Históricamente, las crisis han sido explotadas para introducir políticas peligrosas, ahora puede ser uno de estos momentos.

Sahar Vardi, 26 de marzo de 2020

Con el surgimiento de los gobiernos nacionalistas de extrema derecha en los últimos años, el mundo ha visto el aumento de medidas para atacar sistemáticamente las voces de disidencia y oposición política, lo que resulta en una reducción del papel de las organizaciones de la sociedad civil, incluidos grupos de derechos humanos, activistas, y académicas. Estos esfuerzos para restringir su papel pueden haber recibido un impulso con la pandemia global que enfrentamos ahora.

Con mucho, COVID-19 es la pandemia más extendida durante nuestros tiempos y su costo en vidas humanas, medios de subsistencia y estructuras comunitarias es devastador. Los gobiernos y las autoridades a nivel local y nacional han comenzado a utilizar medidas de emergencia extremas para contener la propagación del virus.

Si bien la salud pública debe ser una prioridad para todas, estas medidas extremas hacen sonar las alarmas. Los gobiernos y las corporaciones han usado históricamente las crisis como oportunidades para introducir nuevas políticas, que de otro modo serían imposibles de aprobar, normalizándolas en un nuevo status quo, lo que la autora Naomi Klein llama la “doctrina del shock“. COVID-19 puede ser uno de estos momentos.

El 16 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una declaración en la que aconsejaba a los Estados responder a la pandemia COVID-19 de manera responsable, expresando preocupación por las posibles violaciones de los derechos humanos dentro de las medidas que se están tomando para frenar la propagación de este virus.

En un entorno donde muchos gobiernos no han tomado las medidas adecuadas para proteger la salud pública a través de inversiones en capacidad de atención, investigación, suministros y planificación, a menudo porque su enfoque y recursos se han dirigido a sistemas de seguridad militarizada en lugar de seguridad humana, es doblemente preocupante que la respuesta de muchos de estos mismos países a esta crisis se haya centrado más en el control social que en la salud pública.

Debemos monitorear las medidas que están tomando nuestros gobiernos, organizar comunidades en este nuevo entorno de distanciamiento físico y exigir que cualquier medida de emergencia se centre únicamente en el avance de la salud pública y el bienestar; esas medidas deben limitarse en tiempo y alcance para que no puedan ser utilizados más allá de contener el virus.

Criminalizar la disidencia

Una táctica preocupante que los gobiernos están tomando para controlar la propagación del virus es la criminalización de los ciudadanos que rompen la cuarentena, los ciudadanos que difunden noticias falsas o los ciudadanos que no denuncian a quienes están enfermos. Si bien estas medidas son respuestas razonables desde una perspectiva de salud pública, la forma en que se están implementando y el lenguaje vago en el que están pasando pueden permitir su uso contra voces disidentes.

En Myanmar, el gobierno ha convertido el “no informar una enfermedad” en un delito penal y ha designado bases militares para forzar a ciudadanos a internarse en cuarentena. Muchos activistas políticos han huido de las ciudades por temor a que se pueda usar una definición tan amplia contra cualquiera que el gobierno quiera criminalizar.

En Hungría, la nueva legislación sugiere hasta cinco años de prisión por circular “información errónea”. Con una definición tan amplia, los activistas temen que una vez más permita al gobierno arrestar a quien les parezca.

En Suiza, Francia, Irán, Israel, Austria, Italia, República Checa, Alemania, Eslovaquia, Corea del Sur, Vietnam, Polonia, Reino Unido, Territorios Ocupados Palestinos, Estados Unidos, China y otros países, reuniones de cierto número de personas. (en la mayoría de los casos, más de 10) han sido completamente prohibidas, criminalizando la mayoría de las formas de protesta. En una protesta en Israel el 19 de marzo, contra el cierre de facto de la Knéset (parlamento), nueve personas fueron arrestadas bajo el decreto de emergencia de “salud del pueblo” que prohíbe tales reuniones públicas.

Con los informes que llegan de todo el mundo de miles de personas arrestadas por infringir las reglas de confinamiento, existe una triste ironía que se haya hecho poco para abordar la salud pública en los centros de detención de todo el mundo, donde las condiciones de hacinamiento y la falta de acceso a jabón y otros implementos de higiene básica es más la regla que la excepción; amenaza con consecuencias devastadoras.

Expansión de poderes legislativos

Los países de todo el mundo ya han declarado estados de emergencia, lo que permite tomar rápidamente medidas drásticas. Si bien en la mayoría de los casos estas declaraciones son temporales y de duración limitada, un proyecto de ley presentado por el gobierno húngaro permitirá que la declaración de estado de emergencia sea válida a lo largo de 2020. Además, el proyecto de ley húngaro cita la posibilidad de una “ruptura parlamentaria forzada”. “Lo que ha suscitado la preocupación de que este proyecto de ley está preparando a propósito el escenario para la suspensión del parlamento.

A pesar de que Israel acaba de salir de elecciones, el presidente saliento del parlamento israelí cita la crisis COVID-19 y la necesidad de que el gobierno (actual) no sea cuestionado en este momento, como justificación a su negativa de renunciar como orador y permitir que opere el parlamento recién elegido.

Incremento de la vigilancia tecnológica

En la era de los teléfonos inteligentes, la mayoría de las personas caminan con un posible dispositivo de rastreo en sus bolsillos. La vigilancia digital, específicamente basada en la geolocalización, es una medida extremadamente fácil de implementar para los Estados como un medio para intentar rastrear la propagación del virus. Si bien existe un claro atractivo para saber dónde estaban, están y estarán las personas infectadas, y con quién han entrado en contacto, esto plantea importantes cuestiones de privacidad y normalización de la vigilancia tecnológica por parte de nuestros gobiernos.

Al imponer el uso de una aplicación de GPS para el teléfono, Corea del Sur está utilizando la vigilancia geolocalizada para monitorear a los ciudadanos en cuarentena. Medidas más intrusivas está implementado el gobierno israelí, las que permiten al Servicio de Seguridad General recopilar datos históricos y actuales de geolocalización en los teléfonos de personas infectadas con COVID-19; esto lo usa para ubicar y hacer cumplir la cuarentena de aquellos que estuvieron cerca durante los períodos de contagio ( independientemente de si había una pared o algunos pisos entre ellos, la geolocalización tiene sus limitaciones claras). China e Irán están haciendo lo mismo y estas herramientas de recolección de datos masivos ya están vendiéndose a otros países por la compañía israelí NSO group, notoriamente famosa por su papel en la vigilancia de activistas de derechos humanos.

China y Rusia han dado un paso más allá, empleando software de reconocimiento facial para rastrear las ubicaciones de las personas, incluso mediante el desarrollo de nuevas habilidades para identificar a las personas que usan máscaras. En ambos países, que han visto movimientos de protesta masiva en los últimos años, las máscaras han sido las principales herramientas de protección para los manifestantes contra la persecución estatal.

A estos, podemos agregar la normalización del uso de drones con fines de vigilancia civil (China y Europa), pulseras de seguimiento electrónico (Hong Kong), asignación de códigos QR a los ciudadanos para controlar el movimiento (China) y seguimiento del uso de tarjetas de crédito (Corea del Sur). Estamos viendo nuevas medidas de vigilancia todos los días.

Si bien estas medidas ciertamente pueden ayudar a garantizar la salud y seguridad públicas, pudiendo ser vitales para detener la propagación de esta pandemia, deben existir ciertas medidas y consideraciones mínimas basadas en los derechos para estas regulaciones y políticas. Tales estándares son fundamentales para garantizar que no se normalicen y perpetúen una vez que se controle la propagación del virus. Estas medidas pueden incluir:

* Límites de tiempo claros y cortos para el uso de estas leyes (que se pueden extender por más tiempo, según sea necesario);
* Regulaciones claras sobre el almacenamiento, acceso y eliminación de la información privada que se recopile este tiempo, así como restricciones sobre qué información se toma;
*Procesos transparentes de toma de decisiones basados ​​en el liderazgo de profesionales de la salud pública, respondiendo preguntas como: ¿De quién es la opinión profesional que se está tomando para decidir sobre tales medidas? ¿De quién se tomará la opinión para determinar cuándo se levantarán?

Un monitoreo cuidadoso de estas medidas así como mensajes claros de que no se pueden usar para reprimir las libertades civiles nos permitirán movilizarnos y exigir su levantamiento una vez que la crisis haya terminado. Mientras tanto, no debemos permitir que estas herramientas se normalicen. Para esto podemos usar las redes sociales y otras plataformas en línea para mantener una conversación, para crear conciencia sobre estos peligros y para asegurarnos que nuestras autoridades sepan que estamos prestando atención.

Traducción del inglés por el Periódico Virginia Bolten, publicado originalmente en la web de la American Friends Service Committee:
https://www.afsc.org/blogs/news-and-commentary/are-governments-violating-human-rights-and-civil-liberties-coronavirus