Efraín González Téllez

En agosto de 2018 una bomba MK 82, soltada por aviones de la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), arrancó la vida de 48 niños que se dirigían a su escuela. Este es uno de los innumerables casos en los que la población civil ha sido masacrada en medio de una guerra civil que inició en 2015, enfrentado a fuerzas del presidente interino Abd Rabbuh Mansur al-Hadi y a las fuerzas del movimiento hutí, que se convirtió con el tiempo en un conflicto de carácter internacional con la participación de una coalición de 9 países. Actualmente se libra sobre terreno una guerra que mezcla no solo las reivindicaciones de los actores nacionales, sino los intereses expansionistas de las casas reales de Riad y Dubai.

La sistemáticas violaciones al Derecho Internacional llevaron a que dentro del senado de los Estados Unidos se promoviera una moción para frenar la provisión de bombas para estos bombardeos indiscriminados, la cual fue vetada por el presidente Donald Trump. En medio de estas discusiones varios de los países de la coalición han buscado otros proveedores de armas, encontrando en la empresa estatal colombiana Indumil una de sus mejores opciones. Desde 2018 esta empresa provee a los Emiratos Árabes Unidos de bombas MK 81 de 250 libras de explosivos, MK 82 de 500 libras de explosivos y espoletas para bomba. Durante el 2019 fueron vendidas por contratos similares 3.000 bombas MK82 que costaron más de 38.000 millones de pesos.

La gravedad de estas ventas solo son un capítulo más del comercio militar que ese país ha mantenido con Colombia; durante el 2015 se documentó la presencia de colombianos contratados como mercenarios para el batallón que reúne a más de 1500 latinoamericanos, quienes fueron seleccionados según el New York Times por que los oficiales de Emiratos Árabes: “consideran a los colombianos mejor preparados para la batalla debido a las décadas que lucharon contra las FARC”. Lo que fue entonces contratos de mercenarios, con el tiempo se ha convertido en una política institucionalizada de cooperación entre los gobiernos.

Desde el 2019 se intensificaron las relaciones diplomáticas primero con el acuerdo de exención mutua de visa suscrito el 14 de marzo de 2019, que favorecerá que más mercenarios y profesionales lleguen a ese país, pasando por la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia a EAU en noviembre de ese año, y consolidándose con la visita del Ministro de Economía de EAU a Colombia en febrero del 2020. Sin embargo, estas relaciones que se quieren presentar ahora como comerciales, en los números ratifican que son profundamente militares: de los cerca de 70.000 millones de pesos, que el Ministerio del Comercio ha informado se exportaron a ese país, ya describimos como más de la mitad son comercio de guerra.

En un intento de lavar su imagen criminal, el país asiático anunció la donación de 13 toneladas de insumos médicos para apoyar al gobierno colombiano en su lucha contra el Covid-19: sin embargo, lo que se presentó como un vuelo humanitario pronto se descubrió como una estrategia para contratar a más de 100 profesionales de la salud entre los que se encontraban médicos, enfermeras, bacteriólogas y otros. Aunque por dificultades burocráticas no pudieron embarcar, se espera que los y las profesionales viajen eventualmente.

En medio de esta estrategia, de presentar la relación como humanitaria, Indumil produce la bomba MK 83; esta tendrá un escandaloso poder de 1.000 libras y que seguramente está solicitada desde ya por el gobierno asiático. Finalmente, los planes expansionistas de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí sobre Yemen se mantienen intactos; prueba de esto son los ataques aéreos que esta coalición lanzó el pasado junio, en los que fueron asesinados al menos 4 niños según la coordinadora humanitaria para Yemen de las Naciones Unidas. De mantenerse las ventas de bombas MK de Bogotá a Dubai, seguirá la complicidad con el asesinato de niños y niñas que deberían poder llegar a sus escuelas a estudiar sin que sus buses sean bombardeados.

Marita Kainene y Efraín González Téllez

Las calles de Colombia se han llenado de protestas desde el 21 de noviembre en lo que se ha denominado un Paro Nacional. Aunque la huelga en sectores productivos solo se ha dado algunos días, esto no ha impedido que el ambiente general se mantenga en una movilización constante, especialmente en la ciudad capital y menos en el resto del país. Este descontento social, que no tiene igual desde la década de los setenta, demuestra la inconformidad que una parte de la población tiene con las políticas del gobierno del presidente Ivan Duque y con el partido que lo llevó al poder; dicha agrupación es la misma conformada por el expresidente Álvaro Uribe hace años y, por lo tanto, esta inconformidad es al mismo tiempo muestra del cansancio con ese proyecto político. En las siguientes líneas se busca describir los principales acontecimientos y dar ligeras pinceladas frente al devenir.

Los antecedentes del paro

Es imposible no remontar el sentimiento de inconformidad al sabotaje del proceso de desmovilización que logró en los últimos años el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Luego que en el 2016 perdiera el plebiscito, que respaldaba lo que se denominó proceso de paz, la política colombiana entró en una clara polarización entre quienes estaban a favor o en contra de la dejación de las armas por parte de dicha guerrilla. Sin embargo, los temores al desmonte de los acuerdos alcanzados se hicieron realidad con la llegada al gobierno del presidente Duque; el estrecho margen con el que ganó, de tan solo un 3%, definió un nuevo momento de inconformidad dentro de la escena institucional que se radicalizó con las nuevas políticas públicas en contra de lo acordado. A pesar de este contexto adverso, el proceso de paz creó el espacio para que muchas personas al no tener que pensar en el conflicto, pudieran tomar una postura frente a sus precarias condiciones de vida; reflexiones similares han sido desarrolladas por Sinar Alvarado en su artículo “Colombia, el país de las urgencias postergadas” publicado en el New York Times hace unas semanas.

En esa medida los primeros avisos de reformas económicas motivaron a que, independientemente de la participación en las pasadas elecciones, una buena parte de la población encontrara las razones suficientes para manifestar su inconformidad. Se ponían en juego reformas tributarias, laborales y al régimen de pensiones que amenazaban con socavar los derechos de la mayoría de la población ya precarizada hace años. Estás últimas reformas propuestas hicieron que las principales centrales obreras convocaran a la jornada del Paro Nacional del 21 de noviembre.

La gota que, sin embargo, rebasó la copa fueron revelaciones durante las semanas previas a la convocatoria; se supo que el gobierno nacional había bombardeado un campamento de disidencias de la antigua guerrilla. Por primera vez en mucho tiempo la opinión pública fue informada que en el lugar estaban menores de edad reclutados forzadamente, información que era del conocimiento del Ejército Nacional y de entidades del Estado. La consternación fue mayor cuando se supo que tras los bombardeos se remató a algunos que trataron de huir. Estos sucesos hace algunos años habrían pasado como una “acción de guerra” más, pero ahora se veían como la clara violación a los derechos de quienes estaban allí en contra de su voluntad. Si las reformas económicas ya eran suficientes para protestar esto dio paso a una nueva rabia generalizada.

El inicio de las movilizaciones

Entonces el día de la convocatoria asombró hasta a las mismas organizadoras: el seguimiento fue casi total y las calles del país se llenaron como muchas no habían visto en sus vidas; una fiesta de marchas, bailes y discursos se vieron acompañados de marginales expresiones de violencia, muchas de ellas provocadas por la misma Policía Nacional. La represión desatada ese día hizo que barrios populares de ciudades como Cali y Bogotá asistieran a motines espontáneos. En ambas ciudades se decretó el toque de queda, el 21 en Cali y el 22 de noviembre en Bogotá, medida represiva que no se veía desde 1977 en el país. Fueron esas torpes decisiones por parte del Estado el alimento suficiente para que la rabia popular decidiera organizarse los siguientes días en más marchas y acciones de protesta contra el gobierno; entonces el Paro Nacional empezó a tomar forma.

En los días posteriores al toque de queda en Bogotá, la gente se siguió reuniendo para manifestarse y, en la capital, el ESMAD (escuadrón anti disturbios) empezó a causar estragos. Es así como el sábado 23 de noviembre, Dylan Cruz fue asesinado debido a un disparo letal por parte de un agente de esta fuerza. El golpe de la munición Kevlar disparado en ángulo perpendicular y que penetró la base de su cabeza le produjo un trauma craneoencefálico al que el joven de 18 años no sobrevivió después de dos días en cuidados intensivos del Hospital San Ignacio. Esta tragedia exacerbó la indignación de las personas y muchos manifestantes siguieron reuniéndose para mostrar su desacuerdo con el paquete de Duque y para plantear otra exigencia: el fin del ESMAD.

Algo que ha marcado las distintas respuestas a la represión por parte del Estado ha sido el uso de la cámara de celular y las redes sociales. Es así como, cuando la noche del 22 de noviembre se grabaron distintos intentos de la policía buscando infundir temor en la población, fuera dañando propiedades o de civil asustando con atracar conjuntos cerrados . Las cámaras de las y los ciudadanos permitieron detectar fallas en el discurso mediático que quería generar un pánico generalizado para acabar con las manifestaciones. Y entonces la resistencia se mantuvo y sigue. Aunque han llegado tanques militares a Bogotá y las localidades populares donde la gente se había estado organizando mejor han sido aplacadas por la presencia de militares armados, las personas se han esforzado por conservar la llama encendida.

Así mismo, emociona ver la solidaridad ante la represión como lo que pasó en la noche del 10 de diciembre cuando agentes del ESMAD se llevaron a la estudiante María Fernanda Pérez de manera forzada y sin leerle sus derechos a un carro particular que arrancó por una de las avenidas principales de Bogotá. Si no es por un conductor que siguió en carro y grabando al vehículo hasta que lograron detenerlo y dejar salir a la mujer. ¿Qué hubiera pasado sin la solidaridad de los manifestantes que grabaron y del hombre que siguió el carro? Estamos hablando de estudiantes de universidad en un país donde la desaparición forzada es mayor que la de las tres dictaduras del cono sur juntas. Ese día también intentaron llevarse a otros estudiantes pero salieron señoras de los edificios a abrazarlos como si fueran sus hijos o sus nietos hasta que los agentes de policía desistieron. La difusión de todos estos sucesos por redes sociales han ayudado no solo a ubicar a las personas detenidas en condiciones sospechosas sino también a mostrar que sí se puede resistir.

Evidentemente una es la realidad de lo que se ve en los medios cooptados por el poder y otra la que está viendo la gente, y más las personas de los sectores populares a las que el aparato represivo del Estado está controlando más de cerca que la de los sectores acomodados. Estas personas se han visto medianamente afectadas (trancones, comercios cerrados, grafitis )  y eso es mucho decir en una sociedad en la que la mayor parte de las personas que tienen una situación de vida privilegiada se encuentran en una burbuja mientras que la mayoría de habitantes del país están sobreviviendo en situaciones infrahumanas. Si algo evidencia esta oleada de manifestaciones es la profunda división social del país.

Por un lado está el sector acomodado en el cual se encuentra el presidente Iván Duque, a quien le ha parecido desmedido tener que sentarse rápidamente a discutir con el comité organizador del paro o siquiera dar una respuesta al descontento popular en sus intervenciones televisivas. La indiferencia del gobierno no ha hecho sino generar dificultades para definir una metodología de trabajo y empezar a buscar soluciones a lo que la gente está pidiendo. Por otro lado, las y los manifestantes han tenido muchos inconvenientes para articularse de manera efectiva y generar acciones que realmente tengan un impacto en el gobierno y generen presión. Se ha llegado a un punto en el que parece que ciertas manifestaciones (especialmente en sectores de clases medias y altas de Bogotá) son una fiesta en un andén, sin realmente algún tipo de incidencia.

Lo que queda por venir

Estas jornadas de protestas van a completar las cuatro semanas desde que empezaron. Arriban a una época de navidad que en Colombia se intensifica desde el 16 de diciembre con las tradicionales novenas de aguinaldos (reuniones que se realizan en los barrios y dentro de las familias diariamente hasta el 24 de diciembre). Esto puede provocar que las movilizaciones se diluyan en medio del ambiente festivo de fin de año, como lo espera muy posiblemente el gobierno; aun así ya lo recorrido marca unos referentes importantes: la gente ha desbordado a los partidos y organizaciones formales, proponiendo nuevas y creativas formas de encuentro con sus vecinas.

No puede dejar de describirse que las movilizaciones además comparten características de otras latinoamericanas de este final de año, como lo es el hacer cacerolazos como se ha presentado en Chile también. No por ello pueden compararse las experiencias, ya que las tradiciones de lucha y lo que se busca es bien distinto. Sin embargo, no puede tampoco dejarse de decir que estas protestas en latinoamérica están mostrando un desgaste de la política tradicional, lo que no puede ser sino esperanzador. La institucionalización que han tenido muchas de las luchas en latinoamérica con la llegada del socialismo del siglo XXI hizo que muchas activistas antes que seguir en la lucha terminaran recibiendo sueldos domesticando sus apuestas. El carácter autónomo de las movilizaciones, sin que eso signifique que no hayan tratado de ser cooptadas, deja en el tablero de la política formas diversas que aún no puede preverse su final. De igual forma, el que hayan sucedido refrescó las prácticas políticas y dejó claro que la historia para el pueblo colombiano no ha terminado de ser escrita. 

El carácter descentralizado de las manifestaciones pone un reto importante sobre cómo organizarse colectivamente en medio de ciudades y territorios con altos niveles de población; sin embargo devuelven a lo local la práctica de lo público y anima a esperar de esta experiencia una reconstrucción de la política de abajo hacia arriba.