La coalición de Santa Marta, apuntes para un mundo post-fósil
Vanessa Dourado
Entre los días 24 y 29 de abril se llevó a cabo, en la histórica ciudad de Santa Marta, Colombia, la Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por los gobiernos de Colombia y de los Países Bajos, y que contó con la participación de 57 países.
Santa Marta recibió a diversas organizaciones sociales, actores políticos y académicos para debatir cómo el mundo debería salir de la dependencia actual de los combustibles fósiles. El tema es de gran importancia no solo para quienes se ven directamente afectados por los impactos de las actividades petroleras —como ocurre en territorios y pueblos que son invadidos, contaminados y violentados por lógicas de explotación que no respetan límites geográficos, físicos ni éticos—, sino también para las grandes corporaciones, que se ven interpeladas a transformar su matriz productiva para sostener sus ganancias, y para los gobiernos, que buscan atraer inversiones extranjeras.
Con tantos intereses en juego, la ecuación es compleja. Como todo proceso de cambio estructural —como lo es la superación de los combustibles fósiles, que hoy configuran un sistema central en la economía mundial, con una matriz energética aún 80 % dependiente del petróleo, el gas y el carbón—, las contradicciones y las diversas miradas reunidas en un mismo espacio expresan más un diagnóstico honesto que un manifiesto inmediato de transición hacia otro modelo.
A pesar de sus limitaciones, el diálogo sincero en un espacio seguro no es un esfuerzo menor, sino un primer paso para avanzar hacia una agenda superadora. Conocer los acuerdos y las diferencias permite construir síntesis entre los distintos actores, re-pensar la problemática desde los territorios y diseñar salidas coordinadas a nivel global.

Transición más allá de los Combustibles Fósiles y las COPs
La transición energética, pensada como forma de reemplazar los combustibles fósiles, ha estado en las mesas de debate de las COP (Conferencia de las Partes para el Cambio Climático) —que en los últimos años se ha transformado en una gran feria para lobistas y empresas petroleras— sin grandes avances. Por ello, los esfuerzos por generar espacios donde se pueda apartar la presencia de estas empresas son valiosos.
Desde su creación, en 1995, las COPs han sido el espacio de discusión e intento de acuerdos entre Estados con el objetivo de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y, por ende, la profundización del calentamiento global, a fin de combatir el cambio climático. Tras 30 ediciones, las COPs se han transformado en un espacio ineficaz para el fin al que fueron creadas. No solo sirvieron para fortalecer el lobby petrolero, sino que impidieron el avance de negociaciones importantes frente a un aumento de las emisiones en escalada.
Mientras los científicos del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) alertaban sobre el riesgo de un aumento de temperatura por encima de 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales y de la necesidad de frenar la quema de combustibles fósiles, principal responsable de las emisiones, dentro de las COPs las empresas, observadoras de las conferencias, ejercen fuerte influencia sobre los Estados, y muchos Estados también daban su contribución para boicotear las negociaciones. Entre protocolos fallidos —como es el caso del Protocolo de Kioto (1997), el Acuerdo de París (2015) y el Pacto de Glasgow (2021)— e intereses cruzados, las COPs pasaron a ser parte del problema.
Tras 27 ediciones de las COPs sin que se mencionara la necesidad de la salida de los combustibles fósiles, finalmente, en la COP 28 de Dubái (2023), se acordó una transición para dejar los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en los sistemas energéticos.
La COP30, realizada en Belém, Brasil (2025), demostró que el hecho de incluir intenciones en un texto final no solo es insuficiente, sino que dejó en evidencia que las empresas petroleras están atentas y actúan de forma organizada contra toda amenaza a sus negocios. En la conferencia, 1 de cada 25 participantes era lobista de las industrias fósiles.

Si, por un lado, los gigantes fósiles demostraron su poder de respuesta, también los pueblos organizados dejaron un contundente mensaje durante la conferencia, hecho representado, sobre todo, por la incidencia de los pueblos indígenas, que lograron viabilizar la necesidad de la protección de sus derechos territoriales y de su rol en la protección de los ecosistemas como eje central dentro de las negociaciones climáticas.
Los esfuerzos de algunos gobiernos, a destacar el de Colombia, por avanzar en una hoja de ruta para la salida de los fósiles, sin la presencia de las petroleras o de los Estados que vienen obstaculizando el proceso de diálogo y avance —como es el caso de Estados Unidos—, y con participación de los sectores afectados, también surgen en Belém y marcan el inicio de lo que parece ser una mirada más integral del problema.
Durante los días de reuniones en Santa Marta, se pudo notar un clima colaborativo y una sensación de quiebre respecto a las COPs. Surge un nuevo espacio de cooperación, con intencionalidad de compromisos vinculantes y más apertura para tratar temas sensibles, deliberadamente evitados en las Conferencias de las Partes, como financiamiento, reformas regulatorias, incentivos fiscales, la problemática de la deuda hacia los países del Sur Global y la necesidad de una planificación equilibrada dentro de una lógica de desarrollo desigual y combinado que, dada la necesidad de una transición energética, no reedite los impactos ecológicos hacia los países periféricos.
Los intensos debates que se dieron en los espacios de la conferencia oficial en Santa Marta no fueron conclusivos y tampoco tuvieron la intencionalidad de empezar con acuerdos previos. Más bien fue una apertura que permitió un mayor despliegue de miradas y el abordaje de temas que normalmente no entran en las rondas de debate, a destacar el panel de expertos sobre el sistema de Solución de Controversias Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).
Las trabas impuestas por los acuerdos comerciales y de inversión con cláusulas ISDS fueron llevadas a debate por académicos y miembros de la sociedad civil como uno de los grandes obstáculos a la hora de pensar una transición justa, ya que podría significar una potente lluvia de demandas por parte de las multinacionales extranjeras —sobre todo de la industria fósil— hacia los Estados ante tribunales internacionales, considerando que las políticas públicas direccionadas a la transición energética afectarían su rentabilidad.
Previa a la Conferencia, una carta firmada por más de 200 académicos fue entregada a Gustavo Petro, presidente de Colombia, alertando sobre la necesidad de abordar el tema, ya que también el país coorganizador del evento, Países Bajos, se veía directamente afectado por demandas por parte de las empresas ExxonMobil y Shell ante el CIADI, debido al cierre del campo de gas de Groningen.

Los desafíos del cómo y la Conferencia por Territorios de Libres de Combustibles Fósiles
A pesar de los esfuerzos, la dificultad central del debate acerca de una transición energética se da por la incapacidad de pensar una transición que ponga la vida en el centro, en lugar de pensar la sustentabilidad de los negocios. Ese eje fue discutido durante la Conferencia por Territorios Libres de Combustibles Fósiles, un espacio paralelo a la conferencia oficial en Santa Marta que contó con la presencia de más de 60 organizaciones, la mayoría de ellas representantes de territorios directamente afectados por proyectos de hidrocarburos.
Las voces críticas remarcaron que los intereses no son estrictamente de las empresas que lucran arrasando ecosistemas y amenazando la continuidad de la vida en el planeta, sino que abarcan a varios grupos que trabajan en conjunto. Hay intereses de otros sectores, políticos, académicos y hasta de organizaciones de la sociedad civil, que se esfuerzan para sostener una lógica de salida basada en la comodificación de los bienes comunes y en la transformación de los territorios y sus actores en empresas al servicio de la productividad económica para sostener el sistema.
La cuestión es que la transición, mejor definida por colectivos de Brasil como “transacción”, tiene un horizonte corto si su único objetivo es hacer una transición energética que no afecte a los lucros y que, más aún, es vista como una oportunidad para generar más negocios. Estas transacciones están presentes en la propuesta basadas en el reemplazo de la explotación de petróleo por tierras raras y en el desarrollo de infraestructuras que puedan hacer más fácil su explotación que no tienen en cuenta la debida participación de la sociedad civil y tampoco contempla las consultas libres, previas e informadas a los pueblos en los territorios.
En un momento en el cual las guerras proliferan, las disputas geopolíticas se intensifican y el mundo se ve envuelto en el capitalismo del caos, la necesidad de minerales críticos para la industria armamentística parece ser más importante que la necesidad de garantizar la continuidad de la vida. Es una lógica genocida. ¿Cómo se podría nombrar a aquellos que, directa o indirectamente, la apoyan?
Los gobiernos también se ven atrapados en la lógica del extractivismo como única forma posible de supervivencia. El discurso de Gustavo Petro, al final de la conferencia oficial alerta sobre el hecho de que el Estado tiene limitaciones que no permiten cambios estructurales.“La unidad de Estados fracasó; es necesaria una unidad de los pueblos”. Frente a la crisis del multilateralismo, el internacionalismo de los pueblos parece ser la única salida.
El anhelo irrealizable de la llegada del desarrollo a través de inversiones extranjeras en condiciones de desigualdad, y el condicionamiento a reglas que permiten a las empresas extorsionar a los Estados, no habilitan que se avance hacia una transición justa. No hay forma de avanzar hacia una superación del actual estado de cosas con territorios subordinados a la lógica del mercado.

En este sentido, pensar y construir un proceso que tenga como horizonte territorios libres, con autodeterminación y autonomía de los pueblos, es no solo necesario, sino también urgente frente a la aceleración de la destrucción de los ecosistemas y de la profundización de la crisis civilizatoria. Asimismo, reivindicar la Naturaleza como sujeto de derechos e incluir en los debates la contribución de los pueblos originarios, los mayores guardianes de los ecosistemas, y su hoja de ruta para la salida de los combustibles fósiles ayudará a orientar los trabajos futuros a fin de alcanzar las metas esperadas.
La potencia de la Conferencia por Territorios Libres de Combustibles Fósiles, teniendo en cuenta la falta de propuestas superadoras por parte de los espacios de toma de decisión, está en el planteo intransigente de una transformación sistémica, de un cambio de paradigma que ponga las tecnologías de vida al servicio de la recomposición del metabolismo social.
La próxima conferencia será coorganizada por Tuvalu e Irlanda en 2027. El gran desafío consiste en orientar una arquitectura capaz de impulsar ensayos que habiliten la construcción de modos de existencia post-fósil que no reproduzcan ni perpetúen las relaciones de desigualdad inherentes al modelo actual. Esto solo podrá alcanzarse mediante compromisos reales y vinculantes que superen la mera carta de intenciones, así como a través de la participación activa de los pueblos afectados por la amenaza a su propia existencia.