Por Vanessa Dourado 

El 4 de marzo se presenta el libro Agricultura, ciencia y poder, de la investigadora Carla Poth. La obra será lanzada en la Librería Interminable, a las 18:30 hs., y contará con la presencia de la autora quien brindará una charla sobre su proceso de investigación. 

El libro editado por la EdUNLU, que es resultado de la tesis de doctorado de Poth, trata de una temática que viene tomando cuerpo en los últimos 20 años en Argentina y en el mundo: el Modelo Biotecnológico Agrario (MBA). A pesar de que mucho se habla de la transformación en el proceso de producción agrícola, poco se sabe acerca de cómo esas nuevas tecnologías agrarias llegaron a lograr centralidad en el ámbito político y económico. 

El libro de Poth busca  develar ese proceso a través de un exhaustivo trabajo de investigación desde una perspectiva integral, que analiza las reformas, la reestructuración y la modificación de las dinámicas de producción agrarias y la producción de valor capitalista. 

Recordando a Aldous Huxley en su obra Un mundo feliz (1931), la investigadora pone en perspectiva las preocupaciones del autor sobre lo que vendría a ser un mundo guiado por la ciencia y la tecnología, y concentrado en las manos de una élite con el objetivo de controlar la sociedad. 

La reconstrucción histórica realizada por la autora, evidencia un proceso de producción- expropiación- apropiación de conocimiento que, en un determinado momento, se constituye como valor de mercado y es re-apropiado por el trabajo. Es decir, un momento en que la producción de conocimiento pasa a ser fundamental para el proceso de producción agraria.

A lo largo de la investigación, Carla detalla la conformación del CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) y su vínculo con el Modelo Biotecnológico Agrario argentino, y cómo esa estructura institucionalizada genera las condiciones para el despliegue de políticas que responden a los grupos de interés relacionados a la producción de semillas genéticamente modificadas y el paquete tecnológico necesario para su implementación. Todo eso a través de la construcción de un ideario de ciencia y tecnología supuestamente neutral. 

Mediante entrevista a funcionarios de este organismo estatal y del análisis del proceso de formación de su equipo de trabajo, se observa la intencionalidad de la Comisión en crear una determinada concepción de ciencia, tecnología y biotecnología,de plasmar una percepción sesgada sobre los mercados alimentarios y de actuar políticamente en su favor. 

Remontando la época de la Revolución Verde, el estudio demuestra cómo el mecanismo de institucionalización de las tecnologías agrarias responde a una estrategia política para contener las revoluciones sociales de posguerra con el objetivo de pavimentar el camino para la acumulación de capitales en el mercado de futuros. 

A partir de ese marco, se observa una fuerte inversión en tecnologías, sobre todo en la producción de investigaciones para el mercado. Ese proceso, según la autora, hace que el proceso de investigación  científica genere valor, produciendo un conocimiento plausible de ser comprado y vendido. Esa mercantilización de la ciencia posibilita la consolidación de marcos jurídicos para la propiedad intelectual, que junto al secreto industrial generan las condiciones para la formación de monopolios.  

La construcción de una narrativa que separa la ciencia de los procesos socio-políticos es observada. La afirmación de que los riesgos que implica la producción agraria -a través del uso intensivo de agrotóxicos y de semillas genéticamente modificadas- denunciados por movimientos ambientales no tienen un marco científico que le los avale deslegitima la participación de la sociedad civil en las decisiones, y ésta queda desdeñada por ser considerada una mirada lega, presuntamente ajena la realidad concreta y carente de fundamentación científica.

El rol del Estado también es de alineamiento a la producción de lucro para los mercados sin los debidos estudios de impacto socio-ambiental y sin un análisis acerca de la dependencia que genera esa relación de subordinación a través del libre comercio. Además, a partir de la llegada de los gobiernos progresistas, también se observa la construcción de un discurso conciliador que busca apaciguar los movimientos en resistencia, sobre todo en los territorios afectados por las fumigaciones y por la destrucción de sus formas de vivir. 

Frente a esto, Carla plantea que la ciencia debe ser pensada en relación con la política y la economía desde una perspectiva emancipatoria que recupere la idea de trabajo como un proceso creativo de realización humana. Solo así se puede hacer frente al avance del capital sobre la vida humana y la naturaleza. 

“Tenemos la necesidad de decir la verdad por la valentía de proclamar la verdadera justicia.”

Osvaldo Bayer 

El último 4 de junio se realizó en Santa Fe (Rosario) — también en Mendoza y Catamarca— una audiencia del Juicio Ético Popular a los Ecocidas. La actividad forma parte de un proceso que se viene construyendo desde marzo de 2022 y busca escuchar a las y los actores afectados, directa e indirectamente, por el modelo de producción, distribución y consumo del sistema vigente. La denuncia es no solo hacia la violación de los derechos humanos, sino también a los derechos de la naturaleza y su asimétrico impacto en los territorios y poblaciones del sistema-mundo. 

Los juicios ético-populares en el territorio denominado Argentina remiten a la histórica lucha contra la impunidad en el período de recuperación de la democracia post dictadura cívico-militar-eclesiástica. Es un recurso utilizado desde los sectores no institucionalizados, y/o populares, para producir sentido, unir, argumentar, distinguir y visibilizar lo que se oculta desde los lugares y discursos hegemónicos. 

El cuestionamiento acerca de la justicia —para qué sirve y para quiénes trabaja— trata de poner en tensión el sentido mismo de justicia a través de los testimonios que evidencian las sistemáticas prácticas que deberían ser consideradas ilegales o, por lo menos, dignas de investigación y, en muchos casos, punición a los involucrados en estas prácticas nítidamente violadoras de derechos básicos. 

La potencia está puesta en la polifonía de voces, en la construcción participativa e integradora que abarca distintas cosmovisiones. Hecho que desafía los discursos oficiales y que apela a solidaridad y a la construcción popular frente a un sistema jurídico parcial y funcional a los intereses del capitalismo —que apuesta a un crecimiento económico infinito frente a recursos finitos y no renovables— y a sus distintas formas de representación de poder. 

La audiencia llevada a cabo en Rosario, y que también forma parte de un proceso iniciado el año 2011 a través de un Juicio Ético a las Transnacionales, hace un rescate histórico que pone énfasis en la estructura de la matriz extractivista y su desarrollo en distintos contextos (geo)políticos y económicos. Una forma de nombrar a los y las responsables en todos los niveles, evitando reproducir un discurso binario que tiende al vaciamiento argumentativo (y político) y que termina por dificultar la comprensión de los hechos y el reconocimiento de los culpables, recurso muy utilizado por los medios hegemónicos de comunicación. 

Una sentencia final tendrá lugar en diciembre de 2022. Todo el proceso puede ser acompañado por la página del Tribunal. Abajo compartimos el trabajo de sistematización de la audiencia  en la causa “agronegocios”, elaborado por el comité organizativo del juicio compuesto por la Multisectorial Paren de Fumigarnos. En las próximas semanas, compartiremos otros documentos de las causas de salud, hidrovía, extractivismo urbano e incendios en los humedales. 

JUICIO ÉTICO Y POPULAR A LOS ECOCIDAS – ARGENTINA 

AUDIENCIA EN ROSARIO – sábado 4 de junio del 2022

Ciudad de Rosario. Bv Oroño y el Río Paraná

TRIBUNAL: 

Sandra Gallo, Álvaro Álvarez, Damián Verzeñassi, Beverly Keene, Alicia Massarini

TESTIMONIOS: 

Agronegocios: Daniel Romano de la Multisectorial Paren de Fumigarnos y Martín Montiel de la Asamblea Contra los Agrotóxicos La 18 y de la Red de Comercio Justo del Litoral

Salud: Dra Analía Zamorano, del Instituto de Salud Socioambiental de la UNR

Hidrovía: Juan Pablo Guadagnoli, del Equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía. 

Extractivismo urbano: Lidia Aranda, vecina de Playa Norte, Santa Fe y Antonia Pereyra, de Vecinas de la Sexta en Lucha.

Incendios en los humedales: Cintia Pendino, Lucía Crosetto y Melisa Ceballos, del Colectivo Amaranto – Multisectorial por los Humedales. 

Los pueblos tienen la palabra. En defensa de los cuerpos y territorios.

AGRONEGÓCIOS

Exponemos aquí a personas, entidades o sectores del gobierno/estado, algunos de los que consideramos responsables del ecocidio generado a consecuencia del modelo agroindustrial. Son organismos del estado o de la actividad privada, encargados de generar conocimiento o controlar los procesos para evitar daños a la población. Si bien hay en ellos científicas/os o trabajadores que se diferencian y trabajan correctamente. Estas reparticiones y sus directivos aportan decididamente a la continuidad del modelo genocida.

CARLOS MENEM / FELIPE SOLA: presidente y secretario de agricultura, que habilitaron en marzo de 1996 el paquete tecnológico de la soja RR transgénica, que fue determinante en el crecimiento del uso de agrotóxicos, monocultivos, depredación de la biodiversidad, expulsión de pobladores de los territorios y el crecimiento de enfermedades y muertes producto de exponer a la población a los pesticidas. Este hecho fue determinante para que de los 30 millones de litros de agrotóxicos por el año 1995, arrojados en la zona más poblada del país a nivel nacional, estemos hoy llegando a los casi 600 millones de litros.

TRASNACIONALES – SEMILLERAS – PUERTOS: los grandes responsables y ganadores del modelo agroindustrial vigente. Modificaron nuestras semillas, nuestra comida, destruyen nuestros hábitats con el flujo de millones de camiones. Impusieron los commodities actuales. Amparándose en las ART se han desentendido de la salud, la seguridad laboral y la vida de sus trabajadores. Envenenan los cursos de agua, napas y humedales y el Paraná con sus afluentes tóxicos.

BIOCERES: debemos mencionar a esta empresa argentina que ha desarrollado los últimos eventos transgénicos, el HB4 trigo y el HB4 soja, apoyada en las universidades, en especial la UNL. Hay una tendencia en seguir por este camino, que significa menos seguridad alimentaria y más contaminación.

CONICET: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha permitido la promoción de los eventos transgénicos y las tecnologías que ponen en riesgo la salud de la población por acción o por omisión. Cuando el Dr. Andrés Carrasco, referente de la ciencia digna, denunció las afectaciones a la salud que producía el glifosato, no lo respaldó, lo dejo librado a su suerte y a la persecución de Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina entre 2007 y 2018.

UNL: Universidad Nacional del Litoral: universidad pública donde se realizan estudios sobre eventos transgénicos como el trigo HB4 resistente al glifosinato de amonio, mucho más tóxico que el famoso glifosato. Esto aumentará las fumigaciones sobre los territorios, y pondrá en riesgo nuestro pan y nuestra salud.

RAQUEL CHAN:  profesora titular en la Universidad Nacional del Litoral e investigadora principal de CONICET. En 2008 es elegida directora del recientemente creado Instituto de Agrobiotecnología del Litoral 3 (IAL), un centro conformado por la UNL y CONICET para el estudio de la biotecnología y biología molecular vegetal.             

GROBOCOPATEL: fue miembro del directorio de AAPRESID durante 8 años. Fundador de Bioceres S. A., donde fue Presidente del Directorio durante sus primeros 8 años. Ambos han tenido una destacada tarea en la creación de nuevos eventos transgénicos, como el caso HB4 resistente al glufosinato. Enlazando a la universidad pública con una empresa privada como Bioceres.

FUNDACIÓN LIBERTAD: una entidad creada para el debate de temas sociales, económicos, políticos y empresariales. Es el ámbito donde se legitiman las políticas, que tienden en nombre de la libertad, a concentrar la riqueza y apoyar modelos como el agroindustrial que nos envenena. Algunos de sus disertantes han sido figuras como Mario Vargas Llosa, los Premios Nobel de Economía: Gary Becker, Douglas North, John Harsanyi, Robert Lucas, James Buchanan, James Mirless, el historiador Paul Johnson, o Lech Walessa. Todos exponentes de derecha, de un pensamiento elitista, al servicio de la impunidad de los más ricos y poderosos.

BCR: Bolsa de Comercio de Rosario es una asociación civil fundada en 1884, para garantizar negocios, defender a los inversores y asegurar el avance de los agronegocios. Se realiza ahí, todos los años el simbólico y determinante primer remate de la soja transgénica. Generalmente en el mes de abril. 

ASOCIACION ARGENTINA DE SIEMBRA DIRECTA (Aapresid): es una organización civil, fundada en agosto de 1989 por productores rurales de la zona central del país. Tiene sede en la Ciudad de Rosario. Promueve y defiende la aplicación del modelo actual químico dependiente y de semillas transgénicas. Corresponsable del aumento de las cantidades de venenos arrojados sobre la población.

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: en relación al Senasa  podemos decir entre otras cosas, que no han reclasificado al glifosato  y el 2 4D como debería haberlo hecho en base a la re categorización del IARC/OMS que los considera como probables y posibles agentes cancerígenos y como el SENASA es responsable de categorizar a los plaguicidas y eso significa que el glifo siga siendo banda verde y no amarillo o rojo como correspondería…y tengamos en cuenta que se utilizan más de 300 millones de litros x campaña de formulados en base al glifosato, todos categorizados aun como banda verde, que facilita su aspersión frente a viviendas, escuelas, cursos de agua etc. 

GOBIERNOS PROVINCIALES Y SUS MINISTERIOS de Salud, Medio Ambiente, Producción y Educación. Todas las expresiones políticas han apostado y propagandizado el modelo de producción. Aquí no hay grieta. Ninguno tuvo iniciativa para al menos iniciar una transición hacia otros modos de producir junto a la mayoría de las y los legisladores del último cuarto de siglo que han impedido el avance de legislaciones que, de aprobarse, sin dudas preservarían la salud de las personas y de los territorios.

Debemos destacar, en estos últimos años, a todas/os quienes integran la actual Cámara de Senadoras de la provincia de Santa Fe.  En 2019 el proyecto modificatorio de la vieja ley de agrotóxicos (Nº 11273/95), fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 33 votos a favor y una vez más perdió estado parlamentario en la Cámara Alta.

PROFESIONALES DE LA SALUD: Médicas/os fundamentalmente de pueblos fumigados, han mirado para otro lado. No se ocuparon de conocer el origen de las enfermedades de sus pacientes, o las han ocultado cuando comprobaron las verdaderas causas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: son uno de los pilares fundamentales a la hora de promocionar las “virtudes” del sistema. Habilitan micros radiales y programas para el agronegocio. Una de sus principales fuentes de ingresos son los dineros de la agroindustria. Y paralelamente operan para desautorizar las voces serias, comprometidas y dignas que cuestionan, denuncian y proponen otro camino posible.

MESA DE ENLACE: Integrada por los representantes de grandes, medianos y pequeños productores. Sociedad Rural Argentina, CRA, Coninagro, FAA

Agrupamiento conformado en marzo de 2008, a partir del anuncio por parte del gobierno nacional a cargo de Cristina Fernández, de la resolución 125/08 que establecía un nuevo régimen de retenciones al agro.

Sólo se han preocupado y ocupado de discutir las cuestiones economicistas del modelo de agronegocios. Jamás quisieron debatir en relación con la salud, la pérdida de biodiversidad, la vulneración a los derechos de la naturaleza y la violación a los derechos humanos.

SECTORES MAYORITARIOS DEL INTA: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo de investigación, estatal, descentralizado con autarquía financiera y operativa dependiente del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.

El INTA es un instituto de investigación al servicio de los productores agropecuarios en el desarrollo agro-tecnológico mundial. Su accionar para alertar sobre las consecuencias negativas del modelo es poca, aunque hay sectores que lo han intentado. Su accionar es similar a otras reparticiones, siendo funcional también. Aunque valoramos el esfuerzo de algunos de sus integrantes. El director del Centro Regional Buenos Aires Norte, Hernán Trebino, en mayo de 2017 envió un correo a algunas autoridades de la institución. El asunto-título señalaba “directivas sobre la comunicación institucional”. El correo electrónico aparece con la etiqueta de “Importancia: alta”. En el mismo se les pide que se “abstengan” de utilizar la palabra “agrotóxicos”.

No es de extrañarse, si se tiene en cuenta que el INTA integra la “Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)”, donde confluyen todas las empresas de agrotóxicos y que funciona como espacio de lobby político y técnico para maquillar las consecuencias del modelo basado en uso de químicos. En la red sobresale la Cámara de Sanidad Animal y Fertilizantes (Casafe, integrada por Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow y todas las empresas de agrotóxicos), Asociación de Semilleros de Argentina (ASA, todas las compañías de semillas transgénicas), Argenbio (académicos con vinculaciones con empresas del agronegocio), Aapresid, CREA, Facultad de Agronomía de la UBA y el Ministerio de Agroindustria.

 FUERZAS DE SEGURIDAD: siempre defienden la propiedad privada, a la Bolsa de Comercio, a los empresarios. Nunca a los asambleístas que defendemos la vida, incluso la de ellos y sus familias. En San Lorenzo en el 2005 liberaron la zona para que la patota mandada por la intendenta y el senador nos golpeara a los vecinos, que cortamos la calle por el paso de los camiones sojeros por el barrio.

JUSTICIA: en casi 3 décadas de modelo transgénico, es muy pobre su actuación en una provincia dónde, por ejemplo, el gremio docente denunciaba 700 escuelas fumigadas. Pero la movilización de los vecinos  lograron  3 fallos a favor, donde se destaca el aval de la Suprema Corte de Justicia a la sentencia de la Cámara de Apelaciones N° 2 que fija un área de resguardo ambiental de 1000m libres de pesticidas que abren una perspectiva diferente para el futuro.

Vanessa Dourado 

 El debate sobre emergencia climática y ecológica, sumada a la sanitaria, está en la agenda de gobiernos de todo el mundo y, finalmente, se volvió hegemónica. Los nítidos efectos del cambio climático sumado a la pandemia —que también está íntimamente relacionada con la destrucción masiva de los ecosistemas por su carácter reconocidamente zoonótico— interpelan a todos los sectores de la sociedad sobre la necesidad de dar una respuesta urgente. Que la misma sea capaz de reducir los impactos venideros que no solo afectarán a los históricamente perjudicados; los pueblos de los territorios del Sur Global, sino que también significa perjudicar a los grandes negocios que garantizan el funcionamiento del sistema capitalista y su modelo de producción, distribución y consumo. La era pós-fósil llegó y con ella se abren, por otro lado, los debates sobre las transiciones hacia la economía verde. 

Un sinfín de propuestas verdes proliferan y tienen marcadas diferencias de forma y contenido que, sin embargo, repiten una misma fórmula; por un lado están los países del Norte buscando no perder su lugar como protagonistas y detentores de las soluciones para imponerlas al resto del mundo, esto combinado con el poder corporativo, por otro están las mayorías sociales que buscan disputar un proyecto que garantice otro modelo de sistema que ponga la vida en el centro de la discusión. 

La apuesta de los sectores que buscan salir de la crisis reforzando el modelo económico y de mercado es la implementación masiva de tecnologías verdes y digitales. Esa economía moderna, competitiva y eficiente en recursos donde no haya emisiones netas de carbono en 2050 —como lo sugerido por la Comisión Europea—, sin embargo, inaugura un proceso de externalización de los procesos industriales hacia los países que con menor capacidad tecnológica que, y más allá de ser más vulnerables ante los impactos devastadores de la crisis, son los que tienden a la desregulación y a brindar mano de obra barata e/o informal, exacerbando aún más la desigualdad entre el Norte y el Sur. 

El afán por digitalizar todos los procesos productivos, al contrario de lo que se dice, poco tiene que ver con la preservación del medioambiente, sino que busca garantizar el liderazgo de aquellos que detentan el poder sobre esas tecnologías. El consumo de energía de la economía digitalizada es altísimo y tiende a crecer a la medida que se impone como única forma de inclusión al mundo globalizado. Asimismo, estas tecnologías dependen de la extracción de litio, cobalto, cobre, alumínio y otros elementos que transforman, una vez más, los territorios del Sur en zonas de sacrificio y que dan continuidad a una cultura extractivista y colonialista que mira hacia estos territorios como meros proveedores de materias primas.

Las grandes discusiones que se dan en torno de la transición, urgente y necesaria para garantizar la vida en el Planeta, proponen una ayuda a los países vulnerables, pero en ningún momento hablan desde una perspectiva de justicia climática —teniendo en cuenta que los países del Norte son los grandes responsables por el actual estado de cosas— sino que diseñan un futuro donde la deuda verde condenará los dichos subdesarrollados a la entrega de sus territorios en nombre del futuro sustentable. Ese escenario de injusticia se suma a proyectos que buscan cercenar las resistencias y también deslegitimar las alternativas propuestas por las comunidades campesinas, indígenas y los movimientos sociales. 

Cuando el tema es tan sensible como la alimentación —asunto curiosamente poco debatido entre los tomadores de decisión—, lo que se nota es una aceptación acrítica de los modelos contaminantes que son llevados a cabo por las grandes corporaciones productoras de agrotóxicos. Más allá de los conocidos efectos negativos de la agricultura industrial y su contribución a los procesos de desertificación y contaminación y, por ende, de profundización del cambio climático, su uso combinado con procesos de automatización de todos los segmentos de la producción busca reemplazar los saberes históricos de la agricultura, en el sentido original del término. Proyectos como el Ag-Tech y el Ag-One, propuesto por Bill Gates, son nítidos ejemplos de cómo las empresas y organizaciones dichas filantrópicas, además de imponer un modelo de transición 4.0, se esfuerzan en destruir la posibilidad de reproducción, transmisión y propagación de alternativas a los modelos de producción hegemónicos.

Esta batalla desigual se ve concretamente reflejada cuando los Estados compran las soluciones que tienen por objetivo beneficiar a unos pocos en detrimento de las mayorías. En el territorio denominado Argentina, que más consume agrotóxicos por habitante —12 litros cada año— en el mundo, se aprobó el primer caso de trigo transgénico a nivel mundial. El Trigo HB4 es resistente a sequías y su producción está directamente relacionada con su capacidad de aumento de productividad frente a circunstancias de estrés hídrico, cada vez más comunes como consecuencia del cambio climático y del uso irracional de los recursos. Sin embargo, este organismo genéticamente modificado también es tolerante al Glufosinato de Amonio, un poderoso agrotóxico que, según la FAO, es 15 veces más tóxico que el Glifosato. Pese a todas las advertencias de personas expertas acerca de los riesgos involucrados, el Estado argentino busca poner en marcha la producción apenas sea aprobada su importación en Brasil, mayor importador del commodity. 

Tales evidencias demuestran que la transición pensada desde los Estados y corporaciones está lejos de ser la deseable, justa y sana, para garantizar una salida posible a los retos que se imponen para los próximos años y que serán determinantes en la construcción de un mundo habitable. Mientras tanto, las voces de las mayorías siguen gritando por justicia ambiental acompañada de justicia social y económica que sea capaz de romper con las estructuras coloniales, patriarcales y racistas que sostienen este sistema y su máquina necromercantilizadora. 

Fuentes: 

SHIVA, Vandana; ANILKUMAR, Prerna y AHLUWALIA, Urvee.  Ag One: Recolonisation of Agriculture 

PÉREZ, Alfons. Pactos Verdes en Tiempos de Pandemias

De trigo, transgénicos y herbicidas. Un modelo de agricultura que profundiza la inequidad y daña al ambiente.

Vanessa Dourado

Tras un año de pandemia, las consecuencias económicas que sufre América Latina ya llegan a ser consideradas sin precedentes. Según un informe de la CEPAL (2020b) sobre el Impacto del COVID-19 en los Pueblos Indígenas de América Latina-Abya Yala, el efecto de la pandemia conducirá a la peor contracción económica sufrida en la región desde que se iniciaron los registros en 1900. 

Tal escenario afecta de forma distinta y mucho más severa a los pueblos indígenas y originarios que —más allá del racismo institucional que hace que sus derechos no sean respetados y sus necesidades básicas no sean satisfechas— son los que más padecen a raíz de la profunda desigualdad que caracteriza los territorios latinoamericanos. 

La respuesta a estas condiciones, que debería ser la más responsable posible, teniendo en cuenta la grave crisis ambiental que acompaña la pandemia y que es un agravante a la dramática situación, es la propuesta de negocios que destruyen los ecosistemas, emiten más gases de efecto invernadero y que avanzan sobre los territorios ancestrales de quienes parecen ser los únicos verdaderamente preocupados por defender la vida: los pueblos originarios.

La retórica, que llena los documentos de corporaciones y Gobiernos, sobre la evidente necesidad de preservar el medioambiente y aplicar un plan de mitigación y adaptación cae por tierra cuando en lugar de defender a los defensores de la vida, estos mismos Gobiernos y corporaciones  los matan y vulneran sus derechos.

Queda, sin embargo, a las personas blancas que aún pueden mirar este desastre y sacar una chispa de esperanza, aprender de los pueblos indígenas y ponerse a su lado en defensa de la casa común. La capacidad de resiliencia, comunicación, protección, defensa y autoorganización de los pueblos del bosque para lidiar con la pandemia es una lección que merece ser conocida por todas las personas. De la misma manera, la protección de estos saberes y estas formas de vida deben ser protegidas no solo por los pueblos originarios, sino por todos los habitantes de la Tierra.

En este sentido, siguiendo la organización que empezó el año 2020 en el marco de la Asamblea Mundial por la Amazonía, los pueblos de la Amazonía y sus organizaciones convocan al Grito de la Selva: Voces de la Amazonía. La actividad contará con la participación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, la Red Eclesial Panamazónica – REPAM y el Foro Social Panamazónico – FOSPA; junto a activistas, científicos y aliados del Sur y el Norte Global.  Se llevará a cabo el viernes 26 y sábado 27 de febrero a las 13:00 horas de Ecuador y contará con traducción simultánea al español, portugués e inglés.

Para lograr una recuperación transformadora de esta gran tragedia que atraviesa a toda la humanidad, es esencial la escucha atenta a quienes son las y los guardianes de los únicos bienes capaces de garantizar la vida y, sobre todo, luchar para que ellos y ellas sigan existiendo.

Informaciones:

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