Por Verónica Raffaelli

El 19 de agosto la Legislatura Porteña, con los votos del PRO, UCR, Socialismo y Coalición Cívica, aprobó en primera lectura el proyecto inmobiliario impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Grupo IRSA, llamado Costa Urbana.

Como informó el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la votación se realizó violando la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú, por no haber convocado a audiencia pública previa a ese tratamiento legislativo y no haber realizado la evaluación de impacto ambiental correspondiente, sumado a que se votó el proyecto de ley con la mayoría absoluta (la mitad + 1) cuando corresponde que se vote con la mayoría agravada de los ⅔ (40 votos).

El proyecto Costa Urbana surge de la posibilidad que el GCBA le otorgó a IRSA de construir decenas de torres de 145 metros de altura y aproximadamente 900 mil metros cuadrados en la Costanera Sur, que destruirían el humedal costanero. Las torres se destinarán principalmente a viviendas de lujo pero también a comercios, shoppings y hoteles, alcanzando una superficie total construida de 24 hectáreas.

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Paradójicamente, esto sucedió en una semana donde se produjeron nuevos incendios en la provincia de Córdoba, una gran movilización hacia el Congreso en reclamo de la sanción de una Ley de Humedales y la mediática “invasión” de carpinchos en Nordelta.

La aprobación también se produjo a pocas semanas de conocerse el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU. En este se advirtió sobre un impacto irreversible, pronosticándose para los próximos años escasez de agua, hambre, enfermedades, extinción de especies, éxodos y ciudades sumergidas por la crecida de los océanos.

Una catástrofe ambiental que no reviste nada de casual sino que es producto de siglos de capitalismo, extractivismo y colonialismo, a costa de la expoliación de nuestras poblaciones, territorios y recursos naturales.

Situación a la que los gobiernos de turno responden con más cemento, destrucción de la flora y la fauna autóctona, mayor contaminación y aumento de la brecha social.

Foto: Verónica Raffelli

Para entender el entramado de poder entre dirigencia política y empresarial detrás del otorgamiento y aprobación de estos negocios, como hemos investigado en un caso de iguales características en la Provincia de Santa Fe, basta con conocer algunos datos.

El 20 de julio de 2021 se firmó un convenio urbanístico, entre IRSA y el GCBA, por el cual se le otorgó a esta empresa la excepción para poder construir un nuevo Puerto Madero.

Los terrenos, que en la zonificación figuraban como “Villa Soldati”, IRSA los compró a 51 millones de dólares, a sabiendas de que a partir de la firma del convenio urbanístico el valor del suelo se multiplicaría 32 veces como mínimo.

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Asistimos nuevamente a otro caso más de especulación inmobiliaria, en un territorio donde miles de familias tienen la calle como hogar y donde otras tantas miles no pueden acceder a una vivienda, teniendo que pagar alquileres que cada vez son más inaccesibles. Costa Urbana es un proyecto que en ningún caso apunta al acceso a la vivienda de las clases populares ni a solucionar el déficit de habitacional, sino que solo aspira a llenar los bolsillos de quienes se enriquecen con las burbujas inmobiliarias.

Para comprender un poco más cómo es que funciona el negocio inmobiliario, nos basta con saber que Eduardo Elsztain, el dueño de IRSA – empresa dedicada a la construcción-, es el mismo dueño del Banco Hipotecario, único banco autorizado a otorgar los créditos del Plan Procrear, que a su vez es la única política pública existente, completamente limitada y sectorizada, que posee hoy el estado argentino para el acceso a la vivienda.

Desde Virginia Bolten, ya hace tiempo venimos investigando e informando acerca de los negociados y empresas de Eduardo Elsztain, que posee participación en empresas que operan en territorios palestinos ocupados  y que  instalan misiles en las Islas Malvinas.

IRSA, y en mayor medida, Euardo Elztain (a través de otras empresas que están a su nombre, como la Austral Gold, el Banco Hipotecario, Cresud, Alto Palermo SA, etc.) viene desarrollando negocios con todos los niveles de poder, nacionales y provinciales, así como con todos los sectores políticos (Juntos por el Cambio, peronismo, kirchnerismo).

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A causa del peligro que supone la efectiva realización de este proyecto, dado su impacto socio-ambiental, una multitud se movilizó el pasado domingo 22, en protesta por la aprobación que otorgó la Legislatura Porteña y en reclamo de una Costanera verde y pública para toda la ciudadanía.

Foto: Verónica Raffaelli

La acción, una enorme bicicleteada, se inició en las puertas del Congreso y recorrió varios puntos, como el Obelisco y Plaza de Mayo, para terminar sobre la entrada Sur de la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, que forma parte de los humedales donde se pretende construir.

Foto: Verónica Raffaelli