudiamos el rol del Gobierno Nacional en la figura del presidente Alberto Fernández que, con sus declaraciones públicas y mediáticas, sigue promoviendo la violación de los Derechos Humanos en nuestros territorio”. Desde que inició su mandato, el presidente Alberto Fernández viene trabajando para la implementación de un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, pese al escepticismo de expertas y expertos en temas socioambientales que alertan sobre la imposibilidad de desarrollo sustentable de la actividad minera.

 
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Asamblea Mundial por la Amazonia: cuidar la vida para que nos salvemos entre todos

Vanessa Dourado

La pandemia de este siglo, el COVID-19, es una historia que se repite y también es parte de un proceso que nunca ha terminado. Si mencionar al colonialismo como un proceso inacabado molesta a quienes reivindican todos los avances tecnológicos de nuestro espacio-tiempo, para los pueblos originarios esto es una realidad concreta. Han pasado  siglos, sin embargo poco se ha aprendido sobre las consecuencias de este divorcio entre el ser humano y la naturaleza.

¿Podemos nosotras, personas blancas, prever los próximos años? Muchos especialistas han alertado por la amenaza de nuevas infecciones zoonóticas directamente relacionadas con nuestra intromisión en los ecosistemas y hay evidencias de que la forma de producción de la industria cárnica es una gran aliada para el agravamiento de esta situación. Asimismo, no han cesado los ataques a los ecosistemas sensibles que son no solo importantes para garantizar nuestra salud como también para la vida misma en el planeta. Al fin y al cabo, pareciera que es preferible la muerte colectiva al cambio en el modelo de producción y consumo.

Los pueblos originarios, sin embargo, guardan en la memoria las enfermedades traídas por los  “conquistadores” europeos  y, a pesar del sufrimiento guardado dentro de la historia, la resistencia y la capacidad de luchar de sus ancestros les convoca a luchar con coraje contra una amenaza más a  sus existencias. Y si la situación para nosotras, personas blancas, es devastadora, para los indígenas se suma a otras problemáticas como la epidemia de dengue y la carencia de acceso a un sistema de salud adecuado para los indígenas, más allá del envenenamiento de sus aguas y suelos que son sus fuentes de subsistencia y que, para muchos de ellos, significa el envenenamiento de sus propios cuerpos.

Si lo que nos convoca es el retorno a una cierta normalidad que nos de condiciones para seguir luchando  contra  un sistema genocida, que ahora se hace más evidente porque está tocando a los sectores —incluso dentro de las izquierdas y sectores progresistas— que siempre se negaron a reconocer que nuestra sociedad se sostiene desde una estructura racista, entonces lo que tendremos será solo un genocidio más radicalizado, será la consolidación del ecofascismo.

En medio de esta realidad, los próximos días 18 y 19 de julio, se llevará a cabo la Asamblea Mundial por la Amazonia. La autoconvocatoria es un esfuerzo de varias organizaciones y activistas para organizar la resistencia y  pensar salidas a la encrucijada en la cual nos encontramos.  La propuesta está organizada en tres ejes (campañas): COVID-19, Boicot y Movilización.

El COVID-19 consiste  en una campaña mundial para hacer frente a los graves impactos del Covid19 sobre poblaciones indígenas, afrodescendientes y de toda la Amazonía. El Boicot diseña una campaña mundial  para dejar de comprar productos de empresas e inversiones,  al mismo tiempo que luchando contra políticas gubernamentales, acuerdos comerciales y extractivismos que destruyen la Amazonía. Y la Movilización está pensada en forma de jornadas mundiales para detener el etnocidio, el ecocidio y el extractivismo, apuntando a  salvar  la Amazonía que es esencial para hacer frente al cambio climático.

Esta crisis —por supuesto sistémica, pero sobre todo civilizatoria— convoca a repensar el concepto de progreso, crecimiento, desarrollo y sentido de la vida. Juntarnos a los pueblos originarios para proteger a nuestros bienes comunes parece ser una de las salidas más asertivas.

Informaciones:

Website:
https://asambleamundialamazonia.org

Facebook:
https://www.facebook.com/asambleamazonica

 
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Desmonte ambiental: acuerdos comerciales con Brasil bajo críticas y resistencias

Por Vanessa Dourado

En el contexto del COVID-19 los mercados sufrieron una baja contundente y las medidas tomadas por los distintos gobiernos han sido —en mayor o menor medida— contener la propagación del virus, sobre todo porque esto significa una disminución de lo que es llamado “business as usual”.

La pandemia saca a la luz algunos elementos importantes para pensar cómo estos negocios han contribuido a la actual crisis sanitaria. Más allá del colapso de los sistemas de salud, que tienen una relación directa con el proceso de privatización y mercantilización de los servicios esenciales, la cuestión climática y ambiental, de una forma más amplia, no permite esconder los hechos. La destrucción masiva de los ecosistemas —especialmente los sensibles—  y el modelo de producción vigente están intrínsecamente relacionados con la pérdida de control y respuesta ante el surgimiento de nuevas enfermedades.

No obstante, los países del mundo, en el afán de volver rápidamente a la normalidad, siguen negociando acuerdos comerciales que profundizarán los problemas antiguos y no resueltos. Con el fracaso en llevar adelante las consideradas ambiciosas medidas del Acuerdo de París, lo que hacen los países que más se mostraban comprometidos con su cumplimiento es contradecir sus narrativas tras el avance en las negociaciones de acuerdos como el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

El polémico tratado que viene dividiendo opiniones de Estados y de la sociedad civil, contiene clausulas que —en caso de que sea ratificado— profundizarán la deforestación y significará un incremento en la emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). La realidad pronunciada como Estado de Emergencia Climática prende una luz roja que alerta para el riesgo de la imposibilidad de manutención del Sistema Tierra como lo conocemos.

En un reciente estudio sobre las cláusulas y efectos del tratado entre los bloques Mercosur y Unión Europea, realizado por la investigadora Luciana Ghiotto y el abogado de derechos humanos Javier Echaide, se devela que las consecuencias sobre el medioambiente serán devastadoras. A pesar de las discusiones sobre el tema en el parlamento europeo y la postura de congresistas del parlamento holandés rechazando la ratificación del acuerdo comercial debido a los evidentes impactos sobre el medioambiente, Alemania —que estará en la presidencia del consejo de la Unión Europea por los próximos meses— es favorable al acuerdo.

El escenario es particularmente complejo desde el punto de vista político. Brasil, que lleva en la presidencia Jair Bolsonaro (actualmente sin afiliación partidaria) y un equipo ministerial abiertamente alineado con la expansión de los agronegocios y la restricción de los derechos laborales, ha sufrido uno de los mayores impactos a la raíz de la crisis del coronavirus. Según las palabras del Ministro del Medio Ambiente Ricardo Salles, el gobierno brasileño tiene que tomar medidas para relajar las leyes de protección ambiental mientras las personas están distraídas con la pandemia. Las declaraciones del ministro es una evidencia de que no hay preocupación por la preservación del medioambiente.

El manejo de la crisis y la impronta autoritaria del mandatario brasileño, sin embargo, ha atraído a otras partes interesadas. Donald Trump, presidente del país con el mayor número de muertos e infectados por el coronavirus, ha señalado que el libre flujo de comercio entre los dos países es una prioridad económica. Los dos presidentes, entusiastas del uso de la hidroxicloroquina en el tratamiento de la COVID-19, también comparten del negacionismo climático.

Por otro lado, los Demócratas estadounidenses han emitido una carta en desacuerdo con el plan de expandir lazos económicos con Brasil bajo la administración de Bolsonaro dado el historial de, según las palabras de los congresistas, “total indiferencia  con los  derechos humanos básicos”. La carta también cita la vulneración de los derechos laborales y la destrucción de la selva amazónica con el objetivo de liberalización comercial y que el avance de acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Brasil es inapropiado.


 
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Greta Thunberg y las emergencias en debate

Greta Thunberg y Bruno Rodríguez // Fuente: Reuters - Crédito: Carlo Allegri

Vanessa Dourado  

Los últimos meses fueron, seguramente, de una modificación importante en los debates y diálogos acerca de las problemáticas ambientales —sobre todo el calentamiento global, que es la causa del cambio climático—. A pesar de que las temáticas son las mismas, el método de abordaje es distinto y está llevando a una mayor visibilidad y su consecuente masificación en todo el globo. El hecho se da, como factor determinante, por las intervenciones de Greta Thunberg.

La joven sueca de 16 años, sin embargo, despierta admiradores y críticos con la misma intensidad. Más allá de los históricos negacionistas que son financiados por las grandes empresas petroleras y por los gobiernos del Norte Global, lo que más llama la atención es la desconfianza de ambientalistas que, en lugar de apoyar y celebrar el proceso de involucramiento de sociedad en el debate, son críticos a la figura de Greta, su edad, su poca experiencia política, su supuesto tibio discurso y hasta su nacionalidad.

Es evidente que cada persona habla desde donde puede sentir —aún más cuando esta persona es todavía una adolecente— y, en este caso, si es importante remarcar las diferencias entre una activista que vive en un país cuyo Índice de Desarrollo Humano es uno de los más altos del mundo y que, históricamente, también tiene una responsabilidad mayor en el escenario de tierra arrasada que se dibuja en este espacio-tiempo. Sin embrago, Greta subvierte su propio territorio. Su discurso es radicalizado y su impronta es de no conciliación.

Si por un lado, hay un resentimiento por el proceso de invisibilización de las y los que históricamente dan las peleas y sacrifican sus existencias en defensa de  la Tierra; por otro también hay un movimiento que comprende la importancia de dialogar con “el otro”, para no reproducir lo que fue impuesto a los pueblos del Sur en épocas abiertamente coloniales. Es comprensible que haya un cierto rechazo por el hecho de las lágrimas y los sentimientos de Greta —masivamente difundidos a nivel global y expuestos en las cumbres de la “alta política”— sean tomados como más importantes que las vidas de indígenas y campesinos, niños y niñas, mujeres y afrodescendientes exterminadas por la saña del capitalismo por la práctica generalizada de una necropolítica adoptada por los mismos actores que dicen querer resolver el problema ecológico.

No obstante, el momento histórico impone el desafío de refundar las prácticas políticas y la radicalidad de la empatía. Y esto necesita el involucramiento de los pueblos frente a la amenaza del exterminio de la especie, porque el tema central ya no es la defensa de los bienes comunes —tomado como externo a lo humano— sino del conjunto de condiciones que hace posible la continuidad de la vida desde una lógica integradora, que comprenda el ser humano como parte de la naturaleza.

Seguramente, la realidad de Greta —cuando ella habla sobre los derechos de niñes y adolescentes— no es la misma de les que están en el Sur Global, sin embargo esto no significa que esta  realidad no exista y que sus protagonistas no tengan fuerza para hacerse ver, es notorio que hay matices y que estas están puestas sobre la mesa. El hecho que el movimiento “Viernes por el Futuro” tiene sus representantes en distintos países, permite traer a luz los debates urgentes en cada territorio.

La Historia muestra que la humanidad supo aprender de sus errores, pero superarlos siempre ha sido un proceso complejo de deconstrucción y reconstrucción de un sentido colectivo que inauguró una etapa distinta —no necesariamente justa— que avanzó para una mejora en lo que conocemos como humano. Por ello, en la problemática socio-ambiental, es menester disputar temas centrales como la Justicia Climática y el cambio de la matriz productiva a fin de garantizar que el inevitable cambio por el cual pasará la humanidad no siga repitiendo los errores del pasado que tiene que ver —sobre todo en América Latina— con la reproducción sistemática de violencias y opresiones.

Subestimar la fuerza de pueblos que han resistido a cinco siglos de genocidio es también una actitud que remite al colonialismo. Es admitir que la fuerza del blanco y dominador estará siempre presente en la piel europea y contra el cual es imposible dar las batallas. Desde que se proteja el protagonismo que corresponde a cada pueblo en su lucha y que se garantice el respeto por su historia y sus cosmovisiones, sus saberes, sus sentires y sus sentidos, no hay justificativo plausible para invalidar la lucha de una persona que está activando un debate tan urgente como es lo de crisis climática y su consecuente reto civilizatorio.

 
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Ley de Semillas: Macri y las corporaciones

Por Vanessa Dourado

Los últimos días, los ojos del mundo están sobre la región latinoamericana. El escenario de guerra contra los pueblos y la naturaleza se hace ver en las quemas, criminales en la región amazónica brasilera, orquestadas por los agentes del agronegocio.  Seguros de la impunidad, terratenientes y sus socios internacionales no pensaron dos veces antes de avanzar sobre la selva amazónica, dejando con ellos un rastro de destrucción que viene siendo rechazado en todo el mundo.

El gobierno autoritario y ecocida de Jair Bolsonaro, sin embargo, parece haber inspirado al presidente argentino Mauricio Macri. Presionado por el apetito de las gigantes semilleras, Macri anunció un decreto que tiene el objetivo de modificar la Ley de Semillas. El texto, que ya había sido rechazado en el Congreso, tiene como objetivo concentrar el control de las semillas en las manos de las corporaciones —además de garantizar la utilización del paquete tecnológico—. Tal decisión, si es llevada adelante, significará la criminalización de los movimientos campesinos y de los/las agricultores/as y sería una fuerte amenaza a la soberanía alimentaria en el país, ya que las semillas determinan como se producen los alimentos.

Argentina se encuentra hoy en una profunda crisis que, en gran medida, tiene sus causas en la administración fallida de Macri y su equipo. Hecho que se evidenció en las urnas en las últimas PASO. El mismo gobierno que fue electo democráticamente y cumplió su mandato —más allá de todos sus problemas de mala administración que llevaron el país a números importantes de desocupación, endeudamiento y pobreza— se olvidó de los valores republicanos que tantas veces  resaltó para garantizar que no fuera desestalibilizado.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que saca el presidente para hacer valer, de forma forzosa, una Ley que no avanzó en las instancias correspondientes, desvela  los intereses involucrados en la gestión del mismo. Frente a este hecho, los movimientos sociales que hacen parte del Foro Agrario han sacado un documento denunciando su carácter autoritario  y calificándolo como “un insulto a la democracia” y se comprometen en “redoblar esfuerzos en los espacios de diálogo y en las calles”.

Tal vez sea demasiado tarde para adoptar la táctica bolsonarista de desprecio a la voluntad popular y el uso de los medios de comunicación hegemónicos para hacer parecer amigable y rentable la entrega de los bienes comunes a las transnacionales. Sin embargo, el intento dice mucho sobre los planes de las corporaciones para América Latina.

Referencias:

Declaración del Foro Agrario: http://foroagrario.org/macri-el-presidente-de-las-corporaciones-se-burla-del-congreso-de-la-nacion-y-del-pueblo-argentino/

 
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Acuerdo Mercosur-UE: desacuerdo con el medioambiente

Vanessa Dourado

El momento histórico por el cual pasa Argentina está marcado por una profunda voluntad de poner el país a la orden del las transnacionales a través de una mayor liberalización económica, frente al escenario agónico y desastroso en que se enfrenta el sistema capitalista vigente en su fase neoliberal. 

Durante su mandato, Mauricio Macri hizo esfuerzos para auspiciar dos de los más importantes eventos a nivel geopolítico, comercial, económico y diplomático del mundo: la Conferencia Ministerial de la OMC (Organización Mundial del Comercio) en 2017 y la Cumbre del G-20, en 2018. Sobre el resultado de la conferencia, el  Director General de la organización la describió como “decepcionante”. La conferencia no llegó a un consenso entre los Estados miembros. El resultado de la Cumbre del G-20 que tenía como consigna “construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible”; tampoco logró consenso, sobre todo en la temática ambiental, además de apartarse vergonzosamente de uno de los temas más importantes y dramáticos que el mundo se enfrenta que son las personas refugiadas –muchas de ellas refugiadas climáticas–. En 2018, el mismo año de la Cumbre del G-20, el gobierno argentino volvió al FMI (Fondo Monetario Internacional) y hoy es el país más endeudado de América Latina, seguido de Brasil.

Tras más de 20 años de negociación entre la Unión Europea y el Mercosur –que tiene como miembros Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay–, los dos bloques avanzan con el acuerdo comercial que tiene por objetivo aumentar el flujo de negocios entre ellos. El acuerdo prevé que la UE liberalizará 99% de su comercio agrícola con el Mercosur y promete la eliminación de aranceles de importación de productos agrícolas hasta llegar a 0% siendo que  81,7% es solamente de exportaciones, y aunque podría  ser motivo para celebrar, preocupa a las redes ambientalistas a nivel mundial. 

Tomando la profunda crisis climática, que es un hecho concreto y reconocido como uno de los grandes desafíos de este siglo por la comunidad internacional en su conjunto –teniendo como expresión máxima de un compromiso colectivo el Acuerdo de París–,   la expansión de las exportaciones de commodities es un agravante del problema.

El acuerdo prevé  un conjunto de requisitos técnicos-ambientales que deben ser cumplidos,  como la producción en áreas deforestadas anteriormente y el respeto por las áreas de conservación. No obstante, una mayor demanda de producción  agrícola impulsará la deforestación para responder a otros importadores que no imponen las mismas reglas. O sea, el hecho  que la UE no importa productos que advengan de áreas deforestadas directamente, no impide que haya un aumento de la deforestación, sino que contribuye para que otras zonas que no estaban disponibles para la producción pasen a ser utilizadas.

Además de esto, la UE  tiene mayor peso en la decisión de cuáles son los requisitos y las reglas –en cierta medida asimétricas entre los dos bloques y más beneficiosa a la UE–. Esto influye directamente en la formulación de Leyes para el desarrollo de políticas públicas locales, compras gubernamentales, regulación de servicios.

En una perspectiva socio-ambiental internacional, la expansión del agronegocio a través de una mayor exportación por la agricultura industrial y la industria cárnica destruye la agricultura y la producción familiar local de los países europeos. El tener a los países del Mercosur como “supermercado del mundo”  beneficia a unas pocas empresas  gigantes en detrimento del quiebre de  pequeñas, incluso en los países miembros del bloque del Sur Global, ya que las reglas prevén el principio no discriminatorio en la participación de licitaciones públicas. Es decir, las Leyes de fomento a la agricultura o producción de pequeña escala  a nivel local pueden ser cuestionadas o consideradas desleales, posibilitando demandas que pueden resultar en enormes pérdidas para  los países demandados. De hecho, Argentina ya acumula 61 demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), por incumplimiento de normas previstas en sus acuerdos de libre comercio con otros países.

En términos políticos, la impronta brasilera, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, se hace sobre los derechos de los pueblos indígenas por encima de la demarcación de sus tierras ancestrales –incluso en áreas protegidas y consideradas estratégicas para garantizar el equilibrio de las temperaturas en un contexto de calentamiento global, como la selva amazónica–. Esto con el fin de beneficiar a los sectores agroindustriales (como la ganadería y la agricultura industrial) y extractivistas no puede entenderse como un hecho menor: Brasil es el mayor exportador de carne del mundo y, en 200 días, el gobierno autorizó el comercio de 290 nuevos  agrotóxicos, 32 de ellos prohibidos en la UE. Frente a esta expansión del uso de agroquímicos, el acuerdo evidencia un apoyo de los bloques al mercado de químicos y a la agricultura intensiva.

Las actividades agropecuarias tienen fuerte influencia en el calentamiento global, no solo porque son responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también por la cantidad de agua necesaria para sostener la actividad, entre de 20 y 30% de toda el agua potable del mundo, más allá de ser responsable por 70% de la desertificación a nivel mundial. Por todas estas razones, el aumento de la exportación de carne también debería ser una preocupación desde los países miembros de la UE y del Mercosur. Sin embargo, el acuerdo posibilitará un mayor consumo de este producto, yendo a contramano de las recomendaciones de la ONU.

El texto del acuerdo habla de “desarrollar el comercio internacional de forma a contribuir con el objetivo del desarrollo sostenible, para el bienestar de las presentes y futuras generaciones”, sin embargo, no establece ninguna propuesta concreta sobre cómo este objetivo será alcanzado. El bienestar de las futuras generaciones está en constante debate en las instancias de discusión sobre el cambio climático, millones de jóvenes alrededor del mundo –en sus movilizaciones “Viernes por el futuro”–  interpelan a las autoridades para que tomen medidas concretas sobre la problemática que les afecta directamente.

Tratar el acuerdo apenas desde el  punto de vista económico es ignorar las voces de científicos, organizaciones ambientales, la sociedad civil y las propias agencias internacionales en sus recomendaciones frente a la profunda crisis ambiental que está llevando el Planeta al borde del colapso. El  mencionar, diplomáticamente, a las recomendaciones –presentes en varios momentos el texto– no hace del acuerdo un instrumento que respete los límites previstos por los informes oficiales en materia de sustentabilidad, adaptación y mitigación. Mientras se impulsa el desarrollo, las medidas para combatir las causas de la crisis socioambiental siguen en el papel.


 
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Las incoherencias de Macri y el cuento de las buenas prácticas agrícolas

Foto: Pablo Piovano //El costo humano de los agrotóxicos

 

Braulio Domínguez y Vanessa Dourado

 

300 millones de litros de Glifosato consume Argentina por año, superada solo por Brasil –con 1.000 millones–, y Estados Unidos. También en Uruguay, México y Paraguay el uso del agroquímico y sus similares es masivo. A pesar de las muchas evidencias que dan cuenta de que el uso de estas sustancias es nocivo para la salud de humanos y que es la causa de la degradación ambiental que hoy llega a niveles alarmantes –debido a su relación directa con los monocultivos y consecuente impacto sobre el clima–,  Estados, corporaciones y organismos internacionales apuestan a lo que llaman “Buenas Prácticas Agrícolas” como una salida posible al problema que se esconde detrás de la punta del iceberg.

El discurso de Mauricio Macri en su última visita a la provincia de Entre Ríos resalta la importancia de combatir al cambio climático, alegando que su gobierno ha sido uno de los que más se preocupa por el medio ambiente, hecho que –según el presidente– quedó nítido en la reunión del G20 que ocurrió el año pasado en la Argentina. No obstante, uno de los puntos débiles de la cumbre,  apuntado por diversos analistas de todos los colores, nacionales e internacionales, fue justamente la falta de consenso respecto de la lucha contra el cambio climático. Macri, ya en la cumbre de la OMC realizada el año 2017, señaló su intención de no molestar a los intereses de Donald Trump que había salido del Acuerdo de París meses antes, hecho que resultó en la retirada del punto cambio climático de los ejes centrales de la reunión de los 20.

Más allá del intento de justificar su defensa a los sectores del agronegocio en detrimento de la salud de les niñes y personas trabajadoras de las escuelas de la provincia, el presidente trata a los agroquímicos como “fertilizantes” y sale a decir que no hay estudios científicos que puedan amparar la ley que prohíbe las fumigaciones cerca de las escuelas y apela a la narrativa de defensa de los puestos de trabajo cuando, en realidad,  el número de despidos durante enero y febrero de este año ya llega a 12.149 en las empresas privadas, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Estos despidos fueron en el sector industrial y de servicios, ninguno en el sector primario.

Investigaciones de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), en Brasil, muestran un aumento en los casos de cáncer y malformaciones en fetos ligados al uso extensivo de agrotóxicos. El Instituto Nacional de Cáncer, también de Brasil,  señala que los agrotóxicos tienen una relación estrecha con el número de casos de esta enfermedad detectados en edades cada vez más precoces.

Son muchos los estudios científicos que evidencian el poder de intoxicación de los agroquímicos. Sin embargo, el equipo del gobierno parece priorizar a las empresas y pone la salud de las personas y del medio ambiente en segundo plano, como si esos millones de litros de glifosato desaparecieran por arte de magia luego de su uso. Tanto es así, que en reciente entrevista en radio La Retaguardia, el ingeniero agrónomo responsable de redactar el manual de buenas prácticas agrícolas –y defensor de las mismas–, Mario Bogliani, dice no tener conocimiento de los datos precisos de la cantidad de agrotóxicos utilizados en el país, aunque ante la pregunta sobre este tema, con cierta resignación sentenció “y… mucho… mucho…”. Según el ingeniero,  “el problema de intoxicación por la aplicación de los agroquímicos tiene que ver con la desinformación, discapacitación y negligencia”.

El negacionismo también es un hecho. Sobre los casos de intoxicación en áreas fumigadas, Bogliani dice que “el problema es que los diagnósticos están basados en los síntomas que presentan, y no por la causa que los provocó”. Y que, por lo tanto, no se puede asegurar que los agroquímicos son los responsables por los daños a la salud de la población que está directamente expuesta a las fumigaciones. Aún sobre este punto, dice que “el problema es que hay muy pocos médicos toxicólogos y que las personas intoxicadas deberían traer los envases y las etiquetas de los productos para poder orientar al profesional”. El ingeniero también niega que el problema sean los agroquímicos: “muchas veces no tiene que ver con los fitosanitarios y sí con otras cuestiones y residuos de otros orígenes”. Se trata de otro argumento recurrente en este sistema: desautorizar las voces que se oponen, por supuestas faltas de formación. Siempre hay alguien más especializado, y por lo tanto “más capaz”, aunque estemos hablando de profesionales de la salud con todos los años de estudio –y experiencia en muchos casos– que ello supone.

Sobre el efecto deriva –que es la consecuencia indeseable de la aplicación del agrotóxico, la cual hace que llegue donde no debería ni se hubiera calculado–, a pesar del manual orientar sobre su control, Bogliani admite que “no hay garantía de que el fitosanitario va a un lugar que no deba caer y que el efecto indeseable de la aplicación tiene varias causas”. De este modo es evidente que, aunque tengamos las mejores prácticas, las consecuencias son imprevisibles. También reconoce el ingeniero que si se siguen estos lineamientos que él especifica en el manual, queda un lapso muy breve de tiempo para aplicar estos productos, dado que hay que tener en cuenta temperatura, viento, inercia térmica, y más variables. Por lo tanto, también se cae en el riesgo de que para el productor  estas buenas prácticas afecten su rentabilidad. Y contra la rentabilidad, en una tarea que se hace persiguiendo justamente ese único objetivo, es difícil competir.

Incluso hay quienes usan glifosato en el ámbito doméstico, para evitar tener que cortar los yuyos que crecen en el alambrado. También era frecuente que se utilizara en distintas ciudades y pueblos del país en las vías de los trenes hasta hace pocos años con la misma finalidad. Así queda evidente que no hay un control sobre la comercialización de los agroquímicos.

En respuesta a la entrevista de Mario Bogliani, la ingeniera agrónoma Nora Tamagno dice que, en primer lugar, “el uso del término fitosanitario da a entender que los agrotóxicos solo hacen mal si son aplicados mal”. Tamagno también alerta sobre el hecho de que las buenas prácticas no surgieron ahora, que ya vienen desde fines de los 90, y que la disputa de sentido se hace importante ya que hasta Monsanto habla de sustentabilidad.

Según la ingeniera, es perfectamente posible una producción, incluso extensiva, con perspectiva agroecológica. Teniendo en cuenta que la deriva es incontrolable –lo que hace de las buenas prácticas algo poco eficaz en sentido práctico–, una vez que la deriva secundaria hace que los agrotóxicos migren por procesos bilógicos y químicos poco conocidos, la contaminación es inevitable y hace que el modelo agroindustrial sea insostenible.

Por último, señala Tamagno: “no puede haber agricultura sin agricultores, la agricultura familiar no puede ser una isla en un mar de agronegocio”.

 

Entrevistas concedidas por Bogliani y Tamagno en radio La Retaguardia:

Fuentes:

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-protocolo_versin_final.pdf

http://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf

https://www.bioecoactual.com/2017/04/26/47-alimentos-eu-residuos-pesticidas/

https://centrocepa.com.ar/informes/154-2019-un-inicio-critico-analisis-de-los-despidos-y-suspensiones-en-el-primer-bimestre.html

https://www.esglobal.org/america-latina-continente-infestado-los-pesticidas/

 
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Agrotóxicos: la sustentabilidad de las corporaciones

“Esas tradiciones, esas señas de identidad cultural, esas fiestas de la vida, están siendo apabulladas, de manera fulminante, por la imposición del saber químico y único: la globalización de la hamburguesa, la dictadura de la fast food.”

Eduardo Galeano

 

Vanessa Dourado y Braulio Domínguez

 El uso de agrotóxicos se expandió entre los años 1945 y 1985, período de la modernización de la agricultura. La eficiencia productiva, gerencial y organizativa fue de a poco convirtiéndose en regla. Los procedimientos empresariales para lograr rentabilidad y competitividad fueron impuestos a quienes deseaban seguir viviendo de la agricultura.

Mientras especialistas de todo el mundo, en la década de 60 –utilizando el mismo discurso repetido exhaustivamente–,  proclamaban la Revolución Verde como salida para el hambre, las grandes empresas, que nunca se preocuparon por la problemática de la hambruna, aprovechaban para lucrar con la venta de los paquetes de insumos agrícolas.

Casi 60 años después, los principales países que reciben estos alimentos producidos en  países llamados “en desarrollo” que adoptaron el paquete vendido por las grandes corporaciones son Japón, Estados Unidos y los países de la Unión Europea.  Si fuera  cierto que la revolución verde  solucionaría el problema del hambre, no tendríamos estos datos: los últimos números de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  muestran que los países del mundo que más sufren el hambre son Yemen, con 60 % sus habitantes en la hambruna severa, seguido de Sudán del Sur, con 45 % y Siria con 33 %.

Más allá de la posible honestidad de quienes, en la época, sostuvieron la necesidad de la modernización con la esperanza de que esta fuera un paso importante para la construcción de un futuro mejor, seguir defendiendo el uso de agrotóxicos no tiene ningún sentido lógico. A menos que quienes los estén defendiendo sean los dueños de las corporaciones que los venden.

El uso intensivo de venenos degrada el suelo, hace que este pierda la capacidad de absorción del agua. El cultivo con agroquímicos empobrece  la tierra y la hace, con el paso del tiempo, improductiva. Según la FAO, 25% de los suelos cultivables del mundo presentan un alto nivel de degradación. La no absorción del agua hace que crezca el número de inundaciones, causa costos a los Estados, compromete el bienestar de las poblaciones, propaga enfermedades, altera el ecosistema y daña a los cultivos. O sea, a largo plazo, el uso de agrotóxicos también es dañino para quienes los utilizan en sus tierras.

El discurso de las buenas prácticas, que intenta convencer de que el problema de los agrotóxicos es su uso de forma incorrecta, es uno de los últimos recursos utilizados por las corporaciones –en conjunto con los Estados– para evitar y esconder las evidencias de la toxicidad de estos productos y de sus pérdidas financieras frente al incremento en la producción de orgánicos.  El recrudecimiento de las leyes que garantizan el uso indiscriminado de agrotóxicos es una evidencia de que el mercado se ve amenazado. En cuanto al uso de agrotóxicos en Argentina, donde el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto  los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%, es necesario mencionar lo sucedido en dos provincias. En Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia resolvió que desde el 1 de enero del presente año se puede fumigar a 0 metros de poblaciones, escuelas rurales, o reservas naturales. De este modo, intenta invalidar ordenanzas municipales que habían sido producto de mucho trabajo y organización de parte de las asambleas de cada lugar que sufre con la problemática de las fumigaciones y que establecían algunos límites para la aplicación de los agrotóxicos, sin embargo, el 18 de febrero la resolución fue suspendida por un periodo de un año [1]. En  Entre Ríos, el Tribunal Superior de la Provincia confirmó la sentencia que prohíbe las fumigaciones en todas las escuelas rurales, establece un límite de 1.000 m para las fumigaciones terrestres y 3 km para las aéreas. Vale recordar que la sentencia que primero restringía estos usos había sido apelada curiosamente por la Provincia, no por empresarios de la soja.

En Misiones, conocida como la Capital Nacional de la Biodiversidad, la Secretaría de Agricultura Familiar avanza con un proyecto para siembra de maíz transgénico en la región.

Desde 2012, se intenta aprobar la Ley de Semillas que tiene por objetivo privatizarlas y lograr la prohibición a la libertad de siembra a través de regulaciones que incluso pueden criminalizar a productores que utilicen sus propias semillas. Muy posiblemente intenten avanzar con este proyecto el presente año en el Congreso Nacional.

Sin embargo, no solo las leyes se están poniendo más duras; el último 15 de febrero, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), que se dedica a la producción de alimentos agroecológicos, fue brutalmente reprimida en Plaza Constitución –Buenos Aires– cuando realizaba uno de sus famosos verdurazos. La feria de verduras es siempre realizada en plazas de la ciudad donde los alimentos son ofertados a la población a precios simbólicos, tratando también de visibilizar cómo funciona el mercado de alimentos y denunciando la situación en que se encuentran los productores frente al modelo productivo dominante. Realizando estas ferias, venden la verdura a $10 el kg. Según una integrante de la UTT, “si lo hacen de la manera convencional, los intermediarios se la compran a $2 y al público le llega a $50”.

El alto grado de conflictividad inaugurado en este momento histórico, de agotamiento de modelos contaminantes e insostenibles, será clave para la instalación del debate en el seno de la sociedad. América Latina es la región donde más se asesinó a defensores y defensoras de la Tierra en el año 2017 –según la Global Witness–. Es cada día más evidente que la política a nivel mundial pasa por la discusión del sostenimiento de la vida en lo más básico: la alimentación sana, segura y soberana.

Nota:

[1] https://boletinoficial.gba.gob.ar/sections/9394/view (páginas 10 y 11)

 
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Cambio Climático: G-20, COP24 y la receta de Macron

Foto: Marta Musić/Transición ecológica, basta de evasión fiscal.

Marta Musić y Vanessa Dourado

Luego del 3 de diciembre, dos días después de la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en la Argentina, se realizaba en Polonia la COP24 –Conferencia de las Partes Sobre Cambio Climático–.  Desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, la COP viene trabajando  la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Las evidencias científicas que señalan los efectos de la emisión de estos gases  –sobre todo el dióxido de carbono– como responsables por los eventos extremos que han sucedido en el mundo en la última década: sequías, huracanes, desertificación,  aumento del nivel del mar, extinción de especies animales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático.  Sin embargo, los esfuerzos para frenar la industria fósil y de carbón son parte de una retórica que toma los discursos de la mayoría de los líderes mundiales, pero los números muestran una realidad que no corresponde a la declarada preocupación.

En su último informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático –IPCC, por sus siglas en inglés– informa que es necesario disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 45% para el año 2030 y reducirlas a cero hasta el año 2050  para evitar una catástrofe ambiental sin precedentes. Además, el IPCC planteó un escenario de ecocidio –genocidio del planeta–  más allá de un calentamiento planetario de 1.5°C. No obstante, con la forma de producción y de consumo del sistema actual, este número se está dirigiendo a los 4°C, lo que pondría en riesgo toda forma de vida en la Tierra.

En la reunión del G-20, donde se celebró los diez años de la primera cumbre, la declaración final que  decía  tener por objetivo “construir consenso para un desarrollo equitativo y sostenible a través de una agenda inclusiva, centrada en las personas y con visión de futuro” no logró llegar a un acuerdo sobre el tema Cambio Climático. En los puntos 20 y 21 de la declaración, los países reafirman el carácter irreversible del Acuerdo de París mientras los EE.UU. ratifican su retirada del acuerdo. Cabe precisar que los países miembros del G-20 son responsables por un 80% del total de energía consumida en el mundo y del 78% de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Los EE.UU. es el país que históricamente más ha emitido gases de efecto invernadero en la atmósfera mientras que China –actual líder mundial de emisiones de CO2 con unos 27% de todas las emisiones en 2017– tendrá un aumento de 4.7% de sus emisiones este año. En otras palabras, los gobiernos más poderosos del mundo siguen agravando la crisis socio-ambiental que estamos enfrentando ahora y que sobre todo impacta las poblaciones más vulnerables del mundo.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– alerta que un promedio anual de 21,5 millones de personas han sido forzosamente desplazadas cada año desde 2008 por amenazas repentinas relacionadas con el clima. Asimismo, el tema  migraciones –una de las problemáticas más crecientes en el mundo– no fue uno de los ejes de preocupación en esta reunión del G-20. En el documento final, los puntos 16 y 17 se limitan a enfatizar  “la importancia de las acciones comunes para abordar las causas centrales de los desplazamientos y para dar una respuesta a las crecientes necesidades humanitarias”.

Después de esta desastrosa cumbre del G-20, no es sorprendente que las negociaciones sobre el cambio climático en la reunión de la COP24 avanzan muy difícilmente y que es poco probable que los países lleguen a algún acuerdo hasta mañana. Polonia, el país anfitrión, tiene una matriz energética dependiente de uno 80% del carbón. También está presente Arabia Saudita, cuya empresa petrolera paraestatal Saudi  Aramco es considerada la más rentable del mundo y una de las  más importantes en reserva  de óleo crudo y de producción. El príncipe Mohammad bin Salman –quien estuvo en la reunión del G-20 bajo mucha polémica respecto de denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos– cuestionó el informe del IPCC. A algunos días de la COP24, Bolsonaro anunció que Brasil no iba a organizar la próxima COP25 en 2019. Ni hablar del negacionismo climático de Trump. Mientras tanto, la situación actual en Francia destapa cada vez más la postura hipócrita del gobierno de Macron frente al cambio climático.

La receta  de Macron

Como entusiasta del fortalecimiento  del mecanismo de disputa de la OMC durante el G-20 para proteger el sistema de comercio mundial actual de medidas para la protección del medio ambiente como: la relocalización de los circuitos de producción y consumo, la reducción de transportes internacionales de bienes o la tasaciones sobre el queroseno;  Macron logra dejar muy nítido su política.

Durante el encuentro de líderes en la Argentina, el presidente francés dijo que apoyaba la agenda de reformas y el FMI y que este era el camino correcto no sólo para la Argentina como para toda Latinoamérica, mientras su país ardía en protestas contra el aumento en el precio de la gasolina. Alegando el coste de la “transición ecológica”, Macron evidencia con sus medidas: que lo paguen las personas trabajadoras. La movilización de los “Chalecos Amarillos” en Francia ya es considerada una de las más importantes de la historia del país.

Macron, llamado por la población francesa como el presidente de los ricos, presenta un 20% de aprobación popular. El presidente dijo que ratifica su compromiso con la transición energética, sin embargo exonera a la empresa petrolera Total de toda su contribución fiscal y apoya la explotación de petróleo.

El discurso verde de Macron es rechazado por la comunidad socio-ambiental que alega que los 500 millones del impuesto sobre carburantes van a ser utilizados no para la transición ecológica, sino a absorber el déficit presupuestario de 2019 y compensar así la recaudación de la supresión del impuesto sobre la fortuna.

Foto: Marta Musić /Fin del mundo, fin del mes: cambiemos el sistema, no el clima.

A pesar de la intensificación de la represión de Macron, el sábado 8 de Diciembre, el cuarto acto de los Chalecos Amarillos convergió con la Marcha Internacional por el Clima, organizada este mismo día. Los gritos de “fin del mundo, fin del mes: misma lucha!” cantados a lo largo del día destacaron los vínculos imprescindibles entre las cuestiones sociales y los imperativos ambientales. Las manifestaciones también ponen de relieve las consecuencias socioeconómicas de las reformas de austeridad de Macron, los pocos esfuerzos del gobierno francés cuanto a sus políticas contra el cambio climático  y su postura hipócrita frente a las numerosas crisis que viene atravesando el país. Un país donde la evasión fiscal nunca fue tan importante y las riquezas tan concentradas entre las manos de los más ricos. Un país donde las empresas que contaminan más son exoneradas de impuestos, donde las causas principales del cambio climático no están contempladas, los medios de transportes no están desarrollados, mientras la gentrificación fuerza que las personas se muden para lugares cada vez más lejos de las principales ciudades.

Francia no es un caso aislado. Como lo mostraron el G-20 y la COP24, los gobiernos más poderosos del mundo siguen preservando los intereses del capital transnacional y fomentando un sistema económico insostenible. La situación en Francia ahora está poniendo de relieve preocupaciones reales y concretas sobre cómo llegar a una transición ecológica que sea socio-económicamente justa, porque no es posible pensar justicia social sin justicia fiscal y sin justicia climática.

 
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Buenas Prácticas Agrícolas, un peligro inminente

El costo humano de los agrotóxicos: Pablo Piovano

Por Vanessa Dourado

Argentina avanza en las discusiones sobe las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas”. El Grupo de Trabajo Interministerial sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones fitosanitarias está conformado por los Ministerios de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación y tiene por objetivo discutir el uso de agrotóxicos en el país, pero, sobre todo, validarlo.

Para el Grupo de Trabajo Interministerial que discute las formas de aplicación de las exigencias  fitosanitarias, estás deben ser armónicas en el sentido de expresar su máxima capacidad y tratar de disminuir los posibles riesgos a la salud y el ambiente.

El intento de cambiar el eje del debate llevado a cabo por varias organizaciones socio-ambientales, abogado/as, científicos/as y las personas directamente afectadas con el uso de los venenos es nítido. Es decir, el objeto de discusión sería el conjunto de prácticas inadecuadas respecto del uso  y no los agrotóxicos per se.

Así, el grupo de trabajo propone un paquete de medidas que van desde la negación de que los agroquímicos son nocivos a la salud humana y los ecosistemas,  como también prevé un conjunto de estrategias técnicas, comunicaciones y hasta científicas para fundamentar y validar el uso de los agrotóxicos.

La propuesta del grupo para la incorporación de buenas prácticas agrícolas  y la gestión fitosanitaria al programa curricular de las carreras agronómicas  demuestra la intencionalidad de invalidar las investigaciones que evidencian que el uso de agroquímicos es incompatible con la búsqueda de una agricultura que sea sostenible.

Están previstas campañas a nivel nacional para sensibilizar acerca del llamado mal uso de los agrotóxicos  y un osado proyecto para involucrar a las poblaciones en la difusión, consolidación y validación de lo que serían las Buenas Prácticas. También están previstas capacitaciones obligatorias y programas de financiamiento de inversión para la transición hacia las Buenas Prácticas.

En la Argentina, el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto a los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%. Sin embargo, los ministros sostienen que las medidas son esfuerzos del gobierno argentino en producir alimentos y en  alimentar el mundo.

El artículo 41 de la Constitución Nacional sostiene: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Según Damián Marino –investigador del CONICET y la UNLP–, en los últimos diez años se consumieron más de 1000 millones de litros sólo del agroquímico Glifosato en la Argentina. La cantidad de uso de agroquímicos es de 10 litros por habitante/año.

La problemática de los pueblos fumigados hoy en Argentina,14 millones de personas son expuestas a los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos­  y de los casos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos y una  gama de enfermedades está denunciada en la ONU.

Una vasta literatura científica da cuenta, en todo el mundo, de las consecuencias del uso de agrotóxicos a salud humana, de los animales y en los ecosistemas. Incentivar, desde del Estado, el uso de agroquímicos en lugar de sostener campañas para prohibirlos –como hicieron las autoridades responsables en Europa y EE.UU.– es exponer toda la población a riesgos y daños irreparables, con respaldo institucional.

 
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El G20 y su agenda regresiva

Escultura: Lento hundimiento - Isaac Cordal, 2013

Por Vanessa Dourado

Los países miembros del G20 representan  85% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y son responsables por 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmosfera. Los EE.UU. es el país que más ha emitido dióxido de carbono (CO2) en la historia.

Las COPs –Conferencias de las Partes Sobre Cambio Climático–, desde su primera reunión el año 1995, en Berlín, vienen trabajando la problemática del cambio climático, proponiendo y formulando propuestas con medidas jurídicamente vinculantes para que los países miembros reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Para evitar un cambio climático peligroso, el acuerdo establece un plan de acción mundial que pone el límite del calentamiento global por debajo de 2 ºC.

En la declaración de los líderes del G20 en Hamburgo, en julio de 2017, se  reiteró la importancia de cumplir  los compromisos con la Comisión de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), proveyendo medios de implementación para la adaptación y mitigación, y anunciando la creación del Plan de Acción de Clima y Energía para el Crecimiento. El año pasado, el cambio climático fue retirado de la lista de prioridades de la agenda del G20 por presión de los EE.UU. el cual salió del Acuerdo de Paris –señalado por los propios líderes de los estados miembros del G20 como irreversible–.

Trump, con su política “America first”, viene declarando una guerra contra los esfuerzos en combatir el cambio climático, revertiendo las políticas contra el calentamiento global llevadas a cabo por su antecesor Barack Obama. En 2017, el presidente norteamericano decretó el fin del Plan de Acción del Clima, reactivando la industria del carbón en los EE.UU.

Este año, el Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20, que se reunió el último 27 de abril en Argentina, no discutió los precios del carbono, los cuales son fundamentales para tener en cuenta el daño ambiental, social y económico provocados por las emisiones de gases contaminantes y cambiar los patrones de inversión, producción y consumo, posibilitando la apertura de diálogos sobre las estrategias de transición. Tampoco se habló de Justicia Climática, de responsabilidad por daños y prejuicios, y tampoco se señaló un sentimiento de urgencia.

La limitación de la reunión en tener el enfoque en aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático –desde que este no afecte la capacidad de producción de alimentos– y desarrollar modelos para generación de infraestructura resiliente es una regresión en la lucha en contra del cambio climático.

Es nítido que las discusiones en las reuniones del G20 están ajustadas para no afectar mucho a los más poderosos. No hablan de erradicar el uso de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles es la mayor responsable por la emisión de dióxido de carbono (CO2) en la atmosfera.

Mientras tanto, los países miembros del G20 siguen planteando el desarrollo basado en una economía de crecimiento infinito frente a recursos no renovables, no respetando los límites planetarios, llevando el planeta a catástrofes, las cuales ya estamos pasando: eventos extremos, sequías, huracanes, aumento del nivel del mar, desapareciendo de especies animales y vegetales, derretimiento de los glaciales, olas de calor, propagación de enfermedades, acidificación oceánica, entre tantas otras consecuencias del cambio climático combinado con una lógica colonialista de crecimiento económico.

No hay ningún compromiso ético por parte de los países miembros del G20, hablan de desarrollo equitativo y sostenible, sin embargo no mencionan a la Justicia Climática. No les importa el hambre, la pobreza y la destrucción que afecta directamente las poblaciones más vulneradas del mundo; las sequías y las inundaciones que  perjudican a los productores y productoras locales y a los pueblos originarios, quienes dependen de sus cosechas para subsistir, y que también implica un aumento en el precio de los alimentos; profundizando la desigualdad social, impidiendo el acceso a una alimentación adecuada, imposibilitando el alcance de la soberanía alimentaria y provocando un aumento del número de refugiados.

La política del G20 es la del engaño. Hablan de garantizar el futuro de las próximas generaciones, sin embargo no discuten la crisis civilizatoria la cual compromete la existencia de los/las que vendrán. No hay progreso, ni trabajo, tampoco desarrollo, en tierra arrasada.

 
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Mauricio Macri y el desprecio por el cambio climático

Glaciares

Por Andreia Albratroz

Los glaciares contienen casi 70% de reserva de agua dulce disponible en el mundo.  Desde hace décadas, los glaciares ubicados entre la Patagonia y Venezuela han pasado por un proceso de deshielo importante. La principal causa del fenómeno es el Cambio Climático. El aumento de la temperatura global es un fenómeno causado por la intervención humana, mayoritariamente por la emisión de CO2 –gas productor de efecto invernadero–  en grandes escalas en la atmosfera. La principal causa del Cambio Climático en el mundo es la quema de combustibles fósiles, fuente de energía primaria para la denominada modernización económica.

Las consecuencias del derretimiento de los glaciares son muchas, todavía la más preocupante es el aumento del nivel del mar. Según Qin Dahe, co-director del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, en su sigla en inglés), en la medida que el océano se calienta; el hielo continental y marino se reduce, el nivel  global del mar seguirá aumentando, más rápidamente que en los últimos 40 años.  Según estudios de la NASA, un tercio de la elevación del nivel del mar entre los años 1880 y 2013 ocurrió en los últimos veinte años.

Según Luiz Marques, autor del libro Capitalismo y Colapso Ambiental , las más importantes consecuencias del aumento en el nivel del mar serán: las inundaciones y lxs refugiadxs climáticos, el desaparecimiento de pequeñas islas,  la salinización de los deltas, la intrusión marina en los acuíferos, la destrucción de los ecosistemas costeros y la vulnerabilidad de las plantas nucleares ubicadas en las zonas costeras[1].

Frente al escenario de urgencia respecto a la preservación de las zonas de los glaciares, los gobiernos de muchos países vienen ignorando las evidencias y siguen en proceso de destrucción de los glaciares a través del desarrollo de actividades mineras en estas áreas.

En la Argentina, el año 2008, la diputada Marta Maffei presentó una ley con el objetivo de proteger los glaciares. La ley fue aprobada en 2010 y el año 2011 se dio inicio el inventario de los glaciares del país. Sin embrago, los intereses de las empresas mineras en avanzar sobre las áreas protegidas tienen el aval de Macri. Frente al pedido de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que busca modificar los artículos 2º, 6º y 7º de la ley –que incluyen el ambiente periglaciar como área a proteger y prohíben la actividad  minera en estos sitios-  Macri confirmó que él mismo tratará de avanzar con la reforma de la ley. Desde el inicio del actual gobierno, la alianza entre el gobierno de la Argentina y las corporaciones mineras fue un hecho con la baja a las retenciones de las exportaciones minerales.

Imagen: Trump-Macri

En noviembre, se dará el encuentro del G-20 en la Argentina. Como presidente del G-20, Macri no considera el tema ecológico como eje central de discusión y prefiere no poner en riesgo su imagen frente, principalmente, a los EE.UU que se retiró del Acuerdo de París –acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A pesar de las duras críticas recibidas a nivel mundial –hasta mismo del primer ministro del vaticano Jorge Bergoglio, por quien Macri demuestra tener aparente aprecio–  por la no consideración de la problemática del Cambio Climático en las negociaciones, Macri mantiene su posición.

NOTAS:

[1]https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/consequencias-da-elevacao-do-nivel-do-mar-no-seculo-xxi

OTRAS FUENTES:

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/o-degelo-e-elevacao-do-nivel-do-mar#_ednref6

 
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Segunda fase del golpe: el avance minero sobre la Amazonia

Foto: Marcela Bonfim /AmReal

Por Vanessa Dourado

La época denominada “carrera del oro” ocurrió en Brasil en el siglo XVIII. Durante años hubo una gran extracción de metal con la utilización de mano de obra esclava africana e indígena. Una grande cantidad de personas migraron a las localidades donde había abundancia de oro y metales preciosos, particularmente a la región hoy denominada Minas Gerais. En este período, la mayoría de los negros africanos esclavizados morían después cinco años de actividad en las minas. Las causas de las muertes eran relacionadas a carencia de alimentación, falta de oxigeno dentro de las minas, exposición a bajas temperaturas y a la proliferación de enfermedades por la debilidad de la salud. Muchas muertes también se daban por ahogamiento causadas por el rompimiento de los diques de contención de las mineras. El trabajo en las minas fue considerado la actividad más brutal a la cual fueron sometidos los negros africanos esclavizados en Brasil.

En noviembre del 2015, en Mariana –en la misma región de Minas Gerais–, ocurrió el mayor desastre ambiental minero de la historia de Brasil. Un dique de contención de la empresa minera Samarco –una asociación entre la brasilera Vale S.A y la anglo-australiana BHP Billiton– se rompió. El dique contenía alrededor de 62 millones de metros cúbicos de agua y 50 millones de toneladas de mineral de hierro y residuos. Aproximadamente 6 millones de personas fueron afectadas. El abastecimiento de agua potable fue puesto en riesgo a 250 mil personas por  presencia de metales como arsénico, cadmio, plomo, cromo, níquel, cobre y mercurio. La contaminación del Río Doce, con más de 850 kilómetros de largo, provocó la muerte de un trillón de organismos vivos, entre ellas 19 humanas.

Los daños causados por la actividad minera parecen no ser un obstáculo en la continuación del modelo económico utilizado desde la época del Brasil colonial. En su afán por obtener ganancias a cualquier costo, empresa y Estado cierran los ojos a las cuestiones ambientales y siguen exterminando indígenas y ambientalistas –amenazas concretas a sus negocios. El año de 2016, hubo  49 asesinatos de ambientalistas en Brasil, 25% del total mundial –según el informe de la Global Witness– y 137 asesinatos de indígenas en 2015, según el Cimi (Consejo Indigenista Misionario).

En agosto de este año, el presidente de Brasil Michel Temer –quien ocupa el cargo después del golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia del país–  firmó un decreto para extinguir La Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca) y habilitar el área a la explotación por empresas privadas y extranjeras. La Renca fue creada en el año de 1984, en este momento, ya en fines de la dictadura militar-civil-empresarial-eclesiástica (1964-1985), la gran preocupación del gobierno militar tampoco era la preservación ambiental. Los militares temían la presencia de empresas extranjeras en la región y prohibieron las investigaciones minerales, restringiendo su actuación al Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM).

La decisión del presidente, tomada por decreto, habilita un 30% del área a actividades mineras. El decreto garantiza no avanzar sobre las áreas de conservación y de demarcación indígenas –puntos que ya estaban contemplados en la legislación anterior–, no obstante, no hay ningún dispositivo que contemple los daños socioambientales que implican las actividades mineras. Los párrafos de los artículos 1 y 3 del decreto apenas tratan de mencionar la responsabilidad con el manejo sustentable en términos generales. Entre ellos están: la correcta destinación y el uso sustentable del área; el dimensionamiento del impacto ambiental de la explotación minera; el manejo de tecnologías capaces de reparar posibles daños al medio ambiente; el aprovechamiento económico sustentable; el control ambiental; la recuperación del área degradada y la contención de posibles daños.[1]

La cuenca amazónica representa alrededor del 40% del remanente selvático en el mundo y 13% de la bioma mundial. En el área de la Renca hay dos territorios indígenas: Wajãpi, en Amapá, y Rio Paru d’Este, en Pará. A pesar que el texto mantiene el compromiso con la no explotación de las tierras indígenas, en 1996 fue presentado un proyecto de ley (PL 1610/1996) que propone la explotación de recursos minerales en tierras indígenas. El proyecto tramita en la cámara baja de Brasil en régimen de prioridad.[2]

La actividad minera en tierras indígenas está contemplada en el artículo 231 de la Constitución Federal, sin embargo sólo puede ser realizada a través de una legislación específica que todavía no existe. Por lo tanto, la actividad es ilegal. El PL 1610, presentado en 1996 por el senador Romero Jucá (PMDB-RR), volvió al escenario y es considerado por los pueblos indígenas como una gran amenaza. Desde año 2015, con el avance del bloque terrateniente en los poderes legislativo y ejecutivo de Brasil, el texto viene siendo tratado con celeridad. No hubo consulta a los pueblos indígenas acerca de la elaboración de la reglamentación del mencionado proyecto de ley.

Foto: VOA Protesta indígena en Brasilia.

Utilizando el discurso de recuperación económica y apertura de oportunidades a las inversiones, Michel Temer sigue ignorando las manifestaciones de los órganos nacionales e internacionales, más allá del propio sistema judicial brasilero. Entre 1991 y 2012, las pérdidas económicas acumuladas por eventos climáticos extremos en Brasil, sumaron 278 billones de reales -0,68% del PIB; además de 3.745 muertes y 46.022.011 personas afectadas –según revela una investigación llevada a cabo por economistas de la Universidad Federal del Rio de Janeiro (UFRJ).

 

Notas:

[1]http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9147.htm

[2]http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16969

Otras fuentes:

http://brasilescola.uol.com.br/historiab/trabalho-escravo-nas-minas.htm

http://www.nature.com/nature/journal/v535/n7610/full/nature18326.html

http://educacao.cemaden.gov.br/medialibrary_publication_attachment?key=AiWGBqNzLryG-ic02-Wte2gFJFp6GXPI

 
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Acuífero Guaraní, disputa y acaparamiento imperialista de una reserva única

Vanessa Dourado y R. Gómez de Mederos

El diseño de ocupación moderna de territorios completos es, a escala mundial, una arquitectura de formatos claramente parecidos. En esta ingeniería global, con el patrocinio de su más avezado protagonista, EEUU, requiere unir de manera radical y precisa dos elementos estratégicos de la visión imperialista relativa de la cuestión militar que es, “fusionar” dos elementos, la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, una estrategia que sea funcional a sus intereses y que desmembra y des-limita la frontera entre una y otra. En el fondo, es una reconfiguración de la Doctrina de Seguridad Nacional, tantas veces re-editada en el continente nuestroamericano.

El desenterramiento de lo que sobre 2.012 fue el programa estratégico dictado por expertos de los EEUU en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información, llamado en su momento “Lineamientos Estratégicos de la Defensa Nacional” [1], que formaba parte del Programa Expandido de Educación y Entrenamiento Militar (Expanded International Military Education and Training, E- IMET) de la Defense Security Cooperation Agency, es una posibilidad certera con el fortalecimiento de las derechas en el Cono Sur [1].

Según Elsa Bruzone, experta en Seguridad Nacional del CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia Argentina), Susana Malcorra, la actual Canciller Argentina, que integró como CEO, la norteamericana IBM y la gerencia de Telecom, quien fuera responsable del manejo, durante 12 años, del principal programa de Naciones Unidas contra el hambre (que cuenta con 30 barcos, 70 aviones, 5.000 camiones y 90.000 personas distribuidas en 86 países), es ahora la persona clave para re-dinamizar la idea de las bases militares en Misiones y Ushuaia, más otra posible en Jujuy, que aseguraran un pinzamiento sobre Bolivia y el reaseguro del Plan Belgrano, herramienta fundamental de las corporaciones para consolidar el manejo geoestratégico de la Triple Frontera del Litio, de los Salares de la Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra el 80% de las reservas más rentables del planeta.

El reflote de la instalación de las bases militares norteamericanas en la provincia de Misiones, se relaciona directamente, con que esta es una zona de carga y descarga del cuarto acuífero y reservorio de agua dulce más grande del mundo, compartido entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el llamado Acuífero Guaraní.

El avance de las derechas en el Cono Sur tiene como elemento fundamental “bajo la manga”, la idea de la Seguridad Interior, anexada al de ocupación de los territorios estratégicos de la región, por fuerzas extranjeras. Las bases propuestas, por el gobierno argentino, en Misiones, se relaciona con el Acuífero Guaraní, y la de Ushuaia, al interés norteamericano sobre la Antártida.

Tal vez no se puede afirmar tácitamente que el agua y sus reservorios son los únicos motivos de guerras futuras, pero sí podemos decir, que son todo el cúmulo de bienes naturales presentes en Nuestramerica, los que generan un alto grado de conflictos y escaramuzas en torno primero, de la disputa por su utilización y segundo, por la necesidad de acumularlos como reservorios de los países con mayor consumo de los mismos.

El agua, así como todos los bienes comunes, son recursos finitos, no reemplazables; eso hace del Cono Sur, un área de cada vez mayor interés. Las reservas de agua del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), concebido Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el marco del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, es el mayor manantial de agua dulce del mundo, con capacidad para abastecer a la población mundial por 200 años.

Pero la región está estipulada y destinada por los centros globales de poder, a cumplir el rol histórico de proveedor de bienes naturales de las grandes corporaciones extractivas, y sus países de procedencia, que no solamente los llevan a precio de nada, sino que además, dejan el rastro de la contaminación en la naturaleza, mientras legitiman un proceso de progreso ficticio.

Desde 2.001, el bien común estratégico agua, viene siendo objeto de debate y negociación por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y en el Acuerdo General Sobre Comercio de Servicios de la OMC (AGCS), con el objeto, en teoría, de garantizar agua potable y saneamiento básico, como derechos humanos y bien social; sin embargo, esto guarda un real interés, con garantizar los negocios de las corporaciones que necesitan del agua para seguir produciendo, en detrimento de los pueblos originarios, pequeños agricultores y comunidades campesinas.

Ya desde los años 1.992 y 1.994, estudios alertaban sobre posibles conflictos territoriales por la escasez del agua en el siglo XXI.

En la región del SAG existe una importante demarcación militar en expansión, como lo detallamos al principio del artículo, lo cual es denunciado desde el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA).

La región de la Triple Frontera, que abarca a Brasil, Paraguay y Argentina, está prospectada, sobre todo por el Pentágono, como zona de instalación de aparatos militares de inteligencia y logística, bajo la excusa de “frenar el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas”. La intención de instalar una base militar y una sede diplomática en la región, viene siendo fogueada por los EEUU, con mayor fuerza desde 1.999 aproximadamente.

El reciente acuerdo entre las embajadas de Argentina y EEUU, realizado en Buenos Aires, a puertas cerradas, por el embajador argentino en Washington, Martín Lousteau y su par norteamericano, Noah Mamet, contempla un convenio entre la Guardia Nacional del Estado de Georgia y las Fuerzas Armadas Argentinas, como parte del State Partnership Program (SPP); dicho programa construye relaciones en todo el mundo desde hace más de 20 años, la incorporación de Argentina al SPP alcanzará la cifra total de 73 colaboraciones estatales. La Guardia Nacional norteamericana cuenta con 460.000 efectivos y con un amplio grupo de socios en el extranjero, en todos los niveles de comandos de combate.

La excusa del convenio: “La cooperación en el caso de la Argentina con los Estados Unidos y por prioridad de nuestro país será para atender desastres naturales, programas de aviación, colaboración en las fronteras, en el cuidado del medio ambiente, en medicina militar, en una red de educación a distancia y en misiones de paz” [2].

Es en el marco de un ascenso institucional de las derechas y un retroceso de los procesos llamados progresistas en Nuestramerica, que comienza a reformularse mediáticamente la peligrosidad de la Triple Frontera como hipótesis de conflicto; dentro de esta reformulación, que incluye a todo el Cono Sur, se pacta el acuerdo de cooperación militar que, incluye además, la instalación de una base científica en la región.

La Triple Frontera es “considerada” muy peligrosa, por el hecho de “abrigar” a supuestos “miembros de sectas terroristas” que todavía no se sabe dónde están. Sin embargo, la supuesta paranoia estadounidense (más bien, justificación política e ideológica para penetrar territorios estratégicos) tiene una selectividad muy peculiar. Preocuparse más con estas amenazas “terroristas” y buscar fortalecer su presencia en áreas estratégicas, cuando el escenario político de América Latina cambia de forma relevante, con procesos de pérdida del protagonismo de los gobiernos llamados bolivarianos.

La construcción de una zona militarizada que pueda garantizar la apropiación y el acaparamiento territorial, bajo el modo de “compra” de tierras abundantes en bienes naturales, muchas de estas sostenidas con un hipotético objetivo conservacionista, pone al Estado de manera explícita como subsidiario de, y al servicio de los intereses de las corporaciones extractivas. Este proceso, en que el Estado subsidiario del capital transnacional, cede de manera tácita el control de los territorios a manos de las compañías y de una estrategia de ocupación militar, desemboca en una exacerbación e intensificación de los conflictos territoriales, entre terratenientes, pueblos originarios y campesinos, entre las empresas transnacionales y las comunidades.

En el Mato Grosso del Sur, una área importante e histórica de resistencia de los pueblos Guaraní-Kaiowá, los empresarios del agronegócio llevan a cabo el genocidio de esta población indígena que lucha por la demarcación de sus tierras. El último 11 de julio de 2.016, en el marco del asesinato del líder indígena Semião Fernandes Vilhalva, los empresarios del agronegócio mencionaron el SAG como causa del conflicto, en contra los indígenas que buscan rescatar sus tierras ancestrales.

El SAG tiene casi 1.200.000 kilómetros cuadrados de extensión; se calcula que su cuenca cuenta con entre el 42 y el 45 % de las reservas de agua dulce del mundo. La población que vive sobre él, constituye solo el 7% del total mundial, mientras la mayoría de los países desarrollados, tienen las cuencas de sus ríos contaminadas, además de enfrentar una desertificación progresiva en sus territorios.

El Ministerio de Protección del Medio Ambiente de China reveló que un 57,3% de las agua subterráneas en 193 ciudades tienen una calificación de malas o muy malas, así como el 30% de los ríos. El río Mississippi, en los Estados Unidos, representa una de las vías navegables más importantes, con una extensión de 3.782 kilómetros, pasando por 10 estados en su recorrido. En su rivera se encuentran numerosos centros industriales y agrícolas; ejemplo de ello es que el 78 % de las explotaciones de cereales y de soja que se encuentran en gran parte de su extensión.

El surgimiento del neo extractivismo itinerante, como uno de los modelos de acumulación capitalista, marca un nuevo momento de la historia geopolítica y económica del mundo. La súper explotación gana un nuevo ropaje y el liberalismo más ortodoxo pasa a ser considerado un mal menor para muchos actores internacionales, incluidos los latinoamericanos, frente al neoliberalismo más crudo. Este nuevo período abierto en la región, claramente viene a crear un cerco sobre nuestros territorios, ricos en bienes naturales, críticos y estratégicos. El SAG es uno de los tantos objetivos imperialistas.

Notas:

1-http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/07/12/sustancioso-informe-sobre-la-instalacion-de-bases-militares-yanquis-en-argentina/

2- http://www.lanacion.com.ar/1966718-acuerdo-de-cooperacion-militar-con-la-guardia-nacional-de-eeuu