Los tratados internacionales de inversión son acuerdos entre Estados. Estos tratados son mecanismos que garantizan los derechos de los inversores en los territorios donde desarrollan sus negocios. Estos derechos, sin embargo, buscan proteger las corporaciones en el sentido que estas puedan obtener las ganancias que esperan a partir de sus inversiones. Sin embrago, el punto que no cierra es cómo estos tratados son negociados, para quienes sirven y cuáles son sus consecuencias para el conjunto de las poblaciones.

Es importante tener en cuenta que los inversores pueden demandar a los Gobiernos cuando comprenden que el cambio de las políticas de Estado, de alguna forma, perjudican sus ganancias. Esto significa que, de cierta forma, los gobiernos pasan a ser rehenes  de las corporaciones. Pero también acuerdan con ellas, ya que la política y los negocios se mezclan en todas las esferas considerando que los mismos gobernantes son agentes de las corporaciones.

Los TLCs –Tratados de Libre Comercio– surgieron en la Segunda Guerra Mundial  y ganaron fuerza a partir de la década de 90 con el fenómeno de la globalización. La, aparentemente, buena idea de concesión de beneficios mutuos entre los Estados para la libre comercialización de mercancías sin fronteras pasó a ser una brutal ofensiva a los países con menos capacidad de negociación en los términos ficcionalmente llamados democráticos.  Además de esto, la lógica del desarrollo basado en el crecimiento sin límites trae un conjunto de impactos que implican la propia manutención de un sistema insostenible.

El costo ambiental, ignorado por la lógica economicista, es uno de los más sensibles teniendo en cuenta los límites planetarios que nos hacen llegar a un período de barbarie ambiental sin precedentes. Si por un lado las corporaciones abogan por la maximización de las ganancias en lo que sería el ideal en términos mercadológicos, por otro está  la realidad concreta que ya no se puede esconder. La conversión de todo lo que se pueda imaginar en mercancía para el sostén del sistema es un problema que debe ser tratado con responsabilidad, pero no por aquellos quienes son los beneficiados,sino por las mayorías explotadas y que sufren las consecuencias de este modelo.

Lo único que se puede esperar de los de arriba es más explotación. La codicia que siempre fue base del sistema capitalista –además de seguir guardando las mismas lógicas coloniales de desde hace más de 500 años en nuestra territorio– parece haber se profundizado de tal forma que he transformado cada persona en una legitimadora del sistema. Un cambio cultural es clave para enfrentar los desafíos puestos en este espacio-tiempo.

Pensando en alternativas que puedan incidir sobre el imaginario colectivo, es menester –desde las experiencias alternativas al modelo dominante– visibilizar y expandir iniciativas que planteen una forma de vivir que no sea a través del ecocidio y que pueda superar la idea de desarrollo. Lo que se puede notar es que las aun tímidas –pero no menos potentes– respuestas ya incomodan mucho y son combatidas con vehemencia por parte de quienes desean seguir manteniendo sus privilegios. Desde Virginia Bolten nos preguntamos, ¿se puede esperar del Estado algo distinto al desarrollo?