Por Amanda Graviola

El próximo 7 de octubre, Brasil elegirá su próximo presidente de la república bajo un contexto de Golpe Institucional  y de un proceso electoral dudoso y cuestionado por la comunidad internacional:  el ex presidente Lula da Silva no podrá participar de la disputa aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU por su Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –de lo cual Brasil es signatario desde hace 9 años–­ haya demandado su participación hasta que se agotasen los recursos en su contra. A pesar de tener sus derechos políticos violados, la decisión del PT y de las izquierdas, hasta el momento, fue  de participar del proceso ilegítimo, validando reglas regresivas del juego democrático.

La decisión por la vía electoral, en lugar de la toma de las calles y rechazo de participar del proceso, habla mucho de Brasil y de su situación frente a todas las demás violaciones de los derechos sociales del pueblo brasilero. Brasil es un país dónde la política y la policía son usadas para proteger privilegios en lugar de garantizar la dignidad de las personas. Bajo el gobierno golpista de Michel Temer –el cual fue elegido por PT para ser el vice de Dilma Rousseff–, el país viene perdiendo  peso geopolítico por no respetar normas internacionales que garantizan derechos humanos, civiles, políticos y sociales. Frente a la demanda de la ONU sobre el caso de Lula da Silva, el Ministro de Justicia Torquato Jardim acusó a la ONU de “intromisión política e ideológica indebida en un tema técnico-legal”. La inseguridad jurídica, que se nota por la contundente judicialización de la política, es un hecho que también tiene impactos importantes sobre la economía.

Es en este contexto de “aceptamos cualquier cosa” es que figuras como Jair Bolsonaro (PSL)–considerado el Trump brasilero­– entra en la escena de la disputa presidencial y logra ganar la atención de la población, por demostrar garantía de “orden y autoridad”. En este sentido Bolsonaro, quien hoy tiene un 19% de las intenciones de voto con su discurso vacío de propuestas pero novedoso en su forma –tolerancia cero–, es comprendido como rupturista.  Mientras la izquierda es percibida como mantenedora del proyecto que fue rechazado en las calles durante los años anteriores. Es notorio la imposibilidad de (re)crear un hilo conductor entre el deseo popular y la política –ya bastante desacreditada en las instituciones–. La creencia  que la mano dura resuelve la situación, sobre todo de la corrupción,  pudo ser comprobado en la última huelga general de los camioneros que pedían intervención militar durante el paro, hace que la retórica agresiva de Bolsonaro encuentre la simpatía del pueblo, sobre todo del público masculino.

En el último importante debate donde participó Bolsonaro, el presidenciable dijo que la grieta salarial entre mujeres y varones no es una cuestión electoral, defendió la castración química como salida para resolver la violencia de género que llega a 60 mil violaciones y 1.133 femicidios por año en Brasil y defendió el porte de armas como una forma de defensa del “ciudadano de bien” frente a la violencia que sólo en el año de 2017 dejó 63.880 muertos . Todo esto en un país que  tiene un índice de muertes violentas mayor que países en situación de guerra. La mayoría de las personas muertas son negras y pertenecen a las clases más vulneradas de la sociedad, lo cual contrasta con  que  Bolsonaro sea defensor de la meritocracia y  conocido por sus declaraciones racistas.

Con la eventual posibilidad  que Lula sea expulsado de la disputa electoral, el elegido por el PT como  sustituto es Fernando Haddad. El Partido de los Trabajadores apuesta que el carismático y popular Lula pueda transferir sus votos al académico y ex intendente de San Pablo. Tras la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), el PT dijo que va a apelar al Superior Tribunal Federal (STF) para que Lula tenga el derecho de registrar su candidatura en los próximos diez días. Mientras tanto,  Haddad sigue recorriendo el país y recibiendo el apoyo de aliados, incluyendo figuras que apoyaron el golpe que destituyó la ex presidenta Rousseff.