Pedro Rios*

En los Estados Unidos se repite otra escalofriante masacre cometida por un varón anglosajón racista, que se da el lujo de quitarle la vida a inocentes usando un arma contemplada para la guerra.  Esta vez, el episodio violento vuelve a azotar en una comunidad fronteriza.  El asesino condujo su automóvil más de 1000 kilómetros, durante 10 horas, a un establecimiento de Wal-Mart en El Paso, Texas, con la intención de disparar “a la mayor cantidad de mexicanos posible”.  Después que terminó el tiroteo 22 personas murieron y decenas más resultaron heridas.

Esto me recuerda otro incidente que ocurrió 35 años antes: el 18 de julio de 1984, otro supremacista blanco entró a un McDonald’s en la ciudad fronteriza de San Ysidro, a pocos kilómetros de mi casa, y descargó sus armas, asesinando a 21 personas e hiriendo a otras 19. Dijo esa mañana que iba a “cazar mexicanos.”

Esta nefasta idea de matar a mexicanas y mexicanos es la forma en que las políticas fronterizas se han desarrollado desde que Estados Unidos tomó el suroeste de México en una guerra de agresión que terminó en 1848.  Los asesinos adoptan esta lógica depravada y la animan con violencia a una escala dramática, y, en efecto, se replica la mentalidad de guerra de cómo el gobierno ha tratado a las comunidades fronterizas, predominantemente mexicanas en los Estados Unidos.

Sin duda, es correcto responsabilizar a Donald Trump.  El lema de Trump, “Make America Great Again,” promete preservar una cosmovisión errada, que adora una idea perversa de quién debe pertenecer a los Estados Unidos, y quién no, basada en la ideología de la supremacía blanca.  En las manifestaciones de campaña antes de las elecciones del año pasado, Trump advirtió repetidamente que Estados Unidos estaba siendo invadida por migrantes.  En otra manifestación, Trump le preguntó a su público, ¿cómo evitar que los migrantes lleguen a la frontera? y alguien de la audiencia gritó: “¡Dispárales!” Trump se rio y pareció aprobar del comentario.

Trump sigue agravando las condiciones para una guerra de baja intensidad contra las personas migrantes, pero el Estado lleva años haciéndoles la guerra a las comunidades fronterizas, y a las y los migrantes que las traspasan.  Es la misma militarización de comunidades fronterizas, con el apoyo de políticos de ambos partidos, tanto Republicanos como Demócratas, que generan las condiciones para la violencia barbárica guiada por una detestable mezcla de miedo y odio.

¿Cómo es posible que, de un día para otro, de repente haya jaulas para niñes migrantes? En 2015, bajo la administración de Obama, recuerdo haber visitado un centro de detención a corto plazo en Texas, donde las familias estaban enjauladas en perreras esperando ser procesadas. Son estos mismos lugares donde el hacinamiento ahora ha llevado a la muerte de menores de edad.

La violencia que lleva a los varones blancos trastornados a cometer actos de horror indescriptibles se produce porque el Estado ha liderado con el ejemplo una guerra de baja intensidad en las comunidades fronterizas – y esto ya por décadas.

En octubre se cumplen 25 años del Operativo Guardián, implementado bajo el presidente Bill Clinton, un demócrata. El Operativo Guardián fue parte de una estrategia militarista aplicada en la frontera que tenía la intención de impulsar migrantes a la muerte en los desiertos y ríos a lo largo de la frontera de los Estados Unidos con México. Se manejaba como una estrategia de “prevención a través de la disuasión.”  La deshidratación y la muerte se calcularon como parte de la fórmula destinada a disuadir a migrantes de ingresar a los Estados Unidos.  En la actualidad, más de 8000 personas, en su mayoría mexicanos y otros latinoamericanos, han muerto sin mucha protesta pública desde 1994.

Además de esto, la militarización de las comunidades fronterizas también significa que hay medidas que afectan la vida cotidiana de residentes fronterizos. Por ejemplo, es común que las personas que ingresan o salen de San Diego en el interior del país, tengan que conducir por un punto de control donde se cuestiona su estatus migratorio.  También es común ver a los agentes de la Patrulla Fronteriza detener a conductores de automóviles en el interior del país, para interrogarlos sobre su ciudadanía. En casos más atroces, también sabemos de numerosos casos en que los agentes de la Patrulla Fronteriza han utilizado la violencia física para someter a las personas de manera innecesaria.

Anastasio Hernández Rojas (42), Sergio Adriana Hernández-Guereca (15), Juan Méndez (18), Ramsés Barrón Torres (17), Roberto Pérez (63), Carlos Lamadrid (19), José Alfredo Yáñez Reyes (40), y Valeria Munique Tachiquin-Alvarado (30), son algunos de los nombres de personas por la violencia brutal de agentes de la Patrulla Fronteriza.  Estos casos, y tantos más, han quedado en la impunidad – simplemente no existe cómo aplicar la justicia.

Dadas las declaraciones racistas que Trump ha hecho sobre el pueblo mexicano, las políticas implementadas que buscan limitar la inmigración y eliminar el debido proceso para solicitantes de asilo, las leyes injustas que siguen separando a familias, es poco probable que el mandatario haga algo que se asemeja a la justicia y paz para comunidades fronterizas. El público ahora debe alzar su voz y expresar su deseo para tener comunidades desmilitarizadas, donde la dignidad y el respeto sean fundamentales para la formulación de políticas en el Congreso estadounidense.  De lo contrario, una mentalidad de guerra continuará trayendo violencia a las comunidades fronterizas en los Estados Unidos, y ya sea por el Estado o por un supremacista blanco armado empeñado en asesinar personas, estaremos sin determinar por nosotros mismos cómo vivir con paz y justicia.

*Pedro Rios es director del Programa Fronterizo EEUU-México de la organización cuáquera, American Friends Service Committee, ubicada en San Diego, California, Estados Unidos.  Cuenta con más de 25 años de acompañamiento a comunidades migrantes organizando por la autodeterminación en los Estados Unidos.  Conéctate con Pedro a través de Twitter en: @PedroConSafos