EDITORIAL

El número de personas en lugares de encierro es de 11 millones en todo el mundo, según el informe del Instituto Internacional de Estudios penitenciarios (ICPS –en su sigla en inglés). El estudio también desvela que hubo un incremento del 30% de encarcelamientos en los últimos 30 años.

En Argentina, el número de personas en lugares de encierro es de 71.464. El principal delito cometido es robo o tentativa de robo. La mayoría son varones con menos de 35 años de edad, según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP).  En la provincia de Buenos aires, donde se encuentra el 70% de las mujeres en lugares de encierro, el 31% es por infracción a la ley de estupefacientes.

La violencia y la represión como práctica política es la única forma que encuentra el Estado para lograr su sostenimiento. Es la forma frente a la incapacidad de llevar a cabo cambios estructurales que traten la raíz de los problemas sociales bajo un sistema que profundiza desigualdades y que las necesita para seguir existiendo. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), en su informe de 2015, informa que 72 por ciento de las personas privadas de su libertad por delito no pasaron del nivel de escolaridad básica.

Los lugares de encierro son depósitos de personas vistas como no deseables a la sociedad. No es una solución a las cuestiones de inseguridad que emergen en el sentido común como gran problema a ser resuelto, el endurecimiento de leyes, la mirada punitivista y el aumento de las fuerzas de seguridad trabajan para eliminar el problema –o sea, a las personas en conflicto con la ley directamente– y no para cumplir con rol que sería, en teoría, la resolución de conflictos.

Estas máquinas de disciplinar utilizadas como forma de “resocialización” son, más allá de campos de concentración, una forma de reproducción de violencia. La tortura, los malos tratos, la falta de higiene, la exposición obligatoria a las violencias físicas por parte del personal carcelario y por los demás detenidos, el hambre, la sobrepoblación y muchas otras violencias a las cuales son sometidas las personas privadas de su libertad. Todo esto genera un proceso de deterioro a la persona tanto físico como psicologicamente con consecuencias irreversibles. El año de 2014, la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión Provincial por la Memoria registraron un total de 6843 hechos de tortura y malos tratos en los ámbitos federal y de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos aires, en el año 2016, se registraron 385 muertes violentas, con 156 decesos notificados en cárceles.

“Un sueño con Luis Maria, muerto cuando me decía”

La expresión de la música de Toxi Taxi, tema de los redonditos de ricota,  es el recuerdo a Luis Maria Canosa –amigo del indio. Durante la dictadura cívico-militar-empresarial-eclesiástica, se asesinaron en la cárcel de devoto más de 100 personas, asfixiadas, quemadas y baleadas. Esto fue en el pabellón 7, no murió nadie del servicio penitenciario federal.

“Te tenemos allí,

Abandonado allí,

preso como un animal

un animal feroz

Así las cosas, la fiera mas fiera, ¿dónde está?”

En 2005, en un incendio en la cárcel bonaerense de Magdalena, murieron 65 personas privadas de su libertad –no falleció ningún agente penitenciario. En 2017, en comisaría 1ª de la ciudad bonaerense de Pergamino,7 personas murieron en un  incendio –todas personas privadas de su libertad.

En Brasil, la cuarta mayor población carcelaria del mundo con 622.202 de personas en régimen de encierro. En el año 1992, se produjo una de las mayores masacres de la historia carcelaria mundial. Conocida como La Masacre de Carandiru –Casa de Detención de San Pablo. La masacre se realizó por una intervención de la policía para resolver un supuesto conflicto entre los detenidos, resultó en la muerte de 111 personas –ningún de ellos agentes de la policía– 120 agentes fueron indiciados, 86 de ellos fueron juzgados. En el año de 2010, el jefe de la operación fue condenado a 632 años de prisión, el año siguiente fue electo diputado y absuelto de la condena. El año de 2013, 72 policiales fueron condenados, el fallo fue anulado el año de 2016.

Los medios de comunicación tratan de hacer su parte en el proceso de estigmatización y legitimación de lo que sería “lo malo”: “el preso no está preso porque su conductiva fue delictiva, sino porque fue vulnerable.”[1] La vulnerabilidad está en su color de piel, en su clase social, en sus códigos culturales y en su no adaptación al sistema. Sin embargo, la creación del enemigo entra por los periódicos, por los programas de espectacularización de la delincuencia. Así se construye el ideario de la buena y de la mala conducta y también la validación y naturalización del genocidio cometido por las fuerzas de seguridad a mando del Estado. Como ya se ha presentado en otra nota Editorial de Virginia Bolten, se estiman en 300 asesinatos por gatillo fácil al año en Argentina.

A pesar que varios organismos de derechos humanos problematicen y visualicen sobre la situación de los lugares de encierro, muchos aún utilizan el discurso de reforma del sistema penitenciario como una posible salida. Todavía, es necesario pensar alternativas que realmente logren abolir las prisiones. Privar a alguien de su libertad no es la solución para sanar la desigualdad, la corrupción política-empresarial y el genocidio sistemático de aquellos que siquiera llegaron a la categoría de “humanos”.

Desde Virginia Bolten, nos preguntamos: ¿el sistema penitenciario  es una herramienta del estado racista para perpetrar el genocidio invisible?

 

Fuentes:

[1]ZAFARRONI, Eugenio Raúl (1997) –Los Objetivos del Sistema Penitenciario y las Normas Constitucionales

http://www.comisionporlamemoria.org/