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Los conflictos de la interna israelí y el costo que pagan lxs palestinxs

Un joven palestino sentado en las alturas de Bab Al-Amoud (Puerta de Damasco, Jerusalén). FOTO/Verónica Raffaelli @veroraffaph

Por Verónica Raffaelli

En estos días, Netanyahu, el Primer Ministro de la Ocupación, aceptó poner en pausa su iniciativa de reforma judicial hasta la próxima sesión parlamentaria. 

Esta reforma implicaría darle al Parlamento sionista, la Knesset (y por tanto a los partidos que están en el poder), un mayor control sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, el control de cómo se selecciona a los jueces, el control de las leyes sobre las que puede pronunciarse el Tribunal Supremo y el otorgamiento al Parlamento del poder de anular las decisiones de esta Corte.

Esta suspensión momentánea de la puesta en práctica de la reforma se debe a la masiva oposición que generó, con meses de movilizaciones sin precedentes en el país y una huelga general que, el lunes 27 de marzo, frenó en gran parte las actividades en la Palestina del 48.

Recordemos que antes de tomar esta decisión de frenar la reforma, Netanyahu había despedido a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien  se había manifestado a favor de postergar la reforma judicial, no porque estuviera en contra sino porque consideraba que la misma debía aprobarse cuando hubiera un mayor consenso social. 

Debemos tener en cuenta que en este contexto unas 650 tropas de reserva de las unidades de inteligencia y cibernéticas de las fuerzas de ocupación anunciaron que ya no se ofrecerían como voluntarios para el servicio. Siendo el ejército el pilar del régimen de ocupación y apartheid, Galllant detectó en esto una amenaza a la seguridad del estado sionista. 

Justamente, luego de la marcha atrás de Netanyahu  los grupos de reservistas informaron que interrumpían sus protestas contra la reforma judicial dándole una oportunidad al diálogo.

Por otra parte, la suspensión de la reforma le trajo problemas a Netanyahu con los sectores ultraderechistas, que hasta fueron a buscarlo a su casa, rompiendo todo a su paso. Por lo que, intentando hacer una concesión a sus aliados de extrema derecha en el Gobierno, Netanyahu acordó establecer una “nueva” Guardia Nacional bajo el control de Itamar Ben-Gvir, el ultranacionalista Ministro de Seguridad Nacional, quien tuvo una condena judicial por incitación racista contra lxs palestinxs y el apoyo a un grupo terrorista. Ben-Gvir tiene un poder inmenso sobre las fuerzas policiales que ejercen violencia sobre la población palestina y ahora tendrá esta Guardia Nacional también”. 

Y es que las milicias de Ben-Gvir existen desde hace mucho tiempo en Cisjordania, especialmente en los asentamientos de colonos ilegales que cotidianamente ejercen violencia contra los palestinos, a menudo en conjunto o al menos con la protección del ejército israelí. El ataque a comercios, viviendas, autos son moneda corriente. En los últimos meses,  hemos visto auténticos pogroms, donde los colonos han prendido fuego viviendas y autos con gente dentro, siempre con la arenga y el apoyo de Ben-Gvir.

Entonces ahora ya estaríamos hablando de una milicia que se va a formalizar cada vez más, bajo la dirección de un Ministro en el Gobierno, con la protección de un gobierno que tiene la mayoría, y con acceso a más  armas y recursos.

Como vemos, lxs palestinxs, como siempre, son quienes están pagando el precio más alto por lo que está sucediendo hoy en el 48.

Colonos israelíes se preparan para incursionar en la expplanada de las mezquitas ante la complicidad de las fuerzas policiales de la ocupación. FOTO/Verónica Raffaelli. @veroraffaph

¿Qué sucede durante Ramadán?

Este contexto de convulsión en la Palestina del 48 está coincidiendo con un periodo por demás importante para gran parte de la población palestina, la que comulga la fe musulmana, que es el Ramadán.

Sabemos que la ocupación israelí se prepara semanas antes de que comience Ramadán, que este año comenzó hace una semana, acaparando y actualizando sus herramientas de opresión contra lxs y las palestinxs y tomando una serie de medidas con el objetivo de suprimir la resistencia que tiene lugar en Al-Quds (Jerusalén) y la Mezquita de Al-Aqsa. Cada año, estas medidas son repetidas y actualizadas. Algunas de las tácticas anunciadas y utilizadas por la ocupación son:

-Espejos convexos: Colocación de Espejos convexos en las torres de vigilancia del área de Bab Al-Amoud (Puerta de Damasco) que usarán para vigilar de cerca y rastrear los movimientos de los peatones.

-Aumento de la actividad comercial en Bab Al-Amoud: Al igual que el año pasado, la Ocupación ha permitido que algunos comerciantes muestren sus productos en la plaza de Bab Al-Amoud, para obstruir cualquier reunión y facilitar la dispersión.

-Cámaras móviles modernas: La Ocupación ha mejorado las cámaras de vigilancia instaladas en la terraza de la Escuela al-Tankiziyya (ubicada en la parte del Muro Occidental -Muro de los Lamentos- de la Mezquita Al-Aqsa).Esta escuela, -que ya no lo es más porque fue tomada por la Ocupación en 1967 y convertida en comisaría-, les sirve para la instalación de nuevas  cámaras móviles y de alta precisión, utilizadas para disuadir y vigilar a los manifestantes. En la misma terraza se colocan los francotiradores para atacar a los jóvenes durante los enfrentamientos.

-Más soldados encubiertos: Por primera vez, la “Policía Fronteriza” anunció la formación de un escuadrón de reserva para servir en la unidad de soldados encubiertos. Participan, según sea necesario (de manera clandestina), en la supresión de cualquier enfrentamiento potencial en Al-Quds durante Ramadán.

-Entrenamiento para invasiones militares:Las Fuerzas de Ocupación organizan entrenamientos de campo y viajes de preparación, armando escenarios como el de asaltar el complejo de la Mezquita de Al-Aqsa, y especialmente el de la Mezquita de Al-Qibli, donde los jóvenes palestinos suelen refugiarse durante las incursiones militares.

-1.000 policías extra cada viernes:La Ocupación despliega aproximadamente 1.000 soldados israelíes en la Ciudad Vieja de Al-Quds y sus alrededores. El número se duplicará los viernes. 

-Grupos especiales para el Ramadán: El primero está respaldado por Shabak (el servicio de inteligencia) y se especializa en monitorear plataformas de redes sociales, eliminar cualquier publicación que se considere incendiaria y difundir mensajes tranquilizadores. El segundo trata e interroga a los detenidos.

Fieles musulmanes realizan su oración ante la vigilancia de los soldados de la ocupación apostados en los techos. Al Khalil, Cisjordania, Palestina. FOTO/Verónica Raffaelli. @veroraffaph

Afortunadamente, este férreo aparato de control, seguridad y vigilancia, nunca termina de cumplir plenamente sus objetivos. Y esto se debe a que lxs palestinxs a menudo han logrado encontrar formas de resistir, expresarse y organizarse en estos 75 años de padecimiento causado por la  ocupación sionista.

Fuentes:

https://www.ynetespanol.com/
https://www.swissinfo.ch/
https://palestinalibre.org/
https://metras.co/
 
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Perú: lucha y resistencia

Foto: Marcos Sierras

Por Verónica Raffaelli

Nuestro compañero y fotógrafo Marcos Sierras se encuentra en estos momentos en el territorio denominado Perú como parte de la “Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos de Argentina”.

La principal misión de esta delegación que está formada, entre otros profesionales, por abogados, es tomar denuncias tanto de manera anónima o con acreditación de identidad en relación a violaciones de derechos humanos, e incluso desapariciones forzadas y asesinatos, por parte de las fuerzas represivas peruanas en el marco de las protestas. El objetivo es recibir todas las denuncias posibles hasta el 13-2 que es la fecha de retorno de la delegación.

Foto: Marcos Sierras

El día 9-2, concretamente se produjo un Paro Nacional convocado por las dos centrales de trabajadorxs más importantes, la  CGTP y CUT. La adhesión fue contundente y con mucha  movilización en las calles.

Foto: Marcos Sierras

Ese día, la delegación – que cuenta con 19 personas- debía llegar caminando hasta el epicentro de la marcha. Marcos nos cuenta lo profundamente conmovedor que fue este momento. Mientras los integrantes iban avanzando por la avenida, la gente los empezó a ver y a reconocer. En seguida comenzaron a acercarse cientos de personas, que luego llegaron a ser miles, haciéndoles un corredor para que la delegación pudiera llegar hasta el vallado. Mientras iban pasando la gente los aplaudía y les gritaba palabras de agradecimiento. Se acercaban llorando, emocionados, los abrazaban y besaban, pidiéndoles que por favor visibilicen esta situación de violencia porque ya no dan más. “Las muestras de afecto y agradecimiento a la prensa argentina fueron muy emocionantes”, dice Marcos.

La delegación estuvo en la marcha desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche y  la gente los acompañó todo ese tiempo y no quería que se vayan porque temían que empezara una represión más fuerte. 

Foto: Marcos Sierras

Ese día no hubo represión generalizada en donde estuvo la delegación, solo se produjeron algunas escaramuzas y detenciones puntuales pero en otros lugares.

Foto: Marcos Sierras

Nos cuenta Marcos que las provincias, fuera de Lima, son las zonas donde más se están sufriendo las violaciones a los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad amedrentan, agreden y secuestran gente que después no se sabe dónde está hasta el día de hoy. 

Estas mismas fuerzas salen un día  a perseguir  y en menos de 24 horas detienen a todxs lxs dirigentes gremiales, sociales y políticos.

Es por esto que la delegación comenzó a viajar a las provincias a partir del 10-2 para empezar a tomar denuncias en esas geografías.

 
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Los reclamos de las comunidades Wichís de Tartagal

Foto: Verónica Raffaelli

Por Verónica Raffaelli

Miembrxs de comunidades Wichís de Tartagal, Salta, estuvieron acampando desde el 12 al 25 de agosto en la Plaza Congreso.

Les tomó 20 días en llegar a la Ciudad de Buenos Aires, trayecto que fueron haciendo a dedo y con la colaboración y solidaridad de quienes encontraban por el camino, en los pueblos, y que los fueron arrimando hasta la capital.

El 19 de agosto lograron ser recibidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Vivienda de la Nación.

En esa reunión lograron exponer sus reclamos que concretamente consisten en:

-Aprobación de la Ley de propiedad comunitaria

-Prórroga de la Ley 26160 de relevamiento territorial

-Participación en los programas de vivienda

-Derecho al agua

-Derecho al trabajo

Foto: Verónica Raffaelli
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¿En qué situación se encuentran las comunidades?

En la actualidad, la relación de las comunidades y sus territorios es endeble, dada la escasa seguridad jurídica que les brinda el estado. La Ley de propiedad comunitaria lleva muchísimo tiempo cajoneada en el Congreso, siendo la que realmente puede efectivizar y proteger de manera colectiva los territorios de las comunidades.

No existiendo aun, solamente están bajo el amparo de la Ley de relevamiento territorial, que tiene la particularidad de ser provisoria, con una vigencia de 4 años. Por lo que, cumplido ese plazo, se tiene que solicitar la renovación.

Las comunidades Wichís ya van por su tercera renovación y están a punto de que la última se venza en noviembre.

Por lo tanto, el reclamo también implica una nueva renovación para tener una mínima protección de sus tierras. El problema mayor es que a muchas comunidades no les han hecho efectivamente el relevamiento de sus territorios, viviendas, etc., por lo que no poseen la documentación y las carpetas que los amparan y que certifican lo que hace siglos vienen haciendo: vivir allí.

La Ley de relevamiento territorial en ningún caso resuelve el problema, pero hasta tanto no se sancione la Ley de propiedad comunitaria, funciona como un paraguas jurídico ante las amenazas constantes, que sufren las comunidades, de desalojos y expoliación de sus tierras y recursos.

Como las tierras donde se encuentran las comunidades son territorios fiscales es usual que, con los favores y connivencia de los jueces y funcionarios, aparezcan súbitamente empresarios o gente con títulos de “propiedad” pudiendo luego expulsar e ir corriendo a las comunidades de sus propios territorios para instalar nuevos negocios.

Por eso el énfasis en el reclamo de la efectiva implementación y prórroga de la Ley de relevamiento territorial.

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Las amenazas de siempre: colonialismo-capitalismo-extractivismo

El derecho al agua está en el centro de los reclamos de las comunidades Wichís, un recurso que les es negado progresivamente.

Las comunidades ya no pueden extraer prácticamente nada de los pozos, ya que las napas están cada vez más secas. Las grandes culpables son las empresas multinacionales de gaseosas que están instaladas en la zona, especialmente la firma MANAOS.

El otro gran problema son las empresas mineras que se dedican a las perforaciones para la extracción de litio, lo que suma a la escasez del agua la contaminación.

Las comunidades Wichís de Tartagal, dada la geografía de la región, se dedican mayormente a la cría de ganado, con lo cual el problema del agua afecta tanto a su propia subsistencia y su salud, tanto como a su actividad productiva.

En el día de ayer, las comunidades que llevaron adelante el acampe convocaron a una conferencia de prensa donde anunciaron los acuerdos logrados hasta el momento; lo que hizo que decidieran levantar el acampe.

En principio, tuvieron una nueva reunión con el INAI en la cual el organismo se comprometió en algunos de los puntos reclamados.

En principio, integrarán a las comunidades en la mesa de diálogo del INAI, junto a miembros de APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), para poder dialogar directamente con el organismo temas de desalojos, propiedad comunitaria, relevamientos, etc.

El otro punto importante que acordaron es que los programas de vivienda pasarán directamente por la cooperativa de las comunidades y no por la Provincia de Salta (ya que esa intermediación provocaba que el dinero no le llegara nunca a las comunidades).

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Son 7 las comunidades Wichís que estuvieron acampando a la espera de la resolución a todos estos conflictos. Cada una de ellas está conformada aproximadamente por 100 familias.

Miles de personas estaban a la espera de que un estado invasor legalice lo que es suyo desde hace siglos, y asegure sus derechos fundamentales.

 
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Costanera para pocos

Foto: Verónica Raffaelli

Por Verónica Raffaelli

El 19 de agosto la Legislatura Porteña, con los votos del PRO, UCR, Socialismo y Coalición Cívica, aprobó en primera lectura el proyecto inmobiliario impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Grupo IRSA, llamado Costa Urbana.

Como informó el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la votación se realizó violando la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú, por no haber convocado a audiencia pública previa a ese tratamiento legislativo y no haber realizado la evaluación de impacto ambiental correspondiente, sumado a que se votó el proyecto de ley con la mayoría absoluta (la mitad + 1) cuando corresponde que se vote con la mayoría agravada de los ⅔ (40 votos).

El proyecto Costa Urbana surge de la posibilidad que el GCBA le otorgó a IRSA de construir decenas de torres de 145 metros de altura y aproximadamente 900 mil metros cuadrados en la Costanera Sur, que destruirían el humedal costanero. Las torres se destinarán principalmente a viviendas de lujo pero también a comercios, shoppings y hoteles, alcanzando una superficie total construida de 24 hectáreas.

Paradójicamente, esto sucedió en una semana donde se produjeron nuevos incendios en la provincia de Córdoba, una gran movilización hacia el Congreso en reclamo de la sanción de una Ley de Humedales y la mediática “invasión” de carpinchos en Nordelta.

La aprobación también se produjo a pocas semanas de conocerse el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU. En este se advirtió sobre un impacto irreversible, pronosticándose para los próximos años escasez de agua, hambre, enfermedades, extinción de especies, éxodos y ciudades sumergidas por la crecida de los océanos.

Una catástrofe ambiental que no reviste nada de casual sino que es producto de siglos de capitalismo, extractivismo y colonialismo, a costa de la expoliación de nuestras poblaciones, territorios y recursos naturales.

Situación a la que los gobiernos de turno responden con más cemento, destrucción de la flora y la fauna autóctona, mayor contaminación y aumento de la brecha social.

Foto: Verónica Raffaelli

Para entender el entramado de poder entre dirigencia política y empresarial detrás del otorgamiento y aprobación de estos negocios, como hemos investigado en un caso de iguales características en la Provincia de Santa Fe, basta con conocer algunos datos.

El 20 de julio de 2021 se firmó un convenio urbanístico, entre IRSA y el GCBA, por el cual se le otorgó a esta empresa la excepción para poder construir un nuevo Puerto Madero.

Los terrenos, que en la zonificación figuraban como “Villa Soldati”, IRSA los compró a 51 millones de dólares, a sabiendas de que a partir de la firma del convenio urbanístico el valor del suelo se multiplicaría 32 veces como mínimo.

Asistimos nuevamente a otro caso más de especulación inmobiliaria, en un territorio donde miles de familias tienen la calle como hogar y donde otras tantas miles no pueden acceder a una vivienda, teniendo que pagar alquileres que cada vez son más inaccesibles. Costa Urbana es un proyecto que en ningún caso apunta al acceso a la vivienda de las clases populares ni a solucionar el déficit de habitacional, sino que solo aspira a llenar los bolsillos de quienes se enriquecen con las burbujas inmobiliarias.

Para comprender un poco más cómo es que funciona el negocio inmobiliario, nos basta con saber que Eduardo Elsztain, el dueño de IRSA – empresa dedicada a la construcción-, es el mismo dueño del Banco Hipotecario, único banco autorizado a otorgar los créditos del Plan Procrear, que a su vez es la única política pública existente, completamente limitada y sectorizada, que posee hoy el estado argentino para el acceso a la vivienda.

Desde Virginia Bolten, ya hace tiempo venimos investigando e informando acerca de los negociados y empresas de Eduardo Elsztain, que posee participación en empresas que operan en territorios palestinos ocupados  y que  instalan misiles en las Islas Malvinas.

IRSA, y en mayor medida, Euardo Elztain (a través de otras empresas que están a su nombre, como la Austral Gold, el Banco Hipotecario, Cresud, Alto Palermo SA, etc.) viene desarrollando negocios con todos los niveles de poder, nacionales y provinciales, así como con todos los sectores políticos (Juntos por el Cambio, peronismo, kirchnerismo).

A causa del peligro que supone la efectiva realización de este proyecto, dado su impacto socio-ambiental, una multitud se movilizó el pasado domingo 22, en protesta por la aprobación que otorgó la Legislatura Porteña y en reclamo de una Costanera verde y pública para toda la ciudadanía.

Foto: Verónica Raffaelli

La acción, una enorme bicicleteada, se inició en las puertas del Congreso y recorrió varios puntos, como el Obelisco y Plaza de Mayo, para terminar sobre la entrada Sur de la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, que forma parte de los humedales donde se pretende construir.

Foto: Verónica Raffaelli
 
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Medioambiente y negociados: la trama política detrás de las obras de la UNL

Gentileza de @comunidad.por.la.naturaleza

Por Verónica Raffaelli

Un mes atrás, en la Ciudad de Santa Fe, comenzaron las obras de un nuevo edificio de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en la zona de la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria (RECU), que como tal, es un área protegida.

“El Aulario Común Costanera Este” (así se denomina el proyecto) fue presentado a la comunidad santafesina como una “obra de arquitectura sustentable que relaciona la naturaleza, la educación y la cultura con nuevos espacios para el desarrollo escolar, científico y académico”, según palabras del Rector Enrique Mammarella.

Al acto adjudicatario de las obras asistieron el Gobernador Omar Perotti; el Intendente Emilio Jatón; el Secretario Nacional de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación Jaime Perczyk (de manera virtual), autoridades y funcionarixs de la UNL y el Ing. Julio Allaio, Presidente de Coemyc SA (empresa que resultó ganadora).

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Dicho encuentro evidencia que el entramado que está  detrás de la realización de esta obra lo constituyen fuerzas políticas partidarias de todos los colores y por organismos de todos los niveles de poder, tanto nacionales, provinciales como municipales.

De hecho, el Secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Jaime Perczyk, aseguró que “es (…) trascedente para la política pública, garantizar trabajo a las empresas constructoras, a los trabajadores, (…) es una señal hacia el sistema educativo y hacia el sistema universitario, que en el medio de este desastre que estamos viviendo haya obras de aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres (…), habla de un gobierno que quiere abrazar a las universidades, que cree que son parte del desarrollo nacional, que son parte de la Argentina que está peleando con la pandemia”.

La coincidencia en el discurso de Mamarella y Perczyk forma parte de la estrategia de  los sectores de poder  de mostrar la “cara amable” de este proyecto, intentando presentarlo como respetuoso de las condiciones naturales del entorno. La insistencia en resaltar que  cuenta con todas las certificaciones ambientales provinciales y municipales y que está actualizado bajo los parámetros del “Manual de Arquitectura Sustentable”, va en la misma línea.

DESARMANDO EL RELATO: UN ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

“El Aulario Común Costanera Este”, cuyo edificio contará con un Salón de Usos Múltiples, 22 aulas para educación inicial, primaria, media, grado y posgrado universitario, 3 talleres y una biblioteca, fue categorizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia como una obra de bajo impacto ambiental. En relación a esto, cabe aclarar que no se ha realizado el necesario estudio de impacto ambiental para dicha categorización.

De acuerdo al análisis elaborado por el colectivo “Comunidad por la naturaleza” (integrado por organizaciones sociales y ambientales; profesionales, investigadorxs, docentes y estudiantes -muchos de ellxs pertenecientes a la UNL o que han pasado por la UNL- y  ciudadanxs en general) el impacto de la obra no es bajo, sino que es alto, por varios motivos:

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-Implica el desmonte de, al menos, 3,5 has. de ambiente natural, hogar de lo que representa aproximadamente el 45% de la flora del valle del río Paraná y hogar de más de 200 especies de aves, que representan el 50% de las aves de la provincia de Santa Fe, incluyendo al menos 3 especies amenazadas (tachurí canela, aguilucho alas largas y canastero enano).

– La reducción del hábitat natural implica el desplazamiento de animales en busca de refugios alternativos. Algunos de ellos se establecerán en edificaciones de los sectores más urbanos de la ciudad, como por ejemplo, los murciélagos que buscan refugio en los techos y persianas de edificios. Esta situación aumenta el contacto con posibles reservorios de virus y bacterias aumentando el riesgo de enfermedades zoonóticas.

– El funcionamiento de los diferentes niveles implica que las instalaciones se utilicen todos los días (excepto el domingo) y probablemente de 8 a 22hs. Esto implica la presencia, entrada y salida de miles de personas que transitarán por el lugar.

– Se producirán efluentes cloacales que para ser evacuados requieren de una conexión con la red cloacal. La cañería que brindará los servicios de agua, desagües y cloacas, atravesará 150 metros de la Reserva Ecológica implicando más daño aún al interior de la misma.

– Aumentará el nivel de contaminación sonora y lumínica en el sector perturbando la tranquilidad del lugar para la fauna y las personas.

– Aumentará el número de kioscos, carribares, y restoranes para vender comida a estudiantes y docentes que utilicen esas aulas, incrementando la contaminación de basura, que podría también alterar el equilibrio de la fauna.

– Aumentará la presencia de ratas, perros y gatos en la zona, lo que acrecentará la depredación sobre la fauna de la reserva.

-Se producirá un mayor nivel de tránsito por la costanera, incluyendo transporte público.

Gentileza @comunidad.por.la.naturaleza

UNA ALIANZA EN POS DEL NEGOCIO Y LA CARRERA POLÍTICA

¿Cuál es, entonces, el verdadero interés detrás del aulario? ¿Por qué coinciden en su aprobación y construcción lo que desde el discurso político se enuncia como oficialismo y oposición?

Para empezar debemos tener en cuenta que el edificio a construir conlleva una inversión de $239.778.129,60. El dinero llega por intermedio del Ministerio de Obras Públicas que, en conjunto con el Ministerio de Educación, impulsan el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, a través de un convenio del Gobierno Nacional con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF-Corporación Andina de Fomento). 

En lo que concierne a la UNL podemos decir, que como de casi todas las universidades tradicionales del Centro Argentino  (característica que no escapa a la UBA), que es un histórico bastión del radicalismo, gobierne quien gobierne a nivel nacional o provincial.

La gestión de la UNL, enquistada hace más de 40 años, responde a este espacio político y ya hace tiempo conforma la pata radical de Juntos por el Cambio (en el actual contexto electoral, la gestión de Mamarella apoya a Rodríguez Larreta en la interna de este frente). En este sentido,  la inyección de dinero para el “aulario” está relacionada con la financiación de la campaña para el retorno al poder a nivel nacional de esta fuerza política partidaria.

La UNL, además,  ha sido utilizada históricamente por los cuadros partidarios como trampolín hacia cargos de la política clásica (caso Estorero, Barletta, por ejemplo), como en el senado, intendencia, etc.

Los cargos en la universidad, al mejor estilo feudal, se van heredando y en esto juega un importante rol la presencia muy fuerte, en todos los estamentos, de la Franja Morada que, como brazo estudiantil del radicalismo, opera como apoyo encubierto (y no tanto) de las gestiones de turno.

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La connivencia de fuerzas políticas en teoría “opositoras” en este desguace ambiental está más que a la vista. A este entramado  se suman medios de comunicación que  lavan la cara a este tipo de proyectos -como el diario “El Litoral”[1]-, jueces que lo autorizan y la propia empresa ganadora de la licitación (que ya ha ganado otras obras de la UNL). También cabría mencionar el rol de la “Fundación Hábitat”, que mediante este convenio se asegura una gran suma de dinero para  el “mantenimiento de la reserva”[2].

En cuanto a los intereses económicos, que atañen a todos estos sectores mencionados, es importante resaltar que la UNL, a pesar de su discurso ambientalista[3], es pionera en el desarrollo de transgénicos (el polémico trigo HB4, por ejemplo) y que actualmente el tema de la trasferencia y vinculación tecnológica[4] es lo que más peso político tiene en la institución dado las abultadas sumas de dinero que entran por esa vía.

En conclusión, si bien hay un uso político partidario en cuanto al aulario y al dinero habilitado para la construcción del mismo, esto no reviste motivo para una confrontación entre la gestión de la universidad (radicalismo/Juntos por el Cambio) y los poderes provinciales (peronismo en diálogo con algunos sectores del kirchnerismo y la burocracia sindical) y nacionales (Frente de Todos), dado el acuerdo de todos estos espacios en relación al sistema productivo ( en especial la agroindustria biotecnológica) y las políticas desarrollistas y extractivistas; que precisamente no tienen nada de sustentable, al igual que la obra del aulario.

Aun bajo este panorama desalentador, diversos sectores de la sociedad civil santafesina nucleados en el colectivo “Comunidad por la Naturaleza”, que se resisten al avasallamiento de sus derechos, presentaron el día 6 de julio una nota ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo de Juan Cabandié,  solicitando que intime a la UNL a cesar con las obras y al homónimo Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia a que revea y recategorice el nivel de impacto ambiental de dicha obra.

Aguilucho de alas largas
Tachurí canela
Canastero enano

[1] https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/306256-rechazo-y-razon-a-la-construccion-de-un-aulario-de-la-unl-en-la-costanera-este-todas-las-voces-area-metropolitana-todas-las-voces.html

[2] La Fundación Habitat recibe financiamiento de corporaciones como Hewlett Packard, Bank Boston o Nestlé, entre otras.

[3] El programa UNL Verde forma parte del greenwashing.

[4] CETRI (Centro para la Transferencia de los Resultados de la Investigación), a partir del cual muchas facultades realizan servicios tecnológicos a terceros (empresas y sector productivo).